La frase es de Carlos Martín Beristain, médico y doctor en psicología social, quien ha trabajado durante dos décadas con víctimas de violaciones de derechos humanos. Su experiencia como asesor en varias comisiones de la verdad, le permite dar luces sobre cómo podría ser la colombiana. Entrevista con VerdadAbierta.com.

Beristain 1Si hay algo que tiene convencido a Carlos Beristain tras 20 años como asesor en comisiones de la verdad es que estas no pueden limitarse a la narración de historias de las víctimas para las víctimas; o entre perpetradores, o entre víctimas y perpetradores. A su juicio, debe ser un espacio que vincule a la sociedad en una historia compartida, que conduzca a un nivel distinto de la representación actual de la realidad, permitiendo un reconocimiento plural del sufrimiento. “La Comisión busca un reconocimiento colectivo del dolor individual, por eso es que es tan importante como espacio social”, dice.

Beristain es médico y doctor en psicología social y fue asesor en las comisiones de la verdad en Perú, Paraguay y El Salvador. Es profesor de ayuda humanitaria y trabajó con víctimas de violaciones de derechos humanos en la Universidad del Deusto (Bilbao) y en el Instituto Hegoa (Universidad del País Vasco UPV-EHU). También conoce en detalle los procesos de justicia transicional de El Salvador, Guatemala y Colombia.
“La Comisión de la Verdad ayuda a desestigmatizar las víctimas. Les ofrece medidas de reparación, ayudándoles a procesar el dolor... La memoria no es una fotografía fija y ésta debe hacer énfasis en los aspectos positivos de la verdad”, comenta el experto.

Además, asegura que el mayor tema de seguridad es que hay un esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos: “es lo que le va a dar mayor seguridad al país; no el ocultamiento de la verdad”.

A propósito del taller Desafíos para el periodismo de hoy, libertad de prensa, proceso de paz y acceso a la información, convocado por Consejo de Redacción, y de cara al anuncio del nuevo acuerdo logrado entre el gobierno nacional y las Farc, Berinstain conversó con VerdadAbierta.com sobre aspectos clave de la futura Comisión de la Verdad:

Verdad Abierta (V.A.): ¿Qué tan complejo puede ser el proceso de conformación de una comisión de la verdad?

Carlos Beristain (C.B.): Eso es un proceso que tiene su tiempo, porque la verdad conflictiva no se asimila tan fácilmente cuando primero se ha estado viendo una representación de la sociedad dominante que ha ocultado muchas cosas o que ha negado otras; o por otra parte, cuando políticamente uno ha estado viendo solamente un tipo de violencias o de impactos porque ha tenido cierta sensibilidad en función de que se ha identificado con esas víctimas o son las víctimas que han tenido más proyección social o han aparecido más en los medios.

Entonces eso significa un proceso de construir una buena parte de una representación a veces muy sesgada o selectiva de esa realidad y se necesitan más acciones sostenidas en el tiempo. Eso no va a venir de una sola acción y que sean acciones no solamente en las que el papel de las víctimas es fundamental; el papel de las víctimas diferentes es fundamental porque ellas pueden tener una capacidad de identificación entre sí a partir del impacto de lo vivido que me parece muy importante. Es una energía transformadora y que no debe quedarse solo en ellas porque eso es también una lección moral para la sociedad; es un mensaje para otros.

(V.A.): ¿Hay ejemplos en el mundo que destaquen esa relación de víctimas diferentes expresándose entre sí?

(C.B.): La experiencia de Glencree en el País Vasco [iniciativa de distintas víctimas de GAL, ETA y la Policía] mostró víctimas muy diferentes y de extremos políticos muy distintos fueron capaces de hacer un proceso de diálogo, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de criticar la violencia sufrida por el otro, de una manera totalmente honesta y veraz, que es una lección moral también para la sociedad.

Se necesita que esas experiencias, que a veces son entre víctimas o entre comunidades, tenga una proyección pública, que puedan llegar a muchos sectores de la sociedad que a veces ven el problema de la violencia o de las violaciones de derechos humanos como un problema de otros o un problema que ha estado invisibilizado.

(V.A.): ¿Y qué se necesita para llegar a ese nivel de entendimiento?

(C.B.): Necesitamos que esas memorias ayuden a superar la indolencia frente al dolor. No solamente es un problema de memorias selectivas, como que yo me fijo en unas víctimas como si estas víctimas son las únicas que existen; también es un problema de indolencia por el deterioro del conflicto armado, por la representación dominante de la violencia en los medios de comunicación, la invisibilización de otras cosas, que terminan poniendo distancia frente a lo que nos duele.

A pesar de que la psicología muestra que en la investigación sobre víctimas -por ejemplo- todo el mundo tiene una valoración positiva sobre ellas en general, en la práctica tienden a ponerse una distancia sobre las víctimas porque es una cosa a veces dolorosa o que no quiere verse. La sociedad debe dejarse tocar por eso y hay que hacer un proceso sostenido en el tiempo y de diferentes acciones, que sean significativas, que tengan una proyección social y ayuden a generar esa sensibilidad.

(V.A.): Frente al proceso que se avecina en Colombia, ¿cómo puede implementarse la metodología de la Comisión de la Verdad acordada en La Habana?

(C.B.): Lo primero que hay que tratar es que el diseño de la comisión es parte del proceso, ella no puede venir diseñada desde arriba. Su construcción debe generar legitimidad, tiene que haber una participación. Las personas elegidas tienen que generar consenso y no se trata de un reparto de quién representa a equis sector político y hacemos entre todos “un pastel”, por decirlo en términos culinarios, que tenga un pedazo de cada quién, no. Se necesita de personas que tengan legitimidad moral y social para diferentes sectores y que den legitimidad al proceso.

Y esta Comisión debe trabajar sobre todo hacia las víctimas, mostrando su compromiso, la agenda de las víctimas es fundamental para una Comisión de la Verdad y también tiene que recoger no solo sus historias sino abrir el espacio social para las víctimas, ese es el trabajo pedagógico que debe hacer la Comisión.

(V.A.): ¿Qué opina de lo acordado al respecto con las Farc?

(C.B.): El diseño previo que se hizo con las Farc de esa comisión incluye elementos, por ejemplo, de reconocimiento a las víctimas, de procesos de reconstrucción del tejido social local, en los cuales la participación de las víctimas e incluso de perpetradores sobre bases de reconocimiento de la responsabilidad constituyen mecanismos muy importantes, y eso es un elemento novedoso.

(V.A.): Las víctimas ya han participado de los procesos de Justicia y Paz [Ley 975 de 2005] y de Víctimas y Restitución de Tierras [Ley 1448 de 2011]. ¿Cree que eso ya es avance para aportar a la futura comisión?

(C.B.): En Colombia hay una fragmentación de los procesos. Primero, las víctimas no estaban invitadas al proceso de Justicia y Paz, pero se presentó el escenario, empezaron a hablar sobre los muertos durante las audiencias libres, y aún en un contexto de miedo siguieron llegando y se manifestaron como un sujeto social que debe ser escuchado; eso me parece importante y muestra el valor de las víctimas para dar pasos en contextos en los que no había condiciones.

Hay una Ley de Víctimas antes de una comisión de la verdad. Hubo declaraciones de los perpetradores antes de una investigación sobre [lo que han sufrido] las víctimas, muchas cosas que en otros casos se han hecho como parte de un proceso más estructurado.

(V.A.): ¿Qué sugiere hacer entonces?

(C.B.): El proceso de paz debería ayudar a poner una dirección en todos estos elementos que han sido fragamentados; no a sustituir cosas que ya están; pero sí a orientarlas y a ponerles más criterio y una redirección hacia la construcción de ese tejido social. Los temas que tienen que ver con la tierra deberían venir después de una investigación sobre la problemática de la tierra en las diferentes regiones y qué condiciones se han dado para evitar la individualización del problema.

Muchas víctimas no tienen papeles, les compraron [sus tierras] de forma fraudulenta, en medio de la amenaza; hubo muchas condiciones a las cuales no pueden aplicárseles los criterios convencionales, normales en otro tipo de problemas, y por eso hablamos de justicia transicional. Tiene que haber mecanismos diferentes y garantías porque no vas a encontrar que las víctimas tengan todos los documentos o pruebas. Entonces, la comisión va a tener que poner criterios específicos de cómo reorientar esa temática de la tierra y mucho de lo que hay detrás del conflicto; no es solo un tema de lucha ideológica contra el Estado o contra la guerrilla.

En todos los conflictos hay que “mirar detrás de la cortina o debajo de la mesa” para ver qué es lo que se está jugando ahí, y la comisión tiene que poner en blanco sobre negro, entonces no son solamente las causas de la violencia sino los mecanismos que han hecho posible o han alimentado esa violencia, y proponer medidas. Eso no se ha hecho todavía en este país a pesar de que existen ya un conjunto de medidas legales. La Comisión va a tener que decir cosas sobre esos puntos.

(V.A.): ¿Y cómo lograr captar el interés de la ciudadanía para que mantenga su atención en el proceso de la Comisión y sus resultados cambien la percepción sobre ese pasado violento?

(C.B.): Una cosa que tiene que hacer la Comisión es abrir el espacio para las víctimas en términos de la recogida de testimonios y de que sus historias sean escuchadas por la sociedad. Y en eso las audiencias públicas son una herramienta clave.

Además, tendrá que tener una política de comunicación muy clara que no puede estar esperando a tener el informe final para mostrar sus revelaciones, que ayuden a tener una dimensión de la violencia más amplia de lo que se tiene, a que se visibilicen los impactos, porque eso es lo único que puede generar sensibilidad social: la injusticia vivida por las víctimas.

Y es que no se trata solo de un dato estadístico, porque a veces esto termina convirtiéndose en una “epidemiología del sufrimiento”: cuántos muertos, cuántos desaparecidos, pasamos la página y ya está. Si no es algo que te toca, que puede ser tú o tú familia o alguien como tú con la humanidad compartida que tenemos, entonces va a ser visto más como la “crónica roja”, que es más la exaltación de las atrocidades y el terror; y poca conciencia sobre cómo eso nos toca y qué mecanismos lo hacen posible.

La Comisión tendrá que hacer énfasis en mensajes, acciones, en el medio urbano, que rompan la secuencia de pensamiento habitual y que muestren algo más real de esos impactos que no se han querido ver, también de las experiencias de resistencia o de reconocimiento del otro, que son muy positivas y que se han ido haciendo de una forma más fragmentada o limitada, pero que nunca estuvieron en la agenda o no se convirtieron en lecciones morales para la sociedad; hay que tener una estrategia de incidencia y la Comisión en Colombia va a tener que tener un fuerte énfasis en eso.

(V.A.): ¿Qué recomienda en el tema de preservación de documentos, archivos, fotos, para que se preserven como prueba de lo ocurrido? ¿Qué entidad debe ser la depositaria de todo ese material?

(C.B.): Después del trabajo de la Comisión debe constituirse algo y en diferentes países ha sido así. En Perú, el depositario del archivo de la Comisión ha sido la Defensoría del Pueblo con su sistema de consultas; el peor escenario ha sido el Centroamericano, donde los archivos de las Comisiones están en Nueva York reservados 50 años; ese es el peor escenario, eso no puede pasar en Colombia.

Lo que tiene que haber durante el proceso es una apertura de archivos. Si las organizaciones de la guerrilla tienen archivos, deberían abrirlos; el Estado también debe abrir los suyos. No puede ser que pase como en Guatemala: diez años después del informe de la Comisión se descubrió el archivo de la Policía Nacional. Se descubrió de casualidad porque en medio de unas instalaciones de la Policía estallaron unos artefactos, armas oxidadas y cuando fue la Procuraduría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo a investigar qué había pasado, los militares ya había retirado las armas y cuando preguntaron que había detrás de unas puertas encontraron un archivo: montañas de papel tiradas, llenas de moho, un archivo organizado, un archivo más grande que el de Indias en Sevilla, y eso muestra que el gobierno guatemalteco dijo que no tenía archivos, que no había nada y sin embargo, había muchas cosas.

Cuando fuimos 10 años después de la Comisión de la Verdad a una visita al archivo cuando ya tenían cosas más organizadas, nos recibieron con una carpeta del caso Oliverio Castañeda [líder estudiantil guatemalteco asesinado]. La primera hoja de esa carpeta era un memorando de Christian Tomuschat, presidente de la Comisión de la Verdad, al Ministro de Gobernación solitando que nos dieran la información sobre el caso de Oliverio Castañeda. La segunda hoja era el memorando del Ministro de Gobernación a la Jefatura de Archivos, que por favor revisaran. Y el tercero era un documento de la Jefatura de Archivos diciendo: “adjunto remito la información existente sobre el caso”, con bastantes páginas.

En las siguientes páginas había una hoja de recepción del Ministerio del Interior y en la última hoja estaba la respuesta del Ministerio de Gobernación a Christian Tomuschat, indicando: “no se ha encontrado en los archivos ningún informe de Oliverio Castañeda”. Esto es la prueba de la no colaboración del Estado en la investigación de los casos y de la no colaboración con la Comisión de la Verdad.

Las comisiones han tenido dificultades para que haya una apertura de los archivos, se ha conseguido tiempo después. Colombia tiene que tener un estándar mucho más alto de lo que se ha podido hacer en otros países y tiene que haber una apertura que permita una investigación, no solo el testimonio son las víctimas; tiene que haber documentación de los diferentes actores que ayuden a develar la verdad y a investigar los casos, esto es un deber moral y no puede quedarse en el parapeto de la respuesta general de que “son temas de seguridad”. El mayor tema de seguridad es que hay un esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, es lo que le va a dar mayor seguridad al país; no el ocultamiento de la verdad.

Tomado de verdadabierta.com






campesinos
03-11-2016. Los Magistrados de Restitución de Tierras han condenado 19 reconocidas empresas del sector financiero, cementero, minero, agropecuario, bananero y palmicultor a devolver 53.821 hectáreas de tierra a campesinos despojados; en contraste, el Uribismo propone una Ley de impunidad para los que adquirieron tierras con el despojo y pretende reformular el acuerdo agrario con las Farc logrado en La Habana.

Las Fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación analizaron y transcribieron apartes de 24 sentencias donde los Magistrados señalan que las empresas hicieron caso omiso de la notoriedad y conocimiento público sobre la violencia generalizada que padecían esas regiones y se aprovecharon del desplazamiento y del despojo de tierras ocasionado por el conflicto armado, por lo que a ninguna se le reconoció compensación en dinero al no cumplir con los requisitos que exige la ley sobre la buena fe exenta de culpa.

En cuanto a las empresas mineras, la orden de los Magistrados consistió en suspender el estudio y trámite de exploración y explotación minera hasta tanto no se cumpla con la consulta previa requerida en territorios de comunidades indígenas.

En el caso del sector bancario, los Magistrados le negaron la compensación en dinero a una entidad, por no haber hecho ningún esfuerzo investigativo que le permitiera concluir que la tierra recibida en garantía era producto del despojo a través de hechos de violencia.

Tomado de Fundacion Paz y Reconcialiacion


En entrevista con VerdadAbierta.com, alias ‘Victoria Sandino’ contó cómo las mujeres líderes de este grupo subversivo están buscando mayor participación en las decisiones que se tomen como organización política.

decima conferencia 3 1Judith Simanca Herrera, llamada en las filas guerrilleras ‘Victoria Sandino’, participó en la Subcomisión de Género durante las conversaciones en La Habana y fue la única mujer del equipo negociador de las Farc. Durante dos años trabajó de la mano con María Paulina Riveros, la representante del gobierno nacional, para imprimirle la voz de las mujeres en los tres puntos que ya estaban pactados –desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas–. El acuerdo alcanzado en la isla del Caribe fue el primero en el mundo en incluir un enfoque de género.

El resultado, que se dio a conocer el 24 de julio de este año, fue elogiado por las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, pues incluía algunos de sus reclamos: cero amnistía para los delitos sexuales, prioridad a las mujeres campesinas en la titulación de predios y el compromiso de dar una “participación equilibrada” en la implementación de los acuerdos.

Ahora el reto es lograr que ese enfoque de género se refleje también en las filas insurgentes. Durante la Décima Conferencia Nacional Guerrillera, que se lleva a cabo desde el sábado pasado en las sabanas del Yarí, Caquetá, ‘Victoria Sandino’ está al frente de un grupo que busca concretar la participación de las mujeres en instancias de decisión de las Farc.

Aunque desde 1970, durante la Cuarta Conferencia de las Farc, las guerrilleras fueron reconocidas como combatientes, con los mismos deberes y derechos que los guerrilleros, son pocas las que han llegado a ocupar un lugar en el Estado Mayor Central de las Farc. La líder guerrillera habló con VerdadAbierta.com durante un receso en las deliberaciones.

VerdadAbierta (VA): ¿Cuántas mujeres hay en las Farc y cuántas están presentes como delegadas en la Conferencia?

‘Victoria Sandino’ (VS): En la organización hay todo tipo de mujeres: jóvenes, mayores, campesinas, y representamos cerca del 40 por ciento de las Farc. Acá en la Conferencia, aunque no tengo aún el dato oficial de cuántas mujeres somos, creo que estamos entre el 35 o 40 por ciento, también.

VA: Teniendo en cuenta que las mujeres son minoría en el Estado Mayor Central, ¿eué capacidad de decisión tienen en esta Conferencia?

‘VS’: En la mesa directiva de la Décima Conferencia hay paridad. En esa mesa están sentadas seis personas: los camaradas ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’ y ‘Miguel Pascual’ y tres camaradas mujeres, ‘Erika Montero’, que hace parte del Estado Mayor Central, ‘Sandra Ramírez’ y ‘Sirley’. Tres y tres en la mesa. Eso es histórico, nunca había sucedido así en una conferencia. Y eso no lo ha dicho ningún medio de comunicación.

Y es que en esa mesa se acaban los rangos, coordinan los seis camaradas que están ahí, mientras el resto del Secretariado ocupa otras posiciones, porque ellos están trabajando en comisiones. Entonces las mujeres tienen una vocería histórica en esta conferencia

VA: Entonces, ¿puede decirse que hay un cambio reciente de las Farc en temas de género?

‘VS’: Tremendamente. Yo estoy más que complacida. En las Farc siempre hemos dicho que hombres y mujeres somos iguales y, de hecho, en la vida cotidiana cumplimos las misma tareas e íbamos a las confrontaciones por igual. Pero en la dirección eso no ha sido así, porque no hay tantas mujeres: de los 31 del Estado Mayor, solo hay una mujer (‘Erika Moreno’) y en el Secretariado ninguna.

Muchos de estos cambios fueron iniciativa de las mujeres guerrilleras; claro que contamos con el apoyo de la jefatura y toda la organización, pero fuimos nosotras las que comenzamos la transformación y ya en los espacios de dirección intermedia somos muchas. En esta Conferencia me complace mucho escuchar que en las cuarenta intervenciones los muchachos y los veteranos han asimilado el tema del lenguaje, hablan de ellos y ellas.

VA: ¿Por qué es importante diferenciar el papel de las combatientes?

decima conferencia 3 2‘VS’: Es que nosotras tenemos condiciones que nos diferencian que no son fáciles de distinguir en la guerra. Por ejemplo, es muy complicado cuando una compañera tiene un puesto de mando y tiene que dejarlo 4 o 5 meses para tener su bebé, pero cuando vuelve alguien ya ocupó el puesto, porque la guerra tiene otra dinámica. Hemos venido dando esos debates a lo largo de estos cuatro años del proceso de paz, ahora con estas nuevas condiciones tenemos la experiencia, la capacidad y la disposición. Creo que esto es un cambio que ya no se puede detener.

VA: El acuerdo de la Subcomisión de Género dice que en la implementación de los acuerdos tiene que haber una “participación equilibrada” entre hombres y mujeres. ¿Cómo se garantizará eso en las filas de la Farc?

‘VS’: Pues ese es precisamente parte del debate que estamos dando acá. Afortunadamente no lo estamos dando solo las mujeres, en las intervenciones ya muchos compañeros están diciendo: “Bueno, aspiramos que en el nuevo partido que se va a crear estén las camaradas”. Y eso es lo que queremos, que el papel que hemos jugado en la organización se vea reflejado en espacios de dirección en el partido de las Farc.

Y bueno, no decimos que nos tengan que dar una cuota, porque el tema no es estar ahí porque somos mujeres, es estar ahí porque tenemos las condiciones y porque nos lo hemos ganado.

VA: ¿Han pensado que al momento reincorporarse debe haber condiciones diferenciales para las mujeres de las Farc?

‘VS’: Sí, tiene que ser diferente. No obstante, eso no está así, porque el punto de implementación quedó un poco general, y en eso estamos siendo autocríticas. Es algo que entonces tendrá que ser reforzado y redireccionado en la comisión de implementación.

Creemos que debe haber un enfoque de género en los proyectos productivos, que deben tener en cuenta nuestros intereses. Además, en la participación política debe haber una formación específica de liderazgo a las mujeres. En general también la comisión de género tendría que seguir haciendo un seguimiento especial.

VA: En la Subcomisión no sólo se proponen medidas diferenciales para las mujeres de las filas, también, por ejemplo, se habla la titulación de la tierra a las mujeres rurales. ¿A qué responden estas medidas?

‘VS’: Mire, justo estábamos hablando con las compañeras de eso, nosotros en las Farc históricamente hemos hablado del pueblo colombiano, hablábamos de la clase trabajadora, de los campesinos. Pero cuando no referíamos a los campesinos creíamos que estaban incluidas también las campesinas, pero este proceso nos confrontó con la realidad y nos dimos cuenta que no era así.

Es que hay muchos sectores con sus especificidades: las afrodescendientes, las indígenas, las campesinas y las mujeres urbanas, y como tal no teníamos una política dirigida a ellas. En ese sentido estamos trabajando para conocer la realidad de cada una de ellas.

También estamos explorando la participación política de las mujeres. En Colombia solo el 11 por ciento de las mujeres están en cargos de elección popular. Esa es la realidad que nos confronta y con las que empezamos a lanzar una nueva estrategia.

VA: Se acordó la creación de grupos especializados que traten los delitos de violencia basada en género en la Jurisdicción Especial de Paz y la Fiscalía ha dicho que, de acuerdo con sus investigaciones, en las Farc hay un patrón de violencia sexual intrafilas. ¿Cuál será la posición de la guerrilla en ese escenario?

VS: Se pactó el esclarecimiento de la violencia contra la mujer en la comisión de la verdad y en la Jurisdicción Especial de Paz la violencia sexual se tratará como un delito de lesa humanidad, y por lo tanto, no es amnistiable. Luego entonces, éste tiene que ser tratado allí de manera especial, rigurosa y tenemos la esperanza de esclarecer las violencias que viven las mujeres dentro y fuera del conflicto.

Si hay hechos de violencia intrafilas, pues también tendrán que pasar por la Jurisdicción Especial, eso no lo estamos negando.

Tomadp de Verdadabierta.com


Con una participación que se ubicó en el 34.58 por ciento, los colombianos decidieron no apoyar el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ahora, todas las preguntas giran en torno a qué pasará con el proceso de paz.

gano el no 1Triunfó el No. Con el 50.21 por ciento del total de los votos, los colombianos le negaron el respaldo al acuerdo que buscaba poner punto final al conflicto armado con la guerrilla de las Farc, firmado el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena. Con este resultado, el proceso de paz entra en el terreno de lo incierto. Y no solo eso. La estrecha victoria alcanzada por esta opción también profundiza la polarización política que vive el país desde que iniciaron las negociaciones, hace ya cuatro años.

Ahora, como en un reñido juego de cartas, habrá que barajar de nuevo. Y en este nuevo juego habrá que tener en cuenta un férreo apostador: el uribismo, único sector político que enarboló las banderas del No argumentando que el acuerdo alcanzado en La Habana entre el gobierno nacional y las Farc constituía un “salto al vacío” y una “grave violación a la Constitución”.

Y es, precisamente, el movimiento político liderado por el expresidente y senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, uno de los triunfadores de esta jornada electoral. Aunque se trató de una victoria bastante ajustada, tan solo 54.681 votos de ventaja frente al SÍ, la oposición envía un contundente mensaje tanto al gobierno nacional como a los equipos negociadores de las Farc y el gobierno nacional: la necesidad de que sus dudas, reservas y temores sean escuchados y debatidos.

Y así lo señaló el propio Uribe Vélez en declaración pública dada a la prensa anoche desde su finca en el sector de Llanogrande, de Rionegro, Antioquia: “Queremos contribuir a un gran acuerdo nacional. Que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del Sí, al recibir nuestro mensaje de buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismos al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. Colombianos, corrijamos”.

La escaza ventaja alcanzada por el No, de tan solo 53.894 votos, también abre interrogantes sobre qué tanto margen de maniobra tendrá su figura en el pretendido escenario de reabrir nuevamente una negociación con las Farc que, jurídica y políticamente, se diseñó con filigrana.

Sobre este tema son más las incertidumbres que las certezas. Las preguntas sobre si podrá reabrirse el acuerdo ya firmado, qué puntos entrarían en discusión y si la oposición podrá participar activamente en la misma aún no son respondidas con contundencia. Tampoco es claro qué pasará con las unidades guerrilleras de las Farc, las cuales habían comenzado su avance hacia las zonas veredales seleccionadas para su concentración y posterior dejación de armas.

Tampoco es claro que sucederá en varios de los municipios donde se impuso el No y que fueron designados para concentrar a los miembros de las Farc. En Antioquia, por ejemplo, esta opción se impuso en Remedios, una de las localidades designadas para tal fin.

Y es, precisamente, el movimiento político liderado por el expresidente y senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, uno de los triunfadores de esta jornada electoral. Aunque se trató de una victoria bastante ajustada, tan solo 54.681 votos de ventaja frente al SÍ, la oposición envía un contundente mensaje tanto al gobierno nacional como a los equipos negociadores de las Farc y el gobierno nacional: la necesidad de que sus dudas, reservas y temores sean escuchados y debatidos.

Y así lo señaló el propio Uribe Vélez en declaración pública dada a la prensa anoche desde su finca en el sector de Llanogrande, de Rionegro, Antioquia: “Queremos contribuir a un gran acuerdo nacional. Que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del Sí, al recibir nuestro mensaje de buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismos al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. Colombianos, corrijamos”.

La escaza ventaja alcanzada por el No, de tan solo 53.894 votos, también abre interrogantes sobre qué tanto margen de maniobra tendrá su figura en el pretendido escenario de reabrir nuevamente una negociación con las Farc que, jurídica y políticamente, se diseñó con filigrana.

Sobre este tema son más las incertidumbres que las certezas. Las preguntas sobre si podrá reabrirse el acuerdo ya firmado, qué puntos entrarían en discusión y si la oposición podrá participar activamente en la misma aún no son respondidas con contundencia. Tampoco es claro qué pasará con las unidades guerrilleras de las Farc, las cuales habían comenzado su avance hacia las zonas veredales seleccionadas para su concentración y posterior dejación de armas.

Tampoco es claro que sucederá en varios de los municipios donde se impuso el No y que fueron designados para concentrar a los miembros de las Farc. En Antioquia, por ejemplo, esta opción se impuso en Remedios, una de las localidades designadas para tal fin.

“Queremos aportar a un gran pacto nacional”, dijo luego de conocer el triunfo del No. Y luego agregó varios temas a su propuesta: “Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible: la libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal, de calidad, como cabeza de la política social”.

Por ahora, la única certeza es que el cese al fuego bilateral y definitivo firmado con las Farc se mantendrá, según lo anunció el presidente Juan Manuel Santos en su alocución tras admitir la derrota en las urnas. Además, anunció dos decisiones: de un lado les ordenó a los voceros del equipo negociador con las Farc, Humberto De La Calle y Sergio Jaramillo, que viajaran este lunes a La Habana para reunirse con sus pares de la guerrilla para analizar los resultados y proyectar el trabajo que se viene.

De otro lado, Santos convocó a todas las fuerzas políticas del país para dialogar con ellas con el fin de buscarle una salida al galimatías en que ha entrado el Acuerdo Final con las Farc.

Por su parte, el máximo jefe de ese grupo alzado en armas, ‘Timoléon Jiménez’, anunció desde la isla del Caribe que mantendrán “su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro”.

Faltó conexión con el pueblo

gano el no 2


Pero, ¿cómo logró imponerse el No contra todo pronóstico? Una de las principales explicaciones que surge desde diversos ámbitos políticos y académicos es que lo ocurrido en las urnas reflejó, una vez más, la baja popularidad que goza el presidente Juan Manuel Santos, quien no logró desligar su imagen al proceso de paz.

Y es que, más que los 6 millones 359 mil 643 colombianos que votaron por el Sí, el gran perdedor en este Plebiscito fue el gobierno nacional. La estrategia de dejar en manos de los partidos políticos y en personajes como el expresidente César Gaviria todo el peso de la campaña por la aprobación de los acuerdos, sin duda fue un craso error.

Eduardo Álvarez, coordinador del área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señaló que estos resultados también demuestran la poca conexión que lograron las 297 páginas que componen el Acuerdo para el fin del conflicto con una buena parte de la población colombiana.

“Este resultado es también reflejo de una muy mala pedagogía. Desafortunadamente los acuerdos no lograron conectarse con aquella sociedad más urbana y que es más crítica con las Farc. Basta revisar el mapa y ver cómo quedó la votación en los grandes centros urbanos. Queda la reflexión para el gobierno sobre cómo hacer llegar el proceso de paz a esos sectores”, explicó Álvarez.

A juicio de este investigador, otro de los puntos que inclinó la balanza en la votación fue el descontento de los sectores partidarios del No frente a lo acordado en los temas puntuales de justicia, tierras y participación política. “Son temas muy difíciles de tratar en este país. Llevamos casi dos siglos tratando de arreglar el problema de tierras y se dijo como argumento a favor del No que el acuerdo de tierras planteaba expropiaciones y cosas así”, precisó Álvarez.

Sin duda puntos neurálgicos sobre los cuales sigue sin existir consenso pleno. “Se pide que se aplique la justicia solo a las Farc y este acuerdo planteaba llevar a todos los responsables a los tribunales. Eso levantó mucha ampolla y pudo despertar muchos miedos. Y con la participación política pasa igual”, agregó el investigador.

Por su parte otros analistas, que prefirieron no ser identificados, aseguraron que la decisión revela que un amplio sector de los colombianos no tiene empatía con el bien común ni compasión con las víctimas; además, “votaron desde la comodidad, así es buena parte de la clase media de este país”, dijo una experta en temas de memoria y añadió que “este país no está preparado para vivir con mayor justicia social”.

Otro de los asuntos que resaltó esta investigadora es el efecto que tiene la imagen del “comunismo” en la conciencia de amplios sectores de los colombianos, imagen que fue protagonista en los discursos de quienes promovieron el No. “Se infundió con fuerza y eso es bastante preocupante”, dijo.

Otro analista se mostró afectado por los resultados al considerar que a los votantes por el No les faltó mayor compromiso con la equidad y la justicia social. “Se está impidiendo el avance de reformas fundamentales que necesita el país como la rural”, precisó y se lamentó que al final se haya impuesto el voto de sectores de la derecha y la Iglesia Católica, así como de las élites económicas: “todos ellos votaron contra las víctimas, contra los pobres, contra los más afectados por la guerra”.

¿Qué viene?
Con todo y ello, la jornada de este domingo es una lección democrática que, si bien para una mitad del país es dolorosa, no deja de ser ejemplar. Todo porque, contrario a la tradición que ha reinado en el país, la violencia brilló por su ausencia y los colombianos lograron manifestarse pacíficamente.

De igual forma, el resultado del Plebiscito también constituye un fuerte llamado de atención a todas las fuerzas vivas del país a trabajar intensamente en la unidad y así, superar la polarización política para que esta no mute a formas violentas de expresión. Así lo entendieron los principales protagonistas de la jornada, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quienes utilizaron, en el mismo contexto, la frase, “convocar un gran pacto nacional”.

Lo que aún está por verse es si este resultado abre cada vez más la puerta de una Asamblea Nacional Constituyente como ese “gran pacto de unidad nacional”. Álvarez, de la FIP, así lo advierte: “Uribistas y Farc la piden. En ese punto coinciden ambos y creo que cada vez se está despejando este camino”.

Tomado de verdadabierta.com


La Corte Constitucional es contundente en sostener que la conciliación no aplica en la etapa administrativa ni judicial en los procesos de restitución. Esta era una carta con la que varios empresarios buscaban que sus casos no llegaran a los juzgados y tribunales especializados.

sentencia cc 404 3
Que una empresa o un particular pretenda conciliar con un campesino que reclama las tierras arrebatadas durante el conflicto armado, evitando así que su solicitud llegue a juzgados o tribunales, es negarles los derechos constitucionales a las víctimas. Esa es la esencia del fallo proferido el pasado 3 de agosto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2016, frente a una demanda de inconstitucionalidad que pretendía abrir la puerta a la conciliación en los procesos de restitución de tierras.

Desde que la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue formulada, tal figura quedó descartada. El artículo 94 indica que si durante los procesos de restitución al juez le planteaban dicha posibilidad debía “rechazarla de plano”.

Sin embargo, el abogado Maximiliano Londoño Arango consideró que negar tal opción vulneraba los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política porque, según él, a las víctimas se les estaba negando su autonomía, el reconocimiento expedito de sus derechos y el acceso a mecanismos alternativos de resolución que promueven la paz y la convivencia. Por eso presentó una demanda de inconstitucionalidad en diciembre del año pasado con el fin de que se declarara inexequible la expresión “ni la conciliación” contenida en el artículo 94. (Ver demanda)

Aunque en la exposición de argumentos a Londoño Arango pareciera importarle los derechos de las víctimas, la Corte pone en evidencia que el abogado se contradice. Para el Alto Tribunal, proponer la conciliación en estos casos es evitar que las víctimas accedan a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición contempladas en leyes de justicia transicional como la 1448; negarle la recuperación de las tierras que les pertenecen; además de frenar la recomposición del tejido social, la construcción de una paz sostenible y prevenir el desarraigo.

“La conciliación puede terminar reproduciendo, o incluso agravando, las desigualdades sociales existentes, en lugar de contribuir al logro de la justicia y de la paz al interior de la sociedad”, afirma la Corte en su pronunciamiento. (Ver sentencia)

El caso detonante
Desde que entró en vigencia La Ley 1448, el 1 de enero de 2012, y durante los tres primeros años de su aplicación, a nadie le ocurrió la idea de proponer la conciliación en los procesos de restitución de tierras. La razón es simple: entre 2012 y 2015 la mayoría de sentencias fallaron sobre demandas presentadas por la Unidad de Restitución en las que no había opositores, por cuanto se trataba de predios abandonados que seguían en ese estado o porque en los casos probados de despojo los victimarios estaban muertos o extraditados. El ejemplo más claro es el de las parcelaciones arrasadas por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en Córdoba

Sin embargo, en febrero de este año el Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta profirió un fallo que marcó un precedente para nuevos casos que involucraban a empresarios como opositores. De un lado estaba un campesino que reclamaba 17 hectáreas en Carmen de Bolívar; y del otro, la empresa Cementera Argos S.A., que adquirió 6.600 hectáreas en varios municipios de la región de los Montes en María.

Aunque la sentencia es clara en indicar que la empresa no tuvo relación alguna con grupos ilegales causantes del conflicto armado, los magistrados determinaron que la empresa solo probó la “buena fe” simple y no pudo pobrar el “exenta de culpa” al no haber hecho, por ejemplo, la debida diligencia de averiguar el pasado violento de esas tierras. Por esta razón, el Tribunal decidió restituirle la tierra al campesino y negarle cualquier medida de compensación económica o en especie [otro predio similar] a la compañía.

Durante el juicio, representantes de Argos les propusieron a los magistrados contemplar la figura de la conciliación posterior al fallo, para celebrar contratos con los beneficiarios de la restitución, pues allí tenían pensado el desarrollo de un proyecto forestal, que ahora pasó a ser uno social desde que le donaron las tierras a la Fundación Crecer en Paz. Como la Ley prohíbe esta figura en cualquier etapa, el Tribunal negó la propuesta e incluso cuestionó por qué el campesino, en medio del proceso, expresó que quería desistir de la restitución

“Tampoco sobra negar que dada la naturaleza del derecho objeto de protección, al reclamante le está vedado conciliar o desistir del derecho en litigio, tal como lo consagra el artículo 94 de la Ley 1448 de 2011 concordante con la Ley 640 de 2001 [...] llama la atención la redacción y terminología utilizada en los escritos de desistimiento y revocatoria directa presentados por [la víctima reclamante], quien dijo ser una “persona poco letrada”, asesorada, según expresó en forma contradictoria ante el juez instructor”, indica la sentencia del Tribunal de Cúcuta en las páginas 20 y 21.

En una columna publicada en Semana.com, el abogado Ramiro Bejarano, quien respaldó la postura de Maximiliano Londoño en la demanda de inconstitucionalidad, asegura que ni él ni su colega fueron instruidos o contratados por la empresa Argos para formular dicha demanda, en respuesta a una columna de opinión publicada también en Semana.com por Juan Diego Restrepo E., director de VerdadAbierta.com, quien divulgó el escrito presentado por Londoño.

En el fallo de la Corte Constitucional quedó consignada la exposición de Bejarano, quien insistió en indicar que tal como estaba redactado el artículo 94 de la Ley 1448, “no se podía inferir la prohibición de la conciliación”, explicando que esta figura permitiría “un reconocimiento más expedito y eficiente sobre los derechos de las víctimas”.

Pero el Alto Tribunal, con sus argumentos basados en jurisprudencia nacional e internacional, y a expertos consultados en el tema de forma complementaria, puso en evidencia que el discurso de Londoño y Bejarano va precisamente en contravía de los derechos a las víctimas, y que la Ley de Víctimas y Restitución está blindada para que se cumpla su espíritu.

“El objetivo de la justicia transicional es crear un conjunto de condiciones que permitan darle efectividad a la justicia y lograr la paz social durante períodos de tránsito, caracterizados por la presencia de conflictos sociales y políticos agudos, que atentan contra los derechos de las personas y contra la estabilidad de las instituciones”, recuerda la Corte en su decisión.


Los puntos sobre las íes
En su proceso de análisis, la Corte escuchó a varios especialistas en el tema. Se destacan, por ejemplo, la representante de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), quien indicó que la conciliación y la transacción, que son negocios jurídicos propios del derecho privado, solo deben aplicarse cuando las dos partes están en condiciones de igualdad. Por ejemplo, cuando el reclamante y el opositor son víctimas del conflicto y están en condiciones de vulnerabilidad.

En ese sentido, para Codhes la conciliación no procede en los casos de restitución porque la víctima está en una situación de desventaja para llegar a un acuerdo; se le está negando el derecho a la restitución y además “implicaría una limitación al derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad sobre el despojo y el abandono al que fueron sometidas”.

También se pronunció el Ministerio del Derecho y la Justicia que, a través de su representante, argumentó que la prohibición de la conciliación es una forma de blindar a las víctimas de que negocien sobre “asuntos irrenunciables” como la reparación y el acceso a la justicia.

En igual sentido se pronunció la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, que coincidió con Codhes y el Ministerio, y agregó que “permitir la conciliación implicaría una vulneración de los principios de estabilización y seguridad jurídica, toda vez que daría pie a un potencial uso de la fuerza contra las víctimas y pretermitiría [omitiría] todas las etapas procesales del proceso de restitución”.

El Alto Tribunal complementa estos argumentos citando la Sentencia C-083 de 2001, que identificó los peligros de la práctica de la justicia informal, entre ellas, las profundas desigualdades materiales entre las partes, en las que la balanza se inclina hacia el más poderoso; la trivialización de las demandas ciudadanas de cambio social y la desactivación de los movimientos de organización comunitaria.

Para la Corte, que se proponga la conciliación en casos de restitución es desmoronar el modelo que busca proteger las tierras y territorios de las víctimas y que se se propuso este fin independientemente del resultado de un proceso de paz: “Este modelo permite prevenir la situación de desarraigo y de rompimiento del tejido social, producto del desplazamiento forzado, especialmente en las áreas rurales de este país”.

La sentencia reitera que ni en la etapa administrativa ni durante los juicios de restitución cabe que víctimas y opositores a la restitución lleguen a acuerdos por fuera de los procesos establecidos en la justicia transicional. De esta forma, en los tribunales otras empresas que explotan tierras reclamadas por víctimas tendrán que demostrar “la buena fe exenta de culpa”, pues los jueces ni magistrados les permitirán conciliar.

Este es por ejemplo el panorama que se le avecina a Drummond, involucrado en demandas de restitución en el Cesar, y de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, en el Valle del Cauca (Lea: El reto que plantea el caso Drummond para la restitución y Esta tierra es mía). Con la reciente sentencia, la Corte le arrebató el ‘as’ a otras compañías y particulares que buscaban evitar que sus nombres fueran expuestos públicamente en juzgados y tribunales.


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