Por Jaime Soto Palma
Pobreza2


El candidato Oscar Iván Zuluaga habría acordado con grandes propietarios de predios rurales del país, desconocer en un eventual gobierno suyo, el acuerdo de una Reforma Rural Integral firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC en la Habana.

Qué los colombianos tengamos que elegir este próximo 15 de junio entre poner fin a un conflicto que ha durado más de 50 años o continuar con él, no solo resulta profundamente conmovedor sino que es, también, una señal de una nación marcadamente dividida. Y aunque el candidato Oscar Iván Zuluaga, en estos últimos días, movido, tal vez, por una creciente opinión a favor de la paz ha flexibilizado su discurso en torno a continuar los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC en la Habana, lo cierto es, que no hay razones de peso para creerle. Una de estas razones, es que Zuluaga, ya se habría comprometido con los grandes propietarios de predios rurales del país; Palmicultores, Ingenios Azucareros, Agricultores y Ganaderos, entre otros, a desconocer, en un eventual gobierno suyo, el acuerdo alcanzado en la mesa de negociaciones de la Habana de adelantarse una Reforma Rural Integral en el país.

En Colombia, históricamente, la posesión de la tierra, ha sido, una de las causas del conflicto, y las razones no han dado para menos, hoy, por ejemplo, el 57,3% de los propietarios rurales del país son dueños de apenas el 1,7% de la tierra, el 39,7% son dueños del 22,5%, el 2,6% poseen el 14,6% y el 0,4% aparecen como propietarios del 61.2%. También, para ese 57,3% de propietarios rurales sus predios van desde una y 3 hectáreas, para el 39,7% entre 3 y 100, para el 2,6% entre 100 y 500 y para ese 0,4% de propietarios rurales sus predios van desde las 500 y más hectáreas. Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el mundo.

En cuanto a la pobreza, el 65% del empleo rural es informal, el 89% de la población rural está en el régimen subsidiado de salud, el 55% nunca ha recibido asistencia técnica, el 19% no tiene vivienda, el 85% carece de alcantarillado, el 60% no tiene agua potable, el 17 es analfabeta y el 33% vive en condiciones de indigencia. A este panorama debemos añadir que, 310.000 pesos es el ingreso promedio mensual de un trabajador del campo y que cerca de 6.500.000 hectáreas de tierra, el equivalente al 15% de la superficie agropecuaria del país, les fueron arrebatadas en los últimos 20 años a más de 700.000 familias campesinas de las cuales cerca de 3.500.000 están en proceso de devolución (ley de victimas).

Estas cifras resumen las razones, entre muchas, del por qué una Reforma Rural integral es necesaria y algunas de las causas por las cuales, ha sido históricamente el campo el escenario de la confrontación. Por ello, desconocer este acuerdo, que en opinión de algunos analistas representa más de la mitad en relación con los otros cuatro puntos de la agenda; Participación Política, Desmovilización, victimas y cultivos ilícitos y narcotráfico, equivaldría a romper un proceso de paz que jamás había estado más cerca de alcanzarse con las FARC.
Finalmente, no está por demás señalar que, entre el 2001 y el 2011, fue el peor decenio, en décadas, para el campo colombiano, el índice Gini rural que mide la desigualdad, pasó de 0,74 a 0,88. También fue en este mismo periodo donde se acentuó la corrupción en el Ministerio de Agricultura y el Incoder. La titulación de baldíos a grandes poseedores de tierras y empresarios, y Agro Ingreso Seguro, terminaron en escándalo.



Por: Jaime Soto Palma

Jaime-Soto-PalmaAcabar con un conflicto que ha dejado en los últimos 50 años 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos y cerca de 5.5 millones de desplazados, tendría que haber sido razón suficiente para en estas elecciones convocar y comprometer a una franja importante de colombianos y colombianas en la búsqueda de la paz. Pero no ha sido así. EL último sondeo de opinión adelantando por Gallup para una gran encuesta de medios, arrojó un empate técnico entre el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga con 29,5% y para el candidato-presidente Juan Manuel Santos 28,5%, lo cual significa, que la guerra y la paz lograron dividir al país y que todos los avances alcanzados por el Gobierno Nacional y las FARC en la mesa de negociaciones de la Habana para poner fin al conflicto, de no recomponerse la intención de voto, podría en pocos días, tal vez, pasar a la historia como la única negociación que, después de 50 años, estuvo a punto de ser exitosa.

Y es que, desde 1978 hasta hoy, no han sido pocos los intentos. Lo intentaron los expresidentes Julio Cesar Turbay Ayala, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, y hasta el mismo Álvaro Uribe Vélez en su segundo mandato después de fracasar en el primero con su propósito de someter a las FARC en ocho meses por la vía militar, tal como se lo había prometido al país recién posesionado. Paradójicamente, hoy Uribe intenta olvidar las reiteradas solicitudes que le hiciera a su homólogo venezolano Hugo Chávez para que le coadyuvara en su intención de adelantar diálogos secretos con algunos miembros del Estado Mayor de las FARC con miras a lograr puntos de encuentro en aras de una solución negociada al conflicto.

Pero como no fue Uribe, pero sí Santos, ahora resulta que para el expresidente Uribe, Santos en la Habana le está entregando el país al castrochavismo, a los mismos que él, Uribe, buscó en sus fracasados intentos, pese a haber quedado claro desde el comienzo de las conversaciones que todos los puntos del acuerdo, cinco en total (ya van tres), tendrían que ser refrendados por el pueblo mediante una consulta. Esto, en parte, resume, el talante de Uribe; su hipocresía y su demencia, por recuperar el poder que recién posesionado le habría negado Juan Manuel Santos y de relanzar al país, por otros 10 o 20 años, a una nueva aventura siniestra.

Qué ha hecho Uribe para merecer el retorno al poder en cabeza de Oscar Iván Zuluaga sino hacer airados llamamientos para continuar una guerra que no fue capaz de terminar; de mostrarse impoluto cuando ha sido reiteradamente señalado de haber contribuido con la creación de grupos paramilitares; de quebrar la institucionalidad comprando algunos congresistas sindicados de narco-paramilitarismo y otros no menos respetuosos de la ley para que le aprobaran la reelección presidencial; de hacer público el supuesto ingreso de 2 millones de dólares a la campaña de Juan Manuel Santos para desviar la atención del caso del detenido hackers Andrés Sepúlveda que había sido contratado por la campaña de Oscar Iván Zuluaga para que, bajo la orientación de Uribe, se desprestigiara el proceso de paz con las FARC y de ordenar, convertir el país, en el teatro de la inteligencia militar donde las salas de interceptaciones ilegales son tan solo un eslabón y donde todos los ciudadanos somos sospechosos de todo.

No hay duda que el país necesita superar ahora, la historia congelada de 50 años años de conflicto para abrirnos a la civilidad y construir entre todos los fundamentos de una nueva Colombia. Por ello, cerrar filas este 25 de mayo a favor de la paz, es un deber de quienes no creemos ni comulgamos con la guerra.


TRAGEDIA

Cuando a las 8:30 de la noche comenzaron a aparecer grietas de distintos tamaños en las paredes de la mina, el temor hizo del duro trabajo de esa noche, una carga más para quienes por necesidad asumieron que ese día no iba a ser diferente a los demás. A las 9:00 la tierra comenzó a lamentarse; a chirriar, y a llamar la atención más severamente a quienes todavía nada daban por hecho. A las 9:15 un pequeño derrumbe y luego otro encendió las alarmas, muchos salieron espantados, pero otros, no creyeron. Y a las 9:30, la tragedia. A esta hora se encontraba aproximadamente 200 campesinos-mineros, cuatro horas antes más de 1000. Entre los muertos un soldado del ejército que justo ese día había salido de permiso y un joven que recién había salido de la cárcel, y otros y otras 20 o 25 mas, no se sabe, cada uno con una historia diferente.

Pero esta tragedia no solo va de la mano con los muertos, ni con los grandes titulares de prensa. A un lado hay también una familia y el drama de quienes perdieron a sus hijos y a sus padres; Doña Herminia perdió 5 hijos y dos nueras y, solo le pide al gobierno, ayuda para un sepelio colectivo. También murió Felipe, un perro que, extrañamente, ese día, hasta el último momento y pese a su inquietud, no quiso separarse de su amo.

Esta tragedia pudo haberse evitado, ya nosotros la habíamos anunciado, y ninguna autoridad hizo algo, ni lo más mínimo, ¿Por qué?. Tal vez porque el negocio era demasiado rentable para todos; algunos policías por permitir el ingreso de las máquinas retroexcabadoras a la zona de extracción minera (por cada una 3 millones de pesos); algunos fiscales por pasar información a las BACRIM de los operativos del ejército, y algunos miembros del ejército por prestar seguridad a las BACRIM y al transporte del oro. El desmadre de Santander de Quilichao ha llegado a tal extremo, que como en las peores épocas de la presencia paramilitar en este municipio, hoy el miedo y el silencio se apoderó de los ciudadanos.

Pero no es solo la tragedia provocada por la pérdida de vidas humanas la que debe de conmovernos, es también la tragedia ambiental; los rios Quinamayó y Agua Clara prácticamente desaparecieron en una franja de entre 4 y 5 km, hoy convertidos en un lodazal de aguas inmundas, y de mercurio y cianuro, son la evidencia palpable de la ineficiencia de los organismos ambientales; CRC y Ministerio de Ambiente. Recuperar lo que hasta hace muy poco fue considerada la última reserva agrícola del norte del Cauca es prácticamente imposible.

Para finalizar quiero retomar una pequeña parte del discurso del Presidente Juan Manuel Santos, pronunciado en enero, en la ciudad de Popayán: "Escuchamos ayer y escuchamos hoy versiones, historias, denuncias, de cómo la minería ilegal está acabando con nuestro medio ambiente, cómo está contaminando nuestros ríos y cómo está produciendo cada vez más violencia y más inseguridad en aquellas zonas donde está operando. Por eso una de las decisiones que tomamos... combatir con mucha más eficacia y con mucha más contundencia esta minería ilegal..."


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Este bloqueo se daría en las circunstancias del Paro Nacional Agrario

Un bloqueo para impedir el tránsito de los vehículos compactadores de basura al relleno sanitario de Quitapereza, está programado para los próximos días, en razón a los daños ambientales causados por una mina de rocamuerta y caliza en el sector de Palmichal y por la contaminación con lixiviados de varías fuentes de agua en el vertedero de Quitapereza. Según algunos líderes de la protesta, lo que se busca es que se clausure por los impactos ambientales la actividad minera en la zona y presionar el sellamiento definitivo del relleno sanitario de Santander de Quilichao.

Esta protesta sin embargo, tiene dos aristas, la primera es, que la explotación minera de rocamuerta y caliza en el sector de Palmichal está provocando el represamiento del rio Saladillo, en los límites entre Santander de Quilichao y Caloto, lo que puede desencadenar una tragedia. Este represamiento ha sido reiteradamente denunciada a los organismos ambientales de la región por parte de las comunidades sin que, hasta ahora, la CRC haya adoptado las medidas necesarias de protección y control ambiental para impedir que se continúe con las afectaciones, y la segunda es, si es conveniente o no el sellamiento del vertedero de Quitapereza.

Sobre la conveniencia o no, es importante balancear las consecuencias. Si se sellara el vertedero de Quitapeza, Emquilichao estaría obligado a transportar los residuos sólidos a un relleno sanitario licenciado, en este caso, el más cercano sería el de Yotoco en el Valle del Cauca. Los valores agregados por el transporte de estos residuos, más el valor a cancelar por su uso, la puesta a punto por tonelada en el sitio de disposición final y la compra de nuevos vehículos compactadores, obligaría a Emquilichao a trasladarlos vía tarifa a los usuarios. Hoy, en Santander los usuarios cancelan por el servicio de aseo en promedio 7.000 pesos mensuales, de llegarse a esta situación, la tarifa por solo este servicio podría alcanzar en promedio los 25.000 sino más. Esta circunstancia pondría en riesgo la estabilidad financiera de la empresa por el aumento de la cartera, llevándola, sin ninguna duda, por el camino de la privatización.

Lo otra circunstancia, es que el vertedero de Quitapereza no es un relleno licenciado y le queda solamente un año para licenciarse de acuerdo a las ultimas disposiciones ambientales del país, de lo contrario sería clausurado. El licenciamiento implica convertirse en un relleno sanitario regional. Para cumplir con esta disposición Emquilichao ha estudiado la posibilidad que solo los municipios de Suárez y Buenos Aires, que tienen una muy poca capacidad de carga, accedan a los servicios del relleno sanitario de Quitapereza lo cual parecería ser a simple vista una solución viable.

El sellamiento por el contrario, significaría estabilizar las condiciones ambientales del sector de Quitapereza y salvar para su conservación una parte importante de recursos ambientales, como nacimientos de agua, que todavía subsisten en la zona. Esta decisión sin embargo, obligaría, no solo a los organismos ambientales a adelantar acciones de recuperación, sino a la institucionalidad a desalojar un número indeterminado de familias que en los últimos años han invadido ilegalmente el predio público de Quitapereza y que en su gran mayoría fungen hoy como recicladores.

El futuro del relleno sanitario de Quitapereza; su sellamiento o no, por sus implicaciones, es una decisión en la que deben participar todos los habitantes de Santander de Quilichao.



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