Por: Ferney Silva Idrobo

Ferney Silva IdroboGenaro fue sancionado por no cumplir con las normas urbanísticas de la ciudad, es un hombre de estrato 2 que vive en los barrios periféricos; pero su enojo va más allá, nace y se origina como en el libro de Fernando Soto Aparicio “La rebelión de las ratas”, justicia estratificada de forma constante que hace parir infamias.

¿Que está por encima de la Justicia? ¡Solo la misericordia divina!

El Estado y quienes lo representan se han caracterizado por malograr los esfuerzos comunes de la sociedad; desde 1995 con el decreto ley 2150 el Gobierno “reconoce” la ineficiente labor de los entes municipales en lo que tiene que ver con la planificación urbana y rural, para lo cual, delega parte de sus funciones a las Curadurías urbanas, con el fin de prestar un servicio más eficiente y ágil a la comunidad.

Las Curadurías con delegación de función pública, autorizan licencias de parcelación, urbanización, construcción y subdivisión de predios, vigilan el cumplimiento de las normas y generan ingresos por impuestos que se derivan de ello.

Los Curadores, deben ser profesionales de la arquitectura o la ingeniería, tener un posgrado en urbanismo, planificación territorial o urbana, entre otros requisitos; son designados por los alcaldes municipales por periodos de cinco años, previo concurso de méritos de una lista de elegibles y sus honorarios se definen por los metros cuadrados autorizados por los mismos, es decir, a más metros cuadrados más honorarios.

El boom en la construcción en ciudades como Popayán, dinamizan el empleo y la economía de la región. Pero algo no está saliendo bien, observamos cómo hay construcciones a menos de 15 metros de la rivera de los ríos, casos cómo la construcción “nueva” del edificio de la Dian que casi se devora al rio Molino, revisen las riveras del rio Cauca que pasa por la ciudad y encontraran construcciones autorizadas en los últimos años que violentan el ambiente natural del rio Cauca. ¿Inminente peligro de desastres?

Modificaciones en el centro histórico, decretos municipales que contrarían la naturaleza de las normas nacionales, como la maléfica interpretación de las subdivisiones en especial la Unidad Agrícola Familiar para la zona rural, ¿cree que en 500 metros cuadrados un campesino pueda garantizar ingreso digno? la naturaleza desde la Ley 160 de 1994 es para que los campesinos puedan garantizar un ingreso que construya patrimonio y proteja a la familia rural, pero con asombro encontramos como en el pasado hay normas locales que se estiran de acuerdo con la necesidad del urbanizador en comandita con servidores públicos.

Ahora, el creciente negocio de invadir predios del Estado, donde mercadean con la necesidad de los más pobres de la ciudad, con el beneplácito, en algunos casos de autoridades, empresas de servicios públicos, gobierno y Corporaciones Autónomas.

El déficit de vivienda en Popayán está estimado en más de diez mil y sigue aumentando, es necesario un plan para ofrecer alternativas de solución a las necesidades de quienes habitan la ciudad y armonizarla con los municipios que originan la migración, así procurar soluciones desde el origen, sino en el futuro se hará ingobernable desde la planificación, como sucede en ciudades como Cali, Bogotá y Barranquilla.

La Procuraduría debe preparar a sus funcionarios para que técnicamente tengan la capacidad de revisar, vigilar y controlar las actuaciones de las Curadurías y las Corporaciones Autónomas.

El municipio debe reformar normas y actualizar el POT, uso de suelos, entre otros; para así, planificar la ciudad de los próximos 20 años de acuerdo con su perfil social y económico.

Las Curadurías y la Corporación Autónoma, deben reconocer que la responsabilidad no es solo con los constructores, sino con toda la ciudad, no vayamos a terminar como la Cándida de Fernando Soto Aparicio.






pORTADA OCTUBRE 2017
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