La ministra de Educación, Gina Parody, protagonizó una emotiva defensa en la plenaria del Senado por los controvertidos manuales sobre diversidad sexual. El procurador Ordóñez la tildó de mentirosa.

Gina Parodin debateGina Parody representa al Partido de la U en el gabinete como ministra de educación, pero eso no impidió que el senador Jimmy Chamorro citara un debate en su contra a pesar de pertenecer al mismo partido de gobierno.

Lo hizo junto a la opositora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, y pretendían poner a la ministra contra las cuerdas, al borde de la renuncia, por un asunto muy espinoso: las versiones encontradas frente a los manuales sobre diversidad sexual que, presuntamente, el gobierno estaría dispuesto a distribuir en los colegios del país, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.

Un debate que además contaba con un invitado que se convertiría en protagonista, el procurador Alejandro Ordóñez. Todo apuntaba a que la polarización que se vivió la semana pasada en las calles, cuando se produjeron numerosas marchas contra el gobierno y la ministra, se trasladaría a la caldera de la plenaria del Senado. Las barras se llenaron de asistentes, decenas se quedaron fuera y tuvieron que habilitar un salón alterno y una pantalla para que pudieran seguir el debate. Una expectativa con pocos antecedentes.

Gina Parody, con un blazer azul, un color que en el Senado se asocia a los conservadores, llegó como quien comparece a un juicio. Varios ministros la acompañaron, como el del Interior, Juan Fernando Cristo, y los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti fueron los que más la rodearon.

Chamorro y María del Rosario Guerra iniciaron el ataque. Ambos coincidieron en acusar a la ministra de mentir en el tema de las cartillas y de promover la ideología de género. Casi una hora se repartieron ambos congresistas.

El turno de Gina llegó al filo de las 7:00 de la noche. La ministra subió el atril y antes que defenderse lanzó un contraataque. Le recordó a la plenaria que el gobierno de Álvaro Uribe también había promovido cartillas a través del Ministerio de Educación y se suscribieron convenios por más de 13.000 millones de pesos para difundir el programa de educación para la sexualidad en los colegios, según Parody, que desarrollaban una política de educación sexual con enfoque de género.

Entonces, dijo Gina, debido a que a una ministra de educación lesbiana le correspondió acatar un fallo de la Corte Constitucional, le armaron un escándalo. “¿Qué más puede explicarlo, si no mi condición sexual? (...) Por ser lesbiana me acusan de lo divino y lo humano”.

Parody, quien fue senadora hace seis años, se desenvolvió con soltura durante una hora de intervención que encendió los ánimos de algunos, como el uribista Evert Bustamante, quien rechazó la afirmación de que el debate se tratara de la condición sexual de la ministra.

Dijo que no entiende ese término de la ‘ideología de género‘ y que el único concepto que aplica es la identidad de género. “La Constitución es mi única ideología”.

Luego la ministra señaló que durante toda su vida ha tenido que enfrentar desplantes, mentiras, odios, prejuicios, y también persecuciones por el hecho de ser gai, pero que nunca antes había vivido una campaña de manipulación masiva que utiliza el miedo de los padres de familia.

"Recuerdo que cuando le conté a mi mamá que era lesbiana se puso a llorar y le dije, ¿estás llorando por esto? Y me contestó que no. ‘Yo a ti te amo como eres, pero vas a sufrir más, mucho más que el normal de los seres humanos. Te va a tocar vivir en un mundo más difícil‘".

Incluso, habló de Jesucristo, y que aplica su legado, amar los unos y a los otros, y terminó su intervención pidiendo un minuto de silencio por aquellos niños, madres y padres que hoy sufren discriminación. Dijo que soñaba con una Colombia donde todos seamos iguales. Parody fue despedida en medio de una ovación desde las barras.

“Lo querían pasar de contrabando”
A pesar de lo emotivo del discurso de la ministra, Alejandro Ordóñez, procurador general, insistió en que el gobierno del presidente Santos está promoviendo una ideología de género, y está “arrebatando” derechos fundamentales de los padres, como el de escoger la educación de sus hijos.

Justificó las marchas de la semana pasada, en las cuales participó, como un mensaje de los padres contra una política pública que quiere ser impuesta. “Detente gobierno”, señaló.

Ordóñez le dijo a la ministra que había mentido en el tema de las cartillas, y que tampoco le creía cuando decía que no entiende qué es la ideología de género. “Pero claro que lo sabe, y esas cartillas no las querían pasar de contrabando. ¿Porqué no hablaron con los padres?”.

Tras el procurador el turno fue para los partidos políticos. La U dividió sus opiniones, mientras Roy Barreras y Benedetti respaldaron a la ministra, José David Name se puso del lado contrario. Los conservadores estuvieron del lado de las tesis del procurador, y Claudia López, de los Verdes, insistió en que los homosexuales “no somos anormales, no somos parásitos”.

Fueron más de cinco horas, lleno en las barras y las curules casi al completo, en un debate que se recordará por mucho tiempo sobre una polémica que está lejos de disiparse.

Tomade de www.semana.com




corte constitucional 1La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme el Código Mineroque rige en Colombia, al rechazar una demanda que fue presentada contra varios de sus artículos.

Sin embargo la Corporación Judicial señaló que aunque “la minería es una actividad constitucionalmente admitida, (...) debe adecuarse al respeto de un amplio conjunto de mandatos superiores”.

Para ello aclara que “la minería debe asegurar los más altos estándares de respeto a las normas ambientales, proveer empleos que respeten las condiciones mínimas del derecho al trabajo, permitir el aprovechamiento de los recursos naturales sin sacrificar esta posibilidad para las generaciones futuras, y ser respetuosa de los derechos de los pueblosindígenas”.

Señaló la Corte que el mecanismo actualmente establecido “para la concesión de títulos mineros tiene fallas de naturaleza estructural que, por su complejidad, deben ser resueltas de manera integral por el Congreso de la República.

Aclaró que “mientras se dicta esta regulación, que ya ha sido requerida al órgano de representación democrática, la administración deberá establecer un protocolo que garantice la idoneidad de los interesados, en materia de respeto por los derechos laborales y cumplimiento de losestándares ambientales”.

Agregó que es importante “establecer un condicionamiento para explicar el alcance del derecho a la consulta previa en materia de minería, como principal instrumento jurídico para la defensa de los territorios ancestrales de los pueblos originarios”.

Es decir, “la prohibición de arbitrariedad por parte del Estado y su obligación de adoptar medidas razonables y proporcionadas en relación con la vigencia de los derechos de los pueblos protegidos; y la obligatoriedad de obtener el consentimiento previo libre e informado, cuando la medida suponga una afectación intensa, como sucede con el desplazamiento de comunidades en los términos del artículo 16.2 del Convenio 169 de 1989, la amenaza de extinción física o cultural o el uso de materiales peligrosos en sus tierras y territorios”.

Fuente: Caracol Radio
Tomado de mundominero.com

El magistrado Luis Ernesto Vargas radicó el proyecto del fallo que determinará si el plebiscito para la paz es constitucional o no. La ponencia le da un sí rotundo a esta forma de refrendar el acuerdo final de La Habana.

si al plavisito por la paz
18-06-2016. El enredo jurídico y político alrededor del proceso de paz se va desenredando poco a poco. Ya está en manos de los nueve magistrados de la Corte Constitucional el proyecto del fallo sobre el plebiscito, mecanismo que les permitirá a los colombianos decidir si están de acuerdo o no con el acuerdo final que se logre en La Habana. La discusión de la ponencia arrancará desde el próximo miércoles. El magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas, radicó ayer el documento de más de 300 páginas en las que consideró que la ley que avala el plebiscito para la paz no va en contra de la Constitución y puede realizarse. Un respaldo determinante para la refrendación de lo que pacten las Farc y el Gobierno.

El proyecto de fallo se radicó cuatro meses después de que el expediente cayera en manos del magistrado Vargas, quien propuso que los seis artículos aprobados por el Congreso en la Ley Estatutaria del plebiscito fueran declarados constitucionales. Según el magistrado, son constitucionales el umbral del 13% del censo electoral, el derecho de los ciudadanos en el exterior a votar, y lo más importante, que los colombianos sí pueden votar para decir si están o no de acuerdo con la política de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos.

Vargas, sin embargo, también planteó una serie de aclaraciones. Por un lado, en lo que tiene que ver con el segundo artículo de la Ley Estatutaria del plebiscito, Vargas es claro en advertir que la campaña por este mecanismo de refrendación popular no podrá incorporar contenidos que promuevan algún partido o movimiento político ni candidatos a cargos de elecciones populares podrán usarlo en sus campañas. De igual manera, el magistrado ponente hizo una advertencia similar con respecto al artículo quinto, que contiene los términos para la difusión del acuerdo final.

“La divulgación de ese acuerdo debe estar desprovista de cargas valorativas y estratégicas que incidan en la vocación del voto ciudadano; y la información transmitida debe ser veraz e imparcial”, dice el proyecto de fallo. Otra de las aclaraciones que contiene el documento está relacionada con la obligación que tendría el presidente Santos de divulgar el contenido completo del acuerdo final para conocimiento de todos los ciudadanos. Recuerda Vargas que el mandatario deberá publicarlo en el Diario Oficial, en medios de comunicación, entre otros, por lo menos 30 días antes de la fecha que se fije para que los colombianos acudan a las urnas.

Por último, el proyecto de fallo hace una mención especial para garantizar que el contenido del acuerdo final lo puedan conocer tanto los ciudadanos en condición de discapacidad, los que no hablan español (como los indígenas), o los que viven en zonas apartadas de las ciudades. Esta tarea, dice el magistrado Vargas, debería hacerse con un criterio diferencial de accesibilidad, un enfoque que no está plasmado en ninguno de los puntos de la Ley Estatutaria que aprobó el Congreso en diciembre del año pasado.

Con el proyecto ya en manos de los magistrados del alto tribunal, se hizo una adición extraordinaria en el orden del día de la Sala Plena de la Corte. A los 23 puntos que estaban pactados para discutir el próximo miércoles, se añadió el debate de la ponencia presentada por Luis Ernesto Vargas. Desde ese día, los togados debatirán los argumentos planteados en el proyecto y decidirán si los aceptan o no. De no estar de acuerdo con la postura del magistrado Vargas y se votara en contra de su propuesta, el expediente caería en manos de un nuevo magistrado que, por orden alfabético, sería la presidenta de la Corte: María Victoria Calle.

Pero de votar en favor de la ponencia que se radicó ayer, los colombianos tendrían la oportunidad de salir a votar para decir si están de acuerdo con el acuerdo final de La Habana. Una posibilidad que podría cambiar de tajo la historia del país.

Tomado de  elcolombiano.com

corte constitucional
18-07-2016. Este lunes en la Corte Constitucional será un día clave para el plebiscito por la paz, ya que la Sala Plena busca poder emitir una decisión sobre esta ley estatutaria que regula el mecanismo para refrendar los acuerdos de paz que firmen el Gobierno Nacional y las Farc.

La idea al interior de la Corte es no darle más largas a este debate, por la importancia y el interés nacional del mismo. Según se ha establecido, la Corte le dirá sí al plebiscito pero le pondrá una serie de condiciones.

Uno de los aspectos claves que definirá la Corte será si el resultado de esta consulta popular es o no vinculante para el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Igualmente, la Corte señalaría que este es un plebiscito “especial” que está reglamentado solo para consultar sobre los acuerdos de paz y que no afecta los plebiscitos que en un futuro se puedan realizar. Además, daría su aval al umbral de 13% que fijó el Congreso.

El debate al interior de la Corte se da sobre la ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, quien estipula que la campaña no podrá incorporar contenidos que promuevan un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos o que se relacione con la promoción de candidaturas de ciudadanos a cargos de elección popular.

Igualmente señala que la campaña solo puede empezar una vez que el Presidente convoque al plebiscito y el Congreso lo autorice. Además, primero se deberá publicar el acuerdo final 30 días antes de la convocatoria presidencial y no se podrán incluir cargas valorativas o estratégicas que busquen incidir en el voto de los colombianos.

Dicha campaña debe tener en cuenta a las personas con discapacidad y a aquellas comunidades que no se comunican en español y se deben crear estrategias de difusión en zonas apartadas del país.

El magistrado Pretelt y la Procuraduría piden referendo
Aunque es claro que la Corte dará el aval al plebiscito, uno de sus magistrados, Jorge Pretelt, considera que debe hacerse un referendo en el que se le hagan preguntas claras y concretas a la ciudadanía para que sepa exactamente los asuntos sobre los cuales votar ‘sí’ o ‘no’.

En su criterio, se debe hacer una campaña pedagógica clara sobre cada punto acordado y las preguntas deben ser varias y redactadas de manera tal que representen los puntos fundamentales de los acuerdos.

Igualmente, el jurista considera que se debe garantizar que los funcionarios del Estado no utilicen sus cargos para presionar en torno a una decisión pues sería, a su juicio, inconstitucional que participen en la campaña del plebiscito.

“Permitir la participación de servidores públicos en la campaña del referendo haría que se llegue a situaciones claras de presión o inducción al elector a través de la utilización de recursos públicos, lo cual constituye constreñimiento o corrupción al sufragante, delitos aplicables también a los plebiscitos”, señala la posición de Pretelt.

Para el magistrado, los miembros de las Farc no puedan ejercer coacción alguna a los ciudadanos por lo que no puede haber “proselitismo armado” y, en su criterio, se debe condicionar la realización del referendo que propone a la entrega previa de armas de la guerrilla a un organismo internacional.

Esta es la misma posición de la Procuraduría General de la Nación que, en concepto enviado a la Corte, pidió un referendo por estimar que la decisión de los colombianos no puede reducirse a un sí y a un no, y menos con un margen de participación del 13%.

La viceprocuradora Martha Isabel Castañeda considera que solo de esta forma se podrá tomar una decisión “libre y consciente” de los ciudadanos frente a cada punto del Acuerdo.



Cuando se les pregunta a los miembros del Gobierno por la cifra, titubean; cuando se les interroga acerca de cómo se va a conseguir ese dinero, dan vueltas. Es probable tengamos que pagarlo todos.

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Según cálculos del Congreso de la República, que la primera etapa del posconflicto le costará al Estado 90 billones de pesos en los primeros diez años. Cuando se les pregunta a los miembros del Gobierno por la cifra, titubean; cuando se les interroga acerca de cómo se va a conseguir ese dinero, dan vueltas.

Esperamos que no se dejen obnubilar por las firmas y las fotos, y que tengan en la cabeza la dimensión que implica restaurar la vida de 15 millones de personas que han padecido por décadas los rigores de la guerra. Infraestructura, educación, salud, procesos productivos, y normalización de tierras son algunos de los factores neurálgicos, la verdadera tarea de la paz que deberá afrontarse con voluntad política, con capacidad ejecutiva y con mucha plata.

Ese costo monumental, entre otras cosas, es una de las razones ocultas que tienen los enemigos del proceso, muchos de los cuales tendrán que sacar de sus abultados bolsillos los impuestos que la recaudación de ese dinero implica, para torpedearlo en todos los frentes y con diversas estrategias.

Algunos oportunistas ya están frotándose las manos; se emocionan mientras se relamen sus colmillos de vampiros, esperando el momento adecuado para chupar un poquito de la savia contenida en esta cantidad de recursos, miran los ceros a la derecha, vislumbran el contrato, el serrucho, la mordida, calculan la componenda y la marrulla. Para mantenerlos a raya, algunos de los cooperantes internacionales protegen sus aportes de los oportunistas. La Unión Europea, por ejemplo, implementa un complejo sistema de verificación que reúne, entre otros recursos, auditorías, evaluación de cumplimiento de metas y verificaciones en terreno que, incluso, pueden condicionar la continuación de los apoyos futuros.

Pero si el gobierno parece un poco aturdido ante la responsabilidad que se le viene encima, los ciudadanos, como suele ocurrir en asuntos que nos atañen a todos, asumimos que esa reconstrucción no nos corresponde a nosotros, que se trata de una obligación de ellos, los que gobiernan; nosotros miraremos desde la barrera y trinaremos en Twitter. Nada más ingenuo. Nada más cínico. Porque como es claro que los conflictos armados de Colombia no han sido por culpa de unos pocos desadaptados ilegales y de un puñado de ineptos en los cuarteles, sino que la sociedad entera ha sido su cohonestadora, su fomentadora y su alimentadora, pues todo el mundo tiene que pagar el precio que va a costar arreglar el problema en el que nos hemos metido.

No nos gustará cuando tengamos que apretarnos el cinturón, no nos caerá en gracia que se ponga sobre la mesa la posibilidad de un impuesto para la paz (hubo uno para la guerra), gritaremos de rabia y añoraremos los días de Uribe cuando ordenaba ráfagas a diestra y siniestra y la pila de muertos no paraba de crecer. Pero será tarde. Tendremos que acostumbrarnos a la idea de que hemos hecho un desastre con este país y que de nuestro esfuerzo dependerá que no se repitan las barbaries. Deberemos cambiar nuestra visión de sociedad y de país, deberemos perdonar, deberemos aprender de la inutilidad de la violencia, de su inmoralidad y de su estupidez. Y también deberemos pagar, de nuestro bolsillo, lo que vale haber sido tan estúpidos, tan inmorales, tan violentos.

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