Aunque solo hasta este jueves se hará público el nombre del arquitecto ganador, el Centro Nacional de Memoria Histórica acaba de revelar el diseño del edificio que se construirá en la Calle 26 de Bogotá.

museo memoria
A simple vista parece un castillo con tres torres grises y un techo colorido. Por dentro, amplios corredores, espacios al aire libre y salas llenas de transparencias. Los cinco jurados del concurso arquitectónico, sin embargo, tienen una opinión más especializada y que ellos llaman, consideraciones destacadas: es un edificio compuesto de “una sencillísima combinación de cuadrados alternados que crea una riquísima y compleja relación de espacios de variadas escalas y condiciones lumínicas”.

En últimas, se trata del diseño final –elegido entre 72 propuestas nacionales e internacionales- de una tarea encomendada al Estado por la Ley de Víctimas: el Museo Nacional de la Memoria. Al igual que ocurre en Alemania, Ruanda, Chile o Argentina, Colombia tendrá un espacio que hable de lo que ha pasado en términos de conflicto armado. Y la tarea está en manos del Centro Nacional de Memoria Histórica que este jueves, 13 de agosto, dará a conocer el nombre de la firma de arquitectos ganadora del concurso.

Aunque el diseño trata de una construcción física, las víctimas, los académicos y los museólogos coinciden en que la parte más difícil es el guión museográfico: ¿cómo hacer un museo de la memoria en un país tan dividido y que aún vive en conflicto? Por eso, el informe presentado por el jurado habla de un propósito claro con este nuevo edificio: “El rescate de la memoria como antídoto efectivo frente a la negación, la deformación o la indolencia frente a la violencia”.

Dentro del informe presentado (por los jurados Juan Pablo Ortiz, Clemencia Escallón, Mauricio Pinilla, Arturo Figueroa y Efraín Riaño) se destaca, además, el “diálogo” del edificio con el entorno pues el Museo quedará sobre la Calle 26 (Avenida El Dorado), muy cerca de la zona administrativa distrital, el Concejo de Bogotá y en plena Plaza de la Democracia.

Por verdadabierta.com



Desde el inicio de los diálogos de paz en Cuba, la guerrilla le ha solicitado al gobierno la libertad de los reclusos que se encuentran en grave estado de salud. Sin embargo, poco se ha hablado del tema.

presos politicos 2
14/08/2015. Colombia tiene 156.924 personas en la cárcel. Según algunas oenegés, de ésas, 9.500 son presos ‘políticos’ y de guerra. Aunque no se tiene un censo estimado sobre la población guerrillera reclusa, cientos de excombatientes permanecen privados de la libertad en las siete cárceles de máxima seguridad del país bajo los delitos de rebelión, terrorismo, entre otros.

El pasado diciembre, a raíz de la muerte en prisión de Ramón Emilio Mallarino, Alexander Giraldo Parra, Luis Carlos Riazcos y Jaime Alberto Aroca Lucuara, las Farc emitieron un comunicado para denunciar la falta de atención en salud y los tratos inhumanos a los cuales han estado sometidos los guerrilleros. De igual manera, señalaban la importancia de discutir el régimen penitenciario y la crisis humanitaria que atraviesan varias cárceles del país.

A ellos se suma la reciente muerte del ex combatiente Pedro Rosas Pérez, quien se encontraba recluido la cárcel de Acacías, Meta y, a raíz de constantes quebrantos de salud, fue trasladado a Bogotá por el INPEC para que recibiera atención médica. No obstante, el pasado 14 de febrero falleció en circunstancias que aún no se han podido esclarecer.

Ante esta situación, en Julio de este año, se dio a conocer una carta firmada por varios académicos, defensores de derechos humanos e intelectuales de corte internacional (entre ellos Noam Chomsky y Adolfo Pérez Esquivel) donde se solicita al gobierno la libertad de 71 presos ‘políticos’ de la guerrilla. La misiva señala que las condiciones en las que están privados de la libertad agravan las condiciones de salud en las que se encuentran y vulneran la vida humana.

“En el agravio a lo más elemental de su dignidad humana está agraviada la humanidad toda y en nombre de esa humanidad es que venimos a pedir la urgente libertad de estas personas sin ninguna otra consideración que la defensa de la dignidad humana que no solo es arrasada para los que sufren la situación de tortura permanente que entraña esta situación sino también para quienes se ven llevados a realizar estas acciones deshumanizantes”, se lee en el comunicado. (Lea aquí la carta).

La pugna jurídica

presos politicos 3
Sin embargo, no es tan sencillo conseguir la libertad de las personas que han sido juzgadas por los delitos de rebelión, sedición, asonada o los que han sido capturados en combate. Como ya lo había señalado VerdadAbierta.com, a partir de varios juristas consultados, la jurisprudencia colombiana es débil para especificar qué es un delito político y qué no, o cuáles son los delitos conexos (ver: Delito político: ¿Qué tanto se puede estirar?) .

Por ahora, según la Corte Constitucional, la noción de delito político se entiende como “aquellas conductas que, por graves motivos de conveniencia pública, el Congreso, por votación calificada, determine que son hechos punibles, amnistíables o indultables”, con lo cual se eliminó el artículo 127 del Código Penal que establecía que “los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”.

Hecho que para July Henríquez Sampayo, experta en litigio penal penitenciario y coordinadora nacional de la Fundación Lazos de Dignidad, agrava la situación de los presos políticos, de ahora en adelante el porte de armas, las capturas y muertes en combate se van a juzgar como crímenes comunes, con lo cual se destruye la noción clásica del delito político.

Ante ello, en diálogo con VerdadAbierta.com, Mark Burton, defensor de derechos humanos y actual abogado de ‘Simón Trinidad’ (integrante del Estado Mayor de las Farc y preso en una cárcel de los Estados Unido), señaló que las fallas en la jurisprudencia colombiana, en lo que respecta a los delitos políticos, se han enredado en discusiones políticas que perjudican directamente a los reclusos. “La actualidad de los diálogos de paz deben llevar al gobierno a no solo re-definir el concepto para las personas que están hoy en día en las conversaciones sino también para los cientos de reclusos de la guerrilla, de los cuales hasta ahora poco se ha hablado”, puntualizó el abogado.

En otras partes del mundo el tratamiento de los presos de guerra también ha sido objeto de discusiones jurídicas y políticas. Por ejemplo, durante el proceso de paz con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) salieron de prisión 433 ex combatientes, a los cuales se les dio amnistía en un proceso de justicia que duró cinco años, solamente luego de la firma del acuerdo ‘Viernes Santo’ en 1998.

Para el caso colombiano se espera que la construcción del Marco Jurídico para la Paz contemple la necesidad de darle un nuevo tratamiento a los delitos de guerra y de lesa humanidad, y a su vez se puedan establecer nuevos mecanismos de justicia que permitan la inclusión y participación de excombatientes.

La situación carcelaria

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Desde el año 2013 la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que declarara el estado de emergencia social, consagrado en el artículo 215 de la Constitución Política, por la situación de derechos humanos dentro de las cárceles del país. Según el Movimiento Nacional Carcelario, el panorama no ha cambiado y, por el contrario, se ha agravado al punto de tener muertos al interior de los centros de reclusión.

“El hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3%, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país y en algunas cárceles llega hasta niveles del 400% como ocurre en Riohacha o del 147% como el registrado en la cárcel Modelo de la capital del Atlántico”, se lee en la carta que emitió el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora al gobierno nacional.
Los 71 casos reseñados en la carta, emitida por las diferentes organizaciones de derechos humanos, coinciden en señalar que además de las condiciones en las que se encuentran los presos, sus familias han sido objeto de presión par parte de agentes del Estado para obtener información sobre miembros de la guerrilla y de persecución por parte de grupos paramilitares, como la situación de Diego Fernando López Jaramillo, quien fue capturado el 4 octubre del año 2000.

“Se encuentra en condición de discapacidad por pérdida de sus manos, tiene una prótesis en su ojo izquierdo a causa de una granada de fragmentación que le destrozó el ojo y presenta cuadros continuos de hipotermia”, dice la carta. Además, los abogados defensores aseguran que se ha solicitado la intervención de la Procuraduría Regional del Cauca y otras instancias de control, quienes compulsan oficios ante el Comité de Ética Médica sin recibir respuesta alguna.

Algo similar sucede con las mujeres reclusas. Nancy Isabel Salcedo Navarro fue capturada en diciembre de 2007 y condenada por el delito de rebelión, fue diagnosticada con depresión severa luego de sus primeros años en el centro penitenciario de ‘La vega’ en Sincelejo, Sucre: “recientemente estuvo recluida por un largo periodo en la Clínica Nuevo Ser de Sincelejo y trasladada a la Clínica Reencontrarse de la ciudad de Barranquilla”.

No es una situación que hasta ahora se denuncie y no son los únicos casos que se deben tomar como prioritarios. Está el caso de personas de tercera edad, dice Esteban Sierra, miembro de la corporación Solidaridad Jurídica, quien además señala que “el sistema penitenciario lleva más de una década en una crisis humanitaria en al cual el INPEC y Caprecom se han tirado la ‘pelota’ para echarse culpas y restarse responsabilidades para la atención de los reclusos”.

Los autores de la carta están dispuestos a trasladarse – según ellos- a los centros de reclusión de cada uno de los presos para “constatar, junto al gobierno colombiano y representantes de las agencias internacionales de preservación de los derechos humanos”.

Aunque no exista posición oficial del gobierno sobre la discusión del tema de los presos de guerrilla, varios de los voceros de las ONG´s consultados por VerdadAbierta.com señalan que ya se ha hablado del tema y se ha avanzado en materia de verificación por parte de organismos internacionales sobre la situación carcelaria. Queda esperar que al cierre del nuevo ciclo de conversaciones se tenga una postura oficial por parte del gobierno.

Por verdadabierta.com



general Montiya10/08/2015. La defensa del excomandante del Ejército aseguró que entregará las pruebas ante la Fiscalía “que demuestran que siempre fue un abanderado de la protección de los derechos humanos”.

Ante el fiscal tercero delegado en la Corte Suprema de Justicia, el excomandante del Ejército, general en retiro Mario Montoya, rinde interrogatorio por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales registradas en el departamento de Antioquia y en las desapariciones en el desarrollo de la operación Orión en la comuna 13 de Medellín.

El abogado del oficial aseguró que entregará las pruebas que demuestran que su defendido siempre fue un abanderado de la protección de los derechos humanos.


Hace poco más de diez años, Adriana Arboleda, abogada en derechos humanos, fue de las pocas personas que le dio crédito a las denuncias de decenas de habitantes de la comuna 13 de Medellín sobre cómo desaparecían a sus familiares. El tiempo terminaría dándole la razón y hoy día, junto a varias de aquellas víctimas, acompaña los procesos de exhumación en La Escombrera.

entrevista escombrera 210/08/2015. En un día de agosto de 2005, justo cuando las autoridades civiles y de Policía de Medellín, así como altos funcionarios del gobierno nacional calificaban a la comuna 13 como el nuevo laboratorio de paz del país, un puñado de personas denunció públicamente que allí, en ese conjunto de barrios mal apiñados que bordean las montañas del suroccidente de la ciudad, se estaba cometiendo la mayor violación de derechos humanos en medio de un vergonzoso manto de silencio e impunidad.

Dijeron que pocas semanas después de la Operación Orión, el operativo militar que permitió expulsar a las milicias de las Farc, Eln y Cap (Comandos Armados del Pueblo), los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara tomaron el control de la comuna e iniciaron una campaña de terror consistente en retener en las calles, bajar de los vehículos de transporte público o sacar de sus casas a hombres y mujeres sospechosos de tener vínculos con las milicias. Que nunca más se volvió a saber de ellos. Y hablaron de cifras que escandalizaron hasta los más escépticos.

Nadie les creyó. Sus denuncias fueron catalogadas de malintencionadas, sesgadas y poco fundamentadas. Los denunciantes recibieron todo tipo de calificativos, ninguno de ellos positivo. Entre ellos estaba la abogada Adriana Arboleda, consumada activista que llegó en 1998 a trabajar en la promoción y defensa de los derechos humanos en la comuna 13. Con su labor supo ganarse la confianza de una comunidad atemorizada por el régimen del miedo que impusieron las milicias.

Fue esa misma comunidad la que habló sobre la verdad que hoy, 10 años después, tratan de desenterrar en la Escombrera, un vasto lote utilizado como botadero de escombros donde se presume están enterradas las personas desaparecidas antes, durante y después de la Operación Orión. El miércoles 5 de agosto, Adriana y el grupo de víctimas, en su gran mayoría mujeres, estuvieron presentes en el inicio oficial de las excavaciones, las cuales se extenderán hasta lo que resta del año.

VerdadAbierta.com dialogó con ella para conocer sus impresiones sobre el más complejo plan de búsqueda de cadáveres en la historia reciente del conflicto colombiano.

“Un mito urbano”
Hace poco más de diez años, Adriana Arboleda, abogada en derechos humanos, fue de las pocas personas que le dio crédito a las denuncias de decenas de habitantes de la comuna 13 de Medellín sobre cómo desaparecían a sus familiares. El tiempo terminaría dándole la razón y hoy día, junto a varias de aquellas víctimas, acompaña los procesos de exhumación en La Escombrera.

En un día de agosto de 2005, justo cuando las autoridades civiles y de Policía de Medellín, así como altos funcionarios del gobierno nacional calificaban a la comuna 13 como el nuevo laboratorio de paz del país, un puñado de personas denunció públicamente que allí, en ese conjunto de barrios mal apiñados que bordean las montañas del suroccidente de la ciudad, se estaba cometiendo la mayor violación de derechos humanos en medio de un vergonzoso manto de silencio e impunidad.

Dijeron que pocas semanas después de la Operación Orión, el operativo militar que permitió expulsar a las milicias de las Farc, Eln y Cap (Comandos Armados del Pueblo), los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara tomaron el control de la comuna e iniciaron una campaña de terror consistente en retener en las calles, bajar de los vehículos de transporte público o sacar de sus casas a hombres y mujeres sospechosos de tener vínculos con las milicias. Que nunca más se volvió a saber de ellos. Y hablaron de cifras que escandalizaron hasta los más escépticos.

Nadie les creyó. Sus denuncias fueron catalogadas de malintencionadas, sesgadas y poco fundamentadas. Los denunciantes recibieron todo tipo de calificativos, ninguno de ellos positivo. Entre ellos estaba la abogada Adriana Arboleda, consumada activista que llegó en 1998 a trabajar en la promoción y defensa de los derechos humanos en la comuna 13. Con su labor supo ganarse la confianza de una comunidad atemorizada por el régimen del miedo que impusieron las milicias.

Fue esa misma comunidad la que habló sobre la verdad que hoy, 10 años después, tratan de desenterrar en la Escombrera, un vasto lote utilizado como botadero de escombros donde se presume están enterradas las personas desaparecidas antes, durante y después de la Operación Orión. El miércoles 5 de agosto, Adriana y el grupo de víctimas, en su gran mayoría mujeres, estuvieron presentes en el inicio oficial de las excavaciones, las cuales se extenderán hasta lo que resta del año.

VerdadAbierta.com dialogó con ella para conocer sus impresiones sobre el más complejo plan de búsqueda de cadáveres en la historia reciente del conflicto colombiano.

“Un mito urbano”
VA: Han pasado diez años desde que se formularon las primeras denuncias sobre personas desaparecidas en la comuna 13, ¿qué ha cambiado a la fecha?

AA: Lo primero que tuvimos que romper acá fue ese cerco de negación alrededor de este tema. La Operación Orión se presentó como el laboratorio de paz más exitoso de Colombia. Además, fue el inicio de la política de Seguridad Democrática. Entonces, cuando denunciamos que aquí había desaparecidos, nos respondían que era un mito urbano el que aquí se estuvieran desapareciendo personas. Ni el gobierno nacional, ni el gobierno local, ni los medios de comunicación nos creyeron en ese momento”.

VA: Pero ahora, que comenzaron formalmente las excavaciones, ¿se puede decir que el tiempo les dio la razón?
AA: “Esto es como una moneda con dos caras. Por un lado, esto es una vergüenza para el Estado colombiano, para una ciudad como Medellín que se precia de ser innovadora y otras cosas más. Pero, de otro lado, es un triunfo de las víctimas, de esa perseverancia, de esa capacidad de hacerse aún contra la corriente, para decir: aquí estamos”.

VA: En el plano personal, ¿cuál es la sensación?
AA: “Yo siento una sensación bastante contradictoria. Observar a estas mujeres pendientes de cómo remueven la tierra con la esperanza de que sus hijos aparezcan es duro. Pero a la vez me emociona su valentía, porque fueron ellas solas, a veces sin el respaldo de sus propias familias, las que lograron esto. Hoy todo el mundo dice que esto se debe a la Fiscalía, a la Alcaldía de Medellín o a la Unidad Nacional de Víctimas, pero creo que esto se debe a las mujeres que salieron, caminaron, denunciaron, contaron, pidieron, lloraron, exigieron”.

VA: La Corporación Jurídica Libertad, a la cual perteneces, ha sido, quizás, la más juiciosa documentando los casos de personas desaparecidas de la comuna 13, ¿de cuántos casos estamos hablando?
AA: “Nosotros tenemos 104 casos documentados. En algunos solo tenemos los nombres. De esos 104 tenemos reporte de 11 que ya fueron hallados en otras fosas de este sector. No sabemos si hay más o si hay menos, porque el problema es que no ha habido una labor de investigación seria para tratar de determinar cuántas víctimas de desaparición forzada hay. Al día de hoy no lo sabemos”.

VA: ¿A qué se debe ese desconocimiento?
AA: “Porque no se creyó. Y como no se creyó, no se recibieron denuncias, no se documentaron los casos de las personas que reportaban sus familiares como desaparecidos a Medicina Legal, eso no generó procesos penales. Como no ha habido labor de investigación, no se sabe exactamente cuántos son los desaparecidos. Pero además, yo creo que aquí hay poderes muy grandes. Hay señalamientos de que la Operación Orión se hizo entre la fuerza pública y el paramilitarismo y eso no es tan fácil reconocer. Súmele que muchas víctimas no denunciaron por miedo. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo personas a contarnos casos de los cuales solo teníamos un nombre y hoy ya no están entregando información más completa”.

VA: Es decir que, por cuenta de este proceso de exhumación, ¿se podrían conocer más casos de personas desaparecidas?
AA: “Yo creo que sí. De hecho ya han comenzado a llegar. Nos han buscado personas para contarnos sobre sus casos de personas desaparecidas. Yo tengo la esperanza de que esto ayude también como proceso de esclarecimiento histórico y poder saber de cuántas víctimas estamos hablando”.

Desenterrando justicia
VA: Siendo honestos, los resultados de este proceso podrían ser infructuosos y estériles, por la misma complejidad del terreno, ¿están preparadas las víctimas para ellos?
AA: “Las mujeres tienen una frase y es que a los desaparecidos hay que buscarlos toda la vida así no se les encuentre. No será fácil. Nosotros estamos haciendo un proceso de acompañamiento psicosocial de apoyo, de prepararnos y sabemos que hay tantas probabilidades de encontrarlos como de no encontrar nada. Pero estamos en ese ejercicio de prepararnos todos. Y no será fácil, obviamente porque por más apoyo psicosocial, por más trabajo que se haga, un familiar siempre espera encontrar a su ser querido. Lo otro es que hemos presentado un plan de búsqueda integral, porque hemos dicho que si no encontramos aquí, hay que buscar en todos los rincones de La Escombrera”.

VA: Hallar restos de personas desaparecidas en La Escombrera, ¿podría ayudar a esclarecer lo que sucedió en la Operación Orión?
AA: “Nosotros tenemos un lema: escarbando la verdad, desenterrando la justicia. Creo que no tenemos que sacrificar ninguna de las dos. Tiene que haber verdad y tiene que haber justicia. Ahora, el problema es qué entendemos por justicia, si cárcel o procesos de esclarecimiento, de reconocimiento de responsabilidad y de compromisos y garantías de no repetición. Creo que ahí está el tema. Nosotros no estamos pidiendo cárcel, estamos pidiendo, sobretodo, esclarecimiento y justicia. Y obviamente eso pasa porque se reconozca que la Operación Orión fue realmente una estrategia para garantizar el control por parte de los grupos paramilitares y que esa operación la coordinaron altos mandos militares”.

VA: ¿Aún se siguen registrando víctimas de desaparición forzada en la comuna 13?
AA: “Existen denuncias que dicen que sí, pero no las conozco en detalle”.

VA: ¿Qué significa para una ciudad como Medellín este proceso?
AA: “Esto tiene que ser un aprendizaje de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Esto no es una diligencia judicial cualquiera. Esto amerita una participación muy fuerte de las víctimas, que no sea solo venir a ver. Implica hacer veeduría, poder tener claro lo que está pasando, tener claridad sobre el procedimiento, poder hacer acompañamiento con equipos independientes, no como vigilancia sino como un apoyo mutuo a la labor de la Fiscalía. En ese sentido, ha habido una buena disposición de la institucionalidad para sentarnos a discutir. En el inicio se pensó que la Fiscalía hiciera esta labor sola. Pero las víctimas y las organizaciones de derechos humanos hemos indicado un camino y se nos ha escuchado. El que hoy estemos acá, que haya participación de las víctimas, significa que se han tenido que reformar protocolos, incluso, para este proceso, los estamos construyendo. Entonces, ha sido una labor de aprendizaje que debe servir para otros procesos de búsqueda de desaparecidos en todo el país”.

Por verdadabierta.com




La Universidad de Antioquia acaba de publicar los resultados de una investigación sobre la construcción del enemigo en el conflicto colombiano. Entre sus hallazgos: en Colombia se vendió la idea de que las Farc eran las culpables de todos los males y, ese discurso, fue más que útil para ciertos sectores políticos.

entrevista angarita 1Esta investigación establece que "un enemigo se construye a través de la palabra, de los discursos. Y en la sociedad colombiana, el papel de los medios de comunicación ha sido fundamental en esto".

05/08/2015. En el conflicto armado colombiano, el enemigo ha sido nombrado no solo como rival, contrincante u obstáculo, sino también como bandido, terrorista, monstruo, maleza, bestia y demente. Esto ha servido para justificar la tortura física y psicológica; la humillación, la crueldad y el uso excesivo de la violencia.

Así comienza el libro La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano 1998-2010, elaborado por el Grupo de Investigación sobre Conflictos y Violencias del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, el cual recoge los más importantes hallazgos del proceso investigativo iniciado hace un par de años y que buscaba, básicamente, responder el interrogante de cómo se ha construido discursivamente el enemigo en el conflicto armado colombiano.

Para ello, los investigadores se concentraron en los periodos presidenciales de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Analizaron más de 360 archivos escritos y digitales publicados por la Fuerza Pública, la guerrilla de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), así como piezas periodísticas y documentos suscritos en el marco de procesos de negociación.

Dicho proceso permitió al equipo investigador afirmar que en Colombia, el conflicto armado interno también se ha librado desde los discursos y que estos han tenido una funcionalidad política y social para cada uno de los actores armados.

“Muchas de las ideas que se plantean en el libro son útiles para entender lo que pasa hoy, en el marco del proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana, Cuba”, explica Pablo Emilio Angarita, integrante del grupo de investigación, quien señala que “el proceso se ha planteado como si el problema fueran solos las Farc, si ellos pagarán cárcel, reconocerán sus crímenes y demás. Pero se desconoce, o mejor, no se reconoce, todos los crímenes y las violaciones de derechos humanos que han cometido las fuerzas estatales. Todo porque los discursos que repiten los medios de comunicación y la sociedad es si las Farc van a dejar las armas o no, pero no se plantea por ejemplo, a qué están dispuestos los empresarios, los políticos y los militares”.

VerdadAbierta.com dialogó con el docente e investigador para conocer más detalles sobre esta investigación, cuyos planteamientos seguramente avivarán un debate que lentamente toma fuerza en el país: el desescalamiento del lenguaje de la guerra.

VA: ¿A qué apunta esta investigación?
PA: Busca analizar cómo en Colombia, en los gobiernos de Andrés Pastrana y en los dos de Álvaro Uribe Vélez, se construyó la idea de enemistad. La investigación se centró en tres actores armados: por un lado, el Estado, a través de su fuerza pública; la guerrilla de las Farc y, de otro lado, los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

VA: Y, ¿qué hallazgos arrojó ese proceso de investigación?
PA: Encontramos que, por parte del Estado y con ayuda de los medios de comunicación, se construyó la idea de que el enemigo de la sociedad colombiana eran las Farc. A partir de ahí se logra cierta unidad en la sociedad colombiana en torno a la idea de que la causa de todos los males, los conflictos y todo lo malo que pasa en el país se debe a este grupo insurgente, olvidando o atenuando otras problemáticas de orden económico y social que nada tienen que ver con las Farc, que incluso ya existían o estarán presentes así no existan las Farc.

VA: Pero, ¿la guerrilla de las Farc también construyó su discurso?
PA: Claro, las Farc proceden de manera similar en el sentido de concentrar su enemistad en la oligarquía, en el imperialismo, y particularmente en el gobierno nacional. Y contra ellos dirigen toda su actividad militar, afectando incluso a civiles con el argumento de que estos son efectos colaterales de la guerra.

VA: ¿Y el discurso de los paramilitares?
PA: Los paramilitares trabajan también con la idea de construir un enemigo absoluto que es inicialmente la insurgencia. Pero en el gobierno de Álvaro Uribe se cambia frente a los paramilitares, sobre todo luego del proceso de negociación, desmovilización y extradición de sus grandes líderes. Entonces los paramilitares pasan a ser considerados como enemigos pero, a su vez, el discurso de los paramilitares es como el de alguien que se siente traicionado por un amigo por haber hecho efectiva la extradición. Los paramilitares también trabajan mucho con esto del enemigo de conveniencia. En sus discursos advertimos cómo plantearon la posibilidad de aliarse con la guerrilla para combatir al Gobierno o, incluso, pidiéndole al Gobierno el mismo trato que le daba a la guerrilla.

entrevista angarita 2Pablo Emilio Angarita, académico y uno de los investigadores de La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano 1998-2010.

VA: Entonces, ¿este conflicto armado también se ha librado desde los discursos?
PA: Claro, un enemigo se construye a través de la palabra, de los discursos. Y en la sociedad colombiana, el papel de los medios de comunicación ha sido fundamental en esto. Cuando se estaba en los diálogos de paz con las Farc en San Vicente del Caguán, justo cuando se dio el avance del paramilitarismo por todo el país, la opinión pública centró toda su atención en si las Farc si estaban cumpliendo, si a la zona de distensión se estaba llevando secuestrados y demás. Todo el foco mediático se puso en las Farc, minimizando todas las masacres que venían cometiendo los paramilitares. Y a través de los discursos es que logra focalizarse la idea de las Farc como enemigo principal del país. Llegó un momento, en el gobierno de Álvaro Uribe, en el que se repetía constantemente, incluso desde los medios, que los enemigos de Colombia eran las Farc, Hugo Chávez y Piedad Córdoba. Y uno veía eso en la cotidianidad, cómo la gente repetía y creía esos discursos.

VA: El que la sociedad colombiana considere a las Farc como su enemigo principal, ¿realmente tiene que ver con el discurso elaborado por el Gobierno? ¿No ayudaron las acciones de esta guerrilla a cimentar esa idea en la sociedad?
PA: Indudablemente que las Farc le han declarado la guerra al Estado colombiano y han buscado a través de las armas hacer transformaciones supuestamente que tienen que ver con problemas agrarios y sociales, pero ese es un asunto. Otro asunto es que por parte del Estado, y eso fue muy típico en el gobierno de Álvaro Uribe, señalar que el problema central eran las Farc y entonces, se magnifica todo el problema, se le atribuyen todas las acciones, incluso las que no cometieron ellos. El ejemplo más claro en ese sentido es el caso del collar bomba, que se sigue repitiendo que fueron las Farc cuando ya se demostró que no.

VA: Se podría insinuar entonces que, detrás de magnificar al enemigo ¿había además intenciones políticas?
PA: Magnificar un enemigo produce utilidades políticas. En este caso, por un lado, facilitó, ocultó o justificó el accionar de los paramilitares. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, es que a partir de ahí se inició un proceso de apertura al capital trasnacional en condiciones muy onerosas para el país, que quedaron muy en segundo plano porque la sociedad estaba concentrada en la eliminación de ese enemigo que se construyó a través del discurso. Ahora, siempre será rentable construir un enemigo. Los que venden armas, los que se lucran de la guerra, les interesa que haya un enemigo magnificado al que haya que destruir militarmente.

“Desescalar el lenguaje”

VA: No es gratuito entonces que el presidente Santos llame la atención sobre “desescalar el lenguaje”...
PA: El llamado del Presidente a “desescalar el lenguaje” ratifica la tesis que planteamos en el libro: el papel tan protagónico que tiene el discurso en una sociedad. Goebbels, el asesor de Hitler, ya lo dijo: ‘una mentira repetida cien veces se convierte en verdad’. Cuando usted le dice mil veces a la sociedad colombiana que los culpables de todo son las Farc pues la gente termina convencida de que eso es así y se olvida de otros problemas y otros responsables, en este caso no solo las Fuerzas Militares y los paramilitares, sino también el sistema económico.

VA: En el marco del actual proceso de paz con las Farc, ¿ha habido cambio en los discursos?
PA: Aunque la investigación no cubre el gobierno de Santos, a manera de post-investigación puedo decir que sí hay un cambio en el discurso, no solo en el contexto nacional sino también internacional. Por eso avizoro que, con todas las dificultades existentes, habrá un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

VA: ¿No será muy complejo para esta sociedad aceptar y recibir a los miembros de las Farc cuando, como ustedes lo observaron, por más de una década se les ha tildado de ser el peor mal de este país?
PA: Uno de los temas más complejos dentro de la negociación es ese, porque a la sociedad colombiana se le insistió, durante más de ocho años, que las Farc son un enemigo terrorista al que hay que derrotar militarmente. Entonces, ese cambio de discurso no será fácil. Claro, ese discurso ya venía desde mucho antes, pero lo que hizo el gobierno de Álvaro Uribe fue fortalecerlo y potencializarlo.

VA: ¿Cómo empezar a posicionar otro discurso entonces?
PA: Por un lado, los grandes medios de comunicación, que todos los días están poniendo la agenda de debate, tienen un rol fundamental. En otras escalas intermedias, como la educación por ejemplo, también tenemos una responsabilidad en ese sentido. Lo que pasa es que el nivel de incidencia de quienes trabajamos en el campo de la educación es muy reducido, mientras que los medios de comunicación tienen un impacto mucho mayor y por eso su responsabilidad es mucho mayor.

VA: ¿Es hora de posicionar el discurso del postconflicto?
PA: Yo veo un problema y es que se insiste mucho en el tema del postconflicto, creando unas expectativas muy altas en la sociedad y lo que va pasar después de los acuerdos es que van aflorar otros conflictos, incluso armados. Entonces mucha gente dirá: ‘¿de qué nos sirvieron los acuerdos si no ha pasado la violencia?’ A mí no me parece conveniente el uso de la expresión postconflicto porque tiene dos errores: primero, desconoce una serie de problemas estructurales de orden social y económico; y lo segundo, porque se da a entender que ahora sí llegó la paz cuando lo que se está negociando es el fin de la confrontación con uno de los actores insurgentes y quedan otros actores que hay que enfrentar.

Por verdadabierta.com

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