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Tomado de verdadabierta.com

Un reciente decreto expedido por el gobierno nacional, crea una comisión intersectorial para orientar toda la política existente en materia de protección de líderes sociales. Sin embargo, ya generó serios reparos entre los activistas, pues aseveran que se enfoca más en perseguir a los agresores que proteger a quienes debe.

Un articulado excluyente, de corte coercitivo, centrado más en acciones reactivas que preventivas, que desconoce muchos de los contextos en los que se desenvuelven los líderes sociales, activistas y autoridades de pueblos étnicos de Colombia y que, además, no cuenta con un enfoque diferencial que permita atender las violencias particulares de las que suelen ser víctimas las lideresas y activistas de la población LGBTI.

Así calificaron voceros de diversas plataformas de derechos humanos del país el Decreto 2137 del 19 de noviembre de 2018, mediante el cual el gobierno nacional crea la “Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO) para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas”.

Con su expedición, el gobierno de Iván Duque busca dar cumplimiento al “Pacto por la vida y la protección de los líderes y defensores de derechos humanos”, suscrito en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, el pasado 23 de agosto, documento en el que también consignaron su rúbrica el Procurador General de la Nación, la Vicefiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los gobernadores de Antioquia, Córdoba y Chocó.

Ese Pacto pretendía que el gobierno nacional, el Ministerio Público y demás entidades involucradas diseñaran y promulgaran una política pública de protección de líderes y lideresas sociales, de acción eficaz de la justicia y garantías para la labor de los defensores de derechos humanos.

Sin embargo, a falta de una política pública para tal fin, el gobierno nacional decidió crear el PAO que, tal como lo define el Decreto, consiste en una comisión intersectorial que tendrá como objeto “orientar y coordinar los diferentes programas de protección y recursos de las distintas entidades del gobierno nacional involucradas en la prevención individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas”.

Dicha comisión estará integrada por funcionarios del alto gobierno, tales como el Presidente de la República; los ministros de Defensa, Justicia y el Interior; el comandante de las Fuerzas Militares; el director general de la Policía y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Asimismo, el Decreto establece que la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y el Consejero Presidencial para la Seguridad tendrán el carácter de invitados permanentes.

El Decreto plantea por lo menos 14 funciones para dicha comisión, entre las que se destacan: realizar un diagnóstico y hacer seguimiento de la situación general del país con relación a las amenazas contra defensores de derechos humanos y demás; coordinar y orientar la formulación, implementación y seguimiento de un plan de acción oportuna; formular recomendaciones al Consejo Nacional de Seguridad para la conformación de Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI); coordinar la implementación de medidas de protección colectiva; y generar un proyecto de autoprotección, entre otras.

Reparos
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Entre los dirigentes comunales y defensores de derechos humanos, el articulado fue recibido con escepticismo y no fueron pocos los reparos que este despertó.

Mediante comunicado público, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Alianza de Organizaciones Sociales y el Grupo de Trabajo Gpaz, que articulan el trabajo de más de 250 organizaciones no gubernamentales en el país, consignaron que si bien reconocen la voluntad del gobierno nacional de reestructurar y articular la política pública existente en materia de garantías de seguridad para líderes y defensores de derechos humanos, este aún se muestra corto para la magnitud de la problemática.

Advierten, por ejemplo, que el Decreto no tiene en cuenta factores de riesgo como “la presencia de grupos paramilitares reconocidos por la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como las redes de apoyo de estos grupos, los posibles nexos con autoridades locales y/o departamentales que facilitan su actual y los contextos discriminatorios y violencias basadas en género que afectan a mujeres y activistas Lgtbi”.

Señalan, además, que no es claro si los diagnósticos que se elaboren en el PAO reconozcan las afectaciones en términos de género, étnicos y territoriales “como una forma de entender y proyectar acciones encaminadas a dar respuesta a estos tipos de victimización. 

“Es clave, tal como se menciona en el documento, tener presente, además, la pobreza y exclusión social que sufren las comunidades afectadas como factores que agravan y facilitan el actuar de los grupos armados en los territorios. Su desmantelamiento pasa entonces por construir una política pública que incorpore componentes integradores desde el punto de vista social y económico”, consignaron las plataformas de derechos humanos en el comunicado.

Pero sin duda uno de los reparos más serios que formularon los activistas frente al Decreto fue “que excluye a la sociedad civil”. Así lo plantea Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas: “El articulado tiene una muy buena intención, que es orientar una política para la protección de los defensores de derechos humanos, pero que tiene una equivocada acción, que es la de excluir a la sociedad civil de los espacios de diseño de la política orientada a ese fin”.

A juicio de Gallón, el gobierno nacional incurre en una profunda contradicción con este decreto, pues el Ejecutivo argumenta que con esta decisión se busca simplificar la arquitectura institucional creada para la defensa y protección de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos al considerarla complicada y excesiva, “pero resulta que lo que hace es añadir un elemento más a esa compleja y enredada arquitectura institucional al crear una nueva comisión”.

En ese orden de ideas, conceptúa el jurista, “este decreto que crea esta comisión tiene un agravante: que constituye una versión reducida de una comisión mayor creada por un Decreto Ley que es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, surgida tras la firma del Acuerdo de Paz. El PAO es una simplificación de esa Comisión pues mantiene a los funcionarios del gobierno, que son para coordinación interna, pero excluye a los cinco miembros de la sociedad civil”.

Otro de los reparos formulados por Gallón, que coinciden con los planteados por las plataformas de derechos humanos en su comunicado, es en el enfoque coercitivo y policivo del decreto: “Crea unas Zonas Especiales de Intervención (ZEI) y esto es el centro del asunto. Así, lo que quiere el gobierno es definir dónde o en qué territorios está el problema y mandar Policía y Ejército y ya. Se trata entonces de un decreto de corte más coercitivo que no contiene mayores desarrollos en cuanto a medidas de protección”.

En su comunicado, las plataformas de derechos humanos señalaron que el “PAO no puede atender exclusivamente las zonas de disputa de grupos armados. Su carácter de integralidad anunciado debe sumar las zonas de consolidación en las que los grupos armados conviven y coexisten con la población civil, ejerciendo un control social mucho más fuerte (...) los homicidios no pueden ser el único factor o variable con el que medir la afectación contra este colectivo. Una lectura del diagnóstico basada sólo en los crímenes genera una respuesta institucional reactiva, centrada principalmente en el componente de protección, desatendiendo por completo la mitigación de los factores de riesgo con medidas preventivas que eviten la materialización del riesgo advertido”.

Continúa violencia
Con respecto a la seguridad de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, un reciente informe de monitoreo realizado por Indepaz, Cumbre Agraria, Marcha Patriótica y la Fundación Heinrich Böll Stiftung advierte que durante este año se agravó la violencia y las agresiones contra ellos. 

Según este informe, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre se cometieron 226 asesinatos contra activista en 112 municipios de 27 departamentos en el país. El monitoreo también resalta que el 80,53 por ciento de los homicidios se concentró en 9 departamentos, siendo Cauca (50), Antioquia (35), Valle del Cauca (20), Norte de Santander (20) y Nariño (10), Putumayo (20), Córdoba (10) y Chocó (5) los más afectados.

La cifra representa un significativo aumento con relación al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 159 homicidios, y mucho más con respecto al año 2016, cuando se presentaron 97 asesinatos. La mayor parte de los homicidios (181) fueron cometidos contra organizaciones campesinas y organizaciones étnicas-rurales. “Los conflictos por la tierra, territorio y recursos naturales representan el 80.08 por ciento de los homicidios en el año 2018”, resalta el informe.

Asimismo, 40 homicidios perpetrados este año fueron dirigidos contra labriegos que lideraban procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos (el 17,69 por ciento del total); unos 70 asesinatos se cometieron contra integrantes de organizaciones no gubernamentales de alcance nacional (Cumbre Agraria, Marcha Patriótica, ONIC, Congreso de los Pueblos, entre otros); mientras que en el 12 por ciento de los casos las víctimas fueron mujeres.

Pero los asesinatos no son el único problema que afrontan los activistas. Según el informe de monitoreo, este año han aumentado las amenazas e intimidaciones, principalmente contra aquellas personas y organizaciones que apoyan el proceso de paz, defienden su territorio de multinacionales y procesos extractivos legales o ilegales. A esto se suma la estigmatización que, según el informe, “desde la llegada al poder del presidente Iván Duque, las expresiones de protesta en ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública, han sido constantemente estigmatizados por altos funcionarios del gobierno nacional en particular por el Ministro de Defensa”.

“Entre los meses de enero y abril –continúa el informe- 34 personas han sido vinculadas a procesos judiciales por rebelión de los cuales solo seis tienen medidas privativas de la libertad. Se presentaron nuevas capturas masivas contra líderes y asimismo, existen alertas sobre presuntas ordenes de captura contra líderes y lideresas territoriales”.

Cifras de este colectivo de organizaciones, consignadas en el análisis de la situación, estiman que del 20 al 23 de abril de este año fueron detenidas 30 personas en cinco departamentos, entre ellas “reconocidos dirigentes territoriales, a quienes se les imputaba los delitos de rebelión, concierto para delinquir, narcotráfico, entre otros, señalando la pertenencia de estas personas al Eln”.

Al respecto, las organizaciones sociales concluyeron que “como otros procesos de montaje judicial, estos casos presentan debilidad e inconsistencia en la información probatoria, que incluye declaraciones de desmovilizados e información de las fuerzas militares, que fueron relevantes a la hora de la decisión del juez para la orden de captura”.



Tomado de verdadabierta.com

El Ente Investigador anunció que ha esclarecido la mitad de los casos de asesinato que Naciones Unidas documentó entre 2016 y el pasado mes de julio; también reportó avances significativos en cuanto a amenazas. Organizaciones no gubernamentales celebraron dichos resultados, pero también piden avances para los casos ocurridos en años anteriores y más profundidad en las investigaciones.


lidesres asesinadosUna vez más, como sucedió el año pasado, la Fiscalía General de la Nación anunció resultados “históricos” en el esclarecimiento de los crímenes que han sido perpetrados contra liderazgos comunitarios a la largo y ancho del país. La cifra revelada el año pasado fue de 51,72 por ciento, y la del presente de 49,18 por ciento. 

En una rueda de prensa celebrada ayer, Daniel Mejía, director de Políticas y Estrategias de la Fiscalía, informó que, de los 183 casos registrados por Naciones Unidas, 90 presentan avances en esclarecimiento. Dichos resultados se desglosan de la siguiente manera: 18 casos tienen sentencia condenatoria, 30 están en juicio, 24 cuentan con imputación de cargos y 18 más están en fase de indagación con orden de captura. Además, indicó que 215 personas fueron vinculadas en investigaciones y 162 capturadas.

Esos logros, de acuerdo con Mejía, son el resultado de la implementación del denominado Plan Estratégico 2016-2020, que mediante la Directiva 02, presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puso en marcha un nuevo modelo de investigación para esclarecer esta clase de homicidios. Y destaca que el promedio obtenido a través de ella es histórico, “si se tiene en cuenta que la tasa de esclarecimiento de homicidios a nivel país es de 21,57 por ciento”.

Llama la atención que el anuncio de la Fiscalía ocurrió el mismo día en el que Michel Forst, relator especial de la ONU para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, asistió al conversatorio Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Procesos de Construcción de Paz, en la Universidad Nacional de Bogotá, que se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 20 años de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos.

Cuestionan cifras
Diferentes organizaciones que diariamente documentan las agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, así como contra autoridades étnicas, recibieron con optimismo los resultados anunciados, pues reflejan una nueva actitud del Ente Investigador para hacerle frente a la impunidad, pero al mismo tiempo no dejaron de hacer reparos.

El primero es sobre el periodo de tiempo en el que se están concentrando las investigaciones: de 2016 en adelante. “Tenemos información entregada por un derecho de petición sobre los avances de investigación entre 2009 y 2017, que indica que el 72,5 por ciento de esos casos está en impunidad; es decir, que más de 564 casos están impunes en los últimos ocho años”, cuestiona Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, organización que desde 2002 documenta toda clase de agresiones contra quienes se dieron a la tarea de defender derechos de comunidades.

De paso, cuestiona que, con los resultados anunciados en la rueda de prensa, la Fiscalía está mostrando investigaciones con órdenes de captura como parte del esclarecimiento de los casos, cuando en realidad corresponden a avances en la fase de investigación, pero no en la resolución de los asesinatos: “Es respetuoso, pero la única manera de esclarecer cien por ciento un caso es con la condena. Y entre 2009 y 2017 sólo hay 48 condenas. Y esa condena tiene que servir de trampolín para poder identificar las causas posibles profundas de esa violencia”.

Para Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y miembro de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la parte positiva del anuncio del Ente Investigador “es que hay interés por actuar más rápido que en el pasado con estas investigaciones; y la parte regular es que debe tener en cuenta también la cifra de la Defensoría, que es de 330 asesinatos de líderes sociales, y allí los porcentajes cambian sustancialmente”

Desde 2016, la Defensoría del Pueblo ha documentado de manera detallada los casos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, llegando al puto de emitir una alerta temprana el pasado 1 de marzo -vía decreto presidencial relacionado con el proceso de paz que le dio esa facultad- en aras de protegerlos, luego de documentar 282 casos. 

Por esa razón, Posso e investigadores de otros observatorios cuestionan por qué la Fiscalía no emplea las cifras de la Defensoría del Pueblo, siendo una entidad estatal. Al respecto, el presidente de Indepaz llama la atención de que no se ha aclarado la diferencia de criterios para realizar un sólo consolidado: “La categoría de defensor de derechos humanos la utilizan Naciones Unidas y la Fiscalía como referencia primera, y la Defensoría habla de líderes sociales y defensores. Cada entidad tiene una definición distinta: la Procuraduría maneja la noción de defensores de derechos territoriales. Hay lenguajes muy distintos entre las mismas instituciones estatales y eso dificulta que se tenga una caracterización adecuada del fenómeno”. 

Otro cuestionamiento es sobre la falta concreción de los contextos y los móviles de los asesinatos. “Los avances hay que aplaudirlos. Decir sí, pero vamos un poco más allá: ya que la Fiscalía está tan dispuesta, cuéntenos la razón por la que están matando a esos líderes y no diga que todo está asociado al narcotráfico”, plantea Guevara de Somos Defensores.

Esa organización, que está próxima a publicar su informe sobre el primer semestre de este año, ha encontrado que el mes más violento fue mayo, cuando la campaña a la Presidencia de la República estaba en su recta final, y no enero o febrero, como venía ocurriendo en los últimos años. Ese cambio de tendencia, a juicio de su coordinador, “tiene que darnos un par de pistas para entender que esta violencia no viene de un lugar nuevo sino de donde siempre ha provenido: de los factores estructurantes de nuestro conflicto y de quienes intervienen con ese tema”

También se pone en tela de juicio la falta de identificación y judicialización de los autores intelectuales de los homicidios. “Si el 67 por ciento de esos asesinatos son cometidos por sicarios, significa que alguien los paga. Es necesario que se vaya a los determinantes y sus móviles de fondo. Allí hay un gran vacío”, cuestiona Posso.

Y Guevara replica que “hasta ahora tenemos información en crudo, pero sabemos que la mayoría de esos casos corresponden a personas que se allanaron a cargos, pertenecen a jurisdicción indígena, fueron capturados en flagrancia... Hay una serie de condiciones que permitieron que el proceso judicial avanzara de manera rápida y son autores materiales en su gran mayoría”.

Por último, con el cambio de gobierno nacional que se avecina a partir del próximo 7 de agosto, cuando Iván Duque, del Centro Democrático, tome el testigo de Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, también existe temor de que el ahínco que tienen la Fiscalía y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional se venga al piso y este tema pase a un segundo plano, con lo que aumenten la impunidad y la violencia contra líderes sociales.

Sobre esa situación, Guevara advierte que, hasta el momento, el próximo mandatario de los colombianos no se ha pronunciado de manera contundente sobre cómo afrontará esta crisis humanitaria: “No hay una estrategia clara, no hay una forma de poder dilucidar cómo el nuevo gobierno nacional enfrentará este tema. Sospechamos que para ellos esto es un mal menor y hace parte de un problema de orden público; además aumentó la tasa nacional de homicidios: ya salimos de la curva descendente por el proceso de paz”.




Con las elecciones legislativas y presidenciales por delante, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) realiza su campaña mirando hacia los sectores más vulnerables del país, a los que les promete superar deudas históricas en materia económica y social. No obstante, el rechazo que la organización cosechó durante 50 años de guerra se ha transformado en expresiones públicas en su contra.

campania farc 1Con la experiencia en el trabajo organizativo que les dejaron cinco décadas de actividad política clandestina, pero con el desconocimiento de las maquinarias electorales, la antigua guerrilla, ya sin armas, continúa su actividad en la política legal colombiana en medio de expresiones de odio colectivo, que contrastan con su visión.

El partido surgido de la desaparición de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tiene candidato a la Presidencia de la República, lista cerrada al Senado y listas cerradas a la Cámara de Representantes en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander para los comicios que se realizarán en marzo y mayo próximos.

Tal como quedó contemplado en el acuerdo de paz que firmaron las Farc y el gobierno nacional, el nuevo partido tiene aseguradas cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara para los periodos 2018-2022 y 2022-2026. En las urnas se determinará si aumentan sus asientos en el legislativo.
Por decisión del partido, llegarán al Senado Iván Luciano Márquez Marín Arango (conocido en la guerra como 'Iván Márquez'), Pablo Catatumbo Torres Victoria ('Pablo Catatumbo'), Julián Gallo Cubillos ('Carlos Antonio Lozada'), Victoria Sandino Simanca Herrera ('Victoria Sandino') y Criselda Lobo Silva ('Sandra Ramírez').

En la Cámara tendrán asiento Reinaldo Cala ('Jairo Quintero'), Seuxis Paucias Hernández ('Jesús Santrich'), Luis Alberto Albán ('Marco León Calarcá'), Jairo González ('Byron Yepes') y Omar de Jesús Restrepo ('Olmedo Ruiz').

La Farc decidió llevar al Congreso a excomandantes y mandos medios que jugaron un papel clave en la guerra, bien sea en tareas militares o políticas, así como en la negociación del acuerdo de paz en La Habana.

La renovación vendrá por cuenta de los candidatos ubicados en los renglones inferiores, buena parte de ellos jóvenes que militaron en las células urbanas del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3) y, en menor proporción, integrantes de organizaciones sociales que se le midieron a presentar su candidatura a nombre de la Farc.

Repudiados en la calle

campania farc 2La decisión de presentar a la Presidencia y al Congreso candidatos que empuñaron las armas sin antes pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz les ha generado reacciones adversas en sus intervenciones en la plaza pública.

La correría del candidato presidencial Rodrigo Londoño, máximo jefe de la colectividad, empezó mal en Armenia, Quindío, el pasado 3 de febrero, cuando un grupo de personas protestaron por su presencia en la región frente al hotel en el que se hospedaba; tras salir de allí, el vehículo en el que se movilizaba con su esquema de seguridad fue apedreado.

Ese mismo día, en Pereira, Risaralda, varios integrantes del partido, entre ellos el candidato al Senado Israel Zúñiga, se vieron obligados a permanecer encerrados en la sede de una cooperativa donde se reunían con organizaciones sociales debido al "bloqueo en las afueras de las instalaciones" por parte de un grupo de personas que también se mostraron inconformes con la actividad política de la Farc. El domingo 4 'Márquez' tuvo que cancelar un evento de campaña en Florencia, Caquetá, debido a las manifestaciones de personas que se presentaron como víctimas de la otrora guerrilla.

La cadena de reacciones adversas continuó el martes pasado, cuando integrantes de la Corporación Rosa Blanca, que alegan haber sido reclutadas de manera forzada y abusadas sexualmente por comandantes de las Farc, realizaron un plantón frente al Consejo Nacional Electoral para presionar un fallo favorable a las solicitudes de revocatoria de las inscripciones de las candidaturas de la Farc presentadas por José Uscátegui, candidato a la Cámara del Centro Democrático e hijo del general (r) Jaime Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, Meta.

Las agresiones se repitieron ayer en un barrio de Cali, del que Londoño tuvo que salir con el apoyo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía por cuenta de los ataques con objetos, insultos y rechiflas que protagonizó un grupo de personas frente al inmueble donde se encontraba el candidato presidencial.

Además de esos hechos, la Farc denunció que el gobierno nacional tardó en girar los dineros que les corresponde por ley para realizar la campaña. Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, declaró el pasado 3 de febrero que "la razón por la cual no habían sido girados los recursos se debió a que se presentaron dificultades para la apertura de una cuenta bancaria. Las Farc vienen de la ilegalidad, aparecen relacionados varios de ellos en la Lista Clinton, y por esa razón no se pudo abrir una cuenta hasta la semana pasada, porque hubo que hacer algunas modificaciones en la representación legal del partido".

Con todo, los candidatos ya se encuentran en correrías políticas en todo el país, reuniéndose con distintos sectores sociales y centrando su actividad proselitista en convocar las bases sociales en las zonas más pobres de áreas rurales y urbanas.

Se trata del primer ejercicio de participación política legal y abierta, sin armas, de los exmilitantes de la que fue la organización insurgente más grande del país, que transcurre en un escenario adverso al que se le suma la lentitud con la que se implementa el Acuerdo Final firmado con el gobierno nacional; las fracturas internas que vive el partido por su falta de flexibilidad y capacidad de renovación; y la reanudación de la confrontación militar con la guerrilla del Eln.

Apuesta nacional

campania farc 4El programa político que impulsan los candidatos de la Farc se llama "De transición, para el cambio y la reconciliación", presentado públicamente el pasado 27 de enero en el barrio Arborizadora Baja, de la localidad Ciudad Bolívar, de Bogotá. Al evento asistieron cerca de 400 personas, la mayoría de ellas militantes del partido.

En ese escenario, Londoño declaró que "nosotros nos ofrecemos como la opción de organización y unidad de las gentes del común", y lanzó las diez bases programáticas de la campaña presidencial, que rigen las propuestas a Senado y Cámara: paz, democracia, reconocimiento del papel protagónico de las gentes del común, seguridad humana, modelo económico, solución a los problemas sociales, medio ambiente, construcción social y participativa de los territorios, cultura y educación, y relaciones internacionales.

Algunas de las propuestas son nuevas, otras son desarrollos del Acuerdo Final de paz y algunas más hacen parte de las 100 propuestas mínimas con las que la guerrilla llegó a la mesa de diálogos en La Habana y cuyo pulso perdió durante las negociaciones.

El grueso de las iniciativas consiste en la implementación de aspectos del acuerdo de paz que son imprescindibles para la agenda política de la Farc, así como en la ejecución de reformas institucionales y de política social, cambios en las relaciones internacionales y ampliación de la participación ciudadana.

En cuanto a la implementación del acuerdo de paz, el partido tiene propuestas en todos los puntos. Sobre el primero de ellos, la Reforma Rural Integral, la idea es hacer énfasis en la materialización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que están en fase de diseño, y en las medidas encaminadas a la garantía del acceso a la tierra y la formalización de la mediana y la pequeña propiedad. Criselda Cobo, candidata al Senado, opina que "no es posible pensar las ciudades sin el desarrollo del campo, por lo que el punto de reforma rural tiene que ser la prioridad en la agenda legislativa".

En el tema de la participación, la promesa es sacar adelante la Reforma Política y Electoral que hundió el Congreso en 2017, conseguir el acuerdo político nacional para sacar las armas de la política y hacer efectivas las medidas de protección y seguridad integral para los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. También se pretende promover políticas públicas sobre democratización de la información.

En el punto sobre solución al problema de las drogas ilícitas, el partido propone desarrollar con mayor énfasis el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y participar en la “definición e implementación de políticas globales para combatir la industria corporativa transnacional de las drogas ilícitas”. Finalmente, en los puntos de víctimas e implementación, se promete el cumplimiento de los “propósitos y funciones” del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la inclusión de un capítulo sobre la implementación del acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

En lo que se refiere a las reformas institucionales, la Farc propone cambios en todas las ramas del poder. En el Legislativo, la idea es tramitar una reforma al Congreso para “ampliar la representación territorial, reducir sus costos de funcionamiento y los salarios para los congresistas y fortalecer la iniciativa parlamentaria”. En el Judicial, la reforma iría encaminada a “superar la ineficiencia y la impunidad, elegir magistrados con mecanismos idóneos, transparentes y democráticos y con veeduría social”. En el Ejecutivo, se pondrían en marcha “medidas extraordinarias para recuperar y reencauzar el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal”.

El otro componente grueso del programa son las transformaciones en la política social y el modelo económico. En lo que tiene que ver con la política, la propuesta principal consiste en poner en marcha un “plan de choque social” durante los primeros 100 días del gobierno, para “erradicar” problemas complejos como la desnutrición infantil, el hambre, la “inasistencia básica en salud”, el analfabetismo, el desempleo y la carencia de infraestructura. A ello se suma una propuesta a la que le están dando especial relevancia los candidatos a Senado y Cámara: la entrega de un “ingreso vital de existencia” para adultos mayores en edad de jubilación, personas con discapacidades físicas y personas dedicadas al cuidado.

En lo que sería el largo plazo, la Farc propone la gratuidad de la educación pública en todos sus niveles, así como la creación de un Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud, el fortalecimiento del régimen de pensiones, el acceso universal a los servicios públicos, la construcción y el mejoramiento de vivienda, y la reducción del trabajo informal. En este punto, también se promete la creación de un Plan Nacional de Educación y Cultura para la Paz, además de una medida que afectaría a los planteles privados: la eliminación de “cualquier pretensión de ánimo de lucro en todos los niveles e instituciones educativas del país”. El programa le otorga un papel preponderante al cuidado y la restauración del medio ambiente y al fortalecimiento del arte y la cultura con enfoque territorial y de reconciliación.

En cuanto al modelo económico, contrario a lo que planteó durante la guerra, la Farc asegura que respetaría las economías privadas, aunque fortalecería la regulación estatal de la economía y mantendría su propuesta de siempre de fomentar la producción industrial y agrícola a través de acceso a créditos, asistencia técnica e innovación tecnológica. En el tema minero energético, la propuesta es “superar la actual dependencia frente a la renta petrolera y minera” y endurecer la regulación del sector “a fin de garantizar la sustentabilidad ambiental”. Al respecto, la candidata Cobo asegura que "necesitamos revisar las condiciones estatales a las multinacionales para evitar que se sigan perdiendo nuestros ríos y páramos, así como fortalecer las consultas previas".

Para poder costear su ambiciosa política social, el partido promete hacerle “ajustes estructurales” a la política tributaria, aumentando los impuestos a las personas naturales que perciban mayores rentas y tengan mayor patrimonio, así como reformar el cobro del IVA para hacer de él un impuesto “equitativo” y de afectación mayor al consumo de bienes suntuarios. El partido también propone obtener más recursos del combate a la evasión, la reestructuración del gasto público y la “erradicación de la corrupción”, que por año deja pérdidas de cerca de 50 billones de pesos, según el contralor general, Edgardo Maya.

Frente a las relaciones internacionales, la Farc le apostaría a la “renegociación” y la “reformulación” de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia y contrataría una “auditoría independiente” de la deuda externa. Aparte de esas arriesgadas propuestas, el partido asegura que respetará los compromisos en materia de endeudamiento externo, inversión extranjera y cambio climático, propiciando la integración regional.

Por último, el programa incluye un fuerte componente de participación ciudadana, que abarca el reconocimiento y el estímulo de las formas de democracia directa y participativa, buena parte de ellas creadas por organizaciones sociales en territorios afectados por la guerra. Asimismo, el partido promete brindar “plenas garantías para la movilización y la protesta social” y vincular a las dirigencias regionales y locales en la “definición de la política económica y social del nivel nacional", así como ampliar la participación ciudadana en el diseño de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Apuestas regionales
En el ámbito regional, las propuestas son amplias y variadas, tal como explicaron en diálogo con este portal varios de los candidatos que tendrán asiento en la Cámara de Representantes por la Farc durante el periodo 2018-2022. Estas son sus propuestas y detalles de su paso por la guerra.

Tomado de verdadabierta.com



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Tomado de verdadabierta.com

Terminar la confrontación armada con las Farc representó un cambio sustancial en la vida de numerosas comunidades en Argelia, municipio del sur de Cauca donde proliferan los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y uno de los más golpeados por la guerra en este departamento. Ejemplo de ello es el corregimiento El Mango, donde el conflicto se vivió con intensidad y se estima que es la región que más sufrió más ataques guerrilleros en la historia de la guerra (otros dicen que fue Toribío, pero no es un premio muy apetecido).
“Después de tanto dolor, nos llega una esperanza... los acuerdos de paz”, dice uno de sus líderes. En ello concuerdan todos los líderes y pobladores entrevistados en varios de los corregimientos donde las Farc hacían presencia, que la tranquilidad –la simple falta de la violencia– sí ha llegado y sus vidas han cambiado, ahora sólo falta que llegue la paz.

Pero varios creen que la paz –entendida como la superación de los factores estructurales que generaron la violencia allá– y la tranquilidad están en riesgo por dos razones principales: En primer lugar, existe la preocupación de que el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, no respete el acuerdo de paz o, intencionalmente, no implemente lo pactado con las Farc. En este escenario, varios tienen miedo de que la guerrilla vuelva a coger las armas. “Es que no hay de otra”, comenta una lideresa local sobre si la desmovilizada organización insurgente volverá al monte en Argelia si les incumple el acuerdo. Muchos otros están de acuerdo con ella.

En segundo lugar, en varias zonas del municipio opera la guerrilla del Eln. Cuando llegó a Sinaí –un corregimiento en el corazón de Argelia– reunió a los pobladores y dijo que había llegado para mantener el orden. La gente le preguntó por el proceso de negociación que lleva a cabo con el gobierno nacional en La Habana, Cuba, antes de hacerle saber que no quería contar con su presencia. La junta y la organización campesina local decidieron encargarse del orden. Los insurgentes se fueron diciendo que respetaría la voluntad de la comunidad, pero si algo ocurriese los podrían buscar. Más adelante del Sinaí, ya empieza territorio ‘eleno’, incluyendo El Plateado y El Tambo.

Un tema que une esas dos amenazas es la hoja de coca. El cultivo de uso ilícito abunda en Argelia. En las afueras del casco urbano se aprecian las matas a lado y lado de la vía, igual que algunos laboratorios para convertirla en pasta de coca. En El Plateado, un corregimiento en el norte del municipio que incluso es más grande que la cabecera misma de Argelia, la economía gira totalmente alrededor de la coca. “Aquí el 98 por ciento de la gente vive de ella”, comenta un profesor, quien decía que los únicos que no viven directamente del cultivo ilícito eran, de pronto, los docentes por recibir un sueldo.

La gente quiere sustituir o cambiar sus sembradíos de hoja de coca, pero duda de las posibilidades para hacerlo. En algunas zonas, las organizaciones proponen sustituir gradualmente: mientras la infraestructura, por ejemplo, va avanzando, ellas van sustituyendo poco a poco, algo que el Estado rechaza. Otras, como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que agrupa a cientos de labriegos y con presencia en Argelia, le apuesta al programa de sustitución, siempre y cuando haya inversión. Un líder de la organización resume así su visión: “a nosotros nos dicen, ¡cambien (su coca por algo lícito)! Nosotros decimos, ¡Inviertan!”

Los lugareños suelen señalar el hecho de que la úniva vía que conecta al casco urbano con el resto del departamento todavía está sin pavimento. Para salir de la zona, después de una lluvia fuerte, la camioneta en la que viajamos casi no fue capaz de transitar por algunas partes donde habían caído algunos derrumbes poco antes.

En el municipio solamente se ha firmado un acuerdo colectivo para entrar en el programa de sustitución, pero no se han dado los acuerdos familiares con los cuales se inician los pagos y la eradicación voluntaria de la coca. Esta situación se ha dado por diferentes razones: un Estado que buscando resultados rápidos al parecer no priorizó a Argelia; una población que tiene preocupaciones de meterse en el programa por si llega un presidente que lo acabe; y una desconfianza notoria en las iniciativas estatales.

“No le creemos nada al gobierno, no lo queremos”, dice un líder, aunque exige que el Estado llegue a invertir. Varios entrevistados en El Plateado dicen que prefieren que el gobierno no les dé títulos por sus tierras. Argumentan que con títulos le será más fácil al Estado quitarles las mismas fincas que han titulado. Muchos en el municipio dicen que el gobierno realmente no quiere comprometerse con la paz, o que lo único que le interesa era desmovilizar a las Farc y quitar la coca como sea.

Pero algunos cultivadores de Argelia sí le han apostado a la paz. La participación en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), concertados con la guerrilla de las Farc y plasmados en el Acuerdo de Paz, han unido organizaciones de toda índole, y aunque tienen dudas, participan con entusiasmo, tanto que una de las personas que coordina los PDETs en el municipio dice que le “asusta la esperanza que la gente le pone... porque está en manos del gobierno...”. En las palabras de otro poblador: “el proceso de paz nos ha unido a todos acá.”

Pero la coca no lo es todo. Dado su pasado como lugar especialmente victimizado por las Farc (y por paramilitares también en su momento), reconocer los derechos de las víctimas también será clave, especialmente los de las mujeres. Hay víctimas de ataques guerrilleros, violencia sexual paramilitar y acciones violentas de la Fuerza Pública que esperan saber la verdad de sus casos, o por lo menos que de pronto sus victimarios le pidan perdón. La Justicia Especial para la Paz también hace parte de sus esperanzas.

Cómo asegurar que municipios como Argelia llegan a tener una paz real será un desafío para el nuevo gobierno, que será liderado por Iván Duque a partir del próximo 7 de agosto, independientemente de sus opiniones sobre el Acuerdo de Paz. No solamente deberá asegurar que disminuya la hoja de coca, sino integrarlo al resto del país y crear las condiciones para una economía lícita.

Si el próximo gobierno nacional no intenta lograr una paz verdadera en Argelia, el daño a la legitimidad del Estado puede ser devastador y durar por décadas. Si es así, la tranquilidad que se ha ganado en el municipio puede desaparecer, pues la guerrilla del Eln espera, observando y analizando, para aprovechar cualquier vacío.

*Analista para Colombia de International Crisis Group
Twitter: @KyleEnColombia




comision de la verdad

Por Margarita Martínez Osorio*

En 2014, en medio de las negociaciones para construir el acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno, se creó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHVC), cuyo fin era convocar a varios expertos para hacer un diagnóstico general de las causas e impactos del conflicto en Colombia.

En ese momento, la CHVC nos mandó el mensaje de que la historia era un asunto de hombres: de sus doce integrantes, solo uno era mujer.

Recientemente, el Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dio a conocer los nombres de las once personas que integrarán la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, más conocida como Comisión de la Verdad.

Esta Comisión entró pisando fuerte, pues, además del presidente Francisco de Roux, cuenta con cinco hombres y cinco mujeres.

Esto quiere decir que se comprometió con la paridad y con romper la perversa tradición que históricamente nos ha excluido a las mujeres de los escenarios de poder y, como lo demostró la CHVC, de los lugares de enunciación de la historia. Sin embargo, este es apenas el primer paso para llegar a una Comisión de la Verdad comprometida con la equidad de género. En adelante, el principal desafío será incorporar la perspectiva de género en los procesos y productos de la Comisión. ¿Qué significa eso? Por un lado, significa que una de las tareas de la Comisión debe ser esclarecer el papel del género en la configuración de las lógicas de la guerra y la violencia en Colombia.

Pienso en los casos de San Onofre en Sucre y El Placer en el Putumayo. En ambos casos, como lo documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica, los paramilitares impusieron órdenes de género particulares para dominar a las poblaciones. Las mujeres —consideradas “chismosas”, “infieles” y “subversivas”— fueron castigadas públicamente con diversas formas de tortura, tales como la violencia sexual, la realización de trabajos domésticos forzados y el corte del cuero cabelludo. De igual manera, en razón de su identidad sexual y de género, la población LGBTI que habitaba esos territorios fue víctima de desplazamiento forzado, castigos y humillación pública y violencia sexual. Violencia y masculinidad: un desafío de la Comisión También pienso en cómo las lógicas de los grupos armados reproducen y, en ocasiones, profundizan estereotipos e ideas extendidas, naturalizadas y violentas sobre el género. Por ejemplo, recuerdo uno de los relatos que el periodista Alfredo Molano reconstruye en El caleidoscopio de las justicias en Colombia en que una trabajadora sexual acude al ELN para denunciar que había sido violada. En este caso, la forma de hacer justicia por parte de la guerrilla fue haciéndole pagar al violador lo que la mujer cobraba usualmente por sus servicios sexuales, como si el asunto a solucionar fueran las deudas pendientes y no un problema profundo de violencia y falta de consentimiento. Finalmente, viene a mi mente la rigurosa investigación de Kimberly Theidon con excombatientes en Colombia en que muestra cómo un requisito fundamental para quienes ingresaban a los grupos armados era asumir una masculinidad altamente militarizada y violenta.

Estos casos exponen algunos de los desafíos de la Comisión de la Verdad a la hora de esclarecer el papel del género en la guerra. Evidencian que el estudio del género no se reduce a —aunque sí la abarca— la comprensión de las violencias contra las mujeres o a la violencia sexual. Gran parte del trabajo de la Comisión debe ser sacar a la luz las formas de violencia contra las mujeres, pero también debe contemplar las múltiples experiencias y violencias de género que operan en la guerra, tales como las prácticas de sevicia contra la comunidad LGBTI, las nociones de autoridad y poder vinculadas con la ‘feminidad’ o la ‘masculinidad’, y los distintos factores que aumentan la vulnerabilidad de ciertas personas a convertirse en víctimas de violencias de género en el conflicto.

Por otro lado, la incorporación efectiva del enfoque de género en el trabajo de la Comisión implica también posicionar estas múltiples experiencias de género en la narrativa de la verdad del conflicto. Esto no solo les hace justicia a aquellos grupos sociales que han sido histórica y sistemáticamente victimizados y silenciados en razón de su género, como las mujeres y la población LGBTI. También nos enfrenta a colombianos y colombianas a la verdad de un conflicto complejo en que los estereotipos de género que vemos —e incluso reproducimos— a diario se traducen en prácticas de violencia extrema contra cuerpos y vidas insertos en las dinámicas de la guerra. En este sentido, la Comisión tiene la gran tarea de pluralizar la verdad. Esto quiere decir que deberá incluir dentro de las narrativas de la guerra y la paz las experiencias y voces de quienes han estado más silenciados por las lógicas de poder y de género del conflicto. También tiene el desafío de interpelarnos, de cuestionarnos sobre qué podemos hacer para, desde nuestra cotidianidad, evitar que los hechos atroces vuelvan a ocurrir y para que ningún otra persona en Colombia tenga que sufrir los impactos de género de la guerra.

Solo desde ese reconocimiento de la verdad y de la dimensión de los crímenes atroces y de género que se perpetraron en el conflicto es posible pensar en el potencial transformador de la verdad.

Tomado www.pacifista.co


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