Por medio de acciones jurídicas y una posible movilización masiva, buscan que uno de sus líderes más visibles salga de prisión

Felicuano Valencia entre rejas
Dos días después de la captura de Feliciano Valencia por parte de agentes de la Fiscalía, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), convocó una junta directiva extraordinaria para analizar qué ruta tomar ante lo que consideran como un ataque al movimiento indígena y una deslegitimación a su jurisdicción especial consagrada en la Constitución Política de 1991.

La indignación de la comunidad surge tras la condena en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Cauca contra Feliciano Valencia, quien fue vocero de la minga que realizaron en 2008 para exigir la reivindicación de sus derechos y el cumplimiento de varios acuerdos que el Estado había suscrito. En estos hechos, los indígenas que estaban concentrados en el cabildo de La María, en el municipio de Piendamó, detuvieron al cabo Jairo Danilo Chaparral, quien fue señalado de estar infiltrado en la movilización, por lo que fue enjuiciado y sancionado con 20 latigazos. Tiempo después el soldado denunció que fue víctima de secuestro y de lesiones personales.

18 años de prisión para Feliciano Valencia: ¿justicia?
A la junta extraordinaria del Cric acudieron 120 autoridades indígenas, quienes definieron que primero deben agotar los recursos que les ofrece la Ley para revertir el fallo del Tribunal Superior. Por esta razón, una comisión de mil indígenas marchó por las calles de Popayán este lunes y radicó un derecho extraordinario de casación para que la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia. Acto seguido, se desplazaron a la cárcel de San Isidro, en donde está preso Valencia y exigieron su liberación.

Pero esta no es la única vía que los indígenas contemplan para lograr su cometido. Nelson Cucuñame, miembro del equipo jurídico de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), le dijo a VerdadAbierta.com que en caso de que falle el recurso de casación, implementarán tutelas para que la Corte Constitucional se pronuncie y, de ser necesario, buscarán medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez hayan agotado todos los recursos que les ofrece la Ley colombiana.

Además de acudir a la justicia, la junta extraordinaria del Cric se declaró en asamblea permanente y planea retomar dentro de un mes la minga de 2008, si Feliciano Valencia no recobra su libertad. Al respecto, un consejero del Cric, que pidió mantener en reserva su nombre, le dijo a VerdadAbierta.com que “si no hay avance en ese tiempo, como mínimo seríamos unos 30 mil indígenas los que reactivan la minga. El carácter de la minga de 2008 era la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se vuelven a pisotear en el caso de Feliciano, porque va en contra de la Jurisdicción Especial Indígena y se judicializa el derecho a la protesta”. Varios líderes indígenas le dijeron a este portal que la movilización sería pacífica y que apenas está en fase de preparación.

La captura de Valencia despertó la solidaridad de varios sectores populares del país, la cual se vio reflejada en las redes sociales en la noche del pasado 15 de septiembre, cuando en menos de una hora se convirtió en tendencia nacional la consigna #FelicianoLibreYa. Además de las organizaciones indígenas del país, sectores campesinos y estudiantiles manifestaron su descontento porque este indígena Nasa también ha sido parte clave del denominado movimiento social Congreso de los Pueblos.

El Congreso de los Pueblos: ¿un movimiento bajo sospecha?
En un video publicado este miércoles por el Cric, el líder indígena habla desde la cárcel de máxima seguridad de Popayán, y explica cómo fueron las circunstancias del proceso que hoy lo tiene tras las rejas y dice que es un perseguido político. “Desafortunadamente la justicia ordinaria opera así. No pudo judicializar a las 14 mil personas e individualizó este caso en cinco personas inicialmente, a cuatro absolvió y toda la justicia recayó sobre mí. Y por eso hoy me encuentro en la cárcel de máxima seguridad de San Isidro en la ciudad de Popayán, preso en los muros de la injusticia y perseguido políticamente por la justicia y la oligarquía caucana”, concluye.


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Yo sobrevi al conflicto

Entre el 10 y el 13 de abril de 2001, paramilitares del Bloque Calima recorrieron los territorios aledaños al río Naya, en los límites entre Cauca y Valle. Aunque la comunidad asegura que murieron más de 100 personas, a la fecha solo han podido recuperarse 27 cadáveres, pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes de la región. Cerca de 3 mil personas huyeron de la zona, entre ellas los miembros de la comunidad indígena Kitek Kiwe, que se desplazó más de 100 km hasta Timbío, Cauca. Lisinia Collazos, actual gobernadora del cabildo, relata los dramáticos momentos que presenció de la masacre, en la que murió su esposo.


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sentencia restitucion etnica
Atarrayas, bateas, sombreros, guasás, catangas, trapiches, entre otros elementos propios de la cultura timbiquireña, que simbolizan el fuerte vínculo que tiene la comunidad con el territorio, adornaron el Coliseo Francisco Antonio Orobio Jory en la entrega, que hizo la Unidad de Restitución de Tierras, de la sentencia de restitución de derechos territoriales étnicos sobre 71 mil hectáreas que benefician a 761 familias afrodescendientes del Consejo Comunitario Renacer Negro.


18 de agosto de 2015 (@URestitución). Con la presencia de la comunidad beneficiada, autoridades locales y representantes de entidades del Estado que realizan un trabajo permanente a favor de las víctimas del conflicto armado, se llevó a cabo la entrega material de la sentencia al Consejo Comunitario Renacer Negro, con la cual se protege sus derechos territoriales.

Teniendo en cuenta que la comunidad depende, en su mayoría, de la minería para subsistir, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán ordena que se establezca una zona minera de comunidad negra con concesión especial para el Consejo Comunitario Renacer Negro sobre los yacimientos y depósitos de materiales que se encuentren dentro de su territorio. Así mismo, ante la existencia de cultivos de uso ilícito se ordena suspender la aspersión con glifosato e implementar actividades de erradicación manual y sustitución de los cultivos.

El fallo garantiza, además, el retorno de las comunidades desplazadas a través de la implementación de un Plan Integral de Reparación que incluye programas de salud, educación, vivienda, estrategias de seguridad alimentaria, implementación de proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos y mitigación de sus efectos.

“Es para nosotros un sueño cumplido, una meta alcanzada. Teníamos muchos problemas como la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito, pero las 31 órdenes que emitió el juez nos dicen que no tengamos miedo; nosotros sabemos que el 
miedo es el peor fracaso. Tenemos que enfrentar el temor porque sabemos que solo así recibiremos frutos. Vamos a vivir esta sentencia como la sangre que corre en nuestras venas”, señaló Saturnino Venté, representante legal del Consejo Comunitario Renacer Negro.

Ricardo Sabogal, director general de la Unidad de Restitución de Tierras "Es un pronunciamiento judicial de gran impacto en materia étnica. Este tipo de decisiones desbrozan el camino de lo que debe ser la restitución a comunidades étnicas. Son más de 71.000 hectáreas restituidas, es una decisión histórica".

La comunidad entregó, de forma simbólica, al alcalde de Timbiquí y a los representantes del Ejército, la Policía y la Dirección Étnica de la URT, una barra, una batea, un sombrero, un canasto y una catanga que representan el objetivo de la restitución: la recuperación de sus usos y costumbres. “La Unidad de Restitución de Tierras nos devuelve, no solo la tierra, sino la vida, porque la tierra es el elemento más trascendental para nuestra cultura.

Estamos satisfechos y podemos señalar que la sentencia restituye nuestro derecho”, indicó Raúl Angulo, presidente de Asoconsejos. A lo anterior, el alcalde de Timbiquí, Víctor Amú Sinisterra, añadió: “Para los habitantes de Timbiquí y para las comunidades afrodescendientes se está haciendo justicia y justicia verdadera. Hoy es un día de inmenso beneplácito porque el Estado está haciendo presencia y fortaleciendo su accionar con los más vulnerados”. Los sonidos de la marimba, el guasá y el cununo acompañaron el acto cultural en el que los asistentes le dieron un viva a la paz y a la restitución, porque a partir de hoy el disfrute de sus derechos al territorio es una realidad.

Hoy, gracias a la política de restitución de tierras, el Estado les devuelve a las comunidades étnicas las 71 mil hectáreas que conforman este consejo comunitario, con medidas que involucran diversas instituciones estatales, en aras de reparar de la mejor manera las afectaciones territoriales y contribuir a la paz.

La Unidad de Restitución de Tierras, la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) y la Dirección Territorial Cauca, agradecen al Consejo Comunitario Renacer Negro la confianza depositada en el equipo que adelantó la caracterización de afectaciones territoriales. Este documento, creado con el apoyo de la comunidad, fue el elemento probatorio principal para presentar la demanda. La comunidad, por medio de su conocimiento del territorio, de los hechos ocurridos, así como por medio de su apertura para contar sus aspiraciones de vida en el territorio colectivo, posibilitó la demanda y las órdenes dadas por el juzgado.

El fallo histórico para el país y el departamento del Cauca conduce a la reparación de comunidades que habitan el Pacífico colombiano y ordena a autoridades del nivel nacional, local y departamental para el restablecimiento articulado de los derechos territoriales de quienes habitan en las veredas: Mataco, San Miguel, El Charco, La Fragua, Velásquez, Cheté, Coteje, Realito, San José, Piandero y Santa María.

sentencia restitucion etnica2
Contexto histórico

Después del descubrimiento de América, huyendo de la esclavitud, personas afrodescendientes formaron palenques en las costas y construyeron, en las orillas de los ríos y mares, caseríos que hasta el día de hoy conforman los territorios de las comunidades negras. Teniendo en cuenta ese contexto, en el 2001, mediante una resolución de titulación colectiva, el entonces Incora reconoció al Consejo Comunitario Renacer Negro como poseedor histórico de esas tierras, garantizándoles a las familias ejercer sus prácticas culturales y ancestrales como cosechar la tierra, pescar, cazar y extraer minerales, sin limitación alguna. Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales, especialmente desde el año 2003, generó una disputa del territorio, con alta presencia de cultivos de uso ilícito y minería informal a cielo abierto con maquinaria pesada, generando desplazamientos masivos de las personas que quedaban en medio del fuego cruzado.

Comunicaciones Restitucion de Tierras




Esto afirma María Paulina Riveros al referirse al enfoque de género en los acuerdos. Ella, con un pie en La Habana como negociadora y otro en Colombia en el Ministerio del Interior, también detalla cómo están identificando a los desaparecidos.

entrevista maria riveros 107/09/2015. VerdadAbierta.com (VA): Para usted, que es plenipotenciaria y encabeza la subcomisión de género del lado del Gobierno, ¿cuál ha sido el rol de las mujeres en estas negociaciones?

María Paulina Riveros (MPR): Cuando recibimos a las 60 víctimas que fueron a La Habana advertimos una diferencia. En los relatos de las mujeres se despierta un sentimiento de solidaridad impresionante con víctimas de los mismos hechos.

Esto crea unos lazos que desembocan normalmente en organizaciones sociales.

VA: Pero de manera concreta, ¿cómo han participado las mujeres?
MPR: Este es el primer proceso de paz donde se propicia un escenario específico para que los acuerdos tengan un enfoque de género. Ninguna otra negociación en el mundo había tenido una subcomisión de mujeres y esta participación ha sido realmente activa.

VA: ¿Cómo? Del lado del Gobierno, por ejemplo, sólo hay dos mujeres de ocho negociadores.
MPR: En un estudio, la ONU analizó 38 procesos de paz en el mundo y el nivel de participación de las mujeres como negociadoras era del 7%, aquí hablamos de un 25%, con la canciller María Ángela Holguín y yo del lado del Gobierno. Y hay más niveles de participación.

VA: ¿Como cuáles?
MPR: En la delegación completa del Gobierno, que incluye plenipotenciarios, asesores, etc., más del 80% somos mujeres.

VA: ¿Y en las Farc?
MPR: Más del 40% de su delegación, que es el mismo porcentaje de mujeres al interior de la guerrilla.

VA: ¿Cómo está compuesta actualmente la subcomisión de género?
MPR: Somos 12 personas: seis de las Farc y seis del Gobierno pero no siempre todas son mujeres. Del lado del Gobierno estamos la Canciller; Elena Ambrosi, que es la coordinadora temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y yo. Somos permanentes las tres. Las otras dependen del tema que se trate. Ahora que hablamos del punto de víctimas hacen parte Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas; Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Defensa y Juanita Millán, teniente de navío del Ministerio de Defensa.

VA: ¿Y por las Farc?
MPR: Eran cinco mujeres y un hombre. Digo eran porque con los niveles de rotación tuvo una modificación. Ahora siguen Victoria Sandino, que es quien encabeza la subcomisión por el lado de las Farc, y Alexandra Nariño. En el próximo ciclo nos presentarán los cuatro miembros.

VA: ¿Cómo hicieron para darle un enfoque de género a los acuerdos que ya estaban pactados?
MPR: Cuando se crea la subcomisión ya había dos puntos pactados, reforma rural integral y participación política, y estaba a punto de concluir el de drogas. Por eso uno de los dos mecanismos de trabajo ha sido revisar esos tres temas anteriores y hemos avanzado con las visitas de expertas nacionales e internacionales que han revisado los textos con nosotros. A partir de este ciclo ya tendremos reuniones de subcomisión para darle recomendaciones a la Mesa sobre textos concretos.

VA: ¿Cuál es ese primer resultado? ¿Los acuerdos se rajan o ganan el año en enfoque de género?
MPR: Sin habérselo propuesto, la Mesa sí logró muchas cosas que ya reflejaban un enfoque de género. No de manera premeditada sino natural.

VA: Ahora que hay varios grupos adelantando temas como el de fin de conflicto y justicia transicional, ¿cómo hacen para que se hable del tema de género?
MPR: También participamos en esas subcomisiones. Por decir algo, la Canciller está permanentemente en el grupo de seguridad. En el tema de minas hay mujeres muy importantes del BIDES (Batallón de Desminado Humanitario) y de cada experiencia aprendemos.

VA: ¿Alguna anécdota en particular?
MPR: En El Orejón las mujeres se organizaron y dejaron a una señora cuidando los niños mientras ellas iban a los talleres de los proyectos que están haciendo allá. Son respuestas espontáneas que nos servirán de ejemplo. Cuando la mujer vaya a participar en la implementación de acuerdos, tenemos que prever lugares donde los niños puedan estar bien.

VA: ¿Esto no los impulsa a apoyarse en los mecanismos que la gente ha utilizado en vez de crear unos diferentes?
MPR: No creemos en los modelos talla única ni queremos exportar modelos. La gente en Colombia, por la fuerza del conflicto, se ha visto obligada a buscar sus soluciones. La idea no es que lleguemos a imponer soluciones que no tienen nada que ver sino fortalecer esas soluciones, porque son las propicias para una situación específica.

VA: Usted tiene un pie en La Habana y otra en la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, donde están desarrollando un trabajo para identificar a los desaparecidos. ¿Esa labor oficial tiene en cuenta el eventual interés de las Farc en aclarar dónde están las fosas?
MPR: No hay una atadura directa pero este trabajo sí será fundamental porque una vez ellos participen, ya tendremos una experticia sobre qué hacer con los cuerpos y con las familias.

VA: Ustedes han unido esfuerzos con la Registraduría Nacional para buscar a los desaparecidos. ¿Cómo ha sido esa labor?
MPR: El objetivo era poder darle un nombre y apellido a las necrodactilias que existían en Medicina Legal. En ese momento había 22 mil huellas de personas que no se sabía quiénes eran. Es una cosa muy loca. Hasta ese momento los trabajos oficiales habían logrado dar nombre y apellido sólo a 6 casos.

VA: ¿Y qué hicieron?
MPR: En un trabajo larguísimo cruzamos las necrodactilias de Medicina Legal con la información de la Registraduría. El resultado fue algo que jamás nos esperábamos: 9.968 coincidencias. Que tengamos 22 mil personas que no sepamos quiénes son ni dónde están, es una cifra muy preocupante. Pero más alarmante, que en un ejercicio pudiéramos darle nombre y número de identidad a casi la mitad. Eso nos hizo abrir los ojos de que el problema de desaparecidos en Colombia es de unas dimensiones inimaginadas.

VA: ¿Todos ellos fueron víctimas del conflicto?
MPR: No sabemos. Todavía no podemos hablar de identificación porque es algo que viene más adelante.

VA: ¿Para qué sirve entonces ese nombre y apellido de las casi 10 mil personas?
MPR: Por lo menos en esos casos le podemos decir a la familia que esa persona a la que está buscando está muerta. Son hallazgos muy importantes para ver cuál será la política pública de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. No es tomarlo como un simple resultado estadístico sino como una advertencia, pues los datos indican que hay una situación que tenemos que descubrir. Hay muchísimas personas muertas que no se sabe quiénes son y dónde están.

VA: Pero la Fiscalía ya ha encontrado más de 6 mil cuerpos por las confesiones de los paramilitares en Justicia y Paz.
MPR: Sí. Esa es una fuente para descubrir dónde pueden estar esas personas. Habrá unas en fosas comunes pero desde la perspectiva oficial hay un sitio al que no se le ha prestado la más mínima atención: los cementerios.

VA: ¿Y ustedes ya comenzaron a buscar allí?
MPR: Sí y fue otro hallazgo tremendo. En 228 municipios hemos visitado 234 cementerios de los más de mil que pueden existir en todo el país. Allí encontramos 5.962 personas inhumadas sin identificación y 1.354 personas que sí están identificadas pero que no han sido reclamadas. Además, de las 9.968 personas a las que le habíamos dado nombre y apellido, fue posible entregar a sus familias aproximadamente 160 restos en condiciones de dignidad.

VA: ¿Conocen el contexto en el que murieron las víctimas?
MPR: La Fiscalía lo sabe pero eso ya escapa al propósito de ese primer ejercicio.

VA: Entonces todavía no se puede hablar de desaparición forzada en todos los casos.
MPR: No y no es posible saberlo hasta que se haga un proceso de inhumación y búsqueda de la verdad a través de los distintos medios. Una, es la verdad judicial... el paso siguiente es empezar con Fiscalía.

VA: ¿En qué condiciones estaban esos cuerpos?
MPR: Hay de todo. Fosas donde los huesos están mezclados son irrecuperables. Otros cementerios han tenido administraciones muy juiciosas y tienen a las personas enterradas en la tierra o en pared. Es importante esa manera de enterrar porque los restos tienen que ser conservados de una debida manera para que algún día se pueda entregar el cuerpo de manera digna.

VA: ¿Dónde hay más muertos sin identificar?
MPR: En Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. (Vea cuáles son los cementerios visitados y cuántos cuerpos encontraron sin identificar en cada uno de ellos).

VA: ¿Qué sigue con los casi 6 mil cuerpos sin identificar que están en los cementerios?
MPR: Estamos ad portas de suscribir de nuevo el convenio con Medicina Legal para cruzar información. Compararemos con los 9 mil que ya encontramos para saber cuántos de esos están en el cementerio. No me atrevo a decirlo con certeza pero creemos que son más de 200 que ya podemos saber quiénes son y dónde están.

VA: ¿Por qué se demora tanto el proceso para identificar un cuerpo?
MPR: Por las condiciones de inhumación. No en todos los cementerios están los cuerpos fácilmente ubicables. En otros casos, están enterrados sin que la fosa esté nombrada. Incluso, unos cementerios ya no existen porque se los ha llevado el río. Ha sido dispendioso y nos ha exigido tener 18 antropólogos forenses del Ministerio del Interior dedicados exclusivamente a hacer ese trabajo. También hemos tenido que acudir al sepulturero.

VA: ¿Qué papel desempeñan ellos en la búsqueda?
MPR: Estamos ligados a la memoria del sepulturero. Él recibe el cadáver y decide cómo y dónde enterrarlo. Por eso hemos hecho unos talleres con ellos para capacitarlos sobre cómo enterrar un cadáver y cuál es la precisión de los datos que deben recopilarse para luego identificar a esa persona. Además, han aprendido que no pueden enterrar dos cuerpos en una sola fosa.

VA: Después de la identificación, viene la entrega. ¿Cómo encontrar a las familias?
MPR: La primera fuente son las redes de familias que buscan a sus seres queridos. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos sacar letreros públicos. Sino informarle a la gente que puede acudir a tal cementerio por información. Otra acción complementaria es el banco de perfiles genéticos que se creó con el Decreto 303 de 2015.

VA: Es decir...
MPR: Las familias podrán acudir al banco si buscan un ser querido y dar su ADN. Cuando logremos sacar el ADN de unos restos mortales, podremos cruzarlos en el banco. Esa es una fuente de identificación.

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Aunque solo hasta este jueves se hará público el nombre del arquitecto ganador, el Centro Nacional de Memoria Histórica acaba de revelar el diseño del edificio que se construirá en la Calle 26 de Bogotá.

museo memoria
A simple vista parece un castillo con tres torres grises y un techo colorido. Por dentro, amplios corredores, espacios al aire libre y salas llenas de transparencias. Los cinco jurados del concurso arquitectónico, sin embargo, tienen una opinión más especializada y que ellos llaman, consideraciones destacadas: es un edificio compuesto de “una sencillísima combinación de cuadrados alternados que crea una riquísima y compleja relación de espacios de variadas escalas y condiciones lumínicas”.

En últimas, se trata del diseño final –elegido entre 72 propuestas nacionales e internacionales- de una tarea encomendada al Estado por la Ley de Víctimas: el Museo Nacional de la Memoria. Al igual que ocurre en Alemania, Ruanda, Chile o Argentina, Colombia tendrá un espacio que hable de lo que ha pasado en términos de conflicto armado. Y la tarea está en manos del Centro Nacional de Memoria Histórica que este jueves, 13 de agosto, dará a conocer el nombre de la firma de arquitectos ganadora del concurso.

Aunque el diseño trata de una construcción física, las víctimas, los académicos y los museólogos coinciden en que la parte más difícil es el guión museográfico: ¿cómo hacer un museo de la memoria en un país tan dividido y que aún vive en conflicto? Por eso, el informe presentado por el jurado habla de un propósito claro con este nuevo edificio: “El rescate de la memoria como antídoto efectivo frente a la negación, la deformación o la indolencia frente a la violencia”.

Dentro del informe presentado (por los jurados Juan Pablo Ortiz, Clemencia Escallón, Mauricio Pinilla, Arturo Figueroa y Efraín Riaño) se destaca, además, el “diálogo” del edificio con el entorno pues el Museo quedará sobre la Calle 26 (Avenida El Dorado), muy cerca de la zona administrativa distrital, el Concejo de Bogotá y en plena Plaza de la Democracia.

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