afros del naya
La histórica entrega coincidió con el homenaje a las mujeres de la región liderado por el Ministerio de Agricultura e Incoder, y financiado por la Unión Europea y ONU mujeres.

Día 1. Las mujeres

19/12/2015. Las veo llegar. Vienen del río y del monte. Ya no son las que fueron cuando sus padres y sus maridos y sus hijos huyeron de las veredas para escapar de los agobios de la guerra. Ya no son las mismas que enterraron , entre alabaos y lágrimas de rabia, a los suyos muertos por las balas y los machetes. Son distintas, porque a pesar de que nunca han dejado de ser mujeres, campesinas y negras, ahora ya no se ven a sí mismas como las víctimas inmóviles de la violencia, del desamparo estatal, de la discriminación, del maltrato de sus propios hombres y de los ajenos. Hoy, cuando se miran al espejo, saben que existe en ellas un poder que surge del orgullo , de la sabiduría y de su capacidad para no olvidar. Las veo llegar, con sus sonrisas blancas y las uñas pintadas de colores, y sé que asisten a este encuentro para ver y para escuchar, pero también para que las veamos así, hermosas y negras y campesinas y mujeres que son dueñas, al fin, de su destino.

Son cientos de ellas, casi mil, que llegaron de los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca para asistir a “Cultivando saberes, hilando culturas, tejiendo paz”, un homenaje a la mujer rural afrodescendiente. El Bulevar de Buenaventura, un espacio cercado por hoteles, es el lugar elegido para que las visitantes escuchen las conversaciones que sostendrán las consultoras internacionales del Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, liderado por el Ministerio de Agricultura e Incoder y financiado por la Unión Europea y ONU mujeres.

Heriberta Angulo Caicedo se sienta en la silla de plástico, justo antes de la lluvia, y no mueve ni un músculo mientras transcurre la charla en la que participan Susana Baca, María Lool y Altagracia García, las tres invitadas que comparten opiniones, como si estuvieran en la sala de sus casas en Lima, Ciudad de Guatemala o Santo Domingo, acerca de experiencias exitosas de organizaciones de mujeres en América Latina, desde la cultura, el desarrollo sostenible y el ejercicio de derechos de género. Heriberta está atenta porque sabe que cualquier dato será útil para que el trabajo comunitario que lidera en el río Napi, en Cauca, sea cada vez mejor, más organizada la siembra del arroz, más productiva la de maíz, más eficiente la panadería en hornos de barro y más viable el proyecto de gallinas ponederas. El gesto impasible de esta negra caucana, joven y enjuta, contrasta con las carcajadas de algunas de las asistentes al evento; quizás lo que sus ojos han visto desde que era una niña en este territorio emblemático de todos los conflictos colombianos, no permita que vuelva a reír; tal vez la risa no regrese a su rostro jamás, ni siquiera cuando las gallinas, en las que piensa todas las noches antes de dormir al lado del río de sus mayores, comiencen a poner los huevos más grandes del mundo.

Día 2. El título esperado
Rodrigo Castillo está a punto de llorar. Tiene el puño en alto mientras sostiene en la otra mano el título colectivo que le acaba de entregar uno de los funcionarios de Incoder. Rodrigo sabe que el documento, firmado por los representantes del Estado, no es un regalo del Gobierno a las 52 comunidades representadas en el Consejo Comunitario del río Naya, que él lidera; 3.780 familias campesinas; 18.570 hombres, mujeres y niños que habitan desde hace más de 300 años este territorio que se extiende desde Buenaventura, en Valle, hasta Micay, en Cauca. Se trata en todo caso de un tardío reconocimiento jurídico a estos descendientes de esclavos que han vivido, trabajado y sufrido en esas tierras por tres siglos; una formalidad, una herramienta para actuar como grupo, para que los demás entiendan que ellos son los dueños legítimos del que ha sido su territorio desde siempre.

Rodrigo Castilllo les habla a sus compañeros, presos por la euforia. Les recuerda que hoy es el día de la justicia, les pide agradecer a quienes los ayudaron a terminar con éxito este proceso de tantos años, los incita a la sensatez y al trabajo duro; también les habla de la masacre, de los 200 amigos y familiares muertos y torturados en 2001, cuando la sombra atroz de la violencia intentó apoderarse de su dignidad y expulsarlos de nuevo hacia la incertidumbre; les dice que no olviden quiénes han sido ni cómo llegaron sus mayores al Pacífico de Colombia, apiñados en barcos de miseria, despojados, humillados; pero también los invita a no quedarse en el pasado, a no contentarse con ser las víctimas eternas que, aún después de ser libres, siguieron padeciendo los coletazos de la discriminación.

Las 177.817 hectáreas tituladas a las comunidades afro del río Naya son un ejemplo de que la organización, la persistencia y la conciencia de los derechos propios, son herramientas eficaces para vencer la adversidad enquistada, a fuerza de costumbre, en las vidas de quienes han decidido no ser más los amilanados de este país. Por eso están felices y suben a la tarima del Bulevar de Buenaventura y se abrazan y ríen y se retratan para perpetuar este momento soñado desde los tiempos felices de África. Saben que el territorio no sólo es un río, ni un puñado de veredas, ni el lugar de la siembra, ni el mineral que arañan de las bateas, ni el pescado apilado en las canoas; es mucho más que el título que se rotan como un trofeo esta tarde lluviosa de noviembre; saben que el territorio está en el alma.

Epílogo. Chirimía
Terminan al atardecer los eventos que aglutinaron a las mujeres del Pacífico y a la comunidad del río Naya. Fueron dos días de felicidades y de intercambios de ideas y de testimonios de vida y de esperanza. Ahora bailan juntos al ritmo de la chirimía. Heriberta Angulo ha dejado por un momento la seriedad de su semblante y demuestra que no ha perdido del todo la sonrisa. Rodrigo Castillo llora por fin un par de lágrimas de felicidad y de orgullo. Los veo bailar y abrazarse con sus amigos en esta fiesta en la que celebran su oportunidad de ser felices, de encaminarse hacia un futuro de paz en esta bendita tierra que ha sido suya y será la de sus descendientes para siempre. Son los hombres y las mujeres de Colombia, reunidos para decirle al mundo que están vivos y que esta es su tierra.

Bailan mientras llueve en Buenaventura. Bailan los negros y las negras y yo bailo con ellos.

elespectador.com
Por Jorge Muñoz Cepeda






El Gobierno liquidará y suprimirá el Incoder por ineficaz, y creará dos nuevas instituciones en su reemplazo. ¿Por qué dicha transformación ha sido tan silenciosa?

liquidacion incoder 1Los indígenas de la Mesa Permanente de Concertación están indignados. Desde que el Ministerio de Agricultura anunció en marzo la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) por ineficaz, los indígenas le exigen al Gobierno que los haga partícipes de los decretos que darán vida a la nueva institucionalidad. Esto porque consideran que después de tantos años de esperar el reconocimiento de sus territorios colectivos saben cuáles son los ‘cuellos de botella’ que no deben repetirse.

Sin embargo, fue sólo hasta la noche del pasado jueves 3 de diciembre que el Gobierno les entregó un borrador preliminar del decreto que dará vía libre a la nueva Autoridad Nacional de Tierras (ANT). Esto sucedió prácticamente ad portas de que el Ministerio de Agricultura firme este y otro decreto que creará una segunda institución llamada Agencia Nacional de Desarrollo Rural. Varios funcionarios del alto gobierno aseguran que los decretos quedarán firmados entre este lunes o martes 8 de diciembre, ya que el mismo Presidente hizo pública la decisión hace solo unos días.

La preocupación de los indígenas no se limita únicamente a que no concertaron con ellos. Es el trasfondo de qué y para qué están hechas estas instituciones. El por qué manejan con tanto sigilo los decretos puede estar asociado a que la ANT y la Agencia están pensadas como las directoras de una ‘orquesta’ de instrumentos que el Gobierno ha ido aprobando de a poco y que a juicio de varias organizaciones sociales, permitirá “la legalización de la acumulación de tierras”. Es decir, tierras que les pertenecían, les fueron arrebatadas durante el conflicto armado y terminaron compradas y explotadas por agroindustrias nacionales y extranjeras.

VerdadAbierta.com conoció un borrador preliminar del decreto que creará la ANT y el artículo 2 indica que la Autoridad podrá “designar unidades de proyectos especiales en áreas delimitadas, conforme a las necesidades y características de los territorios”. La insistencia de la palabra “proyectos especiales” en varios apartes parece referirse a las cuestionadas Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural), que el Gobierno busca aprobar con el Proyecto de Ley 223. Este proyecto fue aprobado en tercer debate en la Comisión Quinta del Senado y solo está pendiente de plenaria para su sanción presidencial.

Según la propuesta del Gobierno, las Zidres se realizarán en regiones avaladas por el Ministerio de Agricultura para que empresarios en alianza con campesinos desarrollen proyectos económicos en áreas aisladas, con baja densidad poblacional y que presenten altos índices de pobreza. La propuesta parece positiva, de no ser porque las mismas comunidades indígenas, campesinas y negras, y varios académicos advierten que éstas en realidad son una fórmula para “legalizar” la acumulación de tierras de origen baldío, que son propiedad de la Nación, favoreciendo a la agroindustria.

Las Zidres rompen con la figura de Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es la porción de tierra de origen baldío que el Estado determina –según la productividad de cada región- puede titular a una familia campesina sin tierra. La Ley Agraria prohíbe acumular UAF; el proyecto Zidres sí lo permite. Y para la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuaria esto último atenta contra la distribución equitativa de la propiedad rural y por tanto, va en contra de la Constitución Política.

El representante Inti Asprilla, del partido Alianza Verde, y los investigadores Rocío del Pilar Peña Huertas y Luis Enrique Ruiz, investigadores del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de la Propiedad Agraria, han advertido en varias ocasiones que el Proyecto de Ley tiene vicios de constitucionalidad, sobre todo porque contempla que las zonas seleccionadas por el Ministerio para impulsar las Zidres serán de utilidad pública e interés social, es decir, pueden expropiarse judicialmente.

Por eso es que las comunidades indígenas están indignadas. Porque el Incoder ni siquiera tiene un censo completo de los predios baldíos, porque no tiene un archivo consolidado de los títulos coloniales, porque no ha resuelto en años la titulación colectiva y porque una de las regiones proyectadas para consolidar Zidres es la Orinoquía. Y es precisamente en los departamentos de Meta, Casanare, Guaviare, Vichada y Arauca donde están confinadas las comunidades étnicas y donde paralalemente hay varias agroindustrias que acumularon UAF.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios insistió en que el Proyecto 223 no podía seguir su curso en el Congreso mientras no se aplicara la consulta previa con las comunidades indígenas, pues es precisamente en Meta y Vichada “donde las comunidades indígenas se han visto afectadas por la pérdida de sus territorios ancestrales”. Aunque el Proyecto siguió el trámite, de momento los indígenas confían en que la Corte Constitucional les dé la razón. El Alto Tribunal aceptó revisar la tutela interpuesta por la Organización Indígena de Colombia (Onic) y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), coadyuvada por el representante Inti Asprilla.

Las ‘locomotoras’ del crecimiento económico
Otro de los instrumentos que tiene preocupados a los indígenas son los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) y las Áreas Estratégicas Mineras (AEM). Los Pines destinan vastos territorios para el impulso de la minería, hidrocarburos, energía e infraestructura. La Agencia Nacional Mineral expidió cuatro resoluciones en las que determinó AEM en 22 departamentos, proyectando 516 bloques mineros sobre 20 millones de hectáreas.

Algunos de los Pines y de las AEM se localizan en territorios habitados por indígenas y afros sobre los que solicitan titulación, ampliación, saneamiento, deslinde y clarificación. Esta es la razón por la que las medidas para la protección de territorios colectivos étnicos deban pasar previamente a su presentación ante los jueces, por el equipo llamado Amei (Asuntos Ambientales, Minero Energéticos e Infraestructura) en la Unidad de Restitución

Lo mismo sucede con las demandas de restitución de campesinos desplazados en tierras en las que se han declarado los Pines. En estos casos conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, los Pine son “una imposibilidad jurídica para la restitución”, y por lo tanto las tierras de las que fueron despojados y que se destinan a la minería, los hidrocarburos o proyectos de infraestructura de multinacionales y nacionales se les “compensará” con otra de igual condiciones en otro lugar.

En un comunicado del 10 de noviembre de 2010, la Organización Nacional Indígena de Colombia dijo que con la Ley de Víctimas hay un reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades étnicas, pero consideran que el proceso ha sido lento. “De los 129 casos focalizados susceptibles de restitución, la Unidad ha presentado en 4 años sólo 3 medidas cautelares, 5 demandas, de las cuales se ha logrado un fallo en el mes de septiembre de 2014 para el caso del Alto Andágueda”.

Sobre este último caso, la Onic explica que no existen avances en el cumplimiento de las órdenes dictadas por los magistrados a distintas instituciones del Estado, un descontento que la comunidad expresó en el documental Promesas incumplidas. Si el Incoder hubiera actuado con celeridad en la identificación y titulación de resguardos, por ejemplo, los procesos de documentación con que se sustentan las demandas de restitución serían también ágiles.

El temor de las comunidades indígenas es que las dos nuevas instituciones, tanto la Autoridad Nacional de Tierras como la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, no trabajen en función de campesinos, indígenas y afrosdescendientes sino de las Pines, ya creadas, y de las Zidres, que el Gobierno espera aprobar el 16 de diciembre.

Lo que sucede en materia de desarrollo rural termina siendo una contradicción del gobierno Santos: el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien fue el acérrimo defensor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, es quien actúa como Ministro de Agricutura ‘ad hoc’ para radicar y defender a capa y espada el proyecto de las Zidres. Cristo funge como ‘ad hoc’ porque el ministro de agricultura, Aurelio Iragorri, está impedido por conflicto de intereses, ya que su familia presuntamente está involucrada en un caso de acaparamiento de predios de origen baldío, en el municipio de La Primavera, en Vichada, según lo denunció en 2013 durante un debate de la Comisión V de Cámara, el entonces congresista, Wilson Arias.

Autocrítica, trampas y propuestas
En un documento en que el Gobierno supuestamente ‘responde’ a la preocupación de la Onic, el Ministerio de Agricultura reconoce que aunque el Incoder es la institución encargada de ejecutar la política en temas de ordenamiento social de la propiedad, fracasó porque ignoró la heterogeneidad del territorio, “nació como una institución no especializada, sin recursos, débil y sin capacidad de respuesta” a las reclamaciones sobre la redistribución de la propiedad.

Lo anterior fue producto de comprimir en una sola institución cuatro temas: tierras, desarrollo rural, pesca y acuicultura, y adecuación de tierras, implicando un recorte de personal de manera que de 2 mil 241 empleados que había en 2003 se pasó en la actualidad a 744 personas. En la práctica, una gran parte de las labores fueron delegadas a una planta de contratistas que rotan con alta frecuencia, que no haya una continuación en los procesos y que las decisiones sean susceptibles de demandas.

Bajo la autocrítica del Ministerio, los directores territoriales atienden más a intereses políticos regionales que a los de las comunidades. “Mientras persistan las intervenciones dispersas, desarticuladas, por demanda y con retrasos tan considerables, nunca podrá ser exitosa la política de ordenamiento social de la propiedad”, reconoce el Ministerio, pero en el documento no explica con claridad cómo funcionará la nueva Autoridad de Tierras; sólo se limita a responderles a los indígenas que no tienen de qué preocuparse

La Onic le respondió al Ministerio sosteniendo que dicho documento es una “perversa forma de negociación e irrespeto al conocimiento de los pueblos indígenas” pues no explica la minucia de los decretos ni el organigrama de las nuevas instituciones. La organización indígena insiste en que la institucionalidad debe corregir varias “trampas históricas”, pues de no ser así “se estaría confirmando que el gobierno nacional sigue actuando de mala fe... llegar a última hora con este documento... ya nos da una idea de a dónde va esto”.
Entre las “trampas”, la Onic explicó que el servicio de topografía del Incoder sólo actúa con celeridad cuando se trata de atender los intereses de sociedades afiliadas a la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Por eso, proponen la creación de un Sistema de Información Geográfico para Asuntos Étnicos. Se refirieron a la “trampa jurídica”, a la ausencia de abogados especializados en temas indígenas que permitan asesorar los temas étnicos, proponiendo entonces crear una Oficina Asesora de Grupos Étnicos con representación de dos abogados indígenas y dos afrodescendientes.
También advirtieron sobre el problema del clientelismo, pues a su juicio el “Incoder es un fortín de los partidos políticos, en el que la constante rotación de personal impide que haya avances en los procesos. Proponen entonces la contratación de antropólogos, abogados e ingenieros agrónomos, con unos tiempos claros de contratación para que se puedan culminar los estudios socioecómicos, clave en los trámites de reconocimiento y titulación de los territorios.

Otras dos “trampas” se la atribuyen a la composición desequilibrada del Consejo Directivo del Incoder y a la falta de procesos de veeduría. La Onic plantea que la representación de las comunidades debe ser equivalente en número a los integrantes del gobierno y de organizaciones como la SAC, que a su criterio terminan tomando las decisiones dentro del Instituto. También exigen un “escenario para rendimiento de cuentas claras”, pues al no haber control los dineros de la inversión en temas étnicos terminan desviados.

Si las nuevas instituciones de desarrollo rural no tienen en cuenta las propuestas o las advertencias que hacen las comunidades, podría repetirse la historia del Incoder, que nació fracasado según lo reconoce el mismo Gobierno y La Procuraduría. Este organismo concluyó que el Incoder contribuyó “a acrecentar los fenómenos de despojo y concentración de tierras”, con adjudicaciones de territorios colectivos a terceros no indígenas y afros; revocatorias y readjudicaciones de predios de desplazados que terminaron en poder de empresas agroindustriales y forestales, y no a la recuperación de baldíos acumulados de formar irregular, en todo el país y, especialmente, en la Altillanura

Para el debate queda abierta la pregunta de por qué el Gobierno insiste primero en implementar las Zidres y Pines, sin saber primero, por ejemplo, cuántos baldíos (tierras de la Nación) hay disponibles y sin resolver además todas las reclamaciones históricas de comunidades en formalización de predios y recocimiento de territorios. Para la nueva institucionalidad será un reto desarrollar el llamado “barrido predial” y “catastro multipropósito”, es decir, revisar predio a predio en cada rincón del país con un equipo de profesional interdisciplinar y elaborar en conjunto un solo catastro que permita tener claro el mapa de las tierras en Colombia.

A tan pocas horas de liquidación del Instituto, preocupa que se replique también la historia de los expedientes. En 2003, cuando se suprimió el Incora y nació el Incoder, la Procuraduría Agraria denunció que varios funcionarios extraviaron los expedientes originales. En Norte de Santander y en Cesar, por ejemplo, los quemaron. Igual sucedió en el paso Incoder-Unidad Nacional de Tierras -Incoder. Queda la pregunta si la cura puede ser peor que la enfermedad.

Por verdadabierta.com


El país sigue en mora de encontrar las ganancias económicas del conflicto. Solo el 6% del dinero para reparar a las víctimas ha salido del bolsillo de los exparamilitares. Con improvisación, corrupción y negligencia las instituciones han puesto su grano de arena en este enredo.

donde esta el dinero 1Tal como está en el papel, para acceder a los ocho años de prisión que promete la justicia transicional, los desmovilizados debían entregar todos sus bienes en pro de la reparación. Diez años después de expedida la Ley de Justicia y Paz, el balance es pobre: las entregas fueron insuficientes, la Fiscalía se demoró en perseguir los bienes y miles de millones de pesos se perdieron por la mala administración que el Gobierno hizo de ellas.

Las más afectadas por este desorden han sido las víctimas. En el caso hipotético de que se vendieran todos los bienes entregados por los excombatientes y su valor se dividiera entre las cerca de 500 mil de víctimas que hacen parte del proceso, a cada una le correspondería solo medio millón de pesos.

Hasta ahora, solo a las víctimas reconocidas en la primera de las 33 sentencias proferidas se les entregó el dinero que ordenaron los jueces. Al resto, la Unidad de víctimas les entrega montos considerablemente menores, porque la plata no alcanza.

donde esta el dinero 1Justicia y Paz está lejos de terminar y aunque los exparamilitares y exguerrilleros ya están saliendo libres, sólo el 4% de las víctimas han sido reconocidas en sentencias y ninguno de los bienes entregado se ha vendido.

Sin duda, todo este proceso ha dejado lecciones sobre cómo investigar y administrar de manera más eficiente lo entregado por los grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, la pregunta que queda es si en diez años de discusiones jurídicas y errores garrafales se perdió una oportunidad única de perseguir las ganancias del paramilitarismo.

VerdadAbierta.com presenta las fallas más importantes y los tropiezos más comunes con los que se ha topado la justicia transicional para encontrar los verdaderos dineros que se esconden tras la guerra.

Investigación tardía
En el papel la Ley dejó claras las obligaciones pero no los mecanismos para recuperar los bienes. Por eso los primeros años se fueron en discusiones jurídicas e improvisaciones, hasta que las altas cortes fueron despejando el camino. Los resultados más importantes se produjeron recientemente, cuando los primeros exparamilitares comenzaron a salir de la cárcel.

La Ley original aprobada por el Congreso en 2005 era laxa con los paramilitares, les exigía sólo entregar las propiedades producto de las actividades ilícitas y restituir a las víctimas “de ser posible”. Un año después, la Corte Constitucional exigió que se entregaran todos los bienes, incluso los lícitos, para la reparación.

En las primeras versiones los desmovilizados entregaron fincas, carros, helicópteros, ganado y hasta joyas y prendas de vestir. “Los postulados empezaron a ofrecer bienes, pero aún no había un mecanismo para recibirlos. Estábamos en un limbo jurídico”, recuerda Ana Fenney Ospina, quien fue la fiscal del Bloque Central Bolívar y luego coordinó la subunidad de bienes de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.

Hasta que el excombatiente no fuera a juicio, no se podían asegurar dichos bienes con medidas cautelares. El problema fue que esto tardó varios años, pues documentar los crímenes de los bloques paramilitares y crear contextos le tomó más tiempo del esperado al ente investigador.

En 2008 la Corte Suprema aclaró que por encima del debido proceso están los derechos de las víctimas. Luego de este pronunciamiento, 3 años después de aprobada la Ley, se aseguró la primera propiedad.

Al mismo tiempo, al interior de la entonces Unidad de Justicia y Paz, los fiscales pedían la creación de un grupo especial que se dedicaran exclusivamente a los bienes, pues los funcionarios estaban documentando las masacres, los delitos de género y los desplazamientos y no tenían tiempo de estar pendientes de estos.

Con solo tres fiscales en todo el país se creó el primer grupo de persecución de bienes, que en realidad se encargó de darle una solución jurídica a un cúmulo de propiedades. Hasta entonces, los propios desmovilizados eran la fuente principal de información. Se dio por hecho que estaban diciendo toda la verdad y entregando sus propiedades.

Solo hasta 2013, luego de la reforma a la Ley, se fortaleció el grupo de persecución de bienes con ocho fiscales y, por primera vez, investigaron a los posibles testaferros de los exjefes paramilitares. Los resultados saltaron a la vista.

donde esta el dinero 2Con este trabajo de investigación se conocieron varias fincas que Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, había escondido en el Bajo Cauca antioqueño antes de ser expulsado de Justicia y Paz y ha dado pistas sobre posibles testaferros de Salvatore Mancuso.

Aunque desde 2014 los exparamilitares han comenzado a quedar libres, la investigación de sus bienes no tiene vencimiento de términos. “La persecución se puede hacer después de la sentencia. Uno espera que el postulado haya dicho la verdad, pero si se llegase a encontrar que no entregó puede ser excluido de Justicia y Paz y volver a la cárcel”, aseguró Carlos Villamil, director nacional especializado en Justicia Transicional.

Sin embargo, la falta de claridad jurídica y las respuestas tardías al interior de la Fiscalía facilitaron que los exparamilitares ocultaran sus bienes y retrasaran una respuesta efectiva a las víctimas que siguen esperando una reparación económica.

Los bienes ajenos
Los exparamilitares entregaron sus bienes, el problema es que varios no les pertenecían. Se trata de tierra despojada a campesinos o predios baldíos, es decir, que son propiedad de la Nación. Después de creada la Ley de Víctimas en 2011, la tierra ha ido retornando a manos de sus legítimos dueños.

El Fondo de Reparación, dependencia de la Unidad de Víctimas que se encarga de la administración de los bienes, tiene en su poder 919 propiedades. 80 ya fueron restituidas a campesinos despojados por la violencia y otros 99 están en proceso de restitución.

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“Una vez hay un fallo, el Fondo le entrega los predios a las víctimas. Pueden ser muchos más los bienes que estén pedidos en restitución, nosotros solo conocemos los de las zonas microfocalizadas por la Unidad de Restitución de Tierras”, aseguró Juan Camilo Morales, coordinador del Fondo de Reparación.

Esto sucedió con más de la mitad las fincas de ‘Don Berna’. El exjefe paramilitar ha entregado hasta el momento 113 bienes rurales, la mayoría en Valencia, Córdoba. 59 ya regresaron a sus verdaderos dueños y 14 más siguen en proceso de reclamación.

La nueva Esperanza de la finca Las Tangas
Dentro de estos se incluye el emblemático predio Las Tangas, conocido como la base paramilitar de los hermanos Vicente y Carlos Castaño. Para esconder las tierras, en los años 90, los paramilitares la parcelaron y se la entregaron a campesinos de la región por medio de la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor). El año pasado, la Unidad de Restitución decidió devolver ese predio a los campesinos.

También entregaron tierra que en realidad pertenecía a la Nación. Por ejemplo, Salvatore Mancuso hizo entrega del Club 100, una lujosa propiedad ubicada en la Isla Múcura, en el archipiélago de San Bernardo. Sin embargo, no ha podido llegar al Fondo de Reparación a las víctimas porque está construida sobre terrenos baldíos.

De manera similar, José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, quien fue el jefe paramilitar del grupo conocido como los Carranceros, entregó las islas Carimagua, dos pequeñas porciones de tierra ubicadas en medio del Río Meta que desaparecen cada invierno. Aunque el exparamilitar asegura que son suyas, lo cierto es que se trata tierra de la nación.

Pasaron de agache
Lo que se propuso en un comienzo no se cumplió al pie de la letra. Los desmovilizados que no tengan nada que entregar, pueden salir libres siempre y cuando el jefe máximo de su bloque ofreciera bienes para reparar a las víctimas. Así, por ejemplo, los excombatientes del Bloque Catatumbo en Norte de Santander se cobijaron con los predios que entregó Mancuso, los del Bloque Central Bolívar aseguraron su libertad con las propiedades que entregaron ‘Macaco’, ‘Julián Bolívar’ y ‘Ernesto Báez’.

Esto es entendible, pues muchos patrulleros trabajaban por un sueldo no mucho mayor que un salario mínimo. Sin embargo, algunos jefes paramilitares han pasado de agache amparándose en los bienes que entregó su antiguo comandante. Los magistrados de Justicia y Paz han sido insistentes en reclamar que cumplan los compromisos.

Así lo hizo Édgar Fierro, alias ‘Don Antonio’, quien fue la mano derecha de ‘Jorge 40’ en el Bloque Norte. Cinco días después de desmovilizarse, el 5 de marzo de 2005, ‘Don Antonio’ fue capturado en Santa Marta y el CTI le incautó lo que tenía consigo: el computador (que luego sería conocido como el computador de ‘Jorge 40’), 102 millones de pesos, un par de carros y una casa. Diez años después, lo único que entregó para reparar fue lo que le quitaron a la fuerza.

donde esta el dinero 4Algo similar ocurrió con Jorge Iván Laverde, más conocido como ‘El Iguano’, quien dirigió el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo. Las víctimas que estaban acostumbradas a verlo a él y a sus hombres en grandes camionetas y ocupando varias casas en Cúcuta y La Gabarra, se sorprenden hoy al escuchar al exparamilitar diciendo que no tiene nada para entregar.

Hasta ahora ningún desmovilizado ha sido excluido de Justicia y Paz por ocultar bienes. “Cada vez que les encontramos una propiedad que nos tenían escondida, piden casualmente una última audiencia porque ahora sí se ‘acordaron’ que quieren reportarlo”, contó un funcionario de la Fiscalía a VerdadAbierta.com.

Otros que pasaron de agache fueron los testaferros. Ejemplos de este tipo hay en todo el país. En Tierralta, Córdoba, se conocieron por lo menos tres personas que tenían predios de Mancuso a nombre propio, a unos cuantos los mataron y otros siguen libres sin ningún tipo de implicación jurídica. Dos fincas que estaban en manos de uno de los abogados de ‘Macaco’ entraron al Fondo de Reparación el año pasado, sin que se ordenara una investigación por testaferrato. Tampoco se extinguió el dominio de una Hacienda en Atlántico que está a nombre de la pareja de Carlos Castaño, porque la mujer no tiene una condena por testaferrato.

Entre las balas y la minería
Para estrenar el grupo de persecución de bienes en 2011, la Fiscalía anunció en una rueda de prensa que había embargado la finca El Recreo, que estaba en manos de testaferros de ‘Don Berna’. Este predio ubicado en la selva profunda de San Vicente del Caguán cuenta con 14 mil hectáreas, el más extenso destinado a la reparación de las víctimas.

donde esta el dinero 5El problema es que desde ese año, cuando se hizo la entrega del bien, ningún funcionario ha podido llegar hasta la zona para administrarlo. La presencia del Bloque Oriental y la Columna Móvil Teófilo Forero, ha impedido el acceso. La historia se repite con las 9 mil hectáreas denunciadas por los pocos guerrilleros desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz.

Las Bandas Criminales también se han encargado de explotar los recursos de los bienes. En Tierralta, por ejemplo, han talado los cultivos de Acacia entregados por Mancuso y han amenazado a los funcionarios que intentaron frenarlos. Por otro lado, la minería ilegal ha estado presente en 14 predios del Bajo Cauca antioqueño y de Remedios, en fincas de dos ex jefes paramilitares: ‘Cuco’ Vanoy y ‘Macaco’.

Lo que el Estado dejó perder
A este difícil panorama se suma la mala administración. Un informe de la Contraloría conocido por VerdadAbierta.com, evidencia que el valor de los bienes disminuyó 4 mil millones de pesos. El documento agrega que las únicas cuatro ventas de inmuebles que hizo el Estado fueron anuladas porque se entregaron por precios irrisorios, las propiedades no tenían pólizas como ordena la ley y 35 predios que se consideraban productivos, dejaron de serlo.

Estas irregularidades han sido denunciadas constantemente en las audiencias de Justicia y Paz. Así se conoció la historia la clínica en Tarazá entregada por ‘Cuco’ Vanoy, la más grande que ha tenido el municipio. Su valor inicial se calculaba en 5.200 millones de pesos, pero una vez pasó a manos del Estado, fue desvalijada: arrancaron las puertas, se robaron los sanitarios y tumbaron las paredes. Hoy no hay clínica y el valor del predio se redujo a 450 millones, si acaso, lo que cuesta el pedazo de tierra.

donde esta el dinero 6Algo similar ocurrió con L’Enoteca, un lujoso restaurante de Barranquilla administrado por el fallecido empresario italiano, Giorgio Sale. De este negocio, en el que según Mancuso, se invirtieron 5 mil millones de pesos, no quedó nada para la reparación a las víctimas. “En el informe del liquidador judicial se observa que varios activos, entre ellos, vinos finos, tuvieron que ser desechados y dados de baja por su mal estado de conservación”, dice la primera sentencia contra el exjefe paramilitar.

Los bienes estuvieron en manos de la extinta Acción Social entre 2005 y 2009, luego pasaron a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), adscrita al Ministerio de Hacienda. Esta entidad de economía mixta, que irónicamente se creó para sanear los problemas de corrupción de la Dirección Nacional de Estupefacientes, fue la responsable de gran parte del detrimento patrimonial, sin que hasta el momento haya sanciones.

Luego de la expedición de la Ley de Víctimas en 2011, la administración de los bienes pasó a la Unidad de Víctimas y para ello se creó el Fondo de Reparación.

Los líos de la tierra
“A nosotros nos dijeron que ‘Macaco’ estaba entregando parcelas para los que dejaran las armas. Nos vinimos hace 9 años del Sur de Bolívar con nuestras familias para tener tierrita”, contó a VerdadAbierta.com un desmovilizado que vive en Balboa, Risaralda. En las fincas Las Delicias y Florida viven 13 familias a quienes en 2006 el exjefe paramilitar, amparado por el Gobierno, les aseguró que allí podían comenzar una nueva vida.

Los excombatientes crearon una cooperativa productora de café y repartieron la tierra. El problema es que en 2007 el Gobierno canceló el programa que se conoció como Proyectos Productivos para la Paz, promovido por el propio excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Los bienes pasaron al Fondo para la reparación de las víctimas en 2013 y desde entonces los desmovilizados se han negado a salir.

donde esta el dinero 7“Nos prometieron estas tierras y hemos cumplido con todas las reglas”, contó el desmovilizado. Lo mismo sucedió en Tierralta, donde más de 500 desmovilizados se niegan a entregar las fincas que fueron de Salvatore Mancuso.

Para Juan Camilo Morales, Coordinador del Fondo, esta experiencia le dejó al Estado tal vez una de las más grandes lecciones: “no se puede entregar tierra en esas condiciones de precariedad jurídica. Si no hay un título de adjudicación, se pueden reproducir los ciclos de violencia en la pelea por la tierra”.

En otras regiones del país son las víctimas las que se quejan. Luego de recibir los bienes, el Fondo tiene que hacer una subasta para arrendarlo mientras deciden venderlo, pero según denuncian las víctimas en Bajo Cauca, a estos eventos se han presentado testaferros armados y no pocas se abstienen de asistir por intimidaciones. En julio del año pasado, por ejemplo, asesinaron a Luis Castellanos Salcedo, un arrendatario de varias fincas en Córdoba.

En 2012 el Congreso advirtió que los bienes no solo tenían que venderse, sino que podían ser entregados a organizaciones de víctimas o a las comunidades cercanas. Hasta ahora se ha hecho lo propio con seis propiedades, una de ella es la finca La Veraka, a 5 minutos de Sincelejo. El predio donde los paramilitares del Bloque Montes de María asesinaron a sus víctimas, sirve hoy como proyecto productivo de una organización de mujeres víctimas de violencia sexual de la región.

Después de varios reclamos, solo hasta hace un mes y medio, la Corte aclaró que estos predios pueden ser adjudicados directamente a estas organizaciones de víctimas.

Por verdadabierta.com



Una reciente investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reconstruye cómo fue la violencia contra los periodistas en los últimos 38 años. Los comunicadores han sido víctimas de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y agentes corruptos del Estado, quienes por medio de amenazas y de balas, intentaron silenciarlos.

mordaza periodismo 1La labor de informar sobre el conflicto armado, denunciar hechos de corrupción y alertar sobre el peligro de diferentes mafias, han puesto en la mira de los violentos a cientos de periodistas. Entre diciembre de 1977 y agosto de 2015 fueron asesinados 152 por las labores que realizaban con motivo de su oficio; otro buen número recibió amenazas de muerte y varios se exiliaron.
La primera víctima de la que se tiene conocimiento es Carlos Ramírez París, director de Radio Guaymaral, quien fue asesinado el 11 de diciembre de 1977 en el puente Calderón de Cúcuta, por dos policías a golpes. Ese debut también marcó una característica que de allí en adelante acompañaría a los demás asesinatos de periodistas: la impunidad, pues meses después los uniformados fueron dejados en libertad.

A partir de este crimen, el CNMH siguió el rastro de cada una de las agresiones sufrida por los periodistas e hizo una detallada radiografía sobre la violencia de la que fueron víctimas, la cual es publicada este miércoles bajo el nombre de La palabra y el silencio: La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015). El informe hace un recorrido cronológico por cada una de esas cinco décadas, tipifica los hechos de violencia, caracteriza a los verdugos, le hace seguimiento a los procesos judiciales y plantea una vía de reparación colectiva con énfasis comunicativo, para subsanar el daño causado a las comunidades que se quedaron sin voz y al gremio de comunicadores.

portada informe periodistasEn diálogo con VerdadAberta.com, Germán Rey, coordinador de esta investigación que duró alrededor de año y medio, explicó que la decisión de documentar este tema nació por la importancia que tiene la libertad de prensa para la democracia. Además, indicó que el estudio de este caso “demuestra que la violencia se ha exacerbado en múltiples zonas del país y que la han sufrido personas indefensas que han estado muy cerca a los núcleos del conflicto”, y resaltó la gravedad de atentar contra los comunicadores, porque estos delitos “tienen un daño de acción que poco a poco se va agrandando en las comunidades, y muchas veces terminan acabando con el único medio de comunicación de una región y con la posibilidad de que la gente se informe libremente”.
Además de los asesinatos, durante el conflicto armado también se han dado exilios, amedrentamiento, interferencias en el oficio, estigmatizaciones y autocensura que, según el informe, han “tenido repercusiones directas no solo en el campo del periodismo sino en la vida democrática de la nación” y “le han hecho un daño inmenso a la producción y circulación de la información en el ámbito público y al desarrollo de la convivencia y la vida social”.

Como si lo anterior fuera poco, la respuesta de las autoridades judiciales ha sido casi nula. Sólo en cuatro de los 152 asesinatos han sido identificados y procesados los autores materiales e intelectuales; el 48 por ciento de los casos ya prescribieron y nadie responderá por ellos; y la otra mitad se encuentra en diferentes estados procesales pero con pocas esperanzas de que prosperen. Para el investigador Rey, la impunidad se debe en parte a los cuidados de los victimarios para no dejar rastros, pero cuestiona el papel del sistema judicial, porque “en muchas circunstancias ni siquiera se llevaron a cabo las investigaciones preliminares y el manto del olvido estaba garantizado per se por el propio sistema. El mensaje que se estaba dando finalmente era: maten periodistas que no le pasa nada a nadie”.


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En sus 400 páginas, el informe establece cuatro periodos de victimización contra los periodistas, cada uno enmarcado en las lógicas y los intereses de los verdugos.

La preparación de la violencia (1977-1985)
En estos ocho años fueron asesinados 18 periodistas que pertenecían a pequeños medios de comunicación. Según el informe, “la violencia proviene fundamentalmente de la corrupción política y de iniciales arremetidas del narcotráfico que en el siguiente periodo se acrecentarán notablemente; se presenta un asesinato asociado con la guerrilla del EPL”.

Destaca que esa época estuvo marcada por el enfoque de la guerra fría, la lucha anticomunista y la necesidad de medidas de seguridad nacional. “En este contexto la información, y concretamente las tareas del periodismo, se empieza a colocar en el centro de las preocupaciones de ciertos sectores del Estado colombiano, en particular del gobierno, las fuerzas militares y los organismos de seguridad”, indica.

Además de los asesinatos, ocurrieron dos atentados con explosivos. El 11 de noviembre de 1975 explotó una bomba de mediano poder en la sede de la revista Alternativa en Bogotá; días después otra fue activada en la casa del periodista Enrique Santos Calderón, quien para ese entonces era directivo de dicha revista.

El ascenso de la violencia narcotraficante (1986-1995)
Durante este tiempo fueron asesinados 62 periodistas. La razón de ese drástico aumento está relacionada con dos factores: el narcotráfico y el auge del paramilitarismo, que en diferentes momentos han ido de la mano en el conflicto armado.

Con relación al narcotráfico, se dieron ataques contra líderes de opinión que en sus columnas abogaban por la extradición hacia Estados Unidos y exponían el auge de este negocio ilegal. En este escenario se dio la arremetida del Cartel de Medellín, que en cabeza de Pablo Escobar Gaviria, atacó especialmente al diario El Espectador: primero con el asesinato de su director, Guillermo Cano, el 17 de diciembre de 1986; y posteriormente con la bomba a la sede del diario en Bogotá, el 2 de septiembre de 1989.

Al respecto, el informe indica que esta violencia tenía varios objetivos: “por una parte, doblegar a los medios de comunicación para que se pusieran del lado de la no extradición; pero, por otra, bloquear toda posibilidad de referencia al narcotráfico como la empresa criminal que ya era, a su impacto desastroso en el país, al señalamiento de sus cabecillas y sobre todo a la espesa red de conexiones que empezaban a construir con autoridades, políticos, bandas delincuenciales e integrantes del propio Estado”.

Por otro lado, el cubrimiento sobre la violencia paramilitar que se empezaba a incubar en el país, también fue causa de asesinatos de periodistas. Entre las primeras víctimas se encuentran Oswaldo Regino Pérez, periodista de El Universal de Cartagena, quien presuntamente fue asesinado el 11 de noviembre de 1988, por su cobertura de las masacres de La Mejor Esquina y El Tomate; y Luis Daniel Vera, asesinado el 11 de abril de 1989, quien cubría en Radio Metropolitana de Bucaramanga los crímenes de la banda de Los Masetos.

Además, en los últimos años de este periodo “arreciaron las acciones violentas contra periodistas por parte de las guerrillas”, y a diferencia de los primeros años en los que los narcotraficantes golpearon a grandes medios de comunicación para generar terror y presionar al Estado, la mayor cantidad de víctimas pertenecían a medios locales y regionales.

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Actores armados ilegales, conflicto y violencia contra periodistas (1996-2005)
En estos diez años fueron asesinados 58 periodistas -la mayoría de radios locales-, aunque la violencia producto del narcotráfico mermó, las acciones de paramilitares y guerrilleras aumentaron. Durante ese periodo se dio la creación de las Autodefensas Unidades de Colombia (Auc) y los grupos paramilitares se expandieron por casi todos los rincones del país a punta de masacres y asesinatos selectivos.

Los periodistas vinculados a pequeños medios de comunicación recibieron el azote paramilitar porque “su expansión guerrera se concentraba en las regiones en las que existían pequeños proyectos periodísticos, con su tarea informativa expuesta y a la luz pública” y resalta que en sus ataques “hay una intención explícita de silenciar a quienes habían construido a través del periodismo unos lazos de confianza y credibilidad con las poblaciones de proximidad y generar el terror entre sus colegas de oficio y en las comunidades de cercanía”.

La guerrilla también golpeó a la prensa. Según cifras acopiadas en la investigación, entre 1997 y 1998 fueron secuestrados 24 periodistas; en 2002 se registraron 112 agresiones, entre amenazas (75), secuestros (12) y atentados (10); en 2004 ocurrieron 11 secuestros, siete de ellos en Arauca, de los cuales dos fueron autoría del Eln y los restantes de las Farc. Sobre el secuestro, indica que “fue un mecanismo particularmente usado por la guerrilla y los grupos paramilitares para aleccionar a periodistas con el propósito de reorientar la cobertura informativa de acuerdo a sus intereses, esto es publicitar los hechos con una mirada sesgada”.

Producto de estas acciones y de la rampante impunidad, en este periodo se empezó a instalar la autocensura. “De esta manera los perpetradores van logrando resultados con su estrategia de miedo. La agenda se restringe, algunos temas salen del debate público, se aumentan las estrategias de cuidado frente a la acción de los violentos y se entroniza una atmósfera de “calma chicha” en la que todos saben lo que sucede pero no existen condiciones para decirlo. El silencio empieza a vencer a la palabra”, señala.

Descensos y ascensos en la violencia contra periodistas (2006-2015)
Este periodo es de claroscuros. Los homicidios se redujeron con relación a los dos periodos anteriores (ocurrieron 14 hasta agosto de este año) y el país salió de la lista negra con más periodistas asesinados, pero aumentó la autocensura y se dieron otros tipos de agresiones que afectaron la libertad de prensa.

El informe contempla que la desmovilización de las Auc entre 2003 y 2006, y la creación de organizaciones de defensa de los derechos de los periodistas y el apoyo de ONG internacionales, contribuyeron a la disminución de los asesinatos. Las víctimas pertenecían al periodismo local y regional, laborando en pequeños medios de comunicación.

Sin embargo, la autocensura y las agresiones fueron en aumento. Con preocupación, el informe cita varios episodios en los que el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, realiza duros cuestionamientos contra periodistas y activistas de derechos humanos que derivaron en amenazas. “Como lo ocurrido a Gonzalo Guillén, a quien el primer mandatario de la nación señaló por “[dedicar] una carrera periodística a la infamia y la mentira”; o la calificación de “mentiroso” y “miserable” que dio a Daniel Coronell. Estas acusaciones públicas solían tener como consecuencia el aumento de las amenazas a los periodistas señalados”, indica.

Las motivaciones de los verdugos
Periodistas entrevistando a guerrillero de las Farc, tras un atentado al casco urbano de Toribío, Cauca, en 2012. Foto: archivo Semana.

El informe también analiza el accionar de los victimarios y da luces sobre por qué arremetieron contra la prensa.
Sobre el narcotráfico, considera que vio en el periodismo un poder y un enemigo potencial. “Esta doble tensión la explicaba el hecho de que, como organización criminal, la visibilidad de sus delitos los ponía en un peligro inmediato; y como grupo de militancia necesitaban de los medios de comunicación y el periodismo para difundir sus exigencias y puntos de vista, especialmente sobre la no extradición”, precisa, y agrega que “no parece que ningún otro grupo victimario haya sentido, de manera tan aguda, el peligro que significaban los editoriales y las opiniones de páginas editoriales de los periódicos”.

En cuanto a los paramilitares, identifica que su violencia estuvo encamina a una estrategia de control. Con sus acciones contra la prensa buscaban infundir temor en las comunidades, pretendían establecer control ideológico, controlaban el acceso para el cubrimiento en los territorios y controlaban qué temas se publicaban. Además, señala que, “a diferencia de las acciones de los grupos narcotraficantes -magnicidios y atentados contra periódicos y emisoras de radio con repercusión en la opinión pública- que buscaban una visibilidad pública de su poder, de sus intenciones y propósitos, los grupos paramilitares actuaban de manera más sigilosa pero contundente, amenazando y desplazando a periodistas y, sobre todo, generando miedo a través de prácticas concretas de amedrentamiento”.

Respecto a las guerrillas, establece que tienen una visión de la comunicación más ideologizada que la de narcotraficantes y paramilitares; que cometieron menos asesinatos, pero que agredieron a periodistas con secuestros, obstrucciones al oficio, estigmatización y amenazas. “Según la guerrilla, la “gran prensa” (una adjetivación que utiliza frecuentemente) forma parte de los grupos hegemónicos del país y utiliza la información para apuntalar sus propios intereses de dominación. De otro lado, se considera a la información como un instrumento estratégico de la guerra, como una ayuda o traba para la realización de su actividad en contextos y momentos históricos particulares”, señala al respecto.

Por último, también considera la violencia por parte de agentes del Estado, ya sean miembros de la Fuerza Pública o funcionarios electos por voto popular, las cuales están relacionadas con las denuncias por corrupción.

Ésta última, ha sido el común denominador de la violencia ejercida contra periodistas. “Ha existido un comportamiento que atraviesa todos los momentos del conflicto interno colombiano y une a todos los actores en su proceder violento contra medios y periodistas: la corrupción. Ya sea porque los actores han infiltrado a importantes instituciones del estado nacional, regional y local o sea porque el desencadenante de la violencia contra periodistas es su denuncia de actos de corrupción. A tal punto que, en los últimos años, los promotores fundamentales de esta violencia provienen de la conjunción de la corrupción y las bandas delincuenciales”, concluye el informe.

Por verdadabierta.com




El exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y actual integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hizo un alto en su apretada agenda para visitar el país. VerdadAbierta.com conversó con él sobre el proceso de paz, las lecciones que deja la Ley de Justicia y Paz y su experiencia en Centroamérica.

ivan velasquez 1El abogado Iván Velásquez parece tener un imán personal que hace que caigan en sus manos los más complejos y determinantes procesos judiciales. Siendo Procurador Regional de Antioquia, a principios de los noventa, debió seguirles la pista a todos los excesos y los crímenes cometidos por Pablo Escobar durante su estadía en la cárcel de la Catedral. Años más tarde, siendo Director de Fiscalías en Antioquia, coordinó el allanamiento a un parqueadero en Medellín donde se halló abundante información sobre los nexos políticos, militares y financieros de las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Caso conocido como “Parqueadero Padilla”.

Siendo Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia logró poner en evidencia los vínculos de cientos de políticos regionales con importantes jefes paramilitares. Ahora, Velásquez es uno de los hombres más apreciados por buena parte de la sociedad guatemalteca gracias a las investigaciones que impulsó desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig-, que permitieron develar sólidas redes de corrupción al interior del gobierno de ese país centroamericano y que terminaron forzando la renuncia de su presidente, Otto Pérez.

Quizás por ello, cuando se le indaga por temas relacionados con la corrupción, procesos de paz y los derechos humanos, las respuestas no solo reflejan su experiencia jurídica sino la sapiencia propia de quien ha tenido que perseguir por más de tres décadas los más oscuros pecados del Estado. Esta semana, Iván Velásquez hizo un alto en su apretada agenda en Guatemala para cumplirle una cita a la Universidad de Antioquia. En la conmemoración de sus 212 años, el Alma Máter le otorgó la distinción como uno de sus egresados más sobresalientes.

VerdadAbierta.com dialogó con él sobre lo que ha sido esa difícil tarea hacer prevalecer la justicia en Colombia y Guatemala, dos países que a su juicio, comparten problemáticas similares pero de las cuales, cada uno puede aprender del otro.

Verdad y transparencia
VA: ¿Qué opinión le merece el anuncio sobre un acuerdo en el tema de justicia alcanzado en la mesa de negociaciones de La Habana, Cuba?
IV: Pues aquí hay una situación y es el tema transparencia. En este caso, cada vez son más los desacuerdos en algo que considerábamos que había acuerdo. Y eso va enturbiando el ambiente, impidiendo ver cosas puntuales como los términos en que se establece la restricción de libertades que se leyó ese día en el comunicado. Es necesario conocer los acuerdos.

VA: Aun así, con el poco conocimiento que existe sobre el acuerdo, ¿le parece positivo que se exija verdad plena a los actores del conflicto?
IV: Creo que la verdad es un valor fundamental. Y le responderé desde mi experiencia personal. A propósito de todo esto, recordaba lo que pasó en mi caso: la persecución del gobierno de Álvaro Uribe y el extinto departamento administrativo de seguridad (DAS). Los capitanes (Jorge Alberto) Lagos y (Fernando) Tabares aceptaron responsabilidades y fueron condenados a ocho años en una negociación con la Fiscalía, y esas sentencias se presentaron como un gran trofeo, pero, ¿qué fue lo que aportaron a la verdad? ¿Quién dio instrucciones? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál era el propósito real? Nos quedamos sin saber eso. En mi caso particular, era mucho más importante saber la verdad a que estos señores fueran condenados a ocho años.

VA: ¿Cree que pagar cárcel es necesario?
IV: En el comunicado que se leyó está previsto que habrá restricción de libertades, ¿de qué manera se restringen libertades? ¿Cuáles serán las libertades que se van a restringir? ¿Serán diferentes para los que digan verdad plena, los que lo hagan tardíamente y los que se nieguen a decir la verdad? ¿Es diferente restricción de libertad que prisión ordinaria? No podemos hablar de un acuerdo que no conocemos. Por eso, creo que se necesita urgentemente, para evitar que todos estos desencuentros vayan a conducir al fracaso de un acuerdo que creemos ya se había alcanzado, que se revele lo acordado, porque tuvo que haber acuerdo pues el Presidente de la República y el máximo Comandante de las Farc no se van a reunir para un acto de trámite.

VA: Quizás usted fue uno de los que más investigó el fenómeno de la parapolítica pero, ¿cree que existe la Farc-política?
IV: Sí, yo creo que sí y creo que podría revelarse en un escenario de plena verdad. Pero, hay que entender algo también. Y se lo explico con lo siguiente: cierta vez, el procurador Alejandro Ordóñez tuvo una expresión graciosa pero para mí desafortunada: dijo que había que llorar por los dos ojos y que la Corte Suprema de Justicia solo lloraba por un ojo pues no veía sino parapolítica y no Farc-política. El Gobierno también acusaba a la Corte de lo mismo. Entonces la Corte citó a todos esos generales y ministros que se preguntaban públicamente que dónde está la Farc-política para preguntarles que era lo que ellos sabían que la Corte desconocía. Respondieron: ‘es que es evidente que si un grupo de poder está asentado en una región entonces cualquier actividad política está influenciada por ese actor’ ¡Ah! ¿Entonces es una presunción? Repito, fue una expresión desafortunada del doctor Ordóñez porque no consulta una realidad: la guerrilla siempre estuvo en contra de las elecciones, quemaba urnas, saboteaba e impedía elecciones. En lo general, la guerrilla no hizo pactos previos ni promovió candidatos a elecciones que ellos no compartían. Otra cosa es que ya, en el ejercicio de la función pública, un Alcalde o un Gobernador llegara a convenios con la guerrilla. Por eso, cuando dicen que la Corte se ensañó contra una clase política, se habla desde el conocimiento.

VA: ¿Cree que se ha desmontado el paramilitarismo en Colombia?
IV: Yo creo que no y eso es muy lamentable. Mire, había una organización paramilitar que estaba sometida a un proceso de desmovilización y de manera paralela, como se conoció gracias a los computadores de ‘Don Antonio’, se supo que estaba haciendo trampa, que estaba buscando más gente para desmovilizar aquí pero mirando qué gente continuaba con negocios allá; es decir, mientras unos marchaban con camisetas blancas otros seguían con las actividades de siempre. Ese solo conocimiento debió generar mucha preocupación en el Gobierno, pero no pasó nada. Le cuento una anécdota: en las tareas que desarrollábamos en la Corte nos tocaba hablar con muchas comunidades y recuerdo particularmente una gente del norte del Chocó, donde tuvo fuerte presencia ‘El Alemán’. Nos decían las personas que estaban peor que en los tiempos del ‘Alemán’, pues su salida de la región generó un vació de poder que otros grupos paramilitares pretendieron llenar, realizando para ello las mismas operaciones de los paramilitares: rompiendo zona; es decir, matando gente para generar terror, luego entraba un emisario político para entablar relaciones con las comunidades, luego se infiltraban en las juntas de acción comunal, en fin.

VA: Es decir, la estructura del paramilitarismo no se desarticuló...
IV: Yo no creo que el paramilitarismo como estructura militar se hubiera desarticulado. Pero hay una cosa peor, creo yo: nunca se hizo nada para por ‘desparamilitarizar’ a la sociedad ni a las relaciones sociales. Y esto puede conducir a que muchos aplaudan expresiones como: ‘quien va confiar en estos guerrilleros si lo que hay que hacer es acabarlos’. Eso obedece a una concepción de las cosas sobre las que el Gobierno tuvo que intervenir y no lo ha hecho.

Esclarecer: propósito fundamental

VA: A propósito del paramilitarismo, han pasado 10 años de la Ley de Justicia y Paz, ¿qué balance puede hacer al respecto?
IV: Un aspecto central es el tema de la verdad y las consecuencias en la investigación penal. En Justicia y Paz, varios jefes paramilitares y otros integrantes contaron miles de historias que permanecen así, contadas, sin generar mayores investigaciones. Yo creo que tendría que evaluarse muy bien ese mecanismo de judicialización de la verdad. Yo, naturalmente, estoy de acuerdo porque exista judicialización, pero también creo que es imposible abarcar todo el espectro de un fenómeno de organizaciones sea paramilitarismo o guerrilla y que es necesario garantizar verdad sobre los aspectos fundamentales.

VA: Por ejemplo...
IV: En el tema del paramilitarismo es necesario establecer si hubo o no responsabilidad del Estado en la consolidación del fenómeno paramilitar. Cierta vez, Salvatore Mancuso dijo que el control de zonas era en convenio con brigadas o niveles superiores del Ejército. Eso quedó ahí. ¿Fue real? Si fue real, ¿por qué no se investigó? Y en todo caso si no fue real, ¿por qué no se esclareció? También faltó indagar por temas clave como la relación de los empresarios con el paramilitarismo. ‘Ah, entonces ahora la van a emprender contra unas personas que estaban defendiendo’, como han dicho algunos sectores. Pero lo que pasa es que, en ese procedimiento de defensa, voluntariamente financiaron a unas personas que mataron y desplazaron comunidades y uno no podría justificar, con ese pretexto, un ejercicio de defensa. En todo caso, si no hubiera efectos judiciales, el solo hecho de saber que hubo sectores económicos que apoyaron las estructuras paramilitares es algo muy necesario. Y lo mismo ahora en el tema de la guerrilla. Es indispensable conocer las verdades sobre el accionar de la guerrilla y las interacciones en la guerra con otros actores.

VA: En términos de esclarecer lo que fue el fenómeno paramilitar, ¿cree que sería necesario reabrir el caso del ‘Parqueadero Padilla’?
IV: El problema es el transcurso del tiempo y la conservación de la información. Yo conocí el caso del ‘Parqueadero Padilla’ en su inicio porque estuve cuando se realizó el operativo del 30 de abril de 1998. Luego, cuando estuve en la Corte Suprema de Justicia investigando parapolítica, volvimos a la Fiscalía a buscar ese expediente y había muchas partes perdidas. Muchos documentos que recuerdo de aquel tiempo ya no existían. Recuerdo centenares de disquetes con información muy importante sobre la conformación de cada una de las escuadras y frentes de bloques paramilitares que luego ya no estaban. ¿Habrá posibilidad de reconstruir ese caso con los documentos que hay? ¿Qué se hizo en Justicia y Paz por reconstruir ese caso con el aporte de los desmovilizados? ¿Qué pasó con Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’? ¿Tiene orden de captura, sigue libre, se intentó ofrecerle algún beneficio jurídico a cambio de su verdad? Yo sí siento que no hubo ningún propósito de investigar el paramilitarismo en esa oportunidad. Si eso se hubiera hecho en 1998-1999 se hubiera logrado contener mucha de la barbarie que se produjo. Pero no.

VA: Cómo reconocido jurista: ¿Qué opinión le merecen las palabras del Fiscal General de la Nación sobre la posibilidad que el expresidente Álvaro Uribe sea investigado por la masacre del Aro (Ituango)?
IV: Sin referirme específicamente a esa pregunta, le puedo decir que yo creo que si un hecho es susceptibles de investigación, en esto no debe haber un gran escándalo. Se supone que la justicia actúa de manera independiente, objetiva, imparcial. Se supone que en el país existe madurez en el sistema de justicia y que la justicia no es venganza. Entonces, si hay hechos que involucran a un expresidente o a cualquier otro actor del país que tenga imputación en su contra, lo más normal es que eso de lugar a una investigación seria, objetiva y profunda y que esa investigación concluya con una decisión que aclare totalmente el hecho que se atribuye.

El espejo guatemalteco

VA: Gracias a su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig-, usted ha podido conocer de cerca el proceso de paz de ese país y la implementación de los acuerdos suscritos. Es decir, el postconflicto. ¿Qué ha podido observar? ¿Qué debemos aprender?
IV: Hay una gran tristeza después de todo el proceso de paz en Guatemala. La gran tristeza es que son miles de niños que se mueren de hambre, que hay centenares de personas en la absoluta miseria. Uno aspiraría a que los procesos de paz significaran procesos de reconstrucción de un país, pero una reconstrucción con justicia social, una reconstrucción donde los que han sido excluidos permanentemente de los beneficios de la civilidad puedan ser incluidos. En Guatemala se firmaron más de 30 acuerdos para desarrollar el postconflicto y desafortunadamente lo que vemos es esa grave situación de la mayoría de la gente. Más del 60 por ciento de la población es indígena y es víctima de una gran exclusión. Uno pensaría que ellos deberían liderar un proceso de cambio, pero no se les permite. ¿Qué he podido aprender allá, pensando en Colombia? Creo que la firma de la paz es solo el cese del conflicto pero no es la paz. Es acabar las balas pero la paz es algo muy diferente, es lo que hay que construir para reducir las distancias entre los que tienen mucho y los que no tienen nada.

VA: Con todo y ello, la labor de la Cicig ha sido altamente valorada y sus efectos han sido sorprendentes, ¿a qué se debe?
IV: Creo que un elemento de distinción es la posibilidad de realizar investigaciones realmente independientes. La Cicig tiene esa virtud: que no responde a presiones de ninguna naturaleza, que actúa de acuerdo con lo que se encuentra en las investigaciones, que no tenemos relaciones con ningún factor de poder tanto dentro como por fuera del Estado.

VA: En este caso en particular, usted es un extranjero en Guatemala, ¿cree que un extranjero liderando procesos de búsqueda de verdad, de lucha contra la impunidad, como los que se aspiran a implementar en Colombia, garantizarían independencia y neutralidad?
IV: Yo he señalado que la Cicig tiene una virtud y es precisamente esa: nosotros no tenemos ni intereses sociales, ni patrimoniales, ni políticos. No hay nada que puedan ejercer contra nosotros para tratar de entorpecer o torcer las investigaciones. Eso es una garantía para la independencia de la justicia. Ahora, la Cicig apoya a la justicia de Guatemala, pero cuando nosotros hacemos una investigación criminal, con el Ministerio Público -que muestra de qué forma altos funcionarios estaban involucrados en casos de corrupción- es muy difícil que por más presión que se haga contra el Ministerio Público, ellos archiven algo que nosotros ya hicimos evidente. Yo creo que en países en los que no hay suficiente independencia judicial ni independencia de los órganos de investigación, comisiones como la Cicig pueden contribuir... claro, si es que el país está realmente comprometido en luchar contra la impunidad.

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