Yo sobrevi al conflicto

Entre el 10 y el 13 de abril de 2001, paramilitares del Bloque Calima recorrieron los territorios aledaños al río Naya, en los límites entre Cauca y Valle. Aunque la comunidad asegura que murieron más de 100 personas, a la fecha solo han podido recuperarse 27 cadáveres, pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes de la región. Cerca de 3 mil personas huyeron de la zona, entre ellas los miembros de la comunidad indígena Kitek Kiwe, que se desplazó más de 100 km hasta Timbío, Cauca. Lisinia Collazos, actual gobernadora del cabildo, relata los dramáticos momentos que presenció de la masacre, en la que murió su esposo.


Por verdadabierta.com

Esto afirma María Paulina Riveros al referirse al enfoque de género en los acuerdos. Ella, con un pie en La Habana como negociadora y otro en Colombia en el Ministerio del Interior, también detalla cómo están identificando a los desaparecidos.

entrevista maria riveros 107/09/2015. VerdadAbierta.com (VA): Para usted, que es plenipotenciaria y encabeza la subcomisión de género del lado del Gobierno, ¿cuál ha sido el rol de las mujeres en estas negociaciones?

María Paulina Riveros (MPR): Cuando recibimos a las 60 víctimas que fueron a La Habana advertimos una diferencia. En los relatos de las mujeres se despierta un sentimiento de solidaridad impresionante con víctimas de los mismos hechos.

Esto crea unos lazos que desembocan normalmente en organizaciones sociales.

VA: Pero de manera concreta, ¿cómo han participado las mujeres?
MPR: Este es el primer proceso de paz donde se propicia un escenario específico para que los acuerdos tengan un enfoque de género. Ninguna otra negociación en el mundo había tenido una subcomisión de mujeres y esta participación ha sido realmente activa.

VA: ¿Cómo? Del lado del Gobierno, por ejemplo, sólo hay dos mujeres de ocho negociadores.
MPR: En un estudio, la ONU analizó 38 procesos de paz en el mundo y el nivel de participación de las mujeres como negociadoras era del 7%, aquí hablamos de un 25%, con la canciller María Ángela Holguín y yo del lado del Gobierno. Y hay más niveles de participación.

VA: ¿Como cuáles?
MPR: En la delegación completa del Gobierno, que incluye plenipotenciarios, asesores, etc., más del 80% somos mujeres.

VA: ¿Y en las Farc?
MPR: Más del 40% de su delegación, que es el mismo porcentaje de mujeres al interior de la guerrilla.

VA: ¿Cómo está compuesta actualmente la subcomisión de género?
MPR: Somos 12 personas: seis de las Farc y seis del Gobierno pero no siempre todas son mujeres. Del lado del Gobierno estamos la Canciller; Elena Ambrosi, que es la coordinadora temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y yo. Somos permanentes las tres. Las otras dependen del tema que se trate. Ahora que hablamos del punto de víctimas hacen parte Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas; Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Defensa y Juanita Millán, teniente de navío del Ministerio de Defensa.

VA: ¿Y por las Farc?
MPR: Eran cinco mujeres y un hombre. Digo eran porque con los niveles de rotación tuvo una modificación. Ahora siguen Victoria Sandino, que es quien encabeza la subcomisión por el lado de las Farc, y Alexandra Nariño. En el próximo ciclo nos presentarán los cuatro miembros.

VA: ¿Cómo hicieron para darle un enfoque de género a los acuerdos que ya estaban pactados?
MPR: Cuando se crea la subcomisión ya había dos puntos pactados, reforma rural integral y participación política, y estaba a punto de concluir el de drogas. Por eso uno de los dos mecanismos de trabajo ha sido revisar esos tres temas anteriores y hemos avanzado con las visitas de expertas nacionales e internacionales que han revisado los textos con nosotros. A partir de este ciclo ya tendremos reuniones de subcomisión para darle recomendaciones a la Mesa sobre textos concretos.

VA: ¿Cuál es ese primer resultado? ¿Los acuerdos se rajan o ganan el año en enfoque de género?
MPR: Sin habérselo propuesto, la Mesa sí logró muchas cosas que ya reflejaban un enfoque de género. No de manera premeditada sino natural.

VA: Ahora que hay varios grupos adelantando temas como el de fin de conflicto y justicia transicional, ¿cómo hacen para que se hable del tema de género?
MPR: También participamos en esas subcomisiones. Por decir algo, la Canciller está permanentemente en el grupo de seguridad. En el tema de minas hay mujeres muy importantes del BIDES (Batallón de Desminado Humanitario) y de cada experiencia aprendemos.

VA: ¿Alguna anécdota en particular?
MPR: En El Orejón las mujeres se organizaron y dejaron a una señora cuidando los niños mientras ellas iban a los talleres de los proyectos que están haciendo allá. Son respuestas espontáneas que nos servirán de ejemplo. Cuando la mujer vaya a participar en la implementación de acuerdos, tenemos que prever lugares donde los niños puedan estar bien.

VA: ¿Esto no los impulsa a apoyarse en los mecanismos que la gente ha utilizado en vez de crear unos diferentes?
MPR: No creemos en los modelos talla única ni queremos exportar modelos. La gente en Colombia, por la fuerza del conflicto, se ha visto obligada a buscar sus soluciones. La idea no es que lleguemos a imponer soluciones que no tienen nada que ver sino fortalecer esas soluciones, porque son las propicias para una situación específica.

VA: Usted tiene un pie en La Habana y otra en la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, donde están desarrollando un trabajo para identificar a los desaparecidos. ¿Esa labor oficial tiene en cuenta el eventual interés de las Farc en aclarar dónde están las fosas?
MPR: No hay una atadura directa pero este trabajo sí será fundamental porque una vez ellos participen, ya tendremos una experticia sobre qué hacer con los cuerpos y con las familias.

VA: Ustedes han unido esfuerzos con la Registraduría Nacional para buscar a los desaparecidos. ¿Cómo ha sido esa labor?
MPR: El objetivo era poder darle un nombre y apellido a las necrodactilias que existían en Medicina Legal. En ese momento había 22 mil huellas de personas que no se sabía quiénes eran. Es una cosa muy loca. Hasta ese momento los trabajos oficiales habían logrado dar nombre y apellido sólo a 6 casos.

VA: ¿Y qué hicieron?
MPR: En un trabajo larguísimo cruzamos las necrodactilias de Medicina Legal con la información de la Registraduría. El resultado fue algo que jamás nos esperábamos: 9.968 coincidencias. Que tengamos 22 mil personas que no sepamos quiénes son ni dónde están, es una cifra muy preocupante. Pero más alarmante, que en un ejercicio pudiéramos darle nombre y número de identidad a casi la mitad. Eso nos hizo abrir los ojos de que el problema de desaparecidos en Colombia es de unas dimensiones inimaginadas.

VA: ¿Todos ellos fueron víctimas del conflicto?
MPR: No sabemos. Todavía no podemos hablar de identificación porque es algo que viene más adelante.

VA: ¿Para qué sirve entonces ese nombre y apellido de las casi 10 mil personas?
MPR: Por lo menos en esos casos le podemos decir a la familia que esa persona a la que está buscando está muerta. Son hallazgos muy importantes para ver cuál será la política pública de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. No es tomarlo como un simple resultado estadístico sino como una advertencia, pues los datos indican que hay una situación que tenemos que descubrir. Hay muchísimas personas muertas que no se sabe quiénes son y dónde están.

VA: Pero la Fiscalía ya ha encontrado más de 6 mil cuerpos por las confesiones de los paramilitares en Justicia y Paz.
MPR: Sí. Esa es una fuente para descubrir dónde pueden estar esas personas. Habrá unas en fosas comunes pero desde la perspectiva oficial hay un sitio al que no se le ha prestado la más mínima atención: los cementerios.

VA: ¿Y ustedes ya comenzaron a buscar allí?
MPR: Sí y fue otro hallazgo tremendo. En 228 municipios hemos visitado 234 cementerios de los más de mil que pueden existir en todo el país. Allí encontramos 5.962 personas inhumadas sin identificación y 1.354 personas que sí están identificadas pero que no han sido reclamadas. Además, de las 9.968 personas a las que le habíamos dado nombre y apellido, fue posible entregar a sus familias aproximadamente 160 restos en condiciones de dignidad.

VA: ¿Conocen el contexto en el que murieron las víctimas?
MPR: La Fiscalía lo sabe pero eso ya escapa al propósito de ese primer ejercicio.

VA: Entonces todavía no se puede hablar de desaparición forzada en todos los casos.
MPR: No y no es posible saberlo hasta que se haga un proceso de inhumación y búsqueda de la verdad a través de los distintos medios. Una, es la verdad judicial... el paso siguiente es empezar con Fiscalía.

VA: ¿En qué condiciones estaban esos cuerpos?
MPR: Hay de todo. Fosas donde los huesos están mezclados son irrecuperables. Otros cementerios han tenido administraciones muy juiciosas y tienen a las personas enterradas en la tierra o en pared. Es importante esa manera de enterrar porque los restos tienen que ser conservados de una debida manera para que algún día se pueda entregar el cuerpo de manera digna.

VA: ¿Dónde hay más muertos sin identificar?
MPR: En Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. (Vea cuáles son los cementerios visitados y cuántos cuerpos encontraron sin identificar en cada uno de ellos).

VA: ¿Qué sigue con los casi 6 mil cuerpos sin identificar que están en los cementerios?
MPR: Estamos ad portas de suscribir de nuevo el convenio con Medicina Legal para cruzar información. Compararemos con los 9 mil que ya encontramos para saber cuántos de esos están en el cementerio. No me atrevo a decirlo con certeza pero creemos que son más de 200 que ya podemos saber quiénes son y dónde están.

VA: ¿Por qué se demora tanto el proceso para identificar un cuerpo?
MPR: Por las condiciones de inhumación. No en todos los cementerios están los cuerpos fácilmente ubicables. En otros casos, están enterrados sin que la fosa esté nombrada. Incluso, unos cementerios ya no existen porque se los ha llevado el río. Ha sido dispendioso y nos ha exigido tener 18 antropólogos forenses del Ministerio del Interior dedicados exclusivamente a hacer ese trabajo. También hemos tenido que acudir al sepulturero.

VA: ¿Qué papel desempeñan ellos en la búsqueda?
MPR: Estamos ligados a la memoria del sepulturero. Él recibe el cadáver y decide cómo y dónde enterrarlo. Por eso hemos hecho unos talleres con ellos para capacitarlos sobre cómo enterrar un cadáver y cuál es la precisión de los datos que deben recopilarse para luego identificar a esa persona. Además, han aprendido que no pueden enterrar dos cuerpos en una sola fosa.

VA: Después de la identificación, viene la entrega. ¿Cómo encontrar a las familias?
MPR: La primera fuente son las redes de familias que buscan a sus seres queridos. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos sacar letreros públicos. Sino informarle a la gente que puede acudir a tal cementerio por información. Otra acción complementaria es el banco de perfiles genéticos que se creó con el Decreto 303 de 2015.

VA: Es decir...
MPR: Las familias podrán acudir al banco si buscan un ser querido y dar su ADN. Cuando logremos sacar el ADN de unos restos mortales, podremos cruzarlos en el banco. Esa es una fuente de identificación.

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Aunque solo hasta este jueves se hará público el nombre del arquitecto ganador, el Centro Nacional de Memoria Histórica acaba de revelar el diseño del edificio que se construirá en la Calle 26 de Bogotá.

museo memoria
A simple vista parece un castillo con tres torres grises y un techo colorido. Por dentro, amplios corredores, espacios al aire libre y salas llenas de transparencias. Los cinco jurados del concurso arquitectónico, sin embargo, tienen una opinión más especializada y que ellos llaman, consideraciones destacadas: es un edificio compuesto de “una sencillísima combinación de cuadrados alternados que crea una riquísima y compleja relación de espacios de variadas escalas y condiciones lumínicas”.

En últimas, se trata del diseño final –elegido entre 72 propuestas nacionales e internacionales- de una tarea encomendada al Estado por la Ley de Víctimas: el Museo Nacional de la Memoria. Al igual que ocurre en Alemania, Ruanda, Chile o Argentina, Colombia tendrá un espacio que hable de lo que ha pasado en términos de conflicto armado. Y la tarea está en manos del Centro Nacional de Memoria Histórica que este jueves, 13 de agosto, dará a conocer el nombre de la firma de arquitectos ganadora del concurso.

Aunque el diseño trata de una construcción física, las víctimas, los académicos y los museólogos coinciden en que la parte más difícil es el guión museográfico: ¿cómo hacer un museo de la memoria en un país tan dividido y que aún vive en conflicto? Por eso, el informe presentado por el jurado habla de un propósito claro con este nuevo edificio: “El rescate de la memoria como antídoto efectivo frente a la negación, la deformación o la indolencia frente a la violencia”.

Dentro del informe presentado (por los jurados Juan Pablo Ortiz, Clemencia Escallón, Mauricio Pinilla, Arturo Figueroa y Efraín Riaño) se destaca, además, el “diálogo” del edificio con el entorno pues el Museo quedará sobre la Calle 26 (Avenida El Dorado), muy cerca de la zona administrativa distrital, el Concejo de Bogotá y en plena Plaza de la Democracia.

Por verdadabierta.com



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Atarrayas, bateas, sombreros, guasás, catangas, trapiches, entre otros elementos propios de la cultura timbiquireña, que simbolizan el fuerte vínculo que tiene la comunidad con el territorio, adornaron el Coliseo Francisco Antonio Orobio Jory en la entrega, que hizo la Unidad de Restitución de Tierras, de la sentencia de restitución de derechos territoriales étnicos sobre 71 mil hectáreas que benefician a 761 familias afrodescendientes del Consejo Comunitario Renacer Negro.


18 de agosto de 2015 (@URestitución). Con la presencia de la comunidad beneficiada, autoridades locales y representantes de entidades del Estado que realizan un trabajo permanente a favor de las víctimas del conflicto armado, se llevó a cabo la entrega material de la sentencia al Consejo Comunitario Renacer Negro, con la cual se protege sus derechos territoriales.

Teniendo en cuenta que la comunidad depende, en su mayoría, de la minería para subsistir, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán ordena que se establezca una zona minera de comunidad negra con concesión especial para el Consejo Comunitario Renacer Negro sobre los yacimientos y depósitos de materiales que se encuentren dentro de su territorio. Así mismo, ante la existencia de cultivos de uso ilícito se ordena suspender la aspersión con glifosato e implementar actividades de erradicación manual y sustitución de los cultivos.

El fallo garantiza, además, el retorno de las comunidades desplazadas a través de la implementación de un Plan Integral de Reparación que incluye programas de salud, educación, vivienda, estrategias de seguridad alimentaria, implementación de proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos y mitigación de sus efectos.

“Es para nosotros un sueño cumplido, una meta alcanzada. Teníamos muchos problemas como la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito, pero las 31 órdenes que emitió el juez nos dicen que no tengamos miedo; nosotros sabemos que el 
miedo es el peor fracaso. Tenemos que enfrentar el temor porque sabemos que solo así recibiremos frutos. Vamos a vivir esta sentencia como la sangre que corre en nuestras venas”, señaló Saturnino Venté, representante legal del Consejo Comunitario Renacer Negro.

Ricardo Sabogal, director general de la Unidad de Restitución de Tierras "Es un pronunciamiento judicial de gran impacto en materia étnica. Este tipo de decisiones desbrozan el camino de lo que debe ser la restitución a comunidades étnicas. Son más de 71.000 hectáreas restituidas, es una decisión histórica".

La comunidad entregó, de forma simbólica, al alcalde de Timbiquí y a los representantes del Ejército, la Policía y la Dirección Étnica de la URT, una barra, una batea, un sombrero, un canasto y una catanga que representan el objetivo de la restitución: la recuperación de sus usos y costumbres. “La Unidad de Restitución de Tierras nos devuelve, no solo la tierra, sino la vida, porque la tierra es el elemento más trascendental para nuestra cultura.

Estamos satisfechos y podemos señalar que la sentencia restituye nuestro derecho”, indicó Raúl Angulo, presidente de Asoconsejos. A lo anterior, el alcalde de Timbiquí, Víctor Amú Sinisterra, añadió: “Para los habitantes de Timbiquí y para las comunidades afrodescendientes se está haciendo justicia y justicia verdadera. Hoy es un día de inmenso beneplácito porque el Estado está haciendo presencia y fortaleciendo su accionar con los más vulnerados”. Los sonidos de la marimba, el guasá y el cununo acompañaron el acto cultural en el que los asistentes le dieron un viva a la paz y a la restitución, porque a partir de hoy el disfrute de sus derechos al territorio es una realidad.

Hoy, gracias a la política de restitución de tierras, el Estado les devuelve a las comunidades étnicas las 71 mil hectáreas que conforman este consejo comunitario, con medidas que involucran diversas instituciones estatales, en aras de reparar de la mejor manera las afectaciones territoriales y contribuir a la paz.

La Unidad de Restitución de Tierras, la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) y la Dirección Territorial Cauca, agradecen al Consejo Comunitario Renacer Negro la confianza depositada en el equipo que adelantó la caracterización de afectaciones territoriales. Este documento, creado con el apoyo de la comunidad, fue el elemento probatorio principal para presentar la demanda. La comunidad, por medio de su conocimiento del territorio, de los hechos ocurridos, así como por medio de su apertura para contar sus aspiraciones de vida en el territorio colectivo, posibilitó la demanda y las órdenes dadas por el juzgado.

El fallo histórico para el país y el departamento del Cauca conduce a la reparación de comunidades que habitan el Pacífico colombiano y ordena a autoridades del nivel nacional, local y departamental para el restablecimiento articulado de los derechos territoriales de quienes habitan en las veredas: Mataco, San Miguel, El Charco, La Fragua, Velásquez, Cheté, Coteje, Realito, San José, Piandero y Santa María.

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Contexto histórico

Después del descubrimiento de América, huyendo de la esclavitud, personas afrodescendientes formaron palenques en las costas y construyeron, en las orillas de los ríos y mares, caseríos que hasta el día de hoy conforman los territorios de las comunidades negras. Teniendo en cuenta ese contexto, en el 2001, mediante una resolución de titulación colectiva, el entonces Incora reconoció al Consejo Comunitario Renacer Negro como poseedor histórico de esas tierras, garantizándoles a las familias ejercer sus prácticas culturales y ancestrales como cosechar la tierra, pescar, cazar y extraer minerales, sin limitación alguna. Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales, especialmente desde el año 2003, generó una disputa del territorio, con alta presencia de cultivos de uso ilícito y minería informal a cielo abierto con maquinaria pesada, generando desplazamientos masivos de las personas que quedaban en medio del fuego cruzado.

Comunicaciones Restitucion de Tierras




Desde el inicio de los diálogos de paz en Cuba, la guerrilla le ha solicitado al gobierno la libertad de los reclusos que se encuentran en grave estado de salud. Sin embargo, poco se ha hablado del tema.

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14/08/2015. Colombia tiene 156.924 personas en la cárcel. Según algunas oenegés, de ésas, 9.500 son presos ‘políticos’ y de guerra. Aunque no se tiene un censo estimado sobre la población guerrillera reclusa, cientos de excombatientes permanecen privados de la libertad en las siete cárceles de máxima seguridad del país bajo los delitos de rebelión, terrorismo, entre otros.

El pasado diciembre, a raíz de la muerte en prisión de Ramón Emilio Mallarino, Alexander Giraldo Parra, Luis Carlos Riazcos y Jaime Alberto Aroca Lucuara, las Farc emitieron un comunicado para denunciar la falta de atención en salud y los tratos inhumanos a los cuales han estado sometidos los guerrilleros. De igual manera, señalaban la importancia de discutir el régimen penitenciario y la crisis humanitaria que atraviesan varias cárceles del país.

A ellos se suma la reciente muerte del ex combatiente Pedro Rosas Pérez, quien se encontraba recluido la cárcel de Acacías, Meta y, a raíz de constantes quebrantos de salud, fue trasladado a Bogotá por el INPEC para que recibiera atención médica. No obstante, el pasado 14 de febrero falleció en circunstancias que aún no se han podido esclarecer.

Ante esta situación, en Julio de este año, se dio a conocer una carta firmada por varios académicos, defensores de derechos humanos e intelectuales de corte internacional (entre ellos Noam Chomsky y Adolfo Pérez Esquivel) donde se solicita al gobierno la libertad de 71 presos ‘políticos’ de la guerrilla. La misiva señala que las condiciones en las que están privados de la libertad agravan las condiciones de salud en las que se encuentran y vulneran la vida humana.

“En el agravio a lo más elemental de su dignidad humana está agraviada la humanidad toda y en nombre de esa humanidad es que venimos a pedir la urgente libertad de estas personas sin ninguna otra consideración que la defensa de la dignidad humana que no solo es arrasada para los que sufren la situación de tortura permanente que entraña esta situación sino también para quienes se ven llevados a realizar estas acciones deshumanizantes”, se lee en el comunicado. (Lea aquí la carta).

La pugna jurídica

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Sin embargo, no es tan sencillo conseguir la libertad de las personas que han sido juzgadas por los delitos de rebelión, sedición, asonada o los que han sido capturados en combate. Como ya lo había señalado VerdadAbierta.com, a partir de varios juristas consultados, la jurisprudencia colombiana es débil para especificar qué es un delito político y qué no, o cuáles son los delitos conexos (ver: Delito político: ¿Qué tanto se puede estirar?) .

Por ahora, según la Corte Constitucional, la noción de delito político se entiende como “aquellas conductas que, por graves motivos de conveniencia pública, el Congreso, por votación calificada, determine que son hechos punibles, amnistíables o indultables”, con lo cual se eliminó el artículo 127 del Código Penal que establecía que “los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”.

Hecho que para July Henríquez Sampayo, experta en litigio penal penitenciario y coordinadora nacional de la Fundación Lazos de Dignidad, agrava la situación de los presos políticos, de ahora en adelante el porte de armas, las capturas y muertes en combate se van a juzgar como crímenes comunes, con lo cual se destruye la noción clásica del delito político.

Ante ello, en diálogo con VerdadAbierta.com, Mark Burton, defensor de derechos humanos y actual abogado de ‘Simón Trinidad’ (integrante del Estado Mayor de las Farc y preso en una cárcel de los Estados Unido), señaló que las fallas en la jurisprudencia colombiana, en lo que respecta a los delitos políticos, se han enredado en discusiones políticas que perjudican directamente a los reclusos. “La actualidad de los diálogos de paz deben llevar al gobierno a no solo re-definir el concepto para las personas que están hoy en día en las conversaciones sino también para los cientos de reclusos de la guerrilla, de los cuales hasta ahora poco se ha hablado”, puntualizó el abogado.

En otras partes del mundo el tratamiento de los presos de guerra también ha sido objeto de discusiones jurídicas y políticas. Por ejemplo, durante el proceso de paz con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) salieron de prisión 433 ex combatientes, a los cuales se les dio amnistía en un proceso de justicia que duró cinco años, solamente luego de la firma del acuerdo ‘Viernes Santo’ en 1998.

Para el caso colombiano se espera que la construcción del Marco Jurídico para la Paz contemple la necesidad de darle un nuevo tratamiento a los delitos de guerra y de lesa humanidad, y a su vez se puedan establecer nuevos mecanismos de justicia que permitan la inclusión y participación de excombatientes.

La situación carcelaria

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Desde el año 2013 la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que declarara el estado de emergencia social, consagrado en el artículo 215 de la Constitución Política, por la situación de derechos humanos dentro de las cárceles del país. Según el Movimiento Nacional Carcelario, el panorama no ha cambiado y, por el contrario, se ha agravado al punto de tener muertos al interior de los centros de reclusión.

“El hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3%, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país y en algunas cárceles llega hasta niveles del 400% como ocurre en Riohacha o del 147% como el registrado en la cárcel Modelo de la capital del Atlántico”, se lee en la carta que emitió el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora al gobierno nacional.
Los 71 casos reseñados en la carta, emitida por las diferentes organizaciones de derechos humanos, coinciden en señalar que además de las condiciones en las que se encuentran los presos, sus familias han sido objeto de presión par parte de agentes del Estado para obtener información sobre miembros de la guerrilla y de persecución por parte de grupos paramilitares, como la situación de Diego Fernando López Jaramillo, quien fue capturado el 4 octubre del año 2000.

“Se encuentra en condición de discapacidad por pérdida de sus manos, tiene una prótesis en su ojo izquierdo a causa de una granada de fragmentación que le destrozó el ojo y presenta cuadros continuos de hipotermia”, dice la carta. Además, los abogados defensores aseguran que se ha solicitado la intervención de la Procuraduría Regional del Cauca y otras instancias de control, quienes compulsan oficios ante el Comité de Ética Médica sin recibir respuesta alguna.

Algo similar sucede con las mujeres reclusas. Nancy Isabel Salcedo Navarro fue capturada en diciembre de 2007 y condenada por el delito de rebelión, fue diagnosticada con depresión severa luego de sus primeros años en el centro penitenciario de ‘La vega’ en Sincelejo, Sucre: “recientemente estuvo recluida por un largo periodo en la Clínica Nuevo Ser de Sincelejo y trasladada a la Clínica Reencontrarse de la ciudad de Barranquilla”.

No es una situación que hasta ahora se denuncie y no son los únicos casos que se deben tomar como prioritarios. Está el caso de personas de tercera edad, dice Esteban Sierra, miembro de la corporación Solidaridad Jurídica, quien además señala que “el sistema penitenciario lleva más de una década en una crisis humanitaria en al cual el INPEC y Caprecom se han tirado la ‘pelota’ para echarse culpas y restarse responsabilidades para la atención de los reclusos”.

Los autores de la carta están dispuestos a trasladarse – según ellos- a los centros de reclusión de cada uno de los presos para “constatar, junto al gobierno colombiano y representantes de las agencias internacionales de preservación de los derechos humanos”.

Aunque no exista posición oficial del gobierno sobre la discusión del tema de los presos de guerrilla, varios de los voceros de las ONG´s consultados por VerdadAbierta.com señalan que ya se ha hablado del tema y se ha avanzado en materia de verificación por parte de organismos internacionales sobre la situación carcelaria. Queda esperar que al cierre del nuevo ciclo de conversaciones se tenga una postura oficial por parte del gobierno.

Por verdadabierta.com



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