ecosistemas colombiaEl deterioro se debe a la encrucijada ambiental que pone en tensión la preservación de los ecosistemas del país con el desarrollo económico sufrido durante las últimas tres décadas.

La organización WWF Colombia presentó este jueves su informe Colombia Viva - Colombia 2017, un alarmante panorama sobre el estado de los ecosistemas en el país. La organización ambiental, con presencia en el país desde 1993, asegura que de los 85 grandes tipos de ecosistemas que existen en Colombia, 20 se encuentran en estado crítico (25% del total) y 17, en peligro (21%).

De acuerdo con el documento, la amenaza a casi la mitad de los grandes ecosistemas del país pone en alguna de las tres categoría de riesgo (peligro crítico, amenaza o vulnerable) al 2.22% de las especies presentes en los ecosistemas nacionales.

La importancia de preservar los ecosistemas es primordial para el desarrollo del país no solamente por el valor económico que puedan genera, sino además porque en un país en constante crecimiento demográfico, los ecosistemas colombianos proveen de recursos vitales para el sostenimiento población.

Por ejemplo, el 75% del agua que consumimos en Colombia proviene de la cordillera de los Andes y los afluentes del sistema hídrico del Magdalena, asegura el documento. Además según la FAO, Colombia es una de las mayores despensas de alimentos del mundo. Y la preservación de los bosques se ve reflejada en la regulación de emisiones del CO2 que se emiten a la atmósfera.

Esta amenaza hace que desafortunadamente el país contribuya al deterioro que la actual crisis ambiental contemporánea ha producido gracias a la “escala e intensidad de las acciones humanas”, pues para dicha organización “desafortunadamente, Colombia ha seguido un camino en el que el desarrollo ha tenido lugar a costa de la biodiversidad y los ecosistemas”.

El informe recoge datos que permiten asegurar que el área transformada por la intervención antrópica pasó en el país “de unos 15 millones de hectáreas durante el período de la Conquista Española, a 42 millones de hectáreas en el año 2000, con variaciones en el tiempo y el espacio”.

Los ecosistemas , una víctima más del conflicto armado

El informe celebra la firma del documento del Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno colombiano, y aunque ve esto como una inmensa oportunidad llena de retos para el país, también asegura que el fin del conflicto “puede desencadenar cambios no deseables, transformar aun más los ecosistemas naturales remanentes para poder responder a la demanda de recursos y territorios”.

Estas presiones a las que las antiguas zonas ocupadas por la guerrilla se ven abocadas “pueden empujar los límites de sostenibilidad y la biocapacidad de los ecosistemas cada vez más frágiles y deteriorados”, asegura Mary Louise Higgins, directora de WWF-Colombia.

La biodiversidad de la geografía colombiana, que cuenta con 35 ecosistemas marino-costeros, 34 terrestre, continentales e insulares y 16 de agua dulce, ha perdido el 31.1% de su áreas a lo largo de la historia, siendo los biomas andinos los más afectados con una afectación que ha oscilado entre un 54% y un 79%, según esta investigación.

Las mayores amenazas
Una de las mayores amenazas que se registran, por ejemplo, para los ecosistemas terrestres del país son la expansión de la frontera ganadera, la especulación de tierras, la deforestación y el uso para cultivos ilícitos.

24% de los sistemas de agua dulce “evidencian algún grado de transformación por acciones humanas”, siendo los humedales los más afectados, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en el valle medio del río Magdalena, en el valle del río Sinú, el valle del río cauca y el altiplano de Bogotá.

El informe también identifica que casi la mitad del territorio colombiano corresponde a su jurisdicción sobre el mar Caribe. Pero pese al volumen que representa para el total del territorio, existe una identificación, delimitación y caracterización de sus ecosistemas incipiente. Pues solo “apenas el 0.51% ha sido cartografiado”

Lo anterior es grave pues sin el debido registro es imposible generar acciones concretas y políticas públicas que ayuden a la protección de los ecosistemas marinos y a exigir estándares en el uso del agua y el suelo marino y costero.

Por ejemplo, en las praderas de la bahía de Cartagena hay un retroceso en la preservación de los pastos marinos, debido a “factores antrópicos como la contaminación por aguas negras e hidrocarburos, y el desarrollo de obras de infraestructura, potenciados por impactos negativos del cambio climático”, asegura el informe.

De acuerdo con los Libros rojos de especies amenazadas en Colombia, existen 81 especies de fauna y la flora “en alguna categoría de amenaza”, de las cuales 27 entraron por primera vez en alguna de esas categorías y 7 pasaron de estar en una categoría de preocupación menor a una de casi amenaza.

A eso se suma que de las 1.853 especies de plantas evaluadas por WWF, 665 (36%) se encuentran amenazadas de extinción. La situación de la fauna terrestre colombiana es también preocupante: de 284 especies de animales terrestres, 41 están en Peligro Crítico, 112 Amenazadas y 131 son Vulnerables.

Las cifras dejan ver un panorama preocupante pues de acuerdo con el documento, de avanzar estas tendencias, Colombia tendría que borrar de la lista de su biodiversidad especies de abejas que cumplen funciones críticas de los ecosistemas, o colibríes, paujiles, loros y monos araña, entre otros.

Las cuencas de los ríos Magdalena, Orinoco y Amazonas, por ejemplo, presentan signos claros de una declinación alarmante de sus pesquerías: "Las capturas en la cuenca del Magdalena disminuyeron casi 90% desde la década de 1970, los desembarcos pesqueros en la cuenca del Orinoco declinaron 85 % entre 1997 y 2009, y en la cuenca del río Putumayo el descenso registrado entre 1992 y 2009 fue cercano a 80%. El bocachico del Magdalena (Prochilodus magdalenae) o el bagre tigre (Pseudoplatystoma fasciatum) prácticamente han desaparecido de las cocinas de los colombianos".

El informe finaliza reconociendo que el desarrollo social y económico de Colombia está “profundamente relacionado con la extraordinaria biodiversidad de su territorio”, por lo que es imperativo la conservación de este patrimonio natural. Esto implica que esta riqueza sea no sólo reconocida sino además valorada para el logro del desarrollo sostenible que las comunidades necesitan, que el país requiere, y que la comunidad Internacional se ha fijado como meta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, retos a los cuales Colombia se ha sumado.

Tomado elespectador.com



paro agrario

Esta semana la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos emitió el comunicado a la opinión pública en el que informa que partir del próximo lunes 23 de octubre el país entrará a paro nacional indefinido.

En el comunicado que lleva por nombre La paz se construye desde los territorios ¡Y vamos a defenderla!, la Mesa Nacional que está conformada por las Organizaciones sociales, campesinas e indígenas como el movimiento Marcha Patriótica, la Coordinadora de cultivadores de hoja de coca, amapola y marihuana –Coccam-, Asociación Nacional de las Zonas de Reserva Campesina –Anzorc- y Fensuagro, sumadas comunidades agrarias de más de 10 departamentos del país, las organizaciones llaman a la sociedad en general a unirse a este paro debido a que se debe implementar el Acuerdo de paz, que como ellos lo ven, es la “posibilidad real de cambiar las condiciones que nos han llevado históricamente a la marginalidad, la pobreza extrema y la exclusión política”.

Entre las exigencias evidenciadas en el Comunicado están: Implementación normativa y territorial del acuerdo de paz; reclamar las reivindicaciones locales – territoriales y el cumplimiento de los acuerdos pactados anteriormente con los gobiernos locales y nacional; garantías de seguridad para el ejercicio de la política y la protesta social y seguridad para las comunidades rurales y reactivar la MIA y retoman la discusión y el pliego de 2013.
De igual forma rechazan y denuncian de antemano “los planes de señalamiento, estigmatización y falsos positivos judiciales que se adelanten por parte de las fuerzas militares y el Gobierno nacional” hacia las organizaciones que harán parte de este gran paro.





Comenzó a desarrollarse en 1.630 veredas colombianas uno de los ejes de la Reforma Rural Integral: la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con los que se busca acelerar la transformación estructural del campo para que se viva mejor, reversar los efectos del conflicto, y contribuir a la reparación y reconciliación en los territorios.

pdet1Se trata de veredas ubicadas en 170 municipios que a su vez conforman 16 subregiones priorizadas en el decreto 893 de 2017 por su condición de pobreza, debilidad administrativa, presencia de economías ilegales y alto impacto del conflicto; no corresponden a la división político administrativa de los departamentos, sino que se integran en razón a que comparten rasgos culturales, sociales y económicos que hacen indispensable pensar su desarrollo en conjunto.

Los PDET implican la construcción participativa de Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), que guiarán durante 10 años las inversiones públicas en esas subregiones. En ellos se reflejará el diagnóstico, acciones y metas claras que deberán ejecutarse para lograr un desarrollo productivo y un estímulo a la economía campesina, garantía del derecho a la alimentación, mejora en las condiciones de infraestructura y desarrollo social.

El procedimiento para la aprobación de los Planes tiene tres niveles de participación que coordina la Agencia de renovación del Territorio (ART): (1) Cada uno de los 170 municipios se dividirá en varias Unidades Básicas de Participación (UBP), es decir, en grupos de veredas y caseríos que aprobarán en asambleas de base con un documento con su visión de desarrollo productivo y social. (2) Con ese insumo, los delegados o delegadas que designen las UBP se reunen con otros actores del territorio y concertan un pacto municipal con las prioridades del municipio. (3) Luego, como quien construye una pirámide, los delegados y delegadas de los municipios que conforman la subregión deberán aprobar el Plan subregional. Al final, tendremos 16 PDET en todo el país que deberán estar listos en marzo de 2018.

De la misma forma en que un mecanismo de esta naturaleza y el cumplimiento de lo acordado en los planes entraña una oportunidad extraordinaria de transformación de la vida rural con incidencia desde su base, es necesario sopesar los riesgos que comienzan a entreverse en este momento de arranque y que pueden obstaculizar los procesos, o acabar en una acción con daño en las comunidades intervenidas:

La dirección y el equipo PDET debe estar fuera de las manos de la politiquería. A más de un político se le está aguando la boca con la posibilidad de imponer cuotas burocráticas y sobre todo, quedarse con la dirección política de los PDET y la capacidad de incidencia en municipios para dominar la información que se recoja y las decisiones sobre los presupuestos de los proyectos que se ejecutarán.

Debe haber claridad y amplia divulgación de la metodología de trabajo en todos los niveles. Los acuerdos que se aprobarán en las asambleas de las UBP, municipios y subregiones, deben ser el resultado de escenarios de participación real e informada donde las comunidades y organizaciones sociales, que ordinariamente no cuentan con acompañamiento ni asesoría, puedan ver reflejada su visión de desarrollo. A la fecha, la ART no ha revelado la metodología de las asambleas donde se tomarán las decisiones a pesar de que están arrancando las preasambleas.

Hay que garantizar la representatividad de las comunidades y organizaciones sociales en las asambleas veredales, municipales y subregionales. Esto implica que el personal de la ART tiene que conocer muy bien el contexto de cada subregión y hacer una identificación juiciosa de las organizaciones sociales presentes en el territorio que no puede pasar solo por las bases de datos, la mayoría desactualizadas de la institucionalidad local. El esquema de participación debe impedir la falsa representación que ocurre en algunos sectores de la gran industria agrícola, donde se crean asociaciones sin autonomía para organizar la producción.

Blindar lo pactado en las UBP para que tenga incidencia real en el Plan Subregional. Dado que la visión de desarrollo será construida en diálogo con todos los actores del territorio – incluyendo entre otros los privados, que suelen contar con mayores herramientas – es necesario acompañar a comunidades y organizaciones sociales para garantizar su incidencia real, así como disponer de mecanismos efectivos que hagan vinculante las concertaciones de las bases.

Construir sobre lo construido. Muchas de las comunidades y organizaciones sociales donde se construyen los PDET tienen claridad sobre el diagnóstico y las prioridades en su región, en consecuencia no sólo deberán articularse los planes institucionales (Plan de Desarrollo Municipal, Planes de Vida de comunidades étnicas, o Planes de Reparación Colectiva, entre otros), sino también, y de manera relevante, los planes comunitarios sobre desarrollo rural.

Para superar los riesgos de este proceso, será necesario: (1) que la ART tenga un profundo conocimiento del contexto de cada subregión, especialmente de las transformaciones forzadas en el uso y propiedad de la tierra. (2) Transparencia y celeridad de la ART en la entrega de información sobre la metodología y los resultados de cada etapa, con actos que visibilicen las conclusiones para evitar cualquier intento por desconocerlas. (3) Fortalecer la veeduría ciudadana en todas las etapas. (4) Garantizar la articulación estatal entre autoridades territoriales, nacionales y entre los planes institucionales y comunitarios preexistentes.

Además, (5) el acompañamiento a las comunidades y organizaciones por parte de las entidades territoriales y la comunidad internacional. (6) Garantizar condiciones de seguridad para los delegados y delegadas escogidos a fin de que ejerzan su papel sin miedo ni presiones (7) y elegir bien al equipo directivo, ejecutor y facilitador de la ART.

En síntesis, es fundamental garantizar en todo el proceso de construcción e implementación del PDTE altos niveles de integridad, honestidad y compromiso con lo público, pues reversar los efectos del conflicto implica superar la profunda desconfianza en el Estado que persiste en los territorios, lo cual también es un obstáculo para el desarrollo.

Publicado en Pacifista
Por Irina Alejandra Junieles






Por qué deberías invertir en el turismo de Colombia
Por Edith Gómez
Editora - gananci.com

Si te gusta viajar seguro has pensado en invertir en turismo. Es un sector que siempre estará en crecimiento, pero tienes que saber cuando y en donde invertir si no quieres perder dinero y tiempo. Si lo que quieres es hacer dinero rápido, tal vez estos consejos te sirvan más, pero a largo plazo, el turismo puede ser tu área.

¿Por qué no mirar a Colombia? Así es, este país se ha convertido en un lugar turístico importante y podría ser la respuesta que buscas para tu próxima inversión. Primero, sin embargo, debes considerar qué es realmente invertir en el turismo. Puedes invertir en hotelería, en transporte, en tecnología, en redes sociales, y hasta en ecoturismo.

Ten en cuenta que no solo es importante el lugar geográfico de tu inversión, sino también el área específica que escojas. Antes de apresurarte a tu próxima inversión, considera estos factores para invertir en el turismo de Colombia:

El número de turistas aumenta cada vez más:
En el 2014 el número de turistas que visitó Colombia superó los 2 millones, y los 5.1 millones en el 2016. Se estima que seguirá incrementando en el 2018, especialmente gracias a la búsqueda de la paz. Además, con la visita de varios cruceros a la costa atlántica de Colombia, varios extranjeros llegan al país aunque sea por pocos días.

Bogotá, Cartagena, Medellín, y Santa Marta: las ciudades turísticas de Colombia:
Si bien Bogotá sigue siendo la capital de los negocios, Cartagena, Medellín, y Santa Marta también son el destino de los turistas gracias a su diversidad en turismo, desde turismo arquitectónico, turismo ecológico, y turismo cultural. El turismo en América Latina sigue creciendo, y estas son solo algunas de las ciudades en Colombia que se visitan más en el año, pero no se pueden olvidar ciudades como Barranquilla, Cali, San Andrés, Bucaramanga, y el área amazónica.

Eventos culturales todo el año:
Nombrado uno de los países más alegres del mundo, Colombia ofrece al público eventos culturales constantemente durante el año. Desde el carnaval de Barranquilla, la feria de las flores de Medellín, la feria del libro en Bogotá, y el festival vallenato en Valledupar, estos eventos son parte esencial de la atracción de turistas en cualquier momento del año. Si lo tuyo es invertir en turismo, te conviene un país como Colombia, que además de no tener estaciones, también vive lleno de celebraciones que generan más interés para los extranjeros.

El ecoturismo es clave:
Así es, el futuro está ahora en la preservación de la naturaleza y viajar de manera sostenible. Colombia es un país único para el ecoturismo, pues es uno de los países más biodiversos y con más parques naturales. Hoy en día, cientos de turistas viajan a Colombia para visitar lugares como la Sierra Nevada de Santa Marta, la jungla de Amazonas, el Choco, el Parque del Café y El Cocuy. Estos son solo algunos lugares que ofrecen una oportunidad de viajar de manera sostenible mientras que se disfruta de la cultura y la naturaleza.

La infraestructura sigue mejorando:
Gracias al impulso mismo del gobierno de Colombia, la infraestructura se ha convertido en una prioridad reciente para el país. Las carreteras, aeropuertos, puertos, y demás, seguirán mejorando con el paso de los años y ya se han establecido varios planes para continuar desarrollando los centros turísticos de Colombia.

Seguro que ya estás listo para viajar a Colombia, y es entendible, este es uno de los países con más proyección en Latino América. Si lo tuyo es el turismo, considera estas razones que acabas de leer, pero recuerda que también podrías abrir tu propio negocio, como uno de comidas en Colombia. Lo importante es siempre estudiar tu mercado y asegurarte de saber todo lo que necesitas.




Por verdadabierta.com

Las 16 campañas para las nuevas curules en la Cámara que tendrán los pueblos más afectados por el conflicto armado posiblemente enfrenten corrupción e intereses privados y la ley que se está creando en el Congreso aún no las blinda. Habla la Misión de Observación Electoral.

senadoEl Acto Legislativo que crea 16 nuevos puestos en la Cámara de Representantes de 2018 a 2026, y que se desprende del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc, ya está a mitad de camino tras ser aprobado en dos de los cuatro debates que debe enfrentar en el Congreso de la República. La semana pasada superó las discusiones en la Comisión Primera y en plenaria del Senado y restan las de la Cámara.

Estas curules son las Circunscripciones Especiales para la Paz que fueron pactadas con el grupo insurgente como una manera de integrar al órgano legislativo las regiones más afectadas por la confrontación tuvieran de una vez por todas a sus voceros en el Congreso. Las condiciones es que sean candidatos de la gente y no de los partidos políticos tradicionales ni del movimiento en el que se convertirán las Farc. El proyecto abarca 167 municipios.(Descargar Ponencia)

Pero esto está lejos de la realidad según Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE). En diálogo con VerdadAbierta.com habló, además, de la falta de regulación con la que saldrá esa norma del Congreso. A continuación, una síntesis de sus apreciaciones.

VerdadAbierta.com (VA): El Acuerdo de Paz y el proyecto de Acto Legislativo sobre las Circunscripciones Especiales son claros en que estos espacios no serán para las Farc. ¿Cómo evitar que en efecto influyan políticamente en las elecciones en territorios donde han estado históricamente?

camilo vargasCamilo Vargas (CV): Es difícil pensar que la guerrilla no tendrá injerencia política en las campañas de las Circunscripciones o por lo menos algún tipo de cercanía con los candidatos. También es ingenuo creer que otros partidos no la tendrán. En estos municipios no es la primera vez que se hace política. El problema es la dispersión de candidaturas y la falta de representatividad que tengan los candidatos electos. Quizá sí será la primera vez para muchas de esas zonas rurales y ahí surge otro riesgo que es muy grave que es el acceso a los puestos de votación en zonas rurales.

VA: ¿Acaso no han votado antes?

CV: Algunas poblaciones sí, pero los puestos de votación están muy lejos. La MOE identificó que el 70% de los municipios de las Circunscripciones tienen difícil acceso a puestos de votación. Estos hacen parte de por lo menos 360 municipios del país con esa problemática. La gran mayoría son de categoría 6, con grandes territorios y poblaciones sumamente dispersas. Además, se concentran en las regiones donde la MOE siempre ha detectado un alto riesgo electoral como la Costa Pacífica, la Amazonía, la Orinoquía profunda, la periferia antioqueña, el sur de Córdoba y Bolívar, el Catatumbo y los municipios de la Alta y Media Guajira, que son en últimas los que más han sufrido el conflicto.

Otros riesgos en esos lugares es que muchas personas no tienen cédula o Registro Civil para votar. Hay pocos datos oficiales al respecto y detrás hay un problema de normatividad, pues nuestro sistema electoral de 1986 es obsoleto. Incluso, le pone trabas legales a la Registraduría para aumentar los puestos de votación en las zonas rurales. A eso se suma que no está bien diagnosticado dónde está la gente porque el censo es de más de una década y la Registraduría no tiene una medición centralizada para saber si los puntos electorales sí están cerca de la gente o no (Consulte el informe de la MOE sobre las Circunscpriciones).

VA: En esos contextos, ¿cómo alejar entonces las Circunscripciones de la corrupción?

CV: Lo que pasa con las Circunscripciones es que la reglamentación que va hasta lo que aprobó el Senado todavía no ha logrado congeniar el ideal, que es abrir la representación democrática a organizaciones sociales de esos territorios con la realidad sobre el funcionamiento de la política. Por ejemplo, no se ha pensado un mecanismo efectivo de control de financiación de campañas. Las reglamentaciones crean tribunales especiales en las regiones como garantía electoral, pero eso ya existe en la normatividad.

Los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral descentralizan la función del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero han demostrado ser ineficientes al punto que en 2015 el CNE dijo que no le alcanzaba la plata para crearlos. El Ministerio del Interior giró más dinero, pero no los crearon, sino que hicieron una aplicación de celular para que la ciudadanía denunciara las irregularidades. La gente participó, pero nada pasó.

Pensar que los tribunales controlan la infiltración de financiaciones corruptas es ingenuo y no hay otra solución pensada desde la legalidad. El mismo CNE acepta que es incapaz de controlar la financiación de las campañas y si eso es así, en elecciones grandes como la Presidencial será mucho más difícil en lugares con grupos ilegales, clanes políticos y economías ilegales. Será muy difícil controlar que no se financie a representantes distintos de los de la sociedad civil.

VA: ¿Cuál sería la solución más posible?

CV: Si prospera, la reforma política traería esperanzas para controlar las votaciones de las Circunscripciones Especiales. Un segundo elemento que incide en ese riesgo de la cooptación ilegal tiene que ver con las organizaciones sociales.

CV: En un acto democrático, las Circunscripciones Especiales permiten que diferentes organizaciones de más de cinco años de creación presenten candidatos. Lo mismo puede hacer cualquier comité ciudadano que recoja más de tres mil firmas, que es poquito. El mismo derecho tendrán las comunidades étnicas. Eso nos lleva en la práctica a una gran aspersión de candidatos. No hay umbrales, no hay incentivos para crear organizaciones consolidadas, entonces se presentan muchas poco representativas.

VA: ¿Y la solución cómo involucraría a la sociedad civil?

CV: Pues que deberían ser organizaciones fuertes y no atomizadas. Si los movimientos sociales fueran capaces, autónomamente, de dialogar y ponerse de acuerdo en pocas candidaturas muy representativas antes de las elecciones, tendrían mayores posibilidades de éxito. Pero si no lo hacen, es fácil que gane el que tenga más dinero, candidatos que reciben financiación ilegal de dineros no reportados o de economías ilegales.

V.A.: La ley que se está debatiendo plantea que esas Circunscripciones no son solo para las víctimas, sino que los grupos significativos de ciudadanos también postular un candidato. ¿Cómo se mide un grupo significativo?

C.V.: Grupo significativo es una figura con la que se postula a quien no tiene aval político, sino que recogen firmas para postular un candidato. En este caso, el Acto Legislativo que crea las Circunscripciones dice que el requisito de los grupos significativos es tres mil firmas, pero eso es muy bajo y lo puede sacar cualquiera, pues normalmente se necesitan cerca de 50 mil firmas. Eso ayuda a la atomización de candidaturas que favorece a las campañas financiadas ilegalmente y es una puerta de entrada muy fácil para que quienes aprovechen esas Circunscripciones tengan intereses de casas políticas, privados, grupos económicos o ilegales y que estén alejados de organizaciones sociales.

V.A.: El Congreso dice que las Circunscripciones necesitan una financiación especial para las campañas y tener garantizado un acceso a los medios de comunicación regionales, pero no especifica más. ¿Cómo se debe regular esto?

C.V.: El control de todas las estipulaciones recae sobre Consejo Nacional Electoral pero el mismo caso de Odebrecht es diciente de las capacidades de ese organismo. Cuatro u ocho años después, reaccionan frente a la financiación de una campaña presidencial y eso que había dos candidatos. Las votaciones legales y regionales están llenas de “Odebrecht”, pero el Consejo no tiene las capacidades administrativas ni técnicas para hacer seguimiento a todas las campañas. Eso es lo que ha sucedido en las elecciones ordinarias, donde la financiación de privados es legal. Pero en las Circunscripciónes hay un modelo de dineros completamente públicos, que puede costar entre 6 mil y 7 mil millones de pesos, y el Estado no tiene las herramientas suficientes para evitar que dineros privados se metan a la campaña. Por eso, desde la MOE creemos que será inevitable que sí se filtren.

V.A.: ¿Y en cuanto a los medios de comunicación?

C.V.: El proyecto que está en Congreso estipula una apertura de medios públicos para que los candidatos hagan propaganda, lo cual no le costaría nada a las campañas. Pero vemos el mismo problema de las elecciones ordinarias: en la MOE ya sabemos por campañas del pasado que hay propaganda que se hace y no se reporta. Le pagan dinero a un locutor para que hable de candidato con comentarios que lo favorezcan. No es la publicidad política pagada típica, sino que es más sutil y esa financiación no se detecta. Es interesante y loable poner un sistema de propaganda política 100% pública que no cueste, pero no vemos cuál es la política de contingencia para controlar la publicidad ilegal.

V.A.: ¿Qué piensa de la distribución que eligieron para las Circunscripciones, donde por ejemplo en algunas más de 20 municipios de diferentes departamentos compiten por una sola curul mientras que en otras solo hay cuatro en disputa?

C.V.: Desde hace años, la MOE ha diagnosticado que el sistema de elecciones del Congreso por orden departamental genera inequidades. Por ejemplo, el Senado es nacional pero no sacan votos en todo el país y la mayoría de los votos se concentran en pocas regiones. Lo mismo pasa con la Cámara, pues para los candidatos es más económico hacer campaña donde viven más personas y se crean centros y periferias de votación. Pero ahora la definición de las Circunscripciones delimitó las zonas que caracterizan por la abstención. Buscaron, y hasta cierto punto lo lograron, unir zonas que pertenecen a una misma región a pesar de que no estén en un mismo departamento.

Claro que quedan dudas como por qué solo incluyeron cuatro municipios de Arauca, dónde quedaron Boyacá y Casanare, y cuál fue la razón de partir a Chocó por la mitad y no incluir la cuenca del Río Baudó. Todos los anteriores también han sido duramente golpeados por el conflicto y no están en la distribución de las Circunscripciones. Por eso creo que no es la mejor posible, pero es coherente.

Además, la delimitación coincide en un 99% con los PDET que implementará el Acuerdo de Paz. Esto es que en 170 municipios se concentrará el músculo financiero durante 10 años en temas como la reforma rural o los cultivos ilícitos. De ahí la importancia de las elecciones de las Circunscripciones, pues los elegidos serán los representantes ante el Congreso de las zonas de implementación del Acuerdo de Paz.



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