Por este testimonio y el del mayor (r) Juan C. Meneses, Uribe fue citado a indagatoria el 17 de octubre por supuestos nexos con ‘paras’.

Santiago uribe copia
Más de 16 años después de que fuera interrogado por su presunta participación en el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles, el ganadero Santiago Uribe Vélez tendrá que comparecer el próximo 17 de octubre ante un fiscal de derechos humanos para explicar si promovió a ese grupo ilegal que entre 1993 y 1994 hizo presencia en Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia). Aunque este caso fue archivado en 1999 por falta de pruebas, un testimonio rendido en agosto pasado fue la clave para reabrir el expediente.

Se trata de la declaración que el trabajador Eunisio Alfonso Pineda Luján le dio a la Fiscalía desde el consulado de Colombia en Santiago de Chile. El Espectador conoció su testimonio, que sumado al que había entregado el mayor (r) Juan Carlos Meneses en 2010 —también vinculado a este proceso— constituye una acusación directa contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe. El testigo de 46 años nació en Toledo (Antioquia) y se ganó la vida ordeñando vacas, cuidando cerdos y abonando potreros, hasta que una vaca lo dejó inválido.

Pineda Luján relató que llegó a trabajar a la finca de Álvaro Vásquez, que colindaba con la finca La Carolina, de Santiago Uribe, y que su patrón le dijo una vez que fuera a diario a La Carolina a darle vuelta al ganado. Eso fue en 1993. Entonces, contó, se levantaba muy temprano a ordeñar y a darles comida a los cerdos y después pasaba a la finca de Uribe, pero pronto vio que gente de civil y con radios llegaba a ese lugar. En su declaración relató que a Santiago Uribe le decían El Abuelo cuando lo llamaban por radio; a Álvaro Vásquez, El Tío, y a otro más, El Sobrino.

El testigo manifestó que vio gente armada en La Carolina. “Les hacían reuniones e iba la Policía de Yarumal y otra gente de civil”, sostuvo. Agregó que empezó a verlos con uniforme del Ejército y con un brazalete que decía Auc y que supuestamente entraban y salían de La Carolina. Los trabajadores le dijeron una vez: “Cómo te parece que allá hay una casa más arribita, cómo te parece que de aquí sacaron uno anoche y apareció muerto en tal parte”. Según él, jamás dijo nada hasta que un paramilitar de nombre Rodrigo le entregó un arma y le dijo que ellos pagaban $200.000 y que estuviera tranquilo porque trabajaban con Santiago Uribe.

Pineda Luján aseguró que jamás aceptó trato con ellos y que entonces alias Rodrigo mató en frente de él a otro sujeto al que en Yarumal le decían El Gavilán. Según él, le dijeron que si no hacía lo que ellos querían era una traición que pagaría con la vida y que ya estaba salpicado, “porque está metido en la pomada”, en referencia a que había sido testigo de un asesinato. Y fue más allá, pues incluso declaró que Santiago Uribe y Álvaro Vásquez se reunieron un día para planear su muerte, porque supuestamente sabía mucho.

Por eso, relató, salió huyendo y se dirigió a la Cuarta Brigada del Ejército para denunciar los hechos. Luego viajó a Santa Marta para esconderse en esa región, y pasó por Bucaramanga, Riohacha y Barrancabermeja, hasta que regresó a Antioquia. De acuerdo con su relato, pasó cerca de La Carolina y unos hombres lo detuvieron, le pegaron, le dijeron que era un sapo, intentaron sacarle los dientes con un alicate y al final le pegaron un tiro en la mano. Pudo volarse, según su versión, y no fue a ningún hospital, “porque al que quedaba herido lo buscaban en los hospitales de los pueblos para acabar de matarlo”.

Así pasaron los años y Pineda Luján consiguió trabajos en fincas en Antioquia sin despertar sospechas. Incluso dijo que laboró en La Palmira, que era de propiedad de Juan Carlos El Tuso Sierra, narcoparamilitar extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008. En esa época, a finales de los años 90, una vaca le cayó encima “y me jodió la columna”. Entre 2001 y 2004 estuvo incapacitado y luego viajó a Manizales, de donde salió a Circasia y a otras regiones del Quindío, pero, de acuerdo con él, siempre le llegaban razones de que querían matarlo.

Por último, manifestó que se comunicó con la Fiscalía cuando vio por televisión que el mayor (r) Juan Carlos Meneses había declarado contra Santiago Uribe, también desde Chile, en el año 2010, ante el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel. Fue justamente ese testimonio el que reabrió el caso de los 12 Apóstoles en la Fiscalía. No obstante, sólo en agosto pasado pudo el ente investigador desplazarse hasta Chile para tomar su versión. El fiscal del caso le pidió algunas precisiones y el testigo así lo hizo: por ejemplo, que estuvo entre el 93 y julio del 94 en La Carolina.

Además dio detalles de la finca de Álvaro Vásquez, la distancia que la separaba de la finca de Uribe, algunas características de la propiedad en la que trabajó con Vásquez y las descripciones de algunos trabajadores, aunque cuando el fiscal le mencionó a más de 10 empleados de La Carolina dijo no reconocer a ninguno. Sobre Santiago Uribe refirió: “Lo vi entregando armas y lo vi con radio en la mano”. Mencionó un par de homicidios que supuestamente se dieron en los predios de La Carolina, pero sin dar mayores detalles.

Su testimonio fue calificado como muy sospechoso por el abogado de Santiago Uribe, Jaime Granados, quien indicó al respecto que “no existe ninguna prueba que señale al señor Uribe Vélez, distinta al falso testigo, mayor (r) Juan Carlos Meneses, y ahora el señor Eunisio Alfonso Pineda Luján, quien, al igual que Meneses, llegó de forma sorpresiva y sospechosa a declarar en el proceso”.

Granados lamentó en un comunicado la “desafortunada coincidencia de esta decisión (de llamar a indagatoria a Uribe), que se produce después de que el señor Daniel Prado Albarracín, abogado representante de la parte civil, públicamente retara a la Fiscalía, al indicar que ‘lastimosamente el poder que tiene Álvaro Uribe Vélez ha impedido que la Fiscalía tome las medidas que debe tomar en contra de su hermano’”.

Consultado por El Espectador, el abogado Granados aseguró que Pineda Luján es un testigo “absolutamente mentiroso”, llevado al proceso de una forma sospechosa por el abogado Daniel Prado, y que “es fácil concluir que se trata de un falso testigo, todavía más falso que el mayor (r) Meneses”. Indicó también que va a presentar denuncia contra Pineda Luján por falso testimonio.

Granados recordó que este proceso ya fue archivado una vez y dijo que desde 2010, cuando la Fiscalía lo reabrió, “lo único que ha habido son testimonios a favor de Santiago. Después de tres años, y justo una semana después de que el expresidente Álvaro Uribe presentara su candidatura al Senado, traen un nuevo falso testigo. Aquí hay una motivación política. Lo único que pedimos es garantías, porque no hay que olvidar que Santiago ha sido víctima del conflicto. Esta es una revictimización en su contra”.

Por su parte, Santiago Uribe Vélez siempre ha sostenido que es inocente y que quieren enlodarlos a él y a su familia para hacerle daño al expresidente Uribe, hoy en campaña en cabeza de la lista al Senado por el Centro Democrático. 

Tomado de elespectador.com

Les urge participar en el proceso de paz para que los acuerdos tengan un toque étnico y su mayor miedo es que les quiten las tierras que hoy están tituladas a su nombre.

afros proceso de paz copiaNadie se puede reunir con las Farc sin autorización del Gobierno y a quien lo haga, le abren una investigación judicial. Así lo comunicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el pasado 10 de febrero, justo después de que el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro viajara a hablar con la guerrilla sobre la Asamblea Constituyente.

Si bien el debate se centró en las visitas de los políticos, varias organizaciones de afrodescendientes se sintieron aludidos con la advertencia. Desde que inició el proceso de paz, colectivos como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) o el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) han intentado tener una silla en la mesa de negociaciones en La Habana, pero todavía no la consiguen.

Es por eso que por su cuenta estaban armando una comisión étnica, con afros e indígenas, que iría a La Habana. O por lo menos esa era la intención antes de conocer el comunicado. “Siempre pasa lo mismo: hacemos algo, se filtra la información e intentan contener nuestra participación”, aseguró un miembro de la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro), quien pidió la reserva de su nombre.

Los líderes afros aseguran que pese a que se han reunido con Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso de paz; no les han dado un cupo en la mesa de diálogos ni les han aceptado la creación de una subcomisión para que todos los acuerdos tengan un enfoque étnico.

VerdadAbierta.com se comunicó con la Oficina del Alto Comisionado para preguntarle si esto era cierto y qué pensaban de las propuestas de los afros respecto al proceso, pero nunca hubo una respuesta.

¿Por qué quieren un puesto en la mesa?
Las comunidades afro quieren saber los detalles de lo que el Gobierno y las Farc han pactado sobre los Consejos Comunitarios y los Resguardos, territorios que han sido titulados colectivamente a las comunidades afro e indígenas. Su temor apunta a que les quiten esas tierras para llevar campesinos de otras regiones, bajo la figura de Zonas de Reserva Campesina.

“Estamos incluidos, pero no tenemos claridad de cuándo ni de cómo va a ser en concreto la implementación de esos acuerdos en relación a nuestros derechos [...] Hay preguntas que queremos sean aclaradas, por ejemplo: ¿cómo es el Fondo de Tierras en relación con las tierras colectivas existentes, con las tierras de asentamientos ancestrales de nuestras comunidades, su pretensión de titulación y la relación de estas con las áreas de reserva campesina?”. Esta fue una de las preguntas que diferentes organizaciones afro le plantearon a Humberto de la Calle en la reunión de noviembre de 2015, según el acta del encuentro.

El mismo archivo asegura que el jefe del equipo del Gobierno les respondió que la aplicación de los acuerdos de paz podría llevar a otros problemas de tierra que se tienen que precaver y que existen varios casos que no se profundizaron en La Habana.

El líder de Anafro, consultado por VerdadAbierta, asegura que una de las regiones donde están pensando hacer Zonas de Reserva Campesina es en Chocó. La pregunta es dónde las harían, pues el 96% de las tierras de ese departamento están ocupadas por 59 Consejos Comunitarios y 120 resguardos, y sólo en el 4% restante viven campesinos, según el Ministerio del Interior.

Hasta ahora, ninguna de las seis Zonas de Reserva Campesina legalmente constituidas, que existen en el país desde 1998, están en Chocó; ni tampoco ha habido intentos de crear una en ese departamento.

Sin embargo, la preocupación se extiende a lo largo de departamento. Freddy*, un líder afro del Bajo Atrato chocoano, opina en un mismo sentido, “no estamos de acuerdo con las Zonas de Reserva Campesina porque no hay dónde hacerlas. Además, si se habla de campesinos es que vienen de otro lado”.

Y es que en el Bajo Atrato chocoano, una subregión del Chocó compuesta por los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, hay 20 Consejos Comunitarios titulados por el Incoder y 11 resguardos indígenas. Allí ya ha habido conflictos por la tierra entre campesinos, afros e industrias madereras y de palma. (Lea ‘Campesinos y afros se enfrentan por la tierra en Riosucio’).

En esta subregión, además, hay presencia distintos grupos armados que pueden poner el peligro una futura desmovilización de las Farc. “Si a eso le sumamos los otros grupos que están haciendo fechorías y el riesgo de que ellos maten a los que se desmovilicen, quizá se vuelva a dañar esto”, dice Freddy.

Él sostiene que varios de los paramilitares del extinto Bloque Élmer Cárdenas, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), jamás se desmovilizaron y que hacen parte de grupos ilegales. “Son los mismo y siguen haciendo daño”, recalca. Por ejemplo, asegura, hace 20 días en el caserío Domingodó, en Riosucio, varias familias se fueron del pueblo a dormir al monte durante una noche porque corrió el rumor de que uno de estos grupos llegaría al casco rural.

Por su parte, las Farc aún ejercen un control en la población, hasta el punto de decidir quién sale de los caseríos e incluso de impedir que corten madera, como ocurrió entre septiembre y octubre de 2015, según Freddy.

Al respecto, la Defensoría asegura que las Farc, especialmente con los Frentes 57 y 34, “adelantan acciones encaminadas a afianzar el control territorial y de la población” en las subregiones del Atrato y del San Juan. Además, la entidad detalla que el Eln y los grupos armados post desmovilización autodenominados Los Rastrojos y Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia también hacen presencia en el Chocó, según el informe de 2014 sobre la crisis humanitaria en el departamento.

“La gente todavía no le ha perdido miedo a los de las Farc. Uno sabe que ellos siguen en el monte, que no todos están sentados allá y que los de acá todavía están sembrando odio”, dice.

Pese a esto, en Chocó ya están pensando en las condiciones en las que recibirán a los eventuales desmovilizados de la guerrilla y son conscientes de que varios familiares de la misma comunidad están en las filas. Lo esencial, como explica Freddy, es que no lleguen a ejercer autoridad “sino que tienen que ser obedientes, personas de bien que no intenten recrear sus terrores”. El problema es que aún no conocen los detalles de lo que se ha pactado en La Habana, como indica el líder de Anafro.

No sucede igual con las autoridades de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC). De acuerdo con un comunicado del pasado 2 de febrero, no recibirán a los desmovilizados en sus territorios porque desconocen “el impacto y las afectaciones que los mismos (los sitios de concentración) tendrán en nuestra identidad, autonomía y pervivencia como pueblos”, indica el comunicado.

El lobby para llegar a La Habana
Durante el proceso de paz, los afros han intentado por todas las vías políticas posibles asegurarse un puesto en La Habana: han hablado con el congresista Gustavo Rosado, representante de las negritudes en la Cámara; se han sentado con De la Calle, se han acercado al presidente Santos y hasta enviaron a La Habana un documento con sus puntos de vista sobre todos los acuerdos logrados hasta ahora. Pero todavía no les abren las puertas.

Esto hizo que las organizaciones de las negritudes llevaron su lobby hasta Estados Unidos, específicamente a los oídos de la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA), a los representantes afros en el Congreso de ese país y a varios sindicalistas norteamericanos.

“La intención era que nuestros aliados nos ayudaran a meter el tema de la inclusión de los afrocolombianos al proceso de paz, en la agenda de Obama y Santos durante la ceremonia del Plan Colombia en Washington”, explica Marino Córdoba, representante legal Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y asilado político en Estados Unidos desde 1996.
Córdoba fue uno de los invitados del gobierno norteamericano, junto al beisbolista Orlando Cabrera, mientras que el gobierno colombiano no llevaba ningún afro en su delegación, según dijo el líder Afrocolombiano.

“El mismo 4 de febrero (día del evento) el Gobierno se dio cuenta de eso, e invitó a tres afrocolombianos que viven en Estados Unidos. Sólo porque necesitaba mostrar caras negras”, sostiene el representante legal de Afrodes¬.

Además de su presencia en el evento, los afros movieron sus fichas para reunirse con Bernie Aronson, enviado Especial de Estados Unidos a los diálogos de paz, y con De la Calle.

Por otra parte, Córdoba asegura que cuando estuvo en la Casa Blanca se le acercó al presidente Santos y le habló de las propuestas que los afros han enviado a la mesa de negociaciones. Según él, la respuesta del mandatario fue que los acuerdos eran incluyentes y que en la implementación participarían los afros, los indígenas y todos los grupos.

Siendo así las cosas, todo apunta a que los afros no tendrán una silla en La Habana y que solo conocerán los detalles de lo pactado cuando el acuerdo aterrice en el país. Mientras tanto, seguirán tocando las puertas y organizándose en Colombia para estar preparados ante un eventual posacuerdo.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

Tomado de verdadabierta.com




Al realizar una serie de recomendaciones sobre la implementación de los acuerdos de paz atendiendo el cuidado del medio ambiente que, paradójicamente, hasta ahora ha sido ‘protegido’ por el conflicto, Naciones Unidas revela su lista de municipios donde se concentraría el posconflicto.

Son 125 de 1.122 municipios del país. Se trata de las poblaciones donde, según distintas agencias del Sistema de las Naciones Unidas, se concentrará el posconflicto en Colombia.

Los departamentos donde estos municipios se concentran son Cauca (20 municipios); Antioquia (15 municipios); Caquetá (14 municipios); Chocó y Nariño (con 12 municipios cada uno); Norte de Santander, Putumayo y Meta (con 8 municipios cada uno); Valle (6 municipios); Tolima (5 municipios); Arauca y Huila (4 municipios cada uno); Bolívar, Casanare, Córdoba y Guaviare (con dos municipios cada territorio), y La Guajira (con un municipio). (Ver listado completo abajo).

Fabrizio Hochschild, coordinador del Sistema de la ONU en Colombia, explicó los criterios para esta priorización de la siguiente forma: “Hicimos un análisis de municipios de mayor prioridad según la presencia de las Farc, las acciones armadas con participación de las Farc, desarrollo y pobreza, necesidades humanitarias y capacidades locales. Y de ahí salieron los 125 municipios”.

Lo hizo al presentar el informe sobre ‘La construcción de una paz estable, duradera y sostenible’ en la que invitó a todos los sectores y ciudadanos del país a tener en cuenta que si no se trabaja en la implementación de los acuerdos de paz con enfoque de desarrollo sostenible, Colombia puede correr el riesgo de incentivar la depredación del medio ambiente que, paradójicamente, ha sido ‘protegido’ por el conflicto, pues ha mantenido a reservas naturales, parques, bosques y gran biodiversidad lejos de la ‘civilidad’, de la industria extractiva y de las carreteras.

Esta es la lista de municipios priorizados por Naciones Unidas como territorios donde deberá trabajarse fuertemente el posconflicto:

municipio del posconflicto1municipio del posconflicto2municipio del posconflicto3
Tomado de reconciliacioncolombia


minas 1Este departamento es uno de los más afectados por las minas antipersonal y la munición que queda sin explotar tras los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública. Voceros de las comunidades piden que se inicie con un desminado urgente, especialmente en 22 escuelas en las que es evidente el riesgo para los niños de varias zonas rurales.

Cauca ocupa el quinto puesto a nivel nacional entre los departamentos con más incidentes de minas antipersonal y material sin explotar. Desde 1991 y hasta el pasado 31 de diciembre, en ese departamento del suroccidente colombiano, ocurrieron 1.323 incidentes, de los 26.455 que ha registrado la Dirección Contra Minas, asignada al recién creado Ministerio del Posconflicto.

Como si fuera poco, en 16 de sus municipios ocurren frecuentemente incidentes y accidentes de minas antipersonal, razón por la cual está calificado como el cuarto a nivel nacional, en la tipología de municipios con mayores accidentes. Le anteceden los departamentos de Antioquia, Nariño y Chocó.

Para Gerardo Castrillón, coordinador de Programa Acción Integral contra Minas Antipersonal de Cauca, la situación del departamento no es la mejor, pues sólo su capital, Popayán, está libre de sospecha o de presencia de material sin explotar. “Cauca tienen 16 con alto riesgo, otros 16 con riesgo medio, y 9 más con bajo riesgo. Es decir, 41 de los 42 municipios del departamento están contaminados con material explosivo. Es una situación alarmante”, le dijo a VerdadAbierta.com.

minas grafico 1Por este motivo, el pasado 28 de enero la Gobernación de Cauca, en cabeza de la secretaria de Gobierno, Alejandra Miller, le planteó al Gobierno Nacional la propuesta de adelantar un desminado escolar en 22 escuelas del departamento. De acuerdo con el documento, en Cauca se registran “259 víctimas civiles, de las cuales el 47%, (122 personas), son menores de 18 años, es decir población escolar, con lo cual se configura una grave situación humanitaria que amerita una respuesta urgente”.

Un barrido elaborado por la Gobernación en diferentes regiones de Cauca, permitió establecer que las comunidades educativas de municipios como Argelia, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, Jambaló, López de Micay, Suárez y Toribio se encuentran en alto riesgo.

Precisamente el 20 de mayo del año pasado, en el municipio de Buenos Aires, al norte de Cauca, ocurrió el último caso en el que un estudiante perdió la vida a causa de una mina antipersonal. Ese día, Ingrid Yaneri Guejia, de ocho años, murió la pisar una mina cuando se dirigía de la escuela a su casa, y otros tres resultaron heridos.

Para evitar más hechos como el de la pequeña Ingrid, líderes sociales de la zona insisten en que este proyecto de desminado requiere varias fases en las deben estar involucradas organizaciones civiles y la comunidad afectada. Walter Aldana, asesor de Paz de la Gobernación de Cauca, explica que los habitantes de los lugares afectados deben ser parte activa de este proceso porque conocen mejor que nadie las condiciones de los terrenos y la presencia de materiales extraños.

Por esa razón considera que la comunidad debe participar en las acciones de educación en riesgo de minas antipersonal, en la construcción de planes de gestión comunitaria del riesgo, en el proceso de señalización para prevención de futuros accidentes y en el desminado humanitario. Los costos de desminar cada institución educativa están estimados en 135 millones de pesos, con lo cual, se requeriría un presupuesto de 2.970 millones. Se espera que la Dirección Contra Minas de una respuesta el próximos 3 de marzo.

“Este plan lo entregamos a sabiendas de que el Gobierno y las Farc definen los sitios para hacer desminado, pero tenemos una gran urgencia porque son 22 instituciones educativas las que están comprometidas y hay cientos de niños en riesgo”, le dijo Aldana a VerdadAbierta.com.

Según conoció VerdadAbierta.com, esta propuesta fue planteada en una reunión que sostuvieron las autoridades departamentales con los ministros Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo, del Posconflicto y del Interior, respectivamente, para financiar varios proyectos antes de que se dé la firma del acuerdo final de paz entre las Farc y el Gobierno Nacional en Cuba, que está presupuestada para el próximo 23 de marzo.

minas grafico 2La Gobernación de Cauca pidió que se destinaran recursos para cuatro proyectos: turismo, vías terciarias, producción de café y justicia. En el punto de justicia se planteó la propuesta del desminado escolar, pero también que se dé vía libre al desminado humanitario que desde hace años están planteando las Juntas de Acción Comunal de El Tambo.

Este municipio montañoso tiene la particularidad de que es territorio común de las Farc y del Eln, lo cual hace imposible que el Ejército entre a la zona a hacer labores de desminado. Esto llevó a los líderes campesinos a movilizarse y a contactar a ambas guerrillas para que autorizaran un desminado con civiles, el cual fue aprobado por los insurgentes, pero no ha contado con la autorización del Gobierno Nacional.

“Las autoridades de Cauca hemos planteado la posibilidad del desminado y ha habido acompañamiento de la ONG Llamamiento de Ginebra y de Naciones Unidas. El Tambo ha sido nuestra bandera en los últimos años en la discusión de la focalización de los sitios para poder desminar. Se estima que el desminado durará 20 años y el Gobierno ha venido focalizando algunos municipios, pero no ha dicho nada de El Tambo”, dice Aldana. Este es el municipio con más víctimas de minas en Cauca: 80 personas han resultado heridas y cinco han muerto desde 1991.

El departamento de Cauca siempre ha sido uno de los escenarios más crueles de la guerra en Colombia. No obstante, sus habitantes han luchado para hacerle el quite a las adversidades de la confrontación armada, y hoy en día, con propuestas basadas en la sociedad civil, se anticipan a los posibles beneficios de los acuerdos de paz en Cuba, para tratar de recuperar lo más pronto posible algo de tranquilidad.

Tomado de verdadabierta.com



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¿Qué son las bandas criminales?
¿Cómo debe enfrentarlas el Estado? ¿Constituyen amenaza seria en un eventual escenario de postconflicto? Esto fue lo que le contaron a VerdadAbierta.com un grupo de reconocidas personalidades sobre este fenómeno, que hoy por hoy constituye la principal amenaza para la seguridad ciudadana.

20/01/2016. Las bandas criminales son, hoy por hoy, la principal amenaza para la seguridad ciudadana y el mayor desafío para las autoridades militares y de Policía. Su presencia se siente con fuerza desde Tumaco hasta La Guajira, pasando por la Orinoquía, el Bajo Cauca antioqueño y el Urabá chocoano; Córdoba, los Santanderes y otros 22 departamentos más.

En estas regiones se disputan a sangre y fuego el dominio sobre cuantiosas rentas ilegales. Su violencia es la máxima responsable de violaciones de derechos humanos en todo el país. En un muy probable escenario de postconflicto, las bandas criminales representan una seria amenaza para la construcción de una paz estable y duradera. Pero, ¿qué son las bandas criminales? ¿Un complejo fenómeno criminal que las autoridades aún no saben cómo enfrentar? ¿Está el país frente a una tercera generación de paramilitares? ¿Combatirlos con todo el poder de fuego del Ejército o negociar con ellos?

VerdadAbierta.com dialogó con académicos, políticos y funcionarios estatales para conocer sus apreciaciones sobre este fenómeno y esto fue lo que señalaron. Consulte las entregas anteriores de esta serie: El paramilitarismo en Colombia, ¿realmente se desmontó? y ¿Neoparamilitares o criminales?

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VerdadAbierta.com: ¿Bandas criminales o neoparamilitares?

Jorge Calero: “La Defensoría no acogió en su momento el término bandas criminales, que fue la denominación que le dio la Fuerza Pública luego que emergieron con posterioridad a la desmovilización de las Auc. Estos grupos participan en las hostilidades, generan situaciones de vulneración a los derechos de las comunidades y que confrontan a la guerrilla y también a la Fuerza Pública. No son sólo bandas delincuenciales sino que tienen participación en el marco del conflicto armado aunque oficialmente no se le ha dado la calificación de grupo armado organizado.

El SAT de la Defensoría hizo una caracterización que mostraba cómo se vulneraban los derechos de las personas y cometían infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La Corte Constitucional ha reconocido la calidad de las víctimas. Esa discusión se dio en cuanto al rótulo y denominación. Lo importante es que estos grupos perpetran hechos de violencia que afectan los derechos. En ese sentido, el Estado debe combatirlos y prevenir afectaciones de derechos humanos de las poblaciones que están en riesgos”.

VA: ¿Qué tipo de amenaza representan estas bandas criminales, en especial los ‘gaitanistas’, en un eventual escenario de postconflicto?

JC: “Tenemos nuestras consideraciones sobre esos efectos pero no queremos hacer el análisis aún porque podemos incurrir en especulaciones y observaciones previas a lo que se pueda presentar, porque igual se debería hacer la misma pregunta respecto al Eln. Si el Eln no ingresa a un proceso de paz con el Gobierno, ¿qué pasa con esa guerrilla y los espacios que dejen las Farc? Lo mismo pasa con estos grupos armados ilegales ante una eventual desmovilización de Farc. Es un elemento de discusión y debate.

VA: ¿Qué es lo que más le preocupa a la Defensoría del Pueblo con respecto a estos grupos?
JC: “Lo que nos preocupa es la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en zonas urbanas y rurales, muchos municipios del país que están afectando los derechos fundamentales de los pobladores. Son generadores de hechos de violencia que están afectando a las comunidades y están causando un sinnúmero de hechos victimizantes que obligan a que el Estado también actúe tanto en la persecución a estos grupos como en la atención a las víctimas”.

VA: ¿Cuál es la situación de los ‘gaitanistas’ hoy por hoy?
JC: “En los dos últimos años ha tenido una expansión acelerada porque pasó de nacer en una zona de Antioquia como Urabá y ya está en más de 15 departamentos. Es una situación que evidencia la capacidad de expansión de este grupo. Tenemos reportes de que ya están llegando a Meta y posiblemente a Vichada. Es una situación de expansión bastante rápida y dinámica”.

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VerdadAbierta: ¿Se desmontó el paramilitarismo con el proceso de Justicia y Paz?
Wilson Reyes: “En el caso de Valle del Cauca, que antes estuvo marcado por la existencia de grupos armados pertenecientes al narcotráfico, éstos se vieron reformados con mandos, con combatientes y con las prácticas militares y delincuenciales de los paramilitares. Los nuevos grupos que surgieron o se reforzaron con segmentos de las autodefensas del Bloque Calima, mutaron y coparon mayor número de prácticas delincuenciales y homogenizaron territorios”.

VA: ¿Qué tipo de dinámica se advierte con estos grupos en el Valle del Cauca?
WR: “Hemos visto que en el caos de Los Machos y Los Rastrojos, después de la desmovilización del Bloque Calima, entraron en disputa por Buenaventura. Primero ocurrió la disputa de Los Rastrojos o La Empresa con la guerrilla, y cuando la sacaron se dio la llegada de Los Urabeños. En este caso, se ve que esos antiguos grupos -Los Urabeños recogieron lo que quedaban de Los Machos y Los Rastrojos son fortalecidos con desmovilizados- aumentan todos los delitos: los homicidios, la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, el microtráfico, el sicariato”.

VA: A su juicio, ¿estos grupos son continuidad del paramilitarismo o estamos frente a un fenómeno criminal?
WR: “En su esencia siguen siendo paramilitares. Uno ve su comportamiento en el Bajo San Juan, que es zona rural, en disputa por el territorio con las Farc o en alianza con grupos ilegales, que los lleva a hacer pactos para manejar el negocio en conjunto. En esencia tienen comportamientos contrainsurgentes. Otro aprendizaje que utilizan de la guerra anterior es la cooptación de franquicias otorgadas a pandillas, grupos de sicarios y demás grupos ilegales en Valle del Cauca. Las franquicias fueron usadas por las antiguas autodefensas, son incorporadas por las bandas criminales, pero siguen comportándose como grupos paramilitares”.

VA: ¿Cómo pudiera definirse esa esencia paramilitar de las bacrim?
WR: “También son agentes de control social. La insurgencia no sólo es la gente armada, es todo aquel que de alguna manera esté revelado contra el Estado ocasionalmente o sea crítico de él. Aquí un líder popular del Distrito de Aguablanca que esté organizando a la gente y ofrezca niveles de resistencia frente a un poder hegemónico, es blanco de ellos (...) están rompiendo permanentemente todo lo que pueda existir de tejido social, de organización y de liderazgo comunitario. Allí se encuentra ese tipo de fenómeno paramilitar. Además, muchos de sus mandos son los mismos del pasado.

VA: ¿Cuáles son las regiones más afectadas por este rearme en el Valle del Cauca?
WR: “Fundamentalmente Buenaventura, pero un estudio de Indepaz ubica a 37 municipios con presencia de bandas criminales en Valle del Cauca. Son municipios con presencia de grupos post-Auc, ya sean Los Rastrojos o Los Urabeños, o grupos locales que se reclamen de ellos por las franquicias que les han dado o porque se hacen pasar por ellos”.

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VerdadAbierta: Cuándo las Farc piden desde La Habana, Cuba, desmontar el paramilitarismo, ¿Qué debemos entender los colombianos al respecto?
Álvaro Villarraga: “Es diciente que se haya conformado una comisión extraordinaria, no prevista, que también se ha llamado subcomisión para el tema del paramilitarismo, porque muestra una realidad. Y es que, podemos aproximarnos a una conclusión: hubo un avance hacia la desestructuración del paramilitarismo, pero fue parcial e insuficiente. No se desintegró el total de las estructuras paramilitares de las Auc, aunque sí la mayoría. Pero se produjeron significativos procesos de rearme en prácticamente todas las regiones donde existieron estructuras paramilitares importantes.

VA: ¿Podemos hablar entonces de continuidad del paramilitarismo?
AV: “Bueno, estamos ante distintos matices frente a esta situación. Ya no es el mismo paramilitarismo de antes. Los territorios de control son menores. Ya no existen esos niveles de cooperación y permisividad entre fuerza pública, entes de control y estos grupos. De hecho, hay una intensa persecución contra estas estructuras. También se advierte un discurso más degradado. Hay una actitud más delincuencial sin que ello signifique que son simples redes delincuenciales.

Tienen controles de poder local e incluso, en algunas regiones, control regional. Hoy por hoy son el principal factor de violación a los derechos humanos y lo hemos comprobado con cifras. Atacan a defensores de derechos humanos, líderes de víctimas, reclamantes. Entonces, estamos ante una situación intermedia”.

VA: Pero ¿hablamos entonces de que aún hay intereses contrainsurgentes en la sociedad?
AV: “Pues hay elementos de doctrina, hay manuales del Ejército, hay costumbres y hay un tejido de alianzas que perviven. No nos podemos decir mentiras en este país: hay incursión en política y las pasadas elecciones mostraron, según diversos sectores, cómo se impusieron sectores comprometidos con pervivencias del fenómeno paramilitar”.

VA: ¿Qué hacer entonces frente al fenómeno bacrim en un escenario de postconflicto?
AV: “Yo creo que estamos frente a una oportunidad. El gobierno Santos ha implementado la estrategia D-6, que tiene unos resultados pero que se ha quedado insuficiente. Esto pone sobre la mesa la oportunidad de tratar en su dimensión el problema, porque se pueden ligar factores mayúsculos: economías ilegales, política construida con apoyo de la ilegalidad, mixturas entre lo legal y lo legal. El proceso de paz brinda las oportunidades para superar estas condiciones, porque si se quiere retornar a un estado de superación de violencia, tienen que ser medidas de fondo”.

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VerdadAbierta: Han pasado cerca de diez años después de la desmovilización del último grupo paramilitar, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?
Iván Cepeda: “El problema del paramilitarismo ha tenido variaciones en estos años, pero no estamos ante una superación o desaparición de este fenómeno en la vida del país y en las regiones. Hay una gran discusión sobre si lo que el gobierno llama bandas criminales son estructuras paramilitares y, en efecto, hay informes que indican que, más allá de organizaciones criminales y del narcotráfico, en ciertos casos estamos ante el mismos modus operandi de las estructuras paramilitares.

Así que, difícilmente, se podría ignorar este hecho y hay algo que no se puede pasar por alto: en Colombia se sigue asesinando a defensores de derechos humanos, líderes sociales, campesinos, periodistas, en fin, en muchos de estos casos no se advierten que sean miembros del Estado o de las guerrillas y eso genera la pregunta: ¿quién está detrás? Y uno observa que sí, hay grupos que operan con esa lógica paramilitar. Bueno, súmele que tampoco se ha superado la paraeconomía y la parapolítica. En conclusión: el paramilitarismo no ha sido un fenómeno resuelto en Colombia”.

VA: ¿Cree que hay una reactivación del paramilitarismo en el país?
IC: “Bueno, los informes del Frente Amplio por la Paz señalan que por lo menos en cinco departamentos se ha comprobado la presencia de grupos armados, uniformados y que responden al mismo accionar que en el pasado tuvieron los grupos paramilitares. Ahora, no se puede olvidar que estamos frente a procesos de paz que han fracasado, en parte, porque los paramilitares crecieron y se convirtieron en un elemento de boicot frente a esos procesos. Por eso, no creo que se deba subestimar lo que pasa con estos grupos armados hoy día, en especial de cara a un eventual escenario de postconflicto”.

VA: Hay analistas y organizaciones que no catalogan el fenómeno bacrim como extensión del paramilitarismo, entre otras, porque aseguran ya no existe el nivel de cooperación entre fuerza pública-nuevos grupos, ¿cree que, efectivamente, se rompieron los vasos comunicantes entre agentes del Estado y estas expresiones de violencia?
IC: “Difícilmente se puede pensar en acciones de un impacto regional y una fuerte presencia regional de estos grupos sin unos niveles de connivencia; ahora, es válida la pregunta sobre si se trata de niveles de connivencia regional o una estrategia nacional. Yo creería que estamos más bien ante lo primero”.

VA: ¿Por qué cree que está tan arraigada la idea del paramilitarismo en el imaginario de la sociedad?
IC: “Yo creo que no se ha trazado una línea divisoria, un antes y un después, con respecto al fenómeno del paramilitarismo. Esa línea divisoria no fue (la Ley) Justicia y Paz, no fueron las desmovilizaciones, no fueron los juicios de la parapolítica. En Colombia todavía tenemos como fenómeno el que se utilicen las armas en política y no ha habido aún un hecho histórico, un hecho político que supere esta condición”.

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VerdadAbierta: Han pasado cerca de diez años después de la desmovilización del último grupo paramilitar, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?
Eduardo Pizarro: “Yo creo que la tesis sobre el desmantelamiento de los grupos paramilitares es acertado. Yo caracterizo un grupo paramilitar como un grupo que tiene, además de las prácticas criminales, una vocación contrainsurgente, es decir, de combatir a los grupos guerrilleros o sus bases de apoyo social. Y por eso creo que el paramilitarismo terminó, en la medida en que este fenómeno era una mezcla confusa de actores criminales y acciones de control territorial con lógicas contrainsurgentes y hoy solo vemos acciones criminales. Por eso creo que las bacrim no son la prolongación del paramilitarismo sino que es un fenómeno de criminalidad organizada.

Ahora, esto no significa que estas bandas no puedan ser utilizadas por élites regionales para asesinar líderes sociales que están luchando por la restitución de tierras, por ejemplo; o líderes sociales que están luchando porque se condenen responsables de crímenes atroces. Repito: el fenómeno paramilitar contrainsurgente terminó, pero las acciones de represalias contra el movimiento social pueden continuar por parte de estos grupos”.

VA: ¿Cree que la sociedad está ‘paramilitarizada’; es decir, estamos en una sociedad proclive a la contrainsurgencia?
EP: “Yo creo que esa es una expresión puramente retórica. En el año 2002, poco antes de entrar en vigencia la Ley de Justicia y Paz, Colombia tenía poco más de 29 mil homicidios por año, un promedio de 79 homicidios por cada 100 mil habitantes. Era, de lejos, el país más violento de América Latina y probablemente uno de los más violentos del mundo. Hoy, tenemos un promedio de 4.000 homicidios, es decir, 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pasamos de ser el país más violento de la región a ocupar el puesto 10. Lo que hemos vivido en los últimos años es una ‘desparamilitarización’ de la sociedad y una disminución dramática de la tasa de homicidios que desmienten esa tal afirmación de la ‘paramilitarización de la sociedad”.

VA: Cuando las Farc piden que se desmonte el paramilitarismo, ¿a qué cree que se refieren?
EP: “Después de la desmovilización de las Auc, todos los 25 jefes del Estado Mayor de las Auc fueron encarcelados, 14 de ellos extraditados a los Estados Unidos y más del 90 por ciento de los militantes de base están en proceso de reincorporación a la vida civil. El gran fracaso de ese proceso fueron los mandos medios, que continuaron masivamente en la vida criminal. Para el año 2007 teníamos unas 27 organizaciones criminales, hoy quedan unas cuatro o cinco de alguna significación.

Ahora, muchas de estas bandas actuaron en concierto con frentes de las Farc y el Eln. En Nariño, por ejemplo, los vínculos con el Eln y las bandas criminales para el negocio del narcotráfico son evidentes; los vínculos, por ejemplo, entre el Frente V de las Farc y los Úsuga, que además, son primos de ‘Isaias Trujillo’, también son reconocidos. Entonces, hablar de paramilitarismo cuando habido pactos de convivencias pragmáticos en las regiones, me parece pura retórica de las Farc. Ahora, en lo que sí tienen toda la razón es las denuncias que han venido haciendo sobre grupos armados ilegales están atentando contra líderes sociales donde hay disputas por las tierras”.

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VerdadAbierta: Después de la desmovilización de las AUC, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?
Jorge Giraldo: “Yo creo que a lo largo de la historia el paramilitarismo ha tenido diferentes configuraciones. Pero el paramilitarismo, tal y como lo conocimos entre los años 1994-2006, con esa naturaleza ofensiva, contrainsurgente, organizado desde el punto de vista militar, estratégico, jerárquico, creo que efectivamente desapareció con los procesos de desmovilización. Ahora, dicho esto, ello no significa que en Colombia no existan organizaciones armadas ilegales, sobre todo orientadas por la codicia, como en el caso de las bacrim, pero que claramente son fenómenos distintos al fenómeno paramilitar, sobre todo por carecer de ese componente contrainsurgente, ya que están más orientadas al negocio.

VA: En términos de la sociedad ¿también cree que se superó el paramilitarismo?
JG: “Pues diría que mientras en Colombia exista una cultura política que justifique el uso de la violencia, en cualquier momento es probable que emerjan grupos privados, conformados por personas de las regiones, que puedan tener, incluso, apoyos en sectores de la sociedad. Creo que ese es el ‘chip’ que la sociedad colombiana tiene que desactivar. El desarme es un elemento simbólico importante, necesario, pero mientras los espíritus estén armados siempre aparecerán recursos o dineros para entrar en el mercado de armas y para que se produzca el rearme de grupos privados. Ahora, esto en el plano de las ideas. Pero en el corto plazo, diría que se necesita tomar algunas acciones puntuales como fortalecer la fuerza pública, fortalecer el aparato de justicia, el copamiento del territorio por parte de las fuerzas del Estado para controlar estas expresiones.

VA: Para usted, ¿las bandas criminales son neoparamilitares o un fenómeno de crimen organizado?
JG: “Para mí es un fenómeno netamente de crimen organizado. Para empezar hay que establecer claramente una diferencia. Lo que pasó en el mundo en los últimos 20 años fue que los motivos políticos y las razones económicas se articularon muchísimo en este tipo de organizaciones armadas en todo el mundo. Pero uno tiene que utilizar algún criterio que le permita distinguir entre el criminal y el combatiente. Y yo creo que ese criterio es el objetivo político. En el caso paramilitar era muy claro cuál era su objetivo político, había una idea de país y, sobretodo, tenían muy definido su enemigo político.

En el caso de las bandas criminales, ¿cuál es su enemigo político? Informes de inteligencia y periodísticos muestran que en muchas regiones del país, las bandas criminales y la guerrilla trabajan juntos en negocios de narcotráfico. Digamos que hay casos extraños como el de ‘Megateo’, envestido con ese ropaje del Epl, pero en el fondo era claro que toda su orientación era dedicada al negocio. Pero en conclusión, bajo la mirada de la enemistad política, de los objetivos políticos, en las bandas criminales eso es muy difuso y creo que no se da el que tengan algún objetivo político”.

VA: Cuando las Farc piden que se desmonte el paramilitarismo, ¿a qué cree que se refieren?
JG: “Yo creo que esa preocupación que reapareció en la mesa en el último mes, obedece básicamente a una demanda de seguridad. El punto de ‘fin del conflicto’ tiene como subpunto a tratar el tema de la seguridad de los desmovilizados y yo creo que esa ‘agitación’ frente al tema del paramilitarismo tiene que ver más con la cuestión de la seguridad personal de los desmovilizados y los dirigentes. Me parece que es una preocupación muy razonable porque, pues hemos estado en un país con unos niveles de violencia altísimos; y segundo, porque, dicho en términos coloquiales, ellos tienen muchas culebras en todas las regiones del país. Hay que entender todas las cosas que han pasado en estos años. Por eso, me parece razonable la preocupación pero también creo que el Estado, obviamente, tendrá que garantizarle la seguridad de quienes se desmovilicen.

VA: ¿Cómo enfrentar un escenario de postconflicto en Colombia?
JG: “La experiencia internacional nos muestra que los postconflictos han sido violentos. No es si no ver el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador. Colombia tiene la desventaja de esa historia reciente de violencia generalizada. A diferencia del Perú, donde la violencia estuvo muy concentrada en la guerrilla, aquí la guerrilla ha sido uno entre ‘N’ actores generadores de violencia, empezando por el narcotráfico. Pero también tenemos una ventaja frente a otras naciones que han afrontado escenarios de postconflicto y es que tenemos un Estado más fuerte, unas fuerzas militares más robustecidas y eso balancearía un poco el asunto.

Pero si uno mira el grueso de los analistas y aún para los funcionarios que ya están pensando el tema de la implementación de los acuerdos, para todos es claro que el primer asunto es el tema de seguridad y justicia, por encima de cualquier cosa. Si te demoras ejecutando una obra como la construcción de una carretera, la electrificación de una vereda, la construcción de una escuela, en fin, eso seguramente no te va a amenazar el desarrollo de los acuerdos, pero si se falla en la estrategia de aseguramiento del territorio y de garantía de los bienes básicos de justicia y seguridad en los territorios, la cosa se puede complicar muchísimo. Porque hay rentas ilegales, hay dineros, hay intereses, hay aprendizajes criminales”.

Tomado de verdadabierta.com



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