"En este sentido celebramos los avances de la mesa de negociación de La Habana y respaldamos el mecanismo acordado entre las partes para el proceso de refrendación de los acuerdos. No obstante creemos que la paz sigue incompleta y es necesario que se adelanten los procesos de negociación con el ELN y el EPL, donde la sociedad y las mujeres deben tener un papel protagónico que asegure una paz duradera y estable. Por tal razón instamos al gobierno nacional y a la guerrilla del ELN a reiniciar la fase pública de negociación de paz y establecer las condiciones necesarias para un cese bilateral al fuego que permita avanzar en este proceso"


Texto completo del pronunciamiento:

Pronunciamiento mujeres cominionado de paz 1
Pronunciamiento mujeres cominionado de paz 2
Por EFE
13-05-2016

La denuncia fue hecha por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Aseguran que la pesca, la agricultura y la caza, no se pueden practicar y los niños no pueden estudiar.

choco amenazado
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció este viernes que más de 6.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y otras 7.000 están atrapadas en medio de combates en la región del Chocó, una de las más conflictivas del país.

Los combates, según ACNUR, son entre grupos armados ilegales que buscan el control de este territorio fronterizo con Panamá y se producen en los alrededores de los ríos Baudo, Atrato y San Juan.

El Chocó, una de las regiones más pobres y abandonadas de Colombia, está habitada en su mayoría por afroamericanos con una importante población indígena, y ha sido en las últimas décadas feudo de guerrilleros y paramilitares pues es una codiciada ruta del narcotráfico y dispone de valiosos recursos naturales.

"Sus métodos de subsistencia, la pesca, la agricultura y la caza, no se pueden practicar y los niños no pueden ir a la escuela", denunció durante una rueda de prensa en Ginebra William Spindler, portavoz del ACNUR.

Si bien Spindler dijo que los combates son entre grupos armados, reclinó matizar cuales eran esas organizaciones y si el Ejército colombiano estaba involucrado, al afirmar que responder a eso socavaría la neutralidad de la organización.

El portavoz dijo que la agencia ha solicitado a los beligerantes que garanticen la seguridad de los civiles, al detallar que la situación "ha sobrepasado" la capacidad de las autoridades de responder a las necesidades básicas de la población, que incluyen refugio, comida y apoyo psicológico.

Más de medio siglo de guerra civil en Colombia ha provocado que en el país haya más de siete millones de desplazados internos y que otros 350.000 colombianos vivan como refugiados en otros países, recordó hoy ACNUR.


Tomado del espectador.com
13-04-2016

Los promotores de un proyecto de ley argumentan en que los menores deben crecer en ambientes sanos, alejados de actividades que puedan causarles daño emocional, físico o psicológico.


niños coridas de torosLas peleas que periódicamente se registran entre defensores de los animales y quienes son partidarios de espectáculos con animales apuntan a acentuarse. En las últimas horas se han conocido nuevas ‘movidas’ de quienes no son seguidores en el país de las corridas de toros y las peleas de gallos, entre otros.

Los miembros de la llamada bancada animalista del Congreso se reunieron con activistas de esta causa y anunciaron la presentación de nuevos proyectos de ley que den un paso más allá a la ley animalista que se aprobó en diciembre de 2015.

La intención ahora es promover una iniciativa para prohibir la presencia de menores de edad en espectáculos taurinos y eventos conexos. El argumento central del proyecto es la protección de los menores, argumentado en que no deben estar en escenarios que puedan incluir violencia contra los animales.

De acuerdo a los animalistas, “los menores deben desarrollarse en ambientes sanos, alejados de actividades que puedan causarles daño les causen daño emocional, físico o psicológico”.

Hace un par de meses, en México se abrió la discusión sobre una prohibición en este sentido. Al igual que el actual proyecto que se promueve en Colombia, en este país se planteó la posibilidad de prohibir el ingreso a menores de 18 años a corridas de toros, rejoneos, vaquilladas, tientas, novilladas y peleas de gallos.

La intención en México es hacer una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para darle paso a esta prohibición.

En un fallo de octubre de 2012, la Corte Constitucional decidió que ni los alcaldes ni ninguna autoridad municipal pueden prohibir las corridas de toros en las llamadas plazas permanentes, como La Santamaria en Bogotá. Sin embargo, la providencia no trató nada en concreto sobre la posibilidad de permitir o prohibir el ingreso de menores de edad a estos espectáculos.

En el país, en varias ocasiones se ha dado este debate por la relación de las mayorías con los gustos de las minorías y los deberes del ser humano con los animales. De hecho, los defensores de las corridas argumentan que la prohibición pasaría a ser una muestra de intolerancia de aquellos que no están de acuerdo con la fiesta brava.

Este nuevo proyecto, que promete una profunda discusión en el Congreso, será radicado esta semana en el Capitolio Nacional.



Tomado de elespectador.com

La Fundación para el Debido Proceso lanza un informe con orientaciones para el diseño de un procedimiento transparente de selección de integrantes de las Salas y Secciones del Tribunal para la Paz.


magistrados para la pazLa Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) lanza este miércoles el informe “La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia: Recomendaciones para la selección de los magistrados de las Salas y Secciones del Tribunal para la Paz”, en el cual emite recomendaciones para la selección de integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo clave para justicia transicional en el posconflicto.

El comunicado emitido por DPLF con motivo del lanzamiento del informe dice que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) constituye una experiencia inédita en América Latina. El derecho de las víctimas a la justicia, la necesidad de esclarecer los hechos ocurridos y en su caso sancionar a los responsables, constituyen el motor de este mecanismo de justicia transicional que estará formada por un conjunto de órganos jurisdiccionales de tipo mixto, integrados por magistrados colombianos y extranjeros. La JEP fue creada por acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, y tendrá competencia sobre los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular aquellos que constituyen graves violaciones de derechos humanos e infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario.

Según DPLF, la importancia de la JEP para recuperar la confianza en el Estado de derecho y para la consolidación de la paz, exige que sus integrantes sean los más idóneos para desempeñar las tareas a su cargo. En ese sentido, tomando como base los estándares internacionales en materia de selección de jueces de altas cortes, las buenas practicas observadas en la región, y la experiencia de otros mecanismos de justicia transicional existentes en el mundo, el informe presenta algunas recomendaciones para el diseño de un procedimiento transparente de selección de Magistrados de la Paz, que permita alcanzar esos resultados. De esta manera, DPLF pretende realizar un aporte al proceso de paz en Colombia, para que a través de su componente de justicia, se fortalezcan las bases de una paz duradera.

Vea el informe aquí.



recomendaciones para elegir magistrados marco juridico para la paz


La Corte Constitucional en Sala Plena tumbó, con seis votos contra tres, la ponencia del magistrado Jorge Pretelt que negaba la posibilidad para que la comunidad Lgtbi celebraran matrimonios igualitarios en el país.

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07-04-2016. La sala discutió el expediente relacionado a la manera en que deben actuar jueces y notarios al momento de formalizar el vínculo solemne de las parejas conformadas por personas del mismo sexo.

Estudió una tutela que buscaba que se definiera si las uniones del mismo sexo se hacían por un contrato civil de matrimonio, que implica obtener los mismos derechos que los de una pareja heterosexual, o bien si seguían formalizándose mediante un contrato innominado que tiene el aval de la Procuraduría, pero que no tiene todas las garantías jurídicas.

La ponencia presentada por el magistrado Jorge Pretelt no alcanzó la mayoría de votos necesaria para ser aprobada. En consecuencia, cumpliendo lo dispuesto en el reglamento de la Corte, la elaboración de la nueva ponencia quedó a cargo del magistrado Alberto Rojas Ríos, quien deberá poner a consideración de la Sala un nuevo proyecto, que será discutido durante la próxima sesión de la Sala.

Se pudo establecer que en contra de la ponencia votaron los magistrados Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle, Gloria Ortíz, Alejandro Linares, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas. A favor de la ponencia votaron el mismo Pretelt, Gabriel Mendoza y Luis Guillermo Guerrero.

Este arduo debate tuvo de fondo una sentencia de la Corte Constitucional, la C-577 de 2011, que definió que las parejas del mismo sexo son familia y que decía que si el Congreso no regulaba el tema del matrimonio igualitario en un plazo de dos años, las parejas del mismo sexo podían acudir a notarios o jueces a solemnizar su unión.

En palabras de jueces, notarios y expertos elevadas ante el Tribunal, fue la misma Corte la que armó el “entuerto” al no ser clara y decir cuál sería ese vínculo contractual que sería utilizado para dicha unión solemne.

Entre tanto, la comunidad Lgtbi estima que acceder al matrimonio igualitario es cuestión de derechos y que ya es hora de que así sea considerado jurídicamente en el país.

“¿Por qué se atreven a hacernos la pregunta de por qué queremos casarnos? ¿Les parece muy ilegítimo que aspiremos a la igualdad? ¿Les parece un capricho? Nosotros como población Lgtbi merecemos respeto”, dijo en su momento Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa.


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