El exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y actual integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hizo un alto en su apretada agenda para visitar el país. VerdadAbierta.com conversó con él sobre el proceso de paz, las lecciones que deja la Ley de Justicia y Paz y su experiencia en Centroamérica.

ivan velasquez 1El abogado Iván Velásquez parece tener un imán personal que hace que caigan en sus manos los más complejos y determinantes procesos judiciales. Siendo Procurador Regional de Antioquia, a principios de los noventa, debió seguirles la pista a todos los excesos y los crímenes cometidos por Pablo Escobar durante su estadía en la cárcel de la Catedral. Años más tarde, siendo Director de Fiscalías en Antioquia, coordinó el allanamiento a un parqueadero en Medellín donde se halló abundante información sobre los nexos políticos, militares y financieros de las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Caso conocido como “Parqueadero Padilla”.

Siendo Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia logró poner en evidencia los vínculos de cientos de políticos regionales con importantes jefes paramilitares. Ahora, Velásquez es uno de los hombres más apreciados por buena parte de la sociedad guatemalteca gracias a las investigaciones que impulsó desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig-, que permitieron develar sólidas redes de corrupción al interior del gobierno de ese país centroamericano y que terminaron forzando la renuncia de su presidente, Otto Pérez.

Quizás por ello, cuando se le indaga por temas relacionados con la corrupción, procesos de paz y los derechos humanos, las respuestas no solo reflejan su experiencia jurídica sino la sapiencia propia de quien ha tenido que perseguir por más de tres décadas los más oscuros pecados del Estado. Esta semana, Iván Velásquez hizo un alto en su apretada agenda en Guatemala para cumplirle una cita a la Universidad de Antioquia. En la conmemoración de sus 212 años, el Alma Máter le otorgó la distinción como uno de sus egresados más sobresalientes.

VerdadAbierta.com dialogó con él sobre lo que ha sido esa difícil tarea hacer prevalecer la justicia en Colombia y Guatemala, dos países que a su juicio, comparten problemáticas similares pero de las cuales, cada uno puede aprender del otro.

Verdad y transparencia
VA: ¿Qué opinión le merece el anuncio sobre un acuerdo en el tema de justicia alcanzado en la mesa de negociaciones de La Habana, Cuba?
IV: Pues aquí hay una situación y es el tema transparencia. En este caso, cada vez son más los desacuerdos en algo que considerábamos que había acuerdo. Y eso va enturbiando el ambiente, impidiendo ver cosas puntuales como los términos en que se establece la restricción de libertades que se leyó ese día en el comunicado. Es necesario conocer los acuerdos.

VA: Aun así, con el poco conocimiento que existe sobre el acuerdo, ¿le parece positivo que se exija verdad plena a los actores del conflicto?
IV: Creo que la verdad es un valor fundamental. Y le responderé desde mi experiencia personal. A propósito de todo esto, recordaba lo que pasó en mi caso: la persecución del gobierno de Álvaro Uribe y el extinto departamento administrativo de seguridad (DAS). Los capitanes (Jorge Alberto) Lagos y (Fernando) Tabares aceptaron responsabilidades y fueron condenados a ocho años en una negociación con la Fiscalía, y esas sentencias se presentaron como un gran trofeo, pero, ¿qué fue lo que aportaron a la verdad? ¿Quién dio instrucciones? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál era el propósito real? Nos quedamos sin saber eso. En mi caso particular, era mucho más importante saber la verdad a que estos señores fueran condenados a ocho años.

VA: ¿Cree que pagar cárcel es necesario?
IV: En el comunicado que se leyó está previsto que habrá restricción de libertades, ¿de qué manera se restringen libertades? ¿Cuáles serán las libertades que se van a restringir? ¿Serán diferentes para los que digan verdad plena, los que lo hagan tardíamente y los que se nieguen a decir la verdad? ¿Es diferente restricción de libertad que prisión ordinaria? No podemos hablar de un acuerdo que no conocemos. Por eso, creo que se necesita urgentemente, para evitar que todos estos desencuentros vayan a conducir al fracaso de un acuerdo que creemos ya se había alcanzado, que se revele lo acordado, porque tuvo que haber acuerdo pues el Presidente de la República y el máximo Comandante de las Farc no se van a reunir para un acto de trámite.

VA: Quizás usted fue uno de los que más investigó el fenómeno de la parapolítica pero, ¿cree que existe la Farc-política?
IV: Sí, yo creo que sí y creo que podría revelarse en un escenario de plena verdad. Pero, hay que entender algo también. Y se lo explico con lo siguiente: cierta vez, el procurador Alejandro Ordóñez tuvo una expresión graciosa pero para mí desafortunada: dijo que había que llorar por los dos ojos y que la Corte Suprema de Justicia solo lloraba por un ojo pues no veía sino parapolítica y no Farc-política. El Gobierno también acusaba a la Corte de lo mismo. Entonces la Corte citó a todos esos generales y ministros que se preguntaban públicamente que dónde está la Farc-política para preguntarles que era lo que ellos sabían que la Corte desconocía. Respondieron: ‘es que es evidente que si un grupo de poder está asentado en una región entonces cualquier actividad política está influenciada por ese actor’ ¡Ah! ¿Entonces es una presunción? Repito, fue una expresión desafortunada del doctor Ordóñez porque no consulta una realidad: la guerrilla siempre estuvo en contra de las elecciones, quemaba urnas, saboteaba e impedía elecciones. En lo general, la guerrilla no hizo pactos previos ni promovió candidatos a elecciones que ellos no compartían. Otra cosa es que ya, en el ejercicio de la función pública, un Alcalde o un Gobernador llegara a convenios con la guerrilla. Por eso, cuando dicen que la Corte se ensañó contra una clase política, se habla desde el conocimiento.

VA: ¿Cree que se ha desmontado el paramilitarismo en Colombia?
IV: Yo creo que no y eso es muy lamentable. Mire, había una organización paramilitar que estaba sometida a un proceso de desmovilización y de manera paralela, como se conoció gracias a los computadores de ‘Don Antonio’, se supo que estaba haciendo trampa, que estaba buscando más gente para desmovilizar aquí pero mirando qué gente continuaba con negocios allá; es decir, mientras unos marchaban con camisetas blancas otros seguían con las actividades de siempre. Ese solo conocimiento debió generar mucha preocupación en el Gobierno, pero no pasó nada. Le cuento una anécdota: en las tareas que desarrollábamos en la Corte nos tocaba hablar con muchas comunidades y recuerdo particularmente una gente del norte del Chocó, donde tuvo fuerte presencia ‘El Alemán’. Nos decían las personas que estaban peor que en los tiempos del ‘Alemán’, pues su salida de la región generó un vació de poder que otros grupos paramilitares pretendieron llenar, realizando para ello las mismas operaciones de los paramilitares: rompiendo zona; es decir, matando gente para generar terror, luego entraba un emisario político para entablar relaciones con las comunidades, luego se infiltraban en las juntas de acción comunal, en fin.

VA: Es decir, la estructura del paramilitarismo no se desarticuló...
IV: Yo no creo que el paramilitarismo como estructura militar se hubiera desarticulado. Pero hay una cosa peor, creo yo: nunca se hizo nada para por ‘desparamilitarizar’ a la sociedad ni a las relaciones sociales. Y esto puede conducir a que muchos aplaudan expresiones como: ‘quien va confiar en estos guerrilleros si lo que hay que hacer es acabarlos’. Eso obedece a una concepción de las cosas sobre las que el Gobierno tuvo que intervenir y no lo ha hecho.

Esclarecer: propósito fundamental

VA: A propósito del paramilitarismo, han pasado 10 años de la Ley de Justicia y Paz, ¿qué balance puede hacer al respecto?
IV: Un aspecto central es el tema de la verdad y las consecuencias en la investigación penal. En Justicia y Paz, varios jefes paramilitares y otros integrantes contaron miles de historias que permanecen así, contadas, sin generar mayores investigaciones. Yo creo que tendría que evaluarse muy bien ese mecanismo de judicialización de la verdad. Yo, naturalmente, estoy de acuerdo porque exista judicialización, pero también creo que es imposible abarcar todo el espectro de un fenómeno de organizaciones sea paramilitarismo o guerrilla y que es necesario garantizar verdad sobre los aspectos fundamentales.

VA: Por ejemplo...
IV: En el tema del paramilitarismo es necesario establecer si hubo o no responsabilidad del Estado en la consolidación del fenómeno paramilitar. Cierta vez, Salvatore Mancuso dijo que el control de zonas era en convenio con brigadas o niveles superiores del Ejército. Eso quedó ahí. ¿Fue real? Si fue real, ¿por qué no se investigó? Y en todo caso si no fue real, ¿por qué no se esclareció? También faltó indagar por temas clave como la relación de los empresarios con el paramilitarismo. ‘Ah, entonces ahora la van a emprender contra unas personas que estaban defendiendo’, como han dicho algunos sectores. Pero lo que pasa es que, en ese procedimiento de defensa, voluntariamente financiaron a unas personas que mataron y desplazaron comunidades y uno no podría justificar, con ese pretexto, un ejercicio de defensa. En todo caso, si no hubiera efectos judiciales, el solo hecho de saber que hubo sectores económicos que apoyaron las estructuras paramilitares es algo muy necesario. Y lo mismo ahora en el tema de la guerrilla. Es indispensable conocer las verdades sobre el accionar de la guerrilla y las interacciones en la guerra con otros actores.

VA: En términos de esclarecer lo que fue el fenómeno paramilitar, ¿cree que sería necesario reabrir el caso del ‘Parqueadero Padilla’?
IV: El problema es el transcurso del tiempo y la conservación de la información. Yo conocí el caso del ‘Parqueadero Padilla’ en su inicio porque estuve cuando se realizó el operativo del 30 de abril de 1998. Luego, cuando estuve en la Corte Suprema de Justicia investigando parapolítica, volvimos a la Fiscalía a buscar ese expediente y había muchas partes perdidas. Muchos documentos que recuerdo de aquel tiempo ya no existían. Recuerdo centenares de disquetes con información muy importante sobre la conformación de cada una de las escuadras y frentes de bloques paramilitares que luego ya no estaban. ¿Habrá posibilidad de reconstruir ese caso con los documentos que hay? ¿Qué se hizo en Justicia y Paz por reconstruir ese caso con el aporte de los desmovilizados? ¿Qué pasó con Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’? ¿Tiene orden de captura, sigue libre, se intentó ofrecerle algún beneficio jurídico a cambio de su verdad? Yo sí siento que no hubo ningún propósito de investigar el paramilitarismo en esa oportunidad. Si eso se hubiera hecho en 1998-1999 se hubiera logrado contener mucha de la barbarie que se produjo. Pero no.

VA: Cómo reconocido jurista: ¿Qué opinión le merecen las palabras del Fiscal General de la Nación sobre la posibilidad que el expresidente Álvaro Uribe sea investigado por la masacre del Aro (Ituango)?
IV: Sin referirme específicamente a esa pregunta, le puedo decir que yo creo que si un hecho es susceptibles de investigación, en esto no debe haber un gran escándalo. Se supone que la justicia actúa de manera independiente, objetiva, imparcial. Se supone que en el país existe madurez en el sistema de justicia y que la justicia no es venganza. Entonces, si hay hechos que involucran a un expresidente o a cualquier otro actor del país que tenga imputación en su contra, lo más normal es que eso de lugar a una investigación seria, objetiva y profunda y que esa investigación concluya con una decisión que aclare totalmente el hecho que se atribuye.

El espejo guatemalteco

VA: Gracias a su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig-, usted ha podido conocer de cerca el proceso de paz de ese país y la implementación de los acuerdos suscritos. Es decir, el postconflicto. ¿Qué ha podido observar? ¿Qué debemos aprender?
IV: Hay una gran tristeza después de todo el proceso de paz en Guatemala. La gran tristeza es que son miles de niños que se mueren de hambre, que hay centenares de personas en la absoluta miseria. Uno aspiraría a que los procesos de paz significaran procesos de reconstrucción de un país, pero una reconstrucción con justicia social, una reconstrucción donde los que han sido excluidos permanentemente de los beneficios de la civilidad puedan ser incluidos. En Guatemala se firmaron más de 30 acuerdos para desarrollar el postconflicto y desafortunadamente lo que vemos es esa grave situación de la mayoría de la gente. Más del 60 por ciento de la población es indígena y es víctima de una gran exclusión. Uno pensaría que ellos deberían liderar un proceso de cambio, pero no se les permite. ¿Qué he podido aprender allá, pensando en Colombia? Creo que la firma de la paz es solo el cese del conflicto pero no es la paz. Es acabar las balas pero la paz es algo muy diferente, es lo que hay que construir para reducir las distancias entre los que tienen mucho y los que no tienen nada.

VA: Con todo y ello, la labor de la Cicig ha sido altamente valorada y sus efectos han sido sorprendentes, ¿a qué se debe?
IV: Creo que un elemento de distinción es la posibilidad de realizar investigaciones realmente independientes. La Cicig tiene esa virtud: que no responde a presiones de ninguna naturaleza, que actúa de acuerdo con lo que se encuentra en las investigaciones, que no tenemos relaciones con ningún factor de poder tanto dentro como por fuera del Estado.

VA: En este caso en particular, usted es un extranjero en Guatemala, ¿cree que un extranjero liderando procesos de búsqueda de verdad, de lucha contra la impunidad, como los que se aspiran a implementar en Colombia, garantizarían independencia y neutralidad?
IV: Yo he señalado que la Cicig tiene una virtud y es precisamente esa: nosotros no tenemos ni intereses sociales, ni patrimoniales, ni políticos. No hay nada que puedan ejercer contra nosotros para tratar de entorpecer o torcer las investigaciones. Eso es una garantía para la independencia de la justicia. Ahora, la Cicig apoya a la justicia de Guatemala, pero cuando nosotros hacemos una investigación criminal, con el Ministerio Público -que muestra de qué forma altos funcionarios estaban involucrados en casos de corrupción- es muy difícil que por más presión que se haga contra el Ministerio Público, ellos archiven algo que nosotros ya hicimos evidente. Yo creo que en países en los que no hay suficiente independencia judicial ni independencia de los órganos de investigación, comisiones como la Cicig pueden contribuir... claro, si es que el país está realmente comprometido en luchar contra la impunidad.

Por verdadabierta.com



Por medio de acciones jurídicas y una posible movilización masiva, buscan que uno de sus líderes más visibles salga de prisión

Felicuano Valencia entre rejas
Dos días después de la captura de Feliciano Valencia por parte de agentes de la Fiscalía, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), convocó una junta directiva extraordinaria para analizar qué ruta tomar ante lo que consideran como un ataque al movimiento indígena y una deslegitimación a su jurisdicción especial consagrada en la Constitución Política de 1991.

La indignación de la comunidad surge tras la condena en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Cauca contra Feliciano Valencia, quien fue vocero de la minga que realizaron en 2008 para exigir la reivindicación de sus derechos y el cumplimiento de varios acuerdos que el Estado había suscrito. En estos hechos, los indígenas que estaban concentrados en el cabildo de La María, en el municipio de Piendamó, detuvieron al cabo Jairo Danilo Chaparral, quien fue señalado de estar infiltrado en la movilización, por lo que fue enjuiciado y sancionado con 20 latigazos. Tiempo después el soldado denunció que fue víctima de secuestro y de lesiones personales.

18 años de prisión para Feliciano Valencia: ¿justicia?
A la junta extraordinaria del Cric acudieron 120 autoridades indígenas, quienes definieron que primero deben agotar los recursos que les ofrece la Ley para revertir el fallo del Tribunal Superior. Por esta razón, una comisión de mil indígenas marchó por las calles de Popayán este lunes y radicó un derecho extraordinario de casación para que la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia. Acto seguido, se desplazaron a la cárcel de San Isidro, en donde está preso Valencia y exigieron su liberación.

Pero esta no es la única vía que los indígenas contemplan para lograr su cometido. Nelson Cucuñame, miembro del equipo jurídico de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), le dijo a VerdadAbierta.com que en caso de que falle el recurso de casación, implementarán tutelas para que la Corte Constitucional se pronuncie y, de ser necesario, buscarán medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez hayan agotado todos los recursos que les ofrece la Ley colombiana.

Además de acudir a la justicia, la junta extraordinaria del Cric se declaró en asamblea permanente y planea retomar dentro de un mes la minga de 2008, si Feliciano Valencia no recobra su libertad. Al respecto, un consejero del Cric, que pidió mantener en reserva su nombre, le dijo a VerdadAbierta.com que “si no hay avance en ese tiempo, como mínimo seríamos unos 30 mil indígenas los que reactivan la minga. El carácter de la minga de 2008 era la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se vuelven a pisotear en el caso de Feliciano, porque va en contra de la Jurisdicción Especial Indígena y se judicializa el derecho a la protesta”. Varios líderes indígenas le dijeron a este portal que la movilización sería pacífica y que apenas está en fase de preparación.

La captura de Valencia despertó la solidaridad de varios sectores populares del país, la cual se vio reflejada en las redes sociales en la noche del pasado 15 de septiembre, cuando en menos de una hora se convirtió en tendencia nacional la consigna #FelicianoLibreYa. Además de las organizaciones indígenas del país, sectores campesinos y estudiantiles manifestaron su descontento porque este indígena Nasa también ha sido parte clave del denominado movimiento social Congreso de los Pueblos.

El Congreso de los Pueblos: ¿un movimiento bajo sospecha?
En un video publicado este miércoles por el Cric, el líder indígena habla desde la cárcel de máxima seguridad de Popayán, y explica cómo fueron las circunstancias del proceso que hoy lo tiene tras las rejas y dice que es un perseguido político. “Desafortunadamente la justicia ordinaria opera así. No pudo judicializar a las 14 mil personas e individualizó este caso en cinco personas inicialmente, a cuatro absolvió y toda la justicia recayó sobre mí. Y por eso hoy me encuentro en la cárcel de máxima seguridad de San Isidro en la ciudad de Popayán, preso en los muros de la injusticia y perseguido políticamente por la justicia y la oligarquía caucana”, concluye.


Por verdadabierta.com


Esto afirma María Paulina Riveros al referirse al enfoque de género en los acuerdos. Ella, con un pie en La Habana como negociadora y otro en Colombia en el Ministerio del Interior, también detalla cómo están identificando a los desaparecidos.

entrevista maria riveros 107/09/2015. VerdadAbierta.com (VA): Para usted, que es plenipotenciaria y encabeza la subcomisión de género del lado del Gobierno, ¿cuál ha sido el rol de las mujeres en estas negociaciones?

María Paulina Riveros (MPR): Cuando recibimos a las 60 víctimas que fueron a La Habana advertimos una diferencia. En los relatos de las mujeres se despierta un sentimiento de solidaridad impresionante con víctimas de los mismos hechos.

Esto crea unos lazos que desembocan normalmente en organizaciones sociales.

VA: Pero de manera concreta, ¿cómo han participado las mujeres?
MPR: Este es el primer proceso de paz donde se propicia un escenario específico para que los acuerdos tengan un enfoque de género. Ninguna otra negociación en el mundo había tenido una subcomisión de mujeres y esta participación ha sido realmente activa.

VA: ¿Cómo? Del lado del Gobierno, por ejemplo, sólo hay dos mujeres de ocho negociadores.
MPR: En un estudio, la ONU analizó 38 procesos de paz en el mundo y el nivel de participación de las mujeres como negociadoras era del 7%, aquí hablamos de un 25%, con la canciller María Ángela Holguín y yo del lado del Gobierno. Y hay más niveles de participación.

VA: ¿Como cuáles?
MPR: En la delegación completa del Gobierno, que incluye plenipotenciarios, asesores, etc., más del 80% somos mujeres.

VA: ¿Y en las Farc?
MPR: Más del 40% de su delegación, que es el mismo porcentaje de mujeres al interior de la guerrilla.

VA: ¿Cómo está compuesta actualmente la subcomisión de género?
MPR: Somos 12 personas: seis de las Farc y seis del Gobierno pero no siempre todas son mujeres. Del lado del Gobierno estamos la Canciller; Elena Ambrosi, que es la coordinadora temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y yo. Somos permanentes las tres. Las otras dependen del tema que se trate. Ahora que hablamos del punto de víctimas hacen parte Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas; Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Defensa y Juanita Millán, teniente de navío del Ministerio de Defensa.

VA: ¿Y por las Farc?
MPR: Eran cinco mujeres y un hombre. Digo eran porque con los niveles de rotación tuvo una modificación. Ahora siguen Victoria Sandino, que es quien encabeza la subcomisión por el lado de las Farc, y Alexandra Nariño. En el próximo ciclo nos presentarán los cuatro miembros.

VA: ¿Cómo hicieron para darle un enfoque de género a los acuerdos que ya estaban pactados?
MPR: Cuando se crea la subcomisión ya había dos puntos pactados, reforma rural integral y participación política, y estaba a punto de concluir el de drogas. Por eso uno de los dos mecanismos de trabajo ha sido revisar esos tres temas anteriores y hemos avanzado con las visitas de expertas nacionales e internacionales que han revisado los textos con nosotros. A partir de este ciclo ya tendremos reuniones de subcomisión para darle recomendaciones a la Mesa sobre textos concretos.

VA: ¿Cuál es ese primer resultado? ¿Los acuerdos se rajan o ganan el año en enfoque de género?
MPR: Sin habérselo propuesto, la Mesa sí logró muchas cosas que ya reflejaban un enfoque de género. No de manera premeditada sino natural.

VA: Ahora que hay varios grupos adelantando temas como el de fin de conflicto y justicia transicional, ¿cómo hacen para que se hable del tema de género?
MPR: También participamos en esas subcomisiones. Por decir algo, la Canciller está permanentemente en el grupo de seguridad. En el tema de minas hay mujeres muy importantes del BIDES (Batallón de Desminado Humanitario) y de cada experiencia aprendemos.

VA: ¿Alguna anécdota en particular?
MPR: En El Orejón las mujeres se organizaron y dejaron a una señora cuidando los niños mientras ellas iban a los talleres de los proyectos que están haciendo allá. Son respuestas espontáneas que nos servirán de ejemplo. Cuando la mujer vaya a participar en la implementación de acuerdos, tenemos que prever lugares donde los niños puedan estar bien.

VA: ¿Esto no los impulsa a apoyarse en los mecanismos que la gente ha utilizado en vez de crear unos diferentes?
MPR: No creemos en los modelos talla única ni queremos exportar modelos. La gente en Colombia, por la fuerza del conflicto, se ha visto obligada a buscar sus soluciones. La idea no es que lleguemos a imponer soluciones que no tienen nada que ver sino fortalecer esas soluciones, porque son las propicias para una situación específica.

VA: Usted tiene un pie en La Habana y otra en la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, donde están desarrollando un trabajo para identificar a los desaparecidos. ¿Esa labor oficial tiene en cuenta el eventual interés de las Farc en aclarar dónde están las fosas?
MPR: No hay una atadura directa pero este trabajo sí será fundamental porque una vez ellos participen, ya tendremos una experticia sobre qué hacer con los cuerpos y con las familias.

VA: Ustedes han unido esfuerzos con la Registraduría Nacional para buscar a los desaparecidos. ¿Cómo ha sido esa labor?
MPR: El objetivo era poder darle un nombre y apellido a las necrodactilias que existían en Medicina Legal. En ese momento había 22 mil huellas de personas que no se sabía quiénes eran. Es una cosa muy loca. Hasta ese momento los trabajos oficiales habían logrado dar nombre y apellido sólo a 6 casos.

VA: ¿Y qué hicieron?
MPR: En un trabajo larguísimo cruzamos las necrodactilias de Medicina Legal con la información de la Registraduría. El resultado fue algo que jamás nos esperábamos: 9.968 coincidencias. Que tengamos 22 mil personas que no sepamos quiénes son ni dónde están, es una cifra muy preocupante. Pero más alarmante, que en un ejercicio pudiéramos darle nombre y número de identidad a casi la mitad. Eso nos hizo abrir los ojos de que el problema de desaparecidos en Colombia es de unas dimensiones inimaginadas.

VA: ¿Todos ellos fueron víctimas del conflicto?
MPR: No sabemos. Todavía no podemos hablar de identificación porque es algo que viene más adelante.

VA: ¿Para qué sirve entonces ese nombre y apellido de las casi 10 mil personas?
MPR: Por lo menos en esos casos le podemos decir a la familia que esa persona a la que está buscando está muerta. Son hallazgos muy importantes para ver cuál será la política pública de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. No es tomarlo como un simple resultado estadístico sino como una advertencia, pues los datos indican que hay una situación que tenemos que descubrir. Hay muchísimas personas muertas que no se sabe quiénes son y dónde están.

VA: Pero la Fiscalía ya ha encontrado más de 6 mil cuerpos por las confesiones de los paramilitares en Justicia y Paz.
MPR: Sí. Esa es una fuente para descubrir dónde pueden estar esas personas. Habrá unas en fosas comunes pero desde la perspectiva oficial hay un sitio al que no se le ha prestado la más mínima atención: los cementerios.

VA: ¿Y ustedes ya comenzaron a buscar allí?
MPR: Sí y fue otro hallazgo tremendo. En 228 municipios hemos visitado 234 cementerios de los más de mil que pueden existir en todo el país. Allí encontramos 5.962 personas inhumadas sin identificación y 1.354 personas que sí están identificadas pero que no han sido reclamadas. Además, de las 9.968 personas a las que le habíamos dado nombre y apellido, fue posible entregar a sus familias aproximadamente 160 restos en condiciones de dignidad.

VA: ¿Conocen el contexto en el que murieron las víctimas?
MPR: La Fiscalía lo sabe pero eso ya escapa al propósito de ese primer ejercicio.

VA: Entonces todavía no se puede hablar de desaparición forzada en todos los casos.
MPR: No y no es posible saberlo hasta que se haga un proceso de inhumación y búsqueda de la verdad a través de los distintos medios. Una, es la verdad judicial... el paso siguiente es empezar con Fiscalía.

VA: ¿En qué condiciones estaban esos cuerpos?
MPR: Hay de todo. Fosas donde los huesos están mezclados son irrecuperables. Otros cementerios han tenido administraciones muy juiciosas y tienen a las personas enterradas en la tierra o en pared. Es importante esa manera de enterrar porque los restos tienen que ser conservados de una debida manera para que algún día se pueda entregar el cuerpo de manera digna.

VA: ¿Dónde hay más muertos sin identificar?
MPR: En Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. (Vea cuáles son los cementerios visitados y cuántos cuerpos encontraron sin identificar en cada uno de ellos).

VA: ¿Qué sigue con los casi 6 mil cuerpos sin identificar que están en los cementerios?
MPR: Estamos ad portas de suscribir de nuevo el convenio con Medicina Legal para cruzar información. Compararemos con los 9 mil que ya encontramos para saber cuántos de esos están en el cementerio. No me atrevo a decirlo con certeza pero creemos que son más de 200 que ya podemos saber quiénes son y dónde están.

VA: ¿Por qué se demora tanto el proceso para identificar un cuerpo?
MPR: Por las condiciones de inhumación. No en todos los cementerios están los cuerpos fácilmente ubicables. En otros casos, están enterrados sin que la fosa esté nombrada. Incluso, unos cementerios ya no existen porque se los ha llevado el río. Ha sido dispendioso y nos ha exigido tener 18 antropólogos forenses del Ministerio del Interior dedicados exclusivamente a hacer ese trabajo. También hemos tenido que acudir al sepulturero.

VA: ¿Qué papel desempeñan ellos en la búsqueda?
MPR: Estamos ligados a la memoria del sepulturero. Él recibe el cadáver y decide cómo y dónde enterrarlo. Por eso hemos hecho unos talleres con ellos para capacitarlos sobre cómo enterrar un cadáver y cuál es la precisión de los datos que deben recopilarse para luego identificar a esa persona. Además, han aprendido que no pueden enterrar dos cuerpos en una sola fosa.

VA: Después de la identificación, viene la entrega. ¿Cómo encontrar a las familias?
MPR: La primera fuente son las redes de familias que buscan a sus seres queridos. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos sacar letreros públicos. Sino informarle a la gente que puede acudir a tal cementerio por información. Otra acción complementaria es el banco de perfiles genéticos que se creó con el Decreto 303 de 2015.

VA: Es decir...
MPR: Las familias podrán acudir al banco si buscan un ser querido y dar su ADN. Cuando logremos sacar el ADN de unos restos mortales, podremos cruzarlos en el banco. Esa es una fuente de identificación.

Por verdadabierta.com




Yo sobrevi al conflicto

Entre el 10 y el 13 de abril de 2001, paramilitares del Bloque Calima recorrieron los territorios aledaños al río Naya, en los límites entre Cauca y Valle. Aunque la comunidad asegura que murieron más de 100 personas, a la fecha solo han podido recuperarse 27 cadáveres, pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes de la región. Cerca de 3 mil personas huyeron de la zona, entre ellas los miembros de la comunidad indígena Kitek Kiwe, que se desplazó más de 100 km hasta Timbío, Cauca. Lisinia Collazos, actual gobernadora del cabildo, relata los dramáticos momentos que presenció de la masacre, en la que murió su esposo.


Por verdadabierta.com

sentencia restitucion etnica
Atarrayas, bateas, sombreros, guasás, catangas, trapiches, entre otros elementos propios de la cultura timbiquireña, que simbolizan el fuerte vínculo que tiene la comunidad con el territorio, adornaron el Coliseo Francisco Antonio Orobio Jory en la entrega, que hizo la Unidad de Restitución de Tierras, de la sentencia de restitución de derechos territoriales étnicos sobre 71 mil hectáreas que benefician a 761 familias afrodescendientes del Consejo Comunitario Renacer Negro.


18 de agosto de 2015 (@URestitución). Con la presencia de la comunidad beneficiada, autoridades locales y representantes de entidades del Estado que realizan un trabajo permanente a favor de las víctimas del conflicto armado, se llevó a cabo la entrega material de la sentencia al Consejo Comunitario Renacer Negro, con la cual se protege sus derechos territoriales.

Teniendo en cuenta que la comunidad depende, en su mayoría, de la minería para subsistir, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán ordena que se establezca una zona minera de comunidad negra con concesión especial para el Consejo Comunitario Renacer Negro sobre los yacimientos y depósitos de materiales que se encuentren dentro de su territorio. Así mismo, ante la existencia de cultivos de uso ilícito se ordena suspender la aspersión con glifosato e implementar actividades de erradicación manual y sustitución de los cultivos.

El fallo garantiza, además, el retorno de las comunidades desplazadas a través de la implementación de un Plan Integral de Reparación que incluye programas de salud, educación, vivienda, estrategias de seguridad alimentaria, implementación de proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos y mitigación de sus efectos.

“Es para nosotros un sueño cumplido, una meta alcanzada. Teníamos muchos problemas como la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito, pero las 31 órdenes que emitió el juez nos dicen que no tengamos miedo; nosotros sabemos que el 
miedo es el peor fracaso. Tenemos que enfrentar el temor porque sabemos que solo así recibiremos frutos. Vamos a vivir esta sentencia como la sangre que corre en nuestras venas”, señaló Saturnino Venté, representante legal del Consejo Comunitario Renacer Negro.

Ricardo Sabogal, director general de la Unidad de Restitución de Tierras "Es un pronunciamiento judicial de gran impacto en materia étnica. Este tipo de decisiones desbrozan el camino de lo que debe ser la restitución a comunidades étnicas. Son más de 71.000 hectáreas restituidas, es una decisión histórica".

La comunidad entregó, de forma simbólica, al alcalde de Timbiquí y a los representantes del Ejército, la Policía y la Dirección Étnica de la URT, una barra, una batea, un sombrero, un canasto y una catanga que representan el objetivo de la restitución: la recuperación de sus usos y costumbres. “La Unidad de Restitución de Tierras nos devuelve, no solo la tierra, sino la vida, porque la tierra es el elemento más trascendental para nuestra cultura.

Estamos satisfechos y podemos señalar que la sentencia restituye nuestro derecho”, indicó Raúl Angulo, presidente de Asoconsejos. A lo anterior, el alcalde de Timbiquí, Víctor Amú Sinisterra, añadió: “Para los habitantes de Timbiquí y para las comunidades afrodescendientes se está haciendo justicia y justicia verdadera. Hoy es un día de inmenso beneplácito porque el Estado está haciendo presencia y fortaleciendo su accionar con los más vulnerados”. Los sonidos de la marimba, el guasá y el cununo acompañaron el acto cultural en el que los asistentes le dieron un viva a la paz y a la restitución, porque a partir de hoy el disfrute de sus derechos al territorio es una realidad.

Hoy, gracias a la política de restitución de tierras, el Estado les devuelve a las comunidades étnicas las 71 mil hectáreas que conforman este consejo comunitario, con medidas que involucran diversas instituciones estatales, en aras de reparar de la mejor manera las afectaciones territoriales y contribuir a la paz.

La Unidad de Restitución de Tierras, la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) y la Dirección Territorial Cauca, agradecen al Consejo Comunitario Renacer Negro la confianza depositada en el equipo que adelantó la caracterización de afectaciones territoriales. Este documento, creado con el apoyo de la comunidad, fue el elemento probatorio principal para presentar la demanda. La comunidad, por medio de su conocimiento del territorio, de los hechos ocurridos, así como por medio de su apertura para contar sus aspiraciones de vida en el territorio colectivo, posibilitó la demanda y las órdenes dadas por el juzgado.

El fallo histórico para el país y el departamento del Cauca conduce a la reparación de comunidades que habitan el Pacífico colombiano y ordena a autoridades del nivel nacional, local y departamental para el restablecimiento articulado de los derechos territoriales de quienes habitan en las veredas: Mataco, San Miguel, El Charco, La Fragua, Velásquez, Cheté, Coteje, Realito, San José, Piandero y Santa María.

sentencia restitucion etnica2
Contexto histórico

Después del descubrimiento de América, huyendo de la esclavitud, personas afrodescendientes formaron palenques en las costas y construyeron, en las orillas de los ríos y mares, caseríos que hasta el día de hoy conforman los territorios de las comunidades negras. Teniendo en cuenta ese contexto, en el 2001, mediante una resolución de titulación colectiva, el entonces Incora reconoció al Consejo Comunitario Renacer Negro como poseedor histórico de esas tierras, garantizándoles a las familias ejercer sus prácticas culturales y ancestrales como cosechar la tierra, pescar, cazar y extraer minerales, sin limitación alguna. Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales, especialmente desde el año 2003, generó una disputa del territorio, con alta presencia de cultivos de uso ilícito y minería informal a cielo abierto con maquinaria pesada, generando desplazamientos masivos de las personas que quedaban en medio del fuego cruzado.

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