Tomado de elcolombiano.com
06-05-2016

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Un año después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobara la suspensión de fumigaciones con glifosato por vía aérea, echó marcha atrás esta decisión e, inesperadamente, avaló su uso para erradicar cultivos ilícitos de manera terrestre.

La decisión, según reveló Colprensa, se tomó en absoluto silencio, ya que la sesión del Consejo Nacional se convocó con discreción, sin esperar que el nuevo ministro de Justicia, Jorge Londoño, se posesionara en el cargo. Además, a la reunión no asistieron los ministros, sino los viceministros de Ambiente, Salud y la viceprocuradora Martha Castañeda.

El primero en rechazar la decisión fue el propio Londoño, quien dijo que no está de acuerdo con el uso del glifosato. En declaraciones a RCN Radio manifestó que “este tipo de sustancias químicas le hacen daño al ser humano. Para mí la vida del ser humano es mucho más importante, por lo que se deben analizar mecanismos alternativos que no atenten contra la salud”.

No obstante, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en declaraciones a Colprensa, apoyó la medida y señaló que la aspersión terrestre con glifosato es un proceso más lento, pero seguro. Indicó que se viene utilizando desde hace mucho tiempo en el sector agropecuario y que se aplicarán las medidas de protección para quienes realicen el procedimiento.

Las críticas
Luis Jorge Hernández, director del programa de Salud Pública de la Universidad de Los Andes, le explicó a EL COLOMBIANO que la determinación es un error y es una “patinada” del Gobierno porque tanto la aspersión aérea como la terrestre son riesgosas. “El Gobierno tambaleó con esta decisión, ya que hace un año había tomado una buena acción al evitar al glifosato. Es un retroceso. Me explico: es mucho peor esparcir el glifosato a nivel del suelo porque hay más exposición, ahí están las personas. El Consejo Nacional de Estupefacientes advirtió que se haría un protocolo de seguridad ocupacional, ¡eso no sirve!, por más protocolos que se hagan. En las zonas donde hay cultivos prima mucho la informalidad”, dijo el experto.

Indicó que ahora el Gobierno vuelve al glifosato porque “al parecer es más barato fumigar que generar medidas integrales de sustitución de cultivos, es más fácil echarle veneno a la tierra que llevar programas sociales a estas zonas. Hoy en día no hay medidas integrales en las regiones donde hay cultivos”.

José Eliécer Marín, presidente de la Corporación para la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el área de manejo especial de La Macarena, dijo frente a la decisión del Consejo que sigue siendo nocivo, aunque “puede ser más efectivo echárselo a la mata, pero igual es mucho más dañino que arrancarla”.

Agregó que en caso de que el acuerdo de paz se firme pueden comenzar a soñar con tener la posibilidad de proyectos productivos, “pero entonces si nuestra tierra la llenamos de glifosato ¿qué podemos esperar? Hoy tenemos en la región sectores que han sido fumigados por la avioneta 35 veces y la coca sigue ahí pero la tierra está envenenada, ¿en dónde vamos a sembrar cuando llegue la paz?”

Posiciones encontradas
El senador del Partido Liberal Juan Manuel Galán, indicó que el Gobierno insiste en darle prioridad al enfoque de guerra contra las drogas a través de la fumigación”. Recordó que en este momento el país tiene un discurso de cambio de paradigma y busca concentrarse en una política de derechos humanos y de salud pública, “y por eso no puede persistir con formulas que son de guerra contra las drogas. Al único que beneficia esta decisión es a la multinacional que vende glifosato”.

Entretanto, el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, dijo que con esta decisión el Gobierno está reconociendo el error de suspender las fumigaciones de hace un año. “La multiplicación de los cultivos de coca fueron absolutamente evidentes, se han duplicado en los últimos años y esa situación era insostenible, por eso les tocó recoger sus palabras y volver a acudir al glifosato”.

EL PROCURADOR TAMBIÉN CRITICÓ DECISIÓN
E procurador Alejandro Ordóñez aseguró que esta decisión es contradictoria y distractora. “Recordemos que el año pasado la justificación para ordenar la suspensión era el carácter nocivo del glifosato. ¿Al fin qué, el glifosato es dañoso o no es dañoso para la salud? El Gobierno, en lo pactado en La Habana, ha establecido que la estrategia es la erradicación manual voluntaria. En pocos meses, cuando se esté ejecutando lo acordado, vamos a caer en otra contradicción, tendrá que suspenderse la fumigación manual para pasar a la voluntaria, lo pactado con las Farc”.



Tomado del espectador.com
13-04-2016

A raíz del debate por las críticas del procurador Alejandro Ordóñez a la ley de Restitución de Tierras, Aída Avella, presidenta de la UP, le envío al jefe del Ministerio Público una misiva en la que anuncia que solicitará ante la OEA la apertura de una investigación.

Aida1Un fuerte reclamo le hizo este miércoles la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, al procurador general Alejandro Ordóñez, por cuenta de las declaraciones que en las últimas semanas ha hecho el jefe del Ministerio Público sobre las deficiencias del proceso de restitución de tierras en el país.

A través de una carta enviada al despacho de Ordóñez, Avella aseguró que las víctimas de la Unión Patriótica se encuentran indignadas al considerar que la cabeza de la Procuraduría “coincide” con quienes han concentrado por décadas la tierra en Colombia, y anunció que pedirá a la OEA que investigue el caso.

“Su actitud en contra de los campesinos desplazados, nos lleva a solicitar ante la Comisión Interamericana de la OEA, una investigación a quien tiene como misión “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos” según el art. 277 literal 1 de la C.N.”, reza el texto.

En la carta la dirigente señaló que existe una clara revictimización que afecta a quienes han sido afectados directamente por el conflicto armado y que el rumbo que ha tomado la Procuraduría es contrario a los intereses del pueblo pues no se han dado acciones para descubrir -desde lo público- quiénes han venido actuando contra los campesinos y los sectores populares.

Asimismo, Avella reveló que también acudirán a la ONU para denunciar el caso. “Vamos a llevar el caso a las Naciones Unidas por la violación del Art.22 de la Constitución Nacional “La paz es un derecho y un deber de todos los colombianos”, pues muchos de sus actos son opuestos a la Paz, a la Reconciliación Nacional y a las garantías para que la tierra vuelva a los campesinos desplazados”.

Este es el texto completo de la carta:

Señor
ALEJANDRO ORDOÑEZ
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Las víctimas de la Unión Patriotica estamos indignados, al constatar que usted coincide con quienes en buena parte, han concentrado la tierra en Colombia empleando la violencia para apropiarse de grandes extensiones de tierras.

Miles de nuestros militantes fueron desaparecidos, asesinados, torturados, encarcelados, desplazados, y sus tierra en el campo y ciudades intermedias fueron adjudicadas a gente que movilizaba el paramilitarismo.

Lo anterior aplicando la Doctrina de la Seguridad Nacional, que ve en los Opositores Políticos de Izquierda, Sindicalistas, Defensores de Derechos Humanos, Intelectuales, Periodistas Independientes, jóvenes, hombres y mujeres, que opinan diferente a la institución, como los enemigos internos que hay que desaparecer.

Se dieron casos tan aberrantes como lo sucedido en Montes de María, en los Departamento de Sucre y Bolívar. Se realizaron 56 masacres y todas ellas ocasionaron desplazamientos forzados y masivos. En varias partes aparecieron compradores que llegaron por ejemplo al Municipio de Ovejas pagando irrisorias sumas de dinero. Algunos Notarios y Fiscales en Córdoba, Casanare, Meta y Urabá entre otros, se doblegaron al paramilitarismo para escriturar la tierra de los campesinos a estos “compradores”. Algunos eran testaferros de Jefes paramilitares, terratenientes y narcotraficantes que se apropiaron ilegalmente de las tierras, algunas las revendieron y usted puede constatar en Urabá como las rutas de las masacres es la misma de la de los megaproyectos (plantaciones de palma africana).

Usted no puede argumentar la buena fe en la adquisición de tierras bañadas en sangre. No solo sabían el procedimiento ilegal, si no que muchos pagaron sicarios y paras para obtenerlas.

Utilizar la entidad que usted dirige para defender la concentración de la tierra. Según el último censo agropecuario el 0.4% de los colombianos tiene el 46 % de la tierra. No hay sistema más inequitativo en el mundo que el colombiano. El enriquecimiento ilícito a consta del sufrimiento de la gente se mantiene en las instituciones que usted debería investigar y que no lo hace porque ahí están los intereses de la clase dominante, de los ricos de Colombia y de los que se dicen dueños de la tierra.

Su actitud en contra de los campesinos desplazados, nos lleva a solicitar ante la Comisión Interamericana de la OEA, una investigación a quien tiene como misión “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos” según el art. 277 literal 1 de la C.N.

Vamos a llevar el caso a las Naciones Unidas por la violación del Art.22 de la Constitución Nacional “La paz es un derecho y un deber de todos los colombianos”, pues muchos de sus actos son opuestos a la Paz, a la Reconciliación Nacional y a las garantías para que la tierra vuelva a los campesinos desplazados.

Las victimas nos sentimos re-victimizados por usted que tiene el deber de proteger los Derechos Humanos y asegurar su efectividad.

Como lo constatamos diariamente, el rumbo que ha tomado la procuraduría es contrario a los intereses del pueblo, solo puede favorecer a los poderosos y corruptos de Colombia, con sus actitudes ha venido alentando a repetir el genocidio que marcó varias generaciones en Colombia. No hay acción alguna de su parte para descubrir desde lo público quienes han venido actuando contra los campesinos y los sectores populares. Aun en los casos más aberrantes como los falsos positivos, que contó con la participación de los mandos militares. El papel de la procuraduría no ha sido riguroso para defender los derechos de las víctimas en este crimen que ofende a la humanidad.

El proceso de Paz no se detendrá, ante tantos esfuerzos que hace el cartel anti-restitución, que es en buena medida el responsable de que no se haya podido hacer una verdadera reforma agraria y que durante dos siglos nos han mantenido en guerras civiles declaradas y no declaradas y que algunos defienden que continúe, porque se han aprovechado de la guerra para enriquecerse igual que sus familias.

Atentamente,
AIDA AVELLA ESQUIVEL
Presidenta Nacional UP
Bogotá D.C. 13 de Abril de 2016




El presidente Santos señaló que el plan de austeridad, iniciado en diciembre de 2014, buscaba disminuir los gastos del Estado porque "sabían" que la baja en los precios del petróleo "iba a afectar" a la economía.

Santos foro Goldman 026/01/2016. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que su Gobierno continuará en 2016 con su plan de austeridad, por lo que no habrá ampliación de nómina ni reclasificaciones.

"Este año mantendremos los planes de austeridad. No ampliaremos la nómina ni habrá reclasificaciones. Todos los sectores han recortado sus gastos en viáticos, impresos y publicaciones, y queremos que sean los mismos funcionarios los que den ejemplo", indicó Santos al finalizar un Consejo de Ministros.

Según destacó el presidente, "únicamente la congelación de la nómina representó un ahorro de 991.000 millones de pesos (unos 291,5 millones de dólares), que se suman al medio billón de pesos (unos 147 millones de dólares) ahorrados".

En el Ministerio de Cultura, por ejemplo, el ahorro en viáticos fue de un 60 %, en tanto que en la cancillería fue de un 45 %, informó la Presidencia en un comunicado.

Por otro lado, dentro del segmento "impresos y publicaciones", el Ministerio de Minas y Energía redujo el gasto en un 59 % y el Ministerio de Comercio en un 58 %, agregó el texto.

Santos recordó que el plan de austeridad, iniciado en diciembre de 2014, buscaba disminuir los gastos del Estado porque "sabían" que la baja en los precios del petróleo "iba a afectar" a la economía.

"Eso es lo que los mercados internacionales han reconocido, que el Gobierno Nacional ha reaccionado oportunamente y con medidas concretas para ajustarnos a las nuevas realidades", apuntó el presidente.

Durante su intervención, el mandatario presentó los lineamientos de una directiva presidencial para el manejo de las comunicaciones, que busca conseguir las metas de austeridad con la eficiencia en la gestión.

"Dentro de esta política, sólo se autorizarán los planes de comunicaciones, publicaciones, publicidad y eventos que sean prioritarios. No habrá campañas que no sean relevantes, como las de promoción de entidades o aniversarios; no habrá publicaciones de lujo; no habrá eventos suntuarios y no habrá 'merchandising' como gorras y regalos", resumió.

Será la Presidencia la que asuma directamente el estudio y la aprobación de los gastos e inversiones en estas áreas para que cumplan con los parámetros de austeridad, pertinencia y eficiencia, explicó por su parte el comunicado.

EFE


  • Las regiones serían las más afectadas. Deberán efectuar recortes que totalizan $3,42 billones.
  • Siete departamentos presentarían las mayores reducciones: Meta, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Nariño, Cesar y Boyacá.
  • El desfase en el presupuesto del Sistema General de Regalías SGR se origina fundamentalmente en la caída en el precio del petróleo.
regalias 1Bogotá, 4 de febrero de 2016.- En $5,4 billones de pesos podrían verse reducidos los ingresos por regalías para el bienio 2015-2016 por la continua caída de los precios del petróleo, alertó hoy la Contraloría General de la República.

Esta suma representa el 30,8% del presupuesto originalmente asignado al Sistema General de Regalías (SGR) para dicho período.

El mayor impacto de esta situación se vería reflejado en la inversión de las regiones, que deberán efectuar recortes cercanos a los $3,4 billones, señaló la Contraloría.

De acuerdo a los análisis efectuados por el organismo de control, la reducción podría afectar principalmente a los departamentos de Meta ($223.419 millones menos), Antioquia ($190.296 millones), Córdoba ($180.571 millones), Bolívar ($180.498 millones), Nariño ($160.500 millones), Cesar ($149.065 millones) y Boyacá ($141.843 millones).

La Contraloría General de la República estima que, pese a que la caída en el precio del petróleo ha sido compensada parcialmente con el aumento de la tasa de cambio, a la fecha el presupuesto del SGR registra un desfase de $5,43 billones, pasando de un presupuesto de ingresos para 2015-2016 de $17,47 billones a $12,04 billones.

El presupuesto de ingresos del SGR para el bienio 2015-2016 se programó originalmente en $17,47 billones. Sin embargo, esa cifra alcanza los $24,38 billones si se le adicionan $6,91 billones correspondientes a desahorro aplicado al FAE ($353.823 millones), rendimientos financieros ($400.000 millones), mayor recaudo de 2012 ($1,42 billones) y la disponibilidad inicial como resultado del cierre del bienio anterior ($4,73 billones).

El Gobierno debería recortar el presupuesto que tenía proyectado

En el Boletín Macro fiscal Número 12, donde se analiza la "Coyuntura Actual del Presupuesto del Sistema General de la Regalías – Bienio 2015-2016", la Contraloría consideró que, ante este menor recaudo esperado de cerca de $5,43 billones, el Gobierno se encuentra en mora de recortar el presupuesto que había proyectado.

De acuerdo con este análisis, el presupuesto de regalías no es consistente con el comportamiento de sus determinantes, como el precio del barril del petróleo y el comportamiento de la tasa de cambio en el país, insumos fundamentales de la proyección de ingresos del SGR.

Para el bienio 2015-2016, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su Plan de Recursos esperaba que se mantuviera un promedio de US$85 por barril, sin embargo el precio observado dio lugar a una diferencia negativa de US$36,1 frente a la proyección. Adicionalmente, el Gobierno anunció recientemente que para efectos de sus proyecciones fiscales tendría una menor referencia en el precio del petróleo que se ubicaría en promedio en US$35 dólares para el año 2016.

Así mismo, el presupuesto del bienio 2015-2016 se proyectó con una tasa de cambio promedio de $2.050 por dólar en los dos años. Sin embargo, el precio presentó un alza de $745,8 por dólar, al pasar de un promedio de $2.000,7 en 2014 a $2.746,5 en 2015.

Proyecciones de la Contraloría sobre el impacto de la actual coyuntura

Con el comportamiento observado de estas variables y manteniendo las proyecciones de producción establecidas en el Plan de Recursos 2015-2016, la CGR proyectó el impacto de la coyuntura actual sobre el Presupuesto General de Regalías para 2016, suponiendo un precio promedio para el crudo de US$35 por barril y una tasa de cambio de $3.143.

Los resultados de la proyección realizada por la Contraloría indican que, como ya se anotó antes, según las cifras observadas en 2015 y los supuestos para el 2016, los ingresos por regalías para el bienio 2015-2016 se podrían ver reducidos en $5,4 billones.

Esta reducción de ingresos afectará sustancialmente la financiación de proyectos para las regiones y sus entes territoriales, a través de los fondos de inversión (Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional y Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación), con una disminución de $2,86 billones, y las asignaciones directas en $582.183 millones.

Por su parte, los fondos de ahorro (FONPET y FAE) tendrán un ahorro inferior en $1,70 billones al presupuestado.

Prensa Contraloria 



El Gobierno publicó una serie de preguntas y respuestas con el fin de explicar aspectos de lo acordado por el Gobierno y las Farc sobre el mecanismo de verificación del fin del conflicto.

conflicto armado colombia 125/01/2016. El material que se publica a continuación explica aspectos de lo acordado por el Gobierno y las Farc sobre el mecanismo de verificación del fin del conflicto, cuya supervisión fue aceptada este lunes de forma unánime por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

¿Qué acordaron el gobierno y las Farc?
El Gobierno y las Farc acordaron crear un mecanismo tripartita para verificar el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas parte por las Farc. La Comisión estará integrada por el Gobierno, las Farc y un componente internacional.

¿Cuál será el componente internacional de la Comisión de Verificación?
El componente internacional de la Comisión de Verificación estará a cargo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y lo integraran observadores de países miembros de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).

¿Esto quiere decir que la CELAC será la responsable de verificar el cese al fuego y el desarme de las Farc?
El cese al fuego bilateral y el desarme será verificados por las el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad integrará la misión de verificación con observadores de países miembros de la CELAC.

¿Quién definirá cuales países participaran en la Misión de Verificación?
No es una misión integrada por países. Es una misión conformada por personas con las competencias y experiencia que se requiere para monitorear y verificar el cese al fuego bilateral y el desarme de las Farc. Los observadores provendrán de países miembros de la CELAC, excluyendo los que limitan con Colombia.

¿Quién financiará la Misión de Verificación?
La misión será financiada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

¿En cuáles y cuantos lugares de Colombia se realizará la verificación?
En cuantos lugares se realizará la verificación también será definido por la Comisión Técnica para el Fin del Conflicto de la Mesa de Conversaciones de La Habana.

¿La Misión de Verificación contará con la presencia de cascos azules de las Naciones Unidas?
No. Será una misión política que no está armada. Colombia no llega al Consejo de Seguridad por el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas que es el que establece las misiones armadas de paz y seguridad. La solicitud de verificación se basa en el capítulo sexto de la carta, que hace referencia al arreglo pacífico de controversias.

La conformación de la Misión de Verificación requiere de una votación del Consejo de Seguridad. ¿Colombia cuenta con el respaldo político?

Si. Colombia cuenta con el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde los últimos meses de 2016, el presidente Juan Manuel Santos ha venido gestionando el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad. El Presidente ya habló con los cinco miembros permanentes, quienes respaldan a Colombia en la terminación del conflicto.

¿Por qué el Consejo de Seguridad y no la Asamblea General de las Naciones Unidas?
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es la institución idónea para adelantar la verificación. Es una instancia ágil y efectiva en la toma de decisiones, e garantiza la financiación de la misión y el apoyo de los países más importantes del mundo al fin del conflicto.

¿Cuándo comenzará a operar la misión de verificación?
La comisión comenzará a operar con la firma del Acuerdo Final, que estará acompañada del cese al fuego bilateral y definitivo. El desarme de las Farc comenzará dos meses después de la firma del acuerdo. El gobierno esperar firmar el acuerdo final el 23 de marzo de 2016. 

Lea aquí la resolución de la ONU acerca del proceso de paz en Colombia

Por elespectador.com









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