mujer rural
Representan a 160 organizaciones de mujeres en el país hacen parte del proceso de selección de la directora de la nueva dependencia del MinAgricultura.

Bogotá, julio 21 de 2016 (@MinAgricultura). Integrantes del Congreso de la República que coordinan el tema de género, líderes de organizaciones de derechos de la mujer y la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer se reunieron con el Viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados, para avanzar en la puesta en marcha de la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Uno de los grandes propósitos de este grupo de trabajo, aplicando un minucioso procedimiento selección, es encontrar la directora para la nueva dependencia del Ministerio y la cual deber reunir las cualidades profesionales y el conocimiento de la realidad de la mujer rural para liderar a partir de octubre la Dirección.

Con el Decreto 2369 de 2015, precisó el Viceministro Díaz Granados, se dio vía libre a la Dirección de la Mujer Rural que se encargará de coordinar, diseñar y evaluar las políticas que atiendan las necesidades de la mujer en el campo, en beneficio de su bienestar y su crecimiento. Es una herramienta que en las próximas semanas contará con equipo de trabajo y una directora en posesión.

Según el Censo Nacional Agropecuario, cerca del 45% de la población rural son mujeres, por eso las acciones del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, se han enfocado en permitirles a ellas encontrar beneficios concretos luego de establecer una ruta de trabajo nacional.

“La mujer rural es el polo a tierra de la familia y el núcleo esencial del campo, un rol protagónico que cobra mayor fuerza en el marco del posconflicto, pues son ellas las víctimas más grandes del país que nos llevarán a la reconciliación y el desarrollo”, indicó el Viceministro Díaz Granados, al tiempo que recordó que con la directriz del MinAgricultura, Aurelio Iragorri Valencia, la mujer tiene prioridad en la inversión y los programas de la cartera.

La Dirección contará con presupuesto propio para que a través de un enfoque territorial, continúe la atención social y económica de las mujeres rurales, acompañamiento en sus procesos de participación rural y reconocimiento de su labor en la cultura rural del país.

Comunicaciones minagricultura





Tomado de elespectador.com

si al referendo 1Ayer la Corte Constitucional le dio la bendición al plebiscito como la forma de refrendación popular que tendrá el Acuerdo Final que se logre en La Habana. El Espectador le cuenta las 15 claves para que entienda lo que esta decisión significa.

1. Olvídese del debate sobre el referendo
Ayer hasta las ocho de la noche se rumoraba sobre la posibilidad de que la Corte dijera que la manera correcta de refrendar el Acuerdo Final de Paz era a través de un referendo. Ese escenario quedó completamente descartado por el alto tribunal y dijo, con insistencia, que lo que el Presidente debe convocar para preguntarle al pueblo si está de acuerdo con lo logrado en La Habana, es un plebiscito especial.

2. Usted contestará una sola pregunta
De acuerdo con las reglas que establece la Constitución para convocar a un plebiscito, lo que se le tiene que preguntar a los colombianos debe estar condensado en una sola pregunta lo suficientemente bien construida como para que la respuesta sea un sí o un no.

3. Se necesitan 4.5 millones de votos
Lo aprobado por la Corte dice que para que haya un ganador, ya sea el sí o el no, se necesita que 4.5 millones de colombianos voten. Este número corresponde a un umbral del 13% del censo electoral.

4. Nada de campañas políticas
Queda rotundamente prohibido que en las campañas por el sí o por el no se incorporen contenidos de un partido o movimiento político. Tampoco está permitida la promoción ni divulgación de candidaturas de elección popular.

5. Funcionarios públicos sí, pero...
De acuerdo a lo decidido por la Corte, los funcionarios públicos sí podrán participar de las campañas por el sí o por el no pero sin tener ningún tinte político. Mientras se conocen más detalles de la ponencia final, El Espectador pudo establecer que el alto tribunal habría constatado por lo menos 127 restricciones para la participación de estas personas en el plebiscito.

6. Nada de dineros públicos
Este fue otro de los puntos que tajantemente la Corte frenó con su intervención. Queda completamente prohibido utilizar dineros públicos en la campaña por el plebiscito.

7. No es una votación en contra o a favor de la paz
Tanto en el proyecto de fallo estudiado por la Corte, como en lo decidido después de más de ocho horas de votación, es claro que el plebiscito no está convocando a los colombianos a que decidan si están de acuerdo con que en Colombia haya paz. Se trata entonces de una manera de preguntarle al pueblo si está de acuerdo con una decisión política que en este caso es el Acuerdo Final que el Presidente logre firmar en La Habana.

8. ¿Qué significa que sólo sea vinculante para el Presidente?
En palabras sencillas, significa que los resultados de la votación solo afectarán las decisiones del Presidente pues él es quien está poniendo a votación una decisión política propia. Entonces: si gana el sí, el mandatario podrá, sin ningún problema, incorporar el Acuerdo Final en la Constitución por medio de proyectos de ley o actos legislativos.

9. ¿Y si gana el no?
Ni Presidente, ni ningún ente gubernamental, podrían incorporar lo aprobado en La Habana dentro de la Constitución.

10. ¿Pero entonces si gana el no se caería el acuerdo?
No. Según la Corte Constitucional, el carácter vinculante solo atañe al Presidente. Por eso, el Congreso, por ejemplo, podría encargarse de que el acuerdo no muera. Además, no se descarta tampoco la posibilidad de que, por medio de un acto legislativo, se le devuelvan las facultades al mandatario para que él mismo lo haga.

11. Usted sabrá con detalles qué se logró en La Habana antes de votar
Una de las reglas fundamentales que debe cumplir el Presidente para convocar a un plebiscito es que se debe publicar la totalidad del Acuerdo Final para que, por lo menos un mes antes de la votación, los colombianos puedan saber por qué están votando. Además, la Corte Constitucional dijo que es esencial que para que esta norma se cumpla, el acuerdo sea traducido a idiomas diferentes al español y que además sea entendible para las personas en condición de discapacidad.

12. ¿Y si no se cumple el umbral?
Con respecto a estar pregunta, la Corte Constitucional no se pronunció. Sin embargo, la Constitución dice que cuando en una votación no se cumple el umbral pactado, se cae la convocatoria. Es decir, el plebiscito fracasaría.

13. ¿Quién puede votar?
Todos los colombianos que tengan inscrita su cédula en los puntos de votación que se instalarán en todo el país. Además, quienes vivan en el exterior podrán acercarse a los centros que organice cada consulado para inscribirse y participar.

14. ¿Qué reglas tiene la difusión de las campañas por el sí y por el no en medios de comunicación?
La Corte es clara en ordenar que la transmisión debe ser exclusivamente para la divulgación del contenido del Acuerdo Final y no para su promoción. Por eso, lo que se trasmita no puede tener cargas valorativas ni estratégicas que incidan en los votantes. Además, la información deberá ser veraz e imparcial. Estas campañas solo podrán trasmitirse después de que el Congreso apruebe la convocatoria para el plebiscito.

15. ¿Cómo se hace la convocatoria?
El presidente deberá presentarle un informe al Congreso con el contenido completo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El mismo día que haga esta presentación, deberá expresarles formalmente a los congresistas su deseo de convocar un plebiscito para preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo o no con lo pactado en La Habana.






fondo posconflicto
Por Jaime Soto Palma
16-06-2016


No pocos han sido los esfuerzos en los últimos tres años del gobierno nacional por captar recursos de organismos multilaterales y de la comunidad internacional en calidad de donaciones con el propósito de financiar una parte de los 54 billones de pesos que se estima es lo que costaría el posconflicto en los próximos 10 años. Esto sin contar los otros 54,9 billones de pesos que se calcula cuesta la reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

La tarea ha sido eficiente en el sentido en que el gobierno ha logrado meter el tema de la paz en la agenda internacional y comprometer apoyos de varios de estos organismos y países, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por ejemplo, creo el fondo “Colombia Sostenible” con el cual aspira a recoger fondos para la reparación a las víctimas, proyectos de desarrollo y agricultura sostenible, reforestación y preservación de cuencas; el Banco Mundial estableció el “Fondo para el Posconflicto” orientado básicamente a proyectos de infraestructura y por último, y aun sin título el fondo de la Unión Europea. En cuanto a países, la iniciativa “Paz Colombia” de Estados Unidos con la que se orientará la ayuda del Plan Colombia, 450 millones de dólares, a la atención inmediata, desminado y operatividad institucional. Suecia donó 7 millones de dólares, España 3 millones de euros y Noruega Alemania y Reino Unido 320 millones de dólares por intermedio del BID.

Pero una cosa ha sido el apoyo que sobre el papel estos organismos y países por cuestiones de diplomacia y de interés se han manifestado y otra, la poca respuesta a la hora de comprometer sus aportes. Según expertos, las ayudas no alcanzarán ni siquiera el 5% cuando se esperaba recaudar no menos del 20% de los 54 billones de pesos en los próximos 10 años.

La razón, más allá de las crisis por las que atraviesan la mayoría de países europeos por cuenta de una exagerada deuda pública, por la inmigración y las inversiones descomunales en su lucha contra el terrorismo entre otras, y en los que Colombia había fijado una parte importante de sus esperanzas, es la desconfianza de algunos de estos gobiernos en el gobierno colombiano, y aunque Santos le ha salido al paso a cualquier duda, hasta ahora, no ha sido capaz de generarles confianza, pues aún persisten en temer que una parte de lo que aporten y que tanto necesitan en la coyuntura actual pueda terminar en proyectos inútiles y la otra, y en el peor de los casos, en manos de políticos corruptos. Esta es la verdad.

Con poca ayuda internacional, es claro, que el país tendrá que hacer frente a los gastos que demanda el posconflicto, así sean los 54 billones que estima el gobierno en los próximos 10 años, los 90 billones aproximadamente que calcula el exministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, o los 187 billones que supone el Bank of América en un voluminoso estudio, el mejor y más completo tal vez, para que el Estado haga presencia en el 100% del territorio y no en el 15% como lo hace actualmente.

De allí la urgencia de una reforma tributaria que obligue a los evasores y delincuentes a pagar impuestos, a disminuir la carga fiscal del país con una reducción de los sueldos más altos en el sector publico incluido el de los congresistas y un aumento del IVA en algunos productos, entre otros, y también, la reducción de 3.4 billones de las regalías para los municipios en la vigencia 2016, y otro recorte que se aproxima de 2.2 billones de pesos el cual pronto será anunciado. Esto para comenzar.


Tomado de www.arcoiris.com.co

talan arboles milenarios

22-06-2016. Bajo la frase “Vendieron una parte del Chocó” el profesor Francisco Serna, Asociado del Museo Entomológico UNAB se encadenó tres días a un árbol de Bahía Solano Juan Ceballos, protestando por la tala de árboles que ha estado haciendo en el territorio chocoano, Colombia Hardwood.

El docente hace un pronunciamiento en el que manifiesta lo siguiente:

“La empresa Colombia Hardwood” ha comenzado a tumbar árboles en Bahía Solano para exportar a China, las maderas más finas del Chocó: Algarrobo, Sande, Cedro Amargo, Bálsamo, Caimito, Chanul y Virola. Esta empresa no es cualquiera. Es dueña de REM Forest Products, del billonario canadiense Frank Giustra, un corsario financiero que obtuvo una licencia de aprovechamiento forestal otorgada por Codechocó en 2006 (Resolución 2293) para explotar durante 15 años más de cinco millones de metros cúbicos de madera; unos US$1.500 millones. Esta compañía tiene a su vez vínculos financieros con Pacific Rubiales Energy, Medoro Resources, Alange Corp, Gran Colombia Gold. Es decir, se trata de un proyecto de envergadura: madera, oro y petróleo. La Prima-REM ha instalado en la playa de Huaca un campamento con una docena de empleados canadienses, otros tantos colombianos, 80 ciudadanos nativos de las comunidades negras e indígenas y dos helicópteros. La empresa se dispone a cortar su primer millón de metros cúbicos en 44.596 hectáreas, autorizado por la Ley 70 de 1993. Este territorio -inembargable, inalienable, se extiende entre Bahía Solano y Juradó, el Pacífico y la Serranía del Baudó, y ocupa una superficie de 67.327 hectáreas donde viven 18 comunidades, 1.329 familias y 5.846 personas. Es decir, el 70% de la superficie, será controlado por la empresa. La madera que se explotará en los próximos años costaría US$280 millones, de los cuales la compañía reconocerá al Consejo Comunitario el 10%.

Los directivos actuales hicieron el negocio, pese a que en 2005 se opuso la Ley Forestal felizmente rechazada por la Corte Constitucional-, por considerar que con ella se “facilitarían transacciones y el aprovechamiento con ánimo de lucro de los bosques nativos plantados en las principales zonas del Pacífico y de la Amazonia”. Codechocó dio el visto bueno y el Ministerio de Medio Ambiente aplaudió el logro. El Consejo Comunitario de Mecana, donde se ha construido el campamento de Prima Colombia Hardwood, considera amañada y tramposa la consulta y corrupta a cambio de miserables dádivas.”

Es necesario poner la mira en todos los aspectos que rodean el presente y futuro del país, lo económico, lo ambiental, lo político y lo social.








"Sí a la paz" es el lema de la campaña que lanzó el Gobierno de Colombia para manifestar el apoyo al proceso de paz que adelanta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).

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