SantiagUribe

El hermano menor del senador Álvaro Uribe Vélez es investigado por la conformación de dicho grupo paramilitar en Antioquia. Es investigado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.


Agentes del CTI de la Fiscalía General capturaron en la tarde de este lunes a Santiago Uribe Vélez, hermano del senador Álvaro Uribe Vélez en el marco de la investigación que se adelanta por la conformación y expansión del grupo paramilitar conocido como "Los 12 Apóstoles" en el municipio de Yarumal (Antioquia) en la década de los noventa.

El ganadero antioqueño, quien fue detenido en el barrio El Poblado de Medellín, es investigado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. En abril de 2014 rindió indagatoria ante la Fiscalía General. En dicha diligencia negó haber financiado o apoyado la creación de dicho grupo señalado de asesinar en un grupo de personas en dicho municipio acusándolas de apoyar a guerrilleros.

Según se ha podido establecer la captura de Uribe Vélez fue ordenada con fines de cumplir medida de aseguramiento. El fiscal que adelanta el caso ahora deberá decidir si hay méritos probatorios para emitir resolución de acusación (llamado a juicio) o por si el contrario archiva el caso.

Por razones de seguridad el ganadero permanecerá recluido en los calabozos de la sede central de la Fiscalía General en Medellín. ElEspectador conoció que ya se comunicó vía telefónica con su hermano, el senador Álvaro Uribe Vélez quien se encuentra en Miami (Estados Unidos) en un evento académico.

El expresidente de la República viajará en la tarde de este lunes a Colombia. Y en Bogotá tomará un viaje directo a Medellín para conversar con su hermano y los abogados. Un grupo de representantes del Centro Democrático convocaron a una manifestación para rechazar lo que consideran una persecución.

La investigación

Las investigación se desprende de las declaración rendida por el mayor (r) de la Policía, Juan Carlos Meneses
en las cuales aseguró que el hermano menor del expresidente de la República de haber creado y mantenido en los años 90 una estructura paramilitar que cometió varios crímenes con la complicidad con la Policía en el departamento de Antioquia

El 23 de mayo de 2010 se conoció el testimonio del mayor (r) Juan Carlos Meneses Quintero en el que acusaba a Santiago Uribe Vélez de haber creado y mantenido en los años 90 una estructura paramilitar, conocida después como la de “Los 12 Apóstoles”, la cual cometió varios crímenes con la complicidad con la Policía en el departamento de Antioquia.

Meneses, quien era el comandante de policía de Yarumal, aseguró que Uribe Vélez, junto a otros ganaderos de la región, tuvo la idea de conformar un grupo armado para proteger a los negociantes que eran víctimas de extorsiones por parte de grupos subversivos que delinquían en la zona. Para esto entregaron dinero para comprar el armamento suficiente.

Dentro del testimonio el oficial narró que en 1993 cuando llegó a Yarumal le advirtieron que existía “un grupo de personas que hace limpieza, o sea limpieza social, o sea desaparecer a las personas que se identifican como guerrilleros, como ladrones, como secuestradores, extorsionadores, o sólo expendedores de vicio, o viciosos, usted lo único que tiene que hacer es cuando ese grupo vaya a hacer un trabajo usted tiene que colaborarles'". (Ver Acusan a hermano del Presidente Uribe de paramilitarismo)

"Le pregunto ‘cómo es esto, capitán', y me contesta: ‘vea, el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del (entonces) senador Álvaro Uribe. Él es un ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. Él es el jefe de este grupo paramilitar’”, precisó el mayor en su declaración.

En su testimonio Meneses aseguró que cuando le presentaron a Santiago Uribe este le manifestó que cada mes le iba a entregar una suma de dinero “por colaborarle”, señalándole que la actividad que ellos adelantaban en dicho municipio tenía el visto bueno y el apoyo de las autoridades departamentales y nacionales. (Ver La arremetida de Santiago Uribe Vélez)

Durante sus tres meses como comandante Meneses aseguró que “suscitaron unos incidentes” en los cuales un grupo de personas fueron asesinadas “y yo le prestó a Santiago la colaboración para que el grupo del cual él era el jefe pudiera cometer sus asesinatos”. (Ver El testigo que enreda a Santiago Uribe)

"Así empezamos en enero de 1993, estuve febrero, marzo, a principios de abril me sacaron porque el escándalo fue a nivel nacional con medios de comunicación, se destapa el mal llamado grupo de los Doce Apóstoles. En el tiempo que yo estuve nunca se llamó Doce Apóstoles. Son los medio los que empezaron a usar ese nombre porque supuestamente había un sacerdote metido en ese grupo, que era el padre Palacios”, precisó. (Ver Testimonio de policía contra hermano de Uribe sería presentado ante tribunales internacionales: Pérez Esquivel)

Tomado de elespectador.com



“Las garantías de seguridad son fundamentales para el proceso de normalización, la historia de Colombia tiene una carga criminal a este respecto desde la amnistía de Gustavo Rojas Pinilla, sino antes, en el desarrollo de las finalizaciones de las guerras civiles. No se pueden, por ninguna razón, producirse amenazas, persecuciones, señalamientos o ejecuciones extrajudiciales de quienes se han adscrito al desarrollo de la vida democrática del país y han recuperado todos sus derechos como ciudadanos”.

ruta para la paz 1
El proceso de conversaciones de la Habana, entre el Gobierno Nacional y las FARC, está llegando a una etapa de decisiones fundamentales en relación con los temas que convocan este Foro y que se corresponden en la agenda con los puntos 3 y 6. Cada una de las partes tiene su propia visión sobre lo que compromete las temáticas de estos puntos que obligan los mayores esfuerzos dada su complejidad en los aspectos teóricos, técnicos y metodológicos que le son inherentes a la discusión.

Seguramente, por lo que se conoce no deben ser pocos los avances al respecto de estos temas si se toma en consideración la creación de las subcomisiones técnicas y la solicitud de apoyo obtenida del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del CELAC. No obstante, convocar a la sociedad civil para que someta a reflexión estos dos puntos resulta para la pedagogía de la paz y para las conversaciones de la mesa un gran acierto, si se tiene en cuenta que gran parte de los insumos que posibilitaron los acuerdos salieron de los distintos foros que se realizaron, lo que los reviste de una gran legitimidad.

Al tema de Fin del conflicto que se corresponde en la agenda con el punto tres y que compromete: 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses. 3. La revisión por parte del Gobierno Nacional de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

4. La intensificación por parte del Gobierno Nacional del combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. 5. La revisión, las reformas y los ajustes institucionales por parte del Gobierno necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Y, 6. Garantías de seguridad, para los miembros de las FARC.

Este punto nos coloca frente a un proceso que es sustancialmente distinto a otros procesos de paz desarrollados en Colombia y en el mundo, que nos obligan a ampliar los imaginarios y a encontrarnos con nuevas elaboraciones que se adecuen a las particularidades del conflicto colombiano. Dada la brevedad del tiempo que tenemos pondré a consideración de ustedes de manera muy puntual algunas ideas sobre los temas que nos convocan.

1. Sobre cese al fuego bilateral definitivo
El cese al fuego bilateral y definitivo, se facilitaría más si se estableciera una mesa pública con el Ejército de Liberación Nacional, y el gobierno centrara sus acciones contra el paramilitarismo y narcotráfico de manera focalizada y concertada.

2. Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) o Dejación de Armas, Normalización y Participación Política (DNP)
Esta situación crea en materia de aplicación de instrumentos y manejo del lenguaje unas condiciones y necesidades específicas, para que se vea reflejado en la fase de fin del conflicto.
a. Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR)
b. Dejación de Armas, Normalización y Participación Política (DNP)

3. Sobre los Presos Políticos
Es necesario crear una comisión especial conformada por la fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las organizaciones de Derechos Humanos y de presos políticos con acompañamiento de la Cruz Roja Internacional y de otros organizamos humanitarios, para emprender acciones que pongan en primer orden la situación de los presos políticos, tomando en consideración siete aspectos. (Que pueden ver en el documento adjunto)

La ruta de finalización del conflicto -PONENCIA-

Tomado de arcoiris.com.co



vivienda rural copia
Por cada vivienda que se construye o se mejora en el campo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural genera en promedio dos empleos directos y tres indirectos.

El nuevo modelo de vivienda rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 2016, no solo brindará soluciones de vivienda digna a miles familias campesinas, sino que será un dinamizador de empleo rural, indicó el jefe de la cartera agropecuaria, Aurelio Iragorri Valencia.

El funcionario manifestó que adicional a la meta del programa de entregar este año 22.314 soluciones de vivienda rural a igual número de familias, también se fortalecerá la generación de empleo, ya que para construcción de las casas se demandará una mano de obra de 44.628 empleos directos.

Así mismo, indicó que se impulsará la creación de cerca de 67 mil nuevas plazas de trabajo indirectas, relacionadas con actividades conexas a la construcción de las soluciones de vivienda.

En el 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con su programa de Vivienda de Interés social Rural creó 36.634 empleos directos y 54.951 indirectos en actividades conexas a la construcción de las casas, mejoramiento y entrega, que alcanzaron las 18.317 soluciones entregadas.

Es un doble beneficio, porque además de brindarles un techo digno a las familias campesinas, una solución de vivienda nueva o mejorada genera en promedio 2 empleos directos y 3 indirectos.

En este marco, el titular de la cartera agropecuaria destacó que de los 514 mil empleos generados en 2015, el 25 por ciento lo aportó el sector agropecuario, demostrando que el campo colombiano está tomando un nuevo rumbo: “En el campo pasamos de ser generadores de desplazamiento a ser generadores de empleo”, dijo.

Finalmente, el Ministro Iragorri recordó que el nuevo modelo contempla una mayor área, un diseño acorde a las necesidades de cada región y acabados. Entre las principales características de las nuevas casas que el Ministerio de Agricultura entregará a los campesinos están:

· Incremento del tamaño de la vivienda (55 m2)
· Aumento del número de habitaciones (3)
· Reducción del trámite de administrativo
· Disminución del tiempo de construcción (5 meses)
· Rediseño de la vivienda por zona geográfica
· Acabados entregados



Gabriel Vallejo dijo que su equipo técnico prepara una serie de preguntas para presentar a los magistrados este viernes.

Gabriel copiaTras el revuelo político y social que provocó el fallo de la Corte Constitucional, en el que se declara inconstitucional la minería en páramos, el ministro de ambiente Gabriel Vallejo anunció que este viernes presentará una aclaración a los términos del fallo. Se trata de un recurso jurídico pocas veces utilizado en Colombia.

De acuerdo a las declaraciones públicas del ministro, en la comunicación de la Corte sobre el tema existen muchos aspectos confusos y que exigen aclaraciones para ser cumplidos.

Vallejo señaló que la decisión de la Corte exige establecer cuáles son los títulos mineros afectados por la decisión. Al respecto, las cifras son bastante confusas. Mientras el gremio minero ha establecido que unos 347 títulos ser verían afectados, otras fuentes hablan de números mucho más altos cercanos a los 500.

El equipo técnico del Ministerio de Ambiente prepara una serie de preguntas que esperan presentar a los magistrados para su aclaración.

Varias de ellas estarían relacionadas con la pertinencia de los mapas actuales que delimitan los páramos. En el caso de Santurbán, por ejemplo, los límites del páramo que estipuló el Ministerio de Ambiente en 2015 redujeron el área de páramo en un 12% con respecto a los mapas previos.

Cesar Rodriguez, director de Dejusticia replicó a través de redes sociales a la posición del ministro de ambiente Gabriel Vallejo argumentando que “la incertidumbre viene de adjudicación irresponsable de títulos en gobierno anterior y decisión actual de mantenerlos”.

  • Estas evidencias, que pueden establecer posibles responsabilidades por los sobrecostos y exagerada contratación del proyecto, estarían contenidas en comunicaciones electrónicas y en servidores y equipos de cómputo, que tienen un alto riesgo dc pérdida o alteración de la información, dice el Contralor Maya Villazón en comunicación al Fiscal Eduardo Montealegre Lynett.


reficar 0 copia
Bogotá, 4 de febrero de 2016.- El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la Nación con el propósito de proceder la aprehensión material y digital de evidencias que a juicio del organismo de control pueden esclarecer la responsabilidad de las personas y entidades involucradas en los presuntos costos adicionales que ha tenido el proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar).

Se trata de evidencias probatorias que darían cuenta de eventuales situaciones anómalas y las cuales no están contenidas en elementos materiales aprehensibles dentro de las competencias ordinarias de la Contraloría General de la República.

Según precisó el Contralor Maya Villazón, "Dichas evidencias se estima que en principio estarían contenidas en las comunicaciones electrónicas intercambiadas por las líneas de mando y dirección del proyecto, así como en los servidores y equipos de cómputo afectos al proyecto, los cuales por su naturaleza eminentemente mutable se encuentran cubiertos por un riesgo de alta pérdida o alteración de la información".

El Contralor General le envió una comunicación al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, donde señala la importancia de contar a la mayor brevedad posible con la cooperación de la Fiscalía, como ente rector y coordinador de las entidades que ejercen funciones de policía judicial.

Maya Villazón solicitó al Fiscal General que, en el marco del convenio de cooperación suscrito el pasado 6 de julio de 2015, entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, se tomen las acciones conjuntas necesarias a fin de garantizar el aseguramiento de los elementos probatorios que se requieran en el caso de Reficar.

Líneas de investigación de la Contraloría

La CGR adelanta actualmente una Actuación Especial sobre el proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena, con mirar a establecer la responsabilidad fiscal derivada de los presuntos costos adicionales que demandó este proyecto.

El equipo auditor designado para este efecto ha llevado a cabo importantes pesquisas en torno a la verificación de las líneas de responsabilidad y mando en torno al proyecto, especialmente en lo referente a la cuantiosa contratación que detectó un estudio sectorial de la Contraloría Delegada de Minas y Energía revelado la semana pasada.

Los auditores han considerado importante para su labor analizar temas como las la justificación del gran número de horas cargadas al proyecto y la calidad de las obras contratadas, indicó el Contralor General en su comunicación al Fiscal Montealegre Lynett.

El siguiente es el texto de la comunicación que sobre el caso Reficar dirigió el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett:

Prensa Contraloria


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