Tomado del espectador.com

De acuerdo con la más reciente auditoria al capitolio, en el Senado se encontró un detrimento fiscal por $1.765 millones y en la Cámara de Representantes por $921 millones.


congreso1La Controlaría en su más reciente informe, denunció los hallazgos fiscales por más de $2.600 millones que encontró en el Congreso de la República luego de la auditoría realizada por el organismo. Según el documento, en el Senado se formularon hallazgos con incidencia fiscal por valor total de $1.765 millones, por los siguientes hechos:

Entre marzo y septiembre de 1999 la Dirección General Administrativa del Senado no realizó el pago y liquidación de la totalidad de los aportes pensionales al Fondo de Previsión del Congreso, motivo por el cual en la vigencia 2016 realizó abonos por dicho concepto, cancelando no solo los aportes que le correspondían como empleador, sino también los aportes a cargo de los empleados, es decir cerca de $277.0000 millones y con intereses de mora más de $ 716.000 millones.

“Esta situación consolida un daño al patrimonio en cuantía de $992.903.290,93, por los valores que corresponden al empleado, que no fueron descontados, y por los intereses de mora que se ocasionaron.”, explicó la Contraloría.

Sumada a la lista de hallazgos, la Contraloría informó acerca de las debilidades en la supervisión e del contrato celebrado para la modernización de las baterías sanitarias del Senado, lo que conllevó a un detrimento al patrimonio por $85.201.204,32, derivado de mayor obra ejecutada sin evidencia técnica.

En Cámara de Representantes
En esta parte el panorama no mejora, el informe de la Contraloría revela que, en la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, se formularon dos hallazgos con incidencia fiscal por más de $921 millones.

De acuerdo con el ente de control, los daños al patrimonio se relacionan con la celebración de contratos de intermediación para la venta de vehículos a través de subasta pública, específicamente en la determinación del precio mínimo de venta.

“Esto obedece a deficiencias en los criterios técnicos utilizados en la determinación de los avalúos y a debilidades en la labor de supervisión de dichos contratos firmados en los años 2015 e inicios del 2016”, detalla el documento de la Contraloría.

Además, el informe revela que en las irregularidades encontradas el detrimento se generaron tras descontar el valor comercial de los vehículos establecido en las tablas del Ministerio de Transporte, sumas de “Mantenimiento General”, “Vicios Ocultos”, y “Otros Descuentos (Logística de retiro y tiempos de entrega)”.

“Así como descuentos que corresponden a conceptos duplicados y por tanto no debían incluirse, dado que estaban a cargo del intermediario y hacían parte de la comisión a pagar por el servicio de intermediación, o no figuraban entre los deducibles permitidos por el marco normativo para este tipo de procesos contractuales”, se revela en el informe.




bacrim

Hace 7 meses, el país vio cómo miles de guerrilleros de las Farc abandonaban sus campamentos y se concentraban en 26 zonas y puntos veredales. Desde ese momento, las autoridades sabían que otros actores armados intentarían copar los lugares que abandonaba la guerrilla. Y así pasó: el Eln y las Autodefensas Gaitanistas –conocidas como Clan de Golfo por las autoridades– son ahora la amenaza más certera para la seguridad de esas regiones del país. Lo demuestra el informe Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición: radiografía necesaria, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El documento acaba de ser lanzado y evidencia que tras la concentración de las Farc, los Grupos Armados Organizados (GAO como los denomina el Ejército) han ido ganando terreno en varios departamentos del país. Se han adueñado de rentas ilegales, regulan el comercio y, en lugares como Urabá y el suroccidente de Colombia, ejercen control social con “presencia estable”.

El informe de la FIP señala que “las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tienen 1.900 integrantes, pero podrían ser cerca de 3.500 si se tiene en cuenta a los que subcontratan y a los que usan su marca para asesinatos, microtráfico, cobro a expendios de droga y labores de inteligencia”.

Aunque las autoridades capturaron este lunes a 23 miembros de esta banda criminal en Caucasia (Antioquia), y a un jefe de finanzas de este grupo en Montería (Córdoba), como parte de la operación Agamenón II contra este grupo armado, “las AGC han sabido enfrentar al Estado al punto de poner en marcha redes de protección para diferentes sectores de la sociedad y del crimen transnacional, así como redes de intermediarios con carteles internacionales”, dice el informe.

Sobre el Eln, considerado como el otro gran enemigo de la implementación de la paz, el documento señala que “en algunas regiones parece estar más cohesionado que en otras”. De acuerdo con la investigación, desde la salida de las Farc de los territorios, esa guerrilla se pelea con las AGC el control de municipios en Chocó, Cauca, Bajo Cauca, Nariño y el Catatumbo.

Sin embargo, el hallazgo más revelador de este informe es el fortalecimiento del crimen organizado a nivel local, a través de bandas criminales emergentes. Estos grupos, conocidos por la Fuerza Pública como Grupos Delictivos Organizados (GDO), “están afectando y teniendo impacto humanitario sobre las poblaciones que en teoría se deberían estar viendo beneficiadas por la firma de la paz”, según Eduardo Álvarez Vanegas, director del área de Dinámicas del Conflicto de la FIP.

¡Pacifista! presenta las ocho bandas delincuenciales que representan una (no tan) nueva amenaza contra la seguridad del país.

Los Rastrojos
Esta banda criminal, fundada por alias ‘Jabón, ‘Diego Rastrojo’ y los hermanos Comba a principios de los 2000, tiene su radio de acción más amplio en Norte de Santander. Según el informe, “Los Rastrojos se reducen a un reducto de aproximadamente 80 integrantes que se ubica en Puerto Santander, municipio de Norte de Santander fronterizo con Venezuela. Allí habrían quedado replegados en 2013, luego de una disputa con Los Urabeños (hoy AGC), en la zona metropolitana y rural de Cúcuta”.

El documento señala que las principales actividades de esta Bacrim en la frontera con Venezuela son el narcotráfico, “que incluye comprar base de coca para transportarla a cristalizaderos en Colombia o al otro lado de la frontera”; y el “hurto de gasolina en Venezuela, que luego la transportan por trochas ilegales para distribuirla en territorio colombiano”. Los Rastrojos ejercen violencia en esta región a través de “asesinatos selectivos, el desplazamiento forzado, las amenazas y la intimidación por medio de panfletos”, según el informe.

La Cordillera
Lo que nació en los noventa como un grupo para controlar el microtráfico en Pereira, se convirtió en una banda criminal que funciona en el varios municipios del Eje Cafetero y del Valle del Cauca. “La principal actividad a la que se dedica esta organización es el narcotráfico. Dada la ubicación geográfica en la cual opera, La Cordillera articula las zonas de cultivo y producción con el punto de comercialización y consumo. Abastece las “ollas” y coacciona a pequeños distribuidores de cada zona para que le trabajen y le paguen un impuesto”, señala el informe.

Esta banda criminal ha utilizado,según el informe de la FIP, diferentes formas de violencia que van desde el desplazamiento interurbano, el reclutamiento de menores para labores ilícitas, la imposición de normas de conducta y la compra de policías y miembros de la Fuerza Pública.

Los Buitragueños
Herederos de Autodefensas Campesinas del Casanare, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de ‘Martín Llanos’, los Buitragueños son una organización armada al mando de “Carlos Noel Buitrago, alias ‘Porre Macho’, y Héctor Fabio Buitrago, alias ‘Ayaco’”, según el informe. “La principal actividad de esta organización es el narcotráfico, a partir de la cual lograron convertirse en nodo de una red de tráfico de cocaína que parte de Bolivia, pasa por Brasil y África y llega, finalmente, a mercados europeos”, dice el documento.

Los Botalones
Creada en 2008 por Arnubio Triana Mahecha, un paramilitar conocido con el alias de ‘Botalón’, esta banda criminal tiene zonas de influencia en el Magdalena Medio, en municipios como Landázuri, Cimitarra, Puerto Araujo, Puerto Berrío y Puerto Boyacá.

Según el informe de la FIP, “las principales actividades de esta estructura son el narcotráfico, el robo de hidrocarburos en el Magdalena Medio santandereano, la extorsión, el contrabando, el tráfico de armas y el sicariato. Los repertorios de violencia son principalmente el desplazamiento intraurbano, los homicidios selectivos, la ‘limpieza social’ y las amenazas”.
Los Caqueteños

Esta banda criminal nació y se sostiene gracias al “acopio de drogas para las organizaciones brasileñas que operaban en Leticia (Amazonas) y en las localidades de Caballococha, Cuchillococha y Santa Rosa, Perú”, según el informe. “Los Caqueteños son intermediarios entre las estructuras que cultivan y procesan la pasta base, y traficantes internacionales, principalmente de Brasil”.

Los Costeños
Este grupo armado opera principalmente en Barranquilla y municipios como Soledad, Puerto Colombia y Malambo, en Atlántico. “Esta organización se dedica, principalmente, al tráfico de drogas y armas de fuego en la zona costera que une a Cartagena y Barranquilla. Según investigaciones de la Fiscalía, la organización trabaja con delincuentes de esta zona, en especial, con varios expendios para el narcomenudeo en Cartagena”, dice el informe.

El documento también señala que “otra de sus fuentes de financiación es el cobro de extorsiones a comerciantes y transportadores, quienes pueden ser víctimas de asesinatos selectivos por medio del sicariato. Las investigaciones de las autoridades señalan que esta banda recibe cerca de 200 millones de pesos mensuales, producto de esta actividad”. Este grupo también podría tener influencia en municipios de La Guajira.

Los Pachenca
Según el informe de la FIP, no hay mucha información de esta banda criminal. Sin embargo, se cree que este grupo “hace parte de la estructura de subcontratación de las AGC”. Este grupo opera en varios departamentos de la costa Caribe colombiana y, de acuerdo al documento, “tiene una estructura más o menos jerarquizada: cuenta con un jefe o cabecilla mayor, luego con una serie de cabecillas intermedios como jefes de finanzas, de sicarios y de microtráfico, encargados de la distribución de las drogas a los expendios. Luego está una red compuesta por sicarios, cobradores de extorsión, distribuidores y vendedores de droga, informantes y colaboradores”.

El Clan Isaza
Este grupo nació en los años 70 como un ejército privado de pobladores del Magdalena Medio. Su principal promotor fue el paramilitar Ramón Isaza, quien luego comandó las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de las AUC. Según el informe de la FIP, “el Clan Isaza se encuentra en los municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo y San Luis, en Antioquia. Sus actividades son, principalmente, la prestación de servicios de seguridad a narcotraficantes, por medio de un sistema de ‘arriendo’ y custodia de fincas, en las que se montan laboratorios de procesamiento de droga”.

Tomado de pacifista.co

Las formas en las que ellas podrán participar en la justicia transicional quedó bajo la potestad de los futuros magistrados, lo que incrementa las dudas de si tendrán muchos espacios o no.

victimas jepLas víctimas son la columna vertebral del Acuerdo de paz. Así lo aseguraron los negociadores del gobierno nacional y las Farc durante los cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, y lo reiteraron tras la firma del Acuerdo Final el 24 de noviembre del año pasado en el Teatro Colón, de Bogotá.

Su papel se suponía que debía ser esencial, especialmente en el mecanismo para acceder a la justicia de los crímenes que padecieron y conocer la verdad de los hechos. Sin embargo, en su paso por el Congreso de la República, los debates sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se concentraron en otros temas, como la responsabilidad de mando de los militares, si los civiles financiadores iban de manera voluntaria o no, o los delitos que persisten a lo largo del tiempo de las Farc como narcotráfico o dineros ilícitos. Y muchos sectores consideran que no se precisó información importante sobre la participación de las víctimas.

Paula Robledo, la delegada de la Defensoría para Asuntos Constitucionales, expuso que no hay nada en el Acto Legislativo ni en la Ley de Amnistía e Indulto que precise cómo será la participación de las víctimas. El tema quedará en el reglamento que hagan los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Hubiese sido ideal que esto quedara mejor en la Ley Estatutaria que se construirá porque el hecho de ser elegido en Congreso significa más garantías, más representación. Pero quedó a potestad de los magistrados sin siquiera saber quiénes son”, precisó Robledo.

La Comisión Colombiana de Juristas se atrevió a ir un poco más allá y dedicó su más reciente informe, titulado ‘Participación de las víctimas en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición’, a precisar que los caminos podrían ser de manera directa o indirecta. Es decir, mediante desde lo que llaman un empoderamiento total en la construcción y en la implementación de la JEP hasta recibir únicamente notificaciones sobre las decisiones de los jueces, pasando por aportar información como testigo o hacer seguimiento real de lo que sucede en sus casos.

Pero existen ciertos temores pues aún no se conoce qué tan directa o indirecta será esa participación. María José Pizarro, hija del asesinado excomandante del M-19 Carlos Pizarro, planteó, por ejemplo, que una de las claves que se deben aclarar para la participación de las víctimas es que sus organizaciones cuenten con una financiación para que “no todo dependa de la gestión interna de cada organización y así podamos tener dientes en lo financiero”.

Incluso, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió en su más reciente informe sobre Colombia que se deberían contratar personas de comunidades afectadas por el conflicto para la implementación del Acuerdo de paz.

El mismo secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, aceptó durante la presentación del informe del CCJ, el pasado 15 de marzo en Bogotá, que será un reto solucionar tres tensiones que se presentarán una vez comiencen a operar los juzgados. A su juicio aún no es claro cómo se debe garantizar la participación de las víctimas sin restarle eficacia a la Jurisdicción Especial para la Paz “para que no sea eterna”.

También precisó que será necesario entender que se seleccionarán los casos graves y representativos del conflicto y que esto significaría que no todas las víctimas participarán de manera activa, en el sentido de que no todos los victimarios irán ante la JEP.
Por último, Correa señaló que hay que observar la “tensión” que existe entre el derecho de las víctimas a la participación y el reconocimiento de responsabilidades por parte de los autores de los crímenes. “Que no pase un estadio lleno con 10 mil víctimas y el autor mande una carta, mientras las víctimas se quedan esperándolo”, indicó.

Y es que precisamente todos estos detalles son los que quedaron a potestad del reglamento de los magistrados de la justicia transicional. Pese a estos vacíos que dejó el Acto Legislativo, Correa aseguró que las víctimas sí están antes, durante y después de la creación de la justicia transicional.

A su juicio, ellas pueden participar desde el momento en el que este mecanismo jurídico quede incorporado a la Constitución Política, a través de los informes que le podrán presentar a la JEP en los que se explique algún hecho del conflicto. Pero su papel será fundamental especialmente durante los juicios y una vez se conozcan las sanciones.

“Nuestra experiencia con los tribunales de tierras es que el posfallo es igual de intenso que el juicio y que el proceso no se acaba con la sentencia y ahí las víctimas deben ser veedoras del cumplimiento”, precisó Correa.

Pese a esas explicaciones, varias dudas flotan en el ambiente, entre ellas cómo será la participación de las víctimas y qué tanto se les tendrá en cuenta, por ejemplo, en las decisiones judiciales que tome la JEP. “No habría ningún sentido reparador si es por orden judicial y no por la petición de las víctimas. Por ejemplo, si ordenasen un monumento que las víctimas no piden sería, como dicen ellas, un monumento para que caguen las palomas”, dijo María José Pizarro.

Otra de las dudas está relacionada con el origen del dinero para la reparación. El Acto Legislativo que aprobó el Congreso especificó que las Farc deberán aportar las tierras que despojaron para la reparación material de las víctimas. En este sentido, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que ya tienen 1.2 billones de pesos producto de las incautaciones que ha realizado el Ente Investigador.

Mientras que para los crímenes cometidos por funcionarios o miembros de la Fuerza Pública, el que responde es el Estado. “No debe ser la primera instancia de reparación militar o de funcionarios, sino que debería responder cuando se demuestre incapacidad económica de los victimarios pero que no sea automáticamente”, explicó el senador Juan Manuel Galán durante el debate de plenaria.

Otra de las críticas en lo financiero es que el Acto Legislativo señaló que las personas afectadas por el conflicto serán reparadas integralmente dependiendo de los recursos disponibles, lo cual “limita el derecho de las de víctimas porque dependerán de las cifras del Ministerio de Hacienda del momento”, según el senador Alexánder López.

Es por esto que las víctimas exigen que se precise cuáles serán los escenarios en los que podrán participar, cómo será su reparación y qué tanta incidencia tendrán desde la creación de la JEP hasta la implementación. Por ahora, las preguntas serán resueltas cuando los nuevos magistrados de este mecanismo transicional sean nombrados y se posesionen en sus cargos. La demora en su inicio de actividades genera incertidumbre y desde ahora se encienden las alertas para que no quede en el aire la promesa de que las víctimas son la columna vertebral del Acuerdo de paz con las Farc.

Tomado de verdadabierta.com


La polémica está encendida. Mientras las víctimas reclaman que sea la justicia ordinaria la que siga juzgando a los militares implicados, entre los jueces hay versiones encontradas sobre cuál es el sistema idóneo para que la investigación siga su curso. Algunos afirman que tras la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los despachos se han quedado sin competencia.

falsos positivos jep 1“¿A quién se le ocurre que una persona que fue sacada de su casa bajo engaños, con promesas de trabajo en otra ciudad y apareció meses después asesinada en otro departamento acusada de ser guerrillero, es un hecho del conflicto armado?”. Esta es una de las decenas de preguntas que a diario se hace María Sanabria, mamá del menor de edad Jaime Estiben, una de las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ de Soacha, Cundinamarca.

Ese interrogante cobra mayor vigencia tras la decisión que tomó ayer el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas de Medellín, de concederle el beneficio de libertad condicional a dos soldados que estaban tras las rejas, mientras la justicia transicional revisa sus casos y emite un fallo definitivo. Uno de ellos, el cabo tercero Elvin Andrés Caro Mesa, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 31 años de cárcel por el asesinato de un joven de la capital antioqueña bajo la modalidad de 'falso positivo'.

Al igual que María, decenas familiares de quienes murieron en acciones irregulares de la Fuerza Pública se preguntan por la ineficiencia de la justicia que tras más de nueve años de ocurridos esos asesinatos en algunos procesos contra uniformados estatales no se haya realizado aún la primera audiencia ante un Juez de la República; y, ahora, cuando se tenía una luz sobre el inicio de las procesos, se les diga que nuevamente van a tener que posponer esa cita judicial.

Víctimas de falsos positivos siguen esperando justicia

La situación es controversial: a finales del mes de marzo el Juzgado Noveno Penal de Bogotá tomó la decisión de no realizar la primera audiencia de imputación de cargos, por tres casos de ‘falsos positivos’ de Soacha, aduciendo que el despacho era incompetente para juzgar los hechos ocurridos y que la reciente creación de la JEP aclara que allí serán investigados todas las conductas directas o indirectas desarrolladas durante el conflicto armado.

Se trata del asesinato, ocurrido en febrero de 2008, de los jóvenes Alexander Martínez, de 21 años de edad; Diego Armando Marín Giraldo, de 21 años; y de Jaime Estiben Valencia Sanabria, de 16 años; quienes fueron llevados a través de engaños desde Soacha hasta una zona rural de Ocaña, Norte de Santander, a más de 600 kilómetros de sus hogares, donde fueron asesinados por tropas del Ejército y reportados como bajas en combate.

“El despacho dispuesto se declara incompetente y para que el honorable Consejo Superior de la Judicatura tenga más herramientas para establecer a qué jurisdicción asignarle la competencia de lazo, pues la Fiscalía entonces deberá suministrar al despacho, una vez finalizada la audiencia, todos los elementos a partir de los cuales se pueda realizar un estudio respecto de lo aquí investigado para efectos de que se corrobore precisamente cuál es la jurisdicción competente para las audiencias”, aseguró la Juez durante la diligencia.

Las reacciones no se hicieron esperar. Tanto a nivel nacional como internacional, movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron los recientes acontecimientos desarrollados durante las audiencias de imputación de cargos.

"Resulta insólito que el juzgado haya pretendido trasladar la competencia a una jurisdicción que no se encuentra en funcionamiento, lo cual en la práctica supone una suspensión por un plazo indeterminado del proceso penal en contra de los presuntos responsables de estos atroces crímenes", se deja leer en un comunicado firmado por 33 organizaciones defensoras de derechos humanos.

Una de las firmantes de ese comunicado es Human Rights Watch, organización norteamericana que, desde mediados del 2016, ha expresado su preocupación por la posible impunidad que podría generarse si centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales pasan a la JEP; además, ha sido enfática en mencionar que debe ser la justicia ordinaria la que continúe el proceso, que es una violación al derecho de justicia que tienen las victimas el seguir buscándole prorrogas a los juicios y a las condenas.

Lo paradójico es que tan sólo una semana después de esa decisión, el Juez Primero Especializado de Cundinamarca condenó a 21 militares a penas entre 37 y 52 años de cárcel, entre ellos al coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Brigada 15 del Ejército en Norte de Santander en el año 2008.

Durante la audiencia condenatoria, el Juez señaló que las víctimas tenían derecho a la justicia y que no era verdad que los despachos no tuvieran la competencia para continuar con las diligencias, por lo cual, el requerimiento de la defensa, de dejarlo en manos de la JEP, quedaba descartado. No obstante, señaló que ya quedaba al libre albedrio si los condenados presentaban o no el caso al naciente sistema de justicia transicional.

Verdadabierta.com conversó con familiares de las victimas, sus abogados y altos mandos militares sobre las implicaciones sociales y jurídicas que trae consigo el hecho de enviar los casos a las JEP y de la posibilidad que los casos ya juzgados pasen a este sistema transicional, creado por el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. El debate está abierto.

Hablan las víctimas

falsos positivos jep 2Desde hace varios años, el constante trabajo de la organización que crearon las madres de Soacha les permitió convertirse en un referente de lucha y resistencia ante la injusticia que pesa sobre la mayoría de los casos. Hoy, reunidas en diversos colectivos y organizaciones, han expuesto ante organismos nacionales e internacionales los sucesos de 2008, logrando tener un respaldo jurídico y un terreno abonado en materia de defensa de derechos humanos.

A juicio de las voceras, las recientes decisiones de los jueces han generado un ambiente de incertidumbre frente a si habrá o no justicia sobre los casos, ante lo cual han insistido en que sea la justicia ordinaria la que siga el curso de las investigaciones, argumentando que los crímenes cometidos contra los jóvenes de Soacha no tienen relación directa o indirecta con el conflicto.

“Lo que tenemos claro es que los casos que han sido declarados como de lesa humanidad no pueden entrar dentro de esta nueva jurisdicción. No es posible que ahora se vaya a catalogar como hecho directo o indirecto del conflicto a asesinatos selectivos que ocurrieron por dinero y ascensos en los rangos militares”, aseguró Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo, otra víctima de Soacha.

Como ya lo había contado este portal, las ejecuciones extrajudiciales no se quedaron en el pasado. Para el año 2015 se registraron al menos ocho casos en los que cuerpos de personas registradas como desaparecidas fueron encontrados como dados de baja en operativos militares.

Jacqueline, junto con otras madres víctimas de ‘falsos positivos’, hace parte del Costurero de la Memoria, espacio desde el cual trabajan desde hace unos años para dignificar la memoria de las victimas y para que no se queden en el olvido y en la impunidad cada uno de los casos.

“Nuestra lucha es seguir insistiendo desde todos los espacios de memoria para que las audiencias se logren, hay que avanzar para que se realicen las audiencias, con la sentencia condenatoria que hubo se abre campo para que otros jueces también tomen la decisión y se haga justicia. Hay que presionar”, agregó esta mujer.

A pesar de que se haya emitido el histórico fallo condenatorio contra los 21 militares, la realidad sobre centenares de casos es distinta. Un ejemplo de ello el de la señora María Sanabria, la audiencia de su hijo fue aplazada por voluntad del juez en tanto no se resuelva qué entidad es la encargada de continuar con la investigación del caso, de igual manera ocurrió con otros.

Sanabria asegura que el Estado les ha fallado a las más de 5.700 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, dilatando las investigaciones, obstruyendo a la justicia y buscando mecanismos par alargar la agonía de los familiares.

“Ese mismo día, cuando el juez trasladó la competencia a otra dependencia, nos enteramos de que las demás audiencias también se suspendieron, es decir que ahora nos van a tener quién sabe cuántos años más esperando a que se nos defina el ente que debe seguir con las investigaciones y el juicio. ¿Si eso no es irrespeto por la verdad y la justicia entonces qué lo es?”, puntualizó.

La realidad jurídica
Pilar Castillo, abogada de la asociación Minga y apoderada de la defensa de dos de los ‘falsos positivos’ de Soacha, señala que los jueces han interpretado la ley como han querido, pues ningún decreto ni los acuerdos de La Habana han suspendido la competencia de los jueces en las audiencias en lo que respecta a las imputaciones y medidas de aseguramiento.

“Las recientes decisiones, de enviar los casos a la JEP, van en contravía de la normatividad vigente. El acuerdo final de La Habana dice que entre tanto no entre en vigencia la Jurisdicción, quien sigue a cargo de las investigaciones es la Fiscalía, es decir la justicia ordinaria, por lo cual las audiencias deberían seguir su transcurso normal”, afirmó la abogada.

Para la jurista el uso oportunista que los abogados de los miembros de la Fuerza Pública le quieren dar a la JEP va a permitir que los responsables de crímenes atroces eludan la justicia y generarán que la esperanzas de alcanzar una paz justa y duradera quede en jaque.

“Las decisiones vulneran gravemente el derecho que tienen las víctimas a acceder a la justicia, más de nueve años esperando que se inicie la primera audiencia. ¿Qué les espera a estos casos? Que pasen más años y no se resuelva nada de lo penal”, agregó la abogada.

De pasar estos casos a la JEP, será la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) la que determine si los hechos tuvieron relación directa o indirecta en el desarrollo del conflicto armado. De ser así, la pena máxima que purgaría un militar condenado sería de 20 años si incurre en alguna mentira y su trato sería diferenciado al de la justicia ordinaria, como quedó establecido en la Ley 1820 de 2016, de Amnistía e indulto.

Para los abogados sería irrisorio que luego de nueve años de investigación, de develarse la verdad de la red de comercio de personas, en la que los militares pagaban un millón de pesos por cada hombre que pudieran asesinar para ser presentado como dado de baja en combate, ahora haya un revés en lo avanzado y se esté en vilo a que se juzguen los hechos por supuestamente ser parte de las acciones desarrolladas durante la confrontación armada.

“Ahora no está en funcionamiento la SRVR, no se puede acudir a ella, la competencia sigue en cabeza de la Fiscalía, que tiene la potestad de dar inicio o no a las audiencias. No podemos esperar más tiempo para darle celeridad a los casos, no se puede opacar la justicia”, concluyó la jurista Castillo.

Lo paradójico es que en el artículo 46 de la Ley, se aclara que la renuncia a la persecución penal no operará cuando se trate de crímenes de lesa humanidad como el genocidio, los crímenes de guerra, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento, entre otros. Si es así, ¿cuál es la necesidad de llevar los casos a esta instancia?

¿Qué dicen los militares?

falsos positivos jep 4En diálogo con VerdadAbierta.com, dos altas fuentes militares aseguraron que, durante los más de 50 años que ha durado el conflicto armado, se les ha juzgado a partir de los derechos humanos y no del Derecho Internacional Humanitario. Lo cual, a su juicio, ha sido perjudicial tanto para el personal como para el desarrollo de las acciones militares.

“Las investigaciones de los jueces se realizan sin reconocer el daño colateral, que está contemplado dentro del Derecho Internacional Humanitario, ello quiere decir que a los militares se nos ha juzgado históricamente sin reconocer esa facultad internacional”, aseguró una de las fuentes.

Con daño colateral, se refieren a los perjuicios causados a la población civil en desarrollo de actividades militares, por ejemplo cuando hubo bombardeos sobre campamentos guerrilleros y en ellos se encontraban civiles. Los cuerpos eran presentados como integrantes de la insurgencia y durante los juicios, según recuerdan, eran juzgados como falsos positivos.

“¿Qué tiene que hacer un civil en un campamento de las Farc, si no es de ese grupo armado? No le hablo de ahora, sino de hace años, cuando el ‘Mono Jojoy’, ‘Alfonso Cano’ y otros jefes guerrilleros llevaban a estudiantes y profesionales, pertenecientes a sus redes de apoyo, a darles cursos e instrucciones. Entonces, las familias desesperadas los reportan como desaparecidos, en las acciones militares son dados de baja y nos dice la justicia que son falsos positivos”, agregó otra fuente.

A ello se suman otros casos ocurridos durante la confrontación militar, como fueron las intervenciones a cascos urbanos donde se refugiaba la guerrilla. Para los militares, los civiles que cayeron en el fuego cruzado durante una retoma a una población no deben ser considerados por los jueces como ‘falsos positivos’, porque a pesar de ser presentados como subversivos, cayeron en combate por un daño colateral, más no por voluntad propia de quien disparaba.

“En las zonas más afectadas por la guerra, la guerrilla siempre usó de escudo a la población civil, cuando teníamos que intervenir se disparaba a una distancia prudente para evitar tener bajas de nuestras tropas, muchos de esas balas no impactaban en el flanco, no por falla nuestra sino por el transcurso del proyectil”, concluyeron.

De esta manera, a juicio de los militares, será la JEP la que determine si los ‘falsos positivos’ tuvieron relación indirecta o directa con el conflicto armado y así determinar su sanción. Para la institución, así se emitan condenas en contra de sus integrantes, los casos a futuro serán presentados ante la justicia transicional.

Mientras se resuelve la controversia jurídica, los colectivos de víctimas de ‘falsos positivos’ seguirán participando de las distintas actividades que han planeado alrededor de la memoria de estos casos, entre ellas rodear con el Costurero de la Memoria a la Fiscalía General el próximo 25 de mayo, donde se exigirá, nuevamente, verdad, justicia y reparación.

Tomado de verdadabierta.com



aprobacion jurisdicion

Tras la aprobación de la plenaria en Senado, el acto legislativo quedó con más blindajes para los financiadores de la guerra y condiciones especiales para la participación de las Farc en política.

Tras cerca de siete horas de intenso debate durante el tercer día agendado para discutir el proyecto de Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los senadores presentes en el recinto del Congreso de la República no lograban ponerse de acuerdo. El ambiente estaba caldeado entre afectos a esta salida transicional y los que oponían a ella.

La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, no logró terminar su intervención cuando el presidente del Senado y miembro del Partido de La U, Mauricio Lizcano, le dio la palabra a su copartidario Roy Barreras, quien representó a la célula legislativa en las negociaciones con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.

Aunque algunos todavía esperaban su turno, Barreras pidió que se votara la suficiente ilustración. Es decir, que se diera paso de una vez por todas a la votación final de los cambios que tendría el acto legislativo. Y así fue. En ese momento se aprobaron las nueve últimas proposiciones con 62 votos a favor, poco más de la mitad de todos los senadores, y 2 en contra: los de Claudia López y Antonio Navarro, del Partido Verde. Como sucedió en todas las discusiones relacionadas con el proceso de paz, el Centro Democrático se retiró al momento de votar.

Con estos últimos cambios, se aprobó formalmente la Justicia Especial para la Paz, a través de la cual se juzgará a guerrilleros de las Farc y militares, fundamentalmente, que participaron en la guerra durante las últimas cinco décadas. No fue un trámite fácil, sobre todo por las resistencias de sectores en retiro de las Fuerzas Armadas, empresarios y políticos que se resisten a darle privilegios a los insurgentes.

Se aprobó la JEP, si, un anhelo de quienes apoyaron el proceso de negociación con las Farc y de miles de ciudadanos que han padecido el conflicto armado, pero las pretensiones iniciales quedaron, de alguna manera, limitadas por las últimas nueve proposiciones que se presentaron anoche y fueron ratificadas por las mayorías en el Senado.

VerdadAbierta.com tuvo acceso a las proposiciones aprobadas durante la plenaria final y presenta un resumen de ellas.

Tatequieto a la participación política de las Farc
Una de las mayores críticas de los partidos de oposición hacia la JEP era que los guerrilleros pudieran participar en política, incluso sin que hubieran pagado la sanción restaurativa. Si bien esto quedó intacto, se agregó una condición con la que podrían perder sus futuros derechos en la materia.

La proposición del senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, respaldada por su hermano Juan Manuel Galán, especificó que si los miembros de organizaciones rebeldes cumplen con las sanciones y las obligaciones que les imparta el Tribunal de Paz, esta instancia determinará si están inhabilitados o no para participar en política, de acuerdo a los parámetros que se precisen en la Ley Estatutaria que detalle el mecanismo bajo el que operará la JEP.

Los civiles salieron más blindados
El coordinador de ponentes Roosvelt Rodríguez propuso agregar dos palabras al Artículo 12 del Acto Legislativo para que cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad le pida a la Sección de Revisión que llame a un tercero del que se sospeche haya participado o financiado crímenes graves relacionados con el conflicto armado, ésta no le pueda “ordenar a comparecer” con base únicamente en los informes que recibe la JEP de diferentes organismos, sino que necesite más pruebas para llamarlo a juicio.

Otra de las proposiciones aprobadas frente al tema de los civiles fue la del senador Germán Varón, de la bancada de Cambio Radical. Se eliminó por completo uno de los párrafos del artículo 16 que hablaba de los financiadores de paramilitares u otros grupos armados que ayudaron voluntariamente, y no como resultado de una extorsión y se agregó que la “participación determinante” que tuvo un civil en toda la acción “eficaz y decisiva” durante la comisión de los delitos.

“No puede ser que demos garantías a la Fuerza Pública y que no podamos darlas a los empresarios”, puntualizó en el debate el senador Hernán Andrade, del Partido Conservador.

Capítulo para cultivadores de hoja de coca
Atendiendo la petición que presentó el fiscal Néstor Humberto Martínez al gobierno nacional y que reiteró ayer en la plenaria del Senado, el Congreso aprobó una modificación respecto a los cultivadores de hoja de coca para uso ilícito, quienes serán beneficiados con los programas de sustitución voluntaria que pretende el Acuerdo de paz. En este se planteaba que tendrían un tratamiento jurídico diferencial entiendo que no son los más poderosos ni los que más ganan en la cadena del narcotráfico.

Ahora, la Ley Estatutaria deberá especificar “en qué casos y bajo qué circunstancias” es la Jurisdicción Especial o la justicia ordinaria y, por ende, será la Fiscalía la que investigue “los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones” de coca o el “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.

Compuerta al resto de los guerrilleros
Con tan sólo tres líneas, la propuesta de la senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal logró lo que hasta ahora impedía el Acuerdo de paz. Las Farc y el gobierno nacional habían sido claros que la Jurisdicción Especial sería para los insurgentes que firmaran un pacto de negociación. Pero en el último debate de la plenaria de Senado, los congresistas aprobaron que también entraran el resto de condenados, investigados o procesados por ser de las Farc antes del 1 de diciembre de 2016, sin necesidad de que esta guerrilla los incluya en su listado de combatientes que están concentrados en las 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), adelantando su proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil.

Esa decisión permitirá que los guerrilleros que se acogieron individualmente a la Ley de Justicia y Paz ahora puedan presentarse a la JEP. En diferentes escenarios, miembros de las Farc habían sentado su voz de protesta al respecto pues a muchos los consideran traidores por haber abandonado las filas.

Por otra parte, algunos congresistas sentaron su voz de protesta, pero nada fue impedimento para la aprobación final. “La justicia no les puede abrir la puerta a aquellos que participaron en otros procesos de paz con el gobierno. Podría haber impunidad porque Colombia ha estado tanto tiempo en guerra ahora no pueden llegar acá los que no cumplieron con otros proceso”, expresó durante el debate Alexánder López, del Polo Democrático.

Un lugar para las víctimas
La otra propuesta de Sofía Gaviria aprobada en el Congreso fue que se deba “promover la participación de las víctimas y sus organizaciones” en todos los pasos que tendrá la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto del conflicto, desde la búsqueda hasta la entrega digna de los restos.

Sin embargo, el Acto Legislativo no especificó cómo será esa participación o qué entidad será la encargada de promoverla. Este es otro de los detalles que tendrá que precisar la Ley Estatutaria que surja en el Congreso para ejecutar la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial y la Comisión de la Verdad.

Indígenas por su justicia
La preocupación de qué pasará con la justicia ancestral que aplican los indígenas tuvo su defensa con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y la Alianza Social Independiente (ASI). Los senadores Luis Evelis Andrade y Marco Aníbal Avirama, de estos partidos respectivamente, lograron que se creara una sala para cuando un caso pueda ser juzgado por la justicia indígena y también por la JEP. La idea es que esté conformada por dos magistrados de la JEP que no están relacionados con ese juzgamiento y por dos jueces indígenas. En el caso de no llegar a un consenso mayoritario, la decisión final quedará en manos del presidente de la Jurisdicción Especial de Paz.

Vuelve y juega el enfoque de género
Las palabras “enfoque de género” reaparecieron luego de que se borraran casi por completo del Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón, de Bogotá, tras las peticiones de los movimientos cristianos. Aceptando la propuesta del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, ahora “el enfoque de género y diferencial se aplicará a todas las fases” del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en el que están la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

Lo que sigue
Una vez aprobada la JEP en el Senado de la República, el texto deberá pasar por un proceso de conciliación con la Cámara de Representantes por cuanto hay diferencias en uno y otro. Lo que se estableció es que será un proceso rápido para unificar el documento, y una vez listo pasará a estudio de la Corte Constitucional.

Una vez esté todo listo, comenzará el proceso de discusión sobre la Ley Estatutaria de la JEP que es, en últimas, el texto que consignará cómo debe aplicarse este mecanismo de justicia transicional. Si bien hay un borrador, aún no se tiene un texto definitivo, así como tampoco hay claridad sobre cuáles serían los tiempos que tiene el Legislativo para tramitar esta norma, vital para que comience a operar la Justicia Especial para la Paz.

Otra de las tareas que sigue es el nombramiento de los magistrados de las Salas que integrarán la JEP y las secciones del Tribunal para la Paz, que se encargará de juzgar los crímenes de quienes sean presentados a esta instancia judicial de carácter transicional.

Desde hace varios meses, el gobierno nacional seleccionó un comité que lidera la escogencia de los nuevos operadores judiciales, se trata de José Francisco Acuña, delegado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Diego García Sayán, delegado por el Secretario General de Naciones Unidas; Álvaro Gil Robles Gil, delegado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos; María Camila Moreno, delegado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); y Claudia Vaca, delegada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

Tomado de verdadabierta.com







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