Las autoridades locales deben saber que si colapsa, no se trata simplemente de la afectación de un bien público, no, porque este no es cualquier bien sino uno especial que está sujeto a una protección especial por ser un Bien de Interés Cultural BIC del orden municipal.

Sobre su deterioro desde el 2016 se ha venido informando al alcalde de la localidad Álvaro Mendoza Bermúdez, al Secretario de Infraestructura y al director de la oficina de Riesgos y Desastres.

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Por Jaime Soto Palma
En el país con frecuencia solemos escuchar por distintos medios que tenemos una Constitución cultural porque no menos de 12 artículos aparecen consagrando este derecho. Y puesto que donde hay un Derecho hay también un deber, una obligación y una garantía, en 1997 se expidió la Lay General de Cultural la cual en rigor de la constitución de 1991 definió el Patrimonio Cultural de la Nación en los siguientes términos, “El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana (...), así como los bienes materiales de naturaleza muebles e inmuebles, a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico (...)”, por lo que debe ser conservado y preservado para estas y las futuras generaciones.

En Colombia desde 1920 se viene legislando sobre el particular; Ley 47 de 1920 por medio del cual se dictan disposiciones sobre bienes de interés público (...), Ley 103 de 1931 por medio del cual se declaran de utilidad pública los monumentos (...), Ley 36 de 1936 se aprueba el tratado para la protección de (...) y monumentos históricos (Pacto de Roerich), Ley 163 de 1959 se dictan medidas sobre la defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación, Ley 45 de 1983 aprobatoria de la convención para la protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación (Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), Ley 80 de 1989 por medio del cual se establecen funciones para salvaguardar, difundir y conservar el Patrimonio Documental del país (...), Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial, Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, Ley 599 de 2000 Aprobatoria Código Penal, y Ley 1185 de 2008 o Ley del Patrimonio Cultural por medio del cual se modifica y adiciona la Ley 397, entre otras.

De la constitución también emanan; el Articulo 8, Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; el Artículo 72, El patrimonio Cultural de la Nación está bajo la protección del Estado; el Articulo 95, Son deberes de la persona y el ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; el Articulo 313, Corresponde a los concejos municipales -numeral 9- dictar las normas necesarias para el control, la preservación, y la defensa del patrimonio ambiental y cultural de los municipios, entre otras. También destacan un número importante de decretos, acuerdos nacionales y regionales, y resoluciones.

Igualmente, mediante el acuerdo 022 de 2002 el Concejo Municipal de Santander de Quilichao aprobó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT del Municipio en el cual se incluyó en el acápite PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO como inmuebles de Interés Patrimonial, entre otros, la Casa Consistorial para efectos de conservación por su valor histórico y por ser parte de la memoria colectiva urbana de la población.

La Casa consistorial es una edificación pública de carácter histórico de gran valor patrimonial. Construida en 1879 fue el escenario de los sucesos y decisiones políticas más importantes de Santander de Quilichao en un periodo de agitación y agrias confrontaciones políticas. Esta edificación fue construida con una tipología sencilla en forma rectangular donde su mayor longitud corresponde a la fachada principal. Muros de adobe de entre 80 y 60 cm de espesor soportan la estructura de dos plantas en las cuales se distribuyeron, en su época, diferentes actividades referentes al gobierno de la ciudad: despachos, salones, archivo, coso, cárceles para hombres y mujeres, y hospedaje para la guardia.

También, y dada la funcionalidad de este tipo de construcciones tuvo que haber servido de escuela pública para niñas. Actualmente allí funcionan, la Secretaria de Salud Municipal y Planeación, la Oficina de Atención de Desastres y Vivienda, y el Concejo Municipal, entre otros.

Del mismo modo, mediante el acuerdo 023 de 2004 el Concejo Municipal acordó la creación de la estampilla PROCULTURA; el 1% del valor total de los contratos, ordenes de prestación de servicios y ordenes de trabajo (...), superior a diez (10) S.M.L.V (...), con destino, articulo 4, a priorizar “Acciones dirigidas (...), al fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata el artículo 18 de 1997”. Expresiones culturales, apropósito, que se encuentran debidamente categorizadas en el marco normativo de esta ley, entre otras, las artes plásticas, las artes musicales, las artes escénicas, las expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural, y también el Patrimonio.

De este 1% el cual representa anualmente 165 millones de pesos en promedio, no se ha hecho inversión alguna en la Casa Consistorial para su mantenimiento y conservación en los últimos 8 años, ni siquiera para tapar las goteras.

Luego en el 2008 se expidió la Ley 1185 por la cual se modificó y adicionó la Ley General de Cultura, la Ley 397 de 1997, con el fin de involucrar distintos actores en la gestión, salvaguardia y protección del patrimonio cultural material e inmaterial de los colombianos. Con esta ley, también denominada Ley de Patrimonio Cultural, todos los bienes muebles e inmuebles con especiales valores de identidad fueron homologados a la categoría de Bienes de Interés Cultural BIC los cuales quedaron sujetos a un Régimen Especial de Protección REP.

En efecto, quedaron subsumidos u homologados a la categoría BIC los bienes muebles del Patrimonio Arqueológico y los que con anterioridad a dicha Ley hubieran sido declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica y arquitectónica, y conjuntos históricos, por instancias naturales como el Congreso de la República o administrativas como los concejos y las asambleas departamentales. También los bienes muebles o inmuebles de las mencionadas categorías que fueron incorporados a los Planes de Ordenamiento Territorial por las municipalidades.

En este orden de ideas, es de resaltar que, en los últimos años a la Casa Consistorial, pese a su importancia y a su categoría de Bien de Interés Cultural del orden municipal, los alcaldes ni la Secretaría de Educación y Cultura le ha destinados recursos para su mantenimiento, conservación, preservación y restauración, por lo que hoy es una edificación que amenaza ruina, que pone en riesgo la vida y la salud de los funcionarios de las distintas dependencias de la alcaldía municipal que laboran en sus instalaciones, de los particulares, y de los concejales; 15 en total, los cuales, no obstante ser a quienes les corresponde dictar las normas para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ambiental y cultural del municipio, no han hecho absolutamente nada para impedir su deterioro, constituyéndose en una conducta omisiva, claramente contraria a nuestra legislación y en consecuencia con posibles efectos penales, civiles, administrativos y fiscales.

Finalmente no está por demás recordar que, “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (...), Son deberes de la persona y el ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”.


Imágenes que evidencian el deterioro actual de la Casa Consistorial



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