El magistrado Luis Ernesto Vargas radicó el proyecto del fallo que determinará si el plebiscito para la paz es constitucional o no. La ponencia le da un sí rotundo a esta forma de refrendar el acuerdo final de La Habana.

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18-06-2016. El enredo jurídico y político alrededor del proceso de paz se va desenredando poco a poco. Ya está en manos de los nueve magistrados de la Corte Constitucional el proyecto del fallo sobre el plebiscito, mecanismo que les permitirá a los colombianos decidir si están de acuerdo o no con el acuerdo final que se logre en La Habana. La discusión de la ponencia arrancará desde el próximo miércoles. El magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas, radicó ayer el documento de más de 300 páginas en las que consideró que la ley que avala el plebiscito para la paz no va en contra de la Constitución y puede realizarse. Un respaldo determinante para la refrendación de lo que pacten las Farc y el Gobierno.

El proyecto de fallo se radicó cuatro meses después de que el expediente cayera en manos del magistrado Vargas, quien propuso que los seis artículos aprobados por el Congreso en la Ley Estatutaria del plebiscito fueran declarados constitucionales. Según el magistrado, son constitucionales el umbral del 13% del censo electoral, el derecho de los ciudadanos en el exterior a votar, y lo más importante, que los colombianos sí pueden votar para decir si están o no de acuerdo con la política de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos.

Vargas, sin embargo, también planteó una serie de aclaraciones. Por un lado, en lo que tiene que ver con el segundo artículo de la Ley Estatutaria del plebiscito, Vargas es claro en advertir que la campaña por este mecanismo de refrendación popular no podrá incorporar contenidos que promuevan algún partido o movimiento político ni candidatos a cargos de elecciones populares podrán usarlo en sus campañas. De igual manera, el magistrado ponente hizo una advertencia similar con respecto al artículo quinto, que contiene los términos para la difusión del acuerdo final.

“La divulgación de ese acuerdo debe estar desprovista de cargas valorativas y estratégicas que incidan en la vocación del voto ciudadano; y la información transmitida debe ser veraz e imparcial”, dice el proyecto de fallo. Otra de las aclaraciones que contiene el documento está relacionada con la obligación que tendría el presidente Santos de divulgar el contenido completo del acuerdo final para conocimiento de todos los ciudadanos. Recuerda Vargas que el mandatario deberá publicarlo en el Diario Oficial, en medios de comunicación, entre otros, por lo menos 30 días antes de la fecha que se fije para que los colombianos acudan a las urnas.

Por último, el proyecto de fallo hace una mención especial para garantizar que el contenido del acuerdo final lo puedan conocer tanto los ciudadanos en condición de discapacidad, los que no hablan español (como los indígenas), o los que viven en zonas apartadas de las ciudades. Esta tarea, dice el magistrado Vargas, debería hacerse con un criterio diferencial de accesibilidad, un enfoque que no está plasmado en ninguno de los puntos de la Ley Estatutaria que aprobó el Congreso en diciembre del año pasado.

Con el proyecto ya en manos de los magistrados del alto tribunal, se hizo una adición extraordinaria en el orden del día de la Sala Plena de la Corte. A los 23 puntos que estaban pactados para discutir el próximo miércoles, se añadió el debate de la ponencia presentada por Luis Ernesto Vargas. Desde ese día, los togados debatirán los argumentos planteados en el proyecto y decidirán si los aceptan o no. De no estar de acuerdo con la postura del magistrado Vargas y se votara en contra de su propuesta, el expediente caería en manos de un nuevo magistrado que, por orden alfabético, sería la presidenta de la Corte: María Victoria Calle.

Pero de votar en favor de la ponencia que se radicó ayer, los colombianos tendrían la oportunidad de salir a votar para decir si están de acuerdo con el acuerdo final de La Habana. Una posibilidad que podría cambiar de tajo la historia del país.

Cuando se les pregunta a los miembros del Gobierno por la cifra, titubean; cuando se les interroga acerca de cómo se va a conseguir ese dinero, dan vueltas. Es probable tengamos que pagarlo todos.

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Según cálculos del Congreso de la República, que la primera etapa del posconflicto le costará al Estado 90 billones de pesos en los primeros diez años. Cuando se les pregunta a los miembros del Gobierno por la cifra, titubean; cuando se les interroga acerca de cómo se va a conseguir ese dinero, dan vueltas.

Esperamos que no se dejen obnubilar por las firmas y las fotos, y que tengan en la cabeza la dimensión que implica restaurar la vida de 15 millones de personas que han padecido por décadas los rigores de la guerra. Infraestructura, educación, salud, procesos productivos, y normalización de tierras son algunos de los factores neurálgicos, la verdadera tarea de la paz que deberá afrontarse con voluntad política, con capacidad ejecutiva y con mucha plata.

Ese costo monumental, entre otras cosas, es una de las razones ocultas que tienen los enemigos del proceso, muchos de los cuales tendrán que sacar de sus abultados bolsillos los impuestos que la recaudación de ese dinero implica, para torpedearlo en todos los frentes y con diversas estrategias.

Algunos oportunistas ya están frotándose las manos; se emocionan mientras se relamen sus colmillos de vampiros, esperando el momento adecuado para chupar un poquito de la savia contenida en esta cantidad de recursos, miran los ceros a la derecha, vislumbran el contrato, el serrucho, la mordida, calculan la componenda y la marrulla. Para mantenerlos a raya, algunos de los cooperantes internacionales protegen sus aportes de los oportunistas. La Unión Europea, por ejemplo, implementa un complejo sistema de verificación que reúne, entre otros recursos, auditorías, evaluación de cumplimiento de metas y verificaciones en terreno que, incluso, pueden condicionar la continuación de los apoyos futuros.

Pero si el gobierno parece un poco aturdido ante la responsabilidad que se le viene encima, los ciudadanos, como suele ocurrir en asuntos que nos atañen a todos, asumimos que esa reconstrucción no nos corresponde a nosotros, que se trata de una obligación de ellos, los que gobiernan; nosotros miraremos desde la barrera y trinaremos en Twitter. Nada más ingenuo. Nada más cínico. Porque como es claro que los conflictos armados de Colombia no han sido por culpa de unos pocos desadaptados ilegales y de un puñado de ineptos en los cuarteles, sino que la sociedad entera ha sido su cohonestadora, su fomentadora y su alimentadora, pues todo el mundo tiene que pagar el precio que va a costar arreglar el problema en el que nos hemos metido.

No nos gustará cuando tengamos que apretarnos el cinturón, no nos caerá en gracia que se ponga sobre la mesa la posibilidad de un impuesto para la paz (hubo uno para la guerra), gritaremos de rabia y añoraremos los días de Uribe cuando ordenaba ráfagas a diestra y siniestra y la pila de muertos no paraba de crecer. Pero será tarde. Tendremos que acostumbrarnos a la idea de que hemos hecho un desastre con este país y que de nuestro esfuerzo dependerá que no se repitan las barbaries. Deberemos cambiar nuestra visión de sociedad y de país, deberemos perdonar, deberemos aprender de la inutilidad de la violencia, de su inmoralidad y de su estupidez. Y también deberemos pagar, de nuestro bolsillo, lo que vale haber sido tan estúpidos, tan inmorales, tan violentos.

Tomado del espectador.com
13-04-2016

A raíz del debate por las críticas del procurador Alejandro Ordóñez a la ley de Restitución de Tierras, Aída Avella, presidenta de la UP, le envío al jefe del Ministerio Público una misiva en la que anuncia que solicitará ante la OEA la apertura de una investigación.

Aida1Un fuerte reclamo le hizo este miércoles la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, al procurador general Alejandro Ordóñez, por cuenta de las declaraciones que en las últimas semanas ha hecho el jefe del Ministerio Público sobre las deficiencias del proceso de restitución de tierras en el país.

A través de una carta enviada al despacho de Ordóñez, Avella aseguró que las víctimas de la Unión Patriótica se encuentran indignadas al considerar que la cabeza de la Procuraduría “coincide” con quienes han concentrado por décadas la tierra en Colombia, y anunció que pedirá a la OEA que investigue el caso.

“Su actitud en contra de los campesinos desplazados, nos lleva a solicitar ante la Comisión Interamericana de la OEA, una investigación a quien tiene como misión “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos” según el art. 277 literal 1 de la C.N.”, reza el texto.

En la carta la dirigente señaló que existe una clara revictimización que afecta a quienes han sido afectados directamente por el conflicto armado y que el rumbo que ha tomado la Procuraduría es contrario a los intereses del pueblo pues no se han dado acciones para descubrir -desde lo público- quiénes han venido actuando contra los campesinos y los sectores populares.

Asimismo, Avella reveló que también acudirán a la ONU para denunciar el caso. “Vamos a llevar el caso a las Naciones Unidas por la violación del Art.22 de la Constitución Nacional “La paz es un derecho y un deber de todos los colombianos”, pues muchos de sus actos son opuestos a la Paz, a la Reconciliación Nacional y a las garantías para que la tierra vuelva a los campesinos desplazados”.

Este es el texto completo de la carta:

Señor
ALEJANDRO ORDOÑEZ
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Las víctimas de la Unión Patriotica estamos indignados, al constatar que usted coincide con quienes en buena parte, han concentrado la tierra en Colombia empleando la violencia para apropiarse de grandes extensiones de tierras.

Miles de nuestros militantes fueron desaparecidos, asesinados, torturados, encarcelados, desplazados, y sus tierra en el campo y ciudades intermedias fueron adjudicadas a gente que movilizaba el paramilitarismo.

Lo anterior aplicando la Doctrina de la Seguridad Nacional, que ve en los Opositores Políticos de Izquierda, Sindicalistas, Defensores de Derechos Humanos, Intelectuales, Periodistas Independientes, jóvenes, hombres y mujeres, que opinan diferente a la institución, como los enemigos internos que hay que desaparecer.

Se dieron casos tan aberrantes como lo sucedido en Montes de María, en los Departamento de Sucre y Bolívar. Se realizaron 56 masacres y todas ellas ocasionaron desplazamientos forzados y masivos. En varias partes aparecieron compradores que llegaron por ejemplo al Municipio de Ovejas pagando irrisorias sumas de dinero. Algunos Notarios y Fiscales en Córdoba, Casanare, Meta y Urabá entre otros, se doblegaron al paramilitarismo para escriturar la tierra de los campesinos a estos “compradores”. Algunos eran testaferros de Jefes paramilitares, terratenientes y narcotraficantes que se apropiaron ilegalmente de las tierras, algunas las revendieron y usted puede constatar en Urabá como las rutas de las masacres es la misma de la de los megaproyectos (plantaciones de palma africana).

Usted no puede argumentar la buena fe en la adquisición de tierras bañadas en sangre. No solo sabían el procedimiento ilegal, si no que muchos pagaron sicarios y paras para obtenerlas.

Utilizar la entidad que usted dirige para defender la concentración de la tierra. Según el último censo agropecuario el 0.4% de los colombianos tiene el 46 % de la tierra. No hay sistema más inequitativo en el mundo que el colombiano. El enriquecimiento ilícito a consta del sufrimiento de la gente se mantiene en las instituciones que usted debería investigar y que no lo hace porque ahí están los intereses de la clase dominante, de los ricos de Colombia y de los que se dicen dueños de la tierra.

Su actitud en contra de los campesinos desplazados, nos lleva a solicitar ante la Comisión Interamericana de la OEA, una investigación a quien tiene como misión “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos” según el art. 277 literal 1 de la C.N.

Vamos a llevar el caso a las Naciones Unidas por la violación del Art.22 de la Constitución Nacional “La paz es un derecho y un deber de todos los colombianos”, pues muchos de sus actos son opuestos a la Paz, a la Reconciliación Nacional y a las garantías para que la tierra vuelva a los campesinos desplazados.

Las victimas nos sentimos re-victimizados por usted que tiene el deber de proteger los Derechos Humanos y asegurar su efectividad.

Como lo constatamos diariamente, el rumbo que ha tomado la procuraduría es contrario a los intereses del pueblo, solo puede favorecer a los poderosos y corruptos de Colombia, con sus actitudes ha venido alentando a repetir el genocidio que marcó varias generaciones en Colombia. No hay acción alguna de su parte para descubrir desde lo público quienes han venido actuando contra los campesinos y los sectores populares. Aun en los casos más aberrantes como los falsos positivos, que contó con la participación de los mandos militares. El papel de la procuraduría no ha sido riguroso para defender los derechos de las víctimas en este crimen que ofende a la humanidad.

El proceso de Paz no se detendrá, ante tantos esfuerzos que hace el cartel anti-restitución, que es en buena medida el responsable de que no se haya podido hacer una verdadera reforma agraria y que durante dos siglos nos han mantenido en guerras civiles declaradas y no declaradas y que algunos defienden que continúe, porque se han aprovechado de la guerra para enriquecerse igual que sus familias.

Atentamente,
AIDA AVELLA ESQUIVEL
Presidenta Nacional UP
Bogotá D.C. 13 de Abril de 2016




Tomado de elcolombiano.com
06-05-2016

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Un año después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobara la suspensión de fumigaciones con glifosato por vía aérea, echó marcha atrás esta decisión e, inesperadamente, avaló su uso para erradicar cultivos ilícitos de manera terrestre.

La decisión, según reveló Colprensa, se tomó en absoluto silencio, ya que la sesión del Consejo Nacional se convocó con discreción, sin esperar que el nuevo ministro de Justicia, Jorge Londoño, se posesionara en el cargo. Además, a la reunión no asistieron los ministros, sino los viceministros de Ambiente, Salud y la viceprocuradora Martha Castañeda.

El primero en rechazar la decisión fue el propio Londoño, quien dijo que no está de acuerdo con el uso del glifosato. En declaraciones a RCN Radio manifestó que “este tipo de sustancias químicas le hacen daño al ser humano. Para mí la vida del ser humano es mucho más importante, por lo que se deben analizar mecanismos alternativos que no atenten contra la salud”.

No obstante, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en declaraciones a Colprensa, apoyó la medida y señaló que la aspersión terrestre con glifosato es un proceso más lento, pero seguro. Indicó que se viene utilizando desde hace mucho tiempo en el sector agropecuario y que se aplicarán las medidas de protección para quienes realicen el procedimiento.

Las críticas
Luis Jorge Hernández, director del programa de Salud Pública de la Universidad de Los Andes, le explicó a EL COLOMBIANO que la determinación es un error y es una “patinada” del Gobierno porque tanto la aspersión aérea como la terrestre son riesgosas. “El Gobierno tambaleó con esta decisión, ya que hace un año había tomado una buena acción al evitar al glifosato. Es un retroceso. Me explico: es mucho peor esparcir el glifosato a nivel del suelo porque hay más exposición, ahí están las personas. El Consejo Nacional de Estupefacientes advirtió que se haría un protocolo de seguridad ocupacional, ¡eso no sirve!, por más protocolos que se hagan. En las zonas donde hay cultivos prima mucho la informalidad”, dijo el experto.

Indicó que ahora el Gobierno vuelve al glifosato porque “al parecer es más barato fumigar que generar medidas integrales de sustitución de cultivos, es más fácil echarle veneno a la tierra que llevar programas sociales a estas zonas. Hoy en día no hay medidas integrales en las regiones donde hay cultivos”.

José Eliécer Marín, presidente de la Corporación para la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el área de manejo especial de La Macarena, dijo frente a la decisión del Consejo que sigue siendo nocivo, aunque “puede ser más efectivo echárselo a la mata, pero igual es mucho más dañino que arrancarla”.

Agregó que en caso de que el acuerdo de paz se firme pueden comenzar a soñar con tener la posibilidad de proyectos productivos, “pero entonces si nuestra tierra la llenamos de glifosato ¿qué podemos esperar? Hoy tenemos en la región sectores que han sido fumigados por la avioneta 35 veces y la coca sigue ahí pero la tierra está envenenada, ¿en dónde vamos a sembrar cuando llegue la paz?”

Posiciones encontradas
El senador del Partido Liberal Juan Manuel Galán, indicó que el Gobierno insiste en darle prioridad al enfoque de guerra contra las drogas a través de la fumigación”. Recordó que en este momento el país tiene un discurso de cambio de paradigma y busca concentrarse en una política de derechos humanos y de salud pública, “y por eso no puede persistir con formulas que son de guerra contra las drogas. Al único que beneficia esta decisión es a la multinacional que vende glifosato”.

Entretanto, el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, dijo que con esta decisión el Gobierno está reconociendo el error de suspender las fumigaciones de hace un año. “La multiplicación de los cultivos de coca fueron absolutamente evidentes, se han duplicado en los últimos años y esa situación era insostenible, por eso les tocó recoger sus palabras y volver a acudir al glifosato”.

EL PROCURADOR TAMBIÉN CRITICÓ DECISIÓN
E procurador Alejandro Ordóñez aseguró que esta decisión es contradictoria y distractora. “Recordemos que el año pasado la justificación para ordenar la suspensión era el carácter nocivo del glifosato. ¿Al fin qué, el glifosato es dañoso o no es dañoso para la salud? El Gobierno, en lo pactado en La Habana, ha establecido que la estrategia es la erradicación manual voluntaria. En pocos meses, cuando se esté ejecutando lo acordado, vamos a caer en otra contradicción, tendrá que suspenderse la fumigación manual para pasar a la voluntaria, lo pactado con las Farc”.



  • Las regiones serían las más afectadas. Deberán efectuar recortes que totalizan $3,42 billones.
  • Siete departamentos presentarían las mayores reducciones: Meta, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Nariño, Cesar y Boyacá.
  • El desfase en el presupuesto del Sistema General de Regalías SGR se origina fundamentalmente en la caída en el precio del petróleo.
regalias 1Bogotá, 4 de febrero de 2016.- En $5,4 billones de pesos podrían verse reducidos los ingresos por regalías para el bienio 2015-2016 por la continua caída de los precios del petróleo, alertó hoy la Contraloría General de la República.

Esta suma representa el 30,8% del presupuesto originalmente asignado al Sistema General de Regalías (SGR) para dicho período.

El mayor impacto de esta situación se vería reflejado en la inversión de las regiones, que deberán efectuar recortes cercanos a los $3,4 billones, señaló la Contraloría.

De acuerdo a los análisis efectuados por el organismo de control, la reducción podría afectar principalmente a los departamentos de Meta ($223.419 millones menos), Antioquia ($190.296 millones), Córdoba ($180.571 millones), Bolívar ($180.498 millones), Nariño ($160.500 millones), Cesar ($149.065 millones) y Boyacá ($141.843 millones).

La Contraloría General de la República estima que, pese a que la caída en el precio del petróleo ha sido compensada parcialmente con el aumento de la tasa de cambio, a la fecha el presupuesto del SGR registra un desfase de $5,43 billones, pasando de un presupuesto de ingresos para 2015-2016 de $17,47 billones a $12,04 billones.

El presupuesto de ingresos del SGR para el bienio 2015-2016 se programó originalmente en $17,47 billones. Sin embargo, esa cifra alcanza los $24,38 billones si se le adicionan $6,91 billones correspondientes a desahorro aplicado al FAE ($353.823 millones), rendimientos financieros ($400.000 millones), mayor recaudo de 2012 ($1,42 billones) y la disponibilidad inicial como resultado del cierre del bienio anterior ($4,73 billones).

El Gobierno debería recortar el presupuesto que tenía proyectado

En el Boletín Macro fiscal Número 12, donde se analiza la "Coyuntura Actual del Presupuesto del Sistema General de la Regalías – Bienio 2015-2016", la Contraloría consideró que, ante este menor recaudo esperado de cerca de $5,43 billones, el Gobierno se encuentra en mora de recortar el presupuesto que había proyectado.

De acuerdo con este análisis, el presupuesto de regalías no es consistente con el comportamiento de sus determinantes, como el precio del barril del petróleo y el comportamiento de la tasa de cambio en el país, insumos fundamentales de la proyección de ingresos del SGR.

Para el bienio 2015-2016, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su Plan de Recursos esperaba que se mantuviera un promedio de US$85 por barril, sin embargo el precio observado dio lugar a una diferencia negativa de US$36,1 frente a la proyección. Adicionalmente, el Gobierno anunció recientemente que para efectos de sus proyecciones fiscales tendría una menor referencia en el precio del petróleo que se ubicaría en promedio en US$35 dólares para el año 2016.

Así mismo, el presupuesto del bienio 2015-2016 se proyectó con una tasa de cambio promedio de $2.050 por dólar en los dos años. Sin embargo, el precio presentó un alza de $745,8 por dólar, al pasar de un promedio de $2.000,7 en 2014 a $2.746,5 en 2015.

Proyecciones de la Contraloría sobre el impacto de la actual coyuntura

Con el comportamiento observado de estas variables y manteniendo las proyecciones de producción establecidas en el Plan de Recursos 2015-2016, la CGR proyectó el impacto de la coyuntura actual sobre el Presupuesto General de Regalías para 2016, suponiendo un precio promedio para el crudo de US$35 por barril y una tasa de cambio de $3.143.

Los resultados de la proyección realizada por la Contraloría indican que, como ya se anotó antes, según las cifras observadas en 2015 y los supuestos para el 2016, los ingresos por regalías para el bienio 2015-2016 se podrían ver reducidos en $5,4 billones.

Esta reducción de ingresos afectará sustancialmente la financiación de proyectos para las regiones y sus entes territoriales, a través de los fondos de inversión (Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional y Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación), con una disminución de $2,86 billones, y las asignaciones directas en $582.183 millones.

Por su parte, los fondos de ahorro (FONPET y FAE) tendrán un ahorro inferior en $1,70 billones al presupuestado.

Prensa Contraloria 



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