paras bacrim
¿Qué son las bandas criminales?
¿Cómo debe enfrentarlas el Estado? ¿Constituyen amenaza seria en un eventual escenario de postconflicto? Esto fue lo que le contaron a VerdadAbierta.com un grupo de reconocidas personalidades sobre este fenómeno, que hoy por hoy constituye la principal amenaza para la seguridad ciudadana.

20/01/2016. Las bandas criminales son, hoy por hoy, la principal amenaza para la seguridad ciudadana y el mayor desafío para las autoridades militares y de Policía. Su presencia se siente con fuerza desde Tumaco hasta La Guajira, pasando por la Orinoquía, el Bajo Cauca antioqueño y el Urabá chocoano; Córdoba, los Santanderes y otros 22 departamentos más.

En estas regiones se disputan a sangre y fuego el dominio sobre cuantiosas rentas ilegales. Su violencia es la máxima responsable de violaciones de derechos humanos en todo el país. En un muy probable escenario de postconflicto, las bandas criminales representan una seria amenaza para la construcción de una paz estable y duradera. Pero, ¿qué son las bandas criminales? ¿Un complejo fenómeno criminal que las autoridades aún no saben cómo enfrentar? ¿Está el país frente a una tercera generación de paramilitares? ¿Combatirlos con todo el poder de fuego del Ejército o negociar con ellos?

VerdadAbierta.com dialogó con académicos, políticos y funcionarios estatales para conocer sus apreciaciones sobre este fenómeno y esto fue lo que señalaron. Consulte las entregas anteriores de esta serie: El paramilitarismo en Colombia, ¿realmente se desmontó? y ¿Neoparamilitares o criminales?

paras1 1
VerdadAbierta.com: ¿Bandas criminales o neoparamilitares?

Jorge Calero: “La Defensoría no acogió en su momento el término bandas criminales, que fue la denominación que le dio la Fuerza Pública luego que emergieron con posterioridad a la desmovilización de las Auc. Estos grupos participan en las hostilidades, generan situaciones de vulneración a los derechos de las comunidades y que confrontan a la guerrilla y también a la Fuerza Pública. No son sólo bandas delincuenciales sino que tienen participación en el marco del conflicto armado aunque oficialmente no se le ha dado la calificación de grupo armado organizado.

El SAT de la Defensoría hizo una caracterización que mostraba cómo se vulneraban los derechos de las personas y cometían infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La Corte Constitucional ha reconocido la calidad de las víctimas. Esa discusión se dio en cuanto al rótulo y denominación. Lo importante es que estos grupos perpetran hechos de violencia que afectan los derechos. En ese sentido, el Estado debe combatirlos y prevenir afectaciones de derechos humanos de las poblaciones que están en riesgos”.

VA: ¿Qué tipo de amenaza representan estas bandas criminales, en especial los ‘gaitanistas’, en un eventual escenario de postconflicto?

JC: “Tenemos nuestras consideraciones sobre esos efectos pero no queremos hacer el análisis aún porque podemos incurrir en especulaciones y observaciones previas a lo que se pueda presentar, porque igual se debería hacer la misma pregunta respecto al Eln. Si el Eln no ingresa a un proceso de paz con el Gobierno, ¿qué pasa con esa guerrilla y los espacios que dejen las Farc? Lo mismo pasa con estos grupos armados ilegales ante una eventual desmovilización de Farc. Es un elemento de discusión y debate.

VA: ¿Qué es lo que más le preocupa a la Defensoría del Pueblo con respecto a estos grupos?
JC: “Lo que nos preocupa es la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en zonas urbanas y rurales, muchos municipios del país que están afectando los derechos fundamentales de los pobladores. Son generadores de hechos de violencia que están afectando a las comunidades y están causando un sinnúmero de hechos victimizantes que obligan a que el Estado también actúe tanto en la persecución a estos grupos como en la atención a las víctimas”.

VA: ¿Cuál es la situación de los ‘gaitanistas’ hoy por hoy?
JC: “En los dos últimos años ha tenido una expansión acelerada porque pasó de nacer en una zona de Antioquia como Urabá y ya está en más de 15 departamentos. Es una situación que evidencia la capacidad de expansión de este grupo. Tenemos reportes de que ya están llegando a Meta y posiblemente a Vichada. Es una situación de expansión bastante rápida y dinámica”.

paras1
VerdadAbierta: ¿Se desmontó el paramilitarismo con el proceso de Justicia y Paz?
Wilson Reyes: “En el caso de Valle del Cauca, que antes estuvo marcado por la existencia de grupos armados pertenecientes al narcotráfico, éstos se vieron reformados con mandos, con combatientes y con las prácticas militares y delincuenciales de los paramilitares. Los nuevos grupos que surgieron o se reforzaron con segmentos de las autodefensas del Bloque Calima, mutaron y coparon mayor número de prácticas delincuenciales y homogenizaron territorios”.

VA: ¿Qué tipo de dinámica se advierte con estos grupos en el Valle del Cauca?
WR: “Hemos visto que en el caos de Los Machos y Los Rastrojos, después de la desmovilización del Bloque Calima, entraron en disputa por Buenaventura. Primero ocurrió la disputa de Los Rastrojos o La Empresa con la guerrilla, y cuando la sacaron se dio la llegada de Los Urabeños. En este caso, se ve que esos antiguos grupos -Los Urabeños recogieron lo que quedaban de Los Machos y Los Rastrojos son fortalecidos con desmovilizados- aumentan todos los delitos: los homicidios, la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, el microtráfico, el sicariato”.

VA: A su juicio, ¿estos grupos son continuidad del paramilitarismo o estamos frente a un fenómeno criminal?
WR: “En su esencia siguen siendo paramilitares. Uno ve su comportamiento en el Bajo San Juan, que es zona rural, en disputa por el territorio con las Farc o en alianza con grupos ilegales, que los lleva a hacer pactos para manejar el negocio en conjunto. En esencia tienen comportamientos contrainsurgentes. Otro aprendizaje que utilizan de la guerra anterior es la cooptación de franquicias otorgadas a pandillas, grupos de sicarios y demás grupos ilegales en Valle del Cauca. Las franquicias fueron usadas por las antiguas autodefensas, son incorporadas por las bandas criminales, pero siguen comportándose como grupos paramilitares”.

VA: ¿Cómo pudiera definirse esa esencia paramilitar de las bacrim?
WR: “También son agentes de control social. La insurgencia no sólo es la gente armada, es todo aquel que de alguna manera esté revelado contra el Estado ocasionalmente o sea crítico de él. Aquí un líder popular del Distrito de Aguablanca que esté organizando a la gente y ofrezca niveles de resistencia frente a un poder hegemónico, es blanco de ellos (...) están rompiendo permanentemente todo lo que pueda existir de tejido social, de organización y de liderazgo comunitario. Allí se encuentra ese tipo de fenómeno paramilitar. Además, muchos de sus mandos son los mismos del pasado.

VA: ¿Cuáles son las regiones más afectadas por este rearme en el Valle del Cauca?
WR: “Fundamentalmente Buenaventura, pero un estudio de Indepaz ubica a 37 municipios con presencia de bandas criminales en Valle del Cauca. Son municipios con presencia de grupos post-Auc, ya sean Los Rastrojos o Los Urabeños, o grupos locales que se reclamen de ellos por las franquicias que les han dado o porque se hacen pasar por ellos”.

paras3

VerdadAbierta: Cuándo las Farc piden desde La Habana, Cuba, desmontar el paramilitarismo, ¿Qué debemos entender los colombianos al respecto?
Álvaro Villarraga: “Es diciente que se haya conformado una comisión extraordinaria, no prevista, que también se ha llamado subcomisión para el tema del paramilitarismo, porque muestra una realidad. Y es que, podemos aproximarnos a una conclusión: hubo un avance hacia la desestructuración del paramilitarismo, pero fue parcial e insuficiente. No se desintegró el total de las estructuras paramilitares de las Auc, aunque sí la mayoría. Pero se produjeron significativos procesos de rearme en prácticamente todas las regiones donde existieron estructuras paramilitares importantes.

VA: ¿Podemos hablar entonces de continuidad del paramilitarismo?
AV: “Bueno, estamos ante distintos matices frente a esta situación. Ya no es el mismo paramilitarismo de antes. Los territorios de control son menores. Ya no existen esos niveles de cooperación y permisividad entre fuerza pública, entes de control y estos grupos. De hecho, hay una intensa persecución contra estas estructuras. También se advierte un discurso más degradado. Hay una actitud más delincuencial sin que ello signifique que son simples redes delincuenciales.

Tienen controles de poder local e incluso, en algunas regiones, control regional. Hoy por hoy son el principal factor de violación a los derechos humanos y lo hemos comprobado con cifras. Atacan a defensores de derechos humanos, líderes de víctimas, reclamantes. Entonces, estamos ante una situación intermedia”.

VA: Pero ¿hablamos entonces de que aún hay intereses contrainsurgentes en la sociedad?
AV: “Pues hay elementos de doctrina, hay manuales del Ejército, hay costumbres y hay un tejido de alianzas que perviven. No nos podemos decir mentiras en este país: hay incursión en política y las pasadas elecciones mostraron, según diversos sectores, cómo se impusieron sectores comprometidos con pervivencias del fenómeno paramilitar”.

VA: ¿Qué hacer entonces frente al fenómeno bacrim en un escenario de postconflicto?
AV: “Yo creo que estamos frente a una oportunidad. El gobierno Santos ha implementado la estrategia D-6, que tiene unos resultados pero que se ha quedado insuficiente. Esto pone sobre la mesa la oportunidad de tratar en su dimensión el problema, porque se pueden ligar factores mayúsculos: economías ilegales, política construida con apoyo de la ilegalidad, mixturas entre lo legal y lo legal. El proceso de paz brinda las oportunidades para superar estas condiciones, porque si se quiere retornar a un estado de superación de violencia, tienen que ser medidas de fondo”.

paras4

VerdadAbierta: Han pasado cerca de diez años después de la desmovilización del último grupo paramilitar, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?
Iván Cepeda: “El problema del paramilitarismo ha tenido variaciones en estos años, pero no estamos ante una superación o desaparición de este fenómeno en la vida del país y en las regiones. Hay una gran discusión sobre si lo que el gobierno llama bandas criminales son estructuras paramilitares y, en efecto, hay informes que indican que, más allá de organizaciones criminales y del narcotráfico, en ciertos casos estamos ante el mismos modus operandi de las estructuras paramilitares.

Así que, difícilmente, se podría ignorar este hecho y hay algo que no se puede pasar por alto: en Colombia se sigue asesinando a defensores de derechos humanos, líderes sociales, campesinos, periodistas, en fin, en muchos de estos casos no se advierten que sean miembros del Estado o de las guerrillas y eso genera la pregunta: ¿quién está detrás? Y uno observa que sí, hay grupos que operan con esa lógica paramilitar. Bueno, súmele que tampoco se ha superado la paraeconomía y la parapolítica. En conclusión: el paramilitarismo no ha sido un fenómeno resuelto en Colombia”.

VA: ¿Cree que hay una reactivación del paramilitarismo en el país?
IC: “Bueno, los informes del Frente Amplio por la Paz señalan que por lo menos en cinco departamentos se ha comprobado la presencia de grupos armados, uniformados y que responden al mismo accionar que en el pasado tuvieron los grupos paramilitares. Ahora, no se puede olvidar que estamos frente a procesos de paz que han fracasado, en parte, porque los paramilitares crecieron y se convirtieron en un elemento de boicot frente a esos procesos. Por eso, no creo que se deba subestimar lo que pasa con estos grupos armados hoy día, en especial de cara a un eventual escenario de postconflicto”.

VA: Hay analistas y organizaciones que no catalogan el fenómeno bacrim como extensión del paramilitarismo, entre otras, porque aseguran ya no existe el nivel de cooperación entre fuerza pública-nuevos grupos, ¿cree que, efectivamente, se rompieron los vasos comunicantes entre agentes del Estado y estas expresiones de violencia?
IC: “Difícilmente se puede pensar en acciones de un impacto regional y una fuerte presencia regional de estos grupos sin unos niveles de connivencia; ahora, es válida la pregunta sobre si se trata de niveles de connivencia regional o una estrategia nacional. Yo creería que estamos más bien ante lo primero”.

VA: ¿Por qué cree que está tan arraigada la idea del paramilitarismo en el imaginario de la sociedad?
IC: “Yo creo que no se ha trazado una línea divisoria, un antes y un después, con respecto al fenómeno del paramilitarismo. Esa línea divisoria no fue (la Ley) Justicia y Paz, no fueron las desmovilizaciones, no fueron los juicios de la parapolítica. En Colombia todavía tenemos como fenómeno el que se utilicen las armas en política y no ha habido aún un hecho histórico, un hecho político que supere esta condición”.

paras5

VerdadAbierta: Han pasado cerca de diez años después de la desmovilización del último grupo paramilitar, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?
Eduardo Pizarro: “Yo creo que la tesis sobre el desmantelamiento de los grupos paramilitares es acertado. Yo caracterizo un grupo paramilitar como un grupo que tiene, además de las prácticas criminales, una vocación contrainsurgente, es decir, de combatir a los grupos guerrilleros o sus bases de apoyo social. Y por eso creo que el paramilitarismo terminó, en la medida en que este fenómeno era una mezcla confusa de actores criminales y acciones de control territorial con lógicas contrainsurgentes y hoy solo vemos acciones criminales. Por eso creo que las bacrim no son la prolongación del paramilitarismo sino que es un fenómeno de criminalidad organizada.

Ahora, esto no significa que estas bandas no puedan ser utilizadas por élites regionales para asesinar líderes sociales que están luchando por la restitución de tierras, por ejemplo; o líderes sociales que están luchando porque se condenen responsables de crímenes atroces. Repito: el fenómeno paramilitar contrainsurgente terminó, pero las acciones de represalias contra el movimiento social pueden continuar por parte de estos grupos”.

VA: ¿Cree que la sociedad está ‘paramilitarizada’; es decir, estamos en una sociedad proclive a la contrainsurgencia?
EP: “Yo creo que esa es una expresión puramente retórica. En el año 2002, poco antes de entrar en vigencia la Ley de Justicia y Paz, Colombia tenía poco más de 29 mil homicidios por año, un promedio de 79 homicidios por cada 100 mil habitantes. Era, de lejos, el país más violento de América Latina y probablemente uno de los más violentos del mundo. Hoy, tenemos un promedio de 4.000 homicidios, es decir, 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pasamos de ser el país más violento de la región a ocupar el puesto 10. Lo que hemos vivido en los últimos años es una ‘desparamilitarización’ de la sociedad y una disminución dramática de la tasa de homicidios que desmienten esa tal afirmación de la ‘paramilitarización de la sociedad”.

VA: Cuando las Farc piden que se desmonte el paramilitarismo, ¿a qué cree que se refieren?
EP: “Después de la desmovilización de las Auc, todos los 25 jefes del Estado Mayor de las Auc fueron encarcelados, 14 de ellos extraditados a los Estados Unidos y más del 90 por ciento de los militantes de base están en proceso de reincorporación a la vida civil. El gran fracaso de ese proceso fueron los mandos medios, que continuaron masivamente en la vida criminal. Para el año 2007 teníamos unas 27 organizaciones criminales, hoy quedan unas cuatro o cinco de alguna significación.

Ahora, muchas de estas bandas actuaron en concierto con frentes de las Farc y el Eln. En Nariño, por ejemplo, los vínculos con el Eln y las bandas criminales para el negocio del narcotráfico son evidentes; los vínculos, por ejemplo, entre el Frente V de las Farc y los Úsuga, que además, son primos de ‘Isaias Trujillo’, también son reconocidos. Entonces, hablar de paramilitarismo cuando habido pactos de convivencias pragmáticos en las regiones, me parece pura retórica de las Farc. Ahora, en lo que sí tienen toda la razón es las denuncias que han venido haciendo sobre grupos armados ilegales están atentando contra líderes sociales donde hay disputas por las tierras”.

paras6
VerdadAbierta: Después de la desmovilización de las AUC, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?
Jorge Giraldo: “Yo creo que a lo largo de la historia el paramilitarismo ha tenido diferentes configuraciones. Pero el paramilitarismo, tal y como lo conocimos entre los años 1994-2006, con esa naturaleza ofensiva, contrainsurgente, organizado desde el punto de vista militar, estratégico, jerárquico, creo que efectivamente desapareció con los procesos de desmovilización. Ahora, dicho esto, ello no significa que en Colombia no existan organizaciones armadas ilegales, sobre todo orientadas por la codicia, como en el caso de las bacrim, pero que claramente son fenómenos distintos al fenómeno paramilitar, sobre todo por carecer de ese componente contrainsurgente, ya que están más orientadas al negocio.

VA: En términos de la sociedad ¿también cree que se superó el paramilitarismo?
JG: “Pues diría que mientras en Colombia exista una cultura política que justifique el uso de la violencia, en cualquier momento es probable que emerjan grupos privados, conformados por personas de las regiones, que puedan tener, incluso, apoyos en sectores de la sociedad. Creo que ese es el ‘chip’ que la sociedad colombiana tiene que desactivar. El desarme es un elemento simbólico importante, necesario, pero mientras los espíritus estén armados siempre aparecerán recursos o dineros para entrar en el mercado de armas y para que se produzca el rearme de grupos privados. Ahora, esto en el plano de las ideas. Pero en el corto plazo, diría que se necesita tomar algunas acciones puntuales como fortalecer la fuerza pública, fortalecer el aparato de justicia, el copamiento del territorio por parte de las fuerzas del Estado para controlar estas expresiones.

VA: Para usted, ¿las bandas criminales son neoparamilitares o un fenómeno de crimen organizado?
JG: “Para mí es un fenómeno netamente de crimen organizado. Para empezar hay que establecer claramente una diferencia. Lo que pasó en el mundo en los últimos 20 años fue que los motivos políticos y las razones económicas se articularon muchísimo en este tipo de organizaciones armadas en todo el mundo. Pero uno tiene que utilizar algún criterio que le permita distinguir entre el criminal y el combatiente. Y yo creo que ese criterio es el objetivo político. En el caso paramilitar era muy claro cuál era su objetivo político, había una idea de país y, sobretodo, tenían muy definido su enemigo político.

En el caso de las bandas criminales, ¿cuál es su enemigo político? Informes de inteligencia y periodísticos muestran que en muchas regiones del país, las bandas criminales y la guerrilla trabajan juntos en negocios de narcotráfico. Digamos que hay casos extraños como el de ‘Megateo’, envestido con ese ropaje del Epl, pero en el fondo era claro que toda su orientación era dedicada al negocio. Pero en conclusión, bajo la mirada de la enemistad política, de los objetivos políticos, en las bandas criminales eso es muy difuso y creo que no se da el que tengan algún objetivo político”.

VA: Cuando las Farc piden que se desmonte el paramilitarismo, ¿a qué cree que se refieren?
JG: “Yo creo que esa preocupación que reapareció en la mesa en el último mes, obedece básicamente a una demanda de seguridad. El punto de ‘fin del conflicto’ tiene como subpunto a tratar el tema de la seguridad de los desmovilizados y yo creo que esa ‘agitación’ frente al tema del paramilitarismo tiene que ver más con la cuestión de la seguridad personal de los desmovilizados y los dirigentes. Me parece que es una preocupación muy razonable porque, pues hemos estado en un país con unos niveles de violencia altísimos; y segundo, porque, dicho en términos coloquiales, ellos tienen muchas culebras en todas las regiones del país. Hay que entender todas las cosas que han pasado en estos años. Por eso, me parece razonable la preocupación pero también creo que el Estado, obviamente, tendrá que garantizarle la seguridad de quienes se desmovilicen.

VA: ¿Cómo enfrentar un escenario de postconflicto en Colombia?
JG: “La experiencia internacional nos muestra que los postconflictos han sido violentos. No es si no ver el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador. Colombia tiene la desventaja de esa historia reciente de violencia generalizada. A diferencia del Perú, donde la violencia estuvo muy concentrada en la guerrilla, aquí la guerrilla ha sido uno entre ‘N’ actores generadores de violencia, empezando por el narcotráfico. Pero también tenemos una ventaja frente a otras naciones que han afrontado escenarios de postconflicto y es que tenemos un Estado más fuerte, unas fuerzas militares más robustecidas y eso balancearía un poco el asunto.

Pero si uno mira el grueso de los analistas y aún para los funcionarios que ya están pensando el tema de la implementación de los acuerdos, para todos es claro que el primer asunto es el tema de seguridad y justicia, por encima de cualquier cosa. Si te demoras ejecutando una obra como la construcción de una carretera, la electrificación de una vereda, la construcción de una escuela, en fin, eso seguramente no te va a amenazar el desarrollo de los acuerdos, pero si se falla en la estrategia de aseguramiento del territorio y de garantía de los bienes básicos de justicia y seguridad en los territorios, la cosa se puede complicar muchísimo. Porque hay rentas ilegales, hay dineros, hay intereses, hay aprendizajes criminales”.

Tomado de verdadabierta.com



proceso paz
La Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona hace público un comunicado que tiene como eje el “Anuario 2016 de Procesos de Paz”, que cuenta con la edición de Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de esta universidad y que será publicado en el primer trimestre del 2016.

En este comunicado se resalta el avance considerable del proceso de paz con las Farc y el gobierno colombiano, proceso que “podría considerarse como uno de los más completos y avanzados de todos los acuerdos de paz firmados en el mundo en las últimas décadas”.

Entre los puntos expuestos en el comunicado se encuentran, lo innovador de este proceso, la superación de las dificultades halladas en el camino, los altos al fuego hechos durante el proceso por ambas partes y los tiempos contemplados para la firma final.

Comunicado de prensa

Según el próximo “Anuario 2016 de Procesos de Paz”, el proceso con las FARC podría considerarse como uno de los más completos y avanzados de todos los acuerdos de paz firmados en el mundo en las últimas décadas.

Según un avance de las conclusiones del próximo “Anuario de Procesos de Paz”, editado por Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que verá la luz en el próximo mes de febrero, el proceso adelantado entre el Gobierno colombiano y las FARC puede considerarse como uno de los más avanzados e innovadores de todos los procesos de paz firmados hasta el presente en el mundo.

Esta conclusión se deriva del análisis de los puntos de la Agenda ya consensuados, y de las medidas complementarias de una y otra parte que se han desarrollado a lo largo de la negociación, a pesar de las múltiples e inevitables dificultades que comporta cualquier negociación en un proceso de paz, con una agenda substantiva y un compromiso particular en el tema de justicia y víctimas, algo que raramente aparece desarrollado en los procesos de paz, en los que prima la simple amnistía para todos los actores.

El Anuario recoge, entre otras medidas logradas en el 2015, que, en dos ocasiones, las FARC declararon un alto el fuego bilateral. El Gobierno, por su parte, dio la orden de suspender los bombardeos contra los campamentos de las FARC, de forma temporal, también en dos ocasiones. Se logró un acuerdo para el desminado, y las dos delegaciones hicieron público que habían alcanzado un acuerdo para poner en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. El 23 de septiembre, el presidente Santos y el líder de las FARC, “Timochenko”, se encontraron en La Habana para hacer público el acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, por el que se decidió crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. El Acuerdo incluía un compromiso para esclarecer el problema de las personas desaparecidas. El 15 de diciembre, se hizo público el contenido íntegro de dicho Acuerdo, cuyas líneas generales ya fueron avanzadas en septiembre. El presidente y “Timochenko” se comprometieron, además, a finalizar las negociaciones antes del 23 de marzo de 2016.

Para el autor del Anuario, lo más probable es que el Acuerdo Final se firme más tarde, a finales de 2016, dada la complejidad de los temas pendientes: la dejación de armas y la implementación del acuerdo, por lo que recomienda no sacralizar la fecha final del 23 de marzo y conceder algunos meses más de plazo para terminar las negociaciones. También aconseja acelerar la liberación de los 30 presos de las FARC a que se comprometió el Gobierno, y que constituirá una importante medida de confianza de cara a la próxima ronda negociadora. El director de la Escuela de Cultura de Paz considera que el Acuerdo que se logre finalmente con las FARC puede pasar a la Historia como uno de los textos más completos, con una metodología innovadora y una gran capacidad de superar los obstáculos e imprevistos, lo cual implica un serio compromiso de las dos delegaciones para lograr un acuerdo que sirva para sentar las bases de una Colombia más democrática, más justa y más participativa. Para Fisas, este acuerdo será estudiado con sumo interés en el futuro, y servirá como referencia para próximos acuerdos de paz que se negocien en el mundo.

Corporacion Nuevo Arco Iris


El Gobierno liquidará y suprimirá el Incoder por ineficaz, y creará dos nuevas instituciones en su reemplazo. ¿Por qué dicha transformación ha sido tan silenciosa?

liquidacion incoder 1Los indígenas de la Mesa Permanente de Concertación están indignados. Desde que el Ministerio de Agricultura anunció en marzo la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) por ineficaz, los indígenas le exigen al Gobierno que los haga partícipes de los decretos que darán vida a la nueva institucionalidad. Esto porque consideran que después de tantos años de esperar el reconocimiento de sus territorios colectivos saben cuáles son los ‘cuellos de botella’ que no deben repetirse.

Sin embargo, fue sólo hasta la noche del pasado jueves 3 de diciembre que el Gobierno les entregó un borrador preliminar del decreto que dará vía libre a la nueva Autoridad Nacional de Tierras (ANT). Esto sucedió prácticamente ad portas de que el Ministerio de Agricultura firme este y otro decreto que creará una segunda institución llamada Agencia Nacional de Desarrollo Rural. Varios funcionarios del alto gobierno aseguran que los decretos quedarán firmados entre este lunes o martes 8 de diciembre, ya que el mismo Presidente hizo pública la decisión hace solo unos días.

La preocupación de los indígenas no se limita únicamente a que no concertaron con ellos. Es el trasfondo de qué y para qué están hechas estas instituciones. El por qué manejan con tanto sigilo los decretos puede estar asociado a que la ANT y la Agencia están pensadas como las directoras de una ‘orquesta’ de instrumentos que el Gobierno ha ido aprobando de a poco y que a juicio de varias organizaciones sociales, permitirá “la legalización de la acumulación de tierras”. Es decir, tierras que les pertenecían, les fueron arrebatadas durante el conflicto armado y terminaron compradas y explotadas por agroindustrias nacionales y extranjeras.

VerdadAbierta.com conoció un borrador preliminar del decreto que creará la ANT y el artículo 2 indica que la Autoridad podrá “designar unidades de proyectos especiales en áreas delimitadas, conforme a las necesidades y características de los territorios”. La insistencia de la palabra “proyectos especiales” en varios apartes parece referirse a las cuestionadas Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural), que el Gobierno busca aprobar con el Proyecto de Ley 223. Este proyecto fue aprobado en tercer debate en la Comisión Quinta del Senado y solo está pendiente de plenaria para su sanción presidencial.

Según la propuesta del Gobierno, las Zidres se realizarán en regiones avaladas por el Ministerio de Agricultura para que empresarios en alianza con campesinos desarrollen proyectos económicos en áreas aisladas, con baja densidad poblacional y que presenten altos índices de pobreza. La propuesta parece positiva, de no ser porque las mismas comunidades indígenas, campesinas y negras, y varios académicos advierten que éstas en realidad son una fórmula para “legalizar” la acumulación de tierras de origen baldío, que son propiedad de la Nación, favoreciendo a la agroindustria.

Las Zidres rompen con la figura de Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es la porción de tierra de origen baldío que el Estado determina –según la productividad de cada región- puede titular a una familia campesina sin tierra. La Ley Agraria prohíbe acumular UAF; el proyecto Zidres sí lo permite. Y para la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuaria esto último atenta contra la distribución equitativa de la propiedad rural y por tanto, va en contra de la Constitución Política.

El representante Inti Asprilla, del partido Alianza Verde, y los investigadores Rocío del Pilar Peña Huertas y Luis Enrique Ruiz, investigadores del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de la Propiedad Agraria, han advertido en varias ocasiones que el Proyecto de Ley tiene vicios de constitucionalidad, sobre todo porque contempla que las zonas seleccionadas por el Ministerio para impulsar las Zidres serán de utilidad pública e interés social, es decir, pueden expropiarse judicialmente.

Por eso es que las comunidades indígenas están indignadas. Porque el Incoder ni siquiera tiene un censo completo de los predios baldíos, porque no tiene un archivo consolidado de los títulos coloniales, porque no ha resuelto en años la titulación colectiva y porque una de las regiones proyectadas para consolidar Zidres es la Orinoquía. Y es precisamente en los departamentos de Meta, Casanare, Guaviare, Vichada y Arauca donde están confinadas las comunidades étnicas y donde paralalemente hay varias agroindustrias que acumularon UAF.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios insistió en que el Proyecto 223 no podía seguir su curso en el Congreso mientras no se aplicara la consulta previa con las comunidades indígenas, pues es precisamente en Meta y Vichada “donde las comunidades indígenas se han visto afectadas por la pérdida de sus territorios ancestrales”. Aunque el Proyecto siguió el trámite, de momento los indígenas confían en que la Corte Constitucional les dé la razón. El Alto Tribunal aceptó revisar la tutela interpuesta por la Organización Indígena de Colombia (Onic) y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), coadyuvada por el representante Inti Asprilla.

Las ‘locomotoras’ del crecimiento económico
Otro de los instrumentos que tiene preocupados a los indígenas son los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) y las Áreas Estratégicas Mineras (AEM). Los Pines destinan vastos territorios para el impulso de la minería, hidrocarburos, energía e infraestructura. La Agencia Nacional Mineral expidió cuatro resoluciones en las que determinó AEM en 22 departamentos, proyectando 516 bloques mineros sobre 20 millones de hectáreas.

Algunos de los Pines y de las AEM se localizan en territorios habitados por indígenas y afros sobre los que solicitan titulación, ampliación, saneamiento, deslinde y clarificación. Esta es la razón por la que las medidas para la protección de territorios colectivos étnicos deban pasar previamente a su presentación ante los jueces, por el equipo llamado Amei (Asuntos Ambientales, Minero Energéticos e Infraestructura) en la Unidad de Restitución

Lo mismo sucede con las demandas de restitución de campesinos desplazados en tierras en las que se han declarado los Pines. En estos casos conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, los Pine son “una imposibilidad jurídica para la restitución”, y por lo tanto las tierras de las que fueron despojados y que se destinan a la minería, los hidrocarburos o proyectos de infraestructura de multinacionales y nacionales se les “compensará” con otra de igual condiciones en otro lugar.

En un comunicado del 10 de noviembre de 2010, la Organización Nacional Indígena de Colombia dijo que con la Ley de Víctimas hay un reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades étnicas, pero consideran que el proceso ha sido lento. “De los 129 casos focalizados susceptibles de restitución, la Unidad ha presentado en 4 años sólo 3 medidas cautelares, 5 demandas, de las cuales se ha logrado un fallo en el mes de septiembre de 2014 para el caso del Alto Andágueda”.

Sobre este último caso, la Onic explica que no existen avances en el cumplimiento de las órdenes dictadas por los magistrados a distintas instituciones del Estado, un descontento que la comunidad expresó en el documental Promesas incumplidas. Si el Incoder hubiera actuado con celeridad en la identificación y titulación de resguardos, por ejemplo, los procesos de documentación con que se sustentan las demandas de restitución serían también ágiles.

El temor de las comunidades indígenas es que las dos nuevas instituciones, tanto la Autoridad Nacional de Tierras como la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, no trabajen en función de campesinos, indígenas y afrosdescendientes sino de las Pines, ya creadas, y de las Zidres, que el Gobierno espera aprobar el 16 de diciembre.

Lo que sucede en materia de desarrollo rural termina siendo una contradicción del gobierno Santos: el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien fue el acérrimo defensor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, es quien actúa como Ministro de Agricutura ‘ad hoc’ para radicar y defender a capa y espada el proyecto de las Zidres. Cristo funge como ‘ad hoc’ porque el ministro de agricultura, Aurelio Iragorri, está impedido por conflicto de intereses, ya que su familia presuntamente está involucrada en un caso de acaparamiento de predios de origen baldío, en el municipio de La Primavera, en Vichada, según lo denunció en 2013 durante un debate de la Comisión V de Cámara, el entonces congresista, Wilson Arias.

Autocrítica, trampas y propuestas
En un documento en que el Gobierno supuestamente ‘responde’ a la preocupación de la Onic, el Ministerio de Agricultura reconoce que aunque el Incoder es la institución encargada de ejecutar la política en temas de ordenamiento social de la propiedad, fracasó porque ignoró la heterogeneidad del territorio, “nació como una institución no especializada, sin recursos, débil y sin capacidad de respuesta” a las reclamaciones sobre la redistribución de la propiedad.

Lo anterior fue producto de comprimir en una sola institución cuatro temas: tierras, desarrollo rural, pesca y acuicultura, y adecuación de tierras, implicando un recorte de personal de manera que de 2 mil 241 empleados que había en 2003 se pasó en la actualidad a 744 personas. En la práctica, una gran parte de las labores fueron delegadas a una planta de contratistas que rotan con alta frecuencia, que no haya una continuación en los procesos y que las decisiones sean susceptibles de demandas.

Bajo la autocrítica del Ministerio, los directores territoriales atienden más a intereses políticos regionales que a los de las comunidades. “Mientras persistan las intervenciones dispersas, desarticuladas, por demanda y con retrasos tan considerables, nunca podrá ser exitosa la política de ordenamiento social de la propiedad”, reconoce el Ministerio, pero en el documento no explica con claridad cómo funcionará la nueva Autoridad de Tierras; sólo se limita a responderles a los indígenas que no tienen de qué preocuparse

La Onic le respondió al Ministerio sosteniendo que dicho documento es una “perversa forma de negociación e irrespeto al conocimiento de los pueblos indígenas” pues no explica la minucia de los decretos ni el organigrama de las nuevas instituciones. La organización indígena insiste en que la institucionalidad debe corregir varias “trampas históricas”, pues de no ser así “se estaría confirmando que el gobierno nacional sigue actuando de mala fe... llegar a última hora con este documento... ya nos da una idea de a dónde va esto”.
Entre las “trampas”, la Onic explicó que el servicio de topografía del Incoder sólo actúa con celeridad cuando se trata de atender los intereses de sociedades afiliadas a la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Por eso, proponen la creación de un Sistema de Información Geográfico para Asuntos Étnicos. Se refirieron a la “trampa jurídica”, a la ausencia de abogados especializados en temas indígenas que permitan asesorar los temas étnicos, proponiendo entonces crear una Oficina Asesora de Grupos Étnicos con representación de dos abogados indígenas y dos afrodescendientes.
También advirtieron sobre el problema del clientelismo, pues a su juicio el “Incoder es un fortín de los partidos políticos, en el que la constante rotación de personal impide que haya avances en los procesos. Proponen entonces la contratación de antropólogos, abogados e ingenieros agrónomos, con unos tiempos claros de contratación para que se puedan culminar los estudios socioecómicos, clave en los trámites de reconocimiento y titulación de los territorios.

Otras dos “trampas” se la atribuyen a la composición desequilibrada del Consejo Directivo del Incoder y a la falta de procesos de veeduría. La Onic plantea que la representación de las comunidades debe ser equivalente en número a los integrantes del gobierno y de organizaciones como la SAC, que a su criterio terminan tomando las decisiones dentro del Instituto. También exigen un “escenario para rendimiento de cuentas claras”, pues al no haber control los dineros de la inversión en temas étnicos terminan desviados.

Si las nuevas instituciones de desarrollo rural no tienen en cuenta las propuestas o las advertencias que hacen las comunidades, podría repetirse la historia del Incoder, que nació fracasado según lo reconoce el mismo Gobierno y La Procuraduría. Este organismo concluyó que el Incoder contribuyó “a acrecentar los fenómenos de despojo y concentración de tierras”, con adjudicaciones de territorios colectivos a terceros no indígenas y afros; revocatorias y readjudicaciones de predios de desplazados que terminaron en poder de empresas agroindustriales y forestales, y no a la recuperación de baldíos acumulados de formar irregular, en todo el país y, especialmente, en la Altillanura

Para el debate queda abierta la pregunta de por qué el Gobierno insiste primero en implementar las Zidres y Pines, sin saber primero, por ejemplo, cuántos baldíos (tierras de la Nación) hay disponibles y sin resolver además todas las reclamaciones históricas de comunidades en formalización de predios y recocimiento de territorios. Para la nueva institucionalidad será un reto desarrollar el llamado “barrido predial” y “catastro multipropósito”, es decir, revisar predio a predio en cada rincón del país con un equipo de profesional interdisciplinar y elaborar en conjunto un solo catastro que permita tener claro el mapa de las tierras en Colombia.

A tan pocas horas de liquidación del Instituto, preocupa que se replique también la historia de los expedientes. En 2003, cuando se suprimió el Incora y nació el Incoder, la Procuraduría Agraria denunció que varios funcionarios extraviaron los expedientes originales. En Norte de Santander y en Cesar, por ejemplo, los quemaron. Igual sucedió en el paso Incoder-Unidad Nacional de Tierras -Incoder. Queda la pregunta si la cura puede ser peor que la enfermedad.

Por verdadabierta.com


afros del naya
La histórica entrega coincidió con el homenaje a las mujeres de la región liderado por el Ministerio de Agricultura e Incoder, y financiado por la Unión Europea y ONU mujeres.

Día 1. Las mujeres

19/12/2015. Las veo llegar. Vienen del río y del monte. Ya no son las que fueron cuando sus padres y sus maridos y sus hijos huyeron de las veredas para escapar de los agobios de la guerra. Ya no son las mismas que enterraron , entre alabaos y lágrimas de rabia, a los suyos muertos por las balas y los machetes. Son distintas, porque a pesar de que nunca han dejado de ser mujeres, campesinas y negras, ahora ya no se ven a sí mismas como las víctimas inmóviles de la violencia, del desamparo estatal, de la discriminación, del maltrato de sus propios hombres y de los ajenos. Hoy, cuando se miran al espejo, saben que existe en ellas un poder que surge del orgullo , de la sabiduría y de su capacidad para no olvidar. Las veo llegar, con sus sonrisas blancas y las uñas pintadas de colores, y sé que asisten a este encuentro para ver y para escuchar, pero también para que las veamos así, hermosas y negras y campesinas y mujeres que son dueñas, al fin, de su destino.

Son cientos de ellas, casi mil, que llegaron de los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca para asistir a “Cultivando saberes, hilando culturas, tejiendo paz”, un homenaje a la mujer rural afrodescendiente. El Bulevar de Buenaventura, un espacio cercado por hoteles, es el lugar elegido para que las visitantes escuchen las conversaciones que sostendrán las consultoras internacionales del Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, liderado por el Ministerio de Agricultura e Incoder y financiado por la Unión Europea y ONU mujeres.

Heriberta Angulo Caicedo se sienta en la silla de plástico, justo antes de la lluvia, y no mueve ni un músculo mientras transcurre la charla en la que participan Susana Baca, María Lool y Altagracia García, las tres invitadas que comparten opiniones, como si estuvieran en la sala de sus casas en Lima, Ciudad de Guatemala o Santo Domingo, acerca de experiencias exitosas de organizaciones de mujeres en América Latina, desde la cultura, el desarrollo sostenible y el ejercicio de derechos de género. Heriberta está atenta porque sabe que cualquier dato será útil para que el trabajo comunitario que lidera en el río Napi, en Cauca, sea cada vez mejor, más organizada la siembra del arroz, más productiva la de maíz, más eficiente la panadería en hornos de barro y más viable el proyecto de gallinas ponederas. El gesto impasible de esta negra caucana, joven y enjuta, contrasta con las carcajadas de algunas de las asistentes al evento; quizás lo que sus ojos han visto desde que era una niña en este territorio emblemático de todos los conflictos colombianos, no permita que vuelva a reír; tal vez la risa no regrese a su rostro jamás, ni siquiera cuando las gallinas, en las que piensa todas las noches antes de dormir al lado del río de sus mayores, comiencen a poner los huevos más grandes del mundo.

Día 2. El título esperado
Rodrigo Castillo está a punto de llorar. Tiene el puño en alto mientras sostiene en la otra mano el título colectivo que le acaba de entregar uno de los funcionarios de Incoder. Rodrigo sabe que el documento, firmado por los representantes del Estado, no es un regalo del Gobierno a las 52 comunidades representadas en el Consejo Comunitario del río Naya, que él lidera; 3.780 familias campesinas; 18.570 hombres, mujeres y niños que habitan desde hace más de 300 años este territorio que se extiende desde Buenaventura, en Valle, hasta Micay, en Cauca. Se trata en todo caso de un tardío reconocimiento jurídico a estos descendientes de esclavos que han vivido, trabajado y sufrido en esas tierras por tres siglos; una formalidad, una herramienta para actuar como grupo, para que los demás entiendan que ellos son los dueños legítimos del que ha sido su territorio desde siempre.

Rodrigo Castilllo les habla a sus compañeros, presos por la euforia. Les recuerda que hoy es el día de la justicia, les pide agradecer a quienes los ayudaron a terminar con éxito este proceso de tantos años, los incita a la sensatez y al trabajo duro; también les habla de la masacre, de los 200 amigos y familiares muertos y torturados en 2001, cuando la sombra atroz de la violencia intentó apoderarse de su dignidad y expulsarlos de nuevo hacia la incertidumbre; les dice que no olviden quiénes han sido ni cómo llegaron sus mayores al Pacífico de Colombia, apiñados en barcos de miseria, despojados, humillados; pero también los invita a no quedarse en el pasado, a no contentarse con ser las víctimas eternas que, aún después de ser libres, siguieron padeciendo los coletazos de la discriminación.

Las 177.817 hectáreas tituladas a las comunidades afro del río Naya son un ejemplo de que la organización, la persistencia y la conciencia de los derechos propios, son herramientas eficaces para vencer la adversidad enquistada, a fuerza de costumbre, en las vidas de quienes han decidido no ser más los amilanados de este país. Por eso están felices y suben a la tarima del Bulevar de Buenaventura y se abrazan y ríen y se retratan para perpetuar este momento soñado desde los tiempos felices de África. Saben que el territorio no sólo es un río, ni un puñado de veredas, ni el lugar de la siembra, ni el mineral que arañan de las bateas, ni el pescado apilado en las canoas; es mucho más que el título que se rotan como un trofeo esta tarde lluviosa de noviembre; saben que el territorio está en el alma.

Epílogo. Chirimía
Terminan al atardecer los eventos que aglutinaron a las mujeres del Pacífico y a la comunidad del río Naya. Fueron dos días de felicidades y de intercambios de ideas y de testimonios de vida y de esperanza. Ahora bailan juntos al ritmo de la chirimía. Heriberta Angulo ha dejado por un momento la seriedad de su semblante y demuestra que no ha perdido del todo la sonrisa. Rodrigo Castillo llora por fin un par de lágrimas de felicidad y de orgullo. Los veo bailar y abrazarse con sus amigos en esta fiesta en la que celebran su oportunidad de ser felices, de encaminarse hacia un futuro de paz en esta bendita tierra que ha sido suya y será la de sus descendientes para siempre. Son los hombres y las mujeres de Colombia, reunidos para decirle al mundo que están vivos y que esta es su tierra.

Bailan mientras llueve en Buenaventura. Bailan los negros y las negras y yo bailo con ellos.

elespectador.com
Por Jorge Muñoz Cepeda






Una reciente investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reconstruye cómo fue la violencia contra los periodistas en los últimos 38 años. Los comunicadores han sido víctimas de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y agentes corruptos del Estado, quienes por medio de amenazas y de balas, intentaron silenciarlos.

mordaza periodismo 1La labor de informar sobre el conflicto armado, denunciar hechos de corrupción y alertar sobre el peligro de diferentes mafias, han puesto en la mira de los violentos a cientos de periodistas. Entre diciembre de 1977 y agosto de 2015 fueron asesinados 152 por las labores que realizaban con motivo de su oficio; otro buen número recibió amenazas de muerte y varios se exiliaron.
La primera víctima de la que se tiene conocimiento es Carlos Ramírez París, director de Radio Guaymaral, quien fue asesinado el 11 de diciembre de 1977 en el puente Calderón de Cúcuta, por dos policías a golpes. Ese debut también marcó una característica que de allí en adelante acompañaría a los demás asesinatos de periodistas: la impunidad, pues meses después los uniformados fueron dejados en libertad.

A partir de este crimen, el CNMH siguió el rastro de cada una de las agresiones sufrida por los periodistas e hizo una detallada radiografía sobre la violencia de la que fueron víctimas, la cual es publicada este miércoles bajo el nombre de La palabra y el silencio: La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015). El informe hace un recorrido cronológico por cada una de esas cinco décadas, tipifica los hechos de violencia, caracteriza a los verdugos, le hace seguimiento a los procesos judiciales y plantea una vía de reparación colectiva con énfasis comunicativo, para subsanar el daño causado a las comunidades que se quedaron sin voz y al gremio de comunicadores.

portada informe periodistasEn diálogo con VerdadAberta.com, Germán Rey, coordinador de esta investigación que duró alrededor de año y medio, explicó que la decisión de documentar este tema nació por la importancia que tiene la libertad de prensa para la democracia. Además, indicó que el estudio de este caso “demuestra que la violencia se ha exacerbado en múltiples zonas del país y que la han sufrido personas indefensas que han estado muy cerca a los núcleos del conflicto”, y resaltó la gravedad de atentar contra los comunicadores, porque estos delitos “tienen un daño de acción que poco a poco se va agrandando en las comunidades, y muchas veces terminan acabando con el único medio de comunicación de una región y con la posibilidad de que la gente se informe libremente”.
Además de los asesinatos, durante el conflicto armado también se han dado exilios, amedrentamiento, interferencias en el oficio, estigmatizaciones y autocensura que, según el informe, han “tenido repercusiones directas no solo en el campo del periodismo sino en la vida democrática de la nación” y “le han hecho un daño inmenso a la producción y circulación de la información en el ámbito público y al desarrollo de la convivencia y la vida social”.

Como si lo anterior fuera poco, la respuesta de las autoridades judiciales ha sido casi nula. Sólo en cuatro de los 152 asesinatos han sido identificados y procesados los autores materiales e intelectuales; el 48 por ciento de los casos ya prescribieron y nadie responderá por ellos; y la otra mitad se encuentra en diferentes estados procesales pero con pocas esperanzas de que prosperen. Para el investigador Rey, la impunidad se debe en parte a los cuidados de los victimarios para no dejar rastros, pero cuestiona el papel del sistema judicial, porque “en muchas circunstancias ni siquiera se llevaron a cabo las investigaciones preliminares y el manto del olvido estaba garantizado per se por el propio sistema. El mensaje que se estaba dando finalmente era: maten periodistas que no le pasa nada a nadie”.


mordaza periodismo 22
En sus 400 páginas, el informe establece cuatro periodos de victimización contra los periodistas, cada uno enmarcado en las lógicas y los intereses de los verdugos.

La preparación de la violencia (1977-1985)
En estos ocho años fueron asesinados 18 periodistas que pertenecían a pequeños medios de comunicación. Según el informe, “la violencia proviene fundamentalmente de la corrupción política y de iniciales arremetidas del narcotráfico que en el siguiente periodo se acrecentarán notablemente; se presenta un asesinato asociado con la guerrilla del EPL”.

Destaca que esa época estuvo marcada por el enfoque de la guerra fría, la lucha anticomunista y la necesidad de medidas de seguridad nacional. “En este contexto la información, y concretamente las tareas del periodismo, se empieza a colocar en el centro de las preocupaciones de ciertos sectores del Estado colombiano, en particular del gobierno, las fuerzas militares y los organismos de seguridad”, indica.

Además de los asesinatos, ocurrieron dos atentados con explosivos. El 11 de noviembre de 1975 explotó una bomba de mediano poder en la sede de la revista Alternativa en Bogotá; días después otra fue activada en la casa del periodista Enrique Santos Calderón, quien para ese entonces era directivo de dicha revista.

El ascenso de la violencia narcotraficante (1986-1995)
Durante este tiempo fueron asesinados 62 periodistas. La razón de ese drástico aumento está relacionada con dos factores: el narcotráfico y el auge del paramilitarismo, que en diferentes momentos han ido de la mano en el conflicto armado.

Con relación al narcotráfico, se dieron ataques contra líderes de opinión que en sus columnas abogaban por la extradición hacia Estados Unidos y exponían el auge de este negocio ilegal. En este escenario se dio la arremetida del Cartel de Medellín, que en cabeza de Pablo Escobar Gaviria, atacó especialmente al diario El Espectador: primero con el asesinato de su director, Guillermo Cano, el 17 de diciembre de 1986; y posteriormente con la bomba a la sede del diario en Bogotá, el 2 de septiembre de 1989.

Al respecto, el informe indica que esta violencia tenía varios objetivos: “por una parte, doblegar a los medios de comunicación para que se pusieran del lado de la no extradición; pero, por otra, bloquear toda posibilidad de referencia al narcotráfico como la empresa criminal que ya era, a su impacto desastroso en el país, al señalamiento de sus cabecillas y sobre todo a la espesa red de conexiones que empezaban a construir con autoridades, políticos, bandas delincuenciales e integrantes del propio Estado”.

Por otro lado, el cubrimiento sobre la violencia paramilitar que se empezaba a incubar en el país, también fue causa de asesinatos de periodistas. Entre las primeras víctimas se encuentran Oswaldo Regino Pérez, periodista de El Universal de Cartagena, quien presuntamente fue asesinado el 11 de noviembre de 1988, por su cobertura de las masacres de La Mejor Esquina y El Tomate; y Luis Daniel Vera, asesinado el 11 de abril de 1989, quien cubría en Radio Metropolitana de Bucaramanga los crímenes de la banda de Los Masetos.

Además, en los últimos años de este periodo “arreciaron las acciones violentas contra periodistas por parte de las guerrillas”, y a diferencia de los primeros años en los que los narcotraficantes golpearon a grandes medios de comunicación para generar terror y presionar al Estado, la mayor cantidad de víctimas pertenecían a medios locales y regionales.

mordaza periodismo 43

Actores armados ilegales, conflicto y violencia contra periodistas (1996-2005)
En estos diez años fueron asesinados 58 periodistas -la mayoría de radios locales-, aunque la violencia producto del narcotráfico mermó, las acciones de paramilitares y guerrilleras aumentaron. Durante ese periodo se dio la creación de las Autodefensas Unidades de Colombia (Auc) y los grupos paramilitares se expandieron por casi todos los rincones del país a punta de masacres y asesinatos selectivos.

Los periodistas vinculados a pequeños medios de comunicación recibieron el azote paramilitar porque “su expansión guerrera se concentraba en las regiones en las que existían pequeños proyectos periodísticos, con su tarea informativa expuesta y a la luz pública” y resalta que en sus ataques “hay una intención explícita de silenciar a quienes habían construido a través del periodismo unos lazos de confianza y credibilidad con las poblaciones de proximidad y generar el terror entre sus colegas de oficio y en las comunidades de cercanía”.

La guerrilla también golpeó a la prensa. Según cifras acopiadas en la investigación, entre 1997 y 1998 fueron secuestrados 24 periodistas; en 2002 se registraron 112 agresiones, entre amenazas (75), secuestros (12) y atentados (10); en 2004 ocurrieron 11 secuestros, siete de ellos en Arauca, de los cuales dos fueron autoría del Eln y los restantes de las Farc. Sobre el secuestro, indica que “fue un mecanismo particularmente usado por la guerrilla y los grupos paramilitares para aleccionar a periodistas con el propósito de reorientar la cobertura informativa de acuerdo a sus intereses, esto es publicitar los hechos con una mirada sesgada”.

Producto de estas acciones y de la rampante impunidad, en este periodo se empezó a instalar la autocensura. “De esta manera los perpetradores van logrando resultados con su estrategia de miedo. La agenda se restringe, algunos temas salen del debate público, se aumentan las estrategias de cuidado frente a la acción de los violentos y se entroniza una atmósfera de “calma chicha” en la que todos saben lo que sucede pero no existen condiciones para decirlo. El silencio empieza a vencer a la palabra”, señala.

Descensos y ascensos en la violencia contra periodistas (2006-2015)
Este periodo es de claroscuros. Los homicidios se redujeron con relación a los dos periodos anteriores (ocurrieron 14 hasta agosto de este año) y el país salió de la lista negra con más periodistas asesinados, pero aumentó la autocensura y se dieron otros tipos de agresiones que afectaron la libertad de prensa.

El informe contempla que la desmovilización de las Auc entre 2003 y 2006, y la creación de organizaciones de defensa de los derechos de los periodistas y el apoyo de ONG internacionales, contribuyeron a la disminución de los asesinatos. Las víctimas pertenecían al periodismo local y regional, laborando en pequeños medios de comunicación.

Sin embargo, la autocensura y las agresiones fueron en aumento. Con preocupación, el informe cita varios episodios en los que el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, realiza duros cuestionamientos contra periodistas y activistas de derechos humanos que derivaron en amenazas. “Como lo ocurrido a Gonzalo Guillén, a quien el primer mandatario de la nación señaló por “[dedicar] una carrera periodística a la infamia y la mentira”; o la calificación de “mentiroso” y “miserable” que dio a Daniel Coronell. Estas acusaciones públicas solían tener como consecuencia el aumento de las amenazas a los periodistas señalados”, indica.

Las motivaciones de los verdugos
Periodistas entrevistando a guerrillero de las Farc, tras un atentado al casco urbano de Toribío, Cauca, en 2012. Foto: archivo Semana.

El informe también analiza el accionar de los victimarios y da luces sobre por qué arremetieron contra la prensa.
Sobre el narcotráfico, considera que vio en el periodismo un poder y un enemigo potencial. “Esta doble tensión la explicaba el hecho de que, como organización criminal, la visibilidad de sus delitos los ponía en un peligro inmediato; y como grupo de militancia necesitaban de los medios de comunicación y el periodismo para difundir sus exigencias y puntos de vista, especialmente sobre la no extradición”, precisa, y agrega que “no parece que ningún otro grupo victimario haya sentido, de manera tan aguda, el peligro que significaban los editoriales y las opiniones de páginas editoriales de los periódicos”.

En cuanto a los paramilitares, identifica que su violencia estuvo encamina a una estrategia de control. Con sus acciones contra la prensa buscaban infundir temor en las comunidades, pretendían establecer control ideológico, controlaban el acceso para el cubrimiento en los territorios y controlaban qué temas se publicaban. Además, señala que, “a diferencia de las acciones de los grupos narcotraficantes -magnicidios y atentados contra periódicos y emisoras de radio con repercusión en la opinión pública- que buscaban una visibilidad pública de su poder, de sus intenciones y propósitos, los grupos paramilitares actuaban de manera más sigilosa pero contundente, amenazando y desplazando a periodistas y, sobre todo, generando miedo a través de prácticas concretas de amedrentamiento”.

Respecto a las guerrillas, establece que tienen una visión de la comunicación más ideologizada que la de narcotraficantes y paramilitares; que cometieron menos asesinatos, pero que agredieron a periodistas con secuestros, obstrucciones al oficio, estigmatización y amenazas. “Según la guerrilla, la “gran prensa” (una adjetivación que utiliza frecuentemente) forma parte de los grupos hegemónicos del país y utiliza la información para apuntalar sus propios intereses de dominación. De otro lado, se considera a la información como un instrumento estratégico de la guerra, como una ayuda o traba para la realización de su actividad en contextos y momentos históricos particulares”, señala al respecto.

Por último, también considera la violencia por parte de agentes del Estado, ya sean miembros de la Fuerza Pública o funcionarios electos por voto popular, las cuales están relacionadas con las denuncias por corrupción.

Ésta última, ha sido el común denominador de la violencia ejercida contra periodistas. “Ha existido un comportamiento que atraviesa todos los momentos del conflicto interno colombiano y une a todos los actores en su proceder violento contra medios y periodistas: la corrupción. Ya sea porque los actores han infiltrado a importantes instituciones del estado nacional, regional y local o sea porque el desencadenante de la violencia contra periodistas es su denuncia de actos de corrupción. A tal punto que, en los últimos años, los promotores fundamentales de esta violencia provienen de la conjunción de la corrupción y las bandas delincuenciales”, concluye el informe.

Por verdadabierta.com




Página 8 de 18

© 2014 Enlace Regional. Todos los Derechos Reservados.
Powered by: