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Las Farc ven poco probable que se firme el acuerdo de paz con el Gobierno la fecha marcada por 23 de marzo, pese a que las partes están haciendo todos los esfuerzos por avanzar, dijo un representante del grupo rebelde en La Habana.

“El acelerador lo tenemos metido desde el primer día, y me imagino que ellos (el Gobierno) también. Estamos haciendo hasta lo imposible por el 23 (de marzo), pero hay factores objetivos que seguramente van a impedir que eso se dé”, dijo Joaquín Gómez, uno de los representantes de la guerrilla en las conversaciones.

“De parte del Gobierno hay escollos tan importantes como el esclarecimiento y desmantelamiento del paramilitarismo, así que hay una gran cantidad de hechos que no han sido posibles no porque nosotros intencionadamente nos opongamos a que sea el 23”, añadió a periodistas en La Habana.

El Gobierno y las Farc retomaron este miércoles las negociaciones enfocados en la discusión del cese bilateral y definitivo al fuego, el último y quizás más complejo punto de las conversaciones que comenzaron hace más de tres años en Cuba.

Después de más de medio siglo de confrontación armada y el fracaso de tres negociaciones anteriores, las Farc y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos está casi listos para renunciar a las armas y poner fin a un conflicto que ha dejado 220.000 muertos.

Ambas partes reinstalan la mesa de diálogo pocos días después de que el presidente Santos anunció que citará al Congreso a sesiones extraordinarias para que le otorgue facultades que le permitan concentrar y desarmar a la guerrilla, para tratar de firmar un acuerdo de paz antes del 23 de marzo.

Santos acordó con el máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, la fecha límite en un histórico encuentro en septiembre en La Habana con la presencia del presidente cubano, Raúl Castro.

Para cerrar la negociación, el Gobierno y las Farc deben llegar a consensos acerca del cese bilateral al fuego que incluye la concentración y desarme de la guerrilla, así como crear mecanismos que permitan implementar, verificar y refrendar el acuerdo de paz.

Por elcolombiano.com




farcgob copia09/11/2015. Todo parece indicar que el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- están próximos a conseguir un cese bilateral de hostilidades. Los primeros proponen arrancar el primero de enero de 2016 con verificación internacional mientras la guerrilla señaló que el 16 de diciembre sería una fecha propicia para dar inicio al desmonte mutuo de las acciones militares. Aunque un eventual cese bilateral significa un paso fundamental para el proceso, esta por verse qué resultados arrojan las rondas de negociación.

Posterior al acuerdo sobre justicia restaurativa alcanzado el 23 de septiembre en La Habana, sellado con un apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, el cese al fuego unilateral decretado por esta guerrilla toma matices de incertidumbre.

El pasado primero de noviembre el Estado Mayor Central de las FARC señaló en un comunicado que “Peligra la tregua unilateral”. Allí dejan clara la preocupación por el incremento de las operaciones militares que recientemente cobraron la vida de 4 guerrilleros y la captura de dos guerrilleras heridas: "Estos actos merman la confianza y sientan un precedente negativo que afecta la confianza y la credibilidad ganada por las partes en la mesa”, afirmaron.

Horas después de reportar los resultados de la operación militar, el presidente Juan Manuel Santos, propuso un "cese del fuego bilateral y verificado internacionalmente a partir del primero de enero" tregua que dependerá de los progresos en el punto de la agenda denominado "fin del conflicto", que incluye el abandono de las armas por parte de las FARC.

Los tiempos de los acuerdos
El negociador del grupo insurgente Luis Antonio Lozada Gallo, conocido como 'Carlos Antonio Lozada', aseguró que para ellos el plazo de los seis meses aún no ha empezado a correr y que en su momento se dará esa discusión sobre este tema en la mesa. Dichas declaraciones contradicen lo afirmado por Santos quien en días anteriores expresó que el 23 de marzo del 2016 las partes firmarían los acuerdos de paz.

“Ese es un debate que se tendrá que analizar en la mesa cuando tratemos de ver en qué momento se cierra definitivamente el tema de justicia, en ese momento se podrá ver a partir de qué día se comienzan a contar los seis meses”, aseveró.

A esta situación se suma la intranquilidad con la que inició el pasado martes la ronda número 43 de los diálogos, reflejada en el descontento del jefe negociador del Gobierno Humberto de la Calle con el documento de justicia logrado por los seis juristas escogidos por el gobierno y las FARC, además de su insistencia para introducir ajustes al mismo. Según fuentes cercanas a la mesa de La Habana, dichas posturas generan nuevamente un aire de desconfianza en la mesa de negociación.

Por su parte, el Frente Amplio por la Paz que aglutina a organizaciones sociales y políticas de Colombia, anunció que algunos delegados viajarán a La Habana para ayudar a que continúe el alto el fuego unilateral de las FARC y esperan colaborar en el objetivo de que “avance hacia el cese bilateral” que las partes buscan conseguir a partir de diciembre.

Cabe anotar que el pasado 12 julio del presente año, las delegaciones de las FARC anunciaron un acuerdo denominado “Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia” como un gesto de voluntad, encaminado a alcanzar el objetivo de la mesa de negociación entre el gobierno y esta guerrilla. Frente a este pacto, el Gobierno del presidente Santos respondió con una suspensión de los bombardeos a los campamentos pero no el cese de actividades ofensivas por parte de las Fuerzas Militares.

Por colombiainforma.info


Según fuentes del Gobierno, la convocatoria para la reunión que se realizaría el próximo lunes no tuvo éxito.

unasur 115/09/2015. Desde la Casa de Nariño, fuentes del Gobierno aseguraron que no se llevará a cabo la cumbre presidencial de Unasur debido a que no hubo consenso entre los 12 países que la integran (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) para tratar la crisis humanitaria que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela por causa del cierre ordenado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Al parecer la convocatoria “no tuvo éxito” por lo que la reunión no se llevará a cabo el próximo lunes, como lo había anunciado la canciller venezolana, Delcy Rodríguez al canal Telesur.

"Venezuela está muy contenta de poder participar" en esa cumbre "promovida por la República Argentina que nosotros agradecemos (..); estamos completamente dispuestos a ir a esa reunión muy importante", indicó Rodríguez.

Por otro lado, este martes el presidente Juan Manuel Santos hizo presencia en el corregimiento de Paraguachón, en La Guajira, para anunciar un plan de choque y donde aprovechó para acercarse a la frontera y darle la mano a los miembros de la Guardia venezolana, quienes respondieron el saludo menos uno de ellos.

Desde allí, el Gobierno adoptó nuevas medidas en lo referente a impuestos, vivienda, empleo y comercio, con el objetivo de aliviar la situación de las personas afectadas por la crisis en la frontera con Venezuela.

Por elespectador.com



reunion vilateral 124/09/2015. El acuerdo sobre justicia transicional en La Habana eclipsó la reunión de ministros en Caracas. Aunque el encuentro duró un poco más de cuatro horas, las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez no dieron declaraciones públicas sobre lo discutido. Lo único que trascendió fue una escueta declaración por parte del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino López, acordaron una nueva cita bilateral en Santa Marta el próximo martes 29 de septiembre.

Esta reunión servirá, dijo el Ministerio de Defensa, “para concretar la forma como se reactivarán los mecanismos bilaterales de seguridad” que buscan combatir el contrabando, el crimen organizado, el lavado de activos y la minería ilegal en la frontera. En este encuentro también estará presente el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, y el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto.

Con esta reunión quedan reactivados los mecanismos de cooperación entre ambos ministros de defensa. De la voluntad y el compromiso en las próximas reuniones dependerá esta cooperación, pues las relaciones no marchaban bien: el último encuentro de ministros fue en 2012.

Los alcances de esta relación también están por verse. El ministro de Defensa colombiano le contó a Colprensa que hasta el momento no se ha contemplado firmar un plan exclusivo para la frontera, pues los mecanismos para combatir los focos de criminalidad ya existen. La fecha de apertura de la frontera también sigue siendo incierta. Lo que se sabe hasta ahora es que Maduro contempla mantenerla cerrada entre seis meses y un año, sin definir un lapso exacto.

La Cancillería de Colombia expuso en la reunión los avances en la reunificación de familias: desde el pasado 6 de septiembre han reunificado 63 familias, que incluyen 78 menores.

En la reunión también estuvo presente el embajador de Venezuela en Colombia, Iván Rincón; el gobernador de El Zulia, Francisco Arias; el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora; el ministro para la Banca Pública, Marcos Torres; el ministro para la Alimentación, Carlos Osorio, el ministro de Minas, Tomás González y el director de la Dian, Santiago Rojas. Los asistentes no dieron declaraciones por la coyuntura de paz en La Habana.

Polémicas declaraciones
El presidente Juan Manuel Santos entregó detalles sobre la reunión que sostuvo con Nicolás Maduro en Quito. En el seminario internacional “nuevas formas de conquistar mercados”, organizado por la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), el mandatario colombiano dijo que su homólogo venezolano “rompió las reglas de juego” por cerrar la frontera “sin ni siquiera avisarme, eso no se hace”.

Santos reveló que ambos se saludaron “con frialdad”. Posteriormente, dijo, “comenzó el memorial de agravios de un lado y del otro”. Pese a la tensión, el presidente le reiteró a Maduro que ambos deben trabajar por el bienestar de ambos países, respetando las diferencias: “Pensamos de forma diametralmente diferentes, creemos en modelos diferentes, pero somos jefes de Estado y si aprendemos a respetarnos las diferencias podemos tener una buena relación”.

Bandas criminales en Cúcuta
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar y Juan Carlos Torrado, coordinador de la Red Territorial de Organizaciones de Víctimas, denunciaron el repliegue de grupos delincuenciales en el área metropolitana de Cúcuta por el cierre de la frontera.

Las operaciones en la frontera, dijeron, “han generado en los últimos días una serie de homicidios, amenazas, extorsiones y cierre de vías de acceso como caminos y carreteras, por parte de estos grupos que se han identificado en algunas zonas como Autodefensas Gaitanistas, Urabeños o Rastrojos”.

Por elcolombiano.com



Por momentos se pensaba que se disolvía por los escándalos y las divisiones; pero Gil, con habilidad enorme y una chequera abultada, lo ha recompuesto.

pinUna de las vergüenzas de la política colombiana vuelve a jugar duro. El Partido Opción Ciudadana tiene 10.032 candidatos propios en las elecciones de octubre, entre ellos ocho para gobernaciones y 317 para alcaldías. No es lo único. Tiene también coaliciones importantes en Santander con el Partido Liberal para buscar la elección de Didier Tavera, y en Boyacá, Casanare y Tolima. Este partido fue fundado en Bucaramanga en el año 1997 bajo el nombre de Convergencia Ciudadana y su principal conductor ha sido Luis Alberto Gil. Durante algunos años se denominó Partido de Integración Nacional, PIN, y hace poco optó por el nombre de Opción Ciudadana.

Las elecciones parlamentarias de 2010 fueron el punto más alto de esta fuerza política, logró nueve senadores y 11 representantes a la Cámara. Ha sido el partido más vinculado a la parapolítica y sus cuatro principales jefes, Luis Alberto Gil, Enilse López, Carlos Martínez Sinisterra y Hugo Aguilar, han afrontado procesos y condenas por su vinculación con los paramilitares. Por momentos se pensaba que este partido se disolvía por los escándalos y también por las divisiones; pero Gil, con una habilidad enorme y una billetera abultada, lo ha recompuesto con nuevas alianzas y con la conquista de nuevos territorios. En cambio, los disidentes terminan debilitándose o desapareciendo.

En estas elecciones está distante de Hugo Aguilar y de Carlos Martínez, que fueron grandes electores en 2010 y 2011, pero ha encontrado un poderoso aliado en Yahir Acuña, decisivo en el departamento de Sucre y con influencia en la costa Atlántica, en Casanare y en el Valle. Mantiene, a su vez, algunos nexos con Enilse López, alias la Gata. La alianza con Aguilar le permitió dominar la política en Santander por 12 años, y ahora es probable que en coalición con los liberales mantenga ese poder mientras la casa de los Aguilar se debilita.

Después del importante triunfo de 2010 me visitó en mi oficina Ángel Alirio Moreno, representante legal del partido, y tuvimos una larga conversación sobre el futuro de su fuerza política. Quería hablar de las denuncias que en compañía de Claudia López habíamos hecho sobre la mayoría de sus candidatos a Cámara y a Senado. Moreno había sido militante del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, Moir, y mantenía intacto su discurso de izquierda, bastante lejano de las proclamas paramilitares. Tenía, además, un pasado limpio de líos penales. Esos ingredientes le conferían legitimidad para hablar de la lucha que pensaba dar para cambiar la historia de su organización.

En esa conversación se quejó de la desigual valoración que hacíamos los investigadores académicos y los medios de comunicación de la penetración de la ilegalidad en los partidos. Dijo que exagerábamos lo que tenía que ver con su grupo y minimizábamos lo de los partidos mayoritarios: Liberal, Cambio Radical, La U, Conservador. Señaló que la parapolítica había sido un hecho inevitable en las condiciones que se dieron a finales del siglo pasado y principios de este siglo y había impactado a todos los partidos, pero de modo más ostensible y drástico a los partidos del ‘Establecimiento’.

Manifestó que se la cargaban al PIN –como se llamaba en ese entonces el partido– porque era una fuerza venida de abajo, de fuera de las elites que habían gobernado siempre el país. Remató diciendo que el pasado no se podía borrar, pero sí era posible construir un futuro distinto. Se proponía reconocer las fallas ante el país, cambiar el nombre y buscar la renovación de sus líderes.

A mí me parecieron sinceros sus propósitos, y dado que tanto Luis Alberto Gil como los demás fundadores y jefes afrontaban procesos judiciales muy complicados le confería alguna posibilidad de éxito a su tarea. No ha resultado así. Logró modificar el nombre. Se apartó Martínez y ahora Aguilar, la Gata se debilitó. Pero Gil mantuvo las riendas de la organización a través de su esposa, la senadora Doris Vega, y ahora, después de salir de la cárcel, ha vuelto por sus fueros.

No solo ha pactado la gran alianza con Yahir Acuña, uno de los políticos más cuestionados, para apoderarse del departamento de Sucre y ha realizado una jugada maestra en Santander, sino que ha abierto las puertas de Opción Ciudadana a miles de candidatos que no fueron recibidos en otros partidos y de esa manera ha conseguido que en Antioquia, un departamento donde no tenía mayor influencia, se registren 1.136 avales.

Es verdad, como dice Ángel Alirio Moreno, que los partidos mayoritarios han tenido y tienen una gran influencia de organizaciones ilegales y ese es el principal problema de la democracia colombiana, pero no hay duda de que Opción Ciudadana ha sido la fuerza más vinculada a la ilegalidad y en estas elecciones están haciendo honor a su historia.

Columna de Opinión Publicada en Revista Seman



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