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A partir de mañana todas las registradurías del país habilitarán un nuevo periodo de inscripción de cédulas, que se extenderá hasta el 18 de enero del próximo año, dos meses antes de las elecciones para elegir el Congreso.

La Registraduría recordó que deben inscribir la cédula quienes hayan cambiado de lugar de residencia o domicilio, o quienes nunca hubieren votado y su cédula fue expedida antes de 1988.

Los jóvenes que hagan el trámite de cedulación hasta el 11 de noviembre de 2017, no deben inscribir la cédula pues al recibirla ingresan automáticamente al censo electoral. Solo la deben inscribir el documento si cambian de domicilio.

El es servicio es gratuito y se debe hacer de manera personal, previa presentación del documento de identidad.

“Este procedimiento se llevará a cabo en todas las sedes de la Registraduría: especiales, municipales y auxiliares en todo el país. En el exterior los colombianos podrán acudir a cualquier oficina consular, de acuerdo con el horario establecido para cada sede”, afirmó el registrador nacional, Juan Carlos Galindo.

Calendario para el Congreso
La inscripción de candidatos al Congreso será entre el 11 de noviembre y el 11 de diciembre, aunque cada partido político iniciará en los próximos meses sus procesos de entrega de avales. Mañana vence el plazo para que los funcionarios que tienen aspiraciones políticas renuncien, so pena de quedar inhabilitados.

Las elecciones para Congreso se realizarán el domingo 11 de marzo de 2018, entre las 8:00 am y las 4:00 pm. El martes 13 de marzo se llevarán a cabo los escrutinios generales. Previamente, desde 5 de marzo se iniciará el periodo de votaciones para los colombianos residentes en el exterior, que se extenderá hasta el 11 de marzo.

Tomado de elcolombiano.com



Santos presidente paz
Por ahora, no habrá cambios en los ministerios, pero sí fueron seleccionados algunos pocos para que empiecen a sesionar a partir de este sábado y su objetivo será hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo de paz.

En abril del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos anunció un revolcón ministerial. En esa época, en el que se comenzaba a especular sobre una fecha fija para la firma de un acuerdo final de paz con las Farc, se hacía necesario que el jefe de Estado estuviera rodeado de un gabinete cuyo perfil se encaminara hacia la consolidación de la paz en Colombia. Por eso, anunció cambios en el Ministerio de Trabajo, con Clara López a la cabeza; en el de Justicia; Jorge Eduardo Londoño y en otros más. Todo, en aras de complementar los que ya venían ejerciendo tareas del posconflicto, como el que lidera Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.

Ahora, con un gabinete mucho más consolidad e integral de cara a la implementación de lo pactado con la guerrilla, el presidente Santos anunció la conformación del que denominó Gabinete del Posconflicto. En medio de un foro sobre justicia transicional en el que participó este viernes, el jefe de Estado informó que, a partir de este sábado, sus integrantes empezarán a sesionar.

“Mañana va a ser la primera reunión de ese gabinete con unas responsabilidades para cada ministro y director de cada instituto, o responsable de diferentes temas precisos del posconflicto en la implementación de los acuerdos”, señaló el primer mandatario, quien corroboró que la decisión se tomó en el último consejo de ministros, llevado a cabo en la Casa de Nariño.

Los ministerios que harán parte de ese nuevo gabinete son: el Ministerio del Interior, el de Hacienda, Salud, Agricultura y Trabajo. También estará la Alta Consejería para el Posconflicto, en cabeza de Rafael Pardo. “El reto es lograr una efectiva articulación del Gobierno y, por eso, ese gabinete para el posconflicto debe tener una vigilancia muy cercana del progreso de la implementación de los acuerdos”, añadió el jefe de Estado.

El presidente Santos aprovechó para reiterar su postura en torno al acuerdo de paz. Aseguró que de la derrota del plebiscito del 2 de octubre, surgió un país más unido y un acuerdo más fortalecido. Si hubiera ganado el Sí, aseguró Santos, “el país estaría en llamas”. Finalmente, se refirió a la liberación del excongresista chocoano, Odín Sánchez Montes de Oca, quien estaba en poder del Eln, confirmando que con ese hecho, las conversaciones formales de paz con esa guerrilla podrán comenzar el martes de la próxima semana.

Tomado de el Espectador.com

mujeres en cargos publicos
La vinculación de mujeres a cargos públicos del máximo nivel decisorio (ministros y viceministros) y niveles directivos (cargos de libre nombramiento y remoción como directores técnicos y jefes de área) superó el 30 % que exige la Ley 581 de 2000, o ley de cuotas, que reglamenta la efectiva participación femenina en las ramas y órganos del poder público.

En los niveles de mayor jerarquía el porcentaje de participación durante 2016 fue del 38 %, mientras que en casos de directores técnicos y jefes de área alcanzó el 41 %.

Estos datos se desprenden de un informe presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) a la Procuraduría General y al Congreso.

En la Rama Ejecutiva los sectores administrativos con mayor representatividad de mujeres fueron Deporte (100 %) y Ciencia y Tecnología (67 %). En el sector tecnologías de la información y las comunicaciones presentó mayor incidencia femenina en sus cargos con un 69 %.

En esta rama del poder público se presentaron 543 cargos del máximo nivel, de los cuales 201 están ocupados por mujeres, lo que equivale a un 37 %. En el nivel directivo, de 1.770 cargos 737 están ocupados por mujeres lo que equivale un 42 %.

En la Rama Judicial presenta un 33 % y un 35% participación respectivamente, mientras los órganos de control y de vigilancia dan cumplimiento a la norma con un 46 % de participación en los rimeros y del 45 % en los segundos. De otro lado, las gobernaciones cumplen en un 37 % y 43 % y en las alcaldías de ciudades capitales en 39 % y 50 %.

“Producto de una lucha”
Para Fabiola Calvo Campo, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y experta en género, el informe del DAFP representa un avance producto del movimiento feminista y de las exigencias a nivel internacional ante organismos multilaterales, pero que es menos del 50 %. Agregó que las cifras dicen mucho, pero no lo suficiente para la igualdad.

“No hace mucho que irrumpimos en la escena pública. No se trata de quítate tú que llegué yo, sino de que tengamos las mismas posibilidades. Por ejemplo, no estamos en cargos de la política dura: no tenemos una ministra de Hacienda, o de Justicia o del Interior, y solo hemos tenido una de Defensa en la historia. Tampoco hemos tenido una presidenta”, concluyó Calvo..

Tomado de elcolombiano.com


firmaton anti corrupcion
Tras la entrega del formulario oficial por parte de la Registraduría Nacional, en todo el país ya es posible firmar la iniciativa ciudadana que busca derrotar y castigar duramente la corrupción de políticos y contratistas, UE según los organismos de control le están robando cerca de $50 billones de pesos a los colombianos. Es por eso que diferentes grupos de ciudadanos se darán cita en 26 ciudades, desde Riohacha hasta Puerto Inírida, para iniciar de forma simultánea la recolección de más de 5 millones de firmas para convocar una Consulta Popular Anticorrupción.

Los 5 millones de firmas deben ser recolectadas antes del 27 de julio de este año. Luego de que la Registraduría las verifique y confirme, aproximadamente en un año, en febrero de 2018, los colombianos serán convocados a las urnas para votar por los 7 mandatos de la Consulta Anticorrupción, en la que al menos 11 millones de colombianos deben votar y de estos la mitad más uno a favor de cada uno de los 7 mandatos:

Reducir de 40 a 25 salarios mínimos los salarios de los Congresistas.

Cárcel común para corruptos, sin ningún tipo de privilegios y con la posibilidad de cancelar sin indemnización todos sus contratos con el Estado.

Todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a usar pliegos tipo para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo.

¡No más mermelada! Que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y nación, se desglose y priorice en Audiencias Públicas.

Congresistas deben rendir cuentas sobre su asistencia, votación, gestión legislativa y política.

Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.

Limitar a máximo 3 períodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas, Cámara de Representantes y Senado.

“Con esta Firmatón por la Consulta Popular Anticorrupción pasamos de la indignación a la acción para que desde y con la ciudadanía derrotemos y castiguemos a la clase política y sus contratistas corruptos y recuperemos la plata que le están robando a los colombianos” afirmó la senadora Claudia López, promotora de la iniciativa.

El Senador Antonio Navarro explicó que es necesario que todos los colombianos se apropien de este tema, entiendan los daños que la corrupción le está causando al país y pasen de la indignación a la acción mediante sus firmas y votos. “Aspiramos a que desde todos los rincones de Colombia se le exija al Congreso y al Gobierno los siete mandatos anticorrupción para que la clase política y sus contratistas no sigan robando impunemente a los colombianos”, explicó.

Hoy a las 5:30pm simultáneamente en 26 ciudades se harán jornadas pedagógicas sobre la recolección de las firmas. En Bogotá la capacitación se hará en el Teatro México, ubicado en la calle 22 # 5-85 desde las 5:30pm. Quienes no puedan asisitir, podrán verla via streaming en https://m.facebook.com/ClaudiaLopezCL/

Integrantes del Comité Promotor de la Consulta Anticorrupción presentaron y defendieron desde el 2014 proyectos de ley contra la mermelada, la contratación amañada, exigiendo transparencia legislativa, y la reducción de salarios de los congresistas. Sin embargo, todos esas iniciativas fueron negadas reiteradamente en el Congreso. La representante Angélica Lozano explicó que han sido siete las veces en que se hundieron estas iniciativas por falta de votación, trámite y voluntad de los congresistas. “Por esa negativa sistemática del Congreso recurrimos a la ciudadanía para que con su firma y su voto le impongan estos 7 mandatos Anticorrupción al gobierno y al Congreso”.

Durante el lanzamiento de la firmatón, los promotores y voluntarios hicieron pedagogía sobre la manera correcta de firmar tal como: descargar el formulario de www.vencealcorrupto.com, imprimirlo en una hoja oficio por lado y lado, llenarlo con esfero de tinta negra, letra legible, y de puño y letra de cada ciudadano: la fecha del día en que firma, el nombre completo, número de cédula y firma. Cada ciudadano debe llenar los cuatro campos completos. Los promotores invitan a cada ciudadano a recoger 50 firmas de sus amigos y conocidos y una vez las tengan, enviar los formularios firmados a la Calle 36 #28 A 24 en Bogotá. Más información detallada sobre la Consulta anticorrupción está en la página www.vencealcorrupto.com con información sobre cada uno de los 7 mandatos y los centros de acopio en cada ciudad.


Por Edgar Papamija

EDGAR PAPAMIJACuando se firmó el nuevo Acuerdo de Paz, que sin lugar a dudas tiene temas novedosos en materia de justicia y de reparación de víctimas, pensaba en la baraúnda que armó el Centro Democrático y su inefable director, por su deseo, no satisfecho, de impedir la participación en política de las Farc. Sin el ánimo pendenciero de los nihilistas del Plebiscito, podemos afirmar, so pena de ser excomulgados, que no hay ninguna razón de orden lógico para que una guerrilla sublevada contra el establecimiento, deponga las armas, acepte el orden contra el cual se reveló, capitule sin haber sido derrotada militarmente y se le imponga la imposibilidad de obtener en el campo político lo que no pudo obtener en el campo de batalla.

Las Farc llegan al peor escenario político. El clientelismo de viejo cuño migró a la compraventa pura y dura que, como si fuera poco, se suma a la nueva tendencia de erradicar totalmente la verdad y la razón en el proceso de construcción democrática.

Desde 1992, algunos escritores norteamericanos habían venido hablando de la nueva política de la posverdad, hasta cuando The Economist, el semanario londinense, patentó este neologismo para definir esa nueva tendencia que elimina el argumento racional y el análisis, armas legítimas de la persuasión y del convencimiento, dirigidas a la razón o al sentimiento para obtener el respaldo del público y generar procesos de opinión, afincados en el diálogo y en la interlocución. Lo novedoso es el monólogo que no raciocina; pontifica, exacerba, incita al odio, a la revancha, a la exclusión, buscando siempre los responsables del desastre en sectores débiles o debilitados por su sobreexposición al poder y a los medios.

Los nuevos profetas de la posverdad no buscan generar opinión ni propuestas de superación general; el objetivo es crear una tribu con mentalidad endógena de defensa frente a las amenazas externas, infundiendo misticismo alucinante alrededor de la religión, el nacionalismo y el racismo.

En Colombia es claro que esa tendencia llegó para permanecer y encontró el terreno abonado para aglutinar una tribu que no necesita razones sino afirmaciones ciertas o falsas, pero impactantes, para defenderse, blindarse, y castigar de paso a los impíos, culpables de nuestras frustraciones y fracasos económicos y sociales.

El proceso político nuestro, tiene además otros componentes. Aquí nos hemos venido diciendo mentiras sobre el régimen electoral colombiano. Todos sabemos que este sistema se corrompió cuando los partidos eliminaron el amojonamiento ideológico y sucumbieron al clientelismo; pero no a cualquier tipo de clientelismo, sino al peor: al que permite la compra del elector y el imperio de los negocios por encima de las ideas; la política de la posventa. No es un secreto, y las denuncias son del propio Consejo Nacional Electoral y de la Misión de Observación Electoral, MOE, sobre las millonarias sumas que se gastan para obtener una curul en el Congreso. Dos mil o tres mil millones cuesta una elección que, en algunos departamentos, puede sobrepasar los diez mil millones de pesos. Igualmente, no hay una gobernación, por pobre que sea el departamento, que no cueste menos de tres mil millones de pesos.

Las preguntas y las respuestas son obvias: no hay la más mínima posibilidad de que, mientras se mantenga ese sistema de elección, pueda sanearse la administración pública y pueda erradicarse la corrupción.

La economía y la política no pueden quedar en la encrucijada perversa de la posverdad o la posventa; tenemos la obligación de abrir el debate para buscar los caminos que nos permitan construir democracia, a la luz de lo firmado en el Colón y en el camino del desarrollo e implementación de los acuerdos, rodeando de garantías al ciudadano del común y a los nuevos actores políticos: Farc y el ELN.

El país nacional no puede afrontar la amenaza de los nuevos populismos de derecha o de izquierda, con un sistema electoral francamente descompuesto.





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