fondo posconflicto
Por Jaime Soto Palma
16-06-2016


No pocos han sido los esfuerzos en los últimos tres años del gobierno nacional por captar recursos de organismos multilaterales y de la comunidad internacional en calidad de donaciones con el propósito de financiar una parte de los 54 billones de pesos que se estima es lo que costaría el posconflicto en los próximos 10 años. Esto sin contar los otros 54,9 billones de pesos que se calcula cuesta la reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

La tarea ha sido eficiente en el sentido en que el gobierno ha logrado meter el tema de la paz en la agenda internacional y comprometer apoyos de varios de estos organismos y países, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por ejemplo, creo el fondo “Colombia Sostenible” con el cual aspira a recoger fondos para la reparación a las víctimas, proyectos de desarrollo y agricultura sostenible, reforestación y preservación de cuencas; el Banco Mundial estableció el “Fondo para el Posconflicto” orientado básicamente a proyectos de infraestructura y por último, y aun sin título el fondo de la Unión Europea. En cuanto a países, la iniciativa “Paz Colombia” de Estados Unidos con la que se orientará la ayuda del Plan Colombia, 450 millones de dólares, a la atención inmediata, desminado y operatividad institucional. Suecia donó 7 millones de dólares, España 3 millones de euros y Noruega Alemania y Reino Unido 320 millones de dólares por intermedio del BID.

Pero una cosa ha sido el apoyo que sobre el papel estos organismos y países por cuestiones de diplomacia y de interés se han manifestado y otra, la poca respuesta a la hora de comprometer sus aportes. Según expertos, las ayudas no alcanzarán ni siquiera el 5% cuando se esperaba recaudar no menos del 20% de los 54 billones de pesos en los próximos 10 años.

La razón, más allá de las crisis por las que atraviesan la mayoría de países europeos por cuenta de una exagerada deuda pública, por la inmigración y las inversiones descomunales en su lucha contra el terrorismo entre otras, y en los que Colombia había fijado una parte importante de sus esperanzas, es la desconfianza de algunos de estos gobiernos en el gobierno colombiano, y aunque Santos le ha salido al paso a cualquier duda, hasta ahora, no ha sido capaz de generarles confianza, pues aún persisten en temer que una parte de lo que aporten y que tanto necesitan en la coyuntura actual pueda terminar en proyectos inútiles y la otra, y en el peor de los casos, en manos de políticos corruptos. Esta es la verdad.

Con poca ayuda internacional, es claro, que el país tendrá que hacer frente a los gastos que demanda el posconflicto, así sean los 54 billones que estima el gobierno en los próximos 10 años, los 90 billones aproximadamente que calcula el exministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, o los 187 billones que supone el Bank of América en un voluminoso estudio, el mejor y más completo tal vez, para que el Estado haga presencia en el 100% del territorio y no en el 15% como lo hace actualmente.

De allí la urgencia de una reforma tributaria que obligue a los evasores y delincuentes a pagar impuestos, a disminuir la carga fiscal del país con una reducción de los sueldos más altos en el sector publico incluido el de los congresistas y un aumento del IVA en algunos productos, entre otros, y también, la reducción de 3.4 billones de las regalías para los municipios en la vigencia 2016, y otro recorte que se aproxima de 2.2 billones de pesos el cual pronto será anunciado. Esto para comenzar.




"Sí a la paz" es el lema de la campaña que lanzó el Gobierno de Colombia para manifestar el apoyo al proceso de paz que adelanta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Los equipos negociadores de gobierno y Farc anunciaron que mantendrán las conversaciones en Cuba con el propósito de llegar cuanto antes a un acuerdo en el punto del fin del conflicto que implica, entre otras cosas, el cese bilateral del fuego

mesa habana“Ante la dinámica positiva que han adquirido las discusiones de los temas relacionados con el punto “Fin del Conflicto”, las delegaciones del Gobierno Nacional y las Farc acordamos declararnos en sesión permanente” Con estas palabras los equipos negociadores anunciaron este miércoles que mantendrán el ritmo de trabajo en la mesa para lograr un acuerdo lo antes posible.

De acuerdo con un comunicado emitido por las partes, en los próximos cuatro días los equipos trabajarán por separado en el análisis de las propuestas relacionados con el cese al fuego y de hostilidades, dejación de armas, garantías de seguridad y las características y funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación que hará Naciones Unidas.

El texto señala, además, que se abordará el tema de la lucha contra bandas criminales “responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Asimismo, las partes destacaron la importancia de los dos acuerdos alcanzados en el último mes -blindaje jurídico al acuerdo final y desvinculación de menores de 15 años de las filas de las Farc- señalando que se trata de pasos vitales para al seguridad de las partes en conflicto y medidas que generan confianza en lo hecho en la mesa de diálogos.

Finalmente, el Gobierno y las Farc anunciaron que volverán a reunirse en la mesa el 31 de mayo para continuar las discusiones con el “propósito de lograr un nuevo y decisivo paso hacia el fin de la guerra y alcanzar la paz que tanto anhelamos”.





Tomado de lasillavacia.com

Cumbre agraria1

14-06-2016. La Cumbre Agraria levantó el paro que convocó hace dos semanas, y que montó porque el Gobierno no le había cumplido acuerdos firmados hace dos años.

Ese movimiento social, que agrupa a trece organizaciones de campesinos, afros e indígenas, consiguió aterrizar compromisos incumplidos de hace dos años, sembrar las bases para poderse movilizar con mayor fuerza en el futuro y apuntalar logros conseguidos por las Farc en la Habana.

Éstos son los diez logros que obtuvieron ante el Gobierno por los que levantaron el paro y que quedaron consignados en 54 puntos y 20 páginas que La Silla resume así:

Ahora sí los toma en serio
Las organizaciones que hacen parte de la Cumbre sienten que aunque Santos los había reconocido hace dos años como un actor político e instaló una Mesa para negociar con ellos, esta vez sí los tomó más en serio.

“Nosotros sentimos que esa Mesa de 2014 fue más para calmarnos que para cumplirnos. Y como esta vez paramos el país por dos semanas, le demostramos al gobierno que tenemos fuerza y capacidad de movilización para presionar a que nos cumplan”, le dijo a La Silla el vocero nacional de la Cumbre, Jimmy Moreno.

Por eso uno de los PRIMEROS ACUERDOS con el ministerio del Interior fue reconocer a la Cumbre Agraria como un “espacio de convergencia” entre distintas organizaciones que ejercen el derecho a la protesta y para eso se comprometieron a respetarles sus espacios y a que la Policía y el Ejército se mantengan a una “distancia prudente” cuando marchen.

A eso se suma que lograron que el Gobierno negociara en un territorio simbólico para ellos, como es Santander de Quilichao por su tradición afro, y que los acuerdos que se habían logrado en La María, en el Cauca, durante la semana pasada, no fueran los únicos.

Buscará que no los estigmaticen como aliados de las guerrillas
Uno de los rumores más fuertes durante el paro era que el ELN estaba detrás de las movilizaciones, haciendo presión para que se instalara la mesa de negociación entre esa guerrilla y el Gobierno. La razón de esos rumores es que el Congreso de los Pueblos, un movimiento que algunos medios y el Gobierno siempre han tildado de ser la base social de los elenos, es parte de la Cumbre.

Aunque en Presidencia hay quienes aseguran que sí hay vínculos, la Cumbre logró que el Gobierno se comprometiera a sacar un comunicado que llama a no estigmatizarlos, e incluyó un PUNTO que es de honor para la Cumbre: “que no los vinculen con grupos armados al margen de la ley.”

Les dio más juego en la paz
Desde hace rato la Cumbre viene pidiendo más espacio para participar en la mesa de diálogo de La Habana entre el gobierno y Las Farc y la que eventualmente se de con el ELN.

Aunque el gobierno ya se comprometió a enviar una comisión de afros e indígenas a Cuba a que planteen a los jefes negociadores su posición frente a las zonas de concentración, porque ellos no quieren ceder un centímetro para que queden en sus regiones, lograron otras cuatro cosas.

LA PRIMERA es combatir y juzgar a los “grupos paramilitares” con varias estrategias, que incluyen campañas en medios masivos para rechazar las acciones de esos grupos, audiencias públicas regionales para recoger denuncias, la creación de un mecanismo especial para las investigaciones judiciales de miembros de estas bandas criminales, y garantías de protección a los líderes de las organizaciones que han sido amenazados por las bacrim. Este es un punto que se está discutiendo actualmente en La Habana.

La segunda es que el Gobierno se comprometió a transferirles 1.300 millones de pesos para que las organizaciones hagan pedagogía para la paz en sus territorios.

La tercera es que la Cumbre le va a presentar al Gobierno una propuesta de modificación a la actual política de reintegración de desmovilizados, porque a su juicio la actual no es diferenciada. Es decir, que haya condiciones especiales para los desmovilizados indígenas, afros y campesinos.

Y la cuarta es que pactaron con el ministerio de TIC hacer una política pública de pedagogía de los acuerdos de La Habana en la que participe la Cumbre de forma conjunta para llegarle a afros, indígenas y campesinos de todo el país.

Les prometió más agilidad en los casos judiciales que afectan a sus líderes
Como habíamos contado, hace dos años el gobierno se comprometió a crear una comisión conjunta de análisis y estudio de las alternativas penales para los campesinos y la protección de sus derechos humanos.

Aunque el comité se creó y había tenido más de diez sesiones para revisar procesos de campesinos judicializados o condenados durante el paro de 2013 por cosas como quemar buses, de casi 40 casos que había pedido revisar la Cumbre, en ninguno había recibido alternativas penales. Es decir, de las reuniones no han salido soluciones.

Ésta vez, el gobierno les prometió crear un comité de alternatividad penal para abordar esos casos rápido e incluyó también a los judicializados por los paros de 2014 y de este año.

Se supone que el 27 de junio el Gobierno tiene que crear un cronograma para garantizar que a ese comité vayan funcionarios de alto nivel, que las sesiones se hagan periódicamente y que se solucionen los casos.

Crearán en común una política de garantía y derecho a la protesta
Desde septiembre del año pasado se instaló una subcomisión de derechos humanos y garantías de la Mesa Única Nacional entre el Gobierno y la Cumbre. En los acuerdos el Gobierno reconoció que en esa subcomisión no se habían tocado temas clave para la Cumbre como derechos humanos, garantías de movilización, víctimas y justicia.

En esta negociación la Cumbre ganó ese pulso porque logró que el Gobierno se comprometa a crear un protocolo en el que participan miembros de la Cumbre, representantes del ministerio del Interior y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (Oacnudh), para crear entre todos una política integral de garantía y derecho a la protesta. Este también es un punto consignado en el acuerdo de participación política logrado en La Habana.

Como nos decía Jimmy Moreno, vocero de la Cumbre: “Para nosotros eso es clave porque vamos a tener voz y voto en fijar nuevas condiciones para que la movilización social sea respetada en el país”.

Más seguridad a sus líderes
Entre los acuerdos quedó pactado que la subcomisión de derechos humanos entre la Cumbre y el Gobierno deberá avanzar en el CERREM, que es un comité que analiza el riesgo de miembros de la Cumbre que estén amenazados- para revisar los casos más urgentes y hacer “trámites de emergencia” para los campesinos, indígenas o afros que necesiten protección especial.

Dentro de esa subcomisión la idea es crear un mecanismo especial que impulse las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría sobre violaciones a derechos humanos contra integrantes de la Cumbre. El gobierno tiene quince días para presentarle un informe detallado a la Cumbre con las investigaciones que se han adelantado, número de radicado y estado del proceso, entre otras cosas.

Y fuera de eso, la Unidad Nacional de Protección (UNP) también se comprometió a entregar una propuesta sobre esquemas de seguridad diferenciados. Eso es, por ejemplo, que a un indígena le pongan de escolta a otro indígena, o que en vez de carros blindados les den lanchas o mulas para que se muevan en sus regiones.

Además, La UNP y la Dirección de Derechos Humanos del ministerio del Interior se comprometieron a “concertar un decreto” que tenga un programa especial de protección individual y colectiva para campesinos, afros e indígenas. El borrador del decreto tiene que estar listo el 30 de septiembre.
Reafirmó la autonomía de los territorios indígenas
Los indígenas LOGRARON que el Ministerio de Ambiente se pusiera un plazo para reglamentar los dos artículos del DECRETO que crea un régimen especial para sus territorios, que determinan qué pueden hacer las autoridades de los territorios indígenas. Sin esa reglamentación, que debe estar lista la última semana de junio, los territorios no tienen dientes.

Lo que buscan con esa reglamentación es que les digan cómo se aterriza lo que está en el papel. Cosas como cómo definen sus autoridades, cuándo y cómo lo hacen o en qué casos la autoridad indígena es la que define proyectos nacionales como desviar un río o hacer una carretera.

Más espacios para discutir la minería
Los afro LOGRARON crear un espacio para participar en la reglamentación del uso de la tierra de sus territorios colectivos. Lo que harán es instalar una mesa de trabajo con el ministerio de Ambiente para hacer una hoja de ruta- es decir un paso a paso-, además hacer cinco proyectos piloto en diferentes regiones, sobre todo del Pacífico, para mitigar la deforestación y proteger los territorios afro degradados por la minería.

La Cumbre también tendrá una Comisión Conjunta con el ministerio de Minas, la Anla, el ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para revisar los títulos minero- energéticos, los contratos de concesión y asociación y otras autorizaciones ambientales que se hayan dado en territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos para verificar si sí cumplen con los requisitos.

Esa comisión, que se debe crear en máximo un mes, también le hará seguimiento a las sentencias judiciales para defender los derechos de estas comunidades.

A todo eso se suma que el Gobierno se comprometió a abrirles espacios en el Congreso como audiencias públicas para definir el modelo minero-energético del país.

Por fin habló de sus tierras
Un asunto que tres de los miembros de la Cumbre consultados por La Silla sienten que nunca se ha tocado con ellos a fondo, y ésta vez sí, es el de la tierra.

En el ACTA DE ACUERDOS con el ministerio de Agricultura, avanzaron en “establecer una ruta concertada” entre el Gobierno y la Cumbre para trabajar en la reforma a la ley 160 de 1994, que es la que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria, en un plazo de treinta días.

Eso es clave porque esa ley define qué hacer con los baldíos de la Nación, por ejemplo, o cómo hacen los campesinos para adquirir tierras por subsidios directos o por créditos.

Además, lograron que el Gobierno se comprometa a que la Agencia Nacional de Tierras, que ahora dirige Miguel Samper, identifique física y jurídicamente las tierras baldías productivas, para que se “redistribuya a campesinos sin tierra y poca tierra”, otro punto que ya está consignado en el acuerdo de desarrollo rural en La Habana.

En este tema la Cumbre se quedó con un deseo: que el gobiernos se comprometiera a adjudicar dos millones de hectáreas entre los campesinos sin tierra y los que tienen menos de una unidad agrícola familiar (que deberían tener problemas de subsistencia, pues esa unidad que se usa para entregar baldíos se supone que es lo mínimo que necesita una familia para subsistir en cada región).

Fijaron fechas específicas en cada punto
La Cumbre logró que cada acuerdo tuviera plazos concretos con mes y día para que el Gobierno cumpla.

“Cuando uno le pone fecha a las cosas la presión se siente más y ésta vez cada acuerdo, además de su definición, tiene su fecha exacta y sus responsables”, nos decía Moreno, miembro de la Cumbre.

Que haya unos plazos máximos le aprieta todavía más el cinturón al gobierno y es un rasero perfecto para saber si cumplieron o no.



Tomado del elespectador.com
20-05-2016
reconeccion servicios publicos
En manos de la Plenaria de la Cámara quedó la iniciativa que beneficia a la población de estratos bajos.

A un paso de ser realidad quedó la posibilidad de eliminar el cargo por reconexión de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo a un proyecto de ley aprobado en el tercero de cuatro debates en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

El autor de la iniciativa, el senador Lidio García Turbay, dijo que el objetivo es que aliviar la situación de miles de colombianos, principalmente los de estratos más bajos de la población, que no pueden contar con los servicios públicos esenciales para llevar una vida digna, debido a que no tienen los recursos para pagar los altos costos que las empresas cobran por concepto de reconexión o reinstalación.

El proyecto, que será de “gran impacto social”, no afectará la estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos al garantizarse el cobro del cargo fijo y el básico de consumo.

Esta iniciativa pasó a su último debate en la Plenaria donde se espera finalice su curso para que a mediados de este año los ciudadanos cuenten con dicho beneficio.


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