El país sigue en mora de encontrar las ganancias económicas del conflicto. Solo el 6% del dinero para reparar a las víctimas ha salido del bolsillo de los exparamilitares. Con improvisación, corrupción y negligencia las instituciones han puesto su grano de arena en este enredo.

donde esta el dinero 1Tal como está en el papel, para acceder a los ocho años de prisión que promete la justicia transicional, los desmovilizados debían entregar todos sus bienes en pro de la reparación. Diez años después de expedida la Ley de Justicia y Paz, el balance es pobre: las entregas fueron insuficientes, la Fiscalía se demoró en perseguir los bienes y miles de millones de pesos se perdieron por la mala administración que el Gobierno hizo de ellas.

Las más afectadas por este desorden han sido las víctimas. En el caso hipotético de que se vendieran todos los bienes entregados por los excombatientes y su valor se dividiera entre las cerca de 500 mil de víctimas que hacen parte del proceso, a cada una le correspondería solo medio millón de pesos.

Hasta ahora, solo a las víctimas reconocidas en la primera de las 33 sentencias proferidas se les entregó el dinero que ordenaron los jueces. Al resto, la Unidad de víctimas les entrega montos considerablemente menores, porque la plata no alcanza.

donde esta el dinero 1Justicia y Paz está lejos de terminar y aunque los exparamilitares y exguerrilleros ya están saliendo libres, sólo el 4% de las víctimas han sido reconocidas en sentencias y ninguno de los bienes entregado se ha vendido.

Sin duda, todo este proceso ha dejado lecciones sobre cómo investigar y administrar de manera más eficiente lo entregado por los grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, la pregunta que queda es si en diez años de discusiones jurídicas y errores garrafales se perdió una oportunidad única de perseguir las ganancias del paramilitarismo.

VerdadAbierta.com presenta las fallas más importantes y los tropiezos más comunes con los que se ha topado la justicia transicional para encontrar los verdaderos dineros que se esconden tras la guerra.

Investigación tardía
En el papel la Ley dejó claras las obligaciones pero no los mecanismos para recuperar los bienes. Por eso los primeros años se fueron en discusiones jurídicas e improvisaciones, hasta que las altas cortes fueron despejando el camino. Los resultados más importantes se produjeron recientemente, cuando los primeros exparamilitares comenzaron a salir de la cárcel.

La Ley original aprobada por el Congreso en 2005 era laxa con los paramilitares, les exigía sólo entregar las propiedades producto de las actividades ilícitas y restituir a las víctimas “de ser posible”. Un año después, la Corte Constitucional exigió que se entregaran todos los bienes, incluso los lícitos, para la reparación.

En las primeras versiones los desmovilizados entregaron fincas, carros, helicópteros, ganado y hasta joyas y prendas de vestir. “Los postulados empezaron a ofrecer bienes, pero aún no había un mecanismo para recibirlos. Estábamos en un limbo jurídico”, recuerda Ana Fenney Ospina, quien fue la fiscal del Bloque Central Bolívar y luego coordinó la subunidad de bienes de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.

Hasta que el excombatiente no fuera a juicio, no se podían asegurar dichos bienes con medidas cautelares. El problema fue que esto tardó varios años, pues documentar los crímenes de los bloques paramilitares y crear contextos le tomó más tiempo del esperado al ente investigador.

En 2008 la Corte Suprema aclaró que por encima del debido proceso están los derechos de las víctimas. Luego de este pronunciamiento, 3 años después de aprobada la Ley, se aseguró la primera propiedad.

Al mismo tiempo, al interior de la entonces Unidad de Justicia y Paz, los fiscales pedían la creación de un grupo especial que se dedicaran exclusivamente a los bienes, pues los funcionarios estaban documentando las masacres, los delitos de género y los desplazamientos y no tenían tiempo de estar pendientes de estos.

Con solo tres fiscales en todo el país se creó el primer grupo de persecución de bienes, que en realidad se encargó de darle una solución jurídica a un cúmulo de propiedades. Hasta entonces, los propios desmovilizados eran la fuente principal de información. Se dio por hecho que estaban diciendo toda la verdad y entregando sus propiedades.

Solo hasta 2013, luego de la reforma a la Ley, se fortaleció el grupo de persecución de bienes con ocho fiscales y, por primera vez, investigaron a los posibles testaferros de los exjefes paramilitares. Los resultados saltaron a la vista.

donde esta el dinero 2Con este trabajo de investigación se conocieron varias fincas que Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, había escondido en el Bajo Cauca antioqueño antes de ser expulsado de Justicia y Paz y ha dado pistas sobre posibles testaferros de Salvatore Mancuso.

Aunque desde 2014 los exparamilitares han comenzado a quedar libres, la investigación de sus bienes no tiene vencimiento de términos. “La persecución se puede hacer después de la sentencia. Uno espera que el postulado haya dicho la verdad, pero si se llegase a encontrar que no entregó puede ser excluido de Justicia y Paz y volver a la cárcel”, aseguró Carlos Villamil, director nacional especializado en Justicia Transicional.

Sin embargo, la falta de claridad jurídica y las respuestas tardías al interior de la Fiscalía facilitaron que los exparamilitares ocultaran sus bienes y retrasaran una respuesta efectiva a las víctimas que siguen esperando una reparación económica.

Los bienes ajenos
Los exparamilitares entregaron sus bienes, el problema es que varios no les pertenecían. Se trata de tierra despojada a campesinos o predios baldíos, es decir, que son propiedad de la Nación. Después de creada la Ley de Víctimas en 2011, la tierra ha ido retornando a manos de sus legítimos dueños.

El Fondo de Reparación, dependencia de la Unidad de Víctimas que se encarga de la administración de los bienes, tiene en su poder 919 propiedades. 80 ya fueron restituidas a campesinos despojados por la violencia y otros 99 están en proceso de restitución.

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“Una vez hay un fallo, el Fondo le entrega los predios a las víctimas. Pueden ser muchos más los bienes que estén pedidos en restitución, nosotros solo conocemos los de las zonas microfocalizadas por la Unidad de Restitución de Tierras”, aseguró Juan Camilo Morales, coordinador del Fondo de Reparación.

Esto sucedió con más de la mitad las fincas de ‘Don Berna’. El exjefe paramilitar ha entregado hasta el momento 113 bienes rurales, la mayoría en Valencia, Córdoba. 59 ya regresaron a sus verdaderos dueños y 14 más siguen en proceso de reclamación.

La nueva Esperanza de la finca Las Tangas
Dentro de estos se incluye el emblemático predio Las Tangas, conocido como la base paramilitar de los hermanos Vicente y Carlos Castaño. Para esconder las tierras, en los años 90, los paramilitares la parcelaron y se la entregaron a campesinos de la región por medio de la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor). El año pasado, la Unidad de Restitución decidió devolver ese predio a los campesinos.

También entregaron tierra que en realidad pertenecía a la Nación. Por ejemplo, Salvatore Mancuso hizo entrega del Club 100, una lujosa propiedad ubicada en la Isla Múcura, en el archipiélago de San Bernardo. Sin embargo, no ha podido llegar al Fondo de Reparación a las víctimas porque está construida sobre terrenos baldíos.

De manera similar, José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, quien fue el jefe paramilitar del grupo conocido como los Carranceros, entregó las islas Carimagua, dos pequeñas porciones de tierra ubicadas en medio del Río Meta que desaparecen cada invierno. Aunque el exparamilitar asegura que son suyas, lo cierto es que se trata tierra de la nación.

Pasaron de agache
Lo que se propuso en un comienzo no se cumplió al pie de la letra. Los desmovilizados que no tengan nada que entregar, pueden salir libres siempre y cuando el jefe máximo de su bloque ofreciera bienes para reparar a las víctimas. Así, por ejemplo, los excombatientes del Bloque Catatumbo en Norte de Santander se cobijaron con los predios que entregó Mancuso, los del Bloque Central Bolívar aseguraron su libertad con las propiedades que entregaron ‘Macaco’, ‘Julián Bolívar’ y ‘Ernesto Báez’.

Esto es entendible, pues muchos patrulleros trabajaban por un sueldo no mucho mayor que un salario mínimo. Sin embargo, algunos jefes paramilitares han pasado de agache amparándose en los bienes que entregó su antiguo comandante. Los magistrados de Justicia y Paz han sido insistentes en reclamar que cumplan los compromisos.

Así lo hizo Édgar Fierro, alias ‘Don Antonio’, quien fue la mano derecha de ‘Jorge 40’ en el Bloque Norte. Cinco días después de desmovilizarse, el 5 de marzo de 2005, ‘Don Antonio’ fue capturado en Santa Marta y el CTI le incautó lo que tenía consigo: el computador (que luego sería conocido como el computador de ‘Jorge 40’), 102 millones de pesos, un par de carros y una casa. Diez años después, lo único que entregó para reparar fue lo que le quitaron a la fuerza.

donde esta el dinero 4Algo similar ocurrió con Jorge Iván Laverde, más conocido como ‘El Iguano’, quien dirigió el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo. Las víctimas que estaban acostumbradas a verlo a él y a sus hombres en grandes camionetas y ocupando varias casas en Cúcuta y La Gabarra, se sorprenden hoy al escuchar al exparamilitar diciendo que no tiene nada para entregar.

Hasta ahora ningún desmovilizado ha sido excluido de Justicia y Paz por ocultar bienes. “Cada vez que les encontramos una propiedad que nos tenían escondida, piden casualmente una última audiencia porque ahora sí se ‘acordaron’ que quieren reportarlo”, contó un funcionario de la Fiscalía a VerdadAbierta.com.

Otros que pasaron de agache fueron los testaferros. Ejemplos de este tipo hay en todo el país. En Tierralta, Córdoba, se conocieron por lo menos tres personas que tenían predios de Mancuso a nombre propio, a unos cuantos los mataron y otros siguen libres sin ningún tipo de implicación jurídica. Dos fincas que estaban en manos de uno de los abogados de ‘Macaco’ entraron al Fondo de Reparación el año pasado, sin que se ordenara una investigación por testaferrato. Tampoco se extinguió el dominio de una Hacienda en Atlántico que está a nombre de la pareja de Carlos Castaño, porque la mujer no tiene una condena por testaferrato.

Entre las balas y la minería
Para estrenar el grupo de persecución de bienes en 2011, la Fiscalía anunció en una rueda de prensa que había embargado la finca El Recreo, que estaba en manos de testaferros de ‘Don Berna’. Este predio ubicado en la selva profunda de San Vicente del Caguán cuenta con 14 mil hectáreas, el más extenso destinado a la reparación de las víctimas.

donde esta el dinero 5El problema es que desde ese año, cuando se hizo la entrega del bien, ningún funcionario ha podido llegar hasta la zona para administrarlo. La presencia del Bloque Oriental y la Columna Móvil Teófilo Forero, ha impedido el acceso. La historia se repite con las 9 mil hectáreas denunciadas por los pocos guerrilleros desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz.

Las Bandas Criminales también se han encargado de explotar los recursos de los bienes. En Tierralta, por ejemplo, han talado los cultivos de Acacia entregados por Mancuso y han amenazado a los funcionarios que intentaron frenarlos. Por otro lado, la minería ilegal ha estado presente en 14 predios del Bajo Cauca antioqueño y de Remedios, en fincas de dos ex jefes paramilitares: ‘Cuco’ Vanoy y ‘Macaco’.

Lo que el Estado dejó perder
A este difícil panorama se suma la mala administración. Un informe de la Contraloría conocido por VerdadAbierta.com, evidencia que el valor de los bienes disminuyó 4 mil millones de pesos. El documento agrega que las únicas cuatro ventas de inmuebles que hizo el Estado fueron anuladas porque se entregaron por precios irrisorios, las propiedades no tenían pólizas como ordena la ley y 35 predios que se consideraban productivos, dejaron de serlo.

Estas irregularidades han sido denunciadas constantemente en las audiencias de Justicia y Paz. Así se conoció la historia la clínica en Tarazá entregada por ‘Cuco’ Vanoy, la más grande que ha tenido el municipio. Su valor inicial se calculaba en 5.200 millones de pesos, pero una vez pasó a manos del Estado, fue desvalijada: arrancaron las puertas, se robaron los sanitarios y tumbaron las paredes. Hoy no hay clínica y el valor del predio se redujo a 450 millones, si acaso, lo que cuesta el pedazo de tierra.

donde esta el dinero 6Algo similar ocurrió con L’Enoteca, un lujoso restaurante de Barranquilla administrado por el fallecido empresario italiano, Giorgio Sale. De este negocio, en el que según Mancuso, se invirtieron 5 mil millones de pesos, no quedó nada para la reparación a las víctimas. “En el informe del liquidador judicial se observa que varios activos, entre ellos, vinos finos, tuvieron que ser desechados y dados de baja por su mal estado de conservación”, dice la primera sentencia contra el exjefe paramilitar.

Los bienes estuvieron en manos de la extinta Acción Social entre 2005 y 2009, luego pasaron a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), adscrita al Ministerio de Hacienda. Esta entidad de economía mixta, que irónicamente se creó para sanear los problemas de corrupción de la Dirección Nacional de Estupefacientes, fue la responsable de gran parte del detrimento patrimonial, sin que hasta el momento haya sanciones.

Luego de la expedición de la Ley de Víctimas en 2011, la administración de los bienes pasó a la Unidad de Víctimas y para ello se creó el Fondo de Reparación.

Los líos de la tierra
“A nosotros nos dijeron que ‘Macaco’ estaba entregando parcelas para los que dejaran las armas. Nos vinimos hace 9 años del Sur de Bolívar con nuestras familias para tener tierrita”, contó a VerdadAbierta.com un desmovilizado que vive en Balboa, Risaralda. En las fincas Las Delicias y Florida viven 13 familias a quienes en 2006 el exjefe paramilitar, amparado por el Gobierno, les aseguró que allí podían comenzar una nueva vida.

Los excombatientes crearon una cooperativa productora de café y repartieron la tierra. El problema es que en 2007 el Gobierno canceló el programa que se conoció como Proyectos Productivos para la Paz, promovido por el propio excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Los bienes pasaron al Fondo para la reparación de las víctimas en 2013 y desde entonces los desmovilizados se han negado a salir.

donde esta el dinero 7“Nos prometieron estas tierras y hemos cumplido con todas las reglas”, contó el desmovilizado. Lo mismo sucedió en Tierralta, donde más de 500 desmovilizados se niegan a entregar las fincas que fueron de Salvatore Mancuso.

Para Juan Camilo Morales, Coordinador del Fondo, esta experiencia le dejó al Estado tal vez una de las más grandes lecciones: “no se puede entregar tierra en esas condiciones de precariedad jurídica. Si no hay un título de adjudicación, se pueden reproducir los ciclos de violencia en la pelea por la tierra”.

En otras regiones del país son las víctimas las que se quejan. Luego de recibir los bienes, el Fondo tiene que hacer una subasta para arrendarlo mientras deciden venderlo, pero según denuncian las víctimas en Bajo Cauca, a estos eventos se han presentado testaferros armados y no pocas se abstienen de asistir por intimidaciones. En julio del año pasado, por ejemplo, asesinaron a Luis Castellanos Salcedo, un arrendatario de varias fincas en Córdoba.

En 2012 el Congreso advirtió que los bienes no solo tenían que venderse, sino que podían ser entregados a organizaciones de víctimas o a las comunidades cercanas. Hasta ahora se ha hecho lo propio con seis propiedades, una de ella es la finca La Veraka, a 5 minutos de Sincelejo. El predio donde los paramilitares del Bloque Montes de María asesinaron a sus víctimas, sirve hoy como proyecto productivo de una organización de mujeres víctimas de violencia sexual de la región.

Después de varios reclamos, solo hasta hace un mes y medio, la Corte aclaró que estos predios pueden ser adjudicados directamente a estas organizaciones de víctimas.

Por verdadabierta.com



El exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y actual integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hizo un alto en su apretada agenda para visitar el país. VerdadAbierta.com conversó con él sobre el proceso de paz, las lecciones que deja la Ley de Justicia y Paz y su experiencia en Centroamérica.

ivan velasquez 1El abogado Iván Velásquez parece tener un imán personal que hace que caigan en sus manos los más complejos y determinantes procesos judiciales. Siendo Procurador Regional de Antioquia, a principios de los noventa, debió seguirles la pista a todos los excesos y los crímenes cometidos por Pablo Escobar durante su estadía en la cárcel de la Catedral. Años más tarde, siendo Director de Fiscalías en Antioquia, coordinó el allanamiento a un parqueadero en Medellín donde se halló abundante información sobre los nexos políticos, militares y financieros de las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Caso conocido como “Parqueadero Padilla”.

Siendo Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia logró poner en evidencia los vínculos de cientos de políticos regionales con importantes jefes paramilitares. Ahora, Velásquez es uno de los hombres más apreciados por buena parte de la sociedad guatemalteca gracias a las investigaciones que impulsó desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig-, que permitieron develar sólidas redes de corrupción al interior del gobierno de ese país centroamericano y que terminaron forzando la renuncia de su presidente, Otto Pérez.

Quizás por ello, cuando se le indaga por temas relacionados con la corrupción, procesos de paz y los derechos humanos, las respuestas no solo reflejan su experiencia jurídica sino la sapiencia propia de quien ha tenido que perseguir por más de tres décadas los más oscuros pecados del Estado. Esta semana, Iván Velásquez hizo un alto en su apretada agenda en Guatemala para cumplirle una cita a la Universidad de Antioquia. En la conmemoración de sus 212 años, el Alma Máter le otorgó la distinción como uno de sus egresados más sobresalientes.

VerdadAbierta.com dialogó con él sobre lo que ha sido esa difícil tarea hacer prevalecer la justicia en Colombia y Guatemala, dos países que a su juicio, comparten problemáticas similares pero de las cuales, cada uno puede aprender del otro.

Verdad y transparencia
VA: ¿Qué opinión le merece el anuncio sobre un acuerdo en el tema de justicia alcanzado en la mesa de negociaciones de La Habana, Cuba?
IV: Pues aquí hay una situación y es el tema transparencia. En este caso, cada vez son más los desacuerdos en algo que considerábamos que había acuerdo. Y eso va enturbiando el ambiente, impidiendo ver cosas puntuales como los términos en que se establece la restricción de libertades que se leyó ese día en el comunicado. Es necesario conocer los acuerdos.

VA: Aun así, con el poco conocimiento que existe sobre el acuerdo, ¿le parece positivo que se exija verdad plena a los actores del conflicto?
IV: Creo que la verdad es un valor fundamental. Y le responderé desde mi experiencia personal. A propósito de todo esto, recordaba lo que pasó en mi caso: la persecución del gobierno de Álvaro Uribe y el extinto departamento administrativo de seguridad (DAS). Los capitanes (Jorge Alberto) Lagos y (Fernando) Tabares aceptaron responsabilidades y fueron condenados a ocho años en una negociación con la Fiscalía, y esas sentencias se presentaron como un gran trofeo, pero, ¿qué fue lo que aportaron a la verdad? ¿Quién dio instrucciones? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál era el propósito real? Nos quedamos sin saber eso. En mi caso particular, era mucho más importante saber la verdad a que estos señores fueran condenados a ocho años.

VA: ¿Cree que pagar cárcel es necesario?
IV: En el comunicado que se leyó está previsto que habrá restricción de libertades, ¿de qué manera se restringen libertades? ¿Cuáles serán las libertades que se van a restringir? ¿Serán diferentes para los que digan verdad plena, los que lo hagan tardíamente y los que se nieguen a decir la verdad? ¿Es diferente restricción de libertad que prisión ordinaria? No podemos hablar de un acuerdo que no conocemos. Por eso, creo que se necesita urgentemente, para evitar que todos estos desencuentros vayan a conducir al fracaso de un acuerdo que creemos ya se había alcanzado, que se revele lo acordado, porque tuvo que haber acuerdo pues el Presidente de la República y el máximo Comandante de las Farc no se van a reunir para un acto de trámite.

VA: Quizás usted fue uno de los que más investigó el fenómeno de la parapolítica pero, ¿cree que existe la Farc-política?
IV: Sí, yo creo que sí y creo que podría revelarse en un escenario de plena verdad. Pero, hay que entender algo también. Y se lo explico con lo siguiente: cierta vez, el procurador Alejandro Ordóñez tuvo una expresión graciosa pero para mí desafortunada: dijo que había que llorar por los dos ojos y que la Corte Suprema de Justicia solo lloraba por un ojo pues no veía sino parapolítica y no Farc-política. El Gobierno también acusaba a la Corte de lo mismo. Entonces la Corte citó a todos esos generales y ministros que se preguntaban públicamente que dónde está la Farc-política para preguntarles que era lo que ellos sabían que la Corte desconocía. Respondieron: ‘es que es evidente que si un grupo de poder está asentado en una región entonces cualquier actividad política está influenciada por ese actor’ ¡Ah! ¿Entonces es una presunción? Repito, fue una expresión desafortunada del doctor Ordóñez porque no consulta una realidad: la guerrilla siempre estuvo en contra de las elecciones, quemaba urnas, saboteaba e impedía elecciones. En lo general, la guerrilla no hizo pactos previos ni promovió candidatos a elecciones que ellos no compartían. Otra cosa es que ya, en el ejercicio de la función pública, un Alcalde o un Gobernador llegara a convenios con la guerrilla. Por eso, cuando dicen que la Corte se ensañó contra una clase política, se habla desde el conocimiento.

VA: ¿Cree que se ha desmontado el paramilitarismo en Colombia?
IV: Yo creo que no y eso es muy lamentable. Mire, había una organización paramilitar que estaba sometida a un proceso de desmovilización y de manera paralela, como se conoció gracias a los computadores de ‘Don Antonio’, se supo que estaba haciendo trampa, que estaba buscando más gente para desmovilizar aquí pero mirando qué gente continuaba con negocios allá; es decir, mientras unos marchaban con camisetas blancas otros seguían con las actividades de siempre. Ese solo conocimiento debió generar mucha preocupación en el Gobierno, pero no pasó nada. Le cuento una anécdota: en las tareas que desarrollábamos en la Corte nos tocaba hablar con muchas comunidades y recuerdo particularmente una gente del norte del Chocó, donde tuvo fuerte presencia ‘El Alemán’. Nos decían las personas que estaban peor que en los tiempos del ‘Alemán’, pues su salida de la región generó un vació de poder que otros grupos paramilitares pretendieron llenar, realizando para ello las mismas operaciones de los paramilitares: rompiendo zona; es decir, matando gente para generar terror, luego entraba un emisario político para entablar relaciones con las comunidades, luego se infiltraban en las juntas de acción comunal, en fin.

VA: Es decir, la estructura del paramilitarismo no se desarticuló...
IV: Yo no creo que el paramilitarismo como estructura militar se hubiera desarticulado. Pero hay una cosa peor, creo yo: nunca se hizo nada para por ‘desparamilitarizar’ a la sociedad ni a las relaciones sociales. Y esto puede conducir a que muchos aplaudan expresiones como: ‘quien va confiar en estos guerrilleros si lo que hay que hacer es acabarlos’. Eso obedece a una concepción de las cosas sobre las que el Gobierno tuvo que intervenir y no lo ha hecho.

Esclarecer: propósito fundamental

VA: A propósito del paramilitarismo, han pasado 10 años de la Ley de Justicia y Paz, ¿qué balance puede hacer al respecto?
IV: Un aspecto central es el tema de la verdad y las consecuencias en la investigación penal. En Justicia y Paz, varios jefes paramilitares y otros integrantes contaron miles de historias que permanecen así, contadas, sin generar mayores investigaciones. Yo creo que tendría que evaluarse muy bien ese mecanismo de judicialización de la verdad. Yo, naturalmente, estoy de acuerdo porque exista judicialización, pero también creo que es imposible abarcar todo el espectro de un fenómeno de organizaciones sea paramilitarismo o guerrilla y que es necesario garantizar verdad sobre los aspectos fundamentales.

VA: Por ejemplo...
IV: En el tema del paramilitarismo es necesario establecer si hubo o no responsabilidad del Estado en la consolidación del fenómeno paramilitar. Cierta vez, Salvatore Mancuso dijo que el control de zonas era en convenio con brigadas o niveles superiores del Ejército. Eso quedó ahí. ¿Fue real? Si fue real, ¿por qué no se investigó? Y en todo caso si no fue real, ¿por qué no se esclareció? También faltó indagar por temas clave como la relación de los empresarios con el paramilitarismo. ‘Ah, entonces ahora la van a emprender contra unas personas que estaban defendiendo’, como han dicho algunos sectores. Pero lo que pasa es que, en ese procedimiento de defensa, voluntariamente financiaron a unas personas que mataron y desplazaron comunidades y uno no podría justificar, con ese pretexto, un ejercicio de defensa. En todo caso, si no hubiera efectos judiciales, el solo hecho de saber que hubo sectores económicos que apoyaron las estructuras paramilitares es algo muy necesario. Y lo mismo ahora en el tema de la guerrilla. Es indispensable conocer las verdades sobre el accionar de la guerrilla y las interacciones en la guerra con otros actores.

VA: En términos de esclarecer lo que fue el fenómeno paramilitar, ¿cree que sería necesario reabrir el caso del ‘Parqueadero Padilla’?
IV: El problema es el transcurso del tiempo y la conservación de la información. Yo conocí el caso del ‘Parqueadero Padilla’ en su inicio porque estuve cuando se realizó el operativo del 30 de abril de 1998. Luego, cuando estuve en la Corte Suprema de Justicia investigando parapolítica, volvimos a la Fiscalía a buscar ese expediente y había muchas partes perdidas. Muchos documentos que recuerdo de aquel tiempo ya no existían. Recuerdo centenares de disquetes con información muy importante sobre la conformación de cada una de las escuadras y frentes de bloques paramilitares que luego ya no estaban. ¿Habrá posibilidad de reconstruir ese caso con los documentos que hay? ¿Qué se hizo en Justicia y Paz por reconstruir ese caso con el aporte de los desmovilizados? ¿Qué pasó con Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’? ¿Tiene orden de captura, sigue libre, se intentó ofrecerle algún beneficio jurídico a cambio de su verdad? Yo sí siento que no hubo ningún propósito de investigar el paramilitarismo en esa oportunidad. Si eso se hubiera hecho en 1998-1999 se hubiera logrado contener mucha de la barbarie que se produjo. Pero no.

VA: Cómo reconocido jurista: ¿Qué opinión le merecen las palabras del Fiscal General de la Nación sobre la posibilidad que el expresidente Álvaro Uribe sea investigado por la masacre del Aro (Ituango)?
IV: Sin referirme específicamente a esa pregunta, le puedo decir que yo creo que si un hecho es susceptibles de investigación, en esto no debe haber un gran escándalo. Se supone que la justicia actúa de manera independiente, objetiva, imparcial. Se supone que en el país existe madurez en el sistema de justicia y que la justicia no es venganza. Entonces, si hay hechos que involucran a un expresidente o a cualquier otro actor del país que tenga imputación en su contra, lo más normal es que eso de lugar a una investigación seria, objetiva y profunda y que esa investigación concluya con una decisión que aclare totalmente el hecho que se atribuye.

El espejo guatemalteco

VA: Gracias a su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig-, usted ha podido conocer de cerca el proceso de paz de ese país y la implementación de los acuerdos suscritos. Es decir, el postconflicto. ¿Qué ha podido observar? ¿Qué debemos aprender?
IV: Hay una gran tristeza después de todo el proceso de paz en Guatemala. La gran tristeza es que son miles de niños que se mueren de hambre, que hay centenares de personas en la absoluta miseria. Uno aspiraría a que los procesos de paz significaran procesos de reconstrucción de un país, pero una reconstrucción con justicia social, una reconstrucción donde los que han sido excluidos permanentemente de los beneficios de la civilidad puedan ser incluidos. En Guatemala se firmaron más de 30 acuerdos para desarrollar el postconflicto y desafortunadamente lo que vemos es esa grave situación de la mayoría de la gente. Más del 60 por ciento de la población es indígena y es víctima de una gran exclusión. Uno pensaría que ellos deberían liderar un proceso de cambio, pero no se les permite. ¿Qué he podido aprender allá, pensando en Colombia? Creo que la firma de la paz es solo el cese del conflicto pero no es la paz. Es acabar las balas pero la paz es algo muy diferente, es lo que hay que construir para reducir las distancias entre los que tienen mucho y los que no tienen nada.

VA: Con todo y ello, la labor de la Cicig ha sido altamente valorada y sus efectos han sido sorprendentes, ¿a qué se debe?
IV: Creo que un elemento de distinción es la posibilidad de realizar investigaciones realmente independientes. La Cicig tiene esa virtud: que no responde a presiones de ninguna naturaleza, que actúa de acuerdo con lo que se encuentra en las investigaciones, que no tenemos relaciones con ningún factor de poder tanto dentro como por fuera del Estado.

VA: En este caso en particular, usted es un extranjero en Guatemala, ¿cree que un extranjero liderando procesos de búsqueda de verdad, de lucha contra la impunidad, como los que se aspiran a implementar en Colombia, garantizarían independencia y neutralidad?
IV: Yo he señalado que la Cicig tiene una virtud y es precisamente esa: nosotros no tenemos ni intereses sociales, ni patrimoniales, ni políticos. No hay nada que puedan ejercer contra nosotros para tratar de entorpecer o torcer las investigaciones. Eso es una garantía para la independencia de la justicia. Ahora, la Cicig apoya a la justicia de Guatemala, pero cuando nosotros hacemos una investigación criminal, con el Ministerio Público -que muestra de qué forma altos funcionarios estaban involucrados en casos de corrupción- es muy difícil que por más presión que se haga contra el Ministerio Público, ellos archiven algo que nosotros ya hicimos evidente. Yo creo que en países en los que no hay suficiente independencia judicial ni independencia de los órganos de investigación, comisiones como la Cicig pueden contribuir... claro, si es que el país está realmente comprometido en luchar contra la impunidad.

Por verdadabierta.com



Yo sobrevi al conflicto

Entre el 10 y el 13 de abril de 2001, paramilitares del Bloque Calima recorrieron los territorios aledaños al río Naya, en los límites entre Cauca y Valle. Aunque la comunidad asegura que murieron más de 100 personas, a la fecha solo han podido recuperarse 27 cadáveres, pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes de la región. Cerca de 3 mil personas huyeron de la zona, entre ellas los miembros de la comunidad indígena Kitek Kiwe, que se desplazó más de 100 km hasta Timbío, Cauca. Lisinia Collazos, actual gobernadora del cabildo, relata los dramáticos momentos que presenció de la masacre, en la que murió su esposo.


Por verdadabierta.com

Por medio de acciones jurídicas y una posible movilización masiva, buscan que uno de sus líderes más visibles salga de prisión

Felicuano Valencia entre rejas
Dos días después de la captura de Feliciano Valencia por parte de agentes de la Fiscalía, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), convocó una junta directiva extraordinaria para analizar qué ruta tomar ante lo que consideran como un ataque al movimiento indígena y una deslegitimación a su jurisdicción especial consagrada en la Constitución Política de 1991.

La indignación de la comunidad surge tras la condena en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Cauca contra Feliciano Valencia, quien fue vocero de la minga que realizaron en 2008 para exigir la reivindicación de sus derechos y el cumplimiento de varios acuerdos que el Estado había suscrito. En estos hechos, los indígenas que estaban concentrados en el cabildo de La María, en el municipio de Piendamó, detuvieron al cabo Jairo Danilo Chaparral, quien fue señalado de estar infiltrado en la movilización, por lo que fue enjuiciado y sancionado con 20 latigazos. Tiempo después el soldado denunció que fue víctima de secuestro y de lesiones personales.

18 años de prisión para Feliciano Valencia: ¿justicia?
A la junta extraordinaria del Cric acudieron 120 autoridades indígenas, quienes definieron que primero deben agotar los recursos que les ofrece la Ley para revertir el fallo del Tribunal Superior. Por esta razón, una comisión de mil indígenas marchó por las calles de Popayán este lunes y radicó un derecho extraordinario de casación para que la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia. Acto seguido, se desplazaron a la cárcel de San Isidro, en donde está preso Valencia y exigieron su liberación.

Pero esta no es la única vía que los indígenas contemplan para lograr su cometido. Nelson Cucuñame, miembro del equipo jurídico de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), le dijo a VerdadAbierta.com que en caso de que falle el recurso de casación, implementarán tutelas para que la Corte Constitucional se pronuncie y, de ser necesario, buscarán medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez hayan agotado todos los recursos que les ofrece la Ley colombiana.

Además de acudir a la justicia, la junta extraordinaria del Cric se declaró en asamblea permanente y planea retomar dentro de un mes la minga de 2008, si Feliciano Valencia no recobra su libertad. Al respecto, un consejero del Cric, que pidió mantener en reserva su nombre, le dijo a VerdadAbierta.com que “si no hay avance en ese tiempo, como mínimo seríamos unos 30 mil indígenas los que reactivan la minga. El carácter de la minga de 2008 era la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se vuelven a pisotear en el caso de Feliciano, porque va en contra de la Jurisdicción Especial Indígena y se judicializa el derecho a la protesta”. Varios líderes indígenas le dijeron a este portal que la movilización sería pacífica y que apenas está en fase de preparación.

La captura de Valencia despertó la solidaridad de varios sectores populares del país, la cual se vio reflejada en las redes sociales en la noche del pasado 15 de septiembre, cuando en menos de una hora se convirtió en tendencia nacional la consigna #FelicianoLibreYa. Además de las organizaciones indígenas del país, sectores campesinos y estudiantiles manifestaron su descontento porque este indígena Nasa también ha sido parte clave del denominado movimiento social Congreso de los Pueblos.

El Congreso de los Pueblos: ¿un movimiento bajo sospecha?
En un video publicado este miércoles por el Cric, el líder indígena habla desde la cárcel de máxima seguridad de Popayán, y explica cómo fueron las circunstancias del proceso que hoy lo tiene tras las rejas y dice que es un perseguido político. “Desafortunadamente la justicia ordinaria opera así. No pudo judicializar a las 14 mil personas e individualizó este caso en cinco personas inicialmente, a cuatro absolvió y toda la justicia recayó sobre mí. Y por eso hoy me encuentro en la cárcel de máxima seguridad de San Isidro en la ciudad de Popayán, preso en los muros de la injusticia y perseguido políticamente por la justicia y la oligarquía caucana”, concluye.


Por verdadabierta.com


Esto afirma María Paulina Riveros al referirse al enfoque de género en los acuerdos. Ella, con un pie en La Habana como negociadora y otro en Colombia en el Ministerio del Interior, también detalla cómo están identificando a los desaparecidos.

entrevista maria riveros 107/09/2015. VerdadAbierta.com (VA): Para usted, que es plenipotenciaria y encabeza la subcomisión de género del lado del Gobierno, ¿cuál ha sido el rol de las mujeres en estas negociaciones?

María Paulina Riveros (MPR): Cuando recibimos a las 60 víctimas que fueron a La Habana advertimos una diferencia. En los relatos de las mujeres se despierta un sentimiento de solidaridad impresionante con víctimas de los mismos hechos.

Esto crea unos lazos que desembocan normalmente en organizaciones sociales.

VA: Pero de manera concreta, ¿cómo han participado las mujeres?
MPR: Este es el primer proceso de paz donde se propicia un escenario específico para que los acuerdos tengan un enfoque de género. Ninguna otra negociación en el mundo había tenido una subcomisión de mujeres y esta participación ha sido realmente activa.

VA: ¿Cómo? Del lado del Gobierno, por ejemplo, sólo hay dos mujeres de ocho negociadores.
MPR: En un estudio, la ONU analizó 38 procesos de paz en el mundo y el nivel de participación de las mujeres como negociadoras era del 7%, aquí hablamos de un 25%, con la canciller María Ángela Holguín y yo del lado del Gobierno. Y hay más niveles de participación.

VA: ¿Como cuáles?
MPR: En la delegación completa del Gobierno, que incluye plenipotenciarios, asesores, etc., más del 80% somos mujeres.

VA: ¿Y en las Farc?
MPR: Más del 40% de su delegación, que es el mismo porcentaje de mujeres al interior de la guerrilla.

VA: ¿Cómo está compuesta actualmente la subcomisión de género?
MPR: Somos 12 personas: seis de las Farc y seis del Gobierno pero no siempre todas son mujeres. Del lado del Gobierno estamos la Canciller; Elena Ambrosi, que es la coordinadora temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y yo. Somos permanentes las tres. Las otras dependen del tema que se trate. Ahora que hablamos del punto de víctimas hacen parte Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas; Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Defensa y Juanita Millán, teniente de navío del Ministerio de Defensa.

VA: ¿Y por las Farc?
MPR: Eran cinco mujeres y un hombre. Digo eran porque con los niveles de rotación tuvo una modificación. Ahora siguen Victoria Sandino, que es quien encabeza la subcomisión por el lado de las Farc, y Alexandra Nariño. En el próximo ciclo nos presentarán los cuatro miembros.

VA: ¿Cómo hicieron para darle un enfoque de género a los acuerdos que ya estaban pactados?
MPR: Cuando se crea la subcomisión ya había dos puntos pactados, reforma rural integral y participación política, y estaba a punto de concluir el de drogas. Por eso uno de los dos mecanismos de trabajo ha sido revisar esos tres temas anteriores y hemos avanzado con las visitas de expertas nacionales e internacionales que han revisado los textos con nosotros. A partir de este ciclo ya tendremos reuniones de subcomisión para darle recomendaciones a la Mesa sobre textos concretos.

VA: ¿Cuál es ese primer resultado? ¿Los acuerdos se rajan o ganan el año en enfoque de género?
MPR: Sin habérselo propuesto, la Mesa sí logró muchas cosas que ya reflejaban un enfoque de género. No de manera premeditada sino natural.

VA: Ahora que hay varios grupos adelantando temas como el de fin de conflicto y justicia transicional, ¿cómo hacen para que se hable del tema de género?
MPR: También participamos en esas subcomisiones. Por decir algo, la Canciller está permanentemente en el grupo de seguridad. En el tema de minas hay mujeres muy importantes del BIDES (Batallón de Desminado Humanitario) y de cada experiencia aprendemos.

VA: ¿Alguna anécdota en particular?
MPR: En El Orejón las mujeres se organizaron y dejaron a una señora cuidando los niños mientras ellas iban a los talleres de los proyectos que están haciendo allá. Son respuestas espontáneas que nos servirán de ejemplo. Cuando la mujer vaya a participar en la implementación de acuerdos, tenemos que prever lugares donde los niños puedan estar bien.

VA: ¿Esto no los impulsa a apoyarse en los mecanismos que la gente ha utilizado en vez de crear unos diferentes?
MPR: No creemos en los modelos talla única ni queremos exportar modelos. La gente en Colombia, por la fuerza del conflicto, se ha visto obligada a buscar sus soluciones. La idea no es que lleguemos a imponer soluciones que no tienen nada que ver sino fortalecer esas soluciones, porque son las propicias para una situación específica.

VA: Usted tiene un pie en La Habana y otra en la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, donde están desarrollando un trabajo para identificar a los desaparecidos. ¿Esa labor oficial tiene en cuenta el eventual interés de las Farc en aclarar dónde están las fosas?
MPR: No hay una atadura directa pero este trabajo sí será fundamental porque una vez ellos participen, ya tendremos una experticia sobre qué hacer con los cuerpos y con las familias.

VA: Ustedes han unido esfuerzos con la Registraduría Nacional para buscar a los desaparecidos. ¿Cómo ha sido esa labor?
MPR: El objetivo era poder darle un nombre y apellido a las necrodactilias que existían en Medicina Legal. En ese momento había 22 mil huellas de personas que no se sabía quiénes eran. Es una cosa muy loca. Hasta ese momento los trabajos oficiales habían logrado dar nombre y apellido sólo a 6 casos.

VA: ¿Y qué hicieron?
MPR: En un trabajo larguísimo cruzamos las necrodactilias de Medicina Legal con la información de la Registraduría. El resultado fue algo que jamás nos esperábamos: 9.968 coincidencias. Que tengamos 22 mil personas que no sepamos quiénes son ni dónde están, es una cifra muy preocupante. Pero más alarmante, que en un ejercicio pudiéramos darle nombre y número de identidad a casi la mitad. Eso nos hizo abrir los ojos de que el problema de desaparecidos en Colombia es de unas dimensiones inimaginadas.

VA: ¿Todos ellos fueron víctimas del conflicto?
MPR: No sabemos. Todavía no podemos hablar de identificación porque es algo que viene más adelante.

VA: ¿Para qué sirve entonces ese nombre y apellido de las casi 10 mil personas?
MPR: Por lo menos en esos casos le podemos decir a la familia que esa persona a la que está buscando está muerta. Son hallazgos muy importantes para ver cuál será la política pública de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. No es tomarlo como un simple resultado estadístico sino como una advertencia, pues los datos indican que hay una situación que tenemos que descubrir. Hay muchísimas personas muertas que no se sabe quiénes son y dónde están.

VA: Pero la Fiscalía ya ha encontrado más de 6 mil cuerpos por las confesiones de los paramilitares en Justicia y Paz.
MPR: Sí. Esa es una fuente para descubrir dónde pueden estar esas personas. Habrá unas en fosas comunes pero desde la perspectiva oficial hay un sitio al que no se le ha prestado la más mínima atención: los cementerios.

VA: ¿Y ustedes ya comenzaron a buscar allí?
MPR: Sí y fue otro hallazgo tremendo. En 228 municipios hemos visitado 234 cementerios de los más de mil que pueden existir en todo el país. Allí encontramos 5.962 personas inhumadas sin identificación y 1.354 personas que sí están identificadas pero que no han sido reclamadas. Además, de las 9.968 personas a las que le habíamos dado nombre y apellido, fue posible entregar a sus familias aproximadamente 160 restos en condiciones de dignidad.

VA: ¿Conocen el contexto en el que murieron las víctimas?
MPR: La Fiscalía lo sabe pero eso ya escapa al propósito de ese primer ejercicio.

VA: Entonces todavía no se puede hablar de desaparición forzada en todos los casos.
MPR: No y no es posible saberlo hasta que se haga un proceso de inhumación y búsqueda de la verdad a través de los distintos medios. Una, es la verdad judicial... el paso siguiente es empezar con Fiscalía.

VA: ¿En qué condiciones estaban esos cuerpos?
MPR: Hay de todo. Fosas donde los huesos están mezclados son irrecuperables. Otros cementerios han tenido administraciones muy juiciosas y tienen a las personas enterradas en la tierra o en pared. Es importante esa manera de enterrar porque los restos tienen que ser conservados de una debida manera para que algún día se pueda entregar el cuerpo de manera digna.

VA: ¿Dónde hay más muertos sin identificar?
MPR: En Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. (Vea cuáles son los cementerios visitados y cuántos cuerpos encontraron sin identificar en cada uno de ellos).

VA: ¿Qué sigue con los casi 6 mil cuerpos sin identificar que están en los cementerios?
MPR: Estamos ad portas de suscribir de nuevo el convenio con Medicina Legal para cruzar información. Compararemos con los 9 mil que ya encontramos para saber cuántos de esos están en el cementerio. No me atrevo a decirlo con certeza pero creemos que son más de 200 que ya podemos saber quiénes son y dónde están.

VA: ¿Por qué se demora tanto el proceso para identificar un cuerpo?
MPR: Por las condiciones de inhumación. No en todos los cementerios están los cuerpos fácilmente ubicables. En otros casos, están enterrados sin que la fosa esté nombrada. Incluso, unos cementerios ya no existen porque se los ha llevado el río. Ha sido dispendioso y nos ha exigido tener 18 antropólogos forenses del Ministerio del Interior dedicados exclusivamente a hacer ese trabajo. También hemos tenido que acudir al sepulturero.

VA: ¿Qué papel desempeñan ellos en la búsqueda?
MPR: Estamos ligados a la memoria del sepulturero. Él recibe el cadáver y decide cómo y dónde enterrarlo. Por eso hemos hecho unos talleres con ellos para capacitarlos sobre cómo enterrar un cadáver y cuál es la precisión de los datos que deben recopilarse para luego identificar a esa persona. Además, han aprendido que no pueden enterrar dos cuerpos en una sola fosa.

VA: Después de la identificación, viene la entrega. ¿Cómo encontrar a las familias?
MPR: La primera fuente son las redes de familias que buscan a sus seres queridos. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos sacar letreros públicos. Sino informarle a la gente que puede acudir a tal cementerio por información. Otra acción complementaria es el banco de perfiles genéticos que se creó con el Decreto 303 de 2015.

VA: Es decir...
MPR: Las familias podrán acudir al banco si buscan un ser querido y dar su ADN. Cuando logremos sacar el ADN de unos restos mortales, podremos cruzarlos en el banco. Esa es una fuente de identificación.

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