consejo de seguridad santander de quilichao
Por Jaime Soto Palma

Tratar los temas de seguridad de Santander de Quilichao es, tal vez, entre otros uno de los más complicados y complejos de abordar por la multiplicidad de los actores que perviven en función del delito y el crimen, desde las pandillas y bandas de barrios, pasando por el microtráfico, el narcotráfico, las oficinas de cobro, la minería ilegal y bandas criminales; exparamilitares y exguerrilleros de las FARC y la presencia armada del ELN. En fin, un salpicón de lo más variado que supera a la institucionalidad para efectos de controlar y prevenir el delito.

No obstante, lo anterior no ha sido óbice para que las autoridades no hayan actuado, en el 2017, cerca de 30 criminales pertenecientes a temidas bandas delincuenciales que operan en este municipio; de los “Car Audios” y “Los Pambos”, y de otras, fueron arrestados, y dos delincuentes, reconocidos por su ferocidad cayeron en diferentes enfrentamientos con la policía en el sector del barrio El Porvenir y Nariño. Igualmente, según datos de la fiscalía, se registró la captura de 190 personas, algunos menores de edad, por los delitos de robo y hurto, y se presentó la cifra más baja, según el observatorio del delito, de homicidios de los últimos 15 años, 43.

Desdecir entonces, tal como algunos ciudadanos lo vienen haciendo, que las autoridades no han actuado, que se ha dejado a la población a merced de la delincuencia, que este municipio es ahora tierra de nadie que se “puertotejadizó” a raíz, al parecer, de los resultados de un enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales dedicadas al oficio del narcotráfico las cuales han dejado en lo corrido del 2018 personas asesinadas, es poner, por un lado, en entredicho los esfuerzos de la fuerza pública por dar seguridad -esfuerzos que también se censuran cuando se hacen retenes, se inmovilizan motocicletas sin placas y sin documentos o, cuando se retiene a un sospechoso-, es colocar en el imaginario de la sociedad que a la delincuencia de este municipio hay que darle garantías de que no se maten ni maten, que hay buenos y malos, y que mientras actúen en sigilo no pasa nada con ellos, y por el otro, sesgar la información sobre un fenómeno que está ocurriendo en este municipio y en otras regiones del país con otros actores armados igualmente temibles, peligrosos y poderosos.

Fenómeno este asociado, a propósito, con la minería ilegal la cual se disparó de nuevo en Santander de Quilichao con la complicidad, al parecer, de algunos funcionarios corruptos; a la presencia de actores armados sin identificar en el sector rural de este municipio asociados con exguerrilleros y bandas criminales, BACRIM, los cuales vienen aterrorizando a la población con retenes y amenazas, y también aconductandolas con ciertas normas de comportamiento para ejercer pleno dominio sobre ellas y ellos, y con el copamiento por parte del ELN de los territorios dejados por las FARC. Fenómeno sin duda que, debería ser motivo de preocupación y de alarma por lo que esto representa para el bienestar y la tranquilidad pública, y por las consecuencias que a futuro la disputa de los ilegales por el territorio podría traer.

Es claro, entonces, que no se está hablando hoy en Santander de lo mismo de hace algunos años, sino de un fenómeno diferente donde la autoridad local, pese a sus esfuerzos, podría estar siendo rebasada por la diversidad de actores. Por ello y, si bien es cierto, los Consejos de Seguridad son importantes para evaluar y proponer políticas locales de seguridad al amparo de hechos deleznables como los ocurridos en los últimos días, lo que realmente necesita este municipio y en general casi que la totalidad de este departamento, es una política de Estado orientada a fortalecer con efectivos de manera permanente la fuerza pública; Policía y Ejército, en los municipios, fortalecer el aparato judicial, la inteligencia y dotarla de tecnología, apoyar con lo que requieran los esfuerzos de las autoridades indígenas para su ejercicio de control territorial respetando, eso si, su derecho a la autonomía y el carácter pacifista de sus acciones, e implementar lo acordado en la Habana en materia de territorialidad, proyectos productivos, salud, educación, vivienda y género, entre otros, así como el cumplirle a los excombatientes de las FARC con el auxilio de 660.000 mensuales por seis meses, en su reincorporación y seguridad, para que dada su formación militar no sean tentados por bandas criminales.

En definitiva, si el Estado no cambia su estrategia de seguridad, a quienes nos duele este país, muchos, muchísimos lo lamentaremos.




portada enlace agosto 2018
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