Tomado de verdadabierta.com
27-04-2016 

En un nuevo panfleto, firmado por supuestas 'Águilas Negras', se amenaza a siete lideresas y cuatro asociaciones de mujeres. Entre los señalados también hay funcionarios públicos y la Mesa Nacional de Víctimas.


amenazas mujeres 1En los últimos días empezó a circular un nuevo panfleto por redes sociales y Whatsapp. De no ser porque las amenazas se concentran contra mujeres y organizaciones que trabajan con víctimas del conflicto armado y respaldan el proceso de paz con la guerrilla de las Farc, se podría pensar que es la copia de uno de los tantos que han circulado recientemente.

En un texto con lenguaje vulgar y el ya 'tradicional' cabezote de las 'Águilas Negras', se amenaza con “tortura y muerte” a la exsenadora Piedad Córdoba, y a las líderes Nancy Carvajal Gómez, Elsa Cristina Posada, Nancy Gómez, Rosa Amelia Hernández y Jenny Viviana Guerrero Carvajal, quienes han participado en procesos de restitución de tierras y han acompañado a víctimas del conflicto armado. El texto termina con una frase perentoria: “Reclutaremos a sus hijos. Seremos implacables desde Urabá hasta Meta”.

Entre las organizaciones no gubernamentales que son blanco de amenazas están la Mesa Autónoma de Mujeres, Sisma Mujer, Casa de la Mujer, Viva la Ciudadanía, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (Ilsa) y la Mesa Nacional de Víctimas. Además, Alfonso Castillo, excandidato al Concejo de Bogotá por la UP; y los funcionarios Gabriel Bustamante, subdirector de Participación de la Unidad de Víctimas, y Susana Rodríguez Caro, delegada de Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo.

Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer, considera que este panfleto hace parte del proceso de hostigamiento contra defensores de derechos humanos, líderes y organizaciones sociales que se ha activado en el último año. “Esto ocurre porque cada día que pasa las mujeres tenemos un rol más activo en la restitución de tierras, en la defensa de nuestros derechos, en la denuncia y porque les hemos dado un respaldo abierto a los procesos de paz”, indicó.

Otra líder, que pidió mantener en reserva su identidad, afirma que las mujeres han tomado visibilidad por su participación en el proceso de paz con las Farc: “Hemos tenido un papel prevalente en las negociaciones y hemos llevado la agenda de las mujeres a la Mesa de Diálogos. Eso tuvo mucha influencia y ha hecho que estemos amenazadas”.

Esas acciones también se han visto por fuera de la Mesa de La Habana. En noviembre del año pasado, la Ruta Pacífica de las Mujeres realizó una multitudinaria marcha por las calles de Popayán para recoger firmas y “refrendar” los acuerdos de paz a su manera, como muestra de respaldo al proceso de paz, pero también para pedirle a los negociadores que no se paren de la Mesa hasta lograr un acuerdo que le ponga punto final a la confrontación armada. Meses después fueron amenazadas por las llamadas 'Águilas Negras' en Cauca.

Aunque llama la atención que la mayoría de las personas amenazadas en este nuevo panfleto de las 'Águilas Negras' son mujeres, ésta no es la primera vez que ocurre. Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, organización no gubernamental que monitorea la situación de los defensores de derechos humanos, dijo que ésta es la segunda amenaza masiva contra ellas.

“La primera andanada de amenazas fue en septiembre de 2014, cuando viajaron las comisiones de víctimas para hablar con los negociadores del proceso de paz en Cuba. Primero se amenazó a las organizaciones de mujeres porque fueron las primeras que comenzaron a hacer aportes puntuales al tema Víctimas”, explicó Guevara.

Además, indicó que las agresiones contra las mujeres defensoras de derechos humanos han sido constantes desde ese momento. Según los registros de Somos Defensores, el punto más crítico se alcanzó entre julio y septiembre del año pasado, cuando por primera vez, en un trimestre, fueron agredidas más mujeres que hombres.

Guevara consideró que las agresiones contra las defensoras cada vez toman más fuerza porque “es el movimiento que más rápido se articuló con los temas de posconflicto y víctimas en La Habana. Comenzaron a hablar de enfoque diferencial de género como afectación del conflicto, lograron que se abriera una Mesa de Mujeres y trabajan activamente en las regiones”.

Por otro lado, para Alfonso Castillo, defensor de derechos humanos que participó en la primea Mesa Nacional de Víctimas en 2012 y excandidato de la UP en las pasadas elecciones locales, las amenazas se han vuelto constantes y provienen de sectores que quieren sabotear los avances en materia de terminación del conflicto: “Uno esperaría que el gobierno actúe de una manera contundente y le brinde garantías a las organizaciones de derechos humanos, de víctimas y de mujeres que estamos luchando por la construcción de la paz”.

En ese mismo sentido se expresó Rosa Amelia Hernández, una de las siete mujeres amenazadas con nombre propio, quien lidera procesos de restitución de tierras y adelanta capacitaciones sobre la aplicación de la Ley de Víctimas. “Quiero que se aclare quién y por qué me amenazan. Yo no le he hecho daño a nadie; no trabajo para el gobierno, pero pareciera que sí porque hago funciones que son de ellos: no socializan nada acá y yo sí, desconocen que la paz se hace en los territorios y no en sus escritorios. Con esa amenaza acabaron con mi tranquilidad por querer ayudar”, afirmó esta líder.

¿De dónde vienen?

panfletosLa incertidumbre que despiertan los panfletos es la que más daño causa. Diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos sostienen que la reciente ola de intimidaciones y de asesinatos de líderes sociales proviene de grupos paramilitares, pese a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que concluyó en agosto de 2006.

En cambio, el gobierno nacional aduce que en la actualidad no existe el paramilitarismo, sino bandas de crimen organizado. Además, analistas e investigadores del conflicto armado también señalan que en la actualidad no existen grupos paramilitares sino grupos delincuenciales que heredaron un aprendizaje de las Auc y buscan controlar poblaciones y economías ilegales.

La discusión también ha llegado a la Mesa de Negociaciones en La Habana. Allí, los voceros de las Farc han exigido al gobierno nacional que reconozca la existencia del paramilitarismo y lo enfrente de manera eficaz para garantizar el paso de sus hombres a la vida civil.

Más allá de la retórica y de la diversidad de conceptos, lo concreto es que cada semana surgen panfletos amenazando a líderes sociales, sindicalistas o simpatizantes del proceso de paz. Hace dos semanas circuló un volante supuestamente de las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' en el que se amenazó a varios sectores sociales de Cali.

En reacción a ese señalamiento, los ‘Gaitanistas’ emitieron el pasado viernes un comunicado negando cualquier relación con las amenazas que proliferan en el país contra líderes sociales y reclamantes de tierras. “Los organismos de seguridad del gobierno han atribuido a nuestra organización la responsabilidad por el desplazamiento forzado, los homicidios y las amenazas a los integrantes de estas organizaciones. Queremos dejar claro que no somos nosotros los responsables de estos hechos y que el nombre de nuestras organizaciones está siendo utilizando para ocultar y proteger a los verdaderos responsables”, se lee en uno de los puntos del documento, que lo firma el ‘Estado Mayor’ de esa organización armada ilegal.

Al respecto, Carlos Guevara, de Somos Defensores, dijo que ese comunicado demuestra que detrás de los panfletos también pueden estar terceras personas que usan el nombre de estos grupos ilegales para cubrir cualquier tipo de amenazas. “Creemos que quienes intentan usarlo, son los mismos que en el pasado usaron membretes de las 'Águilas Negras' y de otros grupos. Eso dificulta mucho más las investigaciones. Además, la Dijín de la Policía nos dice que el problema con estos panfletos es que ya no los envían de manera física, sino que les toman fotos y comienzan a circularlos en redes sociales, por lo que rastrearlos es muy complicado”.

Para acabar con la incertidumbre que generan las amenazas a nombre de grupos que surgieron tras la desmovilización de las Auc, las víctimas piden que el Estado esclarezca esta situación de una vez por todas. “No hay la voluntad política de investigar de dónde vienen las amenazas. Si en el periodo de Uribe encontraron en dos días a quien amenazó a uno de sus hijos en Facebook, nos parece imposible, con todo el sistema de inteligencia del país, que no se determine de dónde vienen estas amenazas”, cuestionó Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer.




Tomado del espectador.com
09-04-2016

victimas del paramilitarismo
Este sábado se conmemora el Día de la memoria y Solidaridad con las Víctimas, El Espectador recuerda algunas de los relatos de hombres y mujeres que han sufrido en la dinámica de la violencia paramilitar.

Kitek Kiwe significa Tierra Florecida
A través de una crónica del desplazamiento y asentamiento de los sobrevivientes de la masacre del Naya (2001) se narra la historia en la que las víctimas sanaron las heridas del conflicto, construyeron una nueva estructura política y social, hicieron vida en otro territorio y tienen un presente en calma.
“Colombia es una fosa común”
John Fredy Ramírez, antropólogo forense que encabeza las exhumaciones en La Escombrera, en Medellín, ha vivido en carne propia el drama de la desaparición forzada.
“La operación Orión no ha terminado”
Las historias de tres mujeres a quienes las huellas del polémico operativo militar aún las persiguen. A diario, con el dolor vivo, enfrentan sus consecuencias.
Los muertos incompletos de la masacre de El Salado
El 18 de febrero de 2000, 450 paramilitares entraron a ese corregimiento de El Carmen de Bolívar y durante cinco días permanecieron masacrando a sus habitantes.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) acaba de publicar un informe en el que alerta sobre la necesidad de tomar decisiones a corto plazo para garantizar el tránsito de los desmovilizados a la sociedad civil una vez se firme el acuerdo del fin del conflicto armado, y para ello hace especial énfasis en mantener cohesionadas a las tropas a largo del proceso de reinserción.

portada informe primeros pasosEl pasado miércoles 9 de febrero el Congreso de la República aprobó una reforma a la Ley de Orden Público para permitir que se creen zonas temporales de concentración para los guerrilleros que se aprestan a dejar las armas ante el posible desenlace positivo del proceso de paz que desde hace más de tres años se desarrolla en Cuba.

Ese es otro avance para que los miembros de ese grupo armado ilegal dejen las armas, aunque días después los negociadores de paz también dejaron entrever que la firma del acuerdo de paz se podría retrasar más allá del próximo 23 de marzo, con lo que las desmovilizaciones no iniciarían en el mes de mayo, como lo anunció el pasado 23 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos en La Habana cuando se acordó el modelo de justicia transicional.

En medio de ese panorama, la FIP publicó el informe Primeros pasos para la transición: Apuntes para la estabilización provisional de las Farc, en el que plantea que más allá de las políticas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), que se aplican a mediano y largo plazo en la resolución de conflictos armados, en este caso hay que poner especial atención en medidas que se deben emplear inmediatamente tras la firma del acuerdo de paz.

De este modo, se tienen más posibilidades para garantizar la seguridad de los excombatientes y de las comunidades afectadas por la guerra, para facilitar la implementación de los acuerdos alcanzados en Cuba y para evitar que la violencia se recicle con un eventual rearme. Con ese propósito, la FIP plantea que se tengan en cuenta otras opciones como las Medidas de Estabilización Provisional (MEP) antes de la fase de reintegración, hasta que “se adaptan o se mejoran las condiciones políticas, sociales y económicas del entorno local y nacional para favorecer el efectivo regreso a la civilidad de los excombatientes y así evitar el resurgimiento de la violencia”.

El informe sostiene que a diferencia del DDR, que busca romper inmediatamente las estructuras de los grupos armados para reincorporar a sus integrantes a la vida civil, las MEP plantean mantener la cohesión de los grupos temporalmente, “mientras se llevan a cabo cambios (no estructurales) en los entornos para crear unas condiciones mínimas que permitan que la reintegración a la civilidad sea menos traumática y más efectiva a mediano y largo plazo”.

Para Eduardo Álvarez, uno de los autores del informe y Coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, en las anteriores experiencias de desmovilización en Colombia se dieron casos de rearme y no se crearon estrategias atender diferencialmente a los combatientes rasos, a los mandos medios y a los cabecillas de los grupos armados, porque se rompieron las estructuras de mando de los grupos armados ilegales.

“Lo que planteamos es que al momento de crear las zonas de ubicación temporal, una medida para evitar que los desmovilizados se vayan para sus casas como ocurrió con el Epl y las Auc, es mantenerlos reunidos y generar un cambio de mentalidad con las personas que habían tenido el liderazgo durante el tiempo que estuvieron en armas, para que se cambien ese liderazgo militarista a uno que esté dispuesto a apostarle a la implementación de los acuerdos”, le explicó Álvarez a VerdadAbierta.com.

El informe analiza las experiencias de MEP que se implementaron en Kosovo, la República Democrática del Congo, Uganda, Sudáfrica y Afganistán, durante su tránsito de periodos de guerra hacia la paz. Dentro de ellas identificó varios tipos, en las que los exintegrantes de grupos ilegales se mantuvieron unidos y conformaron organizaciones civiles-militares de carácter transicional para asumir labores de protección, conservación ambiental y atención de desastres. También se dieron casos en los que las estructuras militares y policiales del Estado se readecuaron e incluyeron desmovilizados para aprovechar su experiencia y cohesión social, y otros en los que crearon granjas agrícolas y organizaciones no gubernamentales.

Al respecto, Álvarez señala que ni la FIP ni el informe plantean que los futuros desmovilizados de las Farc deben hacer parte de la Fuerza Pública, sino que esbozan reflexiones, a partir de experiencias internacionales, para evitar fracasos de antaño en este posible proceso de reinserción con el que terminaría el proceso de paz en Cuba. “Estamos abriendo un debate con el informe y presentamos elementos de reflexión para que dejemos de pensar en las actividades convencionales, miremos la evolución en el mundo y planteemos una alternativas que son las Medidas de Estabilización Provisionales”, indicó el investigador de la FIP.

Por ejemplo, sobre la experiencia de Kosovo, el informe destaca algunas reflexiones que podrían ser de utilidad para el proceso que se avecina con las Farc, pues en ese caso la “integración de los excombatientes en un nuevo cuerpo cohesionado con tareas específicas puede ayudar a mantener el control sobre sus estructuras por un tiempo y así evitar disidencias y fenómenos de reincidencia en contextos de precariedad institucional”, y también “es clave identificar las habilidades y experiencia de los excombatientes para ayudar a proveer seguridad a la población y contribuir al desarrollo durante las primeras fases de la transición”.

Además de mantener cohesionadas a las tropas una vez se firme el acuerdo de paz, para que el proceso de reinserción a la vida civil de los desmovilizados de las Farc sea viable, se requieren entornos favorables, en donde tanto los excombatientes como sus familias, los territorios en donde dejen las armas y sus habitantes, tengan garantías de seguridad.

Por lo anterior, el informe plantea la creación de un Plan de Respuesta Rápida, ante la necesidad de proteger y proveer seguridad a las zonas rurales, que son el epicentro de la confrontación armada, con “acciones dirigidas a saldar deudas históricas del Estado con esas regiones, así como autoridad, legitimidad y capacidad institucional”.

“Antes se pensaba que se debía llegar a los territorios en términos de seguridad para controlarlo y neutralizar amenazas, pero ahora se plantea que se debe dejar de pensar en enviar botas y camuflados, sino que se deben transformar los entornos para hacer las implementaciones de los acuerdos de paz”, explica Álvarez.

Además, el informe indica que “luego de un conflicto armado interno, uno de los principales riesgos que enfrenta la consecución y consolidación de la paz es la continuación o el resurgimiento de la violencia armada. Para mitigar esto, el Estado debe recalibrar la correlación de fuerzas, recuperar el monopolio legítimo de la fuerza para mantener el imperio de la ley o sustituir aquellas instituciones que fueron creadas durante el conflicto armado”.

Sin embargo, casos como el de El Salvador, alertan que el hecho de tener un Plan de Respuesta Rápida no es prenda de garantía de alcanzar la paz, pues dichos planes y políticas de DDR en muchas ocasiones son diseñados “desde arriba” por élites políticas y técnicos que buscan solucionar problemas con manuales estandarizados y con la idea de que el fin de la guerra traerá consigo la seguridad.

Por esa razón, el informe señala que actualmente se ha empezado a plantear la necesidad de repensar las políticas de DDR, despojándolas de su óptica militarista para entablar un modelo que ayude a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de los territorios donde se lleva a cabo. “Esto implica que tenga un enfoque más rural; que se diseñe desde abajo con participación de los excombatientes, de sus familias y de las comunidades receptoras buscando maximizar sus habilidades y aptitudes; que busque generar procesos de reintegración amplia (desmovilizados, víctimas, comunidades), que empodere a las comunidades y convierta a los desmovilizados en verdaderos agentes de paz”, indica al respecto.

Tomado de verdadabierta.com



Solo hay 14 condenas contra los agresores de más de 630 casos sobre los cuales la Corte Constitucional hace seguimiento. La impunidad es mayor cuando el implicado es un miembro de la Fuerza Pública.

violencia sexual 2La violencia sexual contra las mujeres en razón del conflicto armado es un delito rodeado de impunidad. Las cifras sobre la acción de la justicia evidencian la lentitud de la justicia para afrontar este fenómeno, que ha proliferado en todo el país durante las últimas décadas.
La gravedad del asunto llevó a la Corte Constitucional a emitir el Auto 092 de 2008, a través del cual reconoció que la violencia sexual era un riego de género que se daba de forma “habitual, extendida, sistemática e invisible” durante el desarrollo del conflicto armado. Siete años después profirió el Auto 009 en el que destacó que no se trataba de hechos asilados cometidos por combatientes rasos, sino que fueron crímenes incentivados desde las cúpulas de las organizaciones armadas, y constató “la persistencia de falencias en la atención, protección y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado”.

Pese a esos llamados para que haya celeridad en el proceso judicial, en el 97% de estos casos persiste la impunidad. La cifra está consignada en el informe presentado en Bogotá por la Mesa de Seguimiento a los Autos de la Corte, que está conformada por 12 organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Según el documento, solo hay 14 sentencias condenatorias y más de 90 casos han sido archivados o precluidos por el Ente investigador. En más del 40% ni siquiera se sabe quién fue el agresor.

Los Autos de la Corte reunieron 634 hechos de violencia sexual en contexto de conflicto armado que afectaron a por lo menos 768 mujeres. La información fue remitida a la Fiscalía General de la Nación para que acelerara o iniciara las investigaciones respectivas; sin embargo, para la Mesa de Seguimiento es claro que las autoridades nacionales siguen sin cumplir sus deberes constitucionales.

Según este colectivo, contrario a lo ordenado por la Corte, la Fiscalía no tiene una estrategia única para adelantar las investigaciones de violencia sexual, sino que varía de acuerdo al victimario. Mientras los crímenes de la guerrilla son investigados de forma conjunta por la Dirección de Análisis y Contexto, lo que permite hacer una caracterización de los hechos y encontrar patrones; los de la Fuerza Pública y de las llamadas bandas criminales hacen curso por separado en fiscalías territoriales, una estrategia que, hasta el momento, no ha dado mayores resultados.

“El acceso de las víctimas a la justicia depende de quién fue su agresor, lo que genera una grave diferenciación que afecta el derecho de a la igualdad de las mujeres”, reitera el informe.

Fuerza Pública: investigaciones archivadas

casos violencia sexualLos riesgos más inminentes se registran en los 44 casos donde se sindica a miembros de la Fuerza Pública como responsables de los hechos. De acuerdo con la Corte, la violencia ha sido una práctica de guerra que algunos militares han usado en tres formas: alianzas con paramilitares, estigmatización de poblaciones como guerrilleras y el uso de las armas con víctimas indefensas.

De acuerdo con la Mesa de Seguimiento, 21 de esas investigaciones fueron archivadas. Así sucedió con las indagaciones que se siguen contra miembros de la Fuerza Pública, quienes, junto con paramilitares, habrían participaron en las masacres del Chengue, ocurrida en Ovejas, Sucre, en enero de 2001; la del Tigre, Putumayo, perpetrada en enero de 1999; y la de Cabuya, en Arauca, en noviembre de 1998.

“En los casos de masacres, donde hay connivencia de la Fuerza Pública, es común que la investigación avance mucho frente a los paramilitares, pero poco frente a los agentes estatales”, dijo a VerdadAbierta.com Linda Cabrera, subdirectora de la organización Sisma Mujeres, una de las ONG que hace parte de la Mesa de Seguimiento.

Otros casos se han “extraviado” dentro de la misma Fiscalía y no se sabe a qué despacho fueron a parar. Ocurrió, por ejemplo, con una denuncia de 20 mujeres indígenas violadas por militares, que fue presentada por las organizaciones sociales. El caso es grave, pues de acuerdo a cifras del Ente investigador, en 52% de los casos de mujeres indígenas violentadas, los perpetradores hacen parte de la Fuerza Pública.

A esto se suma la falta de sanciones disciplinarias de la Procuraduría por estos hechos. La mayoría de las investigaciones permanecen congeladas. “Es claro que la Procuraduría no ha tomado con seriedad su deber de investigar y determinar posibles responsabilidades disciplinarias”, agrega el informe.

Otras críticas a la Fiscalía
El Auto de 2015 de la Corte Constitucional aseguró que las mujeres desplazadas no solo son atacadas por actores armados, sino por civiles. Por ejemplo, si una mujer tuvo que salir de su tierra hacia un barrio vulnerable, donde es agredida por un vecino, esto también debe considerarse como un hecho ocurrido en un contexto de conflicto.

De acuerdo con el informe, esto no ha sido asumido así por toda la Fiscalía y en la mayoría de los casos son los fiscales de forma individual quienes deciden cómo abordar el caso.

La Mesa de Seguimiento denunció en su informe que no se les ha prestado atención especial a las 22 investigaciones de mujeres líderes y sus casos no han arrojado sentencia alguna, siguen siendo investigados por separados y sin que se tenga en cuenta la hipótesis de una posible agresión por su trabajo como lideresas.

“Uno de los hechos cometidos contra una integrante del Partido Comunista y una niña, perpetrados por miembros de la Policía durante un allanamiento, cuenta con decisión de preclusión sin tener en cuenta la totalidad de las pruebas sobre violencia sexual que obraban en el expediente y sin investigar los hechos cometidos contra la niña”, dice el informe.

El documento resalta que el 30% de las víctimas eran menores de edad eran menores de edad cuando ocurrió la violación, la mayoría tenían menos de 14 años. En estos casos es mayor el índice de investigaciones archivadas.

Por tales razones, la Mesa de Seguimiento le solicitó a la Corte Constitucional que declare que los entes estatales a todo nivel siguen sin cumplir con sus deberes y obligaciones internacionales por cuanto “no han determinado las causas del panorama generalizado de violencia sexual asociada al conflicto armado contra las mujeres en Colombia y mucho menos superado el estado de impunidad en que se encuentran”.

Una síntesis de la situación de impunidad de la violencia sexual asociada al conflicto armado le fue presentada en noviembre del año pasado a la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). En ese documento se reiteró que, si bien las entidades estatales competentes han impulsado algunas estrategias para ofrecer respuestas concretas a los requerimientos de la Corte, “éstas no han sido suficientes para garantizar de manera integral y articulada la investigación de la violencia sexual contra las mujeres, en el marco del conflicto armado”.

Tomado de verdadabierta.com




Por cuenta de la investigación que pretende aclarar los hechos que rodearon la creación de este grupo armado ilegal hoy se encuentran recluidos Santiago Uribe Vélez y el mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses. Ambos han denunciado presiones, irregularidades e inconsistencias por parte de la justicia.

santiago uribeA Camilo Barrientos Durán lo mataron un 25 de febrero de 1994 en horas de la tarde. Ocurrió mientras manejaba un bus escalera que cubría la ruta Campamento–Yarumal. En un tramo de la carretera, dos pasajeros se dirigieron hasta su puesto, le pidieron que detuviera el vehículo y se bajara. Ya en la vía, le dispararon varias veces.

Hoy, 22 años después, su muerte no solo continúa siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación sino que, además, constituye la piedra angular de un proceso que pretende develar la macabra estrategia de la mal llamada “limpieza social” que tuvo lugar en varios municipios del Norte de Antioquia como Campamento, Yarumal y Valdivia entre 1990 y 1996 y que son atribuidos a un grupo armado llamado los “Doce Apóstoles”.

Por cuenta de este proceso, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó a finales de febrero la detención de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Versiones dadas a la Fiscalía por diferentes testigos, entre ellos el exmayor de la Policía, Juan Carlos Meneses, actualmente recluido en centro penitenciario, señalan a Santiago Uribe Vélez como el creador de esa organización paramilitar.

Más allá de la tormenta política que desató su reclusión, lo que se advierte es que no será tarea fácil para el ente Investigador esclarecer la muerte de Barrientos y, de paso, correr el manto de impunidad que recae sobre las acciones criminales perpetradas por los “Doce Apóstoles”, a los que se les atribuyen 163 asesinatos en el Norte de Antioquia. Además de Meneses, del también agente de Policía Alexander Amaya Vargas y el ganadero Santiago Uribe Vélez, no hay ninguna otra persona vinculado o detenida por los hechos de este grupo armado.

Paradójicamente, los actuales implicados han advertido, cada uno por su cuenta, la falta de garantías que ofrece la justicia colombiana y la existencia de supuestas irregularidades por parte de las autoridades judiciales en este caso.

Quejas y temores
menesesEn 1999, un fiscal de Derechos Humanos interrogó a Santiago Uribe Vélez por estos mismos hechos, puntualmente por los delitos de secuestro, extorsión y homicidio cometidos por el grupo de los “Doce Apóstoles” entre los años 1993 y 1994 en las poblaciones de Yarumal y Santa Rosa de Osos. Y si bien aquel año la Fiscalía abrió un proceso en su contra, el mismo fue archivado en 1999 por falta de pruebas suficientes para encausarlo.

De ahí que algunos sectores políticos como el partido Centro Democrático, que lidera su hermano, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, señalen que la captura de Santiago obedece más a una persecución política contra el único partido que se ha manifestado abiertamente contrario a los diálogos de paz que desde hace tres años llevan el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba.
A lo anterior también se suman los enredos judiciales del principal testigo del caso, el mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses. En 2014, la Fiscalía 16 de Derechos Humanos profirió resolución de acusación en su contra, señalándolo como determinador de la muerte de Camilo Barrientos Durán. Para la Fiscalía resultó clave el testimonio del patrullero Alexander Amaya Vargas, quien declaró que fue Meneses quien contrató al sicario que acabó con la vida de Barrientos Durán y que su muerte obedeció a un problema personal que tuvo lugar en un bar de Yarumal.

En la resolución, la Fiscalía consignó que “es clara la condición agresiva y dañina que para entonces ostentaban Meneses y Amaya, y los hechos que los llevaron a quitar la vida de una persona que clamaba protección por parte de la misma institución, dejando entrever un total desprecio por la vida ajena, contrario a la misión encomendada, llegando a causar daño sin razón alguna (...) procediendo a la práctica de las vías de hecho”.

Para el ente Acusador, la forma en que Meneses acató las órdenes presuntamente enviadas por Santiago Uribe Vélez, de atentar contra personas del municipio, muestra una omisión de un mandato constitucional: “No solamente está omitiendo una obligación legal y constitucional de salvaguardar la vida de un conciudadano, sino que está autorizando su asesinato”, dice la resolución.
Meneses ha denunciado en diferentes ocasiones presiones e intimidaciones desde que fue involucrado en la investigación. “No existe ningún tipo de garantía que me lleve a confiar en la justicia colombiana y a estar tranquilo pues mi vida corre grave peligro, así como la de mi familia”, como lo dijo en una carta enviada a VerdadAbierta.com en 2014.

Pero si bien el oficial no ha negado su participación en el asesinato de Barrientos, también ha dicho que su participación en el crimen fue bajo amenaza de muerte. En ese sentido ha señalado en varias instancias que las intimidaciones buscan desvirtuar sus acusaciones contra Santiago Uribe.

“En este momento yo soy víctima de un montaje y de manipulación del proceso penal que se me sigue”, expresó Meneses en su misiva quien, con relación al homicidio de Barrientos Durán, manifestó: “Al darse mi llegada al municipio de Yarumal, el comandante saliente (Pedro Benavidez) me hizo saber las circunstancias especiales de ese sector y que de no acceder a las propuestas y actuares del grupo de Autodefensa, corría grave riesgo mi vida y de esta forma fue que se dio mi participación en dicho homicidio (...) mi denuncia es clara en afirmar que quien ordenó la muerte del señor Camilo Barrientos fue Santiago Uribe Vélez”.

Según Meneses Quintero, el ganadero le dijo: "Le voy a mandar a los muchachos, vamos a cometer el asesinato contra esta persona que colabora con la guerrilla. Esta es una persona conocida, es guerrillero, se llama Camilo Barrientos. Es conductor de un carro que utilizan como bus. Ya lo tenemos identificado que es la persona que suministra los víveres a la guerrilla".

A lo largo de la etapa de juicio, Meneses ha denunciado algunas irregularidades que, según él, no han sido debidamente atendidas por las autoridades judiciales. Una de ellas tiene que ver con los sindicaciones que hiciera en su contra Alexander Amaya Vargas y que han servido de pruebas para incriminarlo.

En la resolución de acusación, en la que cita varias veces el testimonio de Amaya, la Fiscalía señaló a Meneses de ser cercano a dos paramilitares conocidos como ‘Rodrigo’ y ‘Pelo de Chonta’, que según Amaya eran jefes de los Doce Apóstoles. La Fiscalía también citó a Amaya en la resolución para indicar que presuntamente uno de los sicarios que asesinó a Barrientos fue un hermano de una mujer que era amante del oficial Meneses. (Ver Meneses se ha mostrado como un criminal más: Fiscalía)

Meneses ha insistido en varios escenarios en que las declaraciones de Amaya, aceptadas por la Fiscalía no son ciertas. “La resolución de acusación hace énfasis en la conformación y pertenencia a grupos ilegales levantados en armas o de limpieza social para vincularme, sin embargo es claro que yo no conformé grupo alguno pues dicho grupo ya existía al momento de mi llegada a Yarumal y yo tan solo estuve tres meses y unos días, entre los meses de enero y abril de 1.994 (..) el acervo probatorio muestra que la causa probable que originó el homicidio de Barrientos Durán fue un incidente ocurrido en la heladería Claro de Luna con agentes de la Policía, especialmente con Alexander Amaya Vargas, quien aceptó responsabilidad penal atenuada”, alegó en la carta enviada a VerdadAbierta.com en 2014.

El exoficial agregó, respecto a las acusaciones que señalan al sicario como hermano de su “amante” que: “Ella es hija única como quedó demostrado en declaración juramentada ante Notario Público. Además, no tiene lógica que si el del problema fue el señor Amaya, haya sido yo quien ordenara su muerte”, señaló Meneses.

Meneses ha denunciado en varias oportunidades que miembros de la Policía han intimidado a su abogado y han intentado a convencer a otros policías de que declaren en su contra para desvirtuar sus señalamientos.

La génesis de los “apóstoles”
La detención de Santiago Uribe Vélez revivió uno de los capítulos más oscuros padecidos por los municipios del Norte de Antioquia entre 1990 y 1996 y sobre el cual recae un manto aún más oscuro de impunidad: las acciones criminales cometidas por el grupo denominado los “Doce Apóstoles”.

Según pudo documentar la Fiscalía 15 de Justicia y Paz gracias a los testimonios de reconocido dirigente político y social de Yarumal, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, este grupo nació a finales de la década de los 80 cuando la comunidad, cansada de los atropellos de las Farc y el Eln, decidió crear una junta comunitaria de seguridad que colaborara con la fuerza pública.

“Creo que en el año 1990-1991 llega a Yarumal un mayor de la Policía como comandante del Distrito de Policía. Su apellido es (Pedro) Benavides. Todos le llamábamos el capitán Represa, porque toda persona a la que le echaba mano aparecía en la represa de Rio Claro”, declaró en su momento el dirigente político, quien añadió: “¿Qué hace este Capitán Benavides? Reúne a los comerciantes, les manda una carta invitándolos a una reunión. Como esta tan álgido el tema de la seguridad, él dice: ‘hombre, porque no conformamos una junta de seguridad, nos tenemos que proteger. Se los van a llevar a ustedes y yo cómo hago pues, no puedo ponerle un policía a cada uno, pero si todos nos ayudamos, pues de pronto”.

De acuerdo con su testimonio, entregado a investigadores de Justicia y Paz, la respuesta a la convocatoria hecha por el capitán Benavides fue masiva. “A esa reunión fueron por ahí unos 120 comerciantes de Yarumal y ahí se sientan las bases de lo que va ser la Asociación de Comerciantes. Yo estuve ahí porque yo era comerciante en ese momento y de verdad uno sentía que en cualquier momento lo podían secuestrar a uno. El presupuesto del municipio no alcanzaba para darle la gasolina que la Policía necesitaba para patrullar; entonces, ¿qué hicimos los comerciantes en ese momento? Dimos una cuota para que no faltara el patrullaje de las motos de la Policía, para que siempre hubiera gasolina”.

Si bien la Asociación nació como una iniciativa ciudadana sujeta a la ley, con el correr del tiempo comienza a degenerarse hasta llegar al grupo que luego fue conocido como los “Doce Apóstoles”. “¿Qué pasa? Empieza a reunirse la junta y con el Capitán Benavides comienzan a armar un grupo, por ahí para los años 1992-1993. Resulta que había una cantidad de bandas de delincuencia organizada atracando en las fincas y entonces ellos dicen: ‘hay que aplicar algo más radical’. Entonces comienzan a ejecutar esa gente, comienzan a investigar y a saber quiénes están promoviendo todo eso y comienzan a aparecer muertos”, señaló el líder social en su momento.

En su testimonio, el dirigente yarumaleño relacionó a la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez: “Ellos ven que tienen la institucionalidad, la Fuerza Pública, entonces dicen: ‘bueno, nos hace falta la gente, ¿con quién vamos a hacer el trabajo sucio? Porque no lo puede hacer la policía’. Comienzan a buscar gente haya tenido instrucción militar. Empiezan a detectar jóvenes que en Yarumal hubiesen prestado servicio militar y comienzan a echarles el cuento (...) acá en la entrada del pueblo, entre la nueva vía y San José de la Montaña, hay una finca llamada La Carolina, dicen que allá era donde iban ellos a practicar, a recibir adiestramiento y todo eso”.

¿Y los otros “apóstoles”?
Si bien hoy todas las miradas recaen sobre la figura de Santiago Uribe Vélez y su presunta relación con este grupo armado, es cierto que esto no agota la sed de justicia de las cientos de víctimas que dejó el accionar de los “Doce Apóstoles” en el Norte de Antioquia. Tampoco esclarece la suerte de otras personas señaladas de integrar los “Doce Apóstoles”.

Uno de ellos es el padre Gonzalo Palacio, señalado por varios testimonios de ser uno de los auxiliadores del grupo, tal como lo afirmara el dirigente político yarumaleño a investigadores de Justicia y Paz: “Desde el comienzo de la Asociación el padre Gonzalo Palacio estuvo ahí. Después de que eso se degenera él se queda ahí. En 1994 o 1995, la Fiscalía hizo un allanamiento en la Casa Cural y se llevaron al padre Palacio. Imagínese el revuelo que fue para este pueblo que es bien católico”.

De la suerte del sacerdote poco o nada se sabe. Aunque la Fiscalía lo investigó a mediados de los noventa por la presunta relación con estos crímenes, el sacerdote no fue llevado a juicio y luego no volvió a ser requerido por autoridad judicial alguna para aclarar dichos señalamientos. El más grave de ellos tiene que ver con su presunta responsabilidad en una masacre cometida la noche del 5 de junio de 1990 en la vereda La Solita de Campamento, donde perdieron la vida dos hombres, dos mujeres y dos niñas de 8 y 11 años de una misma familia: los López.

La única sobreviviente de esta masacre le relató a organizaciones de derechos humanos de Antioquia, como la Corporación Jurídica Libertad, que debió desplazarse de la región porque “un cura muy malo de Yarumal era el que ordenaba la muerte de guerrilleros y que a ella la tenían en la mira”.

Pero en el Norte de Antioquia no solo esperan explicaciones por parte del religioso. En Yarumal se preguntan por la suerte de los comerciantes que integraron la Asociación que dio vida a los “Doce Apóstoles”. Varios empresarios del pueblo fueron vinculados al proceso judicial adelantado por el asesinato de Ovidio Ardila Elorza, perpetrado en este municipio el 29 de septiembre de 1993 y atribuido a este grupo armado.

A finales de los noventa fueron llamados a responder ante la justicia varios comerciantes, pero finalmente, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia decidió cerrar el caso el 2 de noviembre de 2000, tras considerar que no existían suficientes pruebas.

Por su parte, si bien el 25 de noviembre de 1998 la Procuraduría Delegada para los Derechos humanos decidió sancionar de por vida al mayor Pedro Manuel Benavidez Rivera, el capitán Juan Carlos Meneses Quintero, el teniente Franklin Alexander Tellez Arévalo, el cabo segundo Jairo Rodríguez Venegas y el agente Norbey de Jesús Arroyave Arias por su colaboración con grupos armados al margen de la ley, esta fue revocada el 25 de marzo de 1999 por la misma Entidad. Sobre el capitán Benavidez no pesa ninguna investigación penal.

La Fiscalía General de la Nación tiene entre sus manos uno de los retos más importantes de la historia reciente: correr el pesado manto de impunidad que pesa sobre un grupo armado que sembró el terror en el Norte de Antioquia y del que solo se conocen sus acciones criminales, pero no los “apóstoles” que los cometieron.

Tomado de verdadabierta.com




Página 6 de 18

© 2014 Enlace Regional. Todos los Derechos Reservados.
Powered by: