Hace 10 años, cuando los frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia estaban dejando las armas, los menores de edad no fueron una prioridad. VerdadAbierta.com recoge cinco lecciones que pueden ser claves para la desvinculación de los niños en las Farc.

ninios en la guerra 1Los menores vinculados a la guerra son una preocupación más o menos reciente en Colombia. En los años noventa, durante los acuerdos de dejación de armas con las guerrillas del M-19 y el Epl, no hubo ninguna consideración particular con los niños de las filas subversivas. Incluso, como no tenían cédula, fueron apartados de los programas estatales y no recibieron beneficio alguno.

Entre 2003 y 2006, durante la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez era consciente de que el reclutamiento forzado era una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sin embargo, lejos de convertirlo una prioridad, se ocultó la dimensión de este crimen para evitar repercusiones ante la comunidad internacional.

Ahora que las Farc y el Gobierno Nacional llegaron a un nuevo acuerdo que establece una hoja de ruta para la entrega de todos los menores de 15 años que están en sus filas, vale la pena volver la mirada a los errores que se cometieron en el pasado. VerdadAbierta.com destaca cinco de ellos que considera fundamentales para no volver a repetir. (Ver acuerdo)

Sacarlos de las listas
La mayoría de los menores fueron regresados a sus casas días antes de que se oficiara el proceso de desmovilización de los frentes a los que pertenecían. Algunos exjefes paramilitares reconocieron ante los tribunales de Justicia y Paz que actuaron bajo las recomendaciones del entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Para el funcionario, hacer evidente este crimen ponía en riesgo el proceso de negociación ante la comunidad internacional.

En ese entonces, la Procuraduría General de la Nación advirtió la equivocación que se estaba cometiendo, pero sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta: “Dentro del proceso de negociación que antecede a la desmovilización colectiva, no se ve que se esté discutiendo el tema de los niños, niñas y adolescentes. Así, las noticias se desarrollan en torno a las armas, bienes, y no con respecto a la necesidad de esclarecer el paradero de 11.000 a 14.000 niños, niñas y adolescentes. En general, el gobierno nacional no toma como parte esencial de la problemática del conflicto”.

En esa oportunidad dejaron las armas 913 menores, pero se cree que estos solo representaban solo un 10% del total de niños en las filas paramilitares. “Hay apreciaciones que indican que podrían ser tres mil o cuatro mil, pero la cifra exacta nunca se podrá saber en tanto que no se legalizaron, no se registraron listados, no se identificaron a tiempo y tampoco se hizo un censo aproximado con los jefes paramilitares”, asegura Álvaro Villarraga, director de Acuerdos para la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Una vez esta situación fue evidente, en 2009 un grupo de entidades gubernamentales y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) crearon un programa que se conoció como “Buscando a Nemo”, para encontrar a los menores desmovilizados. Al final hallaron a 273 adolescentes y jóvenes, pero solo 17 eran aún menores de edad.

Este ocultamiento les negó a niños, niñas y adolescentes la posibilidad de entrar en programas de reintegración y los dejó a merced de las ofertas de ingresar a otros grupos criminales.

Resulta paradójico que la misma ley de Justicia y Paz en artículo 10 establece la entrega de los menores es un requisito para que un grupo el grupo paramilitar pudiera acceder a los beneficios de rebaja de pena. Sin embargo, hasta el momento nadie ha sido sancionado ni excluido del proceso de justicia transicional por haber apartado a los niños de sus frentes y privarlos de la atención estatal.

Enfoque étnico

desvinculacion de menoresTampoco se implementó un programa de enfoque diferencial para los excombatientes que pertenecían a comunidades indígenas y afrodescendientes. Tras el eventual desarme de las guerrillas, las comunidades étnicas tienen el enorme interrogante de qué pasará con los menores que decidan retornar a sus territorios comunitarios.

El acuerdo anunciado entre el gobierno y las Farc para desvincular a 21 menores de 15 años despertó gran entusiasmo en la comunidad indígena Nasa, asentada en el norte del departamento de Cauca, que ha sufrido los embates del conflicto armado y el reclutamiento de sus niños por parte de las Farc en mayor medida.

Un ejemplo de lo anterior se refleja en el juicio que la comunidad de Toribío les realizó a siete guerrilleros de las Farc en noviembre de 2014 por haber asesinado a dos guardias indígenas: dos eran menores de edad y otros dos acaban de cumplir 18 años. Esa difícil situación hizo que hace siete años los Nasa crearan su propia ruta para garantizar el éxito de la reinserción de los menores que empuñaron las armas.

“Por la experiencia sabemos que el reclutamiento no sólo afecta a los niños y adolescentes, sino también a la familia, a la comunidad local y a la vida espiritual del territorio. Cada proceso de reincorporación o de volver a casa puede durar alrededor de dos años: los procesos son psicológicos, culturales, económicos, sociales, de reconstrucción de confianza con la familia, con la comunidad y con las autoridades tradicionales”, explicó Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Acin, una organización Nasa.

Bajo su propio sistema de reintegración, basado en sus tradiciones culturales, la Acin ha desvinculado del conflicto armado a más de 50 menores de edad, que promedian los 14 años. Las autoridades indígenas esperan que el anuncio del domingo de La Habana les permita seguir realizando su labor en mejores condiciones.

“La exigencia de los mayores ha sido que los menores indígenas deben volver al seno de sus familias y de las comunidades para iniciar con su proceso de rearmonización. Esperamos contar con la fortuna de poder orientar el camino de estos niños ya en el contexto de paz, porque el proceso que se ha adelantado en estos siete años ha sido muy complejo por la guerra.”, indicó Capaz, quien estima que hay dos Nasa entre los 21 menores que mencionó las Farc.

Una visión muy similar recoge el informe Desmovilización y reintegración paramilitar: panorama posacuerdos con las AUC, que publicó el Centro de Memoria Histórica, al evaluar en clave étnica el proceso de desmovilización ocurrido entre 2003 y 2006.

Sobre las comunidades afrodescendientes recomienda tener en cuenta que “los procesos de reintegración con enfoque comunitario deben considerar los impactos en estas comunidades étnicas de tal situación”, por tal razón reitera que se deben “consultar con las autoridades de los consejos comunitarios y demás instancias organizativas, para derivar medidas de enfoque diferencial a su favor, sin menoscabo de su autonomía y en beneficio de los derechos colectivos de estas comunidades. Así, medidas de impacto asociadas con los procesos de reintegración deben pasar por el proceso de consulta previa con las comunidades receptoras de excombatientes”.

Con relación a la comunidad indígena señala que “se requiere en la política, en los programas y en sus acciones, criterios y una ruta diferencial de atención para los pueblos indígenas. La cual también considere, frente a personas procedentes de comunidades étnicas que no opten por el retorno voluntario a ellas, apoyarlas para que en el marco de su ejercicio libre de ciudadanía tengan la posibilidad de mantener los nexos con sus pueblos, cosmovisión, usos y costumbres”.

Trabajar con las familias
A mediados de 2011, cuando comenzaron los juicios contra los excombatientes de las Auc, llegó por primera vez ante los estrados judiciales Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, responsable del reclutamiento forzado de por lo menos 300 menores de edad. A una de las audiencias, realizada en Bogotá, viajaron decenas de jóvenes desde Necoclí, Urabá antioqueño, para narrar sus tragedias.

Una de las niñas presentes contó una historia que quedó en la memoria de los presentes. Cuando regresó a su casa, su familia ya no la trataba igual. Recordó que una tarde, mientras veía televisión, su mamá le pidió que lavara los platos, pero ella se negó y le contestó con una grosería. Su mamá, según recuerda, le gritó que solo faltaba que cogiera el fusil y los matara a todos, como ya estaba acostumbrada. Entre lágrimas, la niña le dijo a la magistrada que fue en ese momento que entendió que nadie, ni siquiera su familia, la podía ver con otros ojos.

En la sentencia contra ‘El Alemán’ quedo claro entonces que los programas de reintegración debían incluir a las familias. El informe Desmovilización y reintegración paramilitar: panorama posacuerdos con las AUC del CNMH también lo recomienda: “las capacidades familiares para proteger a los niños y las niñas del reclutamiento y la utilización en la guerra, en las expresiones de violencia sociopolítica y por las redes delincuenciales. De manera que se constituyan en el primer elemento protector”.

Según Villarraga, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha hecho grandes avances en la construcción de una metodología que permita ese retorno a sus familias. Desde 1999, está entidad diseñó y comenzó a implementar el Programa de Atención Especializada para restablecer los derechos, construir ciudadanía e integrar socialmente a los niños, niñas y adolescentes que se desvinculaban de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Cifras de la entidad revelan que, bajo las directrices del Programa Especializado, se han atendido 5.923 niños, niñas y adolescentes desde noviembre de 1999 hasta el 30 de diciembre de 2015.

Son víctimas, no victimarios

ninios en la guerra 2“Existe tanto en las medidas legislativas como en los imaginarios y la estructura institucional del Estado una dualidad al respecto del tratamiento que debe darse a las víctimas de reclutamiento”
, dice el informe Voces y oportunidades para en la construcción de y adolescentes la paz en Colombia, publicado por la Defensoría del pueblo. Mientras la Ley de Víctimas reconoce como tales a los menores que se hayan desmovilizado sin haber cumplido la mayoría de edad, en ocasiones algunas autoridades judiciales y militares los tratan como victimarios.

Se refiere a que, por ejemplo, los niños que hacen parte de las bandas criminales, a diferencia de los que están en lo guerrilla o pasaron por grupos paramilitares, no son reconocidos como víctimas y pueden ser judicializados por sus delitos.

De esta forma, los menores de edad tampoco pueden ser interrogados con fines militares. En 2006 el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas llamó la atención sobre los reportes de casos de interrogatorio por las Fuerzas Armadas a los niños y el incumplimiento del plazo máximo de 36 horas establecido en la legislación nacional para entregarlos a las autoridades civiles, en este caso al ICBF.

Regresar a sus lugares de origen
En 2006, después de la desmovilización paramilitar, la Defensoría del Pueblo advertía la falta de políticas públicas. Según esa agencia del Ministerio Público, “no se ha diseñado hasta el momento una política pública integral, intersectorial, permanente y sostenida para la atención de la niñez víctima del conflicto armado. En la actualidad únicamente se registra el funcionamiento del programa de Atención a Víctimas de la Violencia del ICBF”.

Aunque, desde 1999, se implementó una estrategia de reintegración familiar, muchos de estos niños llegaron a hogares transitorios, centros de atención especializada u hogares juveniles; a otros los entregaron a hogares tutores. Varios de ellos ubicados en centros urbanos. De acuerdo con la Defensoría, en los jóvenes que fueron llegando al programa había una tendencia marcada a no retornar a sus hogares y, por distintas circunstancias, a alejarse de su entorno local y social. Motivo que los hizo más vulnerables.

Según los expertos, es necesario tener en cuenta el entorno en donde fueron reclutados, pues hay que evitar a toda costa nuevos desarraigos. “Los escenarios urbanos son más hostiles y rompen con su construcción cultural campesina, indígena o afrodescendiente en lugar de recomponer los tejidos socio-culturales. Incluso si no fuera el mismo lugar de origen por razones de seguridad, se espera que el lugar de reintegración coincida con aquellos aspectos que ellos y ellas consideren positivos de tal lugar”, indica el informe de la Defensoría.

De acuerdo con el mismo informe, es importante que exista una capacidad institucional en más allá de los centros urbanos, pues el 76,6 % de los menores desvinculados salieron de escenarios rurales.

Es evidente entonces que en la desvinculación de los menores de edad de grupos armados ilegales se han cometido grandes errores que no se pueden repetir. Una nueva equivocación generaría escenarios de vulneración que, en el peor de los escenarios, crearían las condiciones para su retorno a las armas, lo que sería imperdonable.




Una circular de la Unidad de Restitución pone en duda el derecho a la igualdad entre las comunidades indígenas y afrodescendientes en la reclamación de sus derechos territoriales. La Ley es más rigurosa para los últimos en relación con el tiempo que tienen para interponer sus solicitudes.

Restitucion afro envolatada 1La Corte Constitucional lleva una década pidiéndole al Estado que cumpla sus obligaciones con las comunidades étnicas, azotadas por el conflicto armado. En la sentencia T-025 de 2004, que reconoció como inconstitucional las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas del desplazamiento en Colombia, advirtió que por lo menos 62 comunidades afro estaban en riesgo por expulsión y confinamiento. A su vez, el Auto 005 de 2009, sobre población afrodescendiente desplazada, exigió varias medidas, entre ellas la caracterización de sus territorios y la aplicación de una ruta étnica de protección.

En contraste, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) emitió una circular el pasado 2 de febrero que deja dudas sobre el derecho de igualdad y el principio de no discriminación que merecen las comunidades indígenas y afrodescendientes en relación con la reclamación de sus derechos territoriales.

En la circular, la URT determinó que las comunidades afro tienen unos plazos fijos para presentar sus reclamaciones, y de no cumplir con esos tiempos sus solicitudes no podrán ser incluidas en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Si un caso no llega a dicho Registro, no puede ser estudiada y mucho menos presentada a un juez. Esta situación es más flexible con los indígenas. (Lea la circular aquí)

El Gobierno profirió los Decretos Ley 4633 y 4635, que permiten que comunidades indígenas y afrodescendientes puedan solicitar la restitución de derechos territoriales sobre aquellos resguardos y consejos comunitarios de los que fueron desplazados o afectados por el conflicto armado.

Tales decretos contienen medidas especiales por cuanto la restitución es muy distinta a la de un campesino. Mientras un parcelero exige que se le devuelva la finca que tuvo que abandonar o le despojaron por el conflicto; las comunidades étnicas exigen, además, respeto por su “territorio”, al que consideran un espacio colectivo donde les violentaron su autonomía, impidiendo la celebración de ceremonias y la protección de sitios sagrados, así como las actividades de pesca, caza y agricultura.

La circular de la URT fue enfática en recordar que para el caso de las reclamaciones étnicas los plazos de solicitud están contemplados en el artículo 147 del Decreto Ley 4635. Allí se establece que si una comunidad afro fue afectada por el conflicto armado antes del 9 de diciembre de 2011 [fecha de promulgación del Decreto], tenía hasta el 11 de diciembre de 2015 para presentar la solicitud de restitución. Si fue afectada por hechos relacionados con el conflicto armado después de diciembre de 2011, tienen dos años de plazo a partir de la fecha en que fueron violentados para reclamar. Sin embargo, el artículo 147 hace una excepción a la que llama “evento de fuerza mayor”, es decir circunstancias que no permitieron que la comunidad presentara su solicitud.

Un evento de fuerza mayor, por ejemplo, puede ser el desplazamiento que persiste por la acción de grupos guerrilleros, bandas criminales, narcotraficantes y la minería ilegal; o que la comunidad esté fracturada por la ejecución de un proyecto minero o agroindustrial que se estén ejecutando en su territorio sin la consulta previa.

Es por eso que la circular de la URT es insistente en ordenarle a la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE), de la misma entidad, que valore “con la mayor diligencia y cuidado la concurrencia de fuerza mayor que hubiera impedido a la autoridad legítima o representante [de la comunidad afro] realizar o presentar la solicitud”.

La orden de la Unidad es legalista en términos del cumplimiento al pie de la letra del Decreto 4635, pero ésta tiene otros matices a la luz del principio de igualdad, de los antecedentes en la radicación de demantas étnicas ante los juzgados y de las exigencias de la Corte Constitucional en sus providencias.

Las ‘aristas’ de la circular

Restitucion afro envolatada 2El pronunciamiento de la URT revela una contradicción con el principio de igualdad. El Decreto 4633, que rige para los indígenas, no establece ningún plazo para presentar la solicitud. En su artículo 143, titulado Titulares del derecho a la restitución, no hay minucia al respecto. Cosa distinta ocurre con el Decreto 4635, titulado Solicitud de inscripción en el registro, en el que los tiempos están especificados y son más exigentes con las comunidades afro.

Varias fuentes le dijeron extraoficialmente a VerdadAbierta que con esa circular la URT busca un argumento jurídico para limitar el número de solicitudes de restitución étnica que se vayan a radicar ante esa entidad, pues además de que los procesos de caracterización son complejos, por cuanto los territorios son extensos y apartados, están en regiones donde hay presencia de actores armados ilegales pero, sobre todo, intereses económicos relacionados con la explotación minera, el desarrollo de obras de infraestructura o proyectos agroindustriales.

Así como la circular pone a pensar en el principio de igualdad, también deja la duda si en realidad la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) logrará que las reclamaciones de otras comunidades negras -que por razones de fuerza mayor incumplieron los tiempos del Decreto- puedan ser incluidas en el registro. Esto porque, como lo documentó VerdadAbierta.com, las actuaciones de la DAE y de cualquier dependencia de la Unidad relacionadas con la documentación o caracterización de las reclamaciones de restitución están sujetas a la revisión de un grupo de expertos conocido internamente en la UTR como Asuntos Ambientales, Minero Energéticos e Infraestructura (Amei).

En el reportaje Las contradicciones de Santos con la restitución, este medio documentó que el Amei puede emitir “conceptos técnicos, observaciones y recomendaciones”, que luego se pueden convertir en directriz nacional para contrarrestar estas reclamaciones étnicas que afectan la minería legal, los oleoductos, gasoductos, represas y mega-infraestructuras, y que están directamente relacionadas con las locomotoras de la economía impulsadas por el Gobierno Nacional.

Otra ‘arista’ de la circular tiene que ver con la contradicción entre las órdenes de la Corte Constitucional y la insistencia de la URT de ajustarse solo a los plazos del Decreto Ley. Aunque la responsabilidad de salvaguardar los derechos de todas las comunidades étnicas no es un asunto que deba recaer sobre esta entidad, sí hace parte de su misión, como una institución derivada precisamente de la Ley transicional de Víctimas y Restitución de Tierras.

Los datos oficiales dan una dimensión de la situación que se avecina para las comunidades afro. Según datos actualizados en el período 1996-2014 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) -en liquidación-, en Colombia como mínimo hay 1.589 comunidades negras congregadas en 188 Consejos Comunitarios reconocidos formalmente con títulos colectivos, que a su vez suman 5 millones 506 mil hectáreas del territorio nacional.

De esos 188 consejos comunitarios constituidos legalmente, el Auto 005 advierte -con base en la sentencia T-025 de 2044 de la Corte- que por lo menos 62 comunidades negras están en riesgo por su situación de desplazamiento o confinamiento. Estas tratan de sobrevivir en su mayoría en el Valle del Cauca, la región del Urabá, la Costa Pacífica caucana y nariñense, la Costa Caribe y hasta en Cudinarmarca.

El Auto identificó que las comunidades afrodescendientes son más vulnerables frente al desplazamiento respecto a otros grupos por tres “factores transversales”: la exclusión estructural de la que es víctima esta población; la presión que es ejercida contra estas comunidades para que abandonen sus territorios tras la implementación de proyectos mineros y agrícolas, y la deficiente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos.

Es por eso que la Corte ordena al Estado realizar sobre estas 62 comunidades un plan de caracterización de sus territorios colectivos y ancestrales, aplique la ruta étnica, les otorgue atención humanitaria si la necesitan, diseñe planes integrales y específicos de prevención, protección y atención, y además adopte las medidas decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de las comunidades de Jiguamiando y Curvaradó, en el Chocó.

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Según datos oficiales de Dirección de Asuntos Étnicos de la URT, actualizados al 24 de diciembre de 2015, se les ha solicitado a los jueces especializados en restitución la protección de nueve comunidades afrodescendientes, en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Nariño, cuyos derechos territoriales le pertenecen a unas 10 mil 916 familias que viven en 439 mil hectáreas. Estas medidas son provisionales mientras la Unidad radica las demandas de restitución ante los jueces y estos toman una decisión. De estos nueve casos, ya uno tiene sentencia [Renacer Negro, en Timbiquí, Cauca]; y las otras ocho siguen el proceso administrativo y judicial.

En la actualidad, la Dirección de Asuntos Étnicos trabaja sobre 21 casos de reclamaciones territoriales de comunidades étnicas, de los cuales 15 se encuentran en etapa administrativa, es decir, los investigadores realizan el respectivo trabajo de campo y cartografía social para redactar las demandas, y los otros seis ya fueron presentados ante los jueces. En cifras, esto significa que la URT ha caracterizado o trabaja al respecto sobre 643 mil hectáreas solicitadas por 17 mil 761 familias afro.

Restitucion afro envolatada 4La circular emitida por la URT genera incertidumbre sobre el futuro de las otras 41 comunidades afro identificadas por la Corte Constitucional que están en riesgo y que según la orden del máximo tribunal deben ser caracterizadas. La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), una organización que orienta y apoya a la población afrocolombiana en situación de desplazamiento y lidera el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa), expresó su preocupación por las órdenes emanadas de la URT.

Afrodes hace parte de las organizaciones que más datos, información y casos ha aportado a la Corte Constitucional para dimensionar la situación de vulnerabilidad de las comunidades negras. Antes de que fuera emitida la circular de febrero de 2016, al finalizar el 2015 sus representantes radicaron un derecho de petición solicitando información sobre la actuación de la URT en relación con las reclamaciones afro, pues consideraron que había fallas, y advirtieron que se estaba violando el derecho de igualdad y el principio de no discriminación contenido en la Convención Interamericana a la que se acogió el Estado colombiano.

VerdadAbierta.com se comunicó con la Unidad de Restitución de Tierras buscando conocer su visión sobre las preocupaciones relacionadas con el principio de igualdad, la posible actuación del grupo de expertos Amei, y las órdenes impartidas por la Corte Constitucional. Sin embargo, la Oficina de Comunicaciones de la institución informó que -según la Oficina Jurídica- “no hay lugar a diferentes interpretaciones del artículo 147 del Decreto Ley 4635”.


Restitucion afro envolatada 5


Tomado del espectador.com
09-04-2016

victimas del paramilitarismo
Este sábado se conmemora el Día de la memoria y Solidaridad con las Víctimas, El Espectador recuerda algunas de los relatos de hombres y mujeres que han sufrido en la dinámica de la violencia paramilitar.

Kitek Kiwe significa Tierra Florecida
A través de una crónica del desplazamiento y asentamiento de los sobrevivientes de la masacre del Naya (2001) se narra la historia en la que las víctimas sanaron las heridas del conflicto, construyeron una nueva estructura política y social, hicieron vida en otro territorio y tienen un presente en calma.
“Colombia es una fosa común”
John Fredy Ramírez, antropólogo forense que encabeza las exhumaciones en La Escombrera, en Medellín, ha vivido en carne propia el drama de la desaparición forzada.
“La operación Orión no ha terminado”
Las historias de tres mujeres a quienes las huellas del polémico operativo militar aún las persiguen. A diario, con el dolor vivo, enfrentan sus consecuencias.
Los muertos incompletos de la masacre de El Salado
El 18 de febrero de 2000, 450 paramilitares entraron a ese corregimiento de El Carmen de Bolívar y durante cinco días permanecieron masacrando a sus habitantes.

Tomado de verdadabierta.com
27-04-2016 

En un nuevo panfleto, firmado por supuestas 'Águilas Negras', se amenaza a siete lideresas y cuatro asociaciones de mujeres. Entre los señalados también hay funcionarios públicos y la Mesa Nacional de Víctimas.


amenazas mujeres 1En los últimos días empezó a circular un nuevo panfleto por redes sociales y Whatsapp. De no ser porque las amenazas se concentran contra mujeres y organizaciones que trabajan con víctimas del conflicto armado y respaldan el proceso de paz con la guerrilla de las Farc, se podría pensar que es la copia de uno de los tantos que han circulado recientemente.

En un texto con lenguaje vulgar y el ya 'tradicional' cabezote de las 'Águilas Negras', se amenaza con “tortura y muerte” a la exsenadora Piedad Córdoba, y a las líderes Nancy Carvajal Gómez, Elsa Cristina Posada, Nancy Gómez, Rosa Amelia Hernández y Jenny Viviana Guerrero Carvajal, quienes han participado en procesos de restitución de tierras y han acompañado a víctimas del conflicto armado. El texto termina con una frase perentoria: “Reclutaremos a sus hijos. Seremos implacables desde Urabá hasta Meta”.

Entre las organizaciones no gubernamentales que son blanco de amenazas están la Mesa Autónoma de Mujeres, Sisma Mujer, Casa de la Mujer, Viva la Ciudadanía, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (Ilsa) y la Mesa Nacional de Víctimas. Además, Alfonso Castillo, excandidato al Concejo de Bogotá por la UP; y los funcionarios Gabriel Bustamante, subdirector de Participación de la Unidad de Víctimas, y Susana Rodríguez Caro, delegada de Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo.

Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer, considera que este panfleto hace parte del proceso de hostigamiento contra defensores de derechos humanos, líderes y organizaciones sociales que se ha activado en el último año. “Esto ocurre porque cada día que pasa las mujeres tenemos un rol más activo en la restitución de tierras, en la defensa de nuestros derechos, en la denuncia y porque les hemos dado un respaldo abierto a los procesos de paz”, indicó.

Otra líder, que pidió mantener en reserva su identidad, afirma que las mujeres han tomado visibilidad por su participación en el proceso de paz con las Farc: “Hemos tenido un papel prevalente en las negociaciones y hemos llevado la agenda de las mujeres a la Mesa de Diálogos. Eso tuvo mucha influencia y ha hecho que estemos amenazadas”.

Esas acciones también se han visto por fuera de la Mesa de La Habana. En noviembre del año pasado, la Ruta Pacífica de las Mujeres realizó una multitudinaria marcha por las calles de Popayán para recoger firmas y “refrendar” los acuerdos de paz a su manera, como muestra de respaldo al proceso de paz, pero también para pedirle a los negociadores que no se paren de la Mesa hasta lograr un acuerdo que le ponga punto final a la confrontación armada. Meses después fueron amenazadas por las llamadas 'Águilas Negras' en Cauca.

Aunque llama la atención que la mayoría de las personas amenazadas en este nuevo panfleto de las 'Águilas Negras' son mujeres, ésta no es la primera vez que ocurre. Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, organización no gubernamental que monitorea la situación de los defensores de derechos humanos, dijo que ésta es la segunda amenaza masiva contra ellas.

“La primera andanada de amenazas fue en septiembre de 2014, cuando viajaron las comisiones de víctimas para hablar con los negociadores del proceso de paz en Cuba. Primero se amenazó a las organizaciones de mujeres porque fueron las primeras que comenzaron a hacer aportes puntuales al tema Víctimas”, explicó Guevara.

Además, indicó que las agresiones contra las mujeres defensoras de derechos humanos han sido constantes desde ese momento. Según los registros de Somos Defensores, el punto más crítico se alcanzó entre julio y septiembre del año pasado, cuando por primera vez, en un trimestre, fueron agredidas más mujeres que hombres.

Guevara consideró que las agresiones contra las defensoras cada vez toman más fuerza porque “es el movimiento que más rápido se articuló con los temas de posconflicto y víctimas en La Habana. Comenzaron a hablar de enfoque diferencial de género como afectación del conflicto, lograron que se abriera una Mesa de Mujeres y trabajan activamente en las regiones”.

Por otro lado, para Alfonso Castillo, defensor de derechos humanos que participó en la primea Mesa Nacional de Víctimas en 2012 y excandidato de la UP en las pasadas elecciones locales, las amenazas se han vuelto constantes y provienen de sectores que quieren sabotear los avances en materia de terminación del conflicto: “Uno esperaría que el gobierno actúe de una manera contundente y le brinde garantías a las organizaciones de derechos humanos, de víctimas y de mujeres que estamos luchando por la construcción de la paz”.

En ese mismo sentido se expresó Rosa Amelia Hernández, una de las siete mujeres amenazadas con nombre propio, quien lidera procesos de restitución de tierras y adelanta capacitaciones sobre la aplicación de la Ley de Víctimas. “Quiero que se aclare quién y por qué me amenazan. Yo no le he hecho daño a nadie; no trabajo para el gobierno, pero pareciera que sí porque hago funciones que son de ellos: no socializan nada acá y yo sí, desconocen que la paz se hace en los territorios y no en sus escritorios. Con esa amenaza acabaron con mi tranquilidad por querer ayudar”, afirmó esta líder.

¿De dónde vienen?

panfletosLa incertidumbre que despiertan los panfletos es la que más daño causa. Diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos sostienen que la reciente ola de intimidaciones y de asesinatos de líderes sociales proviene de grupos paramilitares, pese a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que concluyó en agosto de 2006.

En cambio, el gobierno nacional aduce que en la actualidad no existe el paramilitarismo, sino bandas de crimen organizado. Además, analistas e investigadores del conflicto armado también señalan que en la actualidad no existen grupos paramilitares sino grupos delincuenciales que heredaron un aprendizaje de las Auc y buscan controlar poblaciones y economías ilegales.

La discusión también ha llegado a la Mesa de Negociaciones en La Habana. Allí, los voceros de las Farc han exigido al gobierno nacional que reconozca la existencia del paramilitarismo y lo enfrente de manera eficaz para garantizar el paso de sus hombres a la vida civil.

Más allá de la retórica y de la diversidad de conceptos, lo concreto es que cada semana surgen panfletos amenazando a líderes sociales, sindicalistas o simpatizantes del proceso de paz. Hace dos semanas circuló un volante supuestamente de las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' en el que se amenazó a varios sectores sociales de Cali.

En reacción a ese señalamiento, los ‘Gaitanistas’ emitieron el pasado viernes un comunicado negando cualquier relación con las amenazas que proliferan en el país contra líderes sociales y reclamantes de tierras. “Los organismos de seguridad del gobierno han atribuido a nuestra organización la responsabilidad por el desplazamiento forzado, los homicidios y las amenazas a los integrantes de estas organizaciones. Queremos dejar claro que no somos nosotros los responsables de estos hechos y que el nombre de nuestras organizaciones está siendo utilizando para ocultar y proteger a los verdaderos responsables”, se lee en uno de los puntos del documento, que lo firma el ‘Estado Mayor’ de esa organización armada ilegal.

Al respecto, Carlos Guevara, de Somos Defensores, dijo que ese comunicado demuestra que detrás de los panfletos también pueden estar terceras personas que usan el nombre de estos grupos ilegales para cubrir cualquier tipo de amenazas. “Creemos que quienes intentan usarlo, son los mismos que en el pasado usaron membretes de las 'Águilas Negras' y de otros grupos. Eso dificulta mucho más las investigaciones. Además, la Dijín de la Policía nos dice que el problema con estos panfletos es que ya no los envían de manera física, sino que les toman fotos y comienzan a circularlos en redes sociales, por lo que rastrearlos es muy complicado”.

Para acabar con la incertidumbre que generan las amenazas a nombre de grupos que surgieron tras la desmovilización de las Auc, las víctimas piden que el Estado esclarezca esta situación de una vez por todas. “No hay la voluntad política de investigar de dónde vienen las amenazas. Si en el periodo de Uribe encontraron en dos días a quien amenazó a uno de sus hijos en Facebook, nos parece imposible, con todo el sistema de inteligencia del país, que no se determine de dónde vienen estas amenazas”, cuestionó Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer.




Solo hay 14 condenas contra los agresores de más de 630 casos sobre los cuales la Corte Constitucional hace seguimiento. La impunidad es mayor cuando el implicado es un miembro de la Fuerza Pública.

violencia sexual 2La violencia sexual contra las mujeres en razón del conflicto armado es un delito rodeado de impunidad. Las cifras sobre la acción de la justicia evidencian la lentitud de la justicia para afrontar este fenómeno, que ha proliferado en todo el país durante las últimas décadas.
La gravedad del asunto llevó a la Corte Constitucional a emitir el Auto 092 de 2008, a través del cual reconoció que la violencia sexual era un riego de género que se daba de forma “habitual, extendida, sistemática e invisible” durante el desarrollo del conflicto armado. Siete años después profirió el Auto 009 en el que destacó que no se trataba de hechos asilados cometidos por combatientes rasos, sino que fueron crímenes incentivados desde las cúpulas de las organizaciones armadas, y constató “la persistencia de falencias en la atención, protección y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado”.

Pese a esos llamados para que haya celeridad en el proceso judicial, en el 97% de estos casos persiste la impunidad. La cifra está consignada en el informe presentado en Bogotá por la Mesa de Seguimiento a los Autos de la Corte, que está conformada por 12 organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Según el documento, solo hay 14 sentencias condenatorias y más de 90 casos han sido archivados o precluidos por el Ente investigador. En más del 40% ni siquiera se sabe quién fue el agresor.

Los Autos de la Corte reunieron 634 hechos de violencia sexual en contexto de conflicto armado que afectaron a por lo menos 768 mujeres. La información fue remitida a la Fiscalía General de la Nación para que acelerara o iniciara las investigaciones respectivas; sin embargo, para la Mesa de Seguimiento es claro que las autoridades nacionales siguen sin cumplir sus deberes constitucionales.

Según este colectivo, contrario a lo ordenado por la Corte, la Fiscalía no tiene una estrategia única para adelantar las investigaciones de violencia sexual, sino que varía de acuerdo al victimario. Mientras los crímenes de la guerrilla son investigados de forma conjunta por la Dirección de Análisis y Contexto, lo que permite hacer una caracterización de los hechos y encontrar patrones; los de la Fuerza Pública y de las llamadas bandas criminales hacen curso por separado en fiscalías territoriales, una estrategia que, hasta el momento, no ha dado mayores resultados.

“El acceso de las víctimas a la justicia depende de quién fue su agresor, lo que genera una grave diferenciación que afecta el derecho de a la igualdad de las mujeres”, reitera el informe.

Fuerza Pública: investigaciones archivadas

casos violencia sexualLos riesgos más inminentes se registran en los 44 casos donde se sindica a miembros de la Fuerza Pública como responsables de los hechos. De acuerdo con la Corte, la violencia ha sido una práctica de guerra que algunos militares han usado en tres formas: alianzas con paramilitares, estigmatización de poblaciones como guerrilleras y el uso de las armas con víctimas indefensas.

De acuerdo con la Mesa de Seguimiento, 21 de esas investigaciones fueron archivadas. Así sucedió con las indagaciones que se siguen contra miembros de la Fuerza Pública, quienes, junto con paramilitares, habrían participaron en las masacres del Chengue, ocurrida en Ovejas, Sucre, en enero de 2001; la del Tigre, Putumayo, perpetrada en enero de 1999; y la de Cabuya, en Arauca, en noviembre de 1998.

“En los casos de masacres, donde hay connivencia de la Fuerza Pública, es común que la investigación avance mucho frente a los paramilitares, pero poco frente a los agentes estatales”, dijo a VerdadAbierta.com Linda Cabrera, subdirectora de la organización Sisma Mujeres, una de las ONG que hace parte de la Mesa de Seguimiento.

Otros casos se han “extraviado” dentro de la misma Fiscalía y no se sabe a qué despacho fueron a parar. Ocurrió, por ejemplo, con una denuncia de 20 mujeres indígenas violadas por militares, que fue presentada por las organizaciones sociales. El caso es grave, pues de acuerdo a cifras del Ente investigador, en 52% de los casos de mujeres indígenas violentadas, los perpetradores hacen parte de la Fuerza Pública.

A esto se suma la falta de sanciones disciplinarias de la Procuraduría por estos hechos. La mayoría de las investigaciones permanecen congeladas. “Es claro que la Procuraduría no ha tomado con seriedad su deber de investigar y determinar posibles responsabilidades disciplinarias”, agrega el informe.

Otras críticas a la Fiscalía
El Auto de 2015 de la Corte Constitucional aseguró que las mujeres desplazadas no solo son atacadas por actores armados, sino por civiles. Por ejemplo, si una mujer tuvo que salir de su tierra hacia un barrio vulnerable, donde es agredida por un vecino, esto también debe considerarse como un hecho ocurrido en un contexto de conflicto.

De acuerdo con el informe, esto no ha sido asumido así por toda la Fiscalía y en la mayoría de los casos son los fiscales de forma individual quienes deciden cómo abordar el caso.

La Mesa de Seguimiento denunció en su informe que no se les ha prestado atención especial a las 22 investigaciones de mujeres líderes y sus casos no han arrojado sentencia alguna, siguen siendo investigados por separados y sin que se tenga en cuenta la hipótesis de una posible agresión por su trabajo como lideresas.

“Uno de los hechos cometidos contra una integrante del Partido Comunista y una niña, perpetrados por miembros de la Policía durante un allanamiento, cuenta con decisión de preclusión sin tener en cuenta la totalidad de las pruebas sobre violencia sexual que obraban en el expediente y sin investigar los hechos cometidos contra la niña”, dice el informe.

El documento resalta que el 30% de las víctimas eran menores de edad eran menores de edad cuando ocurrió la violación, la mayoría tenían menos de 14 años. En estos casos es mayor el índice de investigaciones archivadas.

Por tales razones, la Mesa de Seguimiento le solicitó a la Corte Constitucional que declare que los entes estatales a todo nivel siguen sin cumplir con sus deberes y obligaciones internacionales por cuanto “no han determinado las causas del panorama generalizado de violencia sexual asociada al conflicto armado contra las mujeres en Colombia y mucho menos superado el estado de impunidad en que se encuentran”.

Una síntesis de la situación de impunidad de la violencia sexual asociada al conflicto armado le fue presentada en noviembre del año pasado a la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). En ese documento se reiteró que, si bien las entidades estatales competentes han impulsado algunas estrategias para ofrecer respuestas concretas a los requerimientos de la Corte, “éstas no han sido suficientes para garantizar de manera integral y articulada la investigación de la violencia sexual contra las mujeres, en el marco del conflicto armado”.

Tomado de verdadabierta.com




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