Tomado de verdadabierta.com

A diferencia de las grandes organizaciones indígenas del país, cuatro comunidades del departamento de Cauca están dispuestas a que una de sus veredas sea usada temporalmente para el proceso de dejación de armas que se avecina.

caldonoPese a que en el recuerdo de los habitantes de Caldono están presentes los cientos de hostigamientos de la guerrilla de las Farc contra su pueblo y la sensación de vivir presos de la zozobra en las últimas décadas, las autoridades indígenas de los resguardos de Pueblo Nuevo, Caldono y San Lorenzo, y Tumburao, del vecino municipio de Silvia, ofrecieron sus territorios para que en alguno de ellos se instale una de las zonas de concentración que se crearán para la desmovilización de las Farc una vez se firme el Acuerdo Final con el gobierno nacional.

Este gesto coincide con la inclusión de Caldono en la lista de 30 municipios donde, según el Ministerio de Defensa, se crearán las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los ocho campamentos en los que se concentrarán las distintas estructuras de este grupo alzado en armas para iniciar su proceso de desarme y reintegración a la vida civil, según lo acordado en La Habana y dado a conocer el pasado 23 de junio.

Pese a que una de las condiciones para establecer esas zonas de concentración es no estar ubicadas en resguardos indígenas, las cuatro comunidades Nasa insisten y ofrecen sus territorios como “su aporte y un gesto humanitario que conllevará la consecución de la paz anhelada de los pueblos”.

Sus gobernadores ratificaron dicha postura en una carta abierta en la que señalan que “en el marco de la autonomía, la autodeterminación, la participación comunitaria y consientes de los vacíos, dudas, temores y enemigos de la paz, hemos colocado a disposición de las partes en diálogo con previos criterios internos, para que nuestros territorios indígenas sean el punto específico de la Zona Veredal Transitoria para la Normalización”.

Esa decisión va en contra vía de la postura de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), máximas organizaciones de liderazgo de esa comunidad, que en diferentes momentos han señalado que “en coherencia con nuestros principios de vida y autonomía, no aceptamos la implementación de las zonas de concentración en nuestros territorios indígenas, porque desconocemos el impacto y las afectaciones que los mismos tendrán en nuestra autonomía, gobierno propio, identidad y pervivencia como pueblos”.

Sin embargo, un exgobernador de Pueblo Nuevo, que pidió mantener la reserva de su nombre, le precisó a VerdadAbierta.com que la propuesta de los cuatro resguardos se fundamenta en su autonomía y que no son disidentes del Cric: “Es importante tener mucha claridad porque si bien el movimiento indígena es colectivo y lo seguirá siendo, la célula orgánica del Cric son los cabildos, pero éstos no han perdido su autodeterminación. Nosotros decidimos avanzar y desde el año pasado estamos exponiendo los acuerdos del proceso en las comunidades y decidimos dar un paso adelante que permita una excepción en nuestros territorios”.

Frente a esta situación, Carlos Cama, consejero y representante legal del Cric, reconoce la autonomía de los cabildos, pero reiteró que sus procesos tienen que hacerse de manera consensuada para “no resquebrajar la estructura político-organizativa”. Y agregó que van a realizar una Junta Directiva para que “las 121 autoridades indígenas de Cauca puedan discernir sobre ese asunto y orientar qué va a pasar, porque no es la Consejería ni las autoridades locales ni zonales las que deciden, sino la comunidad, que es la máxima autoridad en asamblea”.

Además, dijo que el Cric ha ofrecido el resguardo de La María, en Piendamó, Cauca, no para que se use como zona de concentración, sino para que una delegación de las Farc y del gobierno nacional les resuelva muchas de las dudas que tienen frente al proceso de paz.

“En la minga de junio le pedimos al Alto Consejero para el Poscoflicto (Rafael Pardo), que antes de la refrendación e implementación de los acuerdos, nos aclaren qué va a pasar con la jurisdicción especial indígena, con la autonomía en los territorios, con el gobierno propio y con el ejercicio milenario de Guardia Indígena”, le dijo Cama a VerdadAbierta.com.

Por otro lado, Óscar Dizú Chocué, gobernador del resguardo de San Lorenzo, resaltó que la propuesta de los resguardos puede servir para la construcción de la paz una vez se firme el Acuerdo Final. De hecho, desde hace varios meses están socializando los acuerdos alcanzados en La Habana con las comunidades.

“No vemos problema con que se instale una zona de concentración, no es mucho el terreno que se necesita. También queremos que sea un espacio para trabajar en la reconciliación, que la guerrilla venga al territorio a reconocer sus errores, a pedir perdón a las víctimas y que empecemos a construir la paz”, afirmó Dizú.

Y es que la reconciliación es el pilar fundamental de la propuesta. En su carta abierta, los gobernadores aseguraron que se han preparado para este momento, no motivados por las grandes inversiones que se harán en los territorios con la implementación del Acuerdo Final, sino “para recibir a nuestros compañeros y compañeras que con convicción o sin ella ingresaron a la insurgencia, de la cual hicieron parte de las desarmonía y desequilibrio en distintos territorios del país pero que serán bienvenidos, perdonando y haciendo compromisos para resarcir los daños con ideas que transformen positivamente el orden social”.

La perspectiva del pasado

quintin lameEl de La Habana no será el primer proceso de desmovilización que se viva en Caldono. Hace 25 años se concentraron y se desmovilizaron en Pueblo Nuevo los integrantes del Movimiento Armado Quintín Lame, grupo de indígenas que tomó las armas a mediados de los años 70 para defender a sus comunidades en medio de los proceso de reclamación de tierras de la época. Los 150 insurgentes estuvieron durante varios meses en aquel lugar hasta la entrega de armas, ocurrida el 31 de mayo de 1991.

Además del proceso del Quintín Lame, Caldono también fue clave para la desmovilización del movimiento guerrillero M-19, pues fue paso transitorio para la concentración en la zona rural de Toribío.

Esa experiencia dejó lecciones para este nuevo proceso. El exgobernador de Pueblo Nuevo considera que la principal falla del caso del Quintín Lame fue la falta de seguimiento a los procesos que se emprendieron en los territorios tras de la dejación de armas.

“Apoyaron proyectos productivos, pero no hubo asistencia técnica ni seguimiento y al final fracasaron. De parte del gobierno no hubo capacidad de hacer seguimiento y el municipio dejó de sonar después de la desmovilización”, indicó el nativo. Por esa razón espera que si la negociación con las Farc llega a buen puerto, “la comunidad se convierta en un actor decisivo para el cumplimiento de los acuerdos y que los territorios sean tenidos en cuenta para la implementación”.

Mientras se termina de cerrar el acuerdo de La Habana, se refrenda y se empieza a implementar, en Caldono disfrutan de una inusitada calma producto del desescalamiento del conflicto armado y de la tegua unilateral que decretó hace poco más de un año las Farc.

“Antes de la negociación se vivía una situación demasiado complicada. Sus antecedentes son de alrededor de 500 hostigamientos a la cabecera y alrededor de 200 tomas guerrilleras. Aquí no se respiraba un momento de paz”, señaló Daniel Anacona, el personero municipal.

Es tal el ambiente de tranquilidad de hoy en día, que muchas personas han decidido a retornar al municipio y otras se acercan a denunciar hechos de violencia o iniciar los trámites para ser reconocidas como víctimas del conflicto armado.

“No tenemos cifras consolidadas porque muchas de las víctimas del conflicto rindieron sus denuncias en otros municipios y ha sido muy difícil documentarlos. Sin embargo, con el cese de hostilidades, apenas está llegando gente a pedir asesoría de la Personería para ser reconocida como víctimas. Diariamente hay 20 ó 30 personas en la pidiendo asesoría en esa materia. No se tiene cuantificado cuántas víctimas hay”, indicó el Personero.

En medio de ese ambiente, en el que rondan nuevos peligros, como la aparente llegada de la guerrilla del Eln al municipio, los resguardos de Pueblo Nuevo, Caldono, San Lorenzo y Tumburao, buscan generar “un proceso para que se termine tanto odio, tanto resentimiento, tanta venganza, porque de nada sirve que a una comunidad lleguen muchos proyectos si la sangre se sigue derramando. Lo que estamos haciendo esta ambientar y prestar el territorio para que las partes cumplan con lo que tiene que hacer”.



Tomado de verdadabierta.com

Poco y nada es lo que se ha hablado en La Habana sobre las estructuras clandestinas y las llamadas redes de apoyo de este grupo subversivo. Algunas llevan más de dos décadas operando en las ciudades y serán claves en el posacuerdo, cuando esta guerrilla se convierta en movimiento político.

milicias 1La guerrilla de las Farc tiene un rostro clandestino, que actúa en las ciudades y que pocos conocen, se trata del Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia y del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3). Son hombres y mujeres dedicados a la instrucción política de las comunidades, sobre los cuales nada se ha dicho durante las negociaciones con el gobierno nacional.

A sus integrantes se les rotula con la palabra “milicianos” y un sector del país, representado por la Procuraduría General de la Nación, está preocupado porque cree que estas estructuras urbanas no se desmovilizarán una vez se firme el acuerdo final entre las partes. Así lo plasmaron en dos artículos, uno institucional y otro firmado por el titular de ese organismo, Alejandro Ordóñez.

“El Acuerdo establece que a las zonas de ubicación de miembros de las Farc solo se desplazaran quienes hacen parte de “misiones, comisiones y unidades tácticas de los Frentes” de la organización, lo que deja por fuera a gran parte del ‘grupo armado organizado’, como son los integrantes de las milicias”, dice el ente de control en su comunicado de prensa.

A su vez, Ordoñez, replicando esos mismos conceptos en una columna de opinión publicada en el diario El Colombiano el pasado 2 de julio, reiteró su preocupación: “No existe ninguna posibilidad de paz si las milicias de las FARC no se desmovilizan. Los colombianos deben tener la garantía de que las FARC se disolverán completamente. Una desmovilización parcial es una falsa desmovilización y una falsa paz”.

A esos cuestionamientos, le salió al paso Félix Antonio Muñoz, alias 'Pastor Alape', miembro negociador de las Farc en La Habana. En declaraciones de prensa afirmó: "Hablar de milicias urbanas eso está en la imaginación del Procurador, eso son cosas de los que hoy están llorando porque la guerra está herida y de muerte, entonces están pataleando, aquí el país está es sintonizado con la paz”.

El rostro oculto
milicias 2Desde la desarticulación de Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) en 2003, al mando de ‘Carlos Antonio Lozada’ y encargada de “hacer sonar la guerra en Bogotá”, no se volvió a registrar por parte de las autoridades una participación militar de las Farc en las ciudades capitales. No obstante, sí siguieron operando las estructuras urbanas dedicadas estrictamente al trabajo político que, por su carácter clandestino, ha sido difícil seguirles la pista, tener una cifra exacta de sus integrantes y conocer su modus operandi.

VerdadAbierta.com contactó y dialogó con ‘Alexandra’ y ‘Mario’*, integrantes de dos estructuras urbanas de la guerrilla, para conversar alrededor de lo que han sido los diálogos en La Habana, su articulación a la Mesa de Negociaciones, su posible participación en el partido político que funden las Farc una vez dejen sus armas y sus deudas con la justicia.

Ambos tienen más de 30 años de edad, cuentan con estudios de posgrado en prestigiosas universidades de Bogotá y al igual que cualquier citadino tienen trabajo y ayudan económicamente en sus hogares. Ingresaron hace más de diez años al Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB), creado el 29 de abril de 2000 en San Vicente del Caguán, Caquetá, durante los diálogos adelantados con el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002), y al Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC, también conocido como PC3).

La cita con el equipo de VerdadAbierta.com fue en un lugar recóndito en el sur de Bogotá. Los rostros de ambos insurgentes estuvieron cubiertos todo el tiempo y para hablar exigieron que no se grabaran sus voces, se apagaran los celulares y no se tomaran fotografías, aduciendo razones de seguridad.

Ambos aclararon, inicialmente, que tanto el Procurador Ordoñez, como algunos académicos, confunden el funcionamiento de las estructuras urbanas de la guerrilla, señalando que las afirmaciones han generado que en la opinión pública se crea que todas las estructuras de las Farc son armadas, lo cual desconoce una de las caras de la guerrilla, que es el trabajo político que por años han realizado en las ciudades.

“En la Habana estamos todos”
milicias 3A raíz de la anunciada disidencia del Frente 1 ‘Armando Ríos’, del Bloque Oriental, que al parecer no se plegará a los acuerdos que se alcancen en La Habana, comenzaron a surgir varias dudas sobre las probabilidades de que parte de las Farc no se reintegren a la vida civil y evadan el proceso de justicia transicional acordado. El Procurador Ordoñez se pregunta en su columna qué va a pasar con los cerca de 8.000 milicianos de las estructuras urbanas que, según él, no se desmovilizarían.

‘Alexandra’ no se atreve a dar una cifra de cuántos miembros realmente tienen las estructuras urbanas de las Farc; dice que no la sabe, que sólo el compilado estimado lo puede tener cada bloque, pero que si lo supiera, no se revelaría el dato porque sería “darle más pistas al gobierno”.

Esta mujer, abogada titulada, afirma que en La Habana están todos y se sienten representados todos los militantes del MB y del PCCC. Pese a no vivir las acciones de la guerra en las montañas, señala que las células urbanas han aportado sus ideas en la construcción de los acuerdos, siendo partícipes de la elaboración de insumos para los puntos de la agenda que abordan desde hace cerca de cuatro años el gobierno nacional y las Farc en la isla del Caribe.

“Todos los insumos que llegan a la subcomisión de género de la Mesa son discutidos con las compañeras que hacen parte de ambas estructuras. Allí discutimos y aportamos nuevos elementos para que los tengan en cuenta. Y así ha sido, fruto de lo que se ha pactado tiene la “mano” de nosotras”, asegura ‘Alexandra’.

Los canales de comunicación que mantienen estas estructuras urbanas son las mismas que tienen el resto de guerrilleros con sus delegados en La Habana. Cada comandante de bloque informa a los comandantes de frentes y estos, a través de informes periódicos, se dirigen a las “unidades guerrilleras” para discutir los avances y a partir de allí, como lo menciona ‘Mario’, “aportar cualquier elemento a los diferentes puntos de discusión”.

Tanto ‘Mario’ como ‘Alexandra’ coinciden en señalar que tras las visitas autorizadas por el gobierno nacional de los jefes negociadores de las Farc a los campamentos guerrilleros en diferentes regiones del país, las instancias de dirección del PCCC han estado presentes en la socialización: “Bajo la clandestinidad, hemos asistido a las diferentes socializaciones, aprovechando para recibir instrucción política y llevar los insumos que se discuten con los militantes, planeando las hojas de ruta para las ciudades”.

Al preguntar por lo que han hecho en esos años, ambos responden, entre risas, “trabajar y organizar a la gente del común”. Sus condiciones de clandestinidad fueron definidas al momento de su fundación por ‘Alfonso Cano’, segundo al mando de las Farc en ese momeno: “Así que todos y cada uno de los integrantes del Nuevo Movimiento, tendrán una actividad dentro del sector social donde viva, trabaje o estudie, sin que sea de público conocimiento su pertenencia política. Como todos los bolivarianos, deberá hacer esfuerzos por colocarse al frente de las luchas por las reivindicaciones del pueblo y sólo compartirá su secreto con los pocos compañeros que le sean asignados para trabajar. Nadie más será conocedor de su pertenencia bolivariana”.

A juicio de algunos jefes guerrilleros, aún no se han superado las causas que tienen a los militantes de dicha estructura trabajando en la clandestinidad. Lo cierto, dicen, es que seguirían trabajando para en consolidar dicho movimiento “amplio y de masas” hasta que existan las condiciones necesarias para salir a disputarse la política con los partidos tradicionales sin el rostro oculto.

Trabajo político en el anonimato
Son muchos mitos los que rondan a las unidades guerrilleras urbanas. En el imaginario colectivo se les asocia a los enfrentamientos callejeros contra los policías del Esmad, en los homenajes de conmemoración de la muerte de los comandantes de las Farc y en las paradas pacíficas en algunas universidades públicas del país. No obstante, la realidad dista mucho de ello; a juicio de sus militantes, tanto las MB como el PCCC cumplen con uno de los pilares fundamentales y estar presente en todos los ámbitos de la sociedad.

“En el transcurrir de estos años hemos ganado presencia en los diferentes lugares de la vida nacional, barrios, colegios, universidades y empresas, entre otros. Nuestro propósito es sumar las voces de los que han sido permanentemente excluidos del goce de nuestra riqueza y de la participación política”, aseguró Mario.

Uno de los casos más sonados de presencia de un miembro de las Farc en una empresa pública se develó el 4 de agosto de 2006, cuando las autoridades capturaron, en Aguadas, Caldas, a Fredy Escobar, conocido con el alias de ‘Mateo’, quien en ese momento hacía parte de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Pocos sabían de la vida clandestina de este hombre, quien se movía en la ciudad entre organizaciones sociales.

En la gestación del MB, ‘Alfonso Cano’ afirmó que este movimiento surgía como la única alternativa de poder distinta a la de los partidos tradicionales y que “entraría a cambiar el orden político, económico, social y cultural establecido por la oligarquía, que para ello trabajarían en el anonimato y sumarían fuerzas para a futuro ser poder”. Situación que para ‘Mario’ se ha traducido en una acumulación de capital político a lo largo de estos años y que será determinante para medir fuerzas con los demás partidos cuando las Farc se conviertan en movimiento político.

Por su parte, ‘Alexandra’ cree que la clandestinidad no ha sido un capricho y que gracias a ello han evitado la persecución del Estado y las fuerzas paramilitares: “Esta política de represión ha sido una constante que no se ha podido superar, muestra de ellos es el asesinato de líderes de defensores de derechos humanos y de movimientos sociales, el ejemplo más reciente los más de 100 asesinados que lleva la Marcha Patriótica a pocos años de su fundación. No queremos volver a vivir la barrida que existió contra la UP”.

¿Y cuándo dejarán la clandestinidad? Será la Décima Conferencia de las Farc, la máxima instancia decisoria de este grupo subversivo, que se realizará una vez se firme el acuerdo final, la que determine si en ese tránsito de organización armada a movimiento político las estructuras clandestinas urbanas pasen a integrar las filas del nuevo partido.

Ante ello, ‘Mario’ asevera que sería positivo prescindir de la clandestinidad si se cumplen con las garantías de seguridad como el desmonte del paramilitarismo y el cambio de la doctrina militar y de la Policía, lo que permitiría, a su juicio, “relacionarnos con la sociedad y dar a conocer nuestras propuestas con mayor facilidad, de cara abierta y en espacios mucho más democráticos”.

Por ahora afirman que seguirán dedicados a estudiar, junto con los diferentes gremios donde inciden, los acuerdos de La Habana y a elaborar propuestas para un “gobierno de nuevo tipo”, que esperan alcanzar bajo las nuevas condiciones de participación política que se presenten con la paz. “Con este propósito queremos generar nuevos liderazgos en la política para que sea un ejercicio que emerja de las mayorías y poder así superar los caudillismos y la corrupción de la política tradicional”, asevera ‘Alexandra’.

¿Responderán ante la justicia?
Pese a no pertenecer directamente a una estructura militar, los integrantes del MB y el PCCC hacen parte de las Farc y, por ende, han entrado en la lógica de la guerra bajo diversas expresiones, entre ellos los disturbios en las universidades públicas, donde han utilizado material explosivo, insignias del grupo y dejado heridos a integrantes de la Fuerza Pública. Tales actividades están tipificadas en la ley como delitos de rebelión, apología al terrorismo, asonada y porte y tráfico de material explosivo.

Al preguntarles si responderán ante la justicia por esos delitos, ambos insurgentes aseguran que han apelado al derecho de los pueblos de rebelarse y organizarse: “nuestro accionar no se rige por todas las normas y leyes del orden actual en Colombia. Si lo vemos desde el punto de vista del derecho actual los delitos que se nos atribuyen están asociados con el ejercicio de la rebelión y de la disidencia política”.

En las noticias no ha sido frecuente escuchar que hayan capturado a integrantes de estas dos estructuras, lo que significa para ‘Alexandra’ un logro de la clandestinidad por haber cumplido el trabajo asignado sin la necesidad de saber quién es el que lo está haciendo y qué hay detrás de quien lo hace. Pese a ello, están dispuestos a contribuir a la verdad si así lo disponen las instancias de dirección.

“Esperamos que con la creación e implementación del Tribunal Especial para la Paz las víctimas tengan acceso a la verdad, reparación y los grandes responsables de esta historia de guerra puedan responder ante ellas. Si estamos llamados a reparar lo haremos”, afirman tanto ‘Alexandra’ como ‘Mario’.

Si bien es incierto el número de integrantes de las estructuras urbanas de las Farc, durante cerca de 15 años, éstas se han convertido en una de las cartas del trabajo político que ha tenido este grupo guerrillero en las ciudades. Quienes desconocen el accionar de esta organización alzada en armas hace 52 años olvidan que así como existe la faceta militar, también tienen un rostro, oculto, que trabaja en su proyecto político y que se esperan revelar cuando se materialice el fin del conflicto armado y existan garantías plenas para su movimiento.

*Nombres cambiados a petición de las fuentes




Tomado de notimundo


Como resultado de un acuerdo mutuo entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y de entender la necesidad de explicar los acuerdos de La Habana a los combatientes de la guerrilla en Colombia, la Delegación de la Paz de las FARC-EP hizo varios viajes entre noviembre de 2015 y marzo de 2016, en el marco de lo que se llamó "La pedagogía de la paz”.

Cada misión fue integrada por aproximadamente 7 miembros de la Delegación de la Paz de las FARC-EP, los países garantes y la Cruz Roja, y duró por un periodo de 12 días.

Este video muestra un resumen de estos diferentes viajes a Colombia; se pueden apreciar los enormes esfuerzos que están haciendo combatientes y comandantes de la guerrilla para prepararse y dar el paso a ser un movimiento político sin armas. También nos ofrece una mirada detrás de cámaras de la vida guerrillera y el enorme potencial y flexibilidad de la guerrilla para adaptarse a estas nuevas circunstancias.

Se muestra la alegría de la familia de las FARC-EP, con la esperanza de hombres y mujeres que confían en un mejor futuro y la voluntad de contribuir a la construcción de la Nueva Colombia.




Tomado de verdadabierta.com

Si bien la mayoría de los temas de la agenda propuesta por el gobierno nacional y las Farc han sido pactados, aún faltan acuerdos sustanciales para llegar al final del proceso.


pendientes habana 1Con cinco de los seis puntos de la agenda resueltos, la firma de un acuerdo final entre el gobierno nacional y las Farc para ponerle fin a la confrontación armada está cada vez más cerca. No obstante, aún hay temas pendientes por definir en La Habana que son fundamentales para consolidar una paz sostenible y duradera, pero que las partes decidieron dejarlos para la etapa final de las negociaciones dada su trascendencia.

En el centro de los asuntos pendientes está el Fondo de Tierras, un mecanismo consignado en el punto uno de la agenda, sobre desarrollo rural, a través del cual el gobierno nacional entregará gratuitamente predios rurales con el fin de democratizar el acceso a la tierra y en beneficio de “los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto”, según el preacuerdo alcanzado.

Pese a tener claro el objetivo de este Fondo, lo que aún no se ha definido es de cuántas hectáreas dispondrá para implementar este mecanismo y por cuánto tiempo se aplicará.

Álvaro Balcázar, quien trabajó como asesor del gobierno en este tema, asegura que éste es quizá el punto más complicado a resolver de todo el acuerdo, entre otras razones porque, según él, “falta información sobre cuántas tierras realmente tiene disponible el Estado para poder entregarlas a los campesinos”.

Si bien el preacuerdo especifica seis fuentes de donde se nutrirá el Fondo de Tierras, entre ellos la extinción de dominio, la recuperación de predios de la Nación ilegalmente ocupados, tierras inexplotadas y la donación de fincas, hasta el momento no se sabe realmente de cuántas hectáreas se dispondrá para implementar esta medida.

En diferentes momentos, instituciones gubernamentales como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) han revelado cifras diferentes que van desde uno hasta siete millones de hectáreas baldías, mientras que la Superintendencia de Notariado y Registro ha calculado que son cerca de tres millones. Sin esta información, es más complicado que el gobierno y las Farc acuerden cuántas hectáreas se destinarán al Fondo de Tierras.

Precisar esos datos pasa por la actualización del catastro, lo que permitiría determinar cuánta tierra hay en el país y a quién le pertenece, para luego identificar qué baldíos se podrán repartir entre la población campesina más pobre. La informalidad en este tema ha generado una desactualización catastral cercana al 60% y hasta ahora no es claro cuándo arrancarán los estudios para saber a ciencia cierta con cuánta tierra se cuenta.

Las Farc pidieron que esta actualización estuviera acompañada por organizaciones internacionales y ambas partes acordaron postergar esa decisión para la etapa final de la negociación. Al respecto, Balcázar explica que, al momento de lograr el acuerdo sobre desarrollo rural integral, en mayo de 2013, la posición de la guerrilla era más un reflejo de cierta desconfianza propia del comienzo de las conversaciones.

“Era el primer punto que se discutía de toda la agenda; hoy el nivel de confianza entre las delegaciones es muy diferente y quizá esa discusión salga sin mucha dificultad”, opina el experto. A su juicio, la actualización catastral no debe ser sola vez, sino que es necesario mantener la información al día, se trata, dice, de “ser conscientes de las capacidades institucionales que se tienen que crear que de solicitar un apoyo internacional”. Esto lo aclara puesto que la guerrilla propuso que se hiciera acompañamiento internacional durante la actualización.

Ligado a la discusión de desarrollo rural y a la propiedad de la tierra está el tema alimentario, que aún tiene detalles por resolver. Gobierno y guerrilla ya acordaron un sistema para garantizar que todos los colombianos puedan tener disponibilidad y acceso a los alimentos, pero hay un asunto de palabras sobre el cual no hay consenso: mientras el gobierno habla de “seguridad alimentaria”, la insurgencia insiste en mencionarlo como “soberanía alimentaria”.

“Detrás de esa discusión está la intención de las Farc de buscar un enfoque proteccionista de la agricultura colombiana y decir ‘no’ a las importaciones y el gobierno no le juega a eso porque no está en discusión un cierre internacional. Pero es algo meramente retórico. Lo importante ya está, que es la política que garantice disponibilidad de alimentos para la gente pobre”, detalla Balcázar.

Otro de los pendientes por resolver es de dónde saldrá el dinero para financiar lo pactado. En el acuerdo se registró que el gobierno quiere poner una frase en el punto seis de la agenda donde se detalle que financiará sus compromisos mientras que la guerrilla quiere discutir cómo será ese aporte.

“Lo único que se puede especificar es la voluntad del gobierno de financiar lo acordado y señalar cuáles serían las fuentes de recursos. Pero no puede escribirse qué tanto dinero es porque la aprobación del Presupuesto General de la Nación tiene que pasar por el Congreso, por ley”, apunta Balcázar.

Curules, sin resolver

pendientes habana 2Otro tema complejo que aún está pendiente y que hace parte del punto dos de la agenda, sobre participación política, se refiere a la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz como mecanismo de integración de zonas especialmente afectadas “por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de la construcción de la paz”.

En el acuerdo alcanzado en noviembre de 2013, quedó establecida la creación de curules en la Cámara de Representantes para que sean ocupadas por los voceros de esos territorios y que no estén representados por un grupo político que ya tenga asiento en el Congreso, pero aún está en discusión cuántas deben ser y por cuántos periodos electorales.

En cuanto a la reincorporación de la insurgencia a la política, sin armas, el acuerdo detalla que las Farc pidieron discutir cuáles serán las medidas de reparación a los partidos políticos que han sido afectados por las violaciones contra sus miembros. Una de las propuestas que ha hecho públicamente la guerrilla es que tengan las mismas curules que en su momento alcanzó la UP.

Al respecto, Juan Fernando Londoño, uno de los asesores por parte del Gobierno en el punto dedicado a la participación política, precisó en una de sus columnas en Semana.com que las Circunscripciones Especiales no son para las Farc, sino para las personas en zonas de conflicto, tal como se detalla en el acuerdo. “Mi posición personal, que no tiene nada que ver con la discusión en La Habana, es que debería existir una Circunscripción Nacional de Paz que sea para los grupos que se desmovilicen después del acuerdo y eso también se podría utilizar para el Eln”, aclaró.

Otros pendientes

pendientes habana 3
A diferencia de los dos primeros puntos de la agenda general, los acuerdos sobre drogas ilícitas y víctimas son los que quedaron con menos temas por resolver. Incluso, el día después de que se conoció lo pactado sobre drogas, las partes añadieron una página en la que solucionaban varias de las pequeñas diferencias que tuvieron y las otras no se detallaron porque estaban más relacionados con los acuerdos del fin del conflicto y la implementación, pero esto no significa que sean fáciles de resolver.
Por ejemplo, no han especificado los términos en los que la guerrilla dará la información que tenga sobre las minas antipersonales en el país y tampoco se sabe cómo participarán en el programa de sustitución de cultivos ilícitos que surgirá de este proceso de negociación. A pesar de que esta discusión se postergó para el punto tres de Fin de Conflicto, que se conoció el pasado 23 de junio, la incógnita permanece.

Narcotráfico, interrogante que acuerdos no logran resolver
También faltan detalles sobre cómo será la reincorporación de las Farc en el aspecto de la economía pues no se ha dicho públicamente qué pasará con la injerencia de algunos frentes guerrilleros en las diferentes etapas de la producción de sustancias psicoactivas o en la minería ilegal, por mencionar solo unos ejemplos.

Para el punto de víctimas, y antes de que concluyan los diálogos de La Habana, el gobierno y las Farc tienen que nombrar los nueve integrantes de un comité de escogencia que, a su vez, elegirá a los miembros de la Comisión de la Verdad y al director de la unidad que se creará para buscar a los desaparecidos.

Como si lo anterior fuera poco, en el último punto de la agenda también se deberán solucionar otros temas como los métodos de financiación de todo lo pactado en el proceso de paz, pasando por los recursos que deben destinarse para sostener el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz, que será el sistema de justicia transicional a través del cual se juzgará a los involucrados en el conflicto; hasta programas como el de erradicación del hambre, de sustitución de cultivos ilícitos o de prevención de consumo de drogas.

Otra tarea pendiente para el gobierno y las Farc es especificar algunos cronogramas que faltan como el de estatuto de garantías para la participación en política de los movimientos sociales o el de la misión electoral especial, que deberá hacer un informe para que el Estado haga los ajustes institucionales que sean necesarios en esta materia.

Pasos adelante
Lo que sí es cierto es que, tras cuatro años de conversaciones, las partes llegaron al último punto de la agenda general, relativo a la implementación, verificación y refrendación, y además con temas ya adelantados.

El de verificación lo pactaron a principios de 2016 y ya está en Colombia el primer grupo de 23 militares desarmados enviados por la Organización Naciones Unidas (ONU). Su tarea será vigilar que se cumpla el cese bilateral al fuego, la dejación de armas por parte de la insurgencia y recibirán las armas de la guerrilla.

Las condiciones del cese al fuego y de hostilidades bilateral, así como para la dejación de armas, y las garantías de seguridad, ya quedaron definidas el pasado 23 junio. Ese día también se conoció la aceptación de la guerrilla de las Farc de aceptar el modelo de refrendación de los acuerdos que salga de la Corte Constitucional y que, en principio, es el del plebiscito, modificando su exigencia de que se hiciera a través de una Asamblea Constituyente.

Es cierto que ya los diálogos de paz con la guerrilla están en el último peldaño, pero todavía hay temas por resolver que no saldrán de la noche a la mañana. Además, como dice la frase oficial de los negociadores en La Habana, “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.




El vocero del Eln en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano, Carlos Arturo Velandia, fue capturado en la noche del pasado lunes por oficiales de Migración Colombia, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Velandia, también conocido con el alias de Felipe Torres, ingresaba al país desde España.

Christian Krüger, director de Migración colombia explicó que la captura se produjo en cumplimiento de una orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado y secuestro extorsivo y expedida por un juzgado especializado de Cali.

Tras su captura, Velandia fue llevado hasta los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, donde quedó a disposición de la Fiscalía.

El excombatiente y ahora analista del conflicto entró a esa guerrilla en la década de los 70 y avanzó en su carrera hasta llegar a ser uno de los integrantes de la Dirección Nacional del Eln. Estuvo a la cabeza del frente que operaba en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

Organizaciones como Abc-Paz, Poder Ciudadano y Asamblea por la Paz rechazaron la captura. “Carlos Velandia ha sido conducido a los calabozos de la Fiscalia en Paloquemao, por un proceso por Homicidio agravado y secuestro extorsivo. Sabotaje y provocación frente al proceso de paz”, dijeron en un comunicado, en el que anunciaron una movilización en protesta por la detención.

image content 26291733 20160621062408

Página 4 de 17

© 2014 Enlace Regional. Todos los Derechos Reservados.
Powered by: