La Fundación Ideas para la Paz (FIP) acaba de publicar un informe en el que alerta sobre la necesidad de tomar decisiones a corto plazo para garantizar el tránsito de los desmovilizados a la sociedad civil una vez se firme el acuerdo del fin del conflicto armado, y para ello hace especial énfasis en mantener cohesionadas a las tropas a largo del proceso de reinserción.

portada informe primeros pasosEl pasado miércoles 9 de febrero el Congreso de la República aprobó una reforma a la Ley de Orden Público para permitir que se creen zonas temporales de concentración para los guerrilleros que se aprestan a dejar las armas ante el posible desenlace positivo del proceso de paz que desde hace más de tres años se desarrolla en Cuba.

Ese es otro avance para que los miembros de ese grupo armado ilegal dejen las armas, aunque días después los negociadores de paz también dejaron entrever que la firma del acuerdo de paz se podría retrasar más allá del próximo 23 de marzo, con lo que las desmovilizaciones no iniciarían en el mes de mayo, como lo anunció el pasado 23 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos en La Habana cuando se acordó el modelo de justicia transicional.

En medio de ese panorama, la FIP publicó el informe Primeros pasos para la transición: Apuntes para la estabilización provisional de las Farc, en el que plantea que más allá de las políticas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), que se aplican a mediano y largo plazo en la resolución de conflictos armados, en este caso hay que poner especial atención en medidas que se deben emplear inmediatamente tras la firma del acuerdo de paz.

De este modo, se tienen más posibilidades para garantizar la seguridad de los excombatientes y de las comunidades afectadas por la guerra, para facilitar la implementación de los acuerdos alcanzados en Cuba y para evitar que la violencia se recicle con un eventual rearme. Con ese propósito, la FIP plantea que se tengan en cuenta otras opciones como las Medidas de Estabilización Provisional (MEP) antes de la fase de reintegración, hasta que “se adaptan o se mejoran las condiciones políticas, sociales y económicas del entorno local y nacional para favorecer el efectivo regreso a la civilidad de los excombatientes y así evitar el resurgimiento de la violencia”.

El informe sostiene que a diferencia del DDR, que busca romper inmediatamente las estructuras de los grupos armados para reincorporar a sus integrantes a la vida civil, las MEP plantean mantener la cohesión de los grupos temporalmente, “mientras se llevan a cabo cambios (no estructurales) en los entornos para crear unas condiciones mínimas que permitan que la reintegración a la civilidad sea menos traumática y más efectiva a mediano y largo plazo”.

Para Eduardo Álvarez, uno de los autores del informe y Coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, en las anteriores experiencias de desmovilización en Colombia se dieron casos de rearme y no se crearon estrategias atender diferencialmente a los combatientes rasos, a los mandos medios y a los cabecillas de los grupos armados, porque se rompieron las estructuras de mando de los grupos armados ilegales.

“Lo que planteamos es que al momento de crear las zonas de ubicación temporal, una medida para evitar que los desmovilizados se vayan para sus casas como ocurrió con el Epl y las Auc, es mantenerlos reunidos y generar un cambio de mentalidad con las personas que habían tenido el liderazgo durante el tiempo que estuvieron en armas, para que se cambien ese liderazgo militarista a uno que esté dispuesto a apostarle a la implementación de los acuerdos”, le explicó Álvarez a VerdadAbierta.com.

El informe analiza las experiencias de MEP que se implementaron en Kosovo, la República Democrática del Congo, Uganda, Sudáfrica y Afganistán, durante su tránsito de periodos de guerra hacia la paz. Dentro de ellas identificó varios tipos, en las que los exintegrantes de grupos ilegales se mantuvieron unidos y conformaron organizaciones civiles-militares de carácter transicional para asumir labores de protección, conservación ambiental y atención de desastres. También se dieron casos en los que las estructuras militares y policiales del Estado se readecuaron e incluyeron desmovilizados para aprovechar su experiencia y cohesión social, y otros en los que crearon granjas agrícolas y organizaciones no gubernamentales.

Al respecto, Álvarez señala que ni la FIP ni el informe plantean que los futuros desmovilizados de las Farc deben hacer parte de la Fuerza Pública, sino que esbozan reflexiones, a partir de experiencias internacionales, para evitar fracasos de antaño en este posible proceso de reinserción con el que terminaría el proceso de paz en Cuba. “Estamos abriendo un debate con el informe y presentamos elementos de reflexión para que dejemos de pensar en las actividades convencionales, miremos la evolución en el mundo y planteemos una alternativas que son las Medidas de Estabilización Provisionales”, indicó el investigador de la FIP.

Por ejemplo, sobre la experiencia de Kosovo, el informe destaca algunas reflexiones que podrían ser de utilidad para el proceso que se avecina con las Farc, pues en ese caso la “integración de los excombatientes en un nuevo cuerpo cohesionado con tareas específicas puede ayudar a mantener el control sobre sus estructuras por un tiempo y así evitar disidencias y fenómenos de reincidencia en contextos de precariedad institucional”, y también “es clave identificar las habilidades y experiencia de los excombatientes para ayudar a proveer seguridad a la población y contribuir al desarrollo durante las primeras fases de la transición”.

Además de mantener cohesionadas a las tropas una vez se firme el acuerdo de paz, para que el proceso de reinserción a la vida civil de los desmovilizados de las Farc sea viable, se requieren entornos favorables, en donde tanto los excombatientes como sus familias, los territorios en donde dejen las armas y sus habitantes, tengan garantías de seguridad.

Por lo anterior, el informe plantea la creación de un Plan de Respuesta Rápida, ante la necesidad de proteger y proveer seguridad a las zonas rurales, que son el epicentro de la confrontación armada, con “acciones dirigidas a saldar deudas históricas del Estado con esas regiones, así como autoridad, legitimidad y capacidad institucional”.

“Antes se pensaba que se debía llegar a los territorios en términos de seguridad para controlarlo y neutralizar amenazas, pero ahora se plantea que se debe dejar de pensar en enviar botas y camuflados, sino que se deben transformar los entornos para hacer las implementaciones de los acuerdos de paz”, explica Álvarez.

Además, el informe indica que “luego de un conflicto armado interno, uno de los principales riesgos que enfrenta la consecución y consolidación de la paz es la continuación o el resurgimiento de la violencia armada. Para mitigar esto, el Estado debe recalibrar la correlación de fuerzas, recuperar el monopolio legítimo de la fuerza para mantener el imperio de la ley o sustituir aquellas instituciones que fueron creadas durante el conflicto armado”.

Sin embargo, casos como el de El Salvador, alertan que el hecho de tener un Plan de Respuesta Rápida no es prenda de garantía de alcanzar la paz, pues dichos planes y políticas de DDR en muchas ocasiones son diseñados “desde arriba” por élites políticas y técnicos que buscan solucionar problemas con manuales estandarizados y con la idea de que el fin de la guerra traerá consigo la seguridad.

Por esa razón, el informe señala que actualmente se ha empezado a plantear la necesidad de repensar las políticas de DDR, despojándolas de su óptica militarista para entablar un modelo que ayude a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de los territorios donde se lleva a cabo. “Esto implica que tenga un enfoque más rural; que se diseñe desde abajo con participación de los excombatientes, de sus familias y de las comunidades receptoras buscando maximizar sus habilidades y aptitudes; que busque generar procesos de reintegración amplia (desmovilizados, víctimas, comunidades), que empodere a las comunidades y convierta a los desmovilizados en verdaderos agentes de paz”, indica al respecto.

Tomado de verdadabierta.com



Por cuenta de la investigación que pretende aclarar los hechos que rodearon la creación de este grupo armado ilegal hoy se encuentran recluidos Santiago Uribe Vélez y el mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses. Ambos han denunciado presiones, irregularidades e inconsistencias por parte de la justicia.

santiago uribeA Camilo Barrientos Durán lo mataron un 25 de febrero de 1994 en horas de la tarde. Ocurrió mientras manejaba un bus escalera que cubría la ruta Campamento–Yarumal. En un tramo de la carretera, dos pasajeros se dirigieron hasta su puesto, le pidieron que detuviera el vehículo y se bajara. Ya en la vía, le dispararon varias veces.

Hoy, 22 años después, su muerte no solo continúa siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación sino que, además, constituye la piedra angular de un proceso que pretende develar la macabra estrategia de la mal llamada “limpieza social” que tuvo lugar en varios municipios del Norte de Antioquia como Campamento, Yarumal y Valdivia entre 1990 y 1996 y que son atribuidos a un grupo armado llamado los “Doce Apóstoles”.

Por cuenta de este proceso, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó a finales de febrero la detención de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Versiones dadas a la Fiscalía por diferentes testigos, entre ellos el exmayor de la Policía, Juan Carlos Meneses, actualmente recluido en centro penitenciario, señalan a Santiago Uribe Vélez como el creador de esa organización paramilitar.

Más allá de la tormenta política que desató su reclusión, lo que se advierte es que no será tarea fácil para el ente Investigador esclarecer la muerte de Barrientos y, de paso, correr el manto de impunidad que recae sobre las acciones criminales perpetradas por los “Doce Apóstoles”, a los que se les atribuyen 163 asesinatos en el Norte de Antioquia. Además de Meneses, del también agente de Policía Alexander Amaya Vargas y el ganadero Santiago Uribe Vélez, no hay ninguna otra persona vinculado o detenida por los hechos de este grupo armado.

Paradójicamente, los actuales implicados han advertido, cada uno por su cuenta, la falta de garantías que ofrece la justicia colombiana y la existencia de supuestas irregularidades por parte de las autoridades judiciales en este caso.

Quejas y temores
menesesEn 1999, un fiscal de Derechos Humanos interrogó a Santiago Uribe Vélez por estos mismos hechos, puntualmente por los delitos de secuestro, extorsión y homicidio cometidos por el grupo de los “Doce Apóstoles” entre los años 1993 y 1994 en las poblaciones de Yarumal y Santa Rosa de Osos. Y si bien aquel año la Fiscalía abrió un proceso en su contra, el mismo fue archivado en 1999 por falta de pruebas suficientes para encausarlo.

De ahí que algunos sectores políticos como el partido Centro Democrático, que lidera su hermano, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, señalen que la captura de Santiago obedece más a una persecución política contra el único partido que se ha manifestado abiertamente contrario a los diálogos de paz que desde hace tres años llevan el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba.
A lo anterior también se suman los enredos judiciales del principal testigo del caso, el mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses. En 2014, la Fiscalía 16 de Derechos Humanos profirió resolución de acusación en su contra, señalándolo como determinador de la muerte de Camilo Barrientos Durán. Para la Fiscalía resultó clave el testimonio del patrullero Alexander Amaya Vargas, quien declaró que fue Meneses quien contrató al sicario que acabó con la vida de Barrientos Durán y que su muerte obedeció a un problema personal que tuvo lugar en un bar de Yarumal.

En la resolución, la Fiscalía consignó que “es clara la condición agresiva y dañina que para entonces ostentaban Meneses y Amaya, y los hechos que los llevaron a quitar la vida de una persona que clamaba protección por parte de la misma institución, dejando entrever un total desprecio por la vida ajena, contrario a la misión encomendada, llegando a causar daño sin razón alguna (...) procediendo a la práctica de las vías de hecho”.

Para el ente Acusador, la forma en que Meneses acató las órdenes presuntamente enviadas por Santiago Uribe Vélez, de atentar contra personas del municipio, muestra una omisión de un mandato constitucional: “No solamente está omitiendo una obligación legal y constitucional de salvaguardar la vida de un conciudadano, sino que está autorizando su asesinato”, dice la resolución.
Meneses ha denunciado en diferentes ocasiones presiones e intimidaciones desde que fue involucrado en la investigación. “No existe ningún tipo de garantía que me lleve a confiar en la justicia colombiana y a estar tranquilo pues mi vida corre grave peligro, así como la de mi familia”, como lo dijo en una carta enviada a VerdadAbierta.com en 2014.

Pero si bien el oficial no ha negado su participación en el asesinato de Barrientos, también ha dicho que su participación en el crimen fue bajo amenaza de muerte. En ese sentido ha señalado en varias instancias que las intimidaciones buscan desvirtuar sus acusaciones contra Santiago Uribe.

“En este momento yo soy víctima de un montaje y de manipulación del proceso penal que se me sigue”, expresó Meneses en su misiva quien, con relación al homicidio de Barrientos Durán, manifestó: “Al darse mi llegada al municipio de Yarumal, el comandante saliente (Pedro Benavidez) me hizo saber las circunstancias especiales de ese sector y que de no acceder a las propuestas y actuares del grupo de Autodefensa, corría grave riesgo mi vida y de esta forma fue que se dio mi participación en dicho homicidio (...) mi denuncia es clara en afirmar que quien ordenó la muerte del señor Camilo Barrientos fue Santiago Uribe Vélez”.

Según Meneses Quintero, el ganadero le dijo: "Le voy a mandar a los muchachos, vamos a cometer el asesinato contra esta persona que colabora con la guerrilla. Esta es una persona conocida, es guerrillero, se llama Camilo Barrientos. Es conductor de un carro que utilizan como bus. Ya lo tenemos identificado que es la persona que suministra los víveres a la guerrilla".

A lo largo de la etapa de juicio, Meneses ha denunciado algunas irregularidades que, según él, no han sido debidamente atendidas por las autoridades judiciales. Una de ellas tiene que ver con los sindicaciones que hiciera en su contra Alexander Amaya Vargas y que han servido de pruebas para incriminarlo.

En la resolución de acusación, en la que cita varias veces el testimonio de Amaya, la Fiscalía señaló a Meneses de ser cercano a dos paramilitares conocidos como ‘Rodrigo’ y ‘Pelo de Chonta’, que según Amaya eran jefes de los Doce Apóstoles. La Fiscalía también citó a Amaya en la resolución para indicar que presuntamente uno de los sicarios que asesinó a Barrientos fue un hermano de una mujer que era amante del oficial Meneses. (Ver Meneses se ha mostrado como un criminal más: Fiscalía)

Meneses ha insistido en varios escenarios en que las declaraciones de Amaya, aceptadas por la Fiscalía no son ciertas. “La resolución de acusación hace énfasis en la conformación y pertenencia a grupos ilegales levantados en armas o de limpieza social para vincularme, sin embargo es claro que yo no conformé grupo alguno pues dicho grupo ya existía al momento de mi llegada a Yarumal y yo tan solo estuve tres meses y unos días, entre los meses de enero y abril de 1.994 (..) el acervo probatorio muestra que la causa probable que originó el homicidio de Barrientos Durán fue un incidente ocurrido en la heladería Claro de Luna con agentes de la Policía, especialmente con Alexander Amaya Vargas, quien aceptó responsabilidad penal atenuada”, alegó en la carta enviada a VerdadAbierta.com en 2014.

El exoficial agregó, respecto a las acusaciones que señalan al sicario como hermano de su “amante” que: “Ella es hija única como quedó demostrado en declaración juramentada ante Notario Público. Además, no tiene lógica que si el del problema fue el señor Amaya, haya sido yo quien ordenara su muerte”, señaló Meneses.

Meneses ha denunciado en varias oportunidades que miembros de la Policía han intimidado a su abogado y han intentado a convencer a otros policías de que declaren en su contra para desvirtuar sus señalamientos.

La génesis de los “apóstoles”
La detención de Santiago Uribe Vélez revivió uno de los capítulos más oscuros padecidos por los municipios del Norte de Antioquia entre 1990 y 1996 y sobre el cual recae un manto aún más oscuro de impunidad: las acciones criminales cometidas por el grupo denominado los “Doce Apóstoles”.

Según pudo documentar la Fiscalía 15 de Justicia y Paz gracias a los testimonios de reconocido dirigente político y social de Yarumal, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, este grupo nació a finales de la década de los 80 cuando la comunidad, cansada de los atropellos de las Farc y el Eln, decidió crear una junta comunitaria de seguridad que colaborara con la fuerza pública.

“Creo que en el año 1990-1991 llega a Yarumal un mayor de la Policía como comandante del Distrito de Policía. Su apellido es (Pedro) Benavides. Todos le llamábamos el capitán Represa, porque toda persona a la que le echaba mano aparecía en la represa de Rio Claro”, declaró en su momento el dirigente político, quien añadió: “¿Qué hace este Capitán Benavides? Reúne a los comerciantes, les manda una carta invitándolos a una reunión. Como esta tan álgido el tema de la seguridad, él dice: ‘hombre, porque no conformamos una junta de seguridad, nos tenemos que proteger. Se los van a llevar a ustedes y yo cómo hago pues, no puedo ponerle un policía a cada uno, pero si todos nos ayudamos, pues de pronto”.

De acuerdo con su testimonio, entregado a investigadores de Justicia y Paz, la respuesta a la convocatoria hecha por el capitán Benavides fue masiva. “A esa reunión fueron por ahí unos 120 comerciantes de Yarumal y ahí se sientan las bases de lo que va ser la Asociación de Comerciantes. Yo estuve ahí porque yo era comerciante en ese momento y de verdad uno sentía que en cualquier momento lo podían secuestrar a uno. El presupuesto del municipio no alcanzaba para darle la gasolina que la Policía necesitaba para patrullar; entonces, ¿qué hicimos los comerciantes en ese momento? Dimos una cuota para que no faltara el patrullaje de las motos de la Policía, para que siempre hubiera gasolina”.

Si bien la Asociación nació como una iniciativa ciudadana sujeta a la ley, con el correr del tiempo comienza a degenerarse hasta llegar al grupo que luego fue conocido como los “Doce Apóstoles”. “¿Qué pasa? Empieza a reunirse la junta y con el Capitán Benavides comienzan a armar un grupo, por ahí para los años 1992-1993. Resulta que había una cantidad de bandas de delincuencia organizada atracando en las fincas y entonces ellos dicen: ‘hay que aplicar algo más radical’. Entonces comienzan a ejecutar esa gente, comienzan a investigar y a saber quiénes están promoviendo todo eso y comienzan a aparecer muertos”, señaló el líder social en su momento.

En su testimonio, el dirigente yarumaleño relacionó a la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez: “Ellos ven que tienen la institucionalidad, la Fuerza Pública, entonces dicen: ‘bueno, nos hace falta la gente, ¿con quién vamos a hacer el trabajo sucio? Porque no lo puede hacer la policía’. Comienzan a buscar gente haya tenido instrucción militar. Empiezan a detectar jóvenes que en Yarumal hubiesen prestado servicio militar y comienzan a echarles el cuento (...) acá en la entrada del pueblo, entre la nueva vía y San José de la Montaña, hay una finca llamada La Carolina, dicen que allá era donde iban ellos a practicar, a recibir adiestramiento y todo eso”.

¿Y los otros “apóstoles”?
Si bien hoy todas las miradas recaen sobre la figura de Santiago Uribe Vélez y su presunta relación con este grupo armado, es cierto que esto no agota la sed de justicia de las cientos de víctimas que dejó el accionar de los “Doce Apóstoles” en el Norte de Antioquia. Tampoco esclarece la suerte de otras personas señaladas de integrar los “Doce Apóstoles”.

Uno de ellos es el padre Gonzalo Palacio, señalado por varios testimonios de ser uno de los auxiliadores del grupo, tal como lo afirmara el dirigente político yarumaleño a investigadores de Justicia y Paz: “Desde el comienzo de la Asociación el padre Gonzalo Palacio estuvo ahí. Después de que eso se degenera él se queda ahí. En 1994 o 1995, la Fiscalía hizo un allanamiento en la Casa Cural y se llevaron al padre Palacio. Imagínese el revuelo que fue para este pueblo que es bien católico”.

De la suerte del sacerdote poco o nada se sabe. Aunque la Fiscalía lo investigó a mediados de los noventa por la presunta relación con estos crímenes, el sacerdote no fue llevado a juicio y luego no volvió a ser requerido por autoridad judicial alguna para aclarar dichos señalamientos. El más grave de ellos tiene que ver con su presunta responsabilidad en una masacre cometida la noche del 5 de junio de 1990 en la vereda La Solita de Campamento, donde perdieron la vida dos hombres, dos mujeres y dos niñas de 8 y 11 años de una misma familia: los López.

La única sobreviviente de esta masacre le relató a organizaciones de derechos humanos de Antioquia, como la Corporación Jurídica Libertad, que debió desplazarse de la región porque “un cura muy malo de Yarumal era el que ordenaba la muerte de guerrilleros y que a ella la tenían en la mira”.

Pero en el Norte de Antioquia no solo esperan explicaciones por parte del religioso. En Yarumal se preguntan por la suerte de los comerciantes que integraron la Asociación que dio vida a los “Doce Apóstoles”. Varios empresarios del pueblo fueron vinculados al proceso judicial adelantado por el asesinato de Ovidio Ardila Elorza, perpetrado en este municipio el 29 de septiembre de 1993 y atribuido a este grupo armado.

A finales de los noventa fueron llamados a responder ante la justicia varios comerciantes, pero finalmente, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia decidió cerrar el caso el 2 de noviembre de 2000, tras considerar que no existían suficientes pruebas.

Por su parte, si bien el 25 de noviembre de 1998 la Procuraduría Delegada para los Derechos humanos decidió sancionar de por vida al mayor Pedro Manuel Benavidez Rivera, el capitán Juan Carlos Meneses Quintero, el teniente Franklin Alexander Tellez Arévalo, el cabo segundo Jairo Rodríguez Venegas y el agente Norbey de Jesús Arroyave Arias por su colaboración con grupos armados al margen de la ley, esta fue revocada el 25 de marzo de 1999 por la misma Entidad. Sobre el capitán Benavidez no pesa ninguna investigación penal.

La Fiscalía General de la Nación tiene entre sus manos uno de los retos más importantes de la historia reciente: correr el pesado manto de impunidad que pesa sobre un grupo armado que sembró el terror en el Norte de Antioquia y del que solo se conocen sus acciones criminales, pero no los “apóstoles” que los cometieron.

Tomado de verdadabierta.com




Por este testimonio y el del mayor (r) Juan C. Meneses, Uribe fue citado a indagatoria el 17 de octubre por supuestos nexos con ‘paras’.

Santiago uribe copia
Más de 16 años después de que fuera interrogado por su presunta participación en el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles, el ganadero Santiago Uribe Vélez tendrá que comparecer el próximo 17 de octubre ante un fiscal de derechos humanos para explicar si promovió a ese grupo ilegal que entre 1993 y 1994 hizo presencia en Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia). Aunque este caso fue archivado en 1999 por falta de pruebas, un testimonio rendido en agosto pasado fue la clave para reabrir el expediente.

Se trata de la declaración que el trabajador Eunisio Alfonso Pineda Luján le dio a la Fiscalía desde el consulado de Colombia en Santiago de Chile. El Espectador conoció su testimonio, que sumado al que había entregado el mayor (r) Juan Carlos Meneses en 2010 —también vinculado a este proceso— constituye una acusación directa contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe. El testigo de 46 años nació en Toledo (Antioquia) y se ganó la vida ordeñando vacas, cuidando cerdos y abonando potreros, hasta que una vaca lo dejó inválido.

Pineda Luján relató que llegó a trabajar a la finca de Álvaro Vásquez, que colindaba con la finca La Carolina, de Santiago Uribe, y que su patrón le dijo una vez que fuera a diario a La Carolina a darle vuelta al ganado. Eso fue en 1993. Entonces, contó, se levantaba muy temprano a ordeñar y a darles comida a los cerdos y después pasaba a la finca de Uribe, pero pronto vio que gente de civil y con radios llegaba a ese lugar. En su declaración relató que a Santiago Uribe le decían El Abuelo cuando lo llamaban por radio; a Álvaro Vásquez, El Tío, y a otro más, El Sobrino.

El testigo manifestó que vio gente armada en La Carolina. “Les hacían reuniones e iba la Policía de Yarumal y otra gente de civil”, sostuvo. Agregó que empezó a verlos con uniforme del Ejército y con un brazalete que decía Auc y que supuestamente entraban y salían de La Carolina. Los trabajadores le dijeron una vez: “Cómo te parece que allá hay una casa más arribita, cómo te parece que de aquí sacaron uno anoche y apareció muerto en tal parte”. Según él, jamás dijo nada hasta que un paramilitar de nombre Rodrigo le entregó un arma y le dijo que ellos pagaban $200.000 y que estuviera tranquilo porque trabajaban con Santiago Uribe.

Pineda Luján aseguró que jamás aceptó trato con ellos y que entonces alias Rodrigo mató en frente de él a otro sujeto al que en Yarumal le decían El Gavilán. Según él, le dijeron que si no hacía lo que ellos querían era una traición que pagaría con la vida y que ya estaba salpicado, “porque está metido en la pomada”, en referencia a que había sido testigo de un asesinato. Y fue más allá, pues incluso declaró que Santiago Uribe y Álvaro Vásquez se reunieron un día para planear su muerte, porque supuestamente sabía mucho.

Por eso, relató, salió huyendo y se dirigió a la Cuarta Brigada del Ejército para denunciar los hechos. Luego viajó a Santa Marta para esconderse en esa región, y pasó por Bucaramanga, Riohacha y Barrancabermeja, hasta que regresó a Antioquia. De acuerdo con su relato, pasó cerca de La Carolina y unos hombres lo detuvieron, le pegaron, le dijeron que era un sapo, intentaron sacarle los dientes con un alicate y al final le pegaron un tiro en la mano. Pudo volarse, según su versión, y no fue a ningún hospital, “porque al que quedaba herido lo buscaban en los hospitales de los pueblos para acabar de matarlo”.

Así pasaron los años y Pineda Luján consiguió trabajos en fincas en Antioquia sin despertar sospechas. Incluso dijo que laboró en La Palmira, que era de propiedad de Juan Carlos El Tuso Sierra, narcoparamilitar extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008. En esa época, a finales de los años 90, una vaca le cayó encima “y me jodió la columna”. Entre 2001 y 2004 estuvo incapacitado y luego viajó a Manizales, de donde salió a Circasia y a otras regiones del Quindío, pero, de acuerdo con él, siempre le llegaban razones de que querían matarlo.

Por último, manifestó que se comunicó con la Fiscalía cuando vio por televisión que el mayor (r) Juan Carlos Meneses había declarado contra Santiago Uribe, también desde Chile, en el año 2010, ante el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel. Fue justamente ese testimonio el que reabrió el caso de los 12 Apóstoles en la Fiscalía. No obstante, sólo en agosto pasado pudo el ente investigador desplazarse hasta Chile para tomar su versión. El fiscal del caso le pidió algunas precisiones y el testigo así lo hizo: por ejemplo, que estuvo entre el 93 y julio del 94 en La Carolina.

Además dio detalles de la finca de Álvaro Vásquez, la distancia que la separaba de la finca de Uribe, algunas características de la propiedad en la que trabajó con Vásquez y las descripciones de algunos trabajadores, aunque cuando el fiscal le mencionó a más de 10 empleados de La Carolina dijo no reconocer a ninguno. Sobre Santiago Uribe refirió: “Lo vi entregando armas y lo vi con radio en la mano”. Mencionó un par de homicidios que supuestamente se dieron en los predios de La Carolina, pero sin dar mayores detalles.

Su testimonio fue calificado como muy sospechoso por el abogado de Santiago Uribe, Jaime Granados, quien indicó al respecto que “no existe ninguna prueba que señale al señor Uribe Vélez, distinta al falso testigo, mayor (r) Juan Carlos Meneses, y ahora el señor Eunisio Alfonso Pineda Luján, quien, al igual que Meneses, llegó de forma sorpresiva y sospechosa a declarar en el proceso”.

Granados lamentó en un comunicado la “desafortunada coincidencia de esta decisión (de llamar a indagatoria a Uribe), que se produce después de que el señor Daniel Prado Albarracín, abogado representante de la parte civil, públicamente retara a la Fiscalía, al indicar que ‘lastimosamente el poder que tiene Álvaro Uribe Vélez ha impedido que la Fiscalía tome las medidas que debe tomar en contra de su hermano’”.

Consultado por El Espectador, el abogado Granados aseguró que Pineda Luján es un testigo “absolutamente mentiroso”, llevado al proceso de una forma sospechosa por el abogado Daniel Prado, y que “es fácil concluir que se trata de un falso testigo, todavía más falso que el mayor (r) Meneses”. Indicó también que va a presentar denuncia contra Pineda Luján por falso testimonio.

Granados recordó que este proceso ya fue archivado una vez y dijo que desde 2010, cuando la Fiscalía lo reabrió, “lo único que ha habido son testimonios a favor de Santiago. Después de tres años, y justo una semana después de que el expresidente Álvaro Uribe presentara su candidatura al Senado, traen un nuevo falso testigo. Aquí hay una motivación política. Lo único que pedimos es garantías, porque no hay que olvidar que Santiago ha sido víctima del conflicto. Esta es una revictimización en su contra”.

Por su parte, Santiago Uribe Vélez siempre ha sostenido que es inocente y que quieren enlodarlos a él y a su familia para hacerle daño al expresidente Uribe, hoy en campaña en cabeza de la lista al Senado por el Centro Democrático. 

Tomado de elespectador.com

Así asegura Paco Gómez, un periodista que se ha sumergido en el Atrato y quien ahora publica su segundo libro sobre el tema.

entrevista bojaya 1Paco Gómez es un periodista español que hace casi 20 años entró por primera vez a Chocó y desde entonces cayó en lo que él llama el “embrujo del Atrato”. Las relaciones que estableció con los habitantes hicieron que fuera el primer reportero en llegar a Bellavista, el casco urbano del municipio chocoano de Bojayá, cuando la masacre de aquel 2 de mayo de 2002 aún continuaba, la misma que dejó 79 personas muertas en el acto.

Los muertos, la barbarie, el combate entre las Farc y los paramilitares, y el cubrimiento que hicieron muchos de sus colegas fueron definitivos para que este periodista dejara de creer de una vez por todas en la imparcialidad de la que siempre dudó y tomara partido por las comunidades.

Meses después publicó el libro ‘Los muertos no hablan’, acerca de la resistencia civil de los pobladores y ahora repite la experiencia de escribir sobre Bojayá, luego de que la comunidad lo aceptara. Además, este periodista estuvo en el acto de reconocimiento que hicieron las Farc ante 400 chocoanos.

Él sostiene que la realidad de hoy es mucho más descorazonadora que la que hubo después de la masacre. Es por eso que VerdadAbierta.com conversó con él sobre su nuevo libro ‘La guerra no es un relámpago’, sus experiencias en Bojayá, su posición frente a cómo los periodistas cubren el conflicto y cómo escribir de esa masacre lo cambió.

VerdadAbierta.com: ¿Qué vio cuando llegó a Bojayá el 2 de mayo de 2002?

Paco Gómez: Las Farc todavía se enfrentaban con los paramilitares, mientras los restos de las víctimas estaban en la capilla y afuera. Fue tenaz porque era ver los civiles convertidos en marionetas en un teatro de guerra muy complejo y a pesar de eso tener que seguir para adelante.

V.A.: ¿Y dónde estaban los demás periodistas?

P.G.: Como entré de primero, con la misión humanitaria de la Diócesis de Quibdó, salí muy rápido para poder contarlo y publicarlo en El País de España (lea el artículo). Cuando llegué a Quibdó, supe que unos estaban en Medellín y otros en la capital chocoana intentando acceder a Bojayá. Querían que el Ejército los metiera, que fue como entraron finalmente. Les dije a mis colegas que había cerca de 120 muertos y creyeron que estaba bromeando. Me preguntaron si había alguna fuente oficial que lo ratificara, pero la fuente oficial también era y es parte del conflicto. Varios colegas cayeron en la trampa de que las fuentes oficiales son más confiables que víctimas.

V.A.: ¿Qué cambió en usted luego de cubrir esa masacre?

P.G.: Me costó mucho tiempo procesarlo y darme cuenta, desde mi profesión, la complicidad no consciente que muchas veces tenemos con relato el poder terrorífico. Me obligó a decidir no comer del periodismo para hacer el periodismo que quería; lo cual es duro e injusto, pero me tocó hacerlo.

V.A.: Pero, por el otro lado, usted fue el primero en escribir la historia de la masacre...
P.G.: Es el mayor éxito periodístico de mi vida. Durante una semana fui el periodista más conocido del mundo. El New York Times me sacó en portada. Desde el punto de vista egoísta profesional, debía estar feliz; pero estaba hundido. Me sentí un sepulturero porque yo entraba, salía y daba como un certificado de sí, están muertos. En ese momento me dije: “He triunfado periodísticamente pero, ¿ahora qué?”.

V.A.: ¿Y de esa pregunta nació el libro ‘Los muertos no hablan’?

P.G.: Volví a Vigía del Fuerte (municipio que limita con Bojayá) a las dos semanas de la masacre, le pregunté a la gente qué hacíamos y ellos me dijeron que contara otra historia. En efecto, el libro no habla de la masacre, sino de las personas que hacían resistencia civil al conflicto desde antes. Mi forma de trabajar cambió a partir de entonces y decidí que solo incluiría las fuentes que aportaran.

V.A.: ¿Fue cuando le cambió el chip para estar del lado de las comunidades?
P.G.: Es un acumulado. Nunca he creído en la imparcialidad, aunque antes intentaba hacerlo. Si había una masacre brutal en Urabá, que fue donde empecé a cubrir con el periódico El Colombiano, y sabía que el Ejército estaba involucrado, pues iba a hablar con (el general) Rito Alejo del Río. Respetaba su versión oficial y la transcribía. Intentaba ser imparcial, aparentaba escuchar las voces sin ningún tipo de intervención, pero es un poco falso.

V.A.: ¿Y qué hizo en este último libro?

P.G.: A mí no me importa que los paramilitares, a los que llaman Bacrim, no entren como fuente en este libro ni en los artículos.

V.A.: ¿Por qué?

entrevista bojaya 2P.G.: No son actores políticos. Vemos cómo las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas, antes Clan Úsuga, visten uniformes y brazaletes. En el río Truandó, en el Salaquí, en el Bajo Atrato, acaban de entrar otra vez centenares de paramilitares. Mi hipótesis es que están intentando darse una imagen de actor político, como lo hizo Carlos Castaño, y no de mercenarios para tener algo que negociar con el Estado. No seré cómplice de eso. Yo estoy del lado de las comunidades.

V.A.: Pero ellos fueron otros de los actores armados en la masacre.

P.G.: Y están en todo el libro, se explica toda la situación, dónde están en Quibdó, en Istmina, etc. Obviamente es un actor que hay que contar. Pero una cosa es contar lo que hacen y cómo pesan en la historia, y otra es darles voz.

V.A.: ¿Por qué escribir de Bojayá?

P.G: Bojayá es tan importante por lo simbólico: el número de víctimas en un solo pipetazo; la cantidad de menores de edad que murieron, que fueron 48; el hecho de que fuera en un templo católico en un país creyente y en unas comunidades como las del Pacífico que son tan profundamente espirituales. Además, demostró la actitud colonizadora que tiene el Estado colombiano con su territorio. La masacre no representa todo pero puede ser un elemento aglutinador porque si entiendes que lo que pasó en Bojayá tiene unas características coyunturales propias y estructurales compartidas con el resto del país, puedes hacer el ejercicio con otros lugares. Eso es a lo que juego en el libro, ver lo concreto pero empezar a abrir el foco hacia lo estructural y no quedarnos en la anécdota.

V.A.: Algunos líderes de otros municipios de Chocó consideran que esas víctimas y esa masacre invisibilizan un poco los otros conflictos. ¿Cree que sea así?

P.G.: Es difícil porque cómo calibras el dolor o la resistencia. La situación de guerra en este momento es mucho más dura en San Juan que en el Atrato, por los choque entre ELN y el Clan Úsuga. Hay una pelea por el control de la minería y, además, es brutal el confinamiento de gente en el Alto Andágueda. Ahora, si piensas desde el punto de vista periodístico, es casi imposible contar todo. Es más viable elegir lugares simbólicos para tratar sacar algo y eso hago en el libro. En realidad, hablo de Bellavista en un capítulo. El resto es Chocó y el país.

V.A.: ¿Qué cambios hay en el Bojayá de 2002 al Bojayá de hoy?

P.G.: Los viajes que hice entre septiembre y diciembre de 2015 para hacer este libro fueron los más duros que he hecho en las comunidades, los más descorazonadores.

V.A.: ¿Más que después de la masacre?
P.G.: Mucho más. Porque después de la masacre había shock pero también ganas de retornar y reconstruir su pueblo. A pesar del dolor, hubo reuniones comunitarias para ver qué hacían y cómo se apoyaban en lo psicosocial. La primera reacción de la comunidad fue unirse mientras que ahora hay un fraccionamiento. En Bellavista queda un 20% de la gente original, ha habido desplazamientos enteros y gota a gota, incluso ha habido despojo de casas en el Nuevo Bellavista.

V.A.: ¿El desplazamiento es por temores que dejó la masacre o porque siguió la violencia?

P.G.: En parte porque siguió pero, por ejemplo, la justicia dictaminó que había que indemnizar a determinadas víctimas, no a todas. Entonces una familia recibía 800 millones y se convertía en la envidia de todo el mundo. Lo primero que hacían era irse para Quibdó y allá normalmente los paramilitares los vacunaban, los abogados los tumbaban con otra parte y el resto se iba en bebida y otras cosas. Se quedaban sin plata y no podían volver porque eran mal vistos en el pueblo. Otros se fueron porque no soportan el dolor, porque nadie les ayudó a procesar el duelo y cuando llevas seis años sin dormir, tienes que salir, así sea a la miseria de Quibdó.

V.A.: Usted habla en su libro del Nuevo Bellavista. ¿Qué descubrió durante la investigación?
P.G.: Pensaba que la construcción del mismo pueblo de Bellavista se había hecho en compensación por la masacre, pero los documentos del Estado muestran que fue ante el riesgo de una inundación, no por reparar. De hecho, las casas del nuevo pueblo se asignaron a los que tenían casa en el Bellavista viejo, no a las víctimas de la masacre. Como si fuera poco, la propia estructura del pueblo nuevo genera choques, están aislados. Es el mundo al revés.

V.A.: ¿Por qué?

entrevista bojaya 3P.G.: En el Atrato la convivencia la marca el río y todo pasa allí. Pero el Nuevo Bellavista no tiene río, está a medio kilómetro. Se rompió toda su identidad y su forma de conocimiento.

Y la gente que era original de Bojayá pidió que en el pueblo no hubiera una estación policial o militar cerca. A pesar de eso, les clavaron una estación gigante, en medio del colegio y el centro de salud. Entonces la gente original de Bojayá vive en los barrios más alejados.

Eso ha creado cantidad de roces. Hay hombres borrachos desde las 11 de la mañana porque no tienen otra cosa que hacer. No hay trabajo. Por eso es mucho peor.

V.A.: Usted estuvo en el acto en el que las Farc y el Estado reconocieron sus responsabilidades por la masacre. ¿Qué pasó?

P.G.: A cualquiera que se lo contaran, alucina: en medio de la guerra, en una zona de conflicto con Vigía del Fuerte enfrente lleno de paramilitares. Un acto en el que no hubo un solo abrazo ni se fingió reconciliación. Fue muy formal. Todo el mundo dijo lo que tenía que decir. Eso habría sido diferente con cámaras de televisión. Para mí lo más interesante empezó cuando se fueron los representantes de organismos que estaban invitados sin derecho a hablar, como el Centro de Memoria Histórica o el Alto Comisionado para la Paz.

Vea los comunicados de las víctimas y de las Farc

V.A.: ¿Qué pasó?

P.G.: Fue una reunión de más de cuatro horas en las que representantes del Comité de Víctimas de Bojayá se sentaron con las Farc. Ahí estaban construyendo paz. Me contaron que hablaron de problemas como la autonomía o los desaparecidos y hubo compromisos. No entré pero vi cómo entró y salió la comunidad. Estaban tensos por la escenografía del evento y porque había ocho comandantes de las Farc. Pero todos salieron mucho más calmados. Creo que en ese momento faltó una valoración política fuerte en el país.

V.A.: A propósito, ¿por qué no entraron los medios al evento?

P.G.: El Comité de Víctimas decidió que fuera cerrado a medios porque temían que se instrumentalizara su dolor y sus lágrimas fueran usadas. Lo que hicieron fue enviar los cuatro minutos de video que querían y las notas de prensa. Pero yo creo que los medios a veces somos muy soberbios. Si eso lo hace el Gobierno, como sucede con la información de La Habana, no ponemos ningún problema; pero si lo hace una comunidad, nos parece que son poco inteligentes. El acto fue trascendental para el país. Quien no lo quiera ver, no cree en proceso de paz.

V.A.: ¿Por qué trascendental?

P.G.: Era muy fuerte ver al Alto Comisionado (Sergio Jaramillo) diciendo “lo siento, el Estado también tuvo la culpa” y a Pastor Alape (miembro del Secretariado de las Farc) asegurando que metieron la pata muy mal. No a todos, pero sí a varias de las más de 400 personas que estaban en el evento, les ha servido al menos para creer de nuevo en el futuro. La actitud cambió y hasta la posición corporal es más segura.

V.A.: Uno de los títulos que pensó para este libro fue ‘Todo se ha hecho mal’. ¿Por qué?
P.G.: El mito que se ha abandonado a Bojayá es mentira. En eso sí tienen razón los de Riosucio, los de Istmina, los de Lloró. Todas agencias, las ONG y cooperación internacional querían estar en el Atrato. Uno piensa en esa intervención y ha sido brutal, pero todo ha sido un desastre. Luego, Martha Nubia Abello (del Centro de Memoria Histórica) me dijo que era un título descorazonador y posteriormente Felipe, un líder, dijo esa frase que me pareció maravillosa. La guerra no es un relámpago para mí significa que no todo es bueno o malo, blanco o negro, no es paz o guerra. Todo es mucho más complejo.

Tomado de verdadabierta.com


Les urge participar en el proceso de paz para que los acuerdos tengan un toque étnico y su mayor miedo es que les quiten las tierras que hoy están tituladas a su nombre.

afros proceso de paz copiaNadie se puede reunir con las Farc sin autorización del Gobierno y a quien lo haga, le abren una investigación judicial. Así lo comunicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el pasado 10 de febrero, justo después de que el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro viajara a hablar con la guerrilla sobre la Asamblea Constituyente.

Si bien el debate se centró en las visitas de los políticos, varias organizaciones de afrodescendientes se sintieron aludidos con la advertencia. Desde que inició el proceso de paz, colectivos como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) o el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) han intentado tener una silla en la mesa de negociaciones en La Habana, pero todavía no la consiguen.

Es por eso que por su cuenta estaban armando una comisión étnica, con afros e indígenas, que iría a La Habana. O por lo menos esa era la intención antes de conocer el comunicado. “Siempre pasa lo mismo: hacemos algo, se filtra la información e intentan contener nuestra participación”, aseguró un miembro de la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro), quien pidió la reserva de su nombre.

Los líderes afros aseguran que pese a que se han reunido con Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso de paz; no les han dado un cupo en la mesa de diálogos ni les han aceptado la creación de una subcomisión para que todos los acuerdos tengan un enfoque étnico.

VerdadAbierta.com se comunicó con la Oficina del Alto Comisionado para preguntarle si esto era cierto y qué pensaban de las propuestas de los afros respecto al proceso, pero nunca hubo una respuesta.

¿Por qué quieren un puesto en la mesa?
Las comunidades afro quieren saber los detalles de lo que el Gobierno y las Farc han pactado sobre los Consejos Comunitarios y los Resguardos, territorios que han sido titulados colectivamente a las comunidades afro e indígenas. Su temor apunta a que les quiten esas tierras para llevar campesinos de otras regiones, bajo la figura de Zonas de Reserva Campesina.

“Estamos incluidos, pero no tenemos claridad de cuándo ni de cómo va a ser en concreto la implementación de esos acuerdos en relación a nuestros derechos [...] Hay preguntas que queremos sean aclaradas, por ejemplo: ¿cómo es el Fondo de Tierras en relación con las tierras colectivas existentes, con las tierras de asentamientos ancestrales de nuestras comunidades, su pretensión de titulación y la relación de estas con las áreas de reserva campesina?”. Esta fue una de las preguntas que diferentes organizaciones afro le plantearon a Humberto de la Calle en la reunión de noviembre de 2015, según el acta del encuentro.

El mismo archivo asegura que el jefe del equipo del Gobierno les respondió que la aplicación de los acuerdos de paz podría llevar a otros problemas de tierra que se tienen que precaver y que existen varios casos que no se profundizaron en La Habana.

El líder de Anafro, consultado por VerdadAbierta, asegura que una de las regiones donde están pensando hacer Zonas de Reserva Campesina es en Chocó. La pregunta es dónde las harían, pues el 96% de las tierras de ese departamento están ocupadas por 59 Consejos Comunitarios y 120 resguardos, y sólo en el 4% restante viven campesinos, según el Ministerio del Interior.

Hasta ahora, ninguna de las seis Zonas de Reserva Campesina legalmente constituidas, que existen en el país desde 1998, están en Chocó; ni tampoco ha habido intentos de crear una en ese departamento.

Sin embargo, la preocupación se extiende a lo largo de departamento. Freddy*, un líder afro del Bajo Atrato chocoano, opina en un mismo sentido, “no estamos de acuerdo con las Zonas de Reserva Campesina porque no hay dónde hacerlas. Además, si se habla de campesinos es que vienen de otro lado”.

Y es que en el Bajo Atrato chocoano, una subregión del Chocó compuesta por los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, hay 20 Consejos Comunitarios titulados por el Incoder y 11 resguardos indígenas. Allí ya ha habido conflictos por la tierra entre campesinos, afros e industrias madereras y de palma. (Lea ‘Campesinos y afros se enfrentan por la tierra en Riosucio’).

En esta subregión, además, hay presencia distintos grupos armados que pueden poner el peligro una futura desmovilización de las Farc. “Si a eso le sumamos los otros grupos que están haciendo fechorías y el riesgo de que ellos maten a los que se desmovilicen, quizá se vuelva a dañar esto”, dice Freddy.

Él sostiene que varios de los paramilitares del extinto Bloque Élmer Cárdenas, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), jamás se desmovilizaron y que hacen parte de grupos ilegales. “Son los mismo y siguen haciendo daño”, recalca. Por ejemplo, asegura, hace 20 días en el caserío Domingodó, en Riosucio, varias familias se fueron del pueblo a dormir al monte durante una noche porque corrió el rumor de que uno de estos grupos llegaría al casco rural.

Por su parte, las Farc aún ejercen un control en la población, hasta el punto de decidir quién sale de los caseríos e incluso de impedir que corten madera, como ocurrió entre septiembre y octubre de 2015, según Freddy.

Al respecto, la Defensoría asegura que las Farc, especialmente con los Frentes 57 y 34, “adelantan acciones encaminadas a afianzar el control territorial y de la población” en las subregiones del Atrato y del San Juan. Además, la entidad detalla que el Eln y los grupos armados post desmovilización autodenominados Los Rastrojos y Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia también hacen presencia en el Chocó, según el informe de 2014 sobre la crisis humanitaria en el departamento.

“La gente todavía no le ha perdido miedo a los de las Farc. Uno sabe que ellos siguen en el monte, que no todos están sentados allá y que los de acá todavía están sembrando odio”, dice.

Pese a esto, en Chocó ya están pensando en las condiciones en las que recibirán a los eventuales desmovilizados de la guerrilla y son conscientes de que varios familiares de la misma comunidad están en las filas. Lo esencial, como explica Freddy, es que no lleguen a ejercer autoridad “sino que tienen que ser obedientes, personas de bien que no intenten recrear sus terrores”. El problema es que aún no conocen los detalles de lo que se ha pactado en La Habana, como indica el líder de Anafro.

No sucede igual con las autoridades de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC). De acuerdo con un comunicado del pasado 2 de febrero, no recibirán a los desmovilizados en sus territorios porque desconocen “el impacto y las afectaciones que los mismos (los sitios de concentración) tendrán en nuestra identidad, autonomía y pervivencia como pueblos”, indica el comunicado.

El lobby para llegar a La Habana
Durante el proceso de paz, los afros han intentado por todas las vías políticas posibles asegurarse un puesto en La Habana: han hablado con el congresista Gustavo Rosado, representante de las negritudes en la Cámara; se han sentado con De la Calle, se han acercado al presidente Santos y hasta enviaron a La Habana un documento con sus puntos de vista sobre todos los acuerdos logrados hasta ahora. Pero todavía no les abren las puertas.

Esto hizo que las organizaciones de las negritudes llevaron su lobby hasta Estados Unidos, específicamente a los oídos de la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA), a los representantes afros en el Congreso de ese país y a varios sindicalistas norteamericanos.

“La intención era que nuestros aliados nos ayudaran a meter el tema de la inclusión de los afrocolombianos al proceso de paz, en la agenda de Obama y Santos durante la ceremonia del Plan Colombia en Washington”, explica Marino Córdoba, representante legal Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y asilado político en Estados Unidos desde 1996.
Córdoba fue uno de los invitados del gobierno norteamericano, junto al beisbolista Orlando Cabrera, mientras que el gobierno colombiano no llevaba ningún afro en su delegación, según dijo el líder Afrocolombiano.

“El mismo 4 de febrero (día del evento) el Gobierno se dio cuenta de eso, e invitó a tres afrocolombianos que viven en Estados Unidos. Sólo porque necesitaba mostrar caras negras”, sostiene el representante legal de Afrodes¬.

Además de su presencia en el evento, los afros movieron sus fichas para reunirse con Bernie Aronson, enviado Especial de Estados Unidos a los diálogos de paz, y con De la Calle.

Por otra parte, Córdoba asegura que cuando estuvo en la Casa Blanca se le acercó al presidente Santos y le habló de las propuestas que los afros han enviado a la mesa de negociaciones. Según él, la respuesta del mandatario fue que los acuerdos eran incluyentes y que en la implementación participarían los afros, los indígenas y todos los grupos.

Siendo así las cosas, todo apunta a que los afros no tendrán una silla en La Habana y que solo conocerán los detalles de lo pactado cuando el acuerdo aterrice en el país. Mientras tanto, seguirán tocando las puertas y organizándose en Colombia para estar preparados ante un eventual posacuerdo.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

Tomado de verdadabierta.com




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