La Misión Electoral Especial (MEE), nacida como uno de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final entre el gobierno nacional y las Farc, presentó sus recomendaciones para ampliar la participación política y mejorar las elecciones democráticas.

137“Costos prohibitivos de las campañas, voto preferente, circunscripciones grandes, fiera competencia intrapartidista, personalismo, partidos débiles, corrupción, clientelismo, alto volumen de votos nulos y altísima abstención”, son algunos de los problemas que diagnosticaron los seis expertos que recibieron el mandato de realizar un conjunto de recomendaciones para la reforma del actual sistema electoral, que próximamente se tramitará en el Congreso de la República, con motivo de la implementación del pacto de paz logrado en Cuba.

La MEE está integrada por Alejandra Barrios, directora de la Misión Observación Electoral (MOE); Elisabeth Úngar, directora del Observatorio Congreso Visible; Alberto Yepes, consejero de Estado; Jorge Enrique Guzmán, director del Departamento de Sicología Social de la Universidad Javeriana; Juan Carlos Rodríguez-Raga, codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes; y Salvador Romero, exdirector del Centro de Asesorías y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Los expertos tenían tres meses para entregar su informe, pero el mandatario les pidió celeridad y los instó a realizarlo en dos meses.

Este viernes, en la ciudad de Cartagena, en un encuentro en el que estuvieron presentes representantes de partidos y movimientos políticos colombianos, a excepción del Centro Democrático, la Misión hizo entrega de sus recomendaciones, las cuales se agrupan en tres ejes: arquitectura institucional, sistema de elección y financiamiento de la política.

Para Francisco Tolosa, miembro de Voces de Paz (el movimiento ciudadano que vela por que el Congreso de la República traslade correctamente el acuerdo de paz en leyes y formas), es importante que se está cumpliendo el mandato del Acuerdo Final que establece que una misión electoral independiente, sin extracción de los partidos políticos, del gobierno nacional ni de las Farc, presente un paquete de propuestas para reformar el régimen electoral.

“Es un requisito del punto de reincorporación política descrito en el Acuerdo Final. Para que el partido de las Farc pueda entrar a hacer parte del sistema político electoral se requiere del estatuto a la oposición y de la reforma al sistema electoral. Además, con estas propuestas se puede mejorar la participación y la representación de las regiones olvidadas”, le dijo Tolosa a VerdadAbierta.com.

David Flórez, vocero nacional de Marcha Patriótica, un movimiento social y político fundado en julio de 2010, que ha sido foco de una violencia que ha segado la vida de 132 de sus integrantes, valora como positiva las propuestas presentadas por la MEE. Entre ellas, destaca la creación de una corte electoral y la fusión de las funciones de la Registraduría Nacional; pero sobre todo, resalta la creación de un nuevo consejo nacional electoral que no sea un organismo partidista: “Para una expresión política alternativa como nosotros, es muy importante”.

Arquitectura institucional
El objetivo de este punto es “establecer un modelo fortalecido, eficiente, sin funciones duplicadas, que abarque el ámbito electoral, el financiamiento de la política y la supervisión de las organizaciones políticas”. Para tal fin, se plantea la creación del Concejo Electoral Colombiano y de una Corte Electoral, que tendrán funciones administrativas y jurisdiccionales separadas, respectivamente, pero que trabajarán de manera coordinada.

A diferencia del actual Consejo Nacional Electoral, la nueva institución estará compuesta por una directiva de cinco miembros de origen no partidista. Sus funciones serán técnicas, logísticas y administrativas; de planificación, organización y ejecución de un proceso electoral; administrará el Registro Civil, el padrón electoral y el padrón de militantes; realizará educación ciudadana, cómputo y difusión de resultados; y controlará el financiamiento de la política.

Por otro lado, la Corte Electoral estará integrada a la Rama del Poder Judicial, pero actuará con autonomía para velar por la jurisdicción electoral. Es así como algunas de sus tareas serán resolver procesos contenciosos electorales, arbitrar dispuestas partidista y fijar sanciones como separación del cargo y pérdidas de investidura. Estará compuesta por seis tribunales regionales con tres magistrados de carrera y cinco magistrados a nivel nacional.

Los expertos hacen énfasis en que los funcionarios que dirijan estas dos nuevas instituciones no provengan de los partidos políticos, que sean elegidos de ternas, que exista equilibrio de género entre sus integrantes y que sus periodos de funciones sean de ocho años.

Sistema de elección

reforma electoral 2En este punto se busca resolver problemas relacionados con las disputas dentro de los partidos, la falta de identidad programática de los mismos, reducir significativamente los costos de las campañas y ampliar la representatividad de las regiones en el Congreso de la República.

Para tal fin, la propuesta central radica en el uso de listas cerradas y bloqueadas, en las que los partidos definirán quiénes serán sus candidatos. Con esto, habrá un número limitado de aspirantes al Legislativo, con lo que se busca poner fin a las competencias internas, fortalecer los partidos dejando de lado los personalismos, facilitar la elaboración de los tarjetones electorales y reducir los costos de las campañas y de las elecciones.

Para el Senado, la MEE plantea que se mantenga el número actual de curules, pero en la Cámara de Representantes propone elevar la cantidad de legisladores a 200. Además, para la cámara baja, también plantea que se cree un sistema mixto para la elección de candidatos, que esté conformado por circunscripciones departamentales y distritos uninominales, “diseñados por la autoridad electoral, en base a parámetros establecidos en la ley”.

Sobre el sistema mixto, precisa que cada departamento tendría dos representantes y uno más por cada 365 mil habitantes o fracción superior a 182.500 en exceso de los primeros 365 mil, asegurándose así que cada departamento tenga por lo menos cuatro legisladores en la Cámara. Y sugiere que las curules se repartan de la siguiente manera: “La mitad de los representantes (redondeando hacia arriba) serán elegidos por listas plurinominales cerradas y bloqueadas; la mitad de los representantes (redondeando hacia abajo) serán elegidos en distritos uninominales”.

De esta propuesta llama la atención la creación de distritos uninominales, de los cuales existirán mínimo dos por departamento y serán conformados por subregiones o provincias. Los criterios establecidos para su creación son “equidad de población (dentro de un departamento), contigüidad, afinidades culturales (provincias/subregiones) y/o territoriales (topografía, vías, etc.) y respeto a las fronteras de los departamentos y de los municipios”. Los expertos de la Misión aclaran que, dependiendo de su población, las capitales o las ciudades grandes podrán subdividirse en varios distritos.

Con esta serie de cambios, la MEE considera que el sistema electoral mejorará porque existirán incentivos para el fortalecimiento de partidos, se atacará la competencia intrapartidista y el personalismo, y se reducirán los costos de las campañas: en el Senado se realizará una sola por partido, y en la Cámara de representantes se realizará una por partido por departamento (porción plurinominal) y otra por un candidato por partido en un territorio acotado (porción uninominal). También se plantea el uso de las listas cerradas para las elecciones a consejos municipales y asambleas departamentales.

En este apartado, Tolosa destaca la sustitución del voto preferente por la inclusión de listas cerradas, porque de esa manera se acaba una “forma de promoción de microempresas electorales que difuminan la identidad de los partidos, puesto que los obliga a hacer ejercicios de democracia interna para escoger a sus candidatos en listas únicas”.

En cambio, Flórez lamenta que no se haya incluido el voto obligatorio para acabar con el clientelismo: “Para nosotros es importante no solo porque Colombia tiene la abstención más alta de América Latina, sino porque el clientelismo y la perpetuación de ciertos caciques electorales se ha hecho sobre la base de que llegan a comprar o controlar una franja muy pequeña pero significativa de la votación. En tanto se amplíe el número de votantes, creemos que es imposible que compren el conjunto necesario de votos, y en ese sentido se amplía la posibilidad de nuevas propuestas para los ciudadanos. Es importante no sólo para combatir la corrupción sino para la apertura política en el país”.

Financiamiento de la política
En este punto, que ha sido centro de polémica en los últimos meses por cuenta de las últimas elecciones presidenciales, la MEE busca “generar un modelo de financiamiento de la política mixto, preponderantemente público, con aportes directos e indirectos; con una reducción del costo de la política, en particular de las campañas; con mayores y efectivos controles, con mayor transparencia; oportunidades para nuevas organizaciones políticas”.

Es así como plantea un incremento del aporte estatal a los partidos, “distribuido a partir de nuevos criterios que incluyen la equidad (25%), una mejor consideración de la presencia en los distintos niveles (Congreso; poder local), de la presencia de actores tradicionalmente relegados (jóvenes, mujeres) y de la democracia interna”.

Sobre ese aumento, refiere que será distribuido en dos etapas: 50 por ciento antes del proceso electoral como anticipo (40 por ciento en base a resultados precedentes, 10 por ciento de manera equitativa) y 50 por ciento después de la elección (sobre los resultados). También fija mecanismos indirectos de financiamiento público, a través de pauta en medios de comunicación y transporte público en la jornada electoral.

En cuanto a la financiación privada, plantea como requisitos que las donaciones en especie deben tasarse y contabilizarse por su valor comercial, y que los donantes justifiquen su capacidad económica y el origen de los recursos; pone límites a las donaciones privadas a campañas presidenciales y topes en valor absoluto a aportes personales y a donaciones; y fija como prohibiciones los créditos que no sean bancarios, la contratación de publicidad por terceros y las donaciones de organizaciones sin fines de lucro.

Y para el control de las campañas, conserva los topes de financiación y promueve un “control más efectivo por parte de la autoridad electoral de las rendiciones de cuenta, de la pauta en medios de comunicación y delos principales rubros de gasto”.

Las propuestas planteadas por la Misión tendrán que ser discutidas por los partidos políticos y ser aprobadas por la vía del Fast Track en el Congreso de la República, que es una modalidad expedita que se creó en el Acto Legislativo para la Paz, para tramitar las leyes y reformas relacionadas con la implementación del Acuerdo Final

Tras conocer el documento de la MEE, el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, instó a los partidos políticos a apostarle a la reforma: “Es muy importante que todos aprovechemos esta oportunidad y estemos a la altura del momento. Creo que nos reformamos, se reforman o los van a reformar. Me parece que con esa última opción no sabemos en dónde van a terminar. Si las cosas se hacen de manera sensata y discutida, llegamos a buen puerto; si nos vamos por la estrategia del avestruz, de la negación y de pensar que todo está perfecto, nos lleva después el vendal. De manera que más allá de qué tan acertadas ustedes hayan considerado las diferentes propuestas de la Misión, me parece que son serias y el debate está abierto. Es muy satisfactorio ver que comenzó la discusión”.

Nota de la redacción: VerdadAbierta.com no pudo obtener declaraciones de representantes de los partidos tradicionales. En algunos casos indicaron que no conocían las propuestas, y en otros no fue posible entablar comunicación.

Tomado de verdadabierta.com



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