Mineria Ilegal

Hasta el momento el saldo de la tragedia son 3 muertos, dos heridos y cerca de 30 personas atrapadas, las labores de búsqueda continúan para llegar hasta el punto donde estarían las cerca de 30 personas, que según la comunidad y mineros artesanales, estarían atrapados por el lodo.

Este medio informativo en diferentes artículos ha venido alertando a la comunidad sobre esta amenaza. Espere informe completo en los próximos minutos.


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Minería ilegal en Santander de Quilichao






 
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241 títulos mineros otorgados en su mayoría a grandes multinacionales para la explotación de 350.447 hectáreas concesionadas en el Departamento del Cauca, el equivalente al 10% de la totalidad del territorio, y la prospectiva de otras 610 solicitudes que son atendidas por la Agencia Nacional de Minería y con las que se alcanzaría a copar casi que el 90%, resumen el triste panorama que se le podría advenir a uno de los Departamentos más ricos en biodiversidad y en recursos hídricos del país y del mundo.

Lo anterior, hizo parte de una investigación adelantada por el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, la cual fue presentada en el marco de una Audiencia Pública denominada "Situación Minera en los Territorios Afros e Indígenas en el Norte del Departamento del Cauca" llevada a cabo hoy en la sede de la Universidad del Valle en Santander de Quilichao. Esta audiencia, fue organizada por la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas UOAFROC, La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACONC.

De acuerdo a la investigación, a la minera sudafricana AngloGold Ashanti, el Estado colombiano le ha otorgado 41 títulos mineros y están en estudio otras 67 solicitudes; a la Votoratim Metais, brasilera, le ha otorgado 11 títulos y en estudio están otras 6 solicitudes; a la AgloAmerican, inglesa, le ha otorgado 6 títulos y ha solicitado otros 36, y a Cerro Matoso, colombiana, uno. En espera de que le sean aprobados títulos mineros se encuentran: ContinentalGold Ltda, 12; H Mines S.A.S, 8 y a la Cl Uragold, 7.

En el norte del cauca, se han otorgados 90 títulos mineros donde a la AngloGold Ashanti Colombia con 5 en una extensión de 10.946 hectáreas, aparece, como la primera en orden de importancia, y hay en estudio otras 228 solicitudes que abarcan 168.478 hectáreas, es decir, un poco más de la tercera parte de este territorio.

Igualmente se han otorgado títulos mineros en zonas de resguardos y en casi la totalidad del territorio donde tienen asiento Territorios Coléctivos y Consejos Comunitarios Afros.


DECLARACIÓN FINAL DE LA AUDIENCIA

En el marco de la Audiencia Pública fueron formuladas las siguientes exigencias: Qué el Gobierno Nacional reformule la política minero-energética en el marco del respeto a los Derechos Humanos y que se consulte con las comunidades todos los procesos relacionados con la minería, la entrega de títulos mineros y la expedición de licencias ambientales; qué sean reconocidas las comunidades indígenas en el marco del derecho propio como autoridades ambientales; qué la condición de los Consejos Comunitarios Ancestrales y los Territorios Coléctivos sean reconocidos como entidades territoriales para que ejerzan de manera la autónoma como autoridades ambientales; que se integre una mesa de diálogo entre el alto gobierno y sectores comunitarios para la restructuración de una política minero-energética que respete el espacio de vida de las comunidades y garantice la justicia ambiental para esta y las próximas generaciones; qué se reglamente los capítulos 4, 5 y 6 de la ley 70 de 1993 para garantizar el ejercicio del derecho ancestral a la minería de los pueblos afrocolombianos; qué las autoridades competentes intervengan, detengan y desalojen las máquinas retroexcavadoras que en los territorios afros están al servicio de la minería ilegal; qué se pongan en marcha planes de compensación por los daños ambientales causados por la minería ilegal; qué se frene la adjudicación de licencias y títulos mineros a multinacionales y se declare la nulidad de los contratos de concesión otorgados, entre otras.




Vivienda-afectada

58 familias cuyas viviendas resultaron afectadas por la explosión de un carro bomba el pasado 16 de octubre de 2013 en la vereda Mandivá de Santander de Quilichao, pasados 7 meses, no han recibido ninguna ayuda por parte del Gobierno Nacional pese a las promesas. En este atentado varias viviendas fueron declaradas en pérdida total y sus ocupantes tuvieron que abandonarlas, otras están siendo reparadas por sus propietarios ante el incumplimiento del gobierno.
Tampoco, se han iniciado las obras de reparación del puente sobre el rio Mandivá que continúa con paso restringido por un solo carril y en el que ya se han presentado varios accidentes en horas de la madrugada. Por fortuna, ninguno que lamentar, hasta ahora.

Este atentado perpetrado por las FARC dejó además siete personas heridas de una misma familia y daños materiales en una escuela pública.

Puente-afectado


Eldesencuentro-entredos-alcaldes

Tres temas fueron abordados hoy por la Asamblea Departamental que sesionó en el municipio de Caloto. El primero de ellos versó sobre el incumplimiento de Guachené a los acuerdos del 2012 en los cuales este municipio se comprometía a devolver a Caloto la etapa uno del Parque Industrial y a responder por el 50% de la deuda pública, dejada, al momento de segregarse, el segundo, Minería Ilegal y el tercero, Conflicto Armado.

Sobre el incumplimiento de los acuerdos, esta es, una historia sin fin. El primer acuerdo al que se llegó data del 2007 cuando Juan José Chaux Mosquera se comprometió a revisar el decreto mediante el cual se creó el municipio de Guachené para lo cual, incluso, se integró una comisión que al final recomendó revisar el trazado de los nuevos límites territoriales de los dos municipios y estipuló las condiciones en las que Guachené tendría que acceder a la carga fiscal del 50% de la deuda pública; igualmente, entre el 2008 y el 2011, se suscribieron dos acuerdos de los cuales uno parcialmente se cumplió y el último, en el 2012. Todos estos acuerdos han sido reiteradamente incumplidos por el municipio de Guachené y han coincidido en la vana ilusión de que este municipio devolverá la etapa uno del parque industrial y responderá por el 50% de la deuda pública del municipio de Caloto.

Pero, el incumplimiento de Guachené a los acuerdos tiene varias razones de peso. Una de ellas es que Guachené, con una deuda que podría estar hoy entre los 18.000 y 20.000 millones de pesos, estaría en el ranking de los municipio más endeudado del Departamento del Cauca, y otra, es que ceder la etapa uno del parque industrial, le significaría renunciar a los tributos de las empresas allí establecidas con los cuales paliaría una parte importante de esa deuda. La deuda que hoy alcanza Guachené corresponde a obligaciones contraídas con el sector financiero en los últimos 8 años.

Lo paradójico es, que la negativa de Guachené, que sin duda tendrá que zanjarse mediante un fallo judicial, le ha representado hasta hoy un incremento adicional innecesario de no menos 8.000 millones de pesos, pues entre el 2006 y el 2014 la deuda pública de Caloto pasó de 53.000 millones de pesos a cerca de 70.000. Esta circunstancia y otras que aparecerán en el momento de reliquidarse la deuda, que debe corresponder, repito, a un juez de la República para que dé mayor claridad al proceso, pondrán a Guachené en un estado de extrema vulnerabilidad financiera.

Lo que no queda claro es, ¿Por qué el alcalde de Caloto no ha demandado ante un juez de la República el incumplimiento de Guachené y por qué, apenas ahora, y faltándole 18 meses para culminar su mandato, ventila públicamente en el escenario de la Asamblea Departamental, que no es, apropósito, el mejor escenario, el tema del acuerdo del 2012? ¿Qué acciones ha adelantado el alcalde de Caloto ante el Consejo de Estado para que este órgano judicial decida sobre la demanda de ilegalidad del decreto que dio vía libre a la creación del municipio de Guachené y que fue instaurada en el 2006?

La respuesta es que detrás de todo esto, pareciera ser, que hay intereses marcadamente políticos y estrategias palpablemente publicitarias que pretenden generar opinión en cada una de las localidades y así no funciona la cosa.
Con respecto a los otros dos temas abordados por la Asamblea Departamental, conflicto armado y minería ilegal, es suficiente decir, que no son competencia de este organismo.


Eldesencuentroentre-dosalcaldes



Incautanalimentosvencidos

Medicamentos vencidos, productos enlatados y granos y abarrotes en malas condiciones, fueron decomisados hoy por las autoridades en un operativo de control llevado a cabo en el granero denominado Los Paisas localizado en la carrera 12 con calle 5 del centro de la ciudad.

Mercancía valorada en 100 millones de pesos fue puesta a disposición de las autoridades. Dentro de los productos incautados aparecen tarros de leche de distintas marcas, frijol, arroz, tabletas de acetaminifen, aspirinas y ampicilinas entre otros. En este operativo participó la Sijin, la Secretaria Departamental de Salud, la Secretaria de Salud Municipal y la Secretaria de Gobierno.

Con este operativo "se evitarán posibles afecciones a la salud de los consumidores" señaló el mandatario local Luis Eduardo Grijalba Muñoz.

 

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