Por verdadabierta.com

Las 16 campañas para las nuevas curules en la Cámara que tendrán los pueblos más afectados por el conflicto armado posiblemente enfrenten corrupción e intereses privados y la ley que se está creando en el Congreso aún no las blinda. Habla la Misión de Observación Electoral.

senadoEl Acto Legislativo que crea 16 nuevos puestos en la Cámara de Representantes de 2018 a 2026, y que se desprende del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc, ya está a mitad de camino tras ser aprobado en dos de los cuatro debates que debe enfrentar en el Congreso de la República. La semana pasada superó las discusiones en la Comisión Primera y en plenaria del Senado y restan las de la Cámara.

Estas curules son las Circunscripciones Especiales para la Paz que fueron pactadas con el grupo insurgente como una manera de integrar al órgano legislativo las regiones más afectadas por la confrontación tuvieran de una vez por todas a sus voceros en el Congreso. Las condiciones es que sean candidatos de la gente y no de los partidos políticos tradicionales ni del movimiento en el que se convertirán las Farc. El proyecto abarca 167 municipios.(Descargar Ponencia)

Pero esto está lejos de la realidad según Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE). En diálogo con VerdadAbierta.com habló, además, de la falta de regulación con la que saldrá esa norma del Congreso. A continuación, una síntesis de sus apreciaciones.

VerdadAbierta.com (VA): El Acuerdo de Paz y el proyecto de Acto Legislativo sobre las Circunscripciones Especiales son claros en que estos espacios no serán para las Farc. ¿Cómo evitar que en efecto influyan políticamente en las elecciones en territorios donde han estado históricamente?

camilo vargasCamilo Vargas (CV): Es difícil pensar que la guerrilla no tendrá injerencia política en las campañas de las Circunscripciones o por lo menos algún tipo de cercanía con los candidatos. También es ingenuo creer que otros partidos no la tendrán. En estos municipios no es la primera vez que se hace política. El problema es la dispersión de candidaturas y la falta de representatividad que tengan los candidatos electos. Quizá sí será la primera vez para muchas de esas zonas rurales y ahí surge otro riesgo que es muy grave que es el acceso a los puestos de votación en zonas rurales.

VA: ¿Acaso no han votado antes?

CV: Algunas poblaciones sí, pero los puestos de votación están muy lejos. La MOE identificó que el 70% de los municipios de las Circunscripciones tienen difícil acceso a puestos de votación. Estos hacen parte de por lo menos 360 municipios del país con esa problemática. La gran mayoría son de categoría 6, con grandes territorios y poblaciones sumamente dispersas. Además, se concentran en las regiones donde la MOE siempre ha detectado un alto riesgo electoral como la Costa Pacífica, la Amazonía, la Orinoquía profunda, la periferia antioqueña, el sur de Córdoba y Bolívar, el Catatumbo y los municipios de la Alta y Media Guajira, que son en últimas los que más han sufrido el conflicto.

Otros riesgos en esos lugares es que muchas personas no tienen cédula o Registro Civil para votar. Hay pocos datos oficiales al respecto y detrás hay un problema de normatividad, pues nuestro sistema electoral de 1986 es obsoleto. Incluso, le pone trabas legales a la Registraduría para aumentar los puestos de votación en las zonas rurales. A eso se suma que no está bien diagnosticado dónde está la gente porque el censo es de más de una década y la Registraduría no tiene una medición centralizada para saber si los puntos electorales sí están cerca de la gente o no (Consulte el informe de la MOE sobre las Circunscpriciones).

VA: En esos contextos, ¿cómo alejar entonces las Circunscripciones de la corrupción?

CV: Lo que pasa con las Circunscripciones es que la reglamentación que va hasta lo que aprobó el Senado todavía no ha logrado congeniar el ideal, que es abrir la representación democrática a organizaciones sociales de esos territorios con la realidad sobre el funcionamiento de la política. Por ejemplo, no se ha pensado un mecanismo efectivo de control de financiación de campañas. Las reglamentaciones crean tribunales especiales en las regiones como garantía electoral, pero eso ya existe en la normatividad.

Los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral descentralizan la función del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero han demostrado ser ineficientes al punto que en 2015 el CNE dijo que no le alcanzaba la plata para crearlos. El Ministerio del Interior giró más dinero, pero no los crearon, sino que hicieron una aplicación de celular para que la ciudadanía denunciara las irregularidades. La gente participó, pero nada pasó.

Pensar que los tribunales controlan la infiltración de financiaciones corruptas es ingenuo y no hay otra solución pensada desde la legalidad. El mismo CNE acepta que es incapaz de controlar la financiación de las campañas y si eso es así, en elecciones grandes como la Presidencial será mucho más difícil en lugares con grupos ilegales, clanes políticos y economías ilegales. Será muy difícil controlar que no se financie a representantes distintos de los de la sociedad civil.

VA: ¿Cuál sería la solución más posible?

CV: Si prospera, la reforma política traería esperanzas para controlar las votaciones de las Circunscripciones Especiales. Un segundo elemento que incide en ese riesgo de la cooptación ilegal tiene que ver con las organizaciones sociales.

CV: En un acto democrático, las Circunscripciones Especiales permiten que diferentes organizaciones de más de cinco años de creación presenten candidatos. Lo mismo puede hacer cualquier comité ciudadano que recoja más de tres mil firmas, que es poquito. El mismo derecho tendrán las comunidades étnicas. Eso nos lleva en la práctica a una gran aspersión de candidatos. No hay umbrales, no hay incentivos para crear organizaciones consolidadas, entonces se presentan muchas poco representativas.

VA: ¿Y la solución cómo involucraría a la sociedad civil?

CV: Pues que deberían ser organizaciones fuertes y no atomizadas. Si los movimientos sociales fueran capaces, autónomamente, de dialogar y ponerse de acuerdo en pocas candidaturas muy representativas antes de las elecciones, tendrían mayores posibilidades de éxito. Pero si no lo hacen, es fácil que gane el que tenga más dinero, candidatos que reciben financiación ilegal de dineros no reportados o de economías ilegales.

V.A.: La ley que se está debatiendo plantea que esas Circunscripciones no son solo para las víctimas, sino que los grupos significativos de ciudadanos también postular un candidato. ¿Cómo se mide un grupo significativo?

C.V.: Grupo significativo es una figura con la que se postula a quien no tiene aval político, sino que recogen firmas para postular un candidato. En este caso, el Acto Legislativo que crea las Circunscripciones dice que el requisito de los grupos significativos es tres mil firmas, pero eso es muy bajo y lo puede sacar cualquiera, pues normalmente se necesitan cerca de 50 mil firmas. Eso ayuda a la atomización de candidaturas que favorece a las campañas financiadas ilegalmente y es una puerta de entrada muy fácil para que quienes aprovechen esas Circunscripciones tengan intereses de casas políticas, privados, grupos económicos o ilegales y que estén alejados de organizaciones sociales.

V.A.: El Congreso dice que las Circunscripciones necesitan una financiación especial para las campañas y tener garantizado un acceso a los medios de comunicación regionales, pero no especifica más. ¿Cómo se debe regular esto?

C.V.: El control de todas las estipulaciones recae sobre Consejo Nacional Electoral pero el mismo caso de Odebrecht es diciente de las capacidades de ese organismo. Cuatro u ocho años después, reaccionan frente a la financiación de una campaña presidencial y eso que había dos candidatos. Las votaciones legales y regionales están llenas de “Odebrecht”, pero el Consejo no tiene las capacidades administrativas ni técnicas para hacer seguimiento a todas las campañas. Eso es lo que ha sucedido en las elecciones ordinarias, donde la financiación de privados es legal. Pero en las Circunscripciónes hay un modelo de dineros completamente públicos, que puede costar entre 6 mil y 7 mil millones de pesos, y el Estado no tiene las herramientas suficientes para evitar que dineros privados se metan a la campaña. Por eso, desde la MOE creemos que será inevitable que sí se filtren.

V.A.: ¿Y en cuanto a los medios de comunicación?

C.V.: El proyecto que está en Congreso estipula una apertura de medios públicos para que los candidatos hagan propaganda, lo cual no le costaría nada a las campañas. Pero vemos el mismo problema de las elecciones ordinarias: en la MOE ya sabemos por campañas del pasado que hay propaganda que se hace y no se reporta. Le pagan dinero a un locutor para que hable de candidato con comentarios que lo favorezcan. No es la publicidad política pagada típica, sino que es más sutil y esa financiación no se detecta. Es interesante y loable poner un sistema de propaganda política 100% pública que no cueste, pero no vemos cuál es la política de contingencia para controlar la publicidad ilegal.

V.A.: ¿Qué piensa de la distribución que eligieron para las Circunscripciones, donde por ejemplo en algunas más de 20 municipios de diferentes departamentos compiten por una sola curul mientras que en otras solo hay cuatro en disputa?

C.V.: Desde hace años, la MOE ha diagnosticado que el sistema de elecciones del Congreso por orden departamental genera inequidades. Por ejemplo, el Senado es nacional pero no sacan votos en todo el país y la mayoría de los votos se concentran en pocas regiones. Lo mismo pasa con la Cámara, pues para los candidatos es más económico hacer campaña donde viven más personas y se crean centros y periferias de votación. Pero ahora la definición de las Circunscripciones delimitó las zonas que caracterizan por la abstención. Buscaron, y hasta cierto punto lo lograron, unir zonas que pertenecen a una misma región a pesar de que no estén en un mismo departamento.

Claro que quedan dudas como por qué solo incluyeron cuatro municipios de Arauca, dónde quedaron Boyacá y Casanare, y cuál fue la razón de partir a Chocó por la mitad y no incluir la cuenca del Río Baudó. Todos los anteriores también han sido duramente golpeados por el conflicto y no están en la distribución de las Circunscripciones. Por eso creo que no es la mejor posible, pero es coherente.

Además, la delimitación coincide en un 99% con los PDET que implementará el Acuerdo de Paz. Esto es que en 170 municipios se concentrará el músculo financiero durante 10 años en temas como la reforma rural o los cultivos ilícitos. De ahí la importancia de las elecciones de las Circunscripciones, pues los elegidos serán los representantes ante el Congreso de las zonas de implementación del Acuerdo de Paz.



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