Tomado de verdadabierta.com

Si bien la mayoría de los temas de la agenda propuesta por el gobierno nacional y las Farc han sido pactados, aún faltan acuerdos sustanciales para llegar al final del proceso.


pendientes habana 1Con cinco de los seis puntos de la agenda resueltos, la firma de un acuerdo final entre el gobierno nacional y las Farc para ponerle fin a la confrontación armada está cada vez más cerca. No obstante, aún hay temas pendientes por definir en La Habana que son fundamentales para consolidar una paz sostenible y duradera, pero que las partes decidieron dejarlos para la etapa final de las negociaciones dada su trascendencia.

En el centro de los asuntos pendientes está el Fondo de Tierras, un mecanismo consignado en el punto uno de la agenda, sobre desarrollo rural, a través del cual el gobierno nacional entregará gratuitamente predios rurales con el fin de democratizar el acceso a la tierra y en beneficio de “los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto”, según el preacuerdo alcanzado.

Pese a tener claro el objetivo de este Fondo, lo que aún no se ha definido es de cuántas hectáreas dispondrá para implementar este mecanismo y por cuánto tiempo se aplicará.

Álvaro Balcázar, quien trabajó como asesor del gobierno en este tema, asegura que éste es quizá el punto más complicado a resolver de todo el acuerdo, entre otras razones porque, según él, “falta información sobre cuántas tierras realmente tiene disponible el Estado para poder entregarlas a los campesinos”.

Si bien el preacuerdo especifica seis fuentes de donde se nutrirá el Fondo de Tierras, entre ellos la extinción de dominio, la recuperación de predios de la Nación ilegalmente ocupados, tierras inexplotadas y la donación de fincas, hasta el momento no se sabe realmente de cuántas hectáreas se dispondrá para implementar esta medida.

En diferentes momentos, instituciones gubernamentales como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) han revelado cifras diferentes que van desde uno hasta siete millones de hectáreas baldías, mientras que la Superintendencia de Notariado y Registro ha calculado que son cerca de tres millones. Sin esta información, es más complicado que el gobierno y las Farc acuerden cuántas hectáreas se destinarán al Fondo de Tierras.

Precisar esos datos pasa por la actualización del catastro, lo que permitiría determinar cuánta tierra hay en el país y a quién le pertenece, para luego identificar qué baldíos se podrán repartir entre la población campesina más pobre. La informalidad en este tema ha generado una desactualización catastral cercana al 60% y hasta ahora no es claro cuándo arrancarán los estudios para saber a ciencia cierta con cuánta tierra se cuenta.

Las Farc pidieron que esta actualización estuviera acompañada por organizaciones internacionales y ambas partes acordaron postergar esa decisión para la etapa final de la negociación. Al respecto, Balcázar explica que, al momento de lograr el acuerdo sobre desarrollo rural integral, en mayo de 2013, la posición de la guerrilla era más un reflejo de cierta desconfianza propia del comienzo de las conversaciones.

“Era el primer punto que se discutía de toda la agenda; hoy el nivel de confianza entre las delegaciones es muy diferente y quizá esa discusión salga sin mucha dificultad”, opina el experto. A su juicio, la actualización catastral no debe ser sola vez, sino que es necesario mantener la información al día, se trata, dice, de “ser conscientes de las capacidades institucionales que se tienen que crear que de solicitar un apoyo internacional”. Esto lo aclara puesto que la guerrilla propuso que se hiciera acompañamiento internacional durante la actualización.

Ligado a la discusión de desarrollo rural y a la propiedad de la tierra está el tema alimentario, que aún tiene detalles por resolver. Gobierno y guerrilla ya acordaron un sistema para garantizar que todos los colombianos puedan tener disponibilidad y acceso a los alimentos, pero hay un asunto de palabras sobre el cual no hay consenso: mientras el gobierno habla de “seguridad alimentaria”, la insurgencia insiste en mencionarlo como “soberanía alimentaria”.

“Detrás de esa discusión está la intención de las Farc de buscar un enfoque proteccionista de la agricultura colombiana y decir ‘no’ a las importaciones y el gobierno no le juega a eso porque no está en discusión un cierre internacional. Pero es algo meramente retórico. Lo importante ya está, que es la política que garantice disponibilidad de alimentos para la gente pobre”, detalla Balcázar.

Otro de los pendientes por resolver es de dónde saldrá el dinero para financiar lo pactado. En el acuerdo se registró que el gobierno quiere poner una frase en el punto seis de la agenda donde se detalle que financiará sus compromisos mientras que la guerrilla quiere discutir cómo será ese aporte.

“Lo único que se puede especificar es la voluntad del gobierno de financiar lo acordado y señalar cuáles serían las fuentes de recursos. Pero no puede escribirse qué tanto dinero es porque la aprobación del Presupuesto General de la Nación tiene que pasar por el Congreso, por ley”, apunta Balcázar.

Curules, sin resolver

pendientes habana 2Otro tema complejo que aún está pendiente y que hace parte del punto dos de la agenda, sobre participación política, se refiere a la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz como mecanismo de integración de zonas especialmente afectadas “por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de la construcción de la paz”.

En el acuerdo alcanzado en noviembre de 2013, quedó establecida la creación de curules en la Cámara de Representantes para que sean ocupadas por los voceros de esos territorios y que no estén representados por un grupo político que ya tenga asiento en el Congreso, pero aún está en discusión cuántas deben ser y por cuántos periodos electorales.

En cuanto a la reincorporación de la insurgencia a la política, sin armas, el acuerdo detalla que las Farc pidieron discutir cuáles serán las medidas de reparación a los partidos políticos que han sido afectados por las violaciones contra sus miembros. Una de las propuestas que ha hecho públicamente la guerrilla es que tengan las mismas curules que en su momento alcanzó la UP.

Al respecto, Juan Fernando Londoño, uno de los asesores por parte del Gobierno en el punto dedicado a la participación política, precisó en una de sus columnas en Semana.com que las Circunscripciones Especiales no son para las Farc, sino para las personas en zonas de conflicto, tal como se detalla en el acuerdo. “Mi posición personal, que no tiene nada que ver con la discusión en La Habana, es que debería existir una Circunscripción Nacional de Paz que sea para los grupos que se desmovilicen después del acuerdo y eso también se podría utilizar para el Eln”, aclaró.

Otros pendientes

pendientes habana 3
A diferencia de los dos primeros puntos de la agenda general, los acuerdos sobre drogas ilícitas y víctimas son los que quedaron con menos temas por resolver. Incluso, el día después de que se conoció lo pactado sobre drogas, las partes añadieron una página en la que solucionaban varias de las pequeñas diferencias que tuvieron y las otras no se detallaron porque estaban más relacionados con los acuerdos del fin del conflicto y la implementación, pero esto no significa que sean fáciles de resolver.
Por ejemplo, no han especificado los términos en los que la guerrilla dará la información que tenga sobre las minas antipersonales en el país y tampoco se sabe cómo participarán en el programa de sustitución de cultivos ilícitos que surgirá de este proceso de negociación. A pesar de que esta discusión se postergó para el punto tres de Fin de Conflicto, que se conoció el pasado 23 de junio, la incógnita permanece.

Narcotráfico, interrogante que acuerdos no logran resolver
También faltan detalles sobre cómo será la reincorporación de las Farc en el aspecto de la economía pues no se ha dicho públicamente qué pasará con la injerencia de algunos frentes guerrilleros en las diferentes etapas de la producción de sustancias psicoactivas o en la minería ilegal, por mencionar solo unos ejemplos.

Para el punto de víctimas, y antes de que concluyan los diálogos de La Habana, el gobierno y las Farc tienen que nombrar los nueve integrantes de un comité de escogencia que, a su vez, elegirá a los miembros de la Comisión de la Verdad y al director de la unidad que se creará para buscar a los desaparecidos.

Como si lo anterior fuera poco, en el último punto de la agenda también se deberán solucionar otros temas como los métodos de financiación de todo lo pactado en el proceso de paz, pasando por los recursos que deben destinarse para sostener el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz, que será el sistema de justicia transicional a través del cual se juzgará a los involucrados en el conflicto; hasta programas como el de erradicación del hambre, de sustitución de cultivos ilícitos o de prevención de consumo de drogas.

Otra tarea pendiente para el gobierno y las Farc es especificar algunos cronogramas que faltan como el de estatuto de garantías para la participación en política de los movimientos sociales o el de la misión electoral especial, que deberá hacer un informe para que el Estado haga los ajustes institucionales que sean necesarios en esta materia.

Pasos adelante
Lo que sí es cierto es que, tras cuatro años de conversaciones, las partes llegaron al último punto de la agenda general, relativo a la implementación, verificación y refrendación, y además con temas ya adelantados.

El de verificación lo pactaron a principios de 2016 y ya está en Colombia el primer grupo de 23 militares desarmados enviados por la Organización Naciones Unidas (ONU). Su tarea será vigilar que se cumpla el cese bilateral al fuego, la dejación de armas por parte de la insurgencia y recibirán las armas de la guerrilla.

Las condiciones del cese al fuego y de hostilidades bilateral, así como para la dejación de armas, y las garantías de seguridad, ya quedaron definidas el pasado 23 junio. Ese día también se conoció la aceptación de la guerrilla de las Farc de aceptar el modelo de refrendación de los acuerdos que salga de la Corte Constitucional y que, en principio, es el del plebiscito, modificando su exigencia de que se hiciera a través de una Asamblea Constituyente.

Es cierto que ya los diálogos de paz con la guerrilla están en el último peldaño, pero todavía hay temas por resolver que no saldrán de la noche a la mañana. Además, como dice la frase oficial de los negociadores en La Habana, “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.



Tomado de notimundo


Como resultado de un acuerdo mutuo entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y de entender la necesidad de explicar los acuerdos de La Habana a los combatientes de la guerrilla en Colombia, la Delegación de la Paz de las FARC-EP hizo varios viajes entre noviembre de 2015 y marzo de 2016, en el marco de lo que se llamó "La pedagogía de la paz”.

Cada misión fue integrada por aproximadamente 7 miembros de la Delegación de la Paz de las FARC-EP, los países garantes y la Cruz Roja, y duró por un periodo de 12 días.

Este video muestra un resumen de estos diferentes viajes a Colombia; se pueden apreciar los enormes esfuerzos que están haciendo combatientes y comandantes de la guerrilla para prepararse y dar el paso a ser un movimiento político sin armas. También nos ofrece una mirada detrás de cámaras de la vida guerrillera y el enorme potencial y flexibilidad de la guerrilla para adaptarse a estas nuevas circunstancias.

Se muestra la alegría de la familia de las FARC-EP, con la esperanza de hombres y mujeres que confían en un mejor futuro y la voluntad de contribuir a la construcción de la Nueva Colombia.







15-06-2016. Cuatro comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, ubicados en las selvas de Nariño afirman que “se está jugando todo por la paz de Colombia”, en respuesta a la entrevista realizada por el periodista Winston Viracachá Pava, director del programa “En la Mira”.

Entre los temas desarrollados están, principalmente, el Proceso de paz, la seguridad de los combatientes al pasar de la vida armada a la vida civil; La resistencia civil convocada por Álvaro Uribe V, entre otros.

Sólo después de más de 30 años, los frentes 29, Daniel Aldana y Mariscal Sucre de este grupo insurgente, permiten que medios de comunicación entren al campamento Central, esto con el propósito de dar a conocer sus opiniones y posiciones frente a los nuevos retos de la reincorporación a la vida civil.

Es válido entender que los militantes no hablan de una desmovilización sino de una ‘movilización’ en la que se pasa de la vida alzada en armas a la vida política, sí y sólo sí, se garantiza la seguridad a los “movilizados”.

Por un lado el comandante “Ramiro” del Frente 29 habla del apoyo que hay desde los frentes al proceso de paz, explicando que lo han demostrado por medio de la misma pedagogía que realizan en sus filas, así mismo lo reconfirman al no contratacar a las Fuerzas Militares de Colombia cuando han bombardeado los campamentos, “eso es contribuir a la paz”, asegura.

“Leonel Páez”, comandante y negociador, manifiesta la falta de medios de comunicación imparciales que eviten el sesgo en la sociedad, cosa que no ocurre en el campo, territorios en los que la pedagogía y enseñanza del proceso de paz es clara y sin algún tipo de matices que dividan a los colombianos sino que por el contrario apunten en conjunto a una paz común.

Por otro lado, “Yesid” comandante del Frente Daniel Aldana expone que la paz con justicia social ha sido el horizonte y la meta que tienen por delante desde que los superiores notificaron de los acercamientos con el Gobierno para un proceso de paz, mucho antes de que salieran a la luz pública las negociones. De igual forma desmiente los rumores de la unión o alianza entre este Frente y el Ejército de Liberación Nacional.

Finalmente, el comandante “Javier” del Frente 29 y uno de los más antiguos, confirma el hecho de tener más que cerca la paz, esa paz que anhelan todos los colombianos “La paz es posible, de nuestra parte tenemos toda la voluntad, nos sentimos absolutamente representados por nuestros comandantes que están en La Habana y estamos seguros de que ese proceso tiene que terminar pronto con la paz para todos los colombianos”.

Los militantes concluyen que este proceso de paz no tiene reversa y tanto Nariño como el país aseguran que se está a un paso de poner fin al dolor, el miedo y el odio y que la refrendación de los Acuerdos es buscar una alternativa a más de 50 años de guerras por parte de las guerrillas en Colombia y es aquí en donde el pueblo entiende que la paz es más que necesaria.

Tomado de Corporacion Nuevo Arco Iris



El vocero del Eln en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano, Carlos Arturo Velandia, fue capturado en la noche del pasado lunes por oficiales de Migración Colombia, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Velandia, también conocido con el alias de Felipe Torres, ingresaba al país desde España.

Christian Krüger, director de Migración colombia explicó que la captura se produjo en cumplimiento de una orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado y secuestro extorsivo y expedida por un juzgado especializado de Cali.

Tras su captura, Velandia fue llevado hasta los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, donde quedó a disposición de la Fiscalía.

El excombatiente y ahora analista del conflicto entró a esa guerrilla en la década de los 70 y avanzó en su carrera hasta llegar a ser uno de los integrantes de la Dirección Nacional del Eln. Estuvo a la cabeza del frente que operaba en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

Organizaciones como Abc-Paz, Poder Ciudadano y Asamblea por la Paz rechazaron la captura. “Carlos Velandia ha sido conducido a los calabozos de la Fiscalia en Paloquemao, por un proceso por Homicidio agravado y secuestro extorsivo. Sabotaje y provocación frente al proceso de paz”, dijeron en un comunicado, en el que anunciaron una movilización en protesta por la detención.

image content 26291733 20160621062408

Tomado de verdadabierta.com
24-05-2016

El próximo 6 de junio se sabrá si una decisión proferida por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín contra 20 postulados del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) obtiene el máximo reconocimiento a la decisión judicial, que reivindicó los derechos de las mujeres en el contexto de la justicia transicional.

violencia sexual arauca 1
Cada año, en el mes de junio, un panel integrado por periodistas, activistas y juristas internacionales expertos en temas como justicia transicional, justicia con enfoque de género y derechos humanos, se reúne para elegir entre un amplio abanico de sentencias judiciales, proferidas por jueces en los cinco continentes, aquella que tenga un efecto positivo sobre la equidad de género y que, además, reivindique los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, condene la violencia y la discriminación por género.

A la decisión elegida se le otorga la máxima distinción en los premios “Género y justicia al descubierto”, que desde hace cinco años promueve Women’s Link Worldwide, organización no gubernamental con sede en Colombia y España que trabaja en favor de los derechos de las mujeres.

Este año, una de las opcionadas a llevarse dicha distinción es una sentencia proferida por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, fechada el pasado 16 de diciembre de 2015, contra 20 postulados del Ejército Revolucionario Guevarista (Erg), que condenó a los máximos responsables de este grupo guerrillero por el delito de abortos forzados.

Además de tratarse de la primera providencia dictada contra un grupo guerrillero bajo la Ley de Justicia y Paz, también constituye el primer caso en la justicia colombiana donde se condena a comandantes de un grupo armado ilegal, en este caso Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias ‘Cristóbal’; Francisco Antonio Salazar Hinestroza, alias ‘John Jairo’; y Lisardo Caro, alias ‘Romaña’, por un delito que no solo es castigado por el derecho internacional, como lo es forzar mujeres a abortar, sino que en este caso se cometió contra propias combatientes del Erg.

En dicha decisión se consignan los relatos de siete exguerrilleras que declararon haber sido obligadas a abortar por sus comandantes, algunas de ellas en más de una ocasión, incluso siendo menores de edad y en periodos de tiempo no superiores a dos años, para un total de 21 hechos documentados. El caso más desgarrador fue el de una excombatiente que fue víctima de esta práctica en seis ocasiones.

Lo anterior por cuenta de una inflexible política de “cero embarazos” que regía en ese grupo guerrillero y que, según pudieron constatar los magistrados del Tribunal, su desacato era castigado con pena de muerte. En sus declaraciones, las excombatientes y postuladas a los beneficios de Justicia y Paz manifestaron al unísono el deseo de haber sido madres, razón por la cual suspender el embarazo de manera forzada les dejó profundas secuelas psicológicas.

La sentencia no solo reconoció la doble condición de víctimas y victimarias a estas desmovilizadas, sino que también ordenó a la Unidad de Atención y Reparación Víctimas, la Agencia Colombiana de Reintregración (Acr) y demás instituciones encargadas de la atención de la población desmovilizada, diseñar planes diferenciados de atención y reparación que incluyeran tratamientos de fertilidad para quienes desearan ser madres, así como apoyo sicosocial permanente.

Para los magistrados que integran el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, esta postulación se convierte en una posibilidad de hacer visibles internacionalmente decisiones que condenan prácticas atroces cometidas en el marco del conflicto armado interno y, de paso, ayuda a que las mismas no se vuelvan a repetir, tal como señalaron en comunicado público.

Un precedente
Para Mariana Ardila, abogada integrante de Women’s Link Worldwide, la sentencia contra el Erg marca un precedente en el país toda vez que aborda un flagelo tan complejo, poco documentado y poco juzgado en los estrados judiciales como lo es la práctica de abortos forzados en desarrollo de conflictos armados internos como el colombiano.

“Tenemos conocimiento que (Salvatore) Mancuso fue condenado por abortos forzados contra mujeres civiles, pero este es el primer caso donde se condena a los máximos comandantes de un grupo armado por abortos forzados contra combatientes”, expresó Ardila, quien destacó además que “ni siquiera la Corte Penal Internacional (Cpi) tiene un caso de esa magnitud. Apenas están estudiando un caso ocurrido en República Democrática del Congo, donde se ejerció violencia sexual contra mujeres al interior de un grupo armado”.

Independiente de si obtiene la máxima distinción o no, la decisión, considera Ardila, puede servir como antecedente en el eventual escenario de la jurisdicción especial de paz para las Farc, donde se espera salgan a flote historias de mujeres combatientes obligadas a interrumpir sus embarazos por cuenta de la lucha revolucionaria, situación que también plantea un debate jurídico, como sucedió antes de proferirse la sentencia contra el Erg: en determinadas situaciones, ¿las guerrilleras pueden ostentar la calidad de víctimas y victimarias?

“Lo que vemos es que todas las mujeres, civiles o combatientes, tienen derecho a la autonomía reproductiva, cada quien decide si quiere ser madre o no”, señaló la abogada, quien aclaró que “el hecho de que una mujer ingrese a un grupo armado, por la razón que sea, porque hay muchas razones, no constituye autorización para sufrir ningún tipo de violencia sexual, en este caso abortos forzados. Ahora, estamos hablando de combatientes que deberán responder por otros delitos, pero eso no quita que también fueron víctimas de un delito de carácter internacional”.

De igual manera, para la integrante Women’s Link Worldwide, organización que hace diez años promovió en Colombia la despenalización del aborto en tres circunstancias especiales, la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia y Paz también sirvió de pretexto para evaluar si los crímenes de género fueron completamente abordados en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Al respecto, Ardila consideró que si bien se observaron avances importantes, “pudieron haber más casos de los que se trataron. Ahora, en lo que falta avanzar mucho es en el tema de la reparación. La sentencia del ERG quizás es la única que lo aborda un poco mejor, porque exhorta a las entidades oficiales a que se ejecuten una serie de planes de reparación integral”.


Página 5 de 18

© 2014 Enlace Regional. Todos los Derechos Reservados.
Powered by: