campesinos
03-11-2016. Los Magistrados de Restitución de Tierras han condenado 19 reconocidas empresas del sector financiero, cementero, minero, agropecuario, bananero y palmicultor a devolver 53.821 hectáreas de tierra a campesinos despojados; en contraste, el Uribismo propone una Ley de impunidad para los que adquirieron tierras con el despojo y pretende reformular el acuerdo agrario con las Farc logrado en La Habana.

Las Fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación analizaron y transcribieron apartes de 24 sentencias donde los Magistrados señalan que las empresas hicieron caso omiso de la notoriedad y conocimiento público sobre la violencia generalizada que padecían esas regiones y se aprovecharon del desplazamiento y del despojo de tierras ocasionado por el conflicto armado, por lo que a ninguna se le reconoció compensación en dinero al no cumplir con los requisitos que exige la ley sobre la buena fe exenta de culpa.

En cuanto a las empresas mineras, la orden de los Magistrados consistió en suspender el estudio y trámite de exploración y explotación minera hasta tanto no se cumpla con la consulta previa requerida en territorios de comunidades indígenas.

En el caso del sector bancario, los Magistrados le negaron la compensación en dinero a una entidad, por no haber hecho ningún esfuerzo investigativo que le permitiera concluir que la tierra recibida en garantía era producto del despojo a través de hechos de violencia.

Tomado de Fundacion Paz y Reconcialiacion


Con una participación que se ubicó en el 34.58 por ciento, los colombianos decidieron no apoyar el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ahora, todas las preguntas giran en torno a qué pasará con el proceso de paz.

gano el no 1Triunfó el No. Con el 50.21 por ciento del total de los votos, los colombianos le negaron el respaldo al acuerdo que buscaba poner punto final al conflicto armado con la guerrilla de las Farc, firmado el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena. Con este resultado, el proceso de paz entra en el terreno de lo incierto. Y no solo eso. La estrecha victoria alcanzada por esta opción también profundiza la polarización política que vive el país desde que iniciaron las negociaciones, hace ya cuatro años.

Ahora, como en un reñido juego de cartas, habrá que barajar de nuevo. Y en este nuevo juego habrá que tener en cuenta un férreo apostador: el uribismo, único sector político que enarboló las banderas del No argumentando que el acuerdo alcanzado en La Habana entre el gobierno nacional y las Farc constituía un “salto al vacío” y una “grave violación a la Constitución”.

Y es, precisamente, el movimiento político liderado por el expresidente y senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, uno de los triunfadores de esta jornada electoral. Aunque se trató de una victoria bastante ajustada, tan solo 54.681 votos de ventaja frente al SÍ, la oposición envía un contundente mensaje tanto al gobierno nacional como a los equipos negociadores de las Farc y el gobierno nacional: la necesidad de que sus dudas, reservas y temores sean escuchados y debatidos.

Y así lo señaló el propio Uribe Vélez en declaración pública dada a la prensa anoche desde su finca en el sector de Llanogrande, de Rionegro, Antioquia: “Queremos contribuir a un gran acuerdo nacional. Que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del Sí, al recibir nuestro mensaje de buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismos al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. Colombianos, corrijamos”.

La escaza ventaja alcanzada por el No, de tan solo 53.894 votos, también abre interrogantes sobre qué tanto margen de maniobra tendrá su figura en el pretendido escenario de reabrir nuevamente una negociación con las Farc que, jurídica y políticamente, se diseñó con filigrana.

Sobre este tema son más las incertidumbres que las certezas. Las preguntas sobre si podrá reabrirse el acuerdo ya firmado, qué puntos entrarían en discusión y si la oposición podrá participar activamente en la misma aún no son respondidas con contundencia. Tampoco es claro qué pasará con las unidades guerrilleras de las Farc, las cuales habían comenzado su avance hacia las zonas veredales seleccionadas para su concentración y posterior dejación de armas.

Tampoco es claro que sucederá en varios de los municipios donde se impuso el No y que fueron designados para concentrar a los miembros de las Farc. En Antioquia, por ejemplo, esta opción se impuso en Remedios, una de las localidades designadas para tal fin.

Y es, precisamente, el movimiento político liderado por el expresidente y senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, uno de los triunfadores de esta jornada electoral. Aunque se trató de una victoria bastante ajustada, tan solo 54.681 votos de ventaja frente al SÍ, la oposición envía un contundente mensaje tanto al gobierno nacional como a los equipos negociadores de las Farc y el gobierno nacional: la necesidad de que sus dudas, reservas y temores sean escuchados y debatidos.

Y así lo señaló el propio Uribe Vélez en declaración pública dada a la prensa anoche desde su finca en el sector de Llanogrande, de Rionegro, Antioquia: “Queremos contribuir a un gran acuerdo nacional. Que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del Sí, al recibir nuestro mensaje de buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismos al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. Colombianos, corrijamos”.

La escaza ventaja alcanzada por el No, de tan solo 53.894 votos, también abre interrogantes sobre qué tanto margen de maniobra tendrá su figura en el pretendido escenario de reabrir nuevamente una negociación con las Farc que, jurídica y políticamente, se diseñó con filigrana.

Sobre este tema son más las incertidumbres que las certezas. Las preguntas sobre si podrá reabrirse el acuerdo ya firmado, qué puntos entrarían en discusión y si la oposición podrá participar activamente en la misma aún no son respondidas con contundencia. Tampoco es claro qué pasará con las unidades guerrilleras de las Farc, las cuales habían comenzado su avance hacia las zonas veredales seleccionadas para su concentración y posterior dejación de armas.

Tampoco es claro que sucederá en varios de los municipios donde se impuso el No y que fueron designados para concentrar a los miembros de las Farc. En Antioquia, por ejemplo, esta opción se impuso en Remedios, una de las localidades designadas para tal fin.

“Queremos aportar a un gran pacto nacional”, dijo luego de conocer el triunfo del No. Y luego agregó varios temas a su propuesta: “Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible: la libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal, de calidad, como cabeza de la política social”.

Por ahora, la única certeza es que el cese al fuego bilateral y definitivo firmado con las Farc se mantendrá, según lo anunció el presidente Juan Manuel Santos en su alocución tras admitir la derrota en las urnas. Además, anunció dos decisiones: de un lado les ordenó a los voceros del equipo negociador con las Farc, Humberto De La Calle y Sergio Jaramillo, que viajaran este lunes a La Habana para reunirse con sus pares de la guerrilla para analizar los resultados y proyectar el trabajo que se viene.

De otro lado, Santos convocó a todas las fuerzas políticas del país para dialogar con ellas con el fin de buscarle una salida al galimatías en que ha entrado el Acuerdo Final con las Farc.

Por su parte, el máximo jefe de ese grupo alzado en armas, ‘Timoléon Jiménez’, anunció desde la isla del Caribe que mantendrán “su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro”.

Faltó conexión con el pueblo

gano el no 2


Pero, ¿cómo logró imponerse el No contra todo pronóstico? Una de las principales explicaciones que surge desde diversos ámbitos políticos y académicos es que lo ocurrido en las urnas reflejó, una vez más, la baja popularidad que goza el presidente Juan Manuel Santos, quien no logró desligar su imagen al proceso de paz.

Y es que, más que los 6 millones 359 mil 643 colombianos que votaron por el Sí, el gran perdedor en este Plebiscito fue el gobierno nacional. La estrategia de dejar en manos de los partidos políticos y en personajes como el expresidente César Gaviria todo el peso de la campaña por la aprobación de los acuerdos, sin duda fue un craso error.

Eduardo Álvarez, coordinador del área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señaló que estos resultados también demuestran la poca conexión que lograron las 297 páginas que componen el Acuerdo para el fin del conflicto con una buena parte de la población colombiana.

“Este resultado es también reflejo de una muy mala pedagogía. Desafortunadamente los acuerdos no lograron conectarse con aquella sociedad más urbana y que es más crítica con las Farc. Basta revisar el mapa y ver cómo quedó la votación en los grandes centros urbanos. Queda la reflexión para el gobierno sobre cómo hacer llegar el proceso de paz a esos sectores”, explicó Álvarez.

A juicio de este investigador, otro de los puntos que inclinó la balanza en la votación fue el descontento de los sectores partidarios del No frente a lo acordado en los temas puntuales de justicia, tierras y participación política. “Son temas muy difíciles de tratar en este país. Llevamos casi dos siglos tratando de arreglar el problema de tierras y se dijo como argumento a favor del No que el acuerdo de tierras planteaba expropiaciones y cosas así”, precisó Álvarez.

Sin duda puntos neurálgicos sobre los cuales sigue sin existir consenso pleno. “Se pide que se aplique la justicia solo a las Farc y este acuerdo planteaba llevar a todos los responsables a los tribunales. Eso levantó mucha ampolla y pudo despertar muchos miedos. Y con la participación política pasa igual”, agregó el investigador.

Por su parte otros analistas, que prefirieron no ser identificados, aseguraron que la decisión revela que un amplio sector de los colombianos no tiene empatía con el bien común ni compasión con las víctimas; además, “votaron desde la comodidad, así es buena parte de la clase media de este país”, dijo una experta en temas de memoria y añadió que “este país no está preparado para vivir con mayor justicia social”.

Otro de los asuntos que resaltó esta investigadora es el efecto que tiene la imagen del “comunismo” en la conciencia de amplios sectores de los colombianos, imagen que fue protagonista en los discursos de quienes promovieron el No. “Se infundió con fuerza y eso es bastante preocupante”, dijo.

Otro analista se mostró afectado por los resultados al considerar que a los votantes por el No les faltó mayor compromiso con la equidad y la justicia social. “Se está impidiendo el avance de reformas fundamentales que necesita el país como la rural”, precisó y se lamentó que al final se haya impuesto el voto de sectores de la derecha y la Iglesia Católica, así como de las élites económicas: “todos ellos votaron contra las víctimas, contra los pobres, contra los más afectados por la guerra”.

¿Qué viene?
Con todo y ello, la jornada de este domingo es una lección democrática que, si bien para una mitad del país es dolorosa, no deja de ser ejemplar. Todo porque, contrario a la tradición que ha reinado en el país, la violencia brilló por su ausencia y los colombianos lograron manifestarse pacíficamente.

De igual forma, el resultado del Plebiscito también constituye un fuerte llamado de atención a todas las fuerzas vivas del país a trabajar intensamente en la unidad y así, superar la polarización política para que esta no mute a formas violentas de expresión. Así lo entendieron los principales protagonistas de la jornada, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quienes utilizaron, en el mismo contexto, la frase, “convocar un gran pacto nacional”.

Lo que aún está por verse es si este resultado abre cada vez más la puerta de una Asamblea Nacional Constituyente como ese “gran pacto de unidad nacional”. Álvarez, de la FIP, así lo advierte: “Uribistas y Farc la piden. En ese punto coinciden ambos y creo que cada vez se está despejando este camino”.

Tomado de verdadabierta.com


La Corte Constitucional es contundente en sostener que la conciliación no aplica en la etapa administrativa ni judicial en los procesos de restitución. Esta era una carta con la que varios empresarios buscaban que sus casos no llegaran a los juzgados y tribunales especializados.

sentencia cc 404 3
Que una empresa o un particular pretenda conciliar con un campesino que reclama las tierras arrebatadas durante el conflicto armado, evitando así que su solicitud llegue a juzgados o tribunales, es negarles los derechos constitucionales a las víctimas. Esa es la esencia del fallo proferido el pasado 3 de agosto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2016, frente a una demanda de inconstitucionalidad que pretendía abrir la puerta a la conciliación en los procesos de restitución de tierras.

Desde que la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue formulada, tal figura quedó descartada. El artículo 94 indica que si durante los procesos de restitución al juez le planteaban dicha posibilidad debía “rechazarla de plano”.

Sin embargo, el abogado Maximiliano Londoño Arango consideró que negar tal opción vulneraba los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política porque, según él, a las víctimas se les estaba negando su autonomía, el reconocimiento expedito de sus derechos y el acceso a mecanismos alternativos de resolución que promueven la paz y la convivencia. Por eso presentó una demanda de inconstitucionalidad en diciembre del año pasado con el fin de que se declarara inexequible la expresión “ni la conciliación” contenida en el artículo 94. (Ver demanda)

Aunque en la exposición de argumentos a Londoño Arango pareciera importarle los derechos de las víctimas, la Corte pone en evidencia que el abogado se contradice. Para el Alto Tribunal, proponer la conciliación en estos casos es evitar que las víctimas accedan a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición contempladas en leyes de justicia transicional como la 1448; negarle la recuperación de las tierras que les pertenecen; además de frenar la recomposición del tejido social, la construcción de una paz sostenible y prevenir el desarraigo.

“La conciliación puede terminar reproduciendo, o incluso agravando, las desigualdades sociales existentes, en lugar de contribuir al logro de la justicia y de la paz al interior de la sociedad”, afirma la Corte en su pronunciamiento. (Ver sentencia)

El caso detonante
Desde que entró en vigencia La Ley 1448, el 1 de enero de 2012, y durante los tres primeros años de su aplicación, a nadie le ocurrió la idea de proponer la conciliación en los procesos de restitución de tierras. La razón es simple: entre 2012 y 2015 la mayoría de sentencias fallaron sobre demandas presentadas por la Unidad de Restitución en las que no había opositores, por cuanto se trataba de predios abandonados que seguían en ese estado o porque en los casos probados de despojo los victimarios estaban muertos o extraditados. El ejemplo más claro es el de las parcelaciones arrasadas por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en Córdoba

Sin embargo, en febrero de este año el Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta profirió un fallo que marcó un precedente para nuevos casos que involucraban a empresarios como opositores. De un lado estaba un campesino que reclamaba 17 hectáreas en Carmen de Bolívar; y del otro, la empresa Cementera Argos S.A., que adquirió 6.600 hectáreas en varios municipios de la región de los Montes en María.

Aunque la sentencia es clara en indicar que la empresa no tuvo relación alguna con grupos ilegales causantes del conflicto armado, los magistrados determinaron que la empresa solo probó la “buena fe” simple y no pudo pobrar el “exenta de culpa” al no haber hecho, por ejemplo, la debida diligencia de averiguar el pasado violento de esas tierras. Por esta razón, el Tribunal decidió restituirle la tierra al campesino y negarle cualquier medida de compensación económica o en especie [otro predio similar] a la compañía.

Durante el juicio, representantes de Argos les propusieron a los magistrados contemplar la figura de la conciliación posterior al fallo, para celebrar contratos con los beneficiarios de la restitución, pues allí tenían pensado el desarrollo de un proyecto forestal, que ahora pasó a ser uno social desde que le donaron las tierras a la Fundación Crecer en Paz. Como la Ley prohíbe esta figura en cualquier etapa, el Tribunal negó la propuesta e incluso cuestionó por qué el campesino, en medio del proceso, expresó que quería desistir de la restitución

“Tampoco sobra negar que dada la naturaleza del derecho objeto de protección, al reclamante le está vedado conciliar o desistir del derecho en litigio, tal como lo consagra el artículo 94 de la Ley 1448 de 2011 concordante con la Ley 640 de 2001 [...] llama la atención la redacción y terminología utilizada en los escritos de desistimiento y revocatoria directa presentados por [la víctima reclamante], quien dijo ser una “persona poco letrada”, asesorada, según expresó en forma contradictoria ante el juez instructor”, indica la sentencia del Tribunal de Cúcuta en las páginas 20 y 21.

En una columna publicada en Semana.com, el abogado Ramiro Bejarano, quien respaldó la postura de Maximiliano Londoño en la demanda de inconstitucionalidad, asegura que ni él ni su colega fueron instruidos o contratados por la empresa Argos para formular dicha demanda, en respuesta a una columna de opinión publicada también en Semana.com por Juan Diego Restrepo E., director de VerdadAbierta.com, quien divulgó el escrito presentado por Londoño.

En el fallo de la Corte Constitucional quedó consignada la exposición de Bejarano, quien insistió en indicar que tal como estaba redactado el artículo 94 de la Ley 1448, “no se podía inferir la prohibición de la conciliación”, explicando que esta figura permitiría “un reconocimiento más expedito y eficiente sobre los derechos de las víctimas”.

Pero el Alto Tribunal, con sus argumentos basados en jurisprudencia nacional e internacional, y a expertos consultados en el tema de forma complementaria, puso en evidencia que el discurso de Londoño y Bejarano va precisamente en contravía de los derechos a las víctimas, y que la Ley de Víctimas y Restitución está blindada para que se cumpla su espíritu.

“El objetivo de la justicia transicional es crear un conjunto de condiciones que permitan darle efectividad a la justicia y lograr la paz social durante períodos de tránsito, caracterizados por la presencia de conflictos sociales y políticos agudos, que atentan contra los derechos de las personas y contra la estabilidad de las instituciones”, recuerda la Corte en su decisión.


Los puntos sobre las íes
En su proceso de análisis, la Corte escuchó a varios especialistas en el tema. Se destacan, por ejemplo, la representante de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), quien indicó que la conciliación y la transacción, que son negocios jurídicos propios del derecho privado, solo deben aplicarse cuando las dos partes están en condiciones de igualdad. Por ejemplo, cuando el reclamante y el opositor son víctimas del conflicto y están en condiciones de vulnerabilidad.

En ese sentido, para Codhes la conciliación no procede en los casos de restitución porque la víctima está en una situación de desventaja para llegar a un acuerdo; se le está negando el derecho a la restitución y además “implicaría una limitación al derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad sobre el despojo y el abandono al que fueron sometidas”.

También se pronunció el Ministerio del Derecho y la Justicia que, a través de su representante, argumentó que la prohibición de la conciliación es una forma de blindar a las víctimas de que negocien sobre “asuntos irrenunciables” como la reparación y el acceso a la justicia.

En igual sentido se pronunció la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, que coincidió con Codhes y el Ministerio, y agregó que “permitir la conciliación implicaría una vulneración de los principios de estabilización y seguridad jurídica, toda vez que daría pie a un potencial uso de la fuerza contra las víctimas y pretermitiría [omitiría] todas las etapas procesales del proceso de restitución”.

El Alto Tribunal complementa estos argumentos citando la Sentencia C-083 de 2001, que identificó los peligros de la práctica de la justicia informal, entre ellas, las profundas desigualdades materiales entre las partes, en las que la balanza se inclina hacia el más poderoso; la trivialización de las demandas ciudadanas de cambio social y la desactivación de los movimientos de organización comunitaria.

Para la Corte, que se proponga la conciliación en casos de restitución es desmoronar el modelo que busca proteger las tierras y territorios de las víctimas y que se se propuso este fin independientemente del resultado de un proceso de paz: “Este modelo permite prevenir la situación de desarraigo y de rompimiento del tejido social, producto del desplazamiento forzado, especialmente en las áreas rurales de este país”.

La sentencia reitera que ni en la etapa administrativa ni durante los juicios de restitución cabe que víctimas y opositores a la restitución lleguen a acuerdos por fuera de los procesos establecidos en la justicia transicional. De esta forma, en los tribunales otras empresas que explotan tierras reclamadas por víctimas tendrán que demostrar “la buena fe exenta de culpa”, pues los jueces ni magistrados les permitirán conciliar.

Este es por ejemplo el panorama que se le avecina a Drummond, involucrado en demandas de restitución en el Cesar, y de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, en el Valle del Cauca (Lea: El reto que plantea el caso Drummond para la restitución y Esta tierra es mía). Con la reciente sentencia, la Corte le arrebató el ‘as’ a otras compañías y particulares que buscaban evitar que sus nombres fueran expuestos públicamente en juzgados y tribunales.


En entrevista con VerdadAbierta.com, alias ‘Victoria Sandino’ contó cómo las mujeres líderes de este grupo subversivo están buscando mayor participación en las decisiones que se tomen como organización política.

decima conferencia 3 1Judith Simanca Herrera, llamada en las filas guerrilleras ‘Victoria Sandino’, participó en la Subcomisión de Género durante las conversaciones en La Habana y fue la única mujer del equipo negociador de las Farc. Durante dos años trabajó de la mano con María Paulina Riveros, la representante del gobierno nacional, para imprimirle la voz de las mujeres en los tres puntos que ya estaban pactados –desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas–. El acuerdo alcanzado en la isla del Caribe fue el primero en el mundo en incluir un enfoque de género.

El resultado, que se dio a conocer el 24 de julio de este año, fue elogiado por las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, pues incluía algunos de sus reclamos: cero amnistía para los delitos sexuales, prioridad a las mujeres campesinas en la titulación de predios y el compromiso de dar una “participación equilibrada” en la implementación de los acuerdos.

Ahora el reto es lograr que ese enfoque de género se refleje también en las filas insurgentes. Durante la Décima Conferencia Nacional Guerrillera, que se lleva a cabo desde el sábado pasado en las sabanas del Yarí, Caquetá, ‘Victoria Sandino’ está al frente de un grupo que busca concretar la participación de las mujeres en instancias de decisión de las Farc.

Aunque desde 1970, durante la Cuarta Conferencia de las Farc, las guerrilleras fueron reconocidas como combatientes, con los mismos deberes y derechos que los guerrilleros, son pocas las que han llegado a ocupar un lugar en el Estado Mayor Central de las Farc. La líder guerrillera habló con VerdadAbierta.com durante un receso en las deliberaciones.

VerdadAbierta (VA): ¿Cuántas mujeres hay en las Farc y cuántas están presentes como delegadas en la Conferencia?

‘Victoria Sandino’ (VS): En la organización hay todo tipo de mujeres: jóvenes, mayores, campesinas, y representamos cerca del 40 por ciento de las Farc. Acá en la Conferencia, aunque no tengo aún el dato oficial de cuántas mujeres somos, creo que estamos entre el 35 o 40 por ciento, también.

VA: Teniendo en cuenta que las mujeres son minoría en el Estado Mayor Central, ¿eué capacidad de decisión tienen en esta Conferencia?

‘VS’: En la mesa directiva de la Décima Conferencia hay paridad. En esa mesa están sentadas seis personas: los camaradas ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’ y ‘Miguel Pascual’ y tres camaradas mujeres, ‘Erika Montero’, que hace parte del Estado Mayor Central, ‘Sandra Ramírez’ y ‘Sirley’. Tres y tres en la mesa. Eso es histórico, nunca había sucedido así en una conferencia. Y eso no lo ha dicho ningún medio de comunicación.

Y es que en esa mesa se acaban los rangos, coordinan los seis camaradas que están ahí, mientras el resto del Secretariado ocupa otras posiciones, porque ellos están trabajando en comisiones. Entonces las mujeres tienen una vocería histórica en esta conferencia

VA: Entonces, ¿puede decirse que hay un cambio reciente de las Farc en temas de género?

‘VS’: Tremendamente. Yo estoy más que complacida. En las Farc siempre hemos dicho que hombres y mujeres somos iguales y, de hecho, en la vida cotidiana cumplimos las misma tareas e íbamos a las confrontaciones por igual. Pero en la dirección eso no ha sido así, porque no hay tantas mujeres: de los 31 del Estado Mayor, solo hay una mujer (‘Erika Moreno’) y en el Secretariado ninguna.

Muchos de estos cambios fueron iniciativa de las mujeres guerrilleras; claro que contamos con el apoyo de la jefatura y toda la organización, pero fuimos nosotras las que comenzamos la transformación y ya en los espacios de dirección intermedia somos muchas. En esta Conferencia me complace mucho escuchar que en las cuarenta intervenciones los muchachos y los veteranos han asimilado el tema del lenguaje, hablan de ellos y ellas.

VA: ¿Por qué es importante diferenciar el papel de las combatientes?

decima conferencia 3 2‘VS’: Es que nosotras tenemos condiciones que nos diferencian que no son fáciles de distinguir en la guerra. Por ejemplo, es muy complicado cuando una compañera tiene un puesto de mando y tiene que dejarlo 4 o 5 meses para tener su bebé, pero cuando vuelve alguien ya ocupó el puesto, porque la guerra tiene otra dinámica. Hemos venido dando esos debates a lo largo de estos cuatro años del proceso de paz, ahora con estas nuevas condiciones tenemos la experiencia, la capacidad y la disposición. Creo que esto es un cambio que ya no se puede detener.

VA: El acuerdo de la Subcomisión de Género dice que en la implementación de los acuerdos tiene que haber una “participación equilibrada” entre hombres y mujeres. ¿Cómo se garantizará eso en las filas de la Farc?

‘VS’: Pues ese es precisamente parte del debate que estamos dando acá. Afortunadamente no lo estamos dando solo las mujeres, en las intervenciones ya muchos compañeros están diciendo: “Bueno, aspiramos que en el nuevo partido que se va a crear estén las camaradas”. Y eso es lo que queremos, que el papel que hemos jugado en la organización se vea reflejado en espacios de dirección en el partido de las Farc.

Y bueno, no decimos que nos tengan que dar una cuota, porque el tema no es estar ahí porque somos mujeres, es estar ahí porque tenemos las condiciones y porque nos lo hemos ganado.

VA: ¿Han pensado que al momento reincorporarse debe haber condiciones diferenciales para las mujeres de las Farc?

‘VS’: Sí, tiene que ser diferente. No obstante, eso no está así, porque el punto de implementación quedó un poco general, y en eso estamos siendo autocríticas. Es algo que entonces tendrá que ser reforzado y redireccionado en la comisión de implementación.

Creemos que debe haber un enfoque de género en los proyectos productivos, que deben tener en cuenta nuestros intereses. Además, en la participación política debe haber una formación específica de liderazgo a las mujeres. En general también la comisión de género tendría que seguir haciendo un seguimiento especial.

VA: En la Subcomisión no sólo se proponen medidas diferenciales para las mujeres de las filas, también, por ejemplo, se habla la titulación de la tierra a las mujeres rurales. ¿A qué responden estas medidas?

‘VS’: Mire, justo estábamos hablando con las compañeras de eso, nosotros en las Farc históricamente hemos hablado del pueblo colombiano, hablábamos de la clase trabajadora, de los campesinos. Pero cuando no referíamos a los campesinos creíamos que estaban incluidas también las campesinas, pero este proceso nos confrontó con la realidad y nos dimos cuenta que no era así.

Es que hay muchos sectores con sus especificidades: las afrodescendientes, las indígenas, las campesinas y las mujeres urbanas, y como tal no teníamos una política dirigida a ellas. En ese sentido estamos trabajando para conocer la realidad de cada una de ellas.

También estamos explorando la participación política de las mujeres. En Colombia solo el 11 por ciento de las mujeres están en cargos de elección popular. Esa es la realidad que nos confronta y con las que empezamos a lanzar una nueva estrategia.

VA: Se acordó la creación de grupos especializados que traten los delitos de violencia basada en género en la Jurisdicción Especial de Paz y la Fiscalía ha dicho que, de acuerdo con sus investigaciones, en las Farc hay un patrón de violencia sexual intrafilas. ¿Cuál será la posición de la guerrilla en ese escenario?

VS: Se pactó el esclarecimiento de la violencia contra la mujer en la comisión de la verdad y en la Jurisdicción Especial de Paz la violencia sexual se tratará como un delito de lesa humanidad, y por lo tanto, no es amnistiable. Luego entonces, éste tiene que ser tratado allí de manera especial, rigurosa y tenemos la esperanza de esclarecer las violencias que viven las mujeres dentro y fuera del conflicto.

Si hay hechos de violencia intrafilas, pues también tendrán que pasar por la Jurisdicción Especial, eso no lo estamos negando.

Tomadp de Verdadabierta.com


Tomado de verdadabierta.com

A diferencia de las grandes organizaciones indígenas del país, cuatro comunidades del departamento de Cauca están dispuestas a que una de sus veredas sea usada temporalmente para el proceso de dejación de armas que se avecina.

caldonoPese a que en el recuerdo de los habitantes de Caldono están presentes los cientos de hostigamientos de la guerrilla de las Farc contra su pueblo y la sensación de vivir presos de la zozobra en las últimas décadas, las autoridades indígenas de los resguardos de Pueblo Nuevo, Caldono y San Lorenzo, y Tumburao, del vecino municipio de Silvia, ofrecieron sus territorios para que en alguno de ellos se instale una de las zonas de concentración que se crearán para la desmovilización de las Farc una vez se firme el Acuerdo Final con el gobierno nacional.

Este gesto coincide con la inclusión de Caldono en la lista de 30 municipios donde, según el Ministerio de Defensa, se crearán las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los ocho campamentos en los que se concentrarán las distintas estructuras de este grupo alzado en armas para iniciar su proceso de desarme y reintegración a la vida civil, según lo acordado en La Habana y dado a conocer el pasado 23 de junio.

Pese a que una de las condiciones para establecer esas zonas de concentración es no estar ubicadas en resguardos indígenas, las cuatro comunidades Nasa insisten y ofrecen sus territorios como “su aporte y un gesto humanitario que conllevará la consecución de la paz anhelada de los pueblos”.

Sus gobernadores ratificaron dicha postura en una carta abierta en la que señalan que “en el marco de la autonomía, la autodeterminación, la participación comunitaria y consientes de los vacíos, dudas, temores y enemigos de la paz, hemos colocado a disposición de las partes en diálogo con previos criterios internos, para que nuestros territorios indígenas sean el punto específico de la Zona Veredal Transitoria para la Normalización”.

Esa decisión va en contra vía de la postura de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), máximas organizaciones de liderazgo de esa comunidad, que en diferentes momentos han señalado que “en coherencia con nuestros principios de vida y autonomía, no aceptamos la implementación de las zonas de concentración en nuestros territorios indígenas, porque desconocemos el impacto y las afectaciones que los mismos tendrán en nuestra autonomía, gobierno propio, identidad y pervivencia como pueblos”.

Sin embargo, un exgobernador de Pueblo Nuevo, que pidió mantener la reserva de su nombre, le precisó a VerdadAbierta.com que la propuesta de los cuatro resguardos se fundamenta en su autonomía y que no son disidentes del Cric: “Es importante tener mucha claridad porque si bien el movimiento indígena es colectivo y lo seguirá siendo, la célula orgánica del Cric son los cabildos, pero éstos no han perdido su autodeterminación. Nosotros decidimos avanzar y desde el año pasado estamos exponiendo los acuerdos del proceso en las comunidades y decidimos dar un paso adelante que permita una excepción en nuestros territorios”.

Frente a esta situación, Carlos Cama, consejero y representante legal del Cric, reconoce la autonomía de los cabildos, pero reiteró que sus procesos tienen que hacerse de manera consensuada para “no resquebrajar la estructura político-organizativa”. Y agregó que van a realizar una Junta Directiva para que “las 121 autoridades indígenas de Cauca puedan discernir sobre ese asunto y orientar qué va a pasar, porque no es la Consejería ni las autoridades locales ni zonales las que deciden, sino la comunidad, que es la máxima autoridad en asamblea”.

Además, dijo que el Cric ha ofrecido el resguardo de La María, en Piendamó, Cauca, no para que se use como zona de concentración, sino para que una delegación de las Farc y del gobierno nacional les resuelva muchas de las dudas que tienen frente al proceso de paz.

“En la minga de junio le pedimos al Alto Consejero para el Poscoflicto (Rafael Pardo), que antes de la refrendación e implementación de los acuerdos, nos aclaren qué va a pasar con la jurisdicción especial indígena, con la autonomía en los territorios, con el gobierno propio y con el ejercicio milenario de Guardia Indígena”, le dijo Cama a VerdadAbierta.com.

Por otro lado, Óscar Dizú Chocué, gobernador del resguardo de San Lorenzo, resaltó que la propuesta de los resguardos puede servir para la construcción de la paz una vez se firme el Acuerdo Final. De hecho, desde hace varios meses están socializando los acuerdos alcanzados en La Habana con las comunidades.

“No vemos problema con que se instale una zona de concentración, no es mucho el terreno que se necesita. También queremos que sea un espacio para trabajar en la reconciliación, que la guerrilla venga al territorio a reconocer sus errores, a pedir perdón a las víctimas y que empecemos a construir la paz”, afirmó Dizú.

Y es que la reconciliación es el pilar fundamental de la propuesta. En su carta abierta, los gobernadores aseguraron que se han preparado para este momento, no motivados por las grandes inversiones que se harán en los territorios con la implementación del Acuerdo Final, sino “para recibir a nuestros compañeros y compañeras que con convicción o sin ella ingresaron a la insurgencia, de la cual hicieron parte de las desarmonía y desequilibrio en distintos territorios del país pero que serán bienvenidos, perdonando y haciendo compromisos para resarcir los daños con ideas que transformen positivamente el orden social”.

La perspectiva del pasado

quintin lameEl de La Habana no será el primer proceso de desmovilización que se viva en Caldono. Hace 25 años se concentraron y se desmovilizaron en Pueblo Nuevo los integrantes del Movimiento Armado Quintín Lame, grupo de indígenas que tomó las armas a mediados de los años 70 para defender a sus comunidades en medio de los proceso de reclamación de tierras de la época. Los 150 insurgentes estuvieron durante varios meses en aquel lugar hasta la entrega de armas, ocurrida el 31 de mayo de 1991.

Además del proceso del Quintín Lame, Caldono también fue clave para la desmovilización del movimiento guerrillero M-19, pues fue paso transitorio para la concentración en la zona rural de Toribío.

Esa experiencia dejó lecciones para este nuevo proceso. El exgobernador de Pueblo Nuevo considera que la principal falla del caso del Quintín Lame fue la falta de seguimiento a los procesos que se emprendieron en los territorios tras de la dejación de armas.

“Apoyaron proyectos productivos, pero no hubo asistencia técnica ni seguimiento y al final fracasaron. De parte del gobierno no hubo capacidad de hacer seguimiento y el municipio dejó de sonar después de la desmovilización”, indicó el nativo. Por esa razón espera que si la negociación con las Farc llega a buen puerto, “la comunidad se convierta en un actor decisivo para el cumplimiento de los acuerdos y que los territorios sean tenidos en cuenta para la implementación”.

Mientras se termina de cerrar el acuerdo de La Habana, se refrenda y se empieza a implementar, en Caldono disfrutan de una inusitada calma producto del desescalamiento del conflicto armado y de la tegua unilateral que decretó hace poco más de un año las Farc.

“Antes de la negociación se vivía una situación demasiado complicada. Sus antecedentes son de alrededor de 500 hostigamientos a la cabecera y alrededor de 200 tomas guerrilleras. Aquí no se respiraba un momento de paz”, señaló Daniel Anacona, el personero municipal.

Es tal el ambiente de tranquilidad de hoy en día, que muchas personas han decidido a retornar al municipio y otras se acercan a denunciar hechos de violencia o iniciar los trámites para ser reconocidas como víctimas del conflicto armado.

“No tenemos cifras consolidadas porque muchas de las víctimas del conflicto rindieron sus denuncias en otros municipios y ha sido muy difícil documentarlos. Sin embargo, con el cese de hostilidades, apenas está llegando gente a pedir asesoría de la Personería para ser reconocida como víctimas. Diariamente hay 20 ó 30 personas en la pidiendo asesoría en esa materia. No se tiene cuantificado cuántas víctimas hay”, indicó el Personero.

En medio de ese ambiente, en el que rondan nuevos peligros, como la aparente llegada de la guerrilla del Eln al municipio, los resguardos de Pueblo Nuevo, Caldono, San Lorenzo y Tumburao, buscan generar “un proceso para que se termine tanto odio, tanto resentimiento, tanta venganza, porque de nada sirve que a una comunidad lleguen muchos proyectos si la sangre se sigue derramando. Lo que estamos haciendo esta ambientar y prestar el territorio para que las partes cumplan con lo que tiene que hacer”.



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