fiscal1
Tomado de elcolombiano.com

Dimensionar el calibre de las acusaciones que enfrenta el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no es cosa fácil.

La trama que lo enreda desde cuando obraba como abogado del Grupo Aval hasta su nombramiento como jefe del ente de investigación criminal tiene varios vericuetos y acciones que aún levantan cuestionamientos.

Todo se resume en la acusación de que Martínez habría conocido de la ocurrencia de posibles sobornos desde Odebrecht al interior del consorcio Ruta del Sol 2 un año antes de llegar al cargo de fiscal general y, al llegar, no habría tomado distancia del caso y tampoco facilitado la información que tenía.

Esto ha arropado con un manto de duda por parte del público a la Fiscalía en lo que tiene que ver con el tema.

Por ahora, la Corte Suprema de Justicia ha dado vía libre a la designación de un fiscal ad hoc (que significa “para esto”) que conocerá los casos de Odebrecht, aunque como se hizo por la recusación de la vicefiscal, María Paulina Riveros, este funcionario solo conocerá los casos que esta lleve.

Significa que su rol será casi nulo, pues la vicefiscal solo tiene tres casos que llegaron a su despacho por el impedimento del fiscal general. De esos, solo dos tienen que ver con Odebrecht (los de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez) y ambos ya fueron archivados este año.

Entretanto, el fiscal terminó una semana caldeada, con su presencia en el debate del Senado, el cual se centró en pedirle la renuncia. Allí, nuevamente insistió en que no estaba seguro de los hallazgos que le llevó el fallecido controller (o auditor) de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, –que fue lo que desató el escándalo inicialmente– y que, de cualquier manera, actuó solo de intermediario con la cabeza del Grupo Aval, socio del proyecto con Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento Angulo.


Armando Benedeti
Tomado semana.com

El senador renunció a ser ponente de la ley de procedimiento de la JEP. Manifestó que la propuesta del Centro Democrático de hacer una sala especial para los militares apunta a congelar el proceso porque "a Uribe no le interesa que ningún militar vaya a hablar mal de él".

SEMANA: ¿Por qué renunció a ser ponente de la ley de procedimiento de la JEP?
Armando Benedetti: Porque aquí todo el mundo está mamando gallo. Dos semanas antes de las elecciones de segunda vuelta yo venía diciendo, primero, que no había mayorías, los congresistas iban a hablar con los ponentes de cómo querían que se votara desde la comisión. Después, la romería era bastante numerosa en el sentido en que venían a preguntarme cómo quería que se hiciera todo, yo hablé con (Alfonso) Prada, con el ministro del Interior, le mandé razón al ministro de Defensa que por favor se moviera, porque esto después de elecciones se iba a joder. El presidente del Senado también estaba jugándole a los duquistas, el único poder que tiene ese cargo es hacer el orden del día, y él a pesar de que tenía mensajes de urgencia e insistencia empezó a hablar de la Contraloría, porque había una pelea entre las coaliciones para ver quién nombraba al contralor, si la que se despide o la que llega. Entonces, vengo insistiendo que había un desdén desde el gobierno por la implementación.
SEMANA: ¿Qué quiere el Centro Democrático?
A.B.: Ha pedido muchas cosas, pero ahora dijeron que quieren una justicia justa para las fuerzas armadas y que para ello quieren una sala especial. Eso se tiene que hacer a través de un Acto Legislativo. Si a eso le sumamos el tiempo de la estatutaria y la revisión, se pueden gastar 21 o 22 meses. Ellos dicen que no se van a demorar tanto, ¿por qué? Porque van a hacer un referendo, como también lo vengo diciendo desde hace 15 días. Acordémonos de cómo empezó Uribe su primer gobierno, con un referendo, y eso distrae a todo el mundo mientras que por debajo de cuerda hacen lo que quieren.

Sí se necesita una modificación mediante un Acto Legislativo. Y a ellos se les ocurrió esta brillante idea, que es una ley instrumental y no estructural, ellos quieren ponerle plazo a la Constitución para ver cuándo es que entran los militares a la JEP. Es decir, quieren congelar la entrada de los militares a la JEP. Una ley ordinaria no le puede poner plazos a la Constitución, para poderlo hacer han debido decirlo cuando se hizo el Acto Legislativo y poner explícitamente que la ley dirá cuándo se reglamenta y cuándo entra la ley.

SEMANA: ¿Qué consecuencias tendría ‘congelarla’?
A.B.: Los miembros de las fuerzas armadas no tendrían dónde comparecer y ahí podrían entrar la Corte Penal Internacional. Fatou Bensouda (fiscal de la Corte Penal Internacional) dijo que este año, para bien o para mal, iban a tomar una decisión sobre esto, recuerden que llevamos diez años con procesos de investigación preliminar en la corte. Congelar todo represaría más de 220.000 peticiones. Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Militares estuvieron en el diseño de la JEP, ellos no aparecieron ayer. El equipo asesor de las Fuerzas Militares lleva cuatro años trabajando con el gobierno en la JEP.

SEMANA: ¿En términos prácticos los más perjudicados serían los militares?
A.B.: Hoy escuché afirmarlo a un general (el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerza Militares), que lleva 40 años en el Ejército y 20 años en las Fuerzas Especiales, que ha peleado con las Farc, que es tropero..., es que acuérdese que con las normas aprobadas ha salido un poco de gente a la calle, han salido muchos militares de la cárcel. Entonces, a Rito Alejo lo tienen que devolver para la cárcel, para poner un ejemplo.

SEMANA: ¿El referendo que usted dice que se está cocinando sería solo para la JEP o habría otros temas?
A.B.: No, también reforma a la Justicia, a la Política, todo lo que ellos quieren hacer.

SEMANA: ¿Por qué cree que la intención es dejar inservible la JEP?
A.B.: Es dejarla inservible. Y hay una anotación más grave, es que a Uribe no le interesa que ningún militar vaya a hablar mal de él.

SEMANA: ¿Hay alguna forma de salvar la JEP?
A.B.: Sí, el que yo he venido diciendo. El artículo 12 de la Constitución es el que le da vida al Acto Legislativo de la Paz, y en el artículo 15 de ese Acto Legislativo queda constancia de que la JEP, en ausencia de una ley, puede dictar sus normas procesales. Para allá vamos. Entonces, usted encuentra un gobierno jugando a desgastar a Duque internacionalmente, y eso no importa. Se lo advertí a Prada y al ministro del Interior, les dije: "ustedes no tienen que hablarle a los 8 millones que no votaron por Duque, sino a los 10 que sí votaron, y advertirles que si ellos no reglamentan la JEP para que los militares comparezcan se van a ir a la Corte Penal Internacional".



campaña santander quilichao
Por Jaime Soto Palma - Periodista
14/02/2018

Tal vez, sea demasiado pronto para augurar quienes de los candidatos presidenciales pasarán a la segunda vuelta muy a pesar de inclinarse la tendencia de opinión a favor de Gustavo Petro en primer lugar y de segundo Sergio Fajardo. Hasta ahora, digamos, que las campañas están en un proceso de precalentamiento el cual culminará el 11 de marzo con la consulta del Centro Democrático, la consulta interpartidista por el cambio que encabezan Gustavo Petro por la Colombia Humana y Carlos Caicedo por Fuerza Ciudadana, y la elección de un nuevo congreso de la República.

No obstante, lo que si con certeza se puede augurar es una guerra sucia, intensa y dramática, que a partir del 11 marzo irá tomando forma la cual se orientará en una primera etapa a precondicionar una franja de opinión importante en contra de Gustavo Petro, Sergio Fajardo y de De La Calle. En esta van a jugar, como en cualquier guerra la desinformación y la propaganda falsa la cual será financiada por actores asociados principalmente con la ultraderecha de este país; Bandas Criminales, terratenientes y latifundistas, el narcotráfico, círculos religiosos, algunos empresarios de la salud, y sectores de partidos políticos y de la justicia coligados con el saqueo de los recursos públicos y, afines, por sus intereses, con el estatismo, el deterioro y la inoperancia del Estado, entre otros.

Como tal, esta estrategia se adelantará por etapas, en la primera, algunos medios de comunicación nacional; radio, prensa y televisión, y otros regionales, van a intentar modelar la mentalidad de su audiencia y seguidamente a formar identidades, por ejemplo, “los castrochavistas” o a reformar las existentes con la radicalización del odio y la polarización tal como viene ocurriendo con la incorporación del nuevo partido de las FARC.

Luego, y en una segunda etapa, con portales mediáticos, nuevos y tradicionales, así como en redes sociales y con perfiles falsos en Facebook y twitter, empresas criminales especializadas en este tipo de predicas trabajarán en la difusión de estas ideas y las multiplicarán a la vez que promocionarán los objetivos de sus mecenas, Uribe, Duque o Vargas Lleras, para fomentar la separación identitaria convertida ahora en arma ideológica. Hechos falsos, desacreditadores y/o cuestionables, circularán habitualmente en el triángulo informativo; medios, redes y personalidades públicas, nacionales o internacionales, contratadas y/o sobornadas para ello. En esta etapa podría aparecer, por ejemplo, un diputado de la oposición venezolana, u otro, acusando a Petro o, a Fajardo, o a De la Calle de estar siendo financiada su campaña por el gobierno de Nicolás Maduro, o de ser los enclaves políticos de las FARC.

También en este proceso se incorporarán columnistas y forjadores de opinión, contratados todos o sobornados, así como sectores de “izquierda” para que sobre el terreno de los acontecimientos hagan lo propio y llamen a sus seguidores y simpatizantes a votar en blanco.

Creado el caos y radicalizados los ánimos, la última etapa es quizás la más peligrosa; manifestaciones multitudinarias en contra del proceso de paz y del castrochavismo y de una supuesta defensa de la soberanía nacional. También, se abren posibilidades de atentados contra los candidatos; Petro, De La Calle o Fajardo, o de sus líderes más representativos.

Al respecto, luchar contra esto es supremamente difícil, un paliativo es borrar de las redes sociales la información falsa que se nos comparte u ocultarla. Nada más.

Finalmente, no está por demás señalar que a esta guerra sucia se le llama en el argot militar “conflicto hibrido” y la desarrollan con el objetivo de desestabilizar un estado funcional y provocar una polarización de su sociedad. A diferencia de lo que ocurre en la guerra convencional, el “centro de gravedad” de la guerra híbrida es un sector determinado de la población, en especial los más fanáticos, los desesperanzados, los desarraigados e ignorantes. Este es pues, en la mayoría de los casos, el público objetivo.

A modo de colofón, esto es lo que está sucediendo en Venezuela pero a una escala mayor.



Claudia Lopex para portada 2
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República llevó a cabo un debate de control político para analizar los principales desafíos que debe superar la mujer rural en Colombia. En este, la senadora Claudia López realizó un detallado balance sobre el bajo desempeño y participación que ha tenido el Gobierno Nacional.

Teniendo en cuenta que las mujeres rurales dedican 3 veces más tiempo que los hombres en tareas del hogar no remuneradas, que las estadísticas de desempleo y pobreza son más altas en ellas que en los hombres, y que la violencia intrafamiliar de 2015 al 2016 aumentó en un 75% en zonas rurales dispersas y centros poblados, la Candidata Presidencial expresó su inconformidad por el incumplimiento que se ha presentado en los compromisos del Gobierno.”El Gobierno Nacional sistemáticamente ha incumplido el compromiso de que el 30% del presupuesto de todos los programas del Ministerio de Agricultura, sean dedicados al fortalecimiento de la mujer rural. Prácticamente el Ministerio se ha burlado en la cara de ellas porque claramente no hay ninguna garantía que asegure que ese 30% de beneficiarios serán mujeres”, señaló López.

En el informe que esta presentó, también se expusieron cuáles son los principales desafíos que se deben atender en temas de tierras, economía del cuidado, participación, medio ambiente e inversión del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales FOMMUR, para consolidar así, la eficacia de los programas y para cerrar las brechas que hoy tienen desamparadas a las mujeres rurales.

La Senadora finalmente recalcó que hoy todas las mujeres colombianas tienen grandes desventajas laborales, económicas y sociales frente a los hombres, y que de por sí las mujeres rurales tienen tres veces más este tipo de obstáculos, razón por la que propuso involucrar más a los Ministerios, buscar mecanismos judiciales, optimizar el liderazgo en la Dirección de la Mujer Rural y priorizar mejor la inversión del presupuesto para que no se siga quedando en las “capacitaciones” de los corruptos de las regiones.

“En las normas que se necesitan hemos avanzado y el control político se ha hecho, lo que falta aquí es un Gobierno que no se burle de las mujeres colombianas, y en lo particular que no le den la espalda a las rurales. ¡Mujeres! Si aquí no le imponemos una soga al cuello al Gobierno, una norma vinculante que pueda hacer exigible por mecanismos jurídicos, nunca va a pasar nada”, concluyó.



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