Así asegura Paco Gómez, un periodista que se ha sumergido en el Atrato y quien ahora publica su segundo libro sobre el tema.

entrevista bojaya 1Paco Gómez es un periodista español que hace casi 20 años entró por primera vez a Chocó y desde entonces cayó en lo que él llama el “embrujo del Atrato”. Las relaciones que estableció con los habitantes hicieron que fuera el primer reportero en llegar a Bellavista, el casco urbano del municipio chocoano de Bojayá, cuando la masacre de aquel 2 de mayo de 2002 aún continuaba, la misma que dejó 79 personas muertas en el acto.

Los muertos, la barbarie, el combate entre las Farc y los paramilitares, y el cubrimiento que hicieron muchos de sus colegas fueron definitivos para que este periodista dejara de creer de una vez por todas en la imparcialidad de la que siempre dudó y tomara partido por las comunidades.

Meses después publicó el libro ‘Los muertos no hablan’, acerca de la resistencia civil de los pobladores y ahora repite la experiencia de escribir sobre Bojayá, luego de que la comunidad lo aceptara. Además, este periodista estuvo en el acto de reconocimiento que hicieron las Farc ante 400 chocoanos.

Él sostiene que la realidad de hoy es mucho más descorazonadora que la que hubo después de la masacre. Es por eso que VerdadAbierta.com conversó con él sobre su nuevo libro ‘La guerra no es un relámpago’, sus experiencias en Bojayá, su posición frente a cómo los periodistas cubren el conflicto y cómo escribir de esa masacre lo cambió.

VerdadAbierta.com: ¿Qué vio cuando llegó a Bojayá el 2 de mayo de 2002?

Paco Gómez: Las Farc todavía se enfrentaban con los paramilitares, mientras los restos de las víctimas estaban en la capilla y afuera. Fue tenaz porque era ver los civiles convertidos en marionetas en un teatro de guerra muy complejo y a pesar de eso tener que seguir para adelante.

V.A.: ¿Y dónde estaban los demás periodistas?

P.G.: Como entré de primero, con la misión humanitaria de la Diócesis de Quibdó, salí muy rápido para poder contarlo y publicarlo en El País de España (lea el artículo). Cuando llegué a Quibdó, supe que unos estaban en Medellín y otros en la capital chocoana intentando acceder a Bojayá. Querían que el Ejército los metiera, que fue como entraron finalmente. Les dije a mis colegas que había cerca de 120 muertos y creyeron que estaba bromeando. Me preguntaron si había alguna fuente oficial que lo ratificara, pero la fuente oficial también era y es parte del conflicto. Varios colegas cayeron en la trampa de que las fuentes oficiales son más confiables que víctimas.

V.A.: ¿Qué cambió en usted luego de cubrir esa masacre?

P.G.: Me costó mucho tiempo procesarlo y darme cuenta, desde mi profesión, la complicidad no consciente que muchas veces tenemos con relato el poder terrorífico. Me obligó a decidir no comer del periodismo para hacer el periodismo que quería; lo cual es duro e injusto, pero me tocó hacerlo.

V.A.: Pero, por el otro lado, usted fue el primero en escribir la historia de la masacre...
P.G.: Es el mayor éxito periodístico de mi vida. Durante una semana fui el periodista más conocido del mundo. El New York Times me sacó en portada. Desde el punto de vista egoísta profesional, debía estar feliz; pero estaba hundido. Me sentí un sepulturero porque yo entraba, salía y daba como un certificado de sí, están muertos. En ese momento me dije: “He triunfado periodísticamente pero, ¿ahora qué?”.

V.A.: ¿Y de esa pregunta nació el libro ‘Los muertos no hablan’?

P.G.: Volví a Vigía del Fuerte (municipio que limita con Bojayá) a las dos semanas de la masacre, le pregunté a la gente qué hacíamos y ellos me dijeron que contara otra historia. En efecto, el libro no habla de la masacre, sino de las personas que hacían resistencia civil al conflicto desde antes. Mi forma de trabajar cambió a partir de entonces y decidí que solo incluiría las fuentes que aportaran.

V.A.: ¿Fue cuando le cambió el chip para estar del lado de las comunidades?
P.G.: Es un acumulado. Nunca he creído en la imparcialidad, aunque antes intentaba hacerlo. Si había una masacre brutal en Urabá, que fue donde empecé a cubrir con el periódico El Colombiano, y sabía que el Ejército estaba involucrado, pues iba a hablar con (el general) Rito Alejo del Río. Respetaba su versión oficial y la transcribía. Intentaba ser imparcial, aparentaba escuchar las voces sin ningún tipo de intervención, pero es un poco falso.

V.A.: ¿Y qué hizo en este último libro?

P.G.: A mí no me importa que los paramilitares, a los que llaman Bacrim, no entren como fuente en este libro ni en los artículos.

V.A.: ¿Por qué?

entrevista bojaya 2P.G.: No son actores políticos. Vemos cómo las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas, antes Clan Úsuga, visten uniformes y brazaletes. En el río Truandó, en el Salaquí, en el Bajo Atrato, acaban de entrar otra vez centenares de paramilitares. Mi hipótesis es que están intentando darse una imagen de actor político, como lo hizo Carlos Castaño, y no de mercenarios para tener algo que negociar con el Estado. No seré cómplice de eso. Yo estoy del lado de las comunidades.

V.A.: Pero ellos fueron otros de los actores armados en la masacre.

P.G.: Y están en todo el libro, se explica toda la situación, dónde están en Quibdó, en Istmina, etc. Obviamente es un actor que hay que contar. Pero una cosa es contar lo que hacen y cómo pesan en la historia, y otra es darles voz.

V.A.: ¿Por qué escribir de Bojayá?

P.G: Bojayá es tan importante por lo simbólico: el número de víctimas en un solo pipetazo; la cantidad de menores de edad que murieron, que fueron 48; el hecho de que fuera en un templo católico en un país creyente y en unas comunidades como las del Pacífico que son tan profundamente espirituales. Además, demostró la actitud colonizadora que tiene el Estado colombiano con su territorio. La masacre no representa todo pero puede ser un elemento aglutinador porque si entiendes que lo que pasó en Bojayá tiene unas características coyunturales propias y estructurales compartidas con el resto del país, puedes hacer el ejercicio con otros lugares. Eso es a lo que juego en el libro, ver lo concreto pero empezar a abrir el foco hacia lo estructural y no quedarnos en la anécdota.

V.A.: Algunos líderes de otros municipios de Chocó consideran que esas víctimas y esa masacre invisibilizan un poco los otros conflictos. ¿Cree que sea así?

P.G.: Es difícil porque cómo calibras el dolor o la resistencia. La situación de guerra en este momento es mucho más dura en San Juan que en el Atrato, por los choque entre ELN y el Clan Úsuga. Hay una pelea por el control de la minería y, además, es brutal el confinamiento de gente en el Alto Andágueda. Ahora, si piensas desde el punto de vista periodístico, es casi imposible contar todo. Es más viable elegir lugares simbólicos para tratar sacar algo y eso hago en el libro. En realidad, hablo de Bellavista en un capítulo. El resto es Chocó y el país.

V.A.: ¿Qué cambios hay en el Bojayá de 2002 al Bojayá de hoy?

P.G.: Los viajes que hice entre septiembre y diciembre de 2015 para hacer este libro fueron los más duros que he hecho en las comunidades, los más descorazonadores.

V.A.: ¿Más que después de la masacre?
P.G.: Mucho más. Porque después de la masacre había shock pero también ganas de retornar y reconstruir su pueblo. A pesar del dolor, hubo reuniones comunitarias para ver qué hacían y cómo se apoyaban en lo psicosocial. La primera reacción de la comunidad fue unirse mientras que ahora hay un fraccionamiento. En Bellavista queda un 20% de la gente original, ha habido desplazamientos enteros y gota a gota, incluso ha habido despojo de casas en el Nuevo Bellavista.

V.A.: ¿El desplazamiento es por temores que dejó la masacre o porque siguió la violencia?

P.G.: En parte porque siguió pero, por ejemplo, la justicia dictaminó que había que indemnizar a determinadas víctimas, no a todas. Entonces una familia recibía 800 millones y se convertía en la envidia de todo el mundo. Lo primero que hacían era irse para Quibdó y allá normalmente los paramilitares los vacunaban, los abogados los tumbaban con otra parte y el resto se iba en bebida y otras cosas. Se quedaban sin plata y no podían volver porque eran mal vistos en el pueblo. Otros se fueron porque no soportan el dolor, porque nadie les ayudó a procesar el duelo y cuando llevas seis años sin dormir, tienes que salir, así sea a la miseria de Quibdó.

V.A.: Usted habla en su libro del Nuevo Bellavista. ¿Qué descubrió durante la investigación?
P.G.: Pensaba que la construcción del mismo pueblo de Bellavista se había hecho en compensación por la masacre, pero los documentos del Estado muestran que fue ante el riesgo de una inundación, no por reparar. De hecho, las casas del nuevo pueblo se asignaron a los que tenían casa en el Bellavista viejo, no a las víctimas de la masacre. Como si fuera poco, la propia estructura del pueblo nuevo genera choques, están aislados. Es el mundo al revés.

V.A.: ¿Por qué?

entrevista bojaya 3P.G.: En el Atrato la convivencia la marca el río y todo pasa allí. Pero el Nuevo Bellavista no tiene río, está a medio kilómetro. Se rompió toda su identidad y su forma de conocimiento.

Y la gente que era original de Bojayá pidió que en el pueblo no hubiera una estación policial o militar cerca. A pesar de eso, les clavaron una estación gigante, en medio del colegio y el centro de salud. Entonces la gente original de Bojayá vive en los barrios más alejados.

Eso ha creado cantidad de roces. Hay hombres borrachos desde las 11 de la mañana porque no tienen otra cosa que hacer. No hay trabajo. Por eso es mucho peor.

V.A.: Usted estuvo en el acto en el que las Farc y el Estado reconocieron sus responsabilidades por la masacre. ¿Qué pasó?

P.G.: A cualquiera que se lo contaran, alucina: en medio de la guerra, en una zona de conflicto con Vigía del Fuerte enfrente lleno de paramilitares. Un acto en el que no hubo un solo abrazo ni se fingió reconciliación. Fue muy formal. Todo el mundo dijo lo que tenía que decir. Eso habría sido diferente con cámaras de televisión. Para mí lo más interesante empezó cuando se fueron los representantes de organismos que estaban invitados sin derecho a hablar, como el Centro de Memoria Histórica o el Alto Comisionado para la Paz.

Vea los comunicados de las víctimas y de las Farc

V.A.: ¿Qué pasó?

P.G.: Fue una reunión de más de cuatro horas en las que representantes del Comité de Víctimas de Bojayá se sentaron con las Farc. Ahí estaban construyendo paz. Me contaron que hablaron de problemas como la autonomía o los desaparecidos y hubo compromisos. No entré pero vi cómo entró y salió la comunidad. Estaban tensos por la escenografía del evento y porque había ocho comandantes de las Farc. Pero todos salieron mucho más calmados. Creo que en ese momento faltó una valoración política fuerte en el país.

V.A.: A propósito, ¿por qué no entraron los medios al evento?

P.G.: El Comité de Víctimas decidió que fuera cerrado a medios porque temían que se instrumentalizara su dolor y sus lágrimas fueran usadas. Lo que hicieron fue enviar los cuatro minutos de video que querían y las notas de prensa. Pero yo creo que los medios a veces somos muy soberbios. Si eso lo hace el Gobierno, como sucede con la información de La Habana, no ponemos ningún problema; pero si lo hace una comunidad, nos parece que son poco inteligentes. El acto fue trascendental para el país. Quien no lo quiera ver, no cree en proceso de paz.

V.A.: ¿Por qué trascendental?

P.G.: Era muy fuerte ver al Alto Comisionado (Sergio Jaramillo) diciendo “lo siento, el Estado también tuvo la culpa” y a Pastor Alape (miembro del Secretariado de las Farc) asegurando que metieron la pata muy mal. No a todos, pero sí a varias de las más de 400 personas que estaban en el evento, les ha servido al menos para creer de nuevo en el futuro. La actitud cambió y hasta la posición corporal es más segura.

V.A.: Uno de los títulos que pensó para este libro fue ‘Todo se ha hecho mal’. ¿Por qué?
P.G.: El mito que se ha abandonado a Bojayá es mentira. En eso sí tienen razón los de Riosucio, los de Istmina, los de Lloró. Todas agencias, las ONG y cooperación internacional querían estar en el Atrato. Uno piensa en esa intervención y ha sido brutal, pero todo ha sido un desastre. Luego, Martha Nubia Abello (del Centro de Memoria Histórica) me dijo que era un título descorazonador y posteriormente Felipe, un líder, dijo esa frase que me pareció maravillosa. La guerra no es un relámpago para mí significa que no todo es bueno o malo, blanco o negro, no es paz o guerra. Todo es mucho más complejo.

Tomado de verdadabierta.com


Por este testimonio y el del mayor (r) Juan C. Meneses, Uribe fue citado a indagatoria el 17 de octubre por supuestos nexos con ‘paras’.

Santiago uribe copia
Más de 16 años después de que fuera interrogado por su presunta participación en el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles, el ganadero Santiago Uribe Vélez tendrá que comparecer el próximo 17 de octubre ante un fiscal de derechos humanos para explicar si promovió a ese grupo ilegal que entre 1993 y 1994 hizo presencia en Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia). Aunque este caso fue archivado en 1999 por falta de pruebas, un testimonio rendido en agosto pasado fue la clave para reabrir el expediente.

Se trata de la declaración que el trabajador Eunisio Alfonso Pineda Luján le dio a la Fiscalía desde el consulado de Colombia en Santiago de Chile. El Espectador conoció su testimonio, que sumado al que había entregado el mayor (r) Juan Carlos Meneses en 2010 —también vinculado a este proceso— constituye una acusación directa contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe. El testigo de 46 años nació en Toledo (Antioquia) y se ganó la vida ordeñando vacas, cuidando cerdos y abonando potreros, hasta que una vaca lo dejó inválido.

Pineda Luján relató que llegó a trabajar a la finca de Álvaro Vásquez, que colindaba con la finca La Carolina, de Santiago Uribe, y que su patrón le dijo una vez que fuera a diario a La Carolina a darle vuelta al ganado. Eso fue en 1993. Entonces, contó, se levantaba muy temprano a ordeñar y a darles comida a los cerdos y después pasaba a la finca de Uribe, pero pronto vio que gente de civil y con radios llegaba a ese lugar. En su declaración relató que a Santiago Uribe le decían El Abuelo cuando lo llamaban por radio; a Álvaro Vásquez, El Tío, y a otro más, El Sobrino.

El testigo manifestó que vio gente armada en La Carolina. “Les hacían reuniones e iba la Policía de Yarumal y otra gente de civil”, sostuvo. Agregó que empezó a verlos con uniforme del Ejército y con un brazalete que decía Auc y que supuestamente entraban y salían de La Carolina. Los trabajadores le dijeron una vez: “Cómo te parece que allá hay una casa más arribita, cómo te parece que de aquí sacaron uno anoche y apareció muerto en tal parte”. Según él, jamás dijo nada hasta que un paramilitar de nombre Rodrigo le entregó un arma y le dijo que ellos pagaban $200.000 y que estuviera tranquilo porque trabajaban con Santiago Uribe.

Pineda Luján aseguró que jamás aceptó trato con ellos y que entonces alias Rodrigo mató en frente de él a otro sujeto al que en Yarumal le decían El Gavilán. Según él, le dijeron que si no hacía lo que ellos querían era una traición que pagaría con la vida y que ya estaba salpicado, “porque está metido en la pomada”, en referencia a que había sido testigo de un asesinato. Y fue más allá, pues incluso declaró que Santiago Uribe y Álvaro Vásquez se reunieron un día para planear su muerte, porque supuestamente sabía mucho.

Por eso, relató, salió huyendo y se dirigió a la Cuarta Brigada del Ejército para denunciar los hechos. Luego viajó a Santa Marta para esconderse en esa región, y pasó por Bucaramanga, Riohacha y Barrancabermeja, hasta que regresó a Antioquia. De acuerdo con su relato, pasó cerca de La Carolina y unos hombres lo detuvieron, le pegaron, le dijeron que era un sapo, intentaron sacarle los dientes con un alicate y al final le pegaron un tiro en la mano. Pudo volarse, según su versión, y no fue a ningún hospital, “porque al que quedaba herido lo buscaban en los hospitales de los pueblos para acabar de matarlo”.

Así pasaron los años y Pineda Luján consiguió trabajos en fincas en Antioquia sin despertar sospechas. Incluso dijo que laboró en La Palmira, que era de propiedad de Juan Carlos El Tuso Sierra, narcoparamilitar extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008. En esa época, a finales de los años 90, una vaca le cayó encima “y me jodió la columna”. Entre 2001 y 2004 estuvo incapacitado y luego viajó a Manizales, de donde salió a Circasia y a otras regiones del Quindío, pero, de acuerdo con él, siempre le llegaban razones de que querían matarlo.

Por último, manifestó que se comunicó con la Fiscalía cuando vio por televisión que el mayor (r) Juan Carlos Meneses había declarado contra Santiago Uribe, también desde Chile, en el año 2010, ante el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel. Fue justamente ese testimonio el que reabrió el caso de los 12 Apóstoles en la Fiscalía. No obstante, sólo en agosto pasado pudo el ente investigador desplazarse hasta Chile para tomar su versión. El fiscal del caso le pidió algunas precisiones y el testigo así lo hizo: por ejemplo, que estuvo entre el 93 y julio del 94 en La Carolina.

Además dio detalles de la finca de Álvaro Vásquez, la distancia que la separaba de la finca de Uribe, algunas características de la propiedad en la que trabajó con Vásquez y las descripciones de algunos trabajadores, aunque cuando el fiscal le mencionó a más de 10 empleados de La Carolina dijo no reconocer a ninguno. Sobre Santiago Uribe refirió: “Lo vi entregando armas y lo vi con radio en la mano”. Mencionó un par de homicidios que supuestamente se dieron en los predios de La Carolina, pero sin dar mayores detalles.

Su testimonio fue calificado como muy sospechoso por el abogado de Santiago Uribe, Jaime Granados, quien indicó al respecto que “no existe ninguna prueba que señale al señor Uribe Vélez, distinta al falso testigo, mayor (r) Juan Carlos Meneses, y ahora el señor Eunisio Alfonso Pineda Luján, quien, al igual que Meneses, llegó de forma sorpresiva y sospechosa a declarar en el proceso”.

Granados lamentó en un comunicado la “desafortunada coincidencia de esta decisión (de llamar a indagatoria a Uribe), que se produce después de que el señor Daniel Prado Albarracín, abogado representante de la parte civil, públicamente retara a la Fiscalía, al indicar que ‘lastimosamente el poder que tiene Álvaro Uribe Vélez ha impedido que la Fiscalía tome las medidas que debe tomar en contra de su hermano’”.

Consultado por El Espectador, el abogado Granados aseguró que Pineda Luján es un testigo “absolutamente mentiroso”, llevado al proceso de una forma sospechosa por el abogado Daniel Prado, y que “es fácil concluir que se trata de un falso testigo, todavía más falso que el mayor (r) Meneses”. Indicó también que va a presentar denuncia contra Pineda Luján por falso testimonio.

Granados recordó que este proceso ya fue archivado una vez y dijo que desde 2010, cuando la Fiscalía lo reabrió, “lo único que ha habido son testimonios a favor de Santiago. Después de tres años, y justo una semana después de que el expresidente Álvaro Uribe presentara su candidatura al Senado, traen un nuevo falso testigo. Aquí hay una motivación política. Lo único que pedimos es garantías, porque no hay que olvidar que Santiago ha sido víctima del conflicto. Esta es una revictimización en su contra”.

Por su parte, Santiago Uribe Vélez siempre ha sostenido que es inocente y que quieren enlodarlos a él y a su familia para hacerle daño al expresidente Uribe, hoy en campaña en cabeza de la lista al Senado por el Centro Democrático. 

Tomado de elespectador.com

minas 1Este departamento es uno de los más afectados por las minas antipersonal y la munición que queda sin explotar tras los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública. Voceros de las comunidades piden que se inicie con un desminado urgente, especialmente en 22 escuelas en las que es evidente el riesgo para los niños de varias zonas rurales.

Cauca ocupa el quinto puesto a nivel nacional entre los departamentos con más incidentes de minas antipersonal y material sin explotar. Desde 1991 y hasta el pasado 31 de diciembre, en ese departamento del suroccidente colombiano, ocurrieron 1.323 incidentes, de los 26.455 que ha registrado la Dirección Contra Minas, asignada al recién creado Ministerio del Posconflicto.

Como si fuera poco, en 16 de sus municipios ocurren frecuentemente incidentes y accidentes de minas antipersonal, razón por la cual está calificado como el cuarto a nivel nacional, en la tipología de municipios con mayores accidentes. Le anteceden los departamentos de Antioquia, Nariño y Chocó.

Para Gerardo Castrillón, coordinador de Programa Acción Integral contra Minas Antipersonal de Cauca, la situación del departamento no es la mejor, pues sólo su capital, Popayán, está libre de sospecha o de presencia de material sin explotar. “Cauca tienen 16 con alto riesgo, otros 16 con riesgo medio, y 9 más con bajo riesgo. Es decir, 41 de los 42 municipios del departamento están contaminados con material explosivo. Es una situación alarmante”, le dijo a VerdadAbierta.com.

minas grafico 1Por este motivo, el pasado 28 de enero la Gobernación de Cauca, en cabeza de la secretaria de Gobierno, Alejandra Miller, le planteó al Gobierno Nacional la propuesta de adelantar un desminado escolar en 22 escuelas del departamento. De acuerdo con el documento, en Cauca se registran “259 víctimas civiles, de las cuales el 47%, (122 personas), son menores de 18 años, es decir población escolar, con lo cual se configura una grave situación humanitaria que amerita una respuesta urgente”.

Un barrido elaborado por la Gobernación en diferentes regiones de Cauca, permitió establecer que las comunidades educativas de municipios como Argelia, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, Jambaló, López de Micay, Suárez y Toribio se encuentran en alto riesgo.

Precisamente el 20 de mayo del año pasado, en el municipio de Buenos Aires, al norte de Cauca, ocurrió el último caso en el que un estudiante perdió la vida a causa de una mina antipersonal. Ese día, Ingrid Yaneri Guejia, de ocho años, murió la pisar una mina cuando se dirigía de la escuela a su casa, y otros tres resultaron heridos.

Para evitar más hechos como el de la pequeña Ingrid, líderes sociales de la zona insisten en que este proyecto de desminado requiere varias fases en las deben estar involucradas organizaciones civiles y la comunidad afectada. Walter Aldana, asesor de Paz de la Gobernación de Cauca, explica que los habitantes de los lugares afectados deben ser parte activa de este proceso porque conocen mejor que nadie las condiciones de los terrenos y la presencia de materiales extraños.

Por esa razón considera que la comunidad debe participar en las acciones de educación en riesgo de minas antipersonal, en la construcción de planes de gestión comunitaria del riesgo, en el proceso de señalización para prevención de futuros accidentes y en el desminado humanitario. Los costos de desminar cada institución educativa están estimados en 135 millones de pesos, con lo cual, se requeriría un presupuesto de 2.970 millones. Se espera que la Dirección Contra Minas de una respuesta el próximos 3 de marzo.

“Este plan lo entregamos a sabiendas de que el Gobierno y las Farc definen los sitios para hacer desminado, pero tenemos una gran urgencia porque son 22 instituciones educativas las que están comprometidas y hay cientos de niños en riesgo”, le dijo Aldana a VerdadAbierta.com.

Según conoció VerdadAbierta.com, esta propuesta fue planteada en una reunión que sostuvieron las autoridades departamentales con los ministros Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo, del Posconflicto y del Interior, respectivamente, para financiar varios proyectos antes de que se dé la firma del acuerdo final de paz entre las Farc y el Gobierno Nacional en Cuba, que está presupuestada para el próximo 23 de marzo.

minas grafico 2La Gobernación de Cauca pidió que se destinaran recursos para cuatro proyectos: turismo, vías terciarias, producción de café y justicia. En el punto de justicia se planteó la propuesta del desminado escolar, pero también que se dé vía libre al desminado humanitario que desde hace años están planteando las Juntas de Acción Comunal de El Tambo.

Este municipio montañoso tiene la particularidad de que es territorio común de las Farc y del Eln, lo cual hace imposible que el Ejército entre a la zona a hacer labores de desminado. Esto llevó a los líderes campesinos a movilizarse y a contactar a ambas guerrillas para que autorizaran un desminado con civiles, el cual fue aprobado por los insurgentes, pero no ha contado con la autorización del Gobierno Nacional.

“Las autoridades de Cauca hemos planteado la posibilidad del desminado y ha habido acompañamiento de la ONG Llamamiento de Ginebra y de Naciones Unidas. El Tambo ha sido nuestra bandera en los últimos años en la discusión de la focalización de los sitios para poder desminar. Se estima que el desminado durará 20 años y el Gobierno ha venido focalizando algunos municipios, pero no ha dicho nada de El Tambo”, dice Aldana. Este es el municipio con más víctimas de minas en Cauca: 80 personas han resultado heridas y cinco han muerto desde 1991.

El departamento de Cauca siempre ha sido uno de los escenarios más crueles de la guerra en Colombia. No obstante, sus habitantes han luchado para hacerle el quite a las adversidades de la confrontación armada, y hoy en día, con propuestas basadas en la sociedad civil, se anticipan a los posibles beneficios de los acuerdos de paz en Cuba, para tratar de recuperar lo más pronto posible algo de tranquilidad.

Tomado de verdadabierta.com



Les urge participar en el proceso de paz para que los acuerdos tengan un toque étnico y su mayor miedo es que les quiten las tierras que hoy están tituladas a su nombre.

afros proceso de paz copiaNadie se puede reunir con las Farc sin autorización del Gobierno y a quien lo haga, le abren una investigación judicial. Así lo comunicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el pasado 10 de febrero, justo después de que el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro viajara a hablar con la guerrilla sobre la Asamblea Constituyente.

Si bien el debate se centró en las visitas de los políticos, varias organizaciones de afrodescendientes se sintieron aludidos con la advertencia. Desde que inició el proceso de paz, colectivos como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) o el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) han intentado tener una silla en la mesa de negociaciones en La Habana, pero todavía no la consiguen.

Es por eso que por su cuenta estaban armando una comisión étnica, con afros e indígenas, que iría a La Habana. O por lo menos esa era la intención antes de conocer el comunicado. “Siempre pasa lo mismo: hacemos algo, se filtra la información e intentan contener nuestra participación”, aseguró un miembro de la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro), quien pidió la reserva de su nombre.

Los líderes afros aseguran que pese a que se han reunido con Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso de paz; no les han dado un cupo en la mesa de diálogos ni les han aceptado la creación de una subcomisión para que todos los acuerdos tengan un enfoque étnico.

VerdadAbierta.com se comunicó con la Oficina del Alto Comisionado para preguntarle si esto era cierto y qué pensaban de las propuestas de los afros respecto al proceso, pero nunca hubo una respuesta.

¿Por qué quieren un puesto en la mesa?
Las comunidades afro quieren saber los detalles de lo que el Gobierno y las Farc han pactado sobre los Consejos Comunitarios y los Resguardos, territorios que han sido titulados colectivamente a las comunidades afro e indígenas. Su temor apunta a que les quiten esas tierras para llevar campesinos de otras regiones, bajo la figura de Zonas de Reserva Campesina.

“Estamos incluidos, pero no tenemos claridad de cuándo ni de cómo va a ser en concreto la implementación de esos acuerdos en relación a nuestros derechos [...] Hay preguntas que queremos sean aclaradas, por ejemplo: ¿cómo es el Fondo de Tierras en relación con las tierras colectivas existentes, con las tierras de asentamientos ancestrales de nuestras comunidades, su pretensión de titulación y la relación de estas con las áreas de reserva campesina?”. Esta fue una de las preguntas que diferentes organizaciones afro le plantearon a Humberto de la Calle en la reunión de noviembre de 2015, según el acta del encuentro.

El mismo archivo asegura que el jefe del equipo del Gobierno les respondió que la aplicación de los acuerdos de paz podría llevar a otros problemas de tierra que se tienen que precaver y que existen varios casos que no se profundizaron en La Habana.

El líder de Anafro, consultado por VerdadAbierta, asegura que una de las regiones donde están pensando hacer Zonas de Reserva Campesina es en Chocó. La pregunta es dónde las harían, pues el 96% de las tierras de ese departamento están ocupadas por 59 Consejos Comunitarios y 120 resguardos, y sólo en el 4% restante viven campesinos, según el Ministerio del Interior.

Hasta ahora, ninguna de las seis Zonas de Reserva Campesina legalmente constituidas, que existen en el país desde 1998, están en Chocó; ni tampoco ha habido intentos de crear una en ese departamento.

Sin embargo, la preocupación se extiende a lo largo de departamento. Freddy*, un líder afro del Bajo Atrato chocoano, opina en un mismo sentido, “no estamos de acuerdo con las Zonas de Reserva Campesina porque no hay dónde hacerlas. Además, si se habla de campesinos es que vienen de otro lado”.

Y es que en el Bajo Atrato chocoano, una subregión del Chocó compuesta por los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, hay 20 Consejos Comunitarios titulados por el Incoder y 11 resguardos indígenas. Allí ya ha habido conflictos por la tierra entre campesinos, afros e industrias madereras y de palma. (Lea ‘Campesinos y afros se enfrentan por la tierra en Riosucio’).

En esta subregión, además, hay presencia distintos grupos armados que pueden poner el peligro una futura desmovilización de las Farc. “Si a eso le sumamos los otros grupos que están haciendo fechorías y el riesgo de que ellos maten a los que se desmovilicen, quizá se vuelva a dañar esto”, dice Freddy.

Él sostiene que varios de los paramilitares del extinto Bloque Élmer Cárdenas, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), jamás se desmovilizaron y que hacen parte de grupos ilegales. “Son los mismo y siguen haciendo daño”, recalca. Por ejemplo, asegura, hace 20 días en el caserío Domingodó, en Riosucio, varias familias se fueron del pueblo a dormir al monte durante una noche porque corrió el rumor de que uno de estos grupos llegaría al casco rural.

Por su parte, las Farc aún ejercen un control en la población, hasta el punto de decidir quién sale de los caseríos e incluso de impedir que corten madera, como ocurrió entre septiembre y octubre de 2015, según Freddy.

Al respecto, la Defensoría asegura que las Farc, especialmente con los Frentes 57 y 34, “adelantan acciones encaminadas a afianzar el control territorial y de la población” en las subregiones del Atrato y del San Juan. Además, la entidad detalla que el Eln y los grupos armados post desmovilización autodenominados Los Rastrojos y Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia también hacen presencia en el Chocó, según el informe de 2014 sobre la crisis humanitaria en el departamento.

“La gente todavía no le ha perdido miedo a los de las Farc. Uno sabe que ellos siguen en el monte, que no todos están sentados allá y que los de acá todavía están sembrando odio”, dice.

Pese a esto, en Chocó ya están pensando en las condiciones en las que recibirán a los eventuales desmovilizados de la guerrilla y son conscientes de que varios familiares de la misma comunidad están en las filas. Lo esencial, como explica Freddy, es que no lleguen a ejercer autoridad “sino que tienen que ser obedientes, personas de bien que no intenten recrear sus terrores”. El problema es que aún no conocen los detalles de lo que se ha pactado en La Habana, como indica el líder de Anafro.

No sucede igual con las autoridades de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC). De acuerdo con un comunicado del pasado 2 de febrero, no recibirán a los desmovilizados en sus territorios porque desconocen “el impacto y las afectaciones que los mismos (los sitios de concentración) tendrán en nuestra identidad, autonomía y pervivencia como pueblos”, indica el comunicado.

El lobby para llegar a La Habana
Durante el proceso de paz, los afros han intentado por todas las vías políticas posibles asegurarse un puesto en La Habana: han hablado con el congresista Gustavo Rosado, representante de las negritudes en la Cámara; se han sentado con De la Calle, se han acercado al presidente Santos y hasta enviaron a La Habana un documento con sus puntos de vista sobre todos los acuerdos logrados hasta ahora. Pero todavía no les abren las puertas.

Esto hizo que las organizaciones de las negritudes llevaron su lobby hasta Estados Unidos, específicamente a los oídos de la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA), a los representantes afros en el Congreso de ese país y a varios sindicalistas norteamericanos.

“La intención era que nuestros aliados nos ayudaran a meter el tema de la inclusión de los afrocolombianos al proceso de paz, en la agenda de Obama y Santos durante la ceremonia del Plan Colombia en Washington”, explica Marino Córdoba, representante legal Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y asilado político en Estados Unidos desde 1996.
Córdoba fue uno de los invitados del gobierno norteamericano, junto al beisbolista Orlando Cabrera, mientras que el gobierno colombiano no llevaba ningún afro en su delegación, según dijo el líder Afrocolombiano.

“El mismo 4 de febrero (día del evento) el Gobierno se dio cuenta de eso, e invitó a tres afrocolombianos que viven en Estados Unidos. Sólo porque necesitaba mostrar caras negras”, sostiene el representante legal de Afrodes¬.

Además de su presencia en el evento, los afros movieron sus fichas para reunirse con Bernie Aronson, enviado Especial de Estados Unidos a los diálogos de paz, y con De la Calle.

Por otra parte, Córdoba asegura que cuando estuvo en la Casa Blanca se le acercó al presidente Santos y le habló de las propuestas que los afros han enviado a la mesa de negociaciones. Según él, la respuesta del mandatario fue que los acuerdos eran incluyentes y que en la implementación participarían los afros, los indígenas y todos los grupos.

Siendo así las cosas, todo apunta a que los afros no tendrán una silla en La Habana y que solo conocerán los detalles de lo pactado cuando el acuerdo aterrice en el país. Mientras tanto, seguirán tocando las puertas y organizándose en Colombia para estar preparados ante un eventual posacuerdo.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

Tomado de verdadabierta.com




Al realizar una serie de recomendaciones sobre la implementación de los acuerdos de paz atendiendo el cuidado del medio ambiente que, paradójicamente, hasta ahora ha sido ‘protegido’ por el conflicto, Naciones Unidas revela su lista de municipios donde se concentraría el posconflicto.

Son 125 de 1.122 municipios del país. Se trata de las poblaciones donde, según distintas agencias del Sistema de las Naciones Unidas, se concentrará el posconflicto en Colombia.

Los departamentos donde estos municipios se concentran son Cauca (20 municipios); Antioquia (15 municipios); Caquetá (14 municipios); Chocó y Nariño (con 12 municipios cada uno); Norte de Santander, Putumayo y Meta (con 8 municipios cada uno); Valle (6 municipios); Tolima (5 municipios); Arauca y Huila (4 municipios cada uno); Bolívar, Casanare, Córdoba y Guaviare (con dos municipios cada territorio), y La Guajira (con un municipio). (Ver listado completo abajo).

Fabrizio Hochschild, coordinador del Sistema de la ONU en Colombia, explicó los criterios para esta priorización de la siguiente forma: “Hicimos un análisis de municipios de mayor prioridad según la presencia de las Farc, las acciones armadas con participación de las Farc, desarrollo y pobreza, necesidades humanitarias y capacidades locales. Y de ahí salieron los 125 municipios”.

Lo hizo al presentar el informe sobre ‘La construcción de una paz estable, duradera y sostenible’ en la que invitó a todos los sectores y ciudadanos del país a tener en cuenta que si no se trabaja en la implementación de los acuerdos de paz con enfoque de desarrollo sostenible, Colombia puede correr el riesgo de incentivar la depredación del medio ambiente que, paradójicamente, ha sido ‘protegido’ por el conflicto, pues ha mantenido a reservas naturales, parques, bosques y gran biodiversidad lejos de la ‘civilidad’, de la industria extractiva y de las carreteras.

Esta es la lista de municipios priorizados por Naciones Unidas como territorios donde deberá trabajarse fuertemente el posconflicto:

municipio del posconflicto1municipio del posconflicto2municipio del posconflicto3
Tomado de reconciliacioncolombia


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