comision de la verdad

Por Margarita Martínez Osorio*

En 2014, en medio de las negociaciones para construir el acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno, se creó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC), cuyo fin era convocar a varios expertos para hacer un diagnóstico general de las causas e impactos del conflicto en Colombia.

En ese momento, la CHVC nos mandó el mensaje de que la historia era un asunto de hombres: de sus doce integrantes, solo uno era mujer.

Recientemente, el Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dio a conocer los nombres de las once personas que integrarán la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, más conocida como Comisión de la Verdad.

Esta Comisión entró pisando fuerte, pues, además del presidente Francisco de Roux, cuenta con cinco hombres y cinco mujeres.

Esto quiere decir que se comprometió con la paridad y con romper la perversa tradición que históricamente nos ha excluido a las mujeres de los escenarios de poder y, como lo demostró la CHVC, de los lugares de enunciación de la historia. Sin embargo, este es apenas el primer paso para llegar a una Comisión de la Verdad comprometida con la equidad de género. En adelante, el principal desafío será incorporar la perspectiva de género en los procesos y productos de la Comisión. ¿Qué significa eso? Por un lado, significa que una de las tareas de la Comisión debe ser esclarecer el papel del género en la configuración de las lógicas de la guerra y la violencia en Colombia.

Pienso en los casos de San Onofre en Sucre y El Placer en el Putumayo. En ambos casos, como lo documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica, los paramilitares impusieron órdenes de género particulares para dominar a las poblaciones. Las mujeres —consideradas “chismosas”, “infieles” y “subversivas”— fueron castigadas públicamente con diversas formas de tortura, tales como la violencia sexual, la realización de trabajos domésticos forzados y el corte del cuero cabelludo. De igual manera, en razón de su identidad sexual y de género, la población LGBTI que habitaba esos territorios fue víctima de desplazamiento forzado, castigos y humillación pública y violencia sexual. Violencia y masculinidad: un desafío de la Comisión También pienso en cómo las lógicas de los grupos armados reproducen y, en ocasiones, profundizan estereotipos e ideas extendidas, naturalizadas y violentas sobre el género. Por ejemplo, recuerdo uno de los relatos que el periodista Alfredo Molano reconstruye en El caleidoscopio de las justicias en Colombia en que una trabajadora sexual acude al ELN para denunciar que había sido violada. En este caso, la forma de hacer justicia por parte de la guerrilla fue haciéndole pagar al violador lo que la mujer cobraba usualmente por sus servicios sexuales, como si el asunto a solucionar fueran las deudas pendientes y no un problema profundo de violencia y falta de consentimiento. Finalmente, viene a mi mente la rigurosa investigación de Kimberly Theidon con excombatientes en Colombia en que muestra cómo un requisito fundamental para quienes ingresaban a los grupos armados era asumir una masculinidad altamente militarizada y violenta.

Estos casos exponen algunos de los desafíos de la Comisión de la Verdad a la hora de esclarecer el papel del género en la guerra. Evidencian que el estudio del género no se reduce a —aunque sí la abarca— la comprensión de las violencias contra las mujeres o a la violencia sexual. Gran parte del trabajo de la Comisión debe ser sacar a la luz las formas de violencia contra las mujeres, pero también debe contemplar las múltiples experiencias y violencias de género que operan en la guerra, tales como las prácticas de sevicia contra la comunidad LGBTI, las nociones de autoridad y poder vinculadas con la ‘feminidad’ o la ‘masculinidad’, y los distintos factores que aumentan la vulnerabilidad de ciertas personas a convertirse en víctimas de violencias de género en el conflicto.

Por otro lado, la incorporación efectiva del enfoque de género en el trabajo de la Comisión implica también posicionar estas múltiples experiencias de género en la narrativa de la verdad del conflicto. Esto no solo les hace justicia a aquellos grupos sociales que han sido histórica y sistemáticamente victimizados y silenciados en razón de su género, como las mujeres y la población LGBTI. También nos enfrenta a colombianos y colombianas a la verdad de un conflicto complejo en que los estereotipos de género que vemos —e incluso reproducimos— a diario se traducen en prácticas de violencia extrema contra cuerpos y vidas insertos en las dinámicas de la guerra. En este sentido, la Comisión tiene la gran tarea de pluralizar la verdad. Esto quiere decir que deberá incluir dentro de las narrativas de la guerra y la paz las experiencias y voces de quienes han estado más silenciados por las lógicas de poder y de género del conflicto. También tiene el desafío de interpelarnos, de cuestionarnos sobre qué podemos hacer para, desde nuestra cotidianidad, evitar que los hechos atroces vuelvan a ocurrir y para que ningún otra persona en Colombia tenga que sufrir los impactos de género de la guerra.

Solo desde ese reconocimiento de la verdad y de la dimensión de los crímenes atroces y de género que se perpetraron en el conflicto es posible pensar en el potencial transformador de la verdad.

Tomado www.pacifista.co


web campamentos big tpUn informe de la Defensoría del Pueblo asegura que el panorama de transición está permeado por situaciones que desestabilizan la consolidación de la paz y erosionan la implementación de los acuerdos.

Un preocupante panorama reveló la Defensoría del Pueblo luego de realizar una serie de visitas humanitarias -entre la primera y última semana de agosto - a los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, antes zonas veredales, en las que permanecen los exintegrantes de las Farc.

Fueron tres los objetivos sobre los cuales las visitas de verificación de la Defensoría se centraron en observar: el monitoreo de las condiciones de seguridad y garantía de derechos de las comunidades que acogieron dichos Espacios Territoriales, la verificación de las condiciones de adecuación de los mismos espacios y las actividades encaminadas a favorecer el proceso de incorporación.

Los últimos recorridos se hicieron justo antes de que el pasado 26 de septiembre se iniciara la segunda misión de verificación de Naciones Unidas, y en plena etapa de transición de las Zonas Veredales a esta nueva figura jurídica de los Espacios Territoriales.

Las conclusiones de las visitas fueron consignadas en un informe que, en primer lugar, afirma que en dichos ETCR las comunidades están escépticas “con poca confianza en el Gobierno, en las administraciones locales y en el Estado en general”.

Esto gracias a los pocos o nulos avances en materia económica y social, como la prometida construcción de vías terciarias, centros de salud, educación y la infraestructura para redes de acueducto y alcantarillado, pues se ha registrado la intermitencia de servicios como luz y agua en muchas de estas zonas.

El informe resalta que pese a los acuerdos alcanzados por el Gobierno y las distintas comunidades, la falta de ejecución de dichos planes es lo que representa el mayor desafío; lo que ha producido tensiones en las distintas zonas, a lo que se le suma las muertes y amenazas a líderes sociales, sobretodo en zonas donde se pretende implementar la sustitución de cultivos.

Respecto a la adecuación en los Espacios Territoriales, el documento asegura que en general “se encontraron avances notables”, en lo que respecta a las unidades habitacionales. Sin embargo, la Defensoría asegura en su documento que “persisten retos logísticos ligados a la adaptación para la reincorporación”.

Por ejemplo, para el tema de la educación las aulas son insuficientes al igual que el mobiliario y el material educativo, teniendo en cuenta que también se pretende beneficiar a las comunidades circundantes a estos espacios.

El informe alerta sobre la “situación crítica en los espacios establecidos en las veredas Madrigal, municipio de Policarpa en Nariño (solo un 15% de avance) y La Guajira en Mesetas, Meta (32,5% de avance)". Según el exhaustivo documento, presentan “condiciones precarias” tanto en las áreas comunes como en las unidades habitacionales.

La Defensoría registró que los exintegrantes de las Farc en algunas lugares siguen viviendo en carpas y no se ha adaptado ni adelantado las suficientes tareas para las pretendidas actividades de reincorporación.

Esto es un factor que llama la atención pues erosiona la confianza en el proceso de las comunidades y los exmiembros de las Farc concentrados en estos espacios; lo que ha generado deserción y resurgimiento de conflictividades, asegura también la Defensoría.

En 16 de los 27 ETCR los avances son importantes, según el mismo órgano del Ministerio Público: en Caldono (Cauca), Pondores (Guajira), La Paz (Cesar) Anorí y Remedios (Antioquia) el avance es del 100%.

La Defensoría también recoge lo que han venido denunciando comunidades y líderes regionales: la formación y disputa de nuevas estructuras armadas por el control territorial y la producción y tránsito de productos ilícitos. Esto hace de las poblaciones alrededor de las ETCR y a los exmiembros de las Farc, comunidades vulnerables dada la generalizada sensación de riesgo, pues en 24 de estas zonas se identificó la presencia de estructuras armadas.

Para el órgano estatal, también es preocupante que, pese a que el decreto 899 de 2017 establece tres tipos de beneficios económicos para ayudar a los exmiembros de las Farc en su proceso de reincorporación, no existe el acompañamiento suficiente para el manejo de estos recursos económicos. Muchos de ellos no cuentan con cédula de ciudadanía, nunca han estado en el sistema financiero colombiano ni han participado de la economía de mercado.

Además, los cajeros electrónicos donde pueden retirar el dinero se encuentran en cabeceras municipales, y los exguerrilleros han “manifestado sentir riesgo para su integridad durante su desplazamiento”, recoge el informe. Esto debido a que durante el tiempo de concentración ya han sido nueve los miembros de dicha organización que han sido asesinados.

En lo registrado por la Defensoría también resulta alarmante que el capítulo étnico no haya tenido desarrollo, lo que propicia la vulneración de los derechos de esta minorías. Por este motivo se esperan movilizaciones para este mes por parte de dichas comunidades.

El texto también echa de menos programas en los ETCR teniendo en cuenta el enfoque diferencial, esto es, la presencia de personas LGBTI (aunque muy pocos se declararon parte de esta comunidad), personas en condiciones de discapacidad y con enfermedades de alto costo, adultos mayores, mujeres, niñas y adolescentes en dichos lugares, esta ausencia genera al tiempo un riesgo para esta población.

Las recomendaciones finales, dirigidas a distintos entes de administración gubernamental, hacen un llamado para que se implementen medidas necesarias y efectivas para terminar de consolidar los distintos procesos en los Espacios Territoriales, pues solo así se puede garantizar la sostenibilidad y optimización del proceso de paz.

Tomado de elespectador.com



bacrim

Hace 7 meses, el país vio cómo miles de guerrilleros de las Farc abandonaban sus campamentos y se concentraban en 26 zonas y puntos veredales. Desde ese momento, las autoridades sabían que otros actores armados intentarían copar los lugares que abandonaba la guerrilla. Y así pasó: el Eln y las Autodefensas Gaitanistas –conocidas como Clan de Golfo por las autoridades– son ahora la amenaza más certera para la seguridad de esas regiones del país. Lo demuestra el informe Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición: radiografía necesaria, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El documento acaba de ser lanzado y evidencia que tras la concentración de las Farc, los Grupos Armados Organizados (GAO como los denomina el Ejército) han ido ganando terreno en varios departamentos del país. Se han adueñado de rentas ilegales, regulan el comercio y, en lugares como Urabá y el suroccidente de Colombia, ejercen control social con “presencia estable”.

El informe de la FIP señala que “las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tienen 1.900 integrantes, pero podrían ser cerca de 3.500 si se tiene en cuenta a los que subcontratan y a los que usan su marca para asesinatos, microtráfico, cobro a expendios de droga y labores de inteligencia”.

Aunque las autoridades capturaron este lunes a 23 miembros de esta banda criminal en Caucasia (Antioquia), y a un jefe de finanzas de este grupo en Montería (Córdoba), como parte de la operación Agamenón II contra este grupo armado, “las AGC han sabido enfrentar al Estado al punto de poner en marcha redes de protección para diferentes sectores de la sociedad y del crimen transnacional, así como redes de intermediarios con carteles internacionales”, dice el informe.

Sobre el Eln, considerado como el otro gran enemigo de la implementación de la paz, el documento señala que “en algunas regiones parece estar más cohesionado que en otras”. De acuerdo con la investigación, desde la salida de las Farc de los territorios, esa guerrilla se pelea con las AGC el control de municipios en Chocó, Cauca, Bajo Cauca, Nariño y el Catatumbo.

Sin embargo, el hallazgo más revelador de este informe es el fortalecimiento del crimen organizado a nivel local, a través de bandas criminales emergentes. Estos grupos, conocidos por la Fuerza Pública como Grupos Delictivos Organizados (GDO), “están afectando y teniendo impacto humanitario sobre las poblaciones que en teoría se deberían estar viendo beneficiadas por la firma de la paz”, según Eduardo Álvarez Vanegas, director del área de Dinámicas del Conflicto de la FIP.

¡Pacifista! presenta las ocho bandas delincuenciales que representan una (no tan) nueva amenaza contra la seguridad del país.

Los Rastrojos
Esta banda criminal, fundada por alias ‘Jabón, ‘Diego Rastrojo’ y los hermanos Comba a principios de los 2000, tiene su radio de acción más amplio en Norte de Santander. Según el informe, “Los Rastrojos se reducen a un reducto de aproximadamente 80 integrantes que se ubica en Puerto Santander, municipio de Norte de Santander fronterizo con Venezuela. Allí habrían quedado replegados en 2013, luego de una disputa con Los Urabeños (hoy AGC), en la zona metropolitana y rural de Cúcuta”.

El documento señala que las principales actividades de esta Bacrim en la frontera con Venezuela son el narcotráfico, “que incluye comprar base de coca para transportarla a cristalizaderos en Colombia o al otro lado de la frontera”; y el “hurto de gasolina en Venezuela, que luego la transportan por trochas ilegales para distribuirla en territorio colombiano”. Los Rastrojos ejercen violencia en esta región a través de “asesinatos selectivos, el desplazamiento forzado, las amenazas y la intimidación por medio de panfletos”, según el informe.

La Cordillera
Lo que nació en los noventa como un grupo para controlar el microtráfico en Pereira, se convirtió en una banda criminal que funciona en el varios municipios del Eje Cafetero y del Valle del Cauca. “La principal actividad a la que se dedica esta organización es el narcotráfico. Dada la ubicación geográfica en la cual opera, La Cordillera articula las zonas de cultivo y producción con el punto de comercialización y consumo. Abastece las “ollas” y coacciona a pequeños distribuidores de cada zona para que le trabajen y le paguen un impuesto”, señala el informe.

Esta banda criminal ha utilizado,según el informe de la FIP, diferentes formas de violencia que van desde el desplazamiento interurbano, el reclutamiento de menores para labores ilícitas, la imposición de normas de conducta y la compra de policías y miembros de la Fuerza Pública.

Los Buitragueños
Herederos de Autodefensas Campesinas del Casanare, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de ‘Martín Llanos’, los Buitragueños son una organización armada al mando de “Carlos Noel Buitrago, alias ‘Porre Macho’, y Héctor Fabio Buitrago, alias ‘Ayaco’”, según el informe. “La principal actividad de esta organización es el narcotráfico, a partir de la cual lograron convertirse en nodo de una red de tráfico de cocaína que parte de Bolivia, pasa por Brasil y África y llega, finalmente, a mercados europeos”, dice el documento.

Los Botalones
Creada en 2008 por Arnubio Triana Mahecha, un paramilitar conocido con el alias de ‘Botalón’, esta banda criminal tiene zonas de influencia en el Magdalena Medio, en municipios como Landázuri, Cimitarra, Puerto Araujo, Puerto Berrío y Puerto Boyacá.

Según el informe de la FIP, “las principales actividades de esta estructura son el narcotráfico, el robo de hidrocarburos en el Magdalena Medio santandereano, la extorsión, el contrabando, el tráfico de armas y el sicariato. Los repertorios de violencia son principalmente el desplazamiento intraurbano, los homicidios selectivos, la ‘limpieza social’ y las amenazas”.
Los Caqueteños

Esta banda criminal nació y se sostiene gracias al “acopio de drogas para las organizaciones brasileñas que operaban en Leticia (Amazonas) y en las localidades de Caballococha, Cuchillococha y Santa Rosa, Perú”, según el informe. “Los Caqueteños son intermediarios entre las estructuras que cultivan y procesan la pasta base, y traficantes internacionales, principalmente de Brasil”.

Los Costeños
Este grupo armado opera principalmente en Barranquilla y municipios como Soledad, Puerto Colombia y Malambo, en Atlántico. “Esta organización se dedica, principalmente, al tráfico de drogas y armas de fuego en la zona costera que une a Cartagena y Barranquilla. Según investigaciones de la Fiscalía, la organización trabaja con delincuentes de esta zona, en especial, con varios expendios para el narcomenudeo en Cartagena”, dice el informe.

El documento también señala que “otra de sus fuentes de financiación es el cobro de extorsiones a comerciantes y transportadores, quienes pueden ser víctimas de asesinatos selectivos por medio del sicariato. Las investigaciones de las autoridades señalan que esta banda recibe cerca de 200 millones de pesos mensuales, producto de esta actividad”. Este grupo también podría tener influencia en municipios de La Guajira.

Los Pachenca
Según el informe de la FIP, no hay mucha información de esta banda criminal. Sin embargo, se cree que este grupo “hace parte de la estructura de subcontratación de las AGC”. Este grupo opera en varios departamentos de la costa Caribe colombiana y, de acuerdo al documento, “tiene una estructura más o menos jerarquizada: cuenta con un jefe o cabecilla mayor, luego con una serie de cabecillas intermedios como jefes de finanzas, de sicarios y de microtráfico, encargados de la distribución de las drogas a los expendios. Luego está una red compuesta por sicarios, cobradores de extorsión, distribuidores y vendedores de droga, informantes y colaboradores”.

El Clan Isaza
Este grupo nació en los años 70 como un ejército privado de pobladores del Magdalena Medio. Su principal promotor fue el paramilitar Ramón Isaza, quien luego comandó las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de las AUC. Según el informe de la FIP, “el Clan Isaza se encuentra en los municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo y San Luis, en Antioquia. Sus actividades son, principalmente, la prestación de servicios de seguridad a narcotraficantes, por medio de un sistema de ‘arriendo’ y custodia de fincas, en las que se montan laboratorios de procesamiento de droga”.

Tomado de pacifista.co


Tomado del espectador.com

De acuerdo con la más reciente auditoria al capitolio, en el Senado se encontró un detrimento fiscal por $1.765 millones y en la Cámara de Representantes por $921 millones.


congreso1La Controlaría en su más reciente informe, denunció los hallazgos fiscales por más de $2.600 millones que encontró en el Congreso de la República luego de la auditoría realizada por el organismo. Según el documento, en el Senado se formularon hallazgos con incidencia fiscal por valor total de $1.765 millones, por los siguientes hechos:

Entre marzo y septiembre de 1999 la Dirección General Administrativa del Senado no realizó el pago y liquidación de la totalidad de los aportes pensionales al Fondo de Previsión del Congreso, motivo por el cual en la vigencia 2016 realizó abonos por dicho concepto, cancelando no solo los aportes que le correspondían como empleador, sino también los aportes a cargo de los empleados, es decir cerca de $277.0000 millones y con intereses de mora más de $ 716.000 millones.

“Esta situación consolida un daño al patrimonio en cuantía de $992.903.290,93, por los valores que corresponden al empleado, que no fueron descontados, y por los intereses de mora que se ocasionaron.”, explicó la Contraloría.

Sumada a la lista de hallazgos, la Contraloría informó acerca de las debilidades en la supervisión e del contrato celebrado para la modernización de las baterías sanitarias del Senado, lo que conllevó a un detrimento al patrimonio por $85.201.204,32, derivado de mayor obra ejecutada sin evidencia técnica.

En Cámara de Representantes
En esta parte el panorama no mejora, el informe de la Contraloría revela que, en la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, se formularon dos hallazgos con incidencia fiscal por más de $921 millones.

De acuerdo con el ente de control, los daños al patrimonio se relacionan con la celebración de contratos de intermediación para la venta de vehículos a través de subasta pública, específicamente en la determinación del precio mínimo de venta.

“Esto obedece a deficiencias en los criterios técnicos utilizados en la determinación de los avalúos y a debilidades en la labor de supervisión de dichos contratos firmados en los años 2015 e inicios del 2016”, detalla el documento de la Contraloría.

Además, el informe revela que en las irregularidades encontradas el detrimento se generaron tras descontar el valor comercial de los vehículos establecido en las tablas del Ministerio de Transporte, sumas de “Mantenimiento General”, “Vicios Ocultos”, y “Otros Descuentos (Logística de retiro y tiempos de entrega)”.

“Así como descuentos que corresponden a conceptos duplicados y por tanto no debían incluirse, dado que estaban a cargo del intermediario y hacían parte de la comisión a pagar por el servicio de intermediación, o no figuraban entre los deducibles permitidos por el marco normativo para este tipo de procesos contractuales”, se revela en el informe.




La polémica está encendida. Mientras las víctimas reclaman que sea la justicia ordinaria la que siga juzgando a los militares implicados, entre los jueces hay versiones encontradas sobre cuál es el sistema idóneo para que la investigación siga su curso. Algunos afirman que tras la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los despachos se han quedado sin competencia.

falsos positivos jep 1“¿A quién se le ocurre que una persona que fue sacada de su casa bajo engaños, con promesas de trabajo en otra ciudad y apareció meses después asesinada en otro departamento acusada de ser guerrillero, es un hecho del conflicto armado?”. Esta es una de las decenas de preguntas que a diario se hace María Sanabria, mamá del menor de edad Jaime Estiben, una de las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ de Soacha, Cundinamarca.

Ese interrogante cobra mayor vigencia tras la decisión que tomó ayer el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas de Medellín, de concederle el beneficio de libertad condicional a dos soldados que estaban tras las rejas, mientras la justicia transicional revisa sus casos y emite un fallo definitivo. Uno de ellos, el cabo tercero Elvin Andrés Caro Mesa, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 31 años de cárcel por el asesinato de un joven de la capital antioqueña bajo la modalidad de 'falso positivo'.

Al igual que María, decenas familiares de quienes murieron en acciones irregulares de la Fuerza Pública se preguntan por la ineficiencia de la justicia que tras más de nueve años de ocurridos esos asesinatos en algunos procesos contra uniformados estatales no se haya realizado aún la primera audiencia ante un Juez de la República; y, ahora, cuando se tenía una luz sobre el inicio de las procesos, se les diga que nuevamente van a tener que posponer esa cita judicial.

Víctimas de falsos positivos siguen esperando justicia

La situación es controversial: a finales del mes de marzo el Juzgado Noveno Penal de Bogotá tomó la decisión de no realizar la primera audiencia de imputación de cargos, por tres casos de ‘falsos positivos’ de Soacha, aduciendo que el despacho era incompetente para juzgar los hechos ocurridos y que la reciente creación de la JEP aclara que allí serán investigados todas las conductas directas o indirectas desarrolladas durante el conflicto armado.

Se trata del asesinato, ocurrido en febrero de 2008, de los jóvenes Alexander Martínez, de 21 años de edad; Diego Armando Marín Giraldo, de 21 años; y de Jaime Estiben Valencia Sanabria, de 16 años; quienes fueron llevados a través de engaños desde Soacha hasta una zona rural de Ocaña, Norte de Santander, a más de 600 kilómetros de sus hogares, donde fueron asesinados por tropas del Ejército y reportados como bajas en combate.

“El despacho dispuesto se declara incompetente y para que el honorable Consejo Superior de la Judicatura tenga más herramientas para establecer a qué jurisdicción asignarle la competencia de lazo, pues la Fiscalía entonces deberá suministrar al despacho, una vez finalizada la audiencia, todos los elementos a partir de los cuales se pueda realizar un estudio respecto de lo aquí investigado para efectos de que se corrobore precisamente cuál es la jurisdicción competente para las audiencias”, aseguró la Juez durante la diligencia.

Las reacciones no se hicieron esperar. Tanto a nivel nacional como internacional, movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron los recientes acontecimientos desarrollados durante las audiencias de imputación de cargos.

"Resulta insólito que el juzgado haya pretendido trasladar la competencia a una jurisdicción que no se encuentra en funcionamiento, lo cual en la práctica supone una suspensión por un plazo indeterminado del proceso penal en contra de los presuntos responsables de estos atroces crímenes", se deja leer en un comunicado firmado por 33 organizaciones defensoras de derechos humanos.

Una de las firmantes de ese comunicado es Human Rights Watch, organización norteamericana que, desde mediados del 2016, ha expresado su preocupación por la posible impunidad que podría generarse si centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales pasan a la JEP; además, ha sido enfática en mencionar que debe ser la justicia ordinaria la que continúe el proceso, que es una violación al derecho de justicia que tienen las victimas el seguir buscándole prorrogas a los juicios y a las condenas.

Lo paradójico es que tan sólo una semana después de esa decisión, el Juez Primero Especializado de Cundinamarca condenó a 21 militares a penas entre 37 y 52 años de cárcel, entre ellos al coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Brigada 15 del Ejército en Norte de Santander en el año 2008.

Durante la audiencia condenatoria, el Juez señaló que las víctimas tenían derecho a la justicia y que no era verdad que los despachos no tuvieran la competencia para continuar con las diligencias, por lo cual, el requerimiento de la defensa, de dejarlo en manos de la JEP, quedaba descartado. No obstante, señaló que ya quedaba al libre albedrio si los condenados presentaban o no el caso al naciente sistema de justicia transicional.

Verdadabierta.com conversó con familiares de las victimas, sus abogados y altos mandos militares sobre las implicaciones sociales y jurídicas que trae consigo el hecho de enviar los casos a las JEP y de la posibilidad que los casos ya juzgados pasen a este sistema transicional, creado por el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. El debate está abierto.

Hablan las víctimas

falsos positivos jep 2Desde hace varios años, el constante trabajo de la organización que crearon las madres de Soacha les permitió convertirse en un referente de lucha y resistencia ante la injusticia que pesa sobre la mayoría de los casos. Hoy, reunidas en diversos colectivos y organizaciones, han expuesto ante organismos nacionales e internacionales los sucesos de 2008, logrando tener un respaldo jurídico y un terreno abonado en materia de defensa de derechos humanos.

A juicio de las voceras, las recientes decisiones de los jueces han generado un ambiente de incertidumbre frente a si habrá o no justicia sobre los casos, ante lo cual han insistido en que sea la justicia ordinaria la que siga el curso de las investigaciones, argumentando que los crímenes cometidos contra los jóvenes de Soacha no tienen relación directa o indirecta con el conflicto.

“Lo que tenemos claro es que los casos que han sido declarados como de lesa humanidad no pueden entrar dentro de esta nueva jurisdicción. No es posible que ahora se vaya a catalogar como hecho directo o indirecto del conflicto a asesinatos selectivos que ocurrieron por dinero y ascensos en los rangos militares”, aseguró Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo, otra víctima de Soacha.

Como ya lo había contado este portal, las ejecuciones extrajudiciales no se quedaron en el pasado. Para el año 2015 se registraron al menos ocho casos en los que cuerpos de personas registradas como desaparecidas fueron encontrados como dados de baja en operativos militares.

Jacqueline, junto con otras madres víctimas de ‘falsos positivos’, hace parte del Costurero de la Memoria, espacio desde el cual trabajan desde hace unos años para dignificar la memoria de las victimas y para que no se queden en el olvido y en la impunidad cada uno de los casos.

“Nuestra lucha es seguir insistiendo desde todos los espacios de memoria para que las audiencias se logren, hay que avanzar para que se realicen las audiencias, con la sentencia condenatoria que hubo se abre campo para que otros jueces también tomen la decisión y se haga justicia. Hay que presionar”, agregó esta mujer.

A pesar de que se haya emitido el histórico fallo condenatorio contra los 21 militares, la realidad sobre centenares de casos es distinta. Un ejemplo de ello el de la señora María Sanabria, la audiencia de su hijo fue aplazada por voluntad del juez en tanto no se resuelva qué entidad es la encargada de continuar con la investigación del caso, de igual manera ocurrió con otros.

Sanabria asegura que el Estado les ha fallado a las más de 5.700 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, dilatando las investigaciones, obstruyendo a la justicia y buscando mecanismos par alargar la agonía de los familiares.

“Ese mismo día, cuando el juez trasladó la competencia a otra dependencia, nos enteramos de que las demás audiencias también se suspendieron, es decir que ahora nos van a tener quién sabe cuántos años más esperando a que se nos defina el ente que debe seguir con las investigaciones y el juicio. ¿Si eso no es irrespeto por la verdad y la justicia entonces qué lo es?”, puntualizó.

La realidad jurídica
Pilar Castillo, abogada de la asociación Minga y apoderada de la defensa de dos de los ‘falsos positivos’ de Soacha, señala que los jueces han interpretado la ley como han querido, pues ningún decreto ni los acuerdos de La Habana han suspendido la competencia de los jueces en las audiencias en lo que respecta a las imputaciones y medidas de aseguramiento.

“Las recientes decisiones, de enviar los casos a la JEP, van en contravía de la normatividad vigente. El acuerdo final de La Habana dice que entre tanto no entre en vigencia la Jurisdicción, quien sigue a cargo de las investigaciones es la Fiscalía, es decir la justicia ordinaria, por lo cual las audiencias deberían seguir su transcurso normal”, afirmó la abogada.

Para la jurista el uso oportunista que los abogados de los miembros de la Fuerza Pública le quieren dar a la JEP va a permitir que los responsables de crímenes atroces eludan la justicia y generarán que la esperanzas de alcanzar una paz justa y duradera quede en jaque.

“Las decisiones vulneran gravemente el derecho que tienen las víctimas a acceder a la justicia, más de nueve años esperando que se inicie la primera audiencia. ¿Qué les espera a estos casos? Que pasen más años y no se resuelva nada de lo penal”, agregó la abogada.

De pasar estos casos a la JEP, será la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) la que determine si los hechos tuvieron relación directa o indirecta en el desarrollo del conflicto armado. De ser así, la pena máxima que purgaría un militar condenado sería de 20 años si incurre en alguna mentira y su trato sería diferenciado al de la justicia ordinaria, como quedó establecido en la Ley 1820 de 2016, de Amnistía e indulto.

Para los abogados sería irrisorio que luego de nueve años de investigación, de develarse la verdad de la red de comercio de personas, en la que los militares pagaban un millón de pesos por cada hombre que pudieran asesinar para ser presentado como dado de baja en combate, ahora haya un revés en lo avanzado y se esté en vilo a que se juzguen los hechos por supuestamente ser parte de las acciones desarrolladas durante la confrontación armada.

“Ahora no está en funcionamiento la SRVR, no se puede acudir a ella, la competencia sigue en cabeza de la Fiscalía, que tiene la potestad de dar inicio o no a las audiencias. No podemos esperar más tiempo para darle celeridad a los casos, no se puede opacar la justicia”, concluyó la jurista Castillo.

Lo paradójico es que en el artículo 46 de la Ley, se aclara que la renuncia a la persecución penal no operará cuando se trate de crímenes de lesa humanidad como el genocidio, los crímenes de guerra, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento, entre otros. Si es así, ¿cuál es la necesidad de llevar los casos a esta instancia?

¿Qué dicen los militares?

falsos positivos jep 4En diálogo con VerdadAbierta.com, dos altas fuentes militares aseguraron que, durante los más de 50 años que ha durado el conflicto armado, se les ha juzgado a partir de los derechos humanos y no del Derecho Internacional Humanitario. Lo cual, a su juicio, ha sido perjudicial tanto para el personal como para el desarrollo de las acciones militares.

“Las investigaciones de los jueces se realizan sin reconocer el daño colateral, que está contemplado dentro del Derecho Internacional Humanitario, ello quiere decir que a los militares se nos ha juzgado históricamente sin reconocer esa facultad internacional”, aseguró una de las fuentes.

Con daño colateral, se refieren a los perjuicios causados a la población civil en desarrollo de actividades militares, por ejemplo cuando hubo bombardeos sobre campamentos guerrilleros y en ellos se encontraban civiles. Los cuerpos eran presentados como integrantes de la insurgencia y durante los juicios, según recuerdan, eran juzgados como falsos positivos.

“¿Qué tiene que hacer un civil en un campamento de las Farc, si no es de ese grupo armado? No le hablo de ahora, sino de hace años, cuando el ‘Mono Jojoy’, ‘Alfonso Cano’ y otros jefes guerrilleros llevaban a estudiantes y profesionales, pertenecientes a sus redes de apoyo, a darles cursos e instrucciones. Entonces, las familias desesperadas los reportan como desaparecidos, en las acciones militares son dados de baja y nos dice la justicia que son falsos positivos”, agregó otra fuente.

A ello se suman otros casos ocurridos durante la confrontación militar, como fueron las intervenciones a cascos urbanos donde se refugiaba la guerrilla. Para los militares, los civiles que cayeron en el fuego cruzado durante una retoma a una población no deben ser considerados por los jueces como ‘falsos positivos’, porque a pesar de ser presentados como subversivos, cayeron en combate por un daño colateral, más no por voluntad propia de quien disparaba.

“En las zonas más afectadas por la guerra, la guerrilla siempre usó de escudo a la población civil, cuando teníamos que intervenir se disparaba a una distancia prudente para evitar tener bajas de nuestras tropas, muchos de esas balas no impactaban en el flanco, no por falla nuestra sino por el transcurso del proyectil”, concluyeron.

De esta manera, a juicio de los militares, será la JEP la que determine si los ‘falsos positivos’ tuvieron relación indirecta o directa con el conflicto armado y así determinar su sanción. Para la institución, así se emitan condenas en contra de sus integrantes, los casos a futuro serán presentados ante la justicia transicional.

Mientras se resuelve la controversia jurídica, los colectivos de víctimas de ‘falsos positivos’ seguirán participando de las distintas actividades que han planeado alrededor de la memoria de estos casos, entre ellas rodear con el Costurero de la Memoria a la Fiscalía General el próximo 25 de mayo, donde se exigirá, nuevamente, verdad, justicia y reparación.

Tomado de verdadabierta.com



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