Estos recursos estarían destinados, en buena parte, al sostenimiento y financiamiento de la televisión pública en Colombia, dice informe.

comision nacional de televisionUn hallazgo con presunta incidencia fiscal por 171.621 millones de pesos advirtió la contraloría General en la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) respecto del tamaño del mercado de la televisión por suscripción en Colombia.

Dice el informe de la entidad de control de las finanzas públicas que esta suma corresponde al impacto fiscal generado por el subreporte que se deduce de la diferencia entre el número de suscriptores evidenciado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en su documento Mercados Audiovisuales en un entorno convergente y los registros de la ANTV.

La Actuación Especial se derivó de una Acción Popular contra la ANTV, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde se denuncia la existencia de sub-reporte de suscriptores de televisión, reflejada en la diferencia entre las proyecciones del DANE sobre hogares con acceso a la televisión cerrada y el número de suscriptores registrados en la Autoridad Nacional de Televisión, dice el informe de prensa.

Con base en el análisis sobre el mercado de televisión desarrollado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en el documento “Mercados audiovisuales en un Entorno Convergente”, de febrero de 2015, la contraloría General evidenció una medición para el año 2014 de 8.060.825 suscriptores de televisión por cable y satelital, mientras en los registros de la ANTV se encontraban reportados 4.897.426. Por lo tanto, se presenta para el año 2014 un presunto subreporte de 3.163.399, precisa el estudio.

Entre los años 2012 y 2014, el sub-reporte que se deduce de la divergencia en las cifras de la Autoridad Nacional de Televisión y del organismo regulador generaría un presunto impacto fiscal de 171.621 millones de pesos por los ingresos dejados de recibir de parte de la ANTV, por concepto de compensaciones unos 150.824 millones de pesos y el componente variable de las concesiones de televisión por suscripción de 20.797 millones de pesos.

Los recursos que pagan los operadores por concepto de concesiones y compensaciones se destinan principalmente a la financiación y sostenimiento de la televisión pública y sus contenidos educativos y culturales, bajo el mandato constitucional de garantizar el pluralismo informativo en el país.

Al analizar la totalidad del mercado de la televisión cerrada en Colombia, la cual incluye además de la de suscripción por cable y satelital, la televisión comunitaria, se encuentra que, según las proyecciones del DANE para el año 2014, esta televisión tiene un tamaño de 8.757.827 de hogares con el referido servicio. Por su parte, la ANTV tiene registrado un total de 5.211.911 suscriptores de televisión por cable, comunitaria y satelital.

La ANTV ha desarrollado desde el año 2012 una serie de auditorías e inspecciones a los concesionarios de televisión por suscripción, tanto de cable como satelital, así como a las comunitarias, lo que ha generado actuaciones administrativas sancionatorias por parte de la Autoridad de Televisión, que actualmente se encuentran en curso. Sin embargo, la entidad aún no ha impuesto sanción por infracciones relacionadas con la presentación de las autoliquidaciones de los operadores de televisión por suscripción.

Destaca el informe que de acuerdo con análisis desarrollados por la entidad de control , una de las causas del subreporte corresponde a la asimetría contributiva entre los servicios de telecomunicaciones y los de televisión cerrada, que puede estar generando el efecto de subreporte tanto a nivel de ingresos, como de suscriptores en la televisión cerrada.

Por el espectador.com



La Contraloría General indaga en cuánto la compraron También busca establecer si fue chatarrizada en EEUU, como denuncia la USO ¿Por qué no fue utilizada?

planta hidrogenoA cuentagotas y a través de actas consultadas en Ecopetrol, la Contraloría General de la República, CGR, comenzó a identificar hechos administrativos que llevaron al descomunal sobrecosto de 4.023 millones de dólares en la modernización de la Refinería de Cartagena, Reficar, que el país ha comenzado a conocer.

En lo que el ente de control fiscal llamó, en un comunicado, "verdadera feria" de variaciones a adiciones de contratos y compras, que llevaron a que la inversión inicial de 3.993 millones de dólares pasara a 8.015 millones, valor que es 1,5 veces lo que costó la ampliación del Canal de Panamá, hay un caso que ha llamado la atención: la adquisición de una planta de hidrógeno.

¿La razón?
Primero, porque en medio de las limitaciones en las que Reficar suministró la información solicitada por la CGR, no está claro cuánto costó dicha planta; segundo, porque –más delicado aún– no se sabe en cuánto la vendieron, al parecer, como chatarra.

Fuentes de la CGR consultadas por EL HERALDO indicaron que en 2015 a Reficar le pidieron en abril información sobre el proceso de modernización y apenas en septiembre la comenzaron a entregar, por lo que el equipo encargado de iniciar el proceso auditor tuvo que recurrir a las actas que tiene Ecopetrol, como único responsable actual de la modernización de Reficar luego de que la compañía suiza Glencore –cuestionada como socio estratégico sin experiencia en este tipo de obra– abandonara el proyecto.

¿Qué pasó?
Para la Contraloría es claro que las "deficiencias en la planificación (...) y en el control" de la modernización se reflejaron en casos como el de "la adquisición de una planta de hidrógeno en Puerto Rico que nunca se utilizó".

En el acta 28 del 28 de octubre de 2008 la CGR halló la primera referencia de esa compra. El gerente de Planeación Logística –no identificado en el estudio auditor– informó a la Junta de Reficar sobre la posibilidad de dicha adquisición.

La Contraloría no tiene claro cuánto pagaron porque no ha recibido los soportes y la compra no aparece reflejada en las actas porque no superó los 5 millones de dólares, por lo tanto no requería aprobación de la Junta y la adquisición era discrecional del presidente de la Refinería.

Después, en el acta 38 del 26 de mayo de 2009, quedó consignado que se suscribió un contrato con Lousiana Chemical para que "venda la planta de hidrógeno que se adquirió el año anterior".

En octubre de 2009, Reficar adquirió una unidad de hidrógeno diferente a la planta de Puerto Rico.
Dos años después, en el acta 66 del primero de marzo de 2011, la Junta autoriza vender la planta, sujeta al pago de una comisión del 10% del valor de compra o en caso de venderse por encima de este valor la comisión sería del 30% de la diferencia.

Como el intento de venta falló, en septiembre de 2011 –acta 73– en Reficar deciden no traer la planta por los altos costos de transporte y vender una parte por chatarra. Un mes después, la junta es informada de que se llegó a un acuerdo con Lousiana Chemical para la venta de los bullets (recipientes o tanques) de la planta, por 75 mil dólares, y acordaron que esta empresa se encargaría de la venta de la unidad y obtendría el 50% de esta. El tiempo de comercialización iría hasta 2016 y en caso de superar esa fecha las partes se reunirían para establecer si continuaban con el proceso o se chatarrizaba la unidad.

La CGR se pregunta por qué compraron la planta para no usarla y trata de saber si terminó chatarrizada. Al respecto, el sindicato de la USO, que en 2010 ante la Comisión Quinta del Senado y la contralora Sandra Morelli denunció las anomalías que hoy la Contraloría en cabeza de Edgardo Maya Villazón está informándole al país, asegura que la planta fue vendida por chatarra en EEUU.

Uso industrial
En las refinerías utilizan el hidrógeno para eliminar impurezas y producir combustibles, subproductos como azufre petroquímico residual y materias primas para la obtención de productos de mayor valor agregado, como el amoníaco, dijo Osvaldo del Castillo, presidente de Asociación de Ingenieros Químicos.

Explicó que una de las desventajas que presentan los hidrocarburos pesados es la alta concentración de compuestos de azufre, razón por la cual se utiliza el hidrógeno para reducir su contenido o neutralizar sus derivados mediante los procesos de hidrodesulfuración o hidrotratamiento que al reaccionar con ellos forma ácido sulfhídrico para convertir a este, en un procesamiento posterior, en azufre petroquímico elemental, que es un sólido que tiene una muy importante aplicación industrial. Destacó que de esta manera se busca cumplir con las normas ambientales nacionales e internacionales que exigen reducir la presencia de azufre en los combustibles en procura de minimizar la emisión de SOx y evitar la consecuente producción de lluvia ácida, que se forman mediante reacciones secundarias en la atmósfera. En Colombia, los límites actuales son de máximo 50 ppmw (partes por millón en peso) de azufre en el diesel y 300 para las gasolinas.

¿Qué implicó cambio de contrato EPC?
En el proceso que se lleva por los sobrecostos de la Refinería de Cartagena, Reficar, y que implicó que su construcción costara más de US$8.000 millones, el doble de lo que se presupuestó en un principio (US$ 3.993 millones), hay un aspecto a quien nadie le da importancia: el cambio de contrato EPC por uno de costos reembolsables.

Esto habría significado que el proyecto creciera más de lo estipulado al inicio, junto con el presupuesto y los contratos.

En un principio (6 de noviembre de 2007), Reficar suscribió un contrato EPC (ingeniería, abastecimiento y construcción) con CB&I Américas Limited, filial de CB&I, bajo la modalidad de precio suma "llave en mano", muestra el informe de la Contraloría General.

Sin embargo, dos años y medio después, 15 de junio de 2010, y tras fuertes negociaciones, Reficar optó por cambiar la forma de contratación y pago del contrato EPC por uno de costos reembolsables con CB&I UK Limited en modalidad offshore y con CB&I Colombia S.A. en modalidad onshore, en los cuales se pactó una remuneración fija y otra variable basadas en bonificaciones, de acuerdo a las condiciones estipuladas contractualmente, conforme con el informe del ministerio público revisado por el delegado de Minas y Energía, Ricardo Rodríguez Yee.

Para el abogado especialista en Derecho Procesal y Probatorio de la Universidad Libre de Colombia, Eduardo Vásquez, el contrato EPC era el más apto, por adecuarse mejor a los requerimientos de la magnitud de la obra y a las innumerables contingencias que eventualmente se presentarían. "En este tipo de contrato los montos a invertir y el nivel de desarrollo de la obra eran conocidos desde el principio, lo que minimizaba los riesgos de incremento presupuestal o temporal", detalló Vásquez.

Explicó que el reajuste en la forma de contratación fue una decisión anti técnica que implicó liberar el presupuesto buscando poder reajustar el contrato permanentemente. En la modalidad de costos reembolsables, las filiales de CB&I, en este caso, podían pedir más presupuesto según las contingencias del proyecto, claro está, con el consentimiento del Comité.

Una fuente cercana al proceso expresó que el Comité, es decir las Juntas Directivas de Ecopetrol y Reficar, era el que aprobaba más obras y presupuesto. Por eso es válido preguntar ¿por qué se les creció el proyecto más de lo esperado?

Fuente: El Heraldo.co - 01 de febrero de 2016



Las impresionantes cifras de casos de la enfermedad que se ha propagado por una gran parte de América Latina han sido reveladas por el Instituto Nacional de Salud.

casos zika
30/01/2016. Según el último boletín epidemiológico, en Colombia han sido detectados 20.297 casos de zika, entre ellos, 2.116 que han sido registrados en mujeres embarazadas, informa AFP.

Anteriormente, el país latinoamericano confirmó que en 2015 recibió 11.712 notificaciones de contagio del virus del Zika, de los cuales 1.834 eran sospechosos y 297 correspondían a mujeres embarazadas.

Los expertos opinan que el zika puede causar daños cerebrales en los bebés, provocando microcefalia, la degeneración o malformación del cerebro que causa que los recién nacidos nazcan con una cabeza más pequeña de lo normal y que, en ocasiones, provoca la muerte. En octubre de 2015 los médicos registraron un aumento de los casos con bebés que sufrían la enfermedad.

El virus del Zika, que transmiten los mosquitos Aedes aegypti, fue detectado por primera vez en 1947 en una zona boscosa de Uganda. Sin embargo, en mayo de 2015 apareció nuevamente en Brasil y acabó propagándose rápidamente por casi toda América Latina. Casos del virus fueron registrados en Colombia, Panamá, Paraguay, México, Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Surinam, y aun en el sudeste de Asia y Oceanía. Varios casos también han sido registrados en EE.UU. y Europa.

Por rt.com


Por lo menos 14 contratos tuvieron aumentos sobre 1.000% • Autoridad envió una comisión a Cartagena para prevenir que CB&I y Foster Wheeler se lleven la información.

edgardo maya3El escándalo que ha desatado el exorbitante costo de la modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar) tiene en el ojo del huracán unos 440 contratos, de los cuales, unos 27 tuvieron aumentos superiores a 500%, lo que demuestra la "feria" que adiciones que se hicieron en esta obra, según el contralor general Edgardo Maya. En diálogo con EL HERALDO, el jefe de la Contraloría General señaló que van a toda marcha para tener el informe de la auditoría a la obra en este primer semestre.

¿Cuáles son las principales irregularidades en los contratos?
Edgardo Maya  En 2004 y 2005 el Gobierno realizó unos Conpes en los que determinó: uno, la modernización de las refinerías; dos, cómo se iba a hacer esa modernización y, tres, para qué se iba a hacer eso. Lo que resolvieron fue buscar un capital privado que pondría US$2.400 millones en la participación accionaria. Hoy nos encontramos con que allí no hay ningún socio privado, que Ecopetrol es dueño de 100% y el responsable, además, de la inversión y las deudas. La planeación de Reficar falló totalmente. En primer lugar, porque el proyecto no terminó en su precio de US$3.900 millones, sino en US$8.060 millones. Ha tenido un incremento superior a 100%. Lo segundo es que debía estar listo en tres años, pero terminó 27 meses después de lo previsto. Y, en tercer lugar, esta refinería no solucionará el desabastecimiento de gasolina y diésel que se buscaba prevenir. Tenemos autoabastecimiento de gasolina, pero hay desabastecimiento de diésel. En 2019 estaremos en igual situación con la gasolina.

¿Cómo se permitió que un proyecto de esta relevancia para el país tenga esas irregularidades?
EM Encontramos la primera falla en la estructuración. Cuando se inició el proyecto, el diseño de ingeniería era 21%. Faltaba 69% de todo el proyecto que se iba a realizar. Ese diseño se 29 meses iniciada la obra y la construcción ya estaba en 52%. Nosotros iniciamos la auditoría el martes pasado para establecer responsabilidades que podrán terminar en personas naturales o jurídicas. Y no solo para Ecopetrol y Reficar, sino con los que construyeron esto: Glencore, CB&I y la firma Foster Wheeler, que tuvo a su cargo la vigilancia de la inversión.

¿Qué han encontrado en el contrato con CB&I?
EM En 2007, Glencore hizo un contrato en el que transfiere la construcción a CB&I a través de una modalidad contractual EPC, que no es habitual porque es un sistema reembolsable. Es decir, se hacen los pagos una vez que se presenten las facturas e, incluso, hay anticipos. Esa fue una falla gravísima. Desde que se hizo el contrato nunca hubo costo fijo, no se sabía cuál era el costo final así que esa empresa gasta el dinero como le da la gana.

¿Cómo fue la feria de contratos?
EM Encontramos 2.460 contratos. Lo grave es que, como no hubo límites, 18% de esos tuvieron adiciones superiores a 100% y otros 27, adiciones en más de 500%. Algunos llegan a más de 1.000% y hay uno que tiene 37.528%.

¿Se han llamado estas empresas a requerimiento de información?
EM Por el momento estamos con Reficar, que nos ha entregado la información. Pero tenemos una gran preocupación y por eso mandamos una comisión (ayer) con el contralor delegado, porque esas empresas (CB&I y Foster Wheeler) se van del país y no sabemos si se están llevando la información y extrayendo los discos duros. De ser necesario, los llamaremos porque aquí estamos buscando responsables.

¿Cuándo estará lista la auditoría?
EM Lo más pronto posible. [Este primer semestre] tienen que estar.

¿Qué medidas se pueden derivar de este proceso? ¿Es posible recuperar los recursos?
EM Estamos en proceso de determinar el impacto fiscal y su magnitud sobre el patrimonio de los colombianos. Si hay temas de carácter disciplinario, los pasaremos a la Procuraduría, y si hay temas de carácter penal, posibles comisiones de delito, eso se transfiere a la Fiscalía. Me dicen que hay una demanda del Tribunal de Arbitramiento contra CB&I y Ecopetrol, eso podría resultar.

Este tema de Reficar se viene hablando hace años, ¿por qué intervenir hasta ahora?
EM Desafortunadamente, lo tengo que decir, la Constitución del 91 le suprimió a la Contraloría el control previo y le dio uno posterior. Eso significa que llegamos después de la fiesta a levantar un acta del desastre.

¿Y la intervención del Gobierno?
EM Como eso se delegó porque estamos ante a un negocio casi privado, pero que tenía que tener controles de cambio en cada etapa, no hubo una mayor vigilancia.

Quedó en manos de privados, pero eran recursos públicos. ¿No debió ser más diligente el Gobierno?
EM Desde luego. Lo primero que ha tenido que tener este proyecto es una interventoría y no la hay.

27 compañías en el ojo del huracán
Como lo señaló el Contralor a EL HERALDO, hay 27 compañías que tienen adiciones en los contratos superiores a 500%. Entre las compañías con los mayores aumentos están Andamios Ánderson de Colombia (37.582%) que según la Superintendencia de Sociedades está domiciliada en Bogotá y su representante legal es Giovanni Iannone Santana. Le sigue Aseo Urbano de la Costa (20.918%), que opera en Cartagena como empresa de servicios públicos. En tercer y cuarto lugar están PSRG (2.512%), domiciliada en Bogotá, y cuyo representante legal es Robert John Weber; y Portátiles Maken Ltda (2.335%), que no aparece en los registros de la Superintendencia.

Fuente: El Heraldo.co - 01 de febrero de 2016


otalora copiaTodo el mundo esperaba que el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, renunciara este miércoles en la mañana. Incluso, la jefatura de prensa de la Defensoría, convocó a una rueda de prensa en la que se suponía se haría el anuncio que para muchos, estaba en mora de hacerse.

Sin embargo, la rueda de prensa se canceló y se conoció, para sorpresa de todos, que Otálora pidió la renuncia al vicedefensor, Esiquio Manuel Sánchez, luego de una tensa reunión.

En un escueto comunicado, la Defensoría explicó que “en el marco de ajustes institucionales que son definidos este miércoles por el señor Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, el funcionario del Ministerio Público le solicitó la renuncia al Vicedefensor, Esiquio Manuel Sánchez Herrera“.

Sin embargo, otra cosa dijo Sánchez quien indicó que renunció de manera voluntaria. “No, yo renuncié libremente. Como amigo personal del defensor Otálora creo que cumplimos en la defensa de los derechos humanos. Me queda la conciencia tranquila de saber que he hecho las cosas bien”, indicó.

Después de ese episodio, la situación en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo estuvieron tensas. Corrieron as horas y Otálora no presentó su renuncia.

Sin embargo, pasadas las diez de la noche y cuando se pensaba que seguiría aferrado e puesto, Jorge Armando Otálora anunció su decisión en una hora poco habitual, con las cámaras apagadas y en absoluto silencio. ¿Lo hizo a esa hora para no generar tanto ruido? No lo logró.

Tres días después de que estallara el escándalo sexual revelado por el columnista de la revista Semana, Daniel Coronell, Jorge Armando Otálora renunció a su cargo como Defensor del Pueblo.

En poco tiempo Otálora se quedó sin ningún respaldo. Además de la presión de la opinión pública para que Otálora renunciara al cargo, se sumó la petición de Horacio Serpa, jefe natural del partido Liberal (al cual pertenece Otálora) para que abandonara el puesto. 

La renuncia de Luis Manuel Castro Novoa, Defensor Delegado de Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, y uno de los hombres más cercanos a Otálora, fue otro de los elementos clave para que se concretara la salida del jefe de la Defensoría del Pueblo.

En su carta de renuncia, Novoa señaló que se iba de la Defensoría precisamente por la negativa de su antiguo jefe para abandonar el cargo.

Novoa señala que la decisión de Otálora de aferrarse al cargo afecta la gestión de la Defensoría. “Especialmente, su legitimidad para asumir la defensa de los derechos de las mujeres; renuncio porque dado el contenido de las acusaciones en su contra, ética y políticamente, en mi criterio, usted podría renunciar, sin que ello necesariamente suponga una aceptación de responsabilidad penal o disciplinaria frente a los señalamientos en su contra”.

Si Otálora no renunciaba este miércoles, organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer advirieron que realizarían plantones frente a la Defensoría del Pueblo para presionar su salida.

Por www.kienyke.com

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