minas 1Este departamento es uno de los más afectados por las minas antipersonal y la munición que queda sin explotar tras los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública. Voceros de las comunidades piden que se inicie con un desminado urgente, especialmente en 22 escuelas en las que es evidente el riesgo para los niños de varias zonas rurales.

Cauca ocupa el quinto puesto a nivel nacional entre los departamentos con más incidentes de minas antipersonal y material sin explotar. Desde 1991 y hasta el pasado 31 de diciembre, en ese departamento del suroccidente colombiano, ocurrieron 1.323 incidentes, de los 26.455 que ha registrado la Dirección Contra Minas, asignada al recién creado Ministerio del Posconflicto.

Como si fuera poco, en 16 de sus municipios ocurren frecuentemente incidentes y accidentes de minas antipersonal, razón por la cual está calificado como el cuarto a nivel nacional, en la tipología de municipios con mayores accidentes. Le anteceden los departamentos de Antioquia, Nariño y Chocó.

Para Gerardo Castrillón, coordinador de Programa Acción Integral contra Minas Antipersonal de Cauca, la situación del departamento no es la mejor, pues sólo su capital, Popayán, está libre de sospecha o de presencia de material sin explotar. “Cauca tienen 16 con alto riesgo, otros 16 con riesgo medio, y 9 más con bajo riesgo. Es decir, 41 de los 42 municipios del departamento están contaminados con material explosivo. Es una situación alarmante”, le dijo a VerdadAbierta.com.

minas grafico 1Por este motivo, el pasado 28 de enero la Gobernación de Cauca, en cabeza de la secretaria de Gobierno, Alejandra Miller, le planteó al Gobierno Nacional la propuesta de adelantar un desminado escolar en 22 escuelas del departamento. De acuerdo con el documento, en Cauca se registran “259 víctimas civiles, de las cuales el 47%, (122 personas), son menores de 18 años, es decir población escolar, con lo cual se configura una grave situación humanitaria que amerita una respuesta urgente”.

Un barrido elaborado por la Gobernación en diferentes regiones de Cauca, permitió establecer que las comunidades educativas de municipios como Argelia, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, Jambaló, López de Micay, Suárez y Toribio se encuentran en alto riesgo.

Precisamente el 20 de mayo del año pasado, en el municipio de Buenos Aires, al norte de Cauca, ocurrió el último caso en el que un estudiante perdió la vida a causa de una mina antipersonal. Ese día, Ingrid Yaneri Guejia, de ocho años, murió la pisar una mina cuando se dirigía de la escuela a su casa, y otros tres resultaron heridos.

Para evitar más hechos como el de la pequeña Ingrid, líderes sociales de la zona insisten en que este proyecto de desminado requiere varias fases en las deben estar involucradas organizaciones civiles y la comunidad afectada. Walter Aldana, asesor de Paz de la Gobernación de Cauca, explica que los habitantes de los lugares afectados deben ser parte activa de este proceso porque conocen mejor que nadie las condiciones de los terrenos y la presencia de materiales extraños.

Por esa razón considera que la comunidad debe participar en las acciones de educación en riesgo de minas antipersonal, en la construcción de planes de gestión comunitaria del riesgo, en el proceso de señalización para prevención de futuros accidentes y en el desminado humanitario. Los costos de desminar cada institución educativa están estimados en 135 millones de pesos, con lo cual, se requeriría un presupuesto de 2.970 millones. Se espera que la Dirección Contra Minas de una respuesta el próximos 3 de marzo.

“Este plan lo entregamos a sabiendas de que el Gobierno y las Farc definen los sitios para hacer desminado, pero tenemos una gran urgencia porque son 22 instituciones educativas las que están comprometidas y hay cientos de niños en riesgo”, le dijo Aldana a VerdadAbierta.com.

Según conoció VerdadAbierta.com, esta propuesta fue planteada en una reunión que sostuvieron las autoridades departamentales con los ministros Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo, del Posconflicto y del Interior, respectivamente, para financiar varios proyectos antes de que se dé la firma del acuerdo final de paz entre las Farc y el Gobierno Nacional en Cuba, que está presupuestada para el próximo 23 de marzo.

minas grafico 2La Gobernación de Cauca pidió que se destinaran recursos para cuatro proyectos: turismo, vías terciarias, producción de café y justicia. En el punto de justicia se planteó la propuesta del desminado escolar, pero también que se dé vía libre al desminado humanitario que desde hace años están planteando las Juntas de Acción Comunal de El Tambo.

Este municipio montañoso tiene la particularidad de que es territorio común de las Farc y del Eln, lo cual hace imposible que el Ejército entre a la zona a hacer labores de desminado. Esto llevó a los líderes campesinos a movilizarse y a contactar a ambas guerrillas para que autorizaran un desminado con civiles, el cual fue aprobado por los insurgentes, pero no ha contado con la autorización del Gobierno Nacional.

“Las autoridades de Cauca hemos planteado la posibilidad del desminado y ha habido acompañamiento de la ONG Llamamiento de Ginebra y de Naciones Unidas. El Tambo ha sido nuestra bandera en los últimos años en la discusión de la focalización de los sitios para poder desminar. Se estima que el desminado durará 20 años y el Gobierno ha venido focalizando algunos municipios, pero no ha dicho nada de El Tambo”, dice Aldana. Este es el municipio con más víctimas de minas en Cauca: 80 personas han resultado heridas y cinco han muerto desde 1991.

El departamento de Cauca siempre ha sido uno de los escenarios más crueles de la guerra en Colombia. No obstante, sus habitantes han luchado para hacerle el quite a las adversidades de la confrontación armada, y hoy en día, con propuestas basadas en la sociedad civil, se anticipan a los posibles beneficios de los acuerdos de paz en Cuba, para tratar de recuperar lo más pronto posible algo de tranquilidad.

Tomado de verdadabierta.com



Al realizar una serie de recomendaciones sobre la implementación de los acuerdos de paz atendiendo el cuidado del medio ambiente que, paradójicamente, hasta ahora ha sido ‘protegido’ por el conflicto, Naciones Unidas revela su lista de municipios donde se concentraría el posconflicto.

Son 125 de 1.122 municipios del país. Se trata de las poblaciones donde, según distintas agencias del Sistema de las Naciones Unidas, se concentrará el posconflicto en Colombia.

Los departamentos donde estos municipios se concentran son Cauca (20 municipios); Antioquia (15 municipios); Caquetá (14 municipios); Chocó y Nariño (con 12 municipios cada uno); Norte de Santander, Putumayo y Meta (con 8 municipios cada uno); Valle (6 municipios); Tolima (5 municipios); Arauca y Huila (4 municipios cada uno); Bolívar, Casanare, Córdoba y Guaviare (con dos municipios cada territorio), y La Guajira (con un municipio). (Ver listado completo abajo).

Fabrizio Hochschild, coordinador del Sistema de la ONU en Colombia, explicó los criterios para esta priorización de la siguiente forma: “Hicimos un análisis de municipios de mayor prioridad según la presencia de las Farc, las acciones armadas con participación de las Farc, desarrollo y pobreza, necesidades humanitarias y capacidades locales. Y de ahí salieron los 125 municipios”.

Lo hizo al presentar el informe sobre ‘La construcción de una paz estable, duradera y sostenible’ en la que invitó a todos los sectores y ciudadanos del país a tener en cuenta que si no se trabaja en la implementación de los acuerdos de paz con enfoque de desarrollo sostenible, Colombia puede correr el riesgo de incentivar la depredación del medio ambiente que, paradójicamente, ha sido ‘protegido’ por el conflicto, pues ha mantenido a reservas naturales, parques, bosques y gran biodiversidad lejos de la ‘civilidad’, de la industria extractiva y de las carreteras.

Esta es la lista de municipios priorizados por Naciones Unidas como territorios donde deberá trabajarse fuertemente el posconflicto:

municipio del posconflicto1municipio del posconflicto2municipio del posconflicto3
Tomado de reconciliacioncolombia


proceso paz
La Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona hace público un comunicado que tiene como eje el “Anuario 2016 de Procesos de Paz”, que cuenta con la edición de Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de esta universidad y que será publicado en el primer trimestre del 2016.

En este comunicado se resalta el avance considerable del proceso de paz con las Farc y el gobierno colombiano, proceso que “podría considerarse como uno de los más completos y avanzados de todos los acuerdos de paz firmados en el mundo en las últimas décadas”.

Entre los puntos expuestos en el comunicado se encuentran, lo innovador de este proceso, la superación de las dificultades halladas en el camino, los altos al fuego hechos durante el proceso por ambas partes y los tiempos contemplados para la firma final.

Comunicado de prensa

Según el próximo “Anuario 2016 de Procesos de Paz”, el proceso con las FARC podría considerarse como uno de los más completos y avanzados de todos los acuerdos de paz firmados en el mundo en las últimas décadas.

Según un avance de las conclusiones del próximo “Anuario de Procesos de Paz”, editado por Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que verá la luz en el próximo mes de febrero, el proceso adelantado entre el Gobierno colombiano y las FARC puede considerarse como uno de los más avanzados e innovadores de todos los procesos de paz firmados hasta el presente en el mundo.

Esta conclusión se deriva del análisis de los puntos de la Agenda ya consensuados, y de las medidas complementarias de una y otra parte que se han desarrollado a lo largo de la negociación, a pesar de las múltiples e inevitables dificultades que comporta cualquier negociación en un proceso de paz, con una agenda substantiva y un compromiso particular en el tema de justicia y víctimas, algo que raramente aparece desarrollado en los procesos de paz, en los que prima la simple amnistía para todos los actores.

El Anuario recoge, entre otras medidas logradas en el 2015, que, en dos ocasiones, las FARC declararon un alto el fuego bilateral. El Gobierno, por su parte, dio la orden de suspender los bombardeos contra los campamentos de las FARC, de forma temporal, también en dos ocasiones. Se logró un acuerdo para el desminado, y las dos delegaciones hicieron público que habían alcanzado un acuerdo para poner en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. El 23 de septiembre, el presidente Santos y el líder de las FARC, “Timochenko”, se encontraron en La Habana para hacer público el acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, por el que se decidió crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. El Acuerdo incluía un compromiso para esclarecer el problema de las personas desaparecidas. El 15 de diciembre, se hizo público el contenido íntegro de dicho Acuerdo, cuyas líneas generales ya fueron avanzadas en septiembre. El presidente y “Timochenko” se comprometieron, además, a finalizar las negociaciones antes del 23 de marzo de 2016.

Para el autor del Anuario, lo más probable es que el Acuerdo Final se firme más tarde, a finales de 2016, dada la complejidad de los temas pendientes: la dejación de armas y la implementación del acuerdo, por lo que recomienda no sacralizar la fecha final del 23 de marzo y conceder algunos meses más de plazo para terminar las negociaciones. También aconseja acelerar la liberación de los 30 presos de las FARC a que se comprometió el Gobierno, y que constituirá una importante medida de confianza de cara a la próxima ronda negociadora. El director de la Escuela de Cultura de Paz considera que el Acuerdo que se logre finalmente con las FARC puede pasar a la Historia como uno de los textos más completos, con una metodología innovadora y una gran capacidad de superar los obstáculos e imprevistos, lo cual implica un serio compromiso de las dos delegaciones para lograr un acuerdo que sirva para sentar las bases de una Colombia más democrática, más justa y más participativa. Para Fisas, este acuerdo será estudiado con sumo interés en el futuro, y servirá como referencia para próximos acuerdos de paz que se negocien en el mundo.

Corporacion Nuevo Arco Iris


paras bacrim
¿Qué son las bandas criminales?
¿Cómo debe enfrentarlas el Estado? ¿Constituyen amenaza seria en un eventual escenario de postconflicto? Esto fue lo que le contaron a VerdadAbierta.com un grupo de reconocidas personalidades sobre este fenómeno, que hoy por hoy constituye la principal amenaza para la seguridad ciudadana.

20/01/2016. Las bandas criminales son, hoy por hoy, la principal amenaza para la seguridad ciudadana y el mayor desafío para las autoridades militares y de Policía. Su presencia se siente con fuerza desde Tumaco hasta La Guajira, pasando por la Orinoquía, el Bajo Cauca antioqueño y el Urabá chocoano; Córdoba, los Santanderes y otros 22 departamentos más.

En estas regiones se disputan a sangre y fuego el dominio sobre cuantiosas rentas ilegales. Su violencia es la máxima responsable de violaciones de derechos humanos en todo el país. En un muy probable escenario de postconflicto, las bandas criminales representan una seria amenaza para la construcción de una paz estable y duradera. Pero, ¿qué son las bandas criminales? ¿Un complejo fenómeno criminal que las autoridades aún no saben cómo enfrentar? ¿Está el país frente a una tercera generación de paramilitares? ¿Combatirlos con todo el poder de fuego del Ejército o negociar con ellos?

VerdadAbierta.com dialogó con académicos, políticos y funcionarios estatales para conocer sus apreciaciones sobre este fenómeno y esto fue lo que señalaron. Consulte las entregas anteriores de esta serie: El paramilitarismo en Colombia, ¿realmente se desmontó? y ¿Neoparamilitares o criminales?

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VerdadAbierta.com: ¿Bandas criminales o neoparamilitares?

Jorge Calero: “La Defensoría no acogió en su momento el término bandas criminales, que fue la denominación que le dio la Fuerza Pública luego que emergieron con posterioridad a la desmovilización de las Auc. Estos grupos participan en las hostilidades, generan situaciones de vulneración a los derechos de las comunidades y que confrontan a la guerrilla y también a la Fuerza Pública. No son sólo bandas delincuenciales sino que tienen participación en el marco del conflicto armado aunque oficialmente no se le ha dado la calificación de grupo armado organizado.

El SAT de la Defensoría hizo una caracterización que mostraba cómo se vulneraban los derechos de las personas y cometían infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La Corte Constitucional ha reconocido la calidad de las víctimas. Esa discusión se dio en cuanto al rótulo y denominación. Lo importante es que estos grupos perpetran hechos de violencia que afectan los derechos. En ese sentido, el Estado debe combatirlos y prevenir afectaciones de derechos humanos de las poblaciones que están en riesgos”.

VA: ¿Qué tipo de amenaza representan estas bandas criminales, en especial los ‘gaitanistas’, en un eventual escenario de postconflicto?

JC: “Tenemos nuestras consideraciones sobre esos efectos pero no queremos hacer el análisis aún porque podemos incurrir en especulaciones y observaciones previas a lo que se pueda presentar, porque igual se debería hacer la misma pregunta respecto al Eln. Si el Eln no ingresa a un proceso de paz con el Gobierno, ¿qué pasa con esa guerrilla y los espacios que dejen las Farc? Lo mismo pasa con estos grupos armados ilegales ante una eventual desmovilización de Farc. Es un elemento de discusión y debate.

VA: ¿Qué es lo que más le preocupa a la Defensoría del Pueblo con respecto a estos grupos?
JC: “Lo que nos preocupa es la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en zonas urbanas y rurales, muchos municipios del país que están afectando los derechos fundamentales de los pobladores. Son generadores de hechos de violencia que están afectando a las comunidades y están causando un sinnúmero de hechos victimizantes que obligan a que el Estado también actúe tanto en la persecución a estos grupos como en la atención a las víctimas”.

VA: ¿Cuál es la situación de los ‘gaitanistas’ hoy por hoy?
JC: “En los dos últimos años ha tenido una expansión acelerada porque pasó de nacer en una zona de Antioquia como Urabá y ya está en más de 15 departamentos. Es una situación que evidencia la capacidad de expansión de este grupo. Tenemos reportes de que ya están llegando a Meta y posiblemente a Vichada. Es una situación de expansión bastante rápida y dinámica”.

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VerdadAbierta: ¿Se desmontó el paramilitarismo con el proceso de Justicia y Paz?
Wilson Reyes: “En el caso de Valle del Cauca, que antes estuvo marcado por la existencia de grupos armados pertenecientes al narcotráfico, éstos se vieron reformados con mandos, con combatientes y con las prácticas militares y delincuenciales de los paramilitares. Los nuevos grupos que surgieron o se reforzaron con segmentos de las autodefensas del Bloque Calima, mutaron y coparon mayor número de prácticas delincuenciales y homogenizaron territorios”.

VA: ¿Qué tipo de dinámica se advierte con estos grupos en el Valle del Cauca?
WR: “Hemos visto que en el caos de Los Machos y Los Rastrojos, después de la desmovilización del Bloque Calima, entraron en disputa por Buenaventura. Primero ocurrió la disputa de Los Rastrojos o La Empresa con la guerrilla, y cuando la sacaron se dio la llegada de Los Urabeños. En este caso, se ve que esos antiguos grupos -Los Urabeños recogieron lo que quedaban de Los Machos y Los Rastrojos son fortalecidos con desmovilizados- aumentan todos los delitos: los homicidios, la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, el microtráfico, el sicariato”.

VA: A su juicio, ¿estos grupos son continuidad del paramilitarismo o estamos frente a un fenómeno criminal?
WR: “En su esencia siguen siendo paramilitares. Uno ve su comportamiento en el Bajo San Juan, que es zona rural, en disputa por el territorio con las Farc o en alianza con grupos ilegales, que los lleva a hacer pactos para manejar el negocio en conjunto. En esencia tienen comportamientos contrainsurgentes. Otro aprendizaje que utilizan de la guerra anterior es la cooptación de franquicias otorgadas a pandillas, grupos de sicarios y demás grupos ilegales en Valle del Cauca. Las franquicias fueron usadas por las antiguas autodefensas, son incorporadas por las bandas criminales, pero siguen comportándose como grupos paramilitares”.

VA: ¿Cómo pudiera definirse esa esencia paramilitar de las bacrim?
WR: “También son agentes de control social. La insurgencia no sólo es la gente armada, es todo aquel que de alguna manera esté revelado contra el Estado ocasionalmente o sea crítico de él. Aquí un líder popular del Distrito de Aguablanca que esté organizando a la gente y ofrezca niveles de resistencia frente a un poder hegemónico, es blanco de ellos (...) están rompiendo permanentemente todo lo que pueda existir de tejido social, de organización y de liderazgo comunitario. Allí se encuentra ese tipo de fenómeno paramilitar. Además, muchos de sus mandos son los mismos del pasado.

VA: ¿Cuáles son las regiones más afectadas por este rearme en el Valle del Cauca?
WR: “Fundamentalmente Buenaventura, pero un estudio de Indepaz ubica a 37 municipios con presencia de bandas criminales en Valle del Cauca. Son municipios con presencia de grupos post-Auc, ya sean Los Rastrojos o Los Urabeños, o grupos locales que se reclamen de ellos por las franquicias que les han dado o porque se hacen pasar por ellos”.

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VerdadAbierta: Cuándo las Farc piden desde La Habana, Cuba, desmontar el paramilitarismo, ¿Qué debemos entender los colombianos al respecto?
Álvaro Villarraga: “Es diciente que se haya conformado una comisión extraordinaria, no prevista, que también se ha llamado subcomisión para el tema del paramilitarismo, porque muestra una realidad. Y es que, podemos aproximarnos a una conclusión: hubo un avance hacia la desestructuración del paramilitarismo, pero fue parcial e insuficiente. No se desintegró el total de las estructuras paramilitares de las Auc, aunque sí la mayoría. Pero se produjeron significativos procesos de rearme en prácticamente todas las regiones donde existieron estructuras paramilitares importantes.

VA: ¿Podemos hablar entonces de continuidad del paramilitarismo?
AV: “Bueno, estamos ante distintos matices frente a esta situación. Ya no es el mismo paramilitarismo de antes. Los territorios de control son menores. Ya no existen esos niveles de cooperación y permisividad entre fuerza pública, entes de control y estos grupos. De hecho, hay una intensa persecución contra estas estructuras. También se advierte un discurso más degradado. Hay una actitud más delincuencial sin que ello signifique que son simples redes delincuenciales.

Tienen controles de poder local e incluso, en algunas regiones, control regional. Hoy por hoy son el principal factor de violación a los derechos humanos y lo hemos comprobado con cifras. Atacan a defensores de derechos humanos, líderes de víctimas, reclamantes. Entonces, estamos ante una situación intermedia”.

VA: Pero ¿hablamos entonces de que aún hay intereses contrainsurgentes en la sociedad?
AV: “Pues hay elementos de doctrina, hay manuales del Ejército, hay costumbres y hay un tejido de alianzas que perviven. No nos podemos decir mentiras en este país: hay incursión en política y las pasadas elecciones mostraron, según diversos sectores, cómo se impusieron sectores comprometidos con pervivencias del fenómeno paramilitar”.

VA: ¿Qué hacer entonces frente al fenómeno bacrim en un escenario de postconflicto?
AV: “Yo creo que estamos frente a una oportunidad. El gobierno Santos ha implementado la estrategia D-6, que tiene unos resultados pero que se ha quedado insuficiente. Esto pone sobre la mesa la oportunidad de tratar en su dimensión el problema, porque se pueden ligar factores mayúsculos: economías ilegales, política construida con apoyo de la ilegalidad, mixturas entre lo legal y lo legal. El proceso de paz brinda las oportunidades para superar estas condiciones, porque si se quiere retornar a un estado de superación de violencia, tienen que ser medidas de fondo”.

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VerdadAbierta: Han pasado cerca de diez años después de la desmovilización del último grupo paramilitar, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?
Iván Cepeda: “El problema del paramilitarismo ha tenido variaciones en estos años, pero no estamos ante una superación o desaparición de este fenómeno en la vida del país y en las regiones. Hay una gran discusión sobre si lo que el gobierno llama bandas criminales son estructuras paramilitares y, en efecto, hay informes que indican que, más allá de organizaciones criminales y del narcotráfico, en ciertos casos estamos ante el mismos modus operandi de las estructuras paramilitares.

Así que, difícilmente, se podría ignorar este hecho y hay algo que no se puede pasar por alto: en Colombia se sigue asesinando a defensores de derechos humanos, líderes sociales, campesinos, periodistas, en fin, en muchos de estos casos no se advierten que sean miembros del Estado o de las guerrillas y eso genera la pregunta: ¿quién está detrás? Y uno observa que sí, hay grupos que operan con esa lógica paramilitar. Bueno, súmele que tampoco se ha superado la paraeconomía y la parapolítica. En conclusión: el paramilitarismo no ha sido un fenómeno resuelto en Colombia”.

VA: ¿Cree que hay una reactivación del paramilitarismo en el país?
IC: “Bueno, los informes del Frente Amplio por la Paz señalan que por lo menos en cinco departamentos se ha comprobado la presencia de grupos armados, uniformados y que responden al mismo accionar que en el pasado tuvieron los grupos paramilitares. Ahora, no se puede olvidar que estamos frente a procesos de paz que han fracasado, en parte, porque los paramilitares crecieron y se convirtieron en un elemento de boicot frente a esos procesos. Por eso, no creo que se deba subestimar lo que pasa con estos grupos armados hoy día, en especial de cara a un eventual escenario de postconflicto”.

VA: Hay analistas y organizaciones que no catalogan el fenómeno bacrim como extensión del paramilitarismo, entre otras, porque aseguran ya no existe el nivel de cooperación entre fuerza pública-nuevos grupos, ¿cree que, efectivamente, se rompieron los vasos comunicantes entre agentes del Estado y estas expresiones de violencia?
IC: “Difícilmente se puede pensar en acciones de un impacto regional y una fuerte presencia regional de estos grupos sin unos niveles de connivencia; ahora, es válida la pregunta sobre si se trata de niveles de connivencia regional o una estrategia nacional. Yo creería que estamos más bien ante lo primero”.

VA: ¿Por qué cree que está tan arraigada la idea del paramilitarismo en el imaginario de la sociedad?
IC: “Yo creo que no se ha trazado una línea divisoria, un antes y un después, con respecto al fenómeno del paramilitarismo. Esa línea divisoria no fue (la Ley) Justicia y Paz, no fueron las desmovilizaciones, no fueron los juicios de la parapolítica. En Colombia todavía tenemos como fenómeno el que se utilicen las armas en política y no ha habido aún un hecho histórico, un hecho político que supere esta condición”.

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VerdadAbierta: Han pasado cerca de diez años después de la desmovilización del último grupo paramilitar, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?
Eduardo Pizarro: “Yo creo que la tesis sobre el desmantelamiento de los grupos paramilitares es acertado. Yo caracterizo un grupo paramilitar como un grupo que tiene, además de las prácticas criminales, una vocación contrainsurgente, es decir, de combatir a los grupos guerrilleros o sus bases de apoyo social. Y por eso creo que el paramilitarismo terminó, en la medida en que este fenómeno era una mezcla confusa de actores criminales y acciones de control territorial con lógicas contrainsurgentes y hoy solo vemos acciones criminales. Por eso creo que las bacrim no son la prolongación del paramilitarismo sino que es un fenómeno de criminalidad organizada.

Ahora, esto no significa que estas bandas no puedan ser utilizadas por élites regionales para asesinar líderes sociales que están luchando por la restitución de tierras, por ejemplo; o líderes sociales que están luchando porque se condenen responsables de crímenes atroces. Repito: el fenómeno paramilitar contrainsurgente terminó, pero las acciones de represalias contra el movimiento social pueden continuar por parte de estos grupos”.

VA: ¿Cree que la sociedad está ‘paramilitarizada’; es decir, estamos en una sociedad proclive a la contrainsurgencia?
EP: “Yo creo que esa es una expresión puramente retórica. En el año 2002, poco antes de entrar en vigencia la Ley de Justicia y Paz, Colombia tenía poco más de 29 mil homicidios por año, un promedio de 79 homicidios por cada 100 mil habitantes. Era, de lejos, el país más violento de América Latina y probablemente uno de los más violentos del mundo. Hoy, tenemos un promedio de 4.000 homicidios, es decir, 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pasamos de ser el país más violento de la región a ocupar el puesto 10. Lo que hemos vivido en los últimos años es una ‘desparamilitarización’ de la sociedad y una disminución dramática de la tasa de homicidios que desmienten esa tal afirmación de la ‘paramilitarización de la sociedad”.

VA: Cuando las Farc piden que se desmonte el paramilitarismo, ¿a qué cree que se refieren?
EP: “Después de la desmovilización de las Auc, todos los 25 jefes del Estado Mayor de las Auc fueron encarcelados, 14 de ellos extraditados a los Estados Unidos y más del 90 por ciento de los militantes de base están en proceso de reincorporación a la vida civil. El gran fracaso de ese proceso fueron los mandos medios, que continuaron masivamente en la vida criminal. Para el año 2007 teníamos unas 27 organizaciones criminales, hoy quedan unas cuatro o cinco de alguna significación.

Ahora, muchas de estas bandas actuaron en concierto con frentes de las Farc y el Eln. En Nariño, por ejemplo, los vínculos con el Eln y las bandas criminales para el negocio del narcotráfico son evidentes; los vínculos, por ejemplo, entre el Frente V de las Farc y los Úsuga, que además, son primos de ‘Isaias Trujillo’, también son reconocidos. Entonces, hablar de paramilitarismo cuando habido pactos de convivencias pragmáticos en las regiones, me parece pura retórica de las Farc. Ahora, en lo que sí tienen toda la razón es las denuncias que han venido haciendo sobre grupos armados ilegales están atentando contra líderes sociales donde hay disputas por las tierras”.

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VerdadAbierta: Después de la desmovilización de las AUC, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?
Jorge Giraldo: “Yo creo que a lo largo de la historia el paramilitarismo ha tenido diferentes configuraciones. Pero el paramilitarismo, tal y como lo conocimos entre los años 1994-2006, con esa naturaleza ofensiva, contrainsurgente, organizado desde el punto de vista militar, estratégico, jerárquico, creo que efectivamente desapareció con los procesos de desmovilización. Ahora, dicho esto, ello no significa que en Colombia no existan organizaciones armadas ilegales, sobre todo orientadas por la codicia, como en el caso de las bacrim, pero que claramente son fenómenos distintos al fenómeno paramilitar, sobre todo por carecer de ese componente contrainsurgente, ya que están más orientadas al negocio.

VA: En términos de la sociedad ¿también cree que se superó el paramilitarismo?
JG: “Pues diría que mientras en Colombia exista una cultura política que justifique el uso de la violencia, en cualquier momento es probable que emerjan grupos privados, conformados por personas de las regiones, que puedan tener, incluso, apoyos en sectores de la sociedad. Creo que ese es el ‘chip’ que la sociedad colombiana tiene que desactivar. El desarme es un elemento simbólico importante, necesario, pero mientras los espíritus estén armados siempre aparecerán recursos o dineros para entrar en el mercado de armas y para que se produzca el rearme de grupos privados. Ahora, esto en el plano de las ideas. Pero en el corto plazo, diría que se necesita tomar algunas acciones puntuales como fortalecer la fuerza pública, fortalecer el aparato de justicia, el copamiento del territorio por parte de las fuerzas del Estado para controlar estas expresiones.

VA: Para usted, ¿las bandas criminales son neoparamilitares o un fenómeno de crimen organizado?
JG: “Para mí es un fenómeno netamente de crimen organizado. Para empezar hay que establecer claramente una diferencia. Lo que pasó en el mundo en los últimos 20 años fue que los motivos políticos y las razones económicas se articularon muchísimo en este tipo de organizaciones armadas en todo el mundo. Pero uno tiene que utilizar algún criterio que le permita distinguir entre el criminal y el combatiente. Y yo creo que ese criterio es el objetivo político. En el caso paramilitar era muy claro cuál era su objetivo político, había una idea de país y, sobretodo, tenían muy definido su enemigo político.

En el caso de las bandas criminales, ¿cuál es su enemigo político? Informes de inteligencia y periodísticos muestran que en muchas regiones del país, las bandas criminales y la guerrilla trabajan juntos en negocios de narcotráfico. Digamos que hay casos extraños como el de ‘Megateo’, envestido con ese ropaje del Epl, pero en el fondo era claro que toda su orientación era dedicada al negocio. Pero en conclusión, bajo la mirada de la enemistad política, de los objetivos políticos, en las bandas criminales eso es muy difuso y creo que no se da el que tengan algún objetivo político”.

VA: Cuando las Farc piden que se desmonte el paramilitarismo, ¿a qué cree que se refieren?
JG: “Yo creo que esa preocupación que reapareció en la mesa en el último mes, obedece básicamente a una demanda de seguridad. El punto de ‘fin del conflicto’ tiene como subpunto a tratar el tema de la seguridad de los desmovilizados y yo creo que esa ‘agitación’ frente al tema del paramilitarismo tiene que ver más con la cuestión de la seguridad personal de los desmovilizados y los dirigentes. Me parece que es una preocupación muy razonable porque, pues hemos estado en un país con unos niveles de violencia altísimos; y segundo, porque, dicho en términos coloquiales, ellos tienen muchas culebras en todas las regiones del país. Hay que entender todas las cosas que han pasado en estos años. Por eso, me parece razonable la preocupación pero también creo que el Estado, obviamente, tendrá que garantizarle la seguridad de quienes se desmovilicen.

VA: ¿Cómo enfrentar un escenario de postconflicto en Colombia?
JG: “La experiencia internacional nos muestra que los postconflictos han sido violentos. No es si no ver el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador. Colombia tiene la desventaja de esa historia reciente de violencia generalizada. A diferencia del Perú, donde la violencia estuvo muy concentrada en la guerrilla, aquí la guerrilla ha sido uno entre ‘N’ actores generadores de violencia, empezando por el narcotráfico. Pero también tenemos una ventaja frente a otras naciones que han afrontado escenarios de postconflicto y es que tenemos un Estado más fuerte, unas fuerzas militares más robustecidas y eso balancearía un poco el asunto.

Pero si uno mira el grueso de los analistas y aún para los funcionarios que ya están pensando el tema de la implementación de los acuerdos, para todos es claro que el primer asunto es el tema de seguridad y justicia, por encima de cualquier cosa. Si te demoras ejecutando una obra como la construcción de una carretera, la electrificación de una vereda, la construcción de una escuela, en fin, eso seguramente no te va a amenazar el desarrollo de los acuerdos, pero si se falla en la estrategia de aseguramiento del territorio y de garantía de los bienes básicos de justicia y seguridad en los territorios, la cosa se puede complicar muchísimo. Porque hay rentas ilegales, hay dineros, hay intereses, hay aprendizajes criminales”.

Tomado de verdadabierta.com



afros del naya
La histórica entrega coincidió con el homenaje a las mujeres de la región liderado por el Ministerio de Agricultura e Incoder, y financiado por la Unión Europea y ONU mujeres.

Día 1. Las mujeres

19/12/2015. Las veo llegar. Vienen del río y del monte. Ya no son las que fueron cuando sus padres y sus maridos y sus hijos huyeron de las veredas para escapar de los agobios de la guerra. Ya no son las mismas que enterraron , entre alabaos y lágrimas de rabia, a los suyos muertos por las balas y los machetes. Son distintas, porque a pesar de que nunca han dejado de ser mujeres, campesinas y negras, ahora ya no se ven a sí mismas como las víctimas inmóviles de la violencia, del desamparo estatal, de la discriminación, del maltrato de sus propios hombres y de los ajenos. Hoy, cuando se miran al espejo, saben que existe en ellas un poder que surge del orgullo , de la sabiduría y de su capacidad para no olvidar. Las veo llegar, con sus sonrisas blancas y las uñas pintadas de colores, y sé que asisten a este encuentro para ver y para escuchar, pero también para que las veamos así, hermosas y negras y campesinas y mujeres que son dueñas, al fin, de su destino.

Son cientos de ellas, casi mil, que llegaron de los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca para asistir a “Cultivando saberes, hilando culturas, tejiendo paz”, un homenaje a la mujer rural afrodescendiente. El Bulevar de Buenaventura, un espacio cercado por hoteles, es el lugar elegido para que las visitantes escuchen las conversaciones que sostendrán las consultoras internacionales del Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, liderado por el Ministerio de Agricultura e Incoder y financiado por la Unión Europea y ONU mujeres.

Heriberta Angulo Caicedo se sienta en la silla de plástico, justo antes de la lluvia, y no mueve ni un músculo mientras transcurre la charla en la que participan Susana Baca, María Lool y Altagracia García, las tres invitadas que comparten opiniones, como si estuvieran en la sala de sus casas en Lima, Ciudad de Guatemala o Santo Domingo, acerca de experiencias exitosas de organizaciones de mujeres en América Latina, desde la cultura, el desarrollo sostenible y el ejercicio de derechos de género. Heriberta está atenta porque sabe que cualquier dato será útil para que el trabajo comunitario que lidera en el río Napi, en Cauca, sea cada vez mejor, más organizada la siembra del arroz, más productiva la de maíz, más eficiente la panadería en hornos de barro y más viable el proyecto de gallinas ponederas. El gesto impasible de esta negra caucana, joven y enjuta, contrasta con las carcajadas de algunas de las asistentes al evento; quizás lo que sus ojos han visto desde que era una niña en este territorio emblemático de todos los conflictos colombianos, no permita que vuelva a reír; tal vez la risa no regrese a su rostro jamás, ni siquiera cuando las gallinas, en las que piensa todas las noches antes de dormir al lado del río de sus mayores, comiencen a poner los huevos más grandes del mundo.

Día 2. El título esperado
Rodrigo Castillo está a punto de llorar. Tiene el puño en alto mientras sostiene en la otra mano el título colectivo que le acaba de entregar uno de los funcionarios de Incoder. Rodrigo sabe que el documento, firmado por los representantes del Estado, no es un regalo del Gobierno a las 52 comunidades representadas en el Consejo Comunitario del río Naya, que él lidera; 3.780 familias campesinas; 18.570 hombres, mujeres y niños que habitan desde hace más de 300 años este territorio que se extiende desde Buenaventura, en Valle, hasta Micay, en Cauca. Se trata en todo caso de un tardío reconocimiento jurídico a estos descendientes de esclavos que han vivido, trabajado y sufrido en esas tierras por tres siglos; una formalidad, una herramienta para actuar como grupo, para que los demás entiendan que ellos son los dueños legítimos del que ha sido su territorio desde siempre.

Rodrigo Castilllo les habla a sus compañeros, presos por la euforia. Les recuerda que hoy es el día de la justicia, les pide agradecer a quienes los ayudaron a terminar con éxito este proceso de tantos años, los incita a la sensatez y al trabajo duro; también les habla de la masacre, de los 200 amigos y familiares muertos y torturados en 2001, cuando la sombra atroz de la violencia intentó apoderarse de su dignidad y expulsarlos de nuevo hacia la incertidumbre; les dice que no olviden quiénes han sido ni cómo llegaron sus mayores al Pacífico de Colombia, apiñados en barcos de miseria, despojados, humillados; pero también los invita a no quedarse en el pasado, a no contentarse con ser las víctimas eternas que, aún después de ser libres, siguieron padeciendo los coletazos de la discriminación.

Las 177.817 hectáreas tituladas a las comunidades afro del río Naya son un ejemplo de que la organización, la persistencia y la conciencia de los derechos propios, son herramientas eficaces para vencer la adversidad enquistada, a fuerza de costumbre, en las vidas de quienes han decidido no ser más los amilanados de este país. Por eso están felices y suben a la tarima del Bulevar de Buenaventura y se abrazan y ríen y se retratan para perpetuar este momento soñado desde los tiempos felices de África. Saben que el territorio no sólo es un río, ni un puñado de veredas, ni el lugar de la siembra, ni el mineral que arañan de las bateas, ni el pescado apilado en las canoas; es mucho más que el título que se rotan como un trofeo esta tarde lluviosa de noviembre; saben que el territorio está en el alma.

Epílogo. Chirimía
Terminan al atardecer los eventos que aglutinaron a las mujeres del Pacífico y a la comunidad del río Naya. Fueron dos días de felicidades y de intercambios de ideas y de testimonios de vida y de esperanza. Ahora bailan juntos al ritmo de la chirimía. Heriberta Angulo ha dejado por un momento la seriedad de su semblante y demuestra que no ha perdido del todo la sonrisa. Rodrigo Castillo llora por fin un par de lágrimas de felicidad y de orgullo. Los veo bailar y abrazarse con sus amigos en esta fiesta en la que celebran su oportunidad de ser felices, de encaminarse hacia un futuro de paz en esta bendita tierra que ha sido suya y será la de sus descendientes para siempre. Son los hombres y las mujeres de Colombia, reunidos para decirle al mundo que están vivos y que esta es su tierra.

Bailan mientras llueve en Buenaventura. Bailan los negros y las negras y yo bailo con ellos.

elespectador.com
Por Jorge Muñoz Cepeda






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