PDET Diana Granados
Por Diana Granados Soler

Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hacen parte del punto N°1 de los Acuerdos de paz derivado del proceso de negociación entre el gobierno nacional y las Farc- Ep. De acuerdo al decreto N°893 del 28 de mayo de 2017, expedido en el marco del mecanismo de fast track, y con relación al punto 1 del Acuerdo de paz, los PDET tienen por objetivo principal "lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad”, entre otros propósitos buscan asegurar el bienestar y buen vivir de la población en las zonas rurales, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de [los pueblos, comunidades y grupos étnicos], mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales, desarrollo e integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, el reconocimiento y la promoción de las organizaciones y las comunidades y la construcción del campo como un escenario de reconciliación.

Han sido priorizadas 16 zonas PDET que incluyen 170 municipios en diferentes partes del país, todas ellas atravesadas por el conflicto armado, altos niveles de pobreza, presencia de cultivos de uso ilícito y “debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión”. En el caso del departamento del Cauca, se definieron dos PDET. El primero de ellos cobija los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay que junto con Buenaventura hacen parte del PDET Pacífico Medio. De otro lado, está el PDET Alto Patía- Norte del Cauca, que cobija los municipios de Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, el Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío, en el Cauca, Cumbitara, Policarpa, El Rosario, Leiva y Los Andes, en Nariño y Florida y Pradera en el Valle del Cauca.

Sin duda es una de las apuestas nodales del acuerdo de paz porque no solo prevé un camino participativo para su construcción sino que permitiría la definición y ejecución de propuestas de desarrollo macro regional tendientes a mejorar las condiciones de vida, sobre todo de zonas rurales y municipios enormemente afectados por el conflicto. No obstante los riesgos y retos también son diversos para asegurar una efectiva transformación del campo colombiano, aspecto central para la construcción de una paz estable y duradera.

Riesgo N°1 ¿Quién, cómo y para qué participa?
En el mes de agosto de este año el componente FARC de la CSIVI-Comisión de seguimiento e impulso a la implementación y verificación del Acuerdo de Paz, emitió un comunicado en el que llamaba la atención sobre el desconocimiento que hizo el gobierno de la participación de las FARC en el proceso de “implementación normativa” y especialmente a los “deficitarios espacios de participación para las comunidades” haciendo alusión a que esta situación ya se había presentado con el proyecto de “Ordenamiento Social en la propiedad”, todos asuntos clave para el desarrollo de la Reforma Rural Integral, estipulada en el Acuerdo.

Este pronunciamiento alerta sobre el enfoque de participación que suele imponer el gobierno: amplio hasta donde él lo defina. De hecho, el proceso de construcción de los PDET con convocatorias a preasambleas veredales arrancó en algunos municipios del Cauca sin garantizar una “amplia participación” y tomando por sorpresa a comunidades y actores locales. La ART (Agencia de Renovación del Territorio) es la encargada de hacer operativo el proceso de construcción de los PDET, en muchos casos se trata de funcionaros y funcionarias con reconocimiento en las comunidades y organizaciones, no obstante no basta con la buena voluntad sino con la capacidad de hacer un proceso de convocatoria realmente suficiente para garantizar presencia de los diversos actores y sectores de los municipios.

Si bien el Decreto 803 reconoce la participación de comunidades étnicas y la concertación de mecanismos de participación y construcción del PDET y el Capítulo étnico hace énfasis en la consulta previa libre e informada, es necesario pensar la forma de garantizar la participación diferenciada de la población así como los escenarios para llegar a consensos puesto que se trata de un solo PDET de alcance regional. En el mismo sentido, las garantías de participación si queremos llegar a una equidad de género promovida por el Acuerdo de Paz, es clave el tipo de medidas que se tomen para lograr una participación paritaria. Días de la convocatoria a asambleas y preasambleas, condiciones para que las mujeres y disidentes de género puedan ser elegidas como representantes para participar en los espacios veredales, municipales, subregionales y regionales son aspectos importantes para una participación efectiva de todas y de todos.

Riesgo N°2 Alcance temático y niveles de implementación.
Los PDET han propuesto 8 temas o pilares de construcción de pactos, propuestas y acuerdos. Estos ejes van en conexión con los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, también consignados en el punto N°1 del Acuerdo de paz: Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, reactivación económica y producción agropecuaria, educación rural, vivienda potable, agua y saneamiento, derecho a la alimentación, reconciliación, convivencia y paz, infraestructura y adecuación de tierras y salud rural. Todos los pilares de vital importancia para una transformación del campo que otorgue derechos, poder político, administrativo y presupuestal a las regiones. No obstante, el riesgo está en dos sentidos: el primero, que las comunidades no logren consensuar propuestas de alto impacto y beneficio para la “región” que conforma el PDET y dos, que otros actores con poderes políticos y económicos como el empresariado y la propia institucionalidad impongan sus agendas sin consenso con las comunitarias. La metodología del PDET está pensada para construir pactos y acuerdos entre los diversos actores, sin embargo de la capacidad y voluntad política real de estos actores y de las garantías que otorgue el proceso depende que realmente sean acuerdos y no imposiciones de quién esté en la mejor posición en la corelación de poderes.

Este es un tema de especial importancia sobre todo cuando se discuten temas tan relevantes como el ordenamiento territorial, la propiedad rural y el uso del suelo. Una real transformación garantizaría el acceso a la tierra a las comunidades que han peleado por ella y mostrado el déficit de la misma: las poblaciones han sido despojadas, han crecido numéricamente y la tierra sigue siendo insuficiente, la tierra despojada, por ejemplo, en zonas como el Cauca ha sido avasallada con agroproyectos como la caña, con enormes consecuencias medio ambientales y con dinámicas de explotación laboral de quienes otrora tenían una vocación agrícola.

Si el PDET logra un avance en las políticas de ordenamiento territorial y de garantizar el acceso y el derecho de las comunidades al agua y a la tierra, podría tener un alcance real en la transformación del campo. En realidad, esta vez no se trata de proyectos productivos, sino de reformas sustanciales. De este modo, las garantías de participación y la voluntad de los poderes económicos tendrán la palabra para un avance consistente con relación a las posibles transformaciones.

Riesgo N°3: Un estado fortalecido y una institucionalidad comunitaria al margen
Uno de los criterios de elección de los municipios para ser parte de los PDET es la débil presencia institucional. Este aspecto nos lleva a otro de los nudos clave de la discusión en la transición política que enfrenta el país. Si bien, es central que el estado como garante de los derechos sea robusto y cumpla con sus funciones en las regiones, es decir, que las entidades territoriales tengan los mecanismos y recursos necesarios para cumplir con sus objetivos de acuerdo a la constitución, es también relevante que los PDET permitan un reconocimiento y garantías para que los gobiernos autónomos y organizaciones comunitarias puedan ser reconocidos y tener garantías para fortalecer sus apuestas organizativas y de poder popular. Un estado asfixiante de estas iniciativas sólo prolongará la exclusión política que han tenido los procesos comunitarios y organizativos en las regiones y reducirá su capacidad de acción lo cual como siempre será objeto de conflictos y tensiones en las regiones. El PDET solo no podrá resolver la exclusión política pero tiene que dar pasos y asegurar condiciones para que las comunidades puedan desarrollar sus planes de vida y de desarrollo comunitario que no son una cadena de “pequeños proyectos” sino que son también una aspiración de construcción de institucionalidad propia.

Finalmente, más que un riesgo se trata de un desafío: los PDET están planteados al menos desde su intención con un componente de participación, si bien su cobertura es limitada, el desarrollo de los mismos constituye una prueba real sobre la voluntad de paz del gobierno, las élites política y económicas y de manera paralela sobre la capacidad comunitaria para tomar decisiones sobre el tipo de desarrollo que quiere. El ejercicio de participación que de aquí se derive podría ser clave para pensar avances en la mesa de negociación entre el gobierno nacional y el ELN, en el sentido que constituye una puesta en práctica de un escenario de participación y de consenso entre actores de la sociedad civil. Sin duda la concreción de los PDET aterrizará la real disposición y capacidad de apertura política, democrática y económica de las élites colombianas y podrá ser un buen síntoma para avanzar en la mesa de Quito o un muy mal precedente.







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