Tomado del espectador.com
09-04-2016

victimas del paramilitarismo
Este sábado se conmemora el Día de la memoria y Solidaridad con las Víctimas, El Espectador recuerda algunas de los relatos de hombres y mujeres que han sufrido en la dinámica de la violencia paramilitar.

Kitek Kiwe significa Tierra Florecida
A través de una crónica del desplazamiento y asentamiento de los sobrevivientes de la masacre del Naya (2001) se narra la historia en la que las víctimas sanaron las heridas del conflicto, construyeron una nueva estructura política y social, hicieron vida en otro territorio y tienen un presente en calma.
“Colombia es una fosa común”
John Fredy Ramírez, antropólogo forense que encabeza las exhumaciones en La Escombrera, en Medellín, ha vivido en carne propia el drama de la desaparición forzada.
“La operación Orión no ha terminado”
Las historias de tres mujeres a quienes las huellas del polémico operativo militar aún las persiguen. A diario, con el dolor vivo, enfrentan sus consecuencias.
Los muertos incompletos de la masacre de El Salado
El 18 de febrero de 2000, 450 paramilitares entraron a ese corregimiento de El Carmen de Bolívar y durante cinco días permanecieron masacrando a sus habitantes.
Solo hay 14 condenas contra los agresores de más de 630 casos sobre los cuales la Corte Constitucional hace seguimiento. La impunidad es mayor cuando el implicado es un miembro de la Fuerza Pública.

violencia sexual 2La violencia sexual contra las mujeres en razón del conflicto armado es un delito rodeado de impunidad. Las cifras sobre la acción de la justicia evidencian la lentitud de la justicia para afrontar este fenómeno, que ha proliferado en todo el país durante las últimas décadas.
La gravedad del asunto llevó a la Corte Constitucional a emitir el Auto 092 de 2008, a través del cual reconoció que la violencia sexual era un riego de género que se daba de forma “habitual, extendida, sistemática e invisible” durante el desarrollo del conflicto armado. Siete años después profirió el Auto 009 en el que destacó que no se trataba de hechos asilados cometidos por combatientes rasos, sino que fueron crímenes incentivados desde las cúpulas de las organizaciones armadas, y constató “la persistencia de falencias en la atención, protección y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado”.

Pese a esos llamados para que haya celeridad en el proceso judicial, en el 97% de estos casos persiste la impunidad. La cifra está consignada en el informe presentado en Bogotá por la Mesa de Seguimiento a los Autos de la Corte, que está conformada por 12 organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Según el documento, solo hay 14 sentencias condenatorias y más de 90 casos han sido archivados o precluidos por el Ente investigador. En más del 40% ni siquiera se sabe quién fue el agresor.

Los Autos de la Corte reunieron 634 hechos de violencia sexual en contexto de conflicto armado que afectaron a por lo menos 768 mujeres. La información fue remitida a la Fiscalía General de la Nación para que acelerara o iniciara las investigaciones respectivas; sin embargo, para la Mesa de Seguimiento es claro que las autoridades nacionales siguen sin cumplir sus deberes constitucionales.

Según este colectivo, contrario a lo ordenado por la Corte, la Fiscalía no tiene una estrategia única para adelantar las investigaciones de violencia sexual, sino que varía de acuerdo al victimario. Mientras los crímenes de la guerrilla son investigados de forma conjunta por la Dirección de Análisis y Contexto, lo que permite hacer una caracterización de los hechos y encontrar patrones; los de la Fuerza Pública y de las llamadas bandas criminales hacen curso por separado en fiscalías territoriales, una estrategia que, hasta el momento, no ha dado mayores resultados.

“El acceso de las víctimas a la justicia depende de quién fue su agresor, lo que genera una grave diferenciación que afecta el derecho de a la igualdad de las mujeres”, reitera el informe.

Fuerza Pública: investigaciones archivadas

casos violencia sexualLos riesgos más inminentes se registran en los 44 casos donde se sindica a miembros de la Fuerza Pública como responsables de los hechos. De acuerdo con la Corte, la violencia ha sido una práctica de guerra que algunos militares han usado en tres formas: alianzas con paramilitares, estigmatización de poblaciones como guerrilleras y el uso de las armas con víctimas indefensas.

De acuerdo con la Mesa de Seguimiento, 21 de esas investigaciones fueron archivadas. Así sucedió con las indagaciones que se siguen contra miembros de la Fuerza Pública, quienes, junto con paramilitares, habrían participaron en las masacres del Chengue, ocurrida en Ovejas, Sucre, en enero de 2001; la del Tigre, Putumayo, perpetrada en enero de 1999; y la de Cabuya, en Arauca, en noviembre de 1998.

“En los casos de masacres, donde hay connivencia de la Fuerza Pública, es común que la investigación avance mucho frente a los paramilitares, pero poco frente a los agentes estatales”, dijo a VerdadAbierta.com Linda Cabrera, subdirectora de la organización Sisma Mujeres, una de las ONG que hace parte de la Mesa de Seguimiento.

Otros casos se han “extraviado” dentro de la misma Fiscalía y no se sabe a qué despacho fueron a parar. Ocurrió, por ejemplo, con una denuncia de 20 mujeres indígenas violadas por militares, que fue presentada por las organizaciones sociales. El caso es grave, pues de acuerdo a cifras del Ente investigador, en 52% de los casos de mujeres indígenas violentadas, los perpetradores hacen parte de la Fuerza Pública.

A esto se suma la falta de sanciones disciplinarias de la Procuraduría por estos hechos. La mayoría de las investigaciones permanecen congeladas. “Es claro que la Procuraduría no ha tomado con seriedad su deber de investigar y determinar posibles responsabilidades disciplinarias”, agrega el informe.

Otras críticas a la Fiscalía
El Auto de 2015 de la Corte Constitucional aseguró que las mujeres desplazadas no solo son atacadas por actores armados, sino por civiles. Por ejemplo, si una mujer tuvo que salir de su tierra hacia un barrio vulnerable, donde es agredida por un vecino, esto también debe considerarse como un hecho ocurrido en un contexto de conflicto.

De acuerdo con el informe, esto no ha sido asumido así por toda la Fiscalía y en la mayoría de los casos son los fiscales de forma individual quienes deciden cómo abordar el caso.

La Mesa de Seguimiento denunció en su informe que no se les ha prestado atención especial a las 22 investigaciones de mujeres líderes y sus casos no han arrojado sentencia alguna, siguen siendo investigados por separados y sin que se tenga en cuenta la hipótesis de una posible agresión por su trabajo como lideresas.

“Uno de los hechos cometidos contra una integrante del Partido Comunista y una niña, perpetrados por miembros de la Policía durante un allanamiento, cuenta con decisión de preclusión sin tener en cuenta la totalidad de las pruebas sobre violencia sexual que obraban en el expediente y sin investigar los hechos cometidos contra la niña”, dice el informe.

El documento resalta que el 30% de las víctimas eran menores de edad eran menores de edad cuando ocurrió la violación, la mayoría tenían menos de 14 años. En estos casos es mayor el índice de investigaciones archivadas.

Por tales razones, la Mesa de Seguimiento le solicitó a la Corte Constitucional que declare que los entes estatales a todo nivel siguen sin cumplir con sus deberes y obligaciones internacionales por cuanto “no han determinado las causas del panorama generalizado de violencia sexual asociada al conflicto armado contra las mujeres en Colombia y mucho menos superado el estado de impunidad en que se encuentran”.

Una síntesis de la situación de impunidad de la violencia sexual asociada al conflicto armado le fue presentada en noviembre del año pasado a la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). En ese documento se reiteró que, si bien las entidades estatales competentes han impulsado algunas estrategias para ofrecer respuestas concretas a los requerimientos de la Corte, “éstas no han sido suficientes para garantizar de manera integral y articulada la investigación de la violencia sexual contra las mujeres, en el marco del conflicto armado”.

Tomado de verdadabierta.com




Por cuenta de la investigación que pretende aclarar los hechos que rodearon la creación de este grupo armado ilegal hoy se encuentran recluidos Santiago Uribe Vélez y el mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses. Ambos han denunciado presiones, irregularidades e inconsistencias por parte de la justicia.

santiago uribeA Camilo Barrientos Durán lo mataron un 25 de febrero de 1994 en horas de la tarde. Ocurrió mientras manejaba un bus escalera que cubría la ruta Campamento–Yarumal. En un tramo de la carretera, dos pasajeros se dirigieron hasta su puesto, le pidieron que detuviera el vehículo y se bajara. Ya en la vía, le dispararon varias veces.

Hoy, 22 años después, su muerte no solo continúa siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación sino que, además, constituye la piedra angular de un proceso que pretende develar la macabra estrategia de la mal llamada “limpieza social” que tuvo lugar en varios municipios del Norte de Antioquia como Campamento, Yarumal y Valdivia entre 1990 y 1996 y que son atribuidos a un grupo armado llamado los “Doce Apóstoles”.

Por cuenta de este proceso, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó a finales de febrero la detención de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Versiones dadas a la Fiscalía por diferentes testigos, entre ellos el exmayor de la Policía, Juan Carlos Meneses, actualmente recluido en centro penitenciario, señalan a Santiago Uribe Vélez como el creador de esa organización paramilitar.

Más allá de la tormenta política que desató su reclusión, lo que se advierte es que no será tarea fácil para el ente Investigador esclarecer la muerte de Barrientos y, de paso, correr el manto de impunidad que recae sobre las acciones criminales perpetradas por los “Doce Apóstoles”, a los que se les atribuyen 163 asesinatos en el Norte de Antioquia. Además de Meneses, del también agente de Policía Alexander Amaya Vargas y el ganadero Santiago Uribe Vélez, no hay ninguna otra persona vinculado o detenida por los hechos de este grupo armado.

Paradójicamente, los actuales implicados han advertido, cada uno por su cuenta, la falta de garantías que ofrece la justicia colombiana y la existencia de supuestas irregularidades por parte de las autoridades judiciales en este caso.

Quejas y temores
menesesEn 1999, un fiscal de Derechos Humanos interrogó a Santiago Uribe Vélez por estos mismos hechos, puntualmente por los delitos de secuestro, extorsión y homicidio cometidos por el grupo de los “Doce Apóstoles” entre los años 1993 y 1994 en las poblaciones de Yarumal y Santa Rosa de Osos. Y si bien aquel año la Fiscalía abrió un proceso en su contra, el mismo fue archivado en 1999 por falta de pruebas suficientes para encausarlo.

De ahí que algunos sectores políticos como el partido Centro Democrático, que lidera su hermano, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, señalen que la captura de Santiago obedece más a una persecución política contra el único partido que se ha manifestado abiertamente contrario a los diálogos de paz que desde hace tres años llevan el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba.
A lo anterior también se suman los enredos judiciales del principal testigo del caso, el mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses. En 2014, la Fiscalía 16 de Derechos Humanos profirió resolución de acusación en su contra, señalándolo como determinador de la muerte de Camilo Barrientos Durán. Para la Fiscalía resultó clave el testimonio del patrullero Alexander Amaya Vargas, quien declaró que fue Meneses quien contrató al sicario que acabó con la vida de Barrientos Durán y que su muerte obedeció a un problema personal que tuvo lugar en un bar de Yarumal.

En la resolución, la Fiscalía consignó que “es clara la condición agresiva y dañina que para entonces ostentaban Meneses y Amaya, y los hechos que los llevaron a quitar la vida de una persona que clamaba protección por parte de la misma institución, dejando entrever un total desprecio por la vida ajena, contrario a la misión encomendada, llegando a causar daño sin razón alguna (...) procediendo a la práctica de las vías de hecho”.

Para el ente Acusador, la forma en que Meneses acató las órdenes presuntamente enviadas por Santiago Uribe Vélez, de atentar contra personas del municipio, muestra una omisión de un mandato constitucional: “No solamente está omitiendo una obligación legal y constitucional de salvaguardar la vida de un conciudadano, sino que está autorizando su asesinato”, dice la resolución.
Meneses ha denunciado en diferentes ocasiones presiones e intimidaciones desde que fue involucrado en la investigación. “No existe ningún tipo de garantía que me lleve a confiar en la justicia colombiana y a estar tranquilo pues mi vida corre grave peligro, así como la de mi familia”, como lo dijo en una carta enviada a VerdadAbierta.com en 2014.

Pero si bien el oficial no ha negado su participación en el asesinato de Barrientos, también ha dicho que su participación en el crimen fue bajo amenaza de muerte. En ese sentido ha señalado en varias instancias que las intimidaciones buscan desvirtuar sus acusaciones contra Santiago Uribe.

“En este momento yo soy víctima de un montaje y de manipulación del proceso penal que se me sigue”, expresó Meneses en su misiva quien, con relación al homicidio de Barrientos Durán, manifestó: “Al darse mi llegada al municipio de Yarumal, el comandante saliente (Pedro Benavidez) me hizo saber las circunstancias especiales de ese sector y que de no acceder a las propuestas y actuares del grupo de Autodefensa, corría grave riesgo mi vida y de esta forma fue que se dio mi participación en dicho homicidio (...) mi denuncia es clara en afirmar que quien ordenó la muerte del señor Camilo Barrientos fue Santiago Uribe Vélez”.

Según Meneses Quintero, el ganadero le dijo: "Le voy a mandar a los muchachos, vamos a cometer el asesinato contra esta persona que colabora con la guerrilla. Esta es una persona conocida, es guerrillero, se llama Camilo Barrientos. Es conductor de un carro que utilizan como bus. Ya lo tenemos identificado que es la persona que suministra los víveres a la guerrilla".

A lo largo de la etapa de juicio, Meneses ha denunciado algunas irregularidades que, según él, no han sido debidamente atendidas por las autoridades judiciales. Una de ellas tiene que ver con los sindicaciones que hiciera en su contra Alexander Amaya Vargas y que han servido de pruebas para incriminarlo.

En la resolución de acusación, en la que cita varias veces el testimonio de Amaya, la Fiscalía señaló a Meneses de ser cercano a dos paramilitares conocidos como ‘Rodrigo’ y ‘Pelo de Chonta’, que según Amaya eran jefes de los Doce Apóstoles. La Fiscalía también citó a Amaya en la resolución para indicar que presuntamente uno de los sicarios que asesinó a Barrientos fue un hermano de una mujer que era amante del oficial Meneses. (Ver Meneses se ha mostrado como un criminal más: Fiscalía)

Meneses ha insistido en varios escenarios en que las declaraciones de Amaya, aceptadas por la Fiscalía no son ciertas. “La resolución de acusación hace énfasis en la conformación y pertenencia a grupos ilegales levantados en armas o de limpieza social para vincularme, sin embargo es claro que yo no conformé grupo alguno pues dicho grupo ya existía al momento de mi llegada a Yarumal y yo tan solo estuve tres meses y unos días, entre los meses de enero y abril de 1.994 (..) el acervo probatorio muestra que la causa probable que originó el homicidio de Barrientos Durán fue un incidente ocurrido en la heladería Claro de Luna con agentes de la Policía, especialmente con Alexander Amaya Vargas, quien aceptó responsabilidad penal atenuada”, alegó en la carta enviada a VerdadAbierta.com en 2014.

El exoficial agregó, respecto a las acusaciones que señalan al sicario como hermano de su “amante” que: “Ella es hija única como quedó demostrado en declaración juramentada ante Notario Público. Además, no tiene lógica que si el del problema fue el señor Amaya, haya sido yo quien ordenara su muerte”, señaló Meneses.

Meneses ha denunciado en varias oportunidades que miembros de la Policía han intimidado a su abogado y han intentado a convencer a otros policías de que declaren en su contra para desvirtuar sus señalamientos.

La génesis de los “apóstoles”
La detención de Santiago Uribe Vélez revivió uno de los capítulos más oscuros padecidos por los municipios del Norte de Antioquia entre 1990 y 1996 y sobre el cual recae un manto aún más oscuro de impunidad: las acciones criminales cometidas por el grupo denominado los “Doce Apóstoles”.

Según pudo documentar la Fiscalía 15 de Justicia y Paz gracias a los testimonios de reconocido dirigente político y social de Yarumal, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, este grupo nació a finales de la década de los 80 cuando la comunidad, cansada de los atropellos de las Farc y el Eln, decidió crear una junta comunitaria de seguridad que colaborara con la fuerza pública.

“Creo que en el año 1990-1991 llega a Yarumal un mayor de la Policía como comandante del Distrito de Policía. Su apellido es (Pedro) Benavides. Todos le llamábamos el capitán Represa, porque toda persona a la que le echaba mano aparecía en la represa de Rio Claro”, declaró en su momento el dirigente político, quien añadió: “¿Qué hace este Capitán Benavides? Reúne a los comerciantes, les manda una carta invitándolos a una reunión. Como esta tan álgido el tema de la seguridad, él dice: ‘hombre, porque no conformamos una junta de seguridad, nos tenemos que proteger. Se los van a llevar a ustedes y yo cómo hago pues, no puedo ponerle un policía a cada uno, pero si todos nos ayudamos, pues de pronto”.

De acuerdo con su testimonio, entregado a investigadores de Justicia y Paz, la respuesta a la convocatoria hecha por el capitán Benavides fue masiva. “A esa reunión fueron por ahí unos 120 comerciantes de Yarumal y ahí se sientan las bases de lo que va ser la Asociación de Comerciantes. Yo estuve ahí porque yo era comerciante en ese momento y de verdad uno sentía que en cualquier momento lo podían secuestrar a uno. El presupuesto del municipio no alcanzaba para darle la gasolina que la Policía necesitaba para patrullar; entonces, ¿qué hicimos los comerciantes en ese momento? Dimos una cuota para que no faltara el patrullaje de las motos de la Policía, para que siempre hubiera gasolina”.

Si bien la Asociación nació como una iniciativa ciudadana sujeta a la ley, con el correr del tiempo comienza a degenerarse hasta llegar al grupo que luego fue conocido como los “Doce Apóstoles”. “¿Qué pasa? Empieza a reunirse la junta y con el Capitán Benavides comienzan a armar un grupo, por ahí para los años 1992-1993. Resulta que había una cantidad de bandas de delincuencia organizada atracando en las fincas y entonces ellos dicen: ‘hay que aplicar algo más radical’. Entonces comienzan a ejecutar esa gente, comienzan a investigar y a saber quiénes están promoviendo todo eso y comienzan a aparecer muertos”, señaló el líder social en su momento.

En su testimonio, el dirigente yarumaleño relacionó a la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez: “Ellos ven que tienen la institucionalidad, la Fuerza Pública, entonces dicen: ‘bueno, nos hace falta la gente, ¿con quién vamos a hacer el trabajo sucio? Porque no lo puede hacer la policía’. Comienzan a buscar gente haya tenido instrucción militar. Empiezan a detectar jóvenes que en Yarumal hubiesen prestado servicio militar y comienzan a echarles el cuento (...) acá en la entrada del pueblo, entre la nueva vía y San José de la Montaña, hay una finca llamada La Carolina, dicen que allá era donde iban ellos a practicar, a recibir adiestramiento y todo eso”.

¿Y los otros “apóstoles”?
Si bien hoy todas las miradas recaen sobre la figura de Santiago Uribe Vélez y su presunta relación con este grupo armado, es cierto que esto no agota la sed de justicia de las cientos de víctimas que dejó el accionar de los “Doce Apóstoles” en el Norte de Antioquia. Tampoco esclarece la suerte de otras personas señaladas de integrar los “Doce Apóstoles”.

Uno de ellos es el padre Gonzalo Palacio, señalado por varios testimonios de ser uno de los auxiliadores del grupo, tal como lo afirmara el dirigente político yarumaleño a investigadores de Justicia y Paz: “Desde el comienzo de la Asociación el padre Gonzalo Palacio estuvo ahí. Después de que eso se degenera él se queda ahí. En 1994 o 1995, la Fiscalía hizo un allanamiento en la Casa Cural y se llevaron al padre Palacio. Imagínese el revuelo que fue para este pueblo que es bien católico”.

De la suerte del sacerdote poco o nada se sabe. Aunque la Fiscalía lo investigó a mediados de los noventa por la presunta relación con estos crímenes, el sacerdote no fue llevado a juicio y luego no volvió a ser requerido por autoridad judicial alguna para aclarar dichos señalamientos. El más grave de ellos tiene que ver con su presunta responsabilidad en una masacre cometida la noche del 5 de junio de 1990 en la vereda La Solita de Campamento, donde perdieron la vida dos hombres, dos mujeres y dos niñas de 8 y 11 años de una misma familia: los López.

La única sobreviviente de esta masacre le relató a organizaciones de derechos humanos de Antioquia, como la Corporación Jurídica Libertad, que debió desplazarse de la región porque “un cura muy malo de Yarumal era el que ordenaba la muerte de guerrilleros y que a ella la tenían en la mira”.

Pero en el Norte de Antioquia no solo esperan explicaciones por parte del religioso. En Yarumal se preguntan por la suerte de los comerciantes que integraron la Asociación que dio vida a los “Doce Apóstoles”. Varios empresarios del pueblo fueron vinculados al proceso judicial adelantado por el asesinato de Ovidio Ardila Elorza, perpetrado en este municipio el 29 de septiembre de 1993 y atribuido a este grupo armado.

A finales de los noventa fueron llamados a responder ante la justicia varios comerciantes, pero finalmente, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia decidió cerrar el caso el 2 de noviembre de 2000, tras considerar que no existían suficientes pruebas.

Por su parte, si bien el 25 de noviembre de 1998 la Procuraduría Delegada para los Derechos humanos decidió sancionar de por vida al mayor Pedro Manuel Benavidez Rivera, el capitán Juan Carlos Meneses Quintero, el teniente Franklin Alexander Tellez Arévalo, el cabo segundo Jairo Rodríguez Venegas y el agente Norbey de Jesús Arroyave Arias por su colaboración con grupos armados al margen de la ley, esta fue revocada el 25 de marzo de 1999 por la misma Entidad. Sobre el capitán Benavidez no pesa ninguna investigación penal.

La Fiscalía General de la Nación tiene entre sus manos uno de los retos más importantes de la historia reciente: correr el pesado manto de impunidad que pesa sobre un grupo armado que sembró el terror en el Norte de Antioquia y del que solo se conocen sus acciones criminales, pero no los “apóstoles” que los cometieron.

Tomado de verdadabierta.com




La Fundación Ideas para la Paz (FIP) acaba de publicar un informe en el que alerta sobre la necesidad de tomar decisiones a corto plazo para garantizar el tránsito de los desmovilizados a la sociedad civil una vez se firme el acuerdo del fin del conflicto armado, y para ello hace especial énfasis en mantener cohesionadas a las tropas a largo del proceso de reinserción.

portada informe primeros pasosEl pasado miércoles 9 de febrero el Congreso de la República aprobó una reforma a la Ley de Orden Público para permitir que se creen zonas temporales de concentración para los guerrilleros que se aprestan a dejar las armas ante el posible desenlace positivo del proceso de paz que desde hace más de tres años se desarrolla en Cuba.

Ese es otro avance para que los miembros de ese grupo armado ilegal dejen las armas, aunque días después los negociadores de paz también dejaron entrever que la firma del acuerdo de paz se podría retrasar más allá del próximo 23 de marzo, con lo que las desmovilizaciones no iniciarían en el mes de mayo, como lo anunció el pasado 23 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos en La Habana cuando se acordó el modelo de justicia transicional.

En medio de ese panorama, la FIP publicó el informe Primeros pasos para la transición: Apuntes para la estabilización provisional de las Farc, en el que plantea que más allá de las políticas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), que se aplican a mediano y largo plazo en la resolución de conflictos armados, en este caso hay que poner especial atención en medidas que se deben emplear inmediatamente tras la firma del acuerdo de paz.

De este modo, se tienen más posibilidades para garantizar la seguridad de los excombatientes y de las comunidades afectadas por la guerra, para facilitar la implementación de los acuerdos alcanzados en Cuba y para evitar que la violencia se recicle con un eventual rearme. Con ese propósito, la FIP plantea que se tengan en cuenta otras opciones como las Medidas de Estabilización Provisional (MEP) antes de la fase de reintegración, hasta que “se adaptan o se mejoran las condiciones políticas, sociales y económicas del entorno local y nacional para favorecer el efectivo regreso a la civilidad de los excombatientes y así evitar el resurgimiento de la violencia”.

El informe sostiene que a diferencia del DDR, que busca romper inmediatamente las estructuras de los grupos armados para reincorporar a sus integrantes a la vida civil, las MEP plantean mantener la cohesión de los grupos temporalmente, “mientras se llevan a cabo cambios (no estructurales) en los entornos para crear unas condiciones mínimas que permitan que la reintegración a la civilidad sea menos traumática y más efectiva a mediano y largo plazo”.

Para Eduardo Álvarez, uno de los autores del informe y Coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, en las anteriores experiencias de desmovilización en Colombia se dieron casos de rearme y no se crearon estrategias atender diferencialmente a los combatientes rasos, a los mandos medios y a los cabecillas de los grupos armados, porque se rompieron las estructuras de mando de los grupos armados ilegales.

“Lo que planteamos es que al momento de crear las zonas de ubicación temporal, una medida para evitar que los desmovilizados se vayan para sus casas como ocurrió con el Epl y las Auc, es mantenerlos reunidos y generar un cambio de mentalidad con las personas que habían tenido el liderazgo durante el tiempo que estuvieron en armas, para que se cambien ese liderazgo militarista a uno que esté dispuesto a apostarle a la implementación de los acuerdos”, le explicó Álvarez a VerdadAbierta.com.

El informe analiza las experiencias de MEP que se implementaron en Kosovo, la República Democrática del Congo, Uganda, Sudáfrica y Afganistán, durante su tránsito de periodos de guerra hacia la paz. Dentro de ellas identificó varios tipos, en las que los exintegrantes de grupos ilegales se mantuvieron unidos y conformaron organizaciones civiles-militares de carácter transicional para asumir labores de protección, conservación ambiental y atención de desastres. También se dieron casos en los que las estructuras militares y policiales del Estado se readecuaron e incluyeron desmovilizados para aprovechar su experiencia y cohesión social, y otros en los que crearon granjas agrícolas y organizaciones no gubernamentales.

Al respecto, Álvarez señala que ni la FIP ni el informe plantean que los futuros desmovilizados de las Farc deben hacer parte de la Fuerza Pública, sino que esbozan reflexiones, a partir de experiencias internacionales, para evitar fracasos de antaño en este posible proceso de reinserción con el que terminaría el proceso de paz en Cuba. “Estamos abriendo un debate con el informe y presentamos elementos de reflexión para que dejemos de pensar en las actividades convencionales, miremos la evolución en el mundo y planteemos una alternativas que son las Medidas de Estabilización Provisionales”, indicó el investigador de la FIP.

Por ejemplo, sobre la experiencia de Kosovo, el informe destaca algunas reflexiones que podrían ser de utilidad para el proceso que se avecina con las Farc, pues en ese caso la “integración de los excombatientes en un nuevo cuerpo cohesionado con tareas específicas puede ayudar a mantener el control sobre sus estructuras por un tiempo y así evitar disidencias y fenómenos de reincidencia en contextos de precariedad institucional”, y también “es clave identificar las habilidades y experiencia de los excombatientes para ayudar a proveer seguridad a la población y contribuir al desarrollo durante las primeras fases de la transición”.

Además de mantener cohesionadas a las tropas una vez se firme el acuerdo de paz, para que el proceso de reinserción a la vida civil de los desmovilizados de las Farc sea viable, se requieren entornos favorables, en donde tanto los excombatientes como sus familias, los territorios en donde dejen las armas y sus habitantes, tengan garantías de seguridad.

Por lo anterior, el informe plantea la creación de un Plan de Respuesta Rápida, ante la necesidad de proteger y proveer seguridad a las zonas rurales, que son el epicentro de la confrontación armada, con “acciones dirigidas a saldar deudas históricas del Estado con esas regiones, así como autoridad, legitimidad y capacidad institucional”.

“Antes se pensaba que se debía llegar a los territorios en términos de seguridad para controlarlo y neutralizar amenazas, pero ahora se plantea que se debe dejar de pensar en enviar botas y camuflados, sino que se deben transformar los entornos para hacer las implementaciones de los acuerdos de paz”, explica Álvarez.

Además, el informe indica que “luego de un conflicto armado interno, uno de los principales riesgos que enfrenta la consecución y consolidación de la paz es la continuación o el resurgimiento de la violencia armada. Para mitigar esto, el Estado debe recalibrar la correlación de fuerzas, recuperar el monopolio legítimo de la fuerza para mantener el imperio de la ley o sustituir aquellas instituciones que fueron creadas durante el conflicto armado”.

Sin embargo, casos como el de El Salvador, alertan que el hecho de tener un Plan de Respuesta Rápida no es prenda de garantía de alcanzar la paz, pues dichos planes y políticas de DDR en muchas ocasiones son diseñados “desde arriba” por élites políticas y técnicos que buscan solucionar problemas con manuales estandarizados y con la idea de que el fin de la guerra traerá consigo la seguridad.

Por esa razón, el informe señala que actualmente se ha empezado a plantear la necesidad de repensar las políticas de DDR, despojándolas de su óptica militarista para entablar un modelo que ayude a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de los territorios donde se lleva a cabo. “Esto implica que tenga un enfoque más rural; que se diseñe desde abajo con participación de los excombatientes, de sus familias y de las comunidades receptoras buscando maximizar sus habilidades y aptitudes; que busque generar procesos de reintegración amplia (desmovilizados, víctimas, comunidades), que empodere a las comunidades y convierta a los desmovilizados en verdaderos agentes de paz”, indica al respecto.

Tomado de verdadabierta.com



Así asegura Paco Gómez, un periodista que se ha sumergido en el Atrato y quien ahora publica su segundo libro sobre el tema.

entrevista bojaya 1Paco Gómez es un periodista español que hace casi 20 años entró por primera vez a Chocó y desde entonces cayó en lo que él llama el “embrujo del Atrato”. Las relaciones que estableció con los habitantes hicieron que fuera el primer reportero en llegar a Bellavista, el casco urbano del municipio chocoano de Bojayá, cuando la masacre de aquel 2 de mayo de 2002 aún continuaba, la misma que dejó 79 personas muertas en el acto.

Los muertos, la barbarie, el combate entre las Farc y los paramilitares, y el cubrimiento que hicieron muchos de sus colegas fueron definitivos para que este periodista dejara de creer de una vez por todas en la imparcialidad de la que siempre dudó y tomara partido por las comunidades.

Meses después publicó el libro ‘Los muertos no hablan’, acerca de la resistencia civil de los pobladores y ahora repite la experiencia de escribir sobre Bojayá, luego de que la comunidad lo aceptara. Además, este periodista estuvo en el acto de reconocimiento que hicieron las Farc ante 400 chocoanos.

Él sostiene que la realidad de hoy es mucho más descorazonadora que la que hubo después de la masacre. Es por eso que VerdadAbierta.com conversó con él sobre su nuevo libro ‘La guerra no es un relámpago’, sus experiencias en Bojayá, su posición frente a cómo los periodistas cubren el conflicto y cómo escribir de esa masacre lo cambió.

VerdadAbierta.com: ¿Qué vio cuando llegó a Bojayá el 2 de mayo de 2002?

Paco Gómez: Las Farc todavía se enfrentaban con los paramilitares, mientras los restos de las víctimas estaban en la capilla y afuera. Fue tenaz porque era ver los civiles convertidos en marionetas en un teatro de guerra muy complejo y a pesar de eso tener que seguir para adelante.

V.A.: ¿Y dónde estaban los demás periodistas?

P.G.: Como entré de primero, con la misión humanitaria de la Diócesis de Quibdó, salí muy rápido para poder contarlo y publicarlo en El País de España (lea el artículo). Cuando llegué a Quibdó, supe que unos estaban en Medellín y otros en la capital chocoana intentando acceder a Bojayá. Querían que el Ejército los metiera, que fue como entraron finalmente. Les dije a mis colegas que había cerca de 120 muertos y creyeron que estaba bromeando. Me preguntaron si había alguna fuente oficial que lo ratificara, pero la fuente oficial también era y es parte del conflicto. Varios colegas cayeron en la trampa de que las fuentes oficiales son más confiables que víctimas.

V.A.: ¿Qué cambió en usted luego de cubrir esa masacre?

P.G.: Me costó mucho tiempo procesarlo y darme cuenta, desde mi profesión, la complicidad no consciente que muchas veces tenemos con relato el poder terrorífico. Me obligó a decidir no comer del periodismo para hacer el periodismo que quería; lo cual es duro e injusto, pero me tocó hacerlo.

V.A.: Pero, por el otro lado, usted fue el primero en escribir la historia de la masacre...
P.G.: Es el mayor éxito periodístico de mi vida. Durante una semana fui el periodista más conocido del mundo. El New York Times me sacó en portada. Desde el punto de vista egoísta profesional, debía estar feliz; pero estaba hundido. Me sentí un sepulturero porque yo entraba, salía y daba como un certificado de sí, están muertos. En ese momento me dije: “He triunfado periodísticamente pero, ¿ahora qué?”.

V.A.: ¿Y de esa pregunta nació el libro ‘Los muertos no hablan’?

P.G.: Volví a Vigía del Fuerte (municipio que limita con Bojayá) a las dos semanas de la masacre, le pregunté a la gente qué hacíamos y ellos me dijeron que contara otra historia. En efecto, el libro no habla de la masacre, sino de las personas que hacían resistencia civil al conflicto desde antes. Mi forma de trabajar cambió a partir de entonces y decidí que solo incluiría las fuentes que aportaran.

V.A.: ¿Fue cuando le cambió el chip para estar del lado de las comunidades?
P.G.: Es un acumulado. Nunca he creído en la imparcialidad, aunque antes intentaba hacerlo. Si había una masacre brutal en Urabá, que fue donde empecé a cubrir con el periódico El Colombiano, y sabía que el Ejército estaba involucrado, pues iba a hablar con (el general) Rito Alejo del Río. Respetaba su versión oficial y la transcribía. Intentaba ser imparcial, aparentaba escuchar las voces sin ningún tipo de intervención, pero es un poco falso.

V.A.: ¿Y qué hizo en este último libro?

P.G.: A mí no me importa que los paramilitares, a los que llaman Bacrim, no entren como fuente en este libro ni en los artículos.

V.A.: ¿Por qué?

entrevista bojaya 2P.G.: No son actores políticos. Vemos cómo las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas, antes Clan Úsuga, visten uniformes y brazaletes. En el río Truandó, en el Salaquí, en el Bajo Atrato, acaban de entrar otra vez centenares de paramilitares. Mi hipótesis es que están intentando darse una imagen de actor político, como lo hizo Carlos Castaño, y no de mercenarios para tener algo que negociar con el Estado. No seré cómplice de eso. Yo estoy del lado de las comunidades.

V.A.: Pero ellos fueron otros de los actores armados en la masacre.

P.G.: Y están en todo el libro, se explica toda la situación, dónde están en Quibdó, en Istmina, etc. Obviamente es un actor que hay que contar. Pero una cosa es contar lo que hacen y cómo pesan en la historia, y otra es darles voz.

V.A.: ¿Por qué escribir de Bojayá?

P.G: Bojayá es tan importante por lo simbólico: el número de víctimas en un solo pipetazo; la cantidad de menores de edad que murieron, que fueron 48; el hecho de que fuera en un templo católico en un país creyente y en unas comunidades como las del Pacífico que son tan profundamente espirituales. Además, demostró la actitud colonizadora que tiene el Estado colombiano con su territorio. La masacre no representa todo pero puede ser un elemento aglutinador porque si entiendes que lo que pasó en Bojayá tiene unas características coyunturales propias y estructurales compartidas con el resto del país, puedes hacer el ejercicio con otros lugares. Eso es a lo que juego en el libro, ver lo concreto pero empezar a abrir el foco hacia lo estructural y no quedarnos en la anécdota.

V.A.: Algunos líderes de otros municipios de Chocó consideran que esas víctimas y esa masacre invisibilizan un poco los otros conflictos. ¿Cree que sea así?

P.G.: Es difícil porque cómo calibras el dolor o la resistencia. La situación de guerra en este momento es mucho más dura en San Juan que en el Atrato, por los choque entre ELN y el Clan Úsuga. Hay una pelea por el control de la minería y, además, es brutal el confinamiento de gente en el Alto Andágueda. Ahora, si piensas desde el punto de vista periodístico, es casi imposible contar todo. Es más viable elegir lugares simbólicos para tratar sacar algo y eso hago en el libro. En realidad, hablo de Bellavista en un capítulo. El resto es Chocó y el país.

V.A.: ¿Qué cambios hay en el Bojayá de 2002 al Bojayá de hoy?

P.G.: Los viajes que hice entre septiembre y diciembre de 2015 para hacer este libro fueron los más duros que he hecho en las comunidades, los más descorazonadores.

V.A.: ¿Más que después de la masacre?
P.G.: Mucho más. Porque después de la masacre había shock pero también ganas de retornar y reconstruir su pueblo. A pesar del dolor, hubo reuniones comunitarias para ver qué hacían y cómo se apoyaban en lo psicosocial. La primera reacción de la comunidad fue unirse mientras que ahora hay un fraccionamiento. En Bellavista queda un 20% de la gente original, ha habido desplazamientos enteros y gota a gota, incluso ha habido despojo de casas en el Nuevo Bellavista.

V.A.: ¿El desplazamiento es por temores que dejó la masacre o porque siguió la violencia?

P.G.: En parte porque siguió pero, por ejemplo, la justicia dictaminó que había que indemnizar a determinadas víctimas, no a todas. Entonces una familia recibía 800 millones y se convertía en la envidia de todo el mundo. Lo primero que hacían era irse para Quibdó y allá normalmente los paramilitares los vacunaban, los abogados los tumbaban con otra parte y el resto se iba en bebida y otras cosas. Se quedaban sin plata y no podían volver porque eran mal vistos en el pueblo. Otros se fueron porque no soportan el dolor, porque nadie les ayudó a procesar el duelo y cuando llevas seis años sin dormir, tienes que salir, así sea a la miseria de Quibdó.

V.A.: Usted habla en su libro del Nuevo Bellavista. ¿Qué descubrió durante la investigación?
P.G.: Pensaba que la construcción del mismo pueblo de Bellavista se había hecho en compensación por la masacre, pero los documentos del Estado muestran que fue ante el riesgo de una inundación, no por reparar. De hecho, las casas del nuevo pueblo se asignaron a los que tenían casa en el Bellavista viejo, no a las víctimas de la masacre. Como si fuera poco, la propia estructura del pueblo nuevo genera choques, están aislados. Es el mundo al revés.

V.A.: ¿Por qué?

entrevista bojaya 3P.G.: En el Atrato la convivencia la marca el río y todo pasa allí. Pero el Nuevo Bellavista no tiene río, está a medio kilómetro. Se rompió toda su identidad y su forma de conocimiento.

Y la gente que era original de Bojayá pidió que en el pueblo no hubiera una estación policial o militar cerca. A pesar de eso, les clavaron una estación gigante, en medio del colegio y el centro de salud. Entonces la gente original de Bojayá vive en los barrios más alejados.

Eso ha creado cantidad de roces. Hay hombres borrachos desde las 11 de la mañana porque no tienen otra cosa que hacer. No hay trabajo. Por eso es mucho peor.

V.A.: Usted estuvo en el acto en el que las Farc y el Estado reconocieron sus responsabilidades por la masacre. ¿Qué pasó?

P.G.: A cualquiera que se lo contaran, alucina: en medio de la guerra, en una zona de conflicto con Vigía del Fuerte enfrente lleno de paramilitares. Un acto en el que no hubo un solo abrazo ni se fingió reconciliación. Fue muy formal. Todo el mundo dijo lo que tenía que decir. Eso habría sido diferente con cámaras de televisión. Para mí lo más interesante empezó cuando se fueron los representantes de organismos que estaban invitados sin derecho a hablar, como el Centro de Memoria Histórica o el Alto Comisionado para la Paz.

Vea los comunicados de las víctimas y de las Farc

V.A.: ¿Qué pasó?

P.G.: Fue una reunión de más de cuatro horas en las que representantes del Comité de Víctimas de Bojayá se sentaron con las Farc. Ahí estaban construyendo paz. Me contaron que hablaron de problemas como la autonomía o los desaparecidos y hubo compromisos. No entré pero vi cómo entró y salió la comunidad. Estaban tensos por la escenografía del evento y porque había ocho comandantes de las Farc. Pero todos salieron mucho más calmados. Creo que en ese momento faltó una valoración política fuerte en el país.

V.A.: A propósito, ¿por qué no entraron los medios al evento?

P.G.: El Comité de Víctimas decidió que fuera cerrado a medios porque temían que se instrumentalizara su dolor y sus lágrimas fueran usadas. Lo que hicieron fue enviar los cuatro minutos de video que querían y las notas de prensa. Pero yo creo que los medios a veces somos muy soberbios. Si eso lo hace el Gobierno, como sucede con la información de La Habana, no ponemos ningún problema; pero si lo hace una comunidad, nos parece que son poco inteligentes. El acto fue trascendental para el país. Quien no lo quiera ver, no cree en proceso de paz.

V.A.: ¿Por qué trascendental?

P.G.: Era muy fuerte ver al Alto Comisionado (Sergio Jaramillo) diciendo “lo siento, el Estado también tuvo la culpa” y a Pastor Alape (miembro del Secretariado de las Farc) asegurando que metieron la pata muy mal. No a todos, pero sí a varias de las más de 400 personas que estaban en el evento, les ha servido al menos para creer de nuevo en el futuro. La actitud cambió y hasta la posición corporal es más segura.

V.A.: Uno de los títulos que pensó para este libro fue ‘Todo se ha hecho mal’. ¿Por qué?
P.G.: El mito que se ha abandonado a Bojayá es mentira. En eso sí tienen razón los de Riosucio, los de Istmina, los de Lloró. Todas agencias, las ONG y cooperación internacional querían estar en el Atrato. Uno piensa en esa intervención y ha sido brutal, pero todo ha sido un desastre. Luego, Martha Nubia Abello (del Centro de Memoria Histórica) me dijo que era un título descorazonador y posteriormente Felipe, un líder, dijo esa frase que me pareció maravillosa. La guerra no es un relámpago para mí significa que no todo es bueno o malo, blanco o negro, no es paz o guerra. Todo es mucho más complejo.

Tomado de verdadabierta.com


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