Las formas en las que ellas podrán participar en la justicia transicional quedó bajo la potestad de los futuros magistrados, lo que incrementa las dudas de si tendrán muchos espacios o no.

victimas jepLas víctimas son la columna vertebral del Acuerdo de paz. Así lo aseguraron los negociadores del gobierno nacional y las Farc durante los cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, y lo reiteraron tras la firma del Acuerdo Final el 24 de noviembre del año pasado en el Teatro Colón, de Bogotá.

Su papel se suponía que debía ser esencial, especialmente en el mecanismo para acceder a la justicia de los crímenes que padecieron y conocer la verdad de los hechos. Sin embargo, en su paso por el Congreso de la República, los debates sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se concentraron en otros temas, como la responsabilidad de mando de los militares, si los civiles financiadores iban de manera voluntaria o no, o los delitos que persisten a lo largo del tiempo de las Farc como narcotráfico o dineros ilícitos. Y muchos sectores consideran que no se precisó información importante sobre la participación de las víctimas.

Paula Robledo, la delegada de la Defensoría para Asuntos Constitucionales, expuso que no hay nada en el Acto Legislativo ni en la Ley de Amnistía e Indulto que precise cómo será la participación de las víctimas. El tema quedará en el reglamento que hagan los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Hubiese sido ideal que esto quedara mejor en la Ley Estatutaria que se construirá porque el hecho de ser elegido en Congreso significa más garantías, más representación. Pero quedó a potestad de los magistrados sin siquiera saber quiénes son”, precisó Robledo.

La Comisión Colombiana de Juristas se atrevió a ir un poco más allá y dedicó su más reciente informe, titulado ‘Participación de las víctimas en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición’, a precisar que los caminos podrían ser de manera directa o indirecta. Es decir, mediante desde lo que llaman un empoderamiento total en la construcción y en la implementación de la JEP hasta recibir únicamente notificaciones sobre las decisiones de los jueces, pasando por aportar información como testigo o hacer seguimiento real de lo que sucede en sus casos.

Pero existen ciertos temores pues aún no se conoce qué tan directa o indirecta será esa participación. María José Pizarro, hija del asesinado excomandante del M-19 Carlos Pizarro, planteó, por ejemplo, que una de las claves que se deben aclarar para la participación de las víctimas es que sus organizaciones cuenten con una financiación para que “no todo dependa de la gestión interna de cada organización y así podamos tener dientes en lo financiero”.

Incluso, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió en su más reciente informe sobre Colombia que se deberían contratar personas de comunidades afectadas por el conflicto para la implementación del Acuerdo de paz.

El mismo secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, aceptó durante la presentación del informe del CCJ, el pasado 15 de marzo en Bogotá, que será un reto solucionar tres tensiones que se presentarán una vez comiencen a operar los juzgados. A su juicio aún no es claro cómo se debe garantizar la participación de las víctimas sin restarle eficacia a la Jurisdicción Especial para la Paz “para que no sea eterna”.

También precisó que será necesario entender que se seleccionarán los casos graves y representativos del conflicto y que esto significaría que no todas las víctimas participarán de manera activa, en el sentido de que no todos los victimarios irán ante la JEP.
Por último, Correa señaló que hay que observar la “tensión” que existe entre el derecho de las víctimas a la participación y el reconocimiento de responsabilidades por parte de los autores de los crímenes. “Que no pase un estadio lleno con 10 mil víctimas y el autor mande una carta, mientras las víctimas se quedan esperándolo”, indicó.

Y es que precisamente todos estos detalles son los que quedaron a potestad del reglamento de los magistrados de la justicia transicional. Pese a estos vacíos que dejó el Acto Legislativo, Correa aseguró que las víctimas sí están antes, durante y después de la creación de la justicia transicional.

A su juicio, ellas pueden participar desde el momento en el que este mecanismo jurídico quede incorporado a la Constitución Política, a través de los informes que le podrán presentar a la JEP en los que se explique algún hecho del conflicto. Pero su papel será fundamental especialmente durante los juicios y una vez se conozcan las sanciones.

“Nuestra experiencia con los tribunales de tierras es que el posfallo es igual de intenso que el juicio y que el proceso no se acaba con la sentencia y ahí las víctimas deben ser veedoras del cumplimiento”, precisó Correa.

Pese a esas explicaciones, varias dudas flotan en el ambiente, entre ellas cómo será la participación de las víctimas y qué tanto se les tendrá en cuenta, por ejemplo, en las decisiones judiciales que tome la JEP. “No habría ningún sentido reparador si es por orden judicial y no por la petición de las víctimas. Por ejemplo, si ordenasen un monumento que las víctimas no piden sería, como dicen ellas, un monumento para que caguen las palomas”, dijo María José Pizarro.

Otra de las dudas está relacionada con el origen del dinero para la reparación. El Acto Legislativo que aprobó el Congreso especificó que las Farc deberán aportar las tierras que despojaron para la reparación material de las víctimas. En este sentido, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que ya tienen 1.2 billones de pesos producto de las incautaciones que ha realizado el Ente Investigador.

Mientras que para los crímenes cometidos por funcionarios o miembros de la Fuerza Pública, el que responde es el Estado. “No debe ser la primera instancia de reparación militar o de funcionarios, sino que debería responder cuando se demuestre incapacidad económica de los victimarios pero que no sea automáticamente”, explicó el senador Juan Manuel Galán durante el debate de plenaria.

Otra de las críticas en lo financiero es que el Acto Legislativo señaló que las personas afectadas por el conflicto serán reparadas integralmente dependiendo de los recursos disponibles, lo cual “limita el derecho de las de víctimas porque dependerán de las cifras del Ministerio de Hacienda del momento”, según el senador Alexánder López.

Es por esto que las víctimas exigen que se precise cuáles serán los escenarios en los que podrán participar, cómo será su reparación y qué tanta incidencia tendrán desde la creación de la JEP hasta la implementación. Por ahora, las preguntas serán resueltas cuando los nuevos magistrados de este mecanismo transicional sean nombrados y se posesionen en sus cargos. La demora en su inicio de actividades genera incertidumbre y desde ahora se encienden las alertas para que no quede en el aire la promesa de que las víctimas son la columna vertebral del Acuerdo de paz con las Farc.

Tomado de verdadabierta.com


aprobacion jurisdicion

Tras la aprobación de la plenaria en Senado, el acto legislativo quedó con más blindajes para los financiadores de la guerra y condiciones especiales para la participación de las Farc en política.

Tras cerca de siete horas de intenso debate durante el tercer día agendado para discutir el proyecto de Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los senadores presentes en el recinto del Congreso de la República no lograban ponerse de acuerdo. El ambiente estaba caldeado entre afectos a esta salida transicional y los que oponían a ella.

La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, no logró terminar su intervención cuando el presidente del Senado y miembro del Partido de La U, Mauricio Lizcano, le dio la palabra a su copartidario Roy Barreras, quien representó a la célula legislativa en las negociaciones con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.

Aunque algunos todavía esperaban su turno, Barreras pidió que se votara la suficiente ilustración. Es decir, que se diera paso de una vez por todas a la votación final de los cambios que tendría el acto legislativo. Y así fue. En ese momento se aprobaron las nueve últimas proposiciones con 62 votos a favor, poco más de la mitad de todos los senadores, y 2 en contra: los de Claudia López y Antonio Navarro, del Partido Verde. Como sucedió en todas las discusiones relacionadas con el proceso de paz, el Centro Democrático se retiró al momento de votar.

Con estos últimos cambios, se aprobó formalmente la Justicia Especial para la Paz, a través de la cual se juzgará a guerrilleros de las Farc y militares, fundamentalmente, que participaron en la guerra durante las últimas cinco décadas. No fue un trámite fácil, sobre todo por las resistencias de sectores en retiro de las Fuerzas Armadas, empresarios y políticos que se resisten a darle privilegios a los insurgentes.

Se aprobó la JEP, si, un anhelo de quienes apoyaron el proceso de negociación con las Farc y de miles de ciudadanos que han padecido el conflicto armado, pero las pretensiones iniciales quedaron, de alguna manera, limitadas por las últimas nueve proposiciones que se presentaron anoche y fueron ratificadas por las mayorías en el Senado.

VerdadAbierta.com tuvo acceso a las proposiciones aprobadas durante la plenaria final y presenta un resumen de ellas.

Tatequieto a la participación política de las Farc
Una de las mayores críticas de los partidos de oposición hacia la JEP era que los guerrilleros pudieran participar en política, incluso sin que hubieran pagado la sanción restaurativa. Si bien esto quedó intacto, se agregó una condición con la que podrían perder sus futuros derechos en la materia.

La proposición del senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, respaldada por su hermano Juan Manuel Galán, especificó que si los miembros de organizaciones rebeldes cumplen con las sanciones y las obligaciones que les imparta el Tribunal de Paz, esta instancia determinará si están inhabilitados o no para participar en política, de acuerdo a los parámetros que se precisen en la Ley Estatutaria que detalle el mecanismo bajo el que operará la JEP.

Los civiles salieron más blindados
El coordinador de ponentes Roosvelt Rodríguez propuso agregar dos palabras al Artículo 12 del Acto Legislativo para que cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad le pida a la Sección de Revisión que llame a un tercero del que se sospeche haya participado o financiado crímenes graves relacionados con el conflicto armado, ésta no le pueda “ordenar a comparecer” con base únicamente en los informes que recibe la JEP de diferentes organismos, sino que necesite más pruebas para llamarlo a juicio.

Otra de las proposiciones aprobadas frente al tema de los civiles fue la del senador Germán Varón, de la bancada de Cambio Radical. Se eliminó por completo uno de los párrafos del artículo 16 que hablaba de los financiadores de paramilitares u otros grupos armados que ayudaron voluntariamente, y no como resultado de una extorsión y se agregó que la “participación determinante” que tuvo un civil en toda la acción “eficaz y decisiva” durante la comisión de los delitos.

“No puede ser que demos garantías a la Fuerza Pública y que no podamos darlas a los empresarios”, puntualizó en el debate el senador Hernán Andrade, del Partido Conservador.

Capítulo para cultivadores de hoja de coca
Atendiendo la petición que presentó el fiscal Néstor Humberto Martínez al gobierno nacional y que reiteró ayer en la plenaria del Senado, el Congreso aprobó una modificación respecto a los cultivadores de hoja de coca para uso ilícito, quienes serán beneficiados con los programas de sustitución voluntaria que pretende el Acuerdo de paz. En este se planteaba que tendrían un tratamiento jurídico diferencial entiendo que no son los más poderosos ni los que más ganan en la cadena del narcotráfico.

Ahora, la Ley Estatutaria deberá especificar “en qué casos y bajo qué circunstancias” es la Jurisdicción Especial o la justicia ordinaria y, por ende, será la Fiscalía la que investigue “los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones” de coca o el “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.

Compuerta al resto de los guerrilleros
Con tan sólo tres líneas, la propuesta de la senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal logró lo que hasta ahora impedía el Acuerdo de paz. Las Farc y el gobierno nacional habían sido claros que la Jurisdicción Especial sería para los insurgentes que firmaran un pacto de negociación. Pero en el último debate de la plenaria de Senado, los congresistas aprobaron que también entraran el resto de condenados, investigados o procesados por ser de las Farc antes del 1 de diciembre de 2016, sin necesidad de que esta guerrilla los incluya en su listado de combatientes que están concentrados en las 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), adelantando su proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil.

Esa decisión permitirá que los guerrilleros que se acogieron individualmente a la Ley de Justicia y Paz ahora puedan presentarse a la JEP. En diferentes escenarios, miembros de las Farc habían sentado su voz de protesta al respecto pues a muchos los consideran traidores por haber abandonado las filas.

Por otra parte, algunos congresistas sentaron su voz de protesta, pero nada fue impedimento para la aprobación final. “La justicia no les puede abrir la puerta a aquellos que participaron en otros procesos de paz con el gobierno. Podría haber impunidad porque Colombia ha estado tanto tiempo en guerra ahora no pueden llegar acá los que no cumplieron con otros proceso”, expresó durante el debate Alexánder López, del Polo Democrático.

Un lugar para las víctimas
La otra propuesta de Sofía Gaviria aprobada en el Congreso fue que se deba “promover la participación de las víctimas y sus organizaciones” en todos los pasos que tendrá la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto del conflicto, desde la búsqueda hasta la entrega digna de los restos.

Sin embargo, el Acto Legislativo no especificó cómo será esa participación o qué entidad será la encargada de promoverla. Este es otro de los detalles que tendrá que precisar la Ley Estatutaria que surja en el Congreso para ejecutar la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial y la Comisión de la Verdad.

Indígenas por su justicia
La preocupación de qué pasará con la justicia ancestral que aplican los indígenas tuvo su defensa con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y la Alianza Social Independiente (ASI). Los senadores Luis Evelis Andrade y Marco Aníbal Avirama, de estos partidos respectivamente, lograron que se creara una sala para cuando un caso pueda ser juzgado por la justicia indígena y también por la JEP. La idea es que esté conformada por dos magistrados de la JEP que no están relacionados con ese juzgamiento y por dos jueces indígenas. En el caso de no llegar a un consenso mayoritario, la decisión final quedará en manos del presidente de la Jurisdicción Especial de Paz.

Vuelve y juega el enfoque de género
Las palabras “enfoque de género” reaparecieron luego de que se borraran casi por completo del Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón, de Bogotá, tras las peticiones de los movimientos cristianos. Aceptando la propuesta del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, ahora “el enfoque de género y diferencial se aplicará a todas las fases” del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en el que están la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

Lo que sigue
Una vez aprobada la JEP en el Senado de la República, el texto deberá pasar por un proceso de conciliación con la Cámara de Representantes por cuanto hay diferencias en uno y otro. Lo que se estableció es que será un proceso rápido para unificar el documento, y una vez listo pasará a estudio de la Corte Constitucional.

Una vez esté todo listo, comenzará el proceso de discusión sobre la Ley Estatutaria de la JEP que es, en últimas, el texto que consignará cómo debe aplicarse este mecanismo de justicia transicional. Si bien hay un borrador, aún no se tiene un texto definitivo, así como tampoco hay claridad sobre cuáles serían los tiempos que tiene el Legislativo para tramitar esta norma, vital para que comience a operar la Justicia Especial para la Paz.

Otra de las tareas que sigue es el nombramiento de los magistrados de las Salas que integrarán la JEP y las secciones del Tribunal para la Paz, que se encargará de juzgar los crímenes de quienes sean presentados a esta instancia judicial de carácter transicional.

Desde hace varios meses, el gobierno nacional seleccionó un comité que lidera la escogencia de los nuevos operadores judiciales, se trata de José Francisco Acuña, delegado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Diego García Sayán, delegado por el Secretario General de Naciones Unidas; Álvaro Gil Robles Gil, delegado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos; María Camila Moreno, delegado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); y Claudia Vaca, delegada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

Tomado de verdadabierta.com







informe sobre el asesinato de líderes y lideresas
El presente es un ejercicio de compilación de fuentes sobre el asesinato a líderes defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sociales en el año 2016. El informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- Indepaz señala en este año se presentaron 117 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Así mismo, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular registra que hubo más de 350 amenazas individuales o colectivas, 46 atentados cometidos con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos y 5 casos de desaparición forzada en contra de dirigentes locales y regionales.

Cabe destacar que en el sur occidente colombiano (Valle, Cauca y Nariño) fueron asesinados 57 líderes sociales (66,6% del total); de los cuales 43 fueron en el Cauca, 9 en Nariño y 5 en el Valle.

La presencia de grupos paramilitares se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacía presencia las Farc-Ep y actualmente las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente.

Es urgente que se apliquen las medidas efectivas para la protección del derecho a la vida.

Se adjuntan 3 cuadros realizados por la Unidad Investigativa de Indepaz sobre homicidios en 2016 a líderes sociales, a saber: El primer cuadro es el listado general de homicidios cometidos en el 2016, el segundo sólo los cometidos por grupos paramilitares identificados y el tercero de personas asesinadas por grupos sin identificar.

Contexto y caracterización:
Por. Leonardo González Perafán

Coordinador de Proyectos y Unidad Investigativa de Indepaz

Estos homicidios a líderes se han cometido en el marco del inicio de una transición y tienen como finalidad el desplazamiento de las comunidades, la apropiación de territorios, la defensa a megaproyectos y el control político en las regiones. Actualmente más de 30 organizaciones son perseguidas de manera sistemática lo que genera una gran preocupación y un reclamo por parte del conjunto de la sociedad al Estado para que reconozca el fenómeno paramilitar existente y que les garantice la vida a los líderes y defensores de derechos humanos. La respuesta debe ser inminente porque esto es un signo dramático y fatal del comportamiento de las oposiciones al proceso de paz.

No se puede analizar caso a caso desligado uno del otro; hay que mirar en conjunto las situaciones de amenazas, los asesinatos, atentados, las diferentes modalidades de ataque a las comunidades porque todo forma parte de una misma situación, es decir, que a medida en que se abre la posibilidad de la paz, muchos de los que están en contra que ven sus intereses locales o regionales afectados, toman posiciones radicales y no quieren aceptar que estamos marchando hacia una situación de fin de la confrontación armada y del conflicto. No se puede negar la sistematicidad de estos eventos lo que requiere una respuesta por parte del Estado en su conjunto.

Las amenazas tienen una lógica y un patrón común: hay amenazas en estos momentos en 15 departamentos de Colombia muy graves con panfletos donde indican nombres de personas pertenecientes a organizaciones, líderes que son acusados de guerrilleros encubiertos, señalados y condenados a muerte o conminados a desalojar las regiones. Esto lo están haciendo por medio de panfletos firmados por unas supuestas organizaciones de autodefensa. Muchos de estos panfletos evidencian claramente que no son auténticos, que no responden a las organizaciones que supuestamente firman y que obedecen a lo que se ha denominado como “fuerzas oscuras”, es decir, todo este aparato que genera una mentalidad contrainsurgente no se ha desactivado. Es una ideología, son redes, son individuos que recurren a estos procedimientos y que se exacerban ahora que se viene una coyuntura electoral de disputa por poderes locales.

El proceso de paz genera un reordenamiento de poderes y reordenamiento de territorios, así como una situación de inestabilidad con muchas causas: el repliegue de las Farc-Ep hacia las zonas de concentración es una de esas situaciones porque se cambian las relaciones locales de poder y se presentan poderes que quieren copar dichos territorios (legales e ilegales). Hay violencias alrededor de las economías de guerra de los cultivos de coca, de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y elementos de poder político.

Pero lo que más alienta esta escalada de violencia es la polarización política, los lenguajes del odio, los lenguajes de “aquí no va a tocarse nada”; lenguajes que son enunciados desde la cúpula de las dirigencias políticas se traducen en la base de la sociedad como una legitimación de muchas modalidades de violencia que han sido endémicas de Colombia y que se acentúan en esta coyuntura particular.

Aunque si miramos el panorama del conjunto según las cifras de la violencia en Colombia, estamos en un proceso de superación y tránsito a una sociedad menos violenta. Hay asesinatos, hay amenazas, hay una realidad dramática que tiene que ser atendida pero al mismo tiempo hay una voluntad de cambio grande de la sociedad colombiana para superar este momento; sin embargo de no atenderse de manera apropiada y urgente la situación de los asesinatos de líderes y las amenazas a organizaciones sociales, será imposible que podamos hablar de paz en nuestro país.

Tomado de Corporacion Nuevo Arcoiris





dialogo nacional 1Desde hace más de un año organizaciones nacionales, regionales y locales, reunidas en la Mesa Social para la Paz, construyen una propuesta para presentar en la mesa pública que hoy se instaló en Quito, se evalúe su participación en las negociaciones y se tengan en cuenta sus demandas.

El pasado fin de semana, la Mesa Social para la Paz, convocó a la realización de “100 encuentros por la participación y la paz”, evento que se realizó en las principales ciudades del país y en las regiones más afectadas por el conflicto armado, entre ellas, el Catatumbo, Norte de Santander; Saravena, Arauca; Puerto Asís, Putumayo; y Popayán, Cauca.

El propósito de estos encuentros fue discutir alternativas de participación en la mesa de negociaciones en su fase pública que se instaló este martes en Quito, Ecuador, con el fin de que los problemas regionales lleguen a ese escenario y generar los insumos para trabajar, en conjunto con procesos organizativos a nivel nacional, en el punto uno de la agenda que comenzará a discutir el gobierno nacional con el grupo guerrillero y que se titula Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz. (Ver: Negociación con el Eln, en su fase pública)

En diálogo con VerdadAbierta.com, Sebastián Quiroga, miembro del comité de impulso de la Mesa Social para la Paz, aseguró que el resultado de los encuentros fue satisfactorio y sobrepasaron la meta, pues se realizando alrededor de 150 a nivel nacional.

“En Cali, Popayán, Bogotá, Pamplona y Bucaramanga, se realizaron dos o más espacios. Hay que destacar la participación del departamento de San Andrés, donde la comunidad raizal se reunió a hablar de sus problemáticas particulares, al igual que ocurrió con las demás regiones afectadas directamente por el conflicto social, político y armado”, señaló el activista.

En Puerto Asís, Putumayo, asistieron alrededor de 70 voceros de distintas organizaciones del departamento. Marco Rivadeneira fue uno de ellos, quien expuso que una de las mayores preocupaciones que rondan a las comunidades es el tema minero-energético, que no se tocó en La Habana en los acuerdos con las Farc, pero que a su juicio la sociedad lo debe tocar.

“Acá la retirada de los grupos armados de las regiones ha generado nuevas concesiones con multinacionales, que han generado un daño medioambiental y el desplazamiento de cientos de campesinos, y ¿quién dice algo?, nadie”, afirmó el labriego.

La economía campesina fue otro de los temas que se tocó durante el encuentro en Puerto Asís. Los asistentes aseguraron que hay un desconocimiento en lo acordado en La Habana porque no se volvió a hacer una socialización del nuevo acuerdo y que, a pesar de conocer que hay una política de sustitución de cultivos de uso ilícito, hay varias comunidades, de distintas veredas, que no están de acuerdo con la sustitución y que deben ser escuchadas.

Por otro lado, en Popayán, Cauca, uno de los temas al que mayor tiempo le dedicaron fue la violación a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. “Lo que hemos venido denunciando es que no tenemos garantías para el ejercicio de la protesta social, se tienen que poder hacer las actividades sin que nos maten o asesinen, como ha venido ocurriendo”, aseguró Walter Quiñones, uno de los asistentes al encuentro regional.

De allí que una de las propuestas más consolidadas sea la de buscar un trato especial para las movilizaciones sociales, que no criminalice la protesta social y que haya respeto de las garantías judiciales para los líderes sociales que adelantan procesos judiciales, aspectos que, según la comunidad, van en contravía al nuevo Código de Policía.

“El gobierno nos ha incumplido, no es firmar los procesos en La Habana o Ecuador. Es que se nos cumpla a quienes hemos venidos trabajando por la paz desde hace años. El gobierno tiene que escuchar es al pueblo colombiano, la violencia viene de parte de ellos contra nosotros y cada día es más sistemática”, puntualizó el líder campesino.

En los temas discutidos en las ciudades principales hubo consenso entre los asistentes en que lo acordado en La Habana con la guerrilla de las Farc no se tuvo en cuenta la manera en la cual la guerra afectó a las ciudades principales.

“En La Habana no se contempló la afectación que tuvieron y siguen teniendo los barrios periféricos en las ciudades principales a causa del conflicto. El acceso a la vivienda y los servicios públicos, la situación de delincuencia y pandillismo también son causa de la guerra y a ello hay que buscarle solución”, aseveró Quiroga.

El gran reto que afronta el primer punto de la agenda es encontrar el mejor mecanismo para que la sociedad participe en la mesa pública instalada en Quito; asimismo, se espera que se sortee con éxito la inestabilidad que ha tenido el inicio formal del proceso, previsto para octubre del año pasado.

Cabildos abiertos, ¿el mejor mecanismo de participación?

dialogo nacional 1En las discusiones adelantadas por aquellas organizaciones que integran la Mesa Social para la Paz, vienen tomando fuerza dos posibles alternativas de participación: la primera de ellas es generar un conjunto de diálogos territoriales en diferentes dimensiones (municipal, departamental y nacionales), como los del fin de semana pasado, donde salgan temas propios de cada territorio; y la segunda es que se fijen unos temas de carácter nacional, como el minero-energético, el enfoque de género y los crímenes de Estado, entre otros, para que sean discutidos en los espacios territoriales y de allí sacar un documento para proponerlo a la mesa pública en Quito.

Pese a que la discusión continúa abierta, viene tomando forma la primera propuesta de desarrollar desde cada territorio un documento, con las particularidades propias de las comunidades, que sirva como insumo para la construcción de un texto nacional que agrupe cada una de las reivindicaciones territoriales.

Juan Hougthon, vocero del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, que integra la Mesa Social para la Paz, aseguró a este portal que la forma como la sociedad participe debe ser el resultado de un acuerdo entre todos los sectores sociales: “tiene que llegar todo el mundo, los sectores rurales, el empresariado, los militares y también deberían ser partícipes las dos partes de la mesa. No nos parece que lo adecuado es que aparezcan miles de mecanismos sin que sean concertados”.

En lo que si hay un acuerdo, de todos los sectores que han estado en las discusiones, es que la participación de la sociedad tiene que ir más allá de la queja nacional, lo que han denominado una “participación trasformadora”, donde esperan que el resultado de los consensos a los que se llegue pasen a ser mandatos, es decir, que se incluyan dentro de lo acordado para que pasen a ser sujeto del aparato legislativo.

Ahora bien, en cuanto al mecanismo de participación, la Mesa Social para la Paz ha trabajado en la idea que sea a través de cabildos abiertos, contenidos en la Constitución Política. A juicio de los voceros, esta figura recoge soberanía popular y es la mejor manera de integrar a todos los sectores sociales en pro de llegar a un solo consenso.

La propuesta es ambiciosa; en el plan que se han trazado las organizaciones sociales se espera que participen los 1.122 municipios del país. Uno de los primeros retos que tendría, de ser aplicada esta figura, es modificar sus alcances, pues según lo contenido en la Carta Política las normas de orden público no se pueden discutir y este ha sido uno de los temas que en las regiones se le ha dado mayor relevancia.

“En primera medida se busca generar pactos de convivencia local para reducir la violencia social y disminuir las brechas económicas, en el orden regional se pretende, que fruto de lo discutido en los cabildos, se puedan ajustar los planes de desarrollo municipales de cara a las necesidades más sentidas por las comunidades. Y, finalmente, a nivel nacional debemos generar insumos, propuestas y descensos frente a lo discutido en los demás puntos del acuerdo”, agregó Hougthon.

Las organizaciones sociales aseguran que no se han casado con ningún plazo para la realización de los cabildos, pero coinciden en que tiene que ser un tiempo que se adecúe el tiempo político del país y de las comunidades. “En mi opinión, no se debería prolongar más de seis meses una vez arranque el proceso. Es decir, si a los seis meses logramos los pactos de convivencia locales, podemos ir avanzando entonces hacia la realización de todos los cabildos o la instancia territorial que se proponga”, indicó el vocero del Congreso de los Pueblos.

No hay que olvidar que esta figura constitucional, contenida en la Ley 134 de 1994 y recientemente modificada y complementada en Ley 1757 de 2015, se ha intentado aplicar en el país sin fruto alguno, como ocurrió entrada la década del noventa cuando diversos sectores campesinos, sindicales y estudiantiles convocaron a los cabildos populares para emitir un pliego de peticiones al gobierno nacional para mejorar las condiciones sociales y políticas en los territorios.

Sin embargo, tras la realización de los cabildos en varias ciudades como Barrancabermeja, Santander; y Palitas, Cesar, el diálogo con el gobierno nacional se frustró por la inestabilidad política que vivía el país y la estigmatización que cayó sobre las organizaciones convocantes.

Recientemente, tras el triunfo del No en el plebiscito del pasado 2 de octubre, varias figuras políticas y académicas aseguraron que los cabildos eran el mejor mecanismo para llegar a un consenso entre los del Sí y los del No. Quizá sea esta una nueva oportunidad de acudir a este mecanismo para que de forma incluyente participen la mayoría de sectores sociales.

Queda esperar a que inicien los ciclos de conversaciones en Quito para que las partes fijen la manera en que la sociedad va a participar y se empiecen a conocer las primeras demandas discutidas en los encuentros regionales de paz. La esperanza es que todas esas voces sean tenidas en cuenta en las negociaciones y se incorporen a un acuerdo con la segunda guerrilla más antigua del país.

Tomado de verdadabierta.com




El próximo 7 de febrero se instalará formalmente la fase pública de conversaciones con la segunda guerrilla más grande del país. Así lo anunciaron los voceros de ambas delegaciones a través de un comunicado conjunto desde Quito, Ecuador.

mesa quito
Tal parece que la frustración del pasado 27 de octubre, cuando el país y la comunidad internacional esperaban el inicio formal de los diálogos de paz, no se va a volver a repetir. A ese fue el acuerdo al que llegaron el gobierno nacional y la insurgencia del Eln tras haber sostenido una serie de reuniones, por separado y conjuntas, con el fin de encontrar una ruta para descongelar el proceso de negociación.

“Vamos a iniciar un camino que debe conducirnos a redondear la paz de Colombia, a lo que el presidente Santos ha denominado la paz completa. Después de haber llegado a unos acuerdos con las Farc es nuestro mejor propósito el anhelo del pueblo colombiano que lleguemos a acuerdos con el Eln”, sostuvo el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, al referirse a la instalación de la mesa el próximo 7 de febrero.

Los escollos a superar no eran menores. Por un lado el gobierno nacional había colocado como inamovible la liberación del ex representante a la Cámara Odin Sánchez, quien ha permanecido secuestrado desde el 16 de abril de 2016 por el Frente de Guerra Occidental de esta guerrilla en las selvas del Chocó; por su parte, el grupo armado había pedido que fueran indultados dos de sus integrantes y el nombramiento de los gestores de paz, Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez, ambos recluidos en la cárcel Bellavista de Medellín.

De acuerdo a lo establecido en el comunicado conjunto, antes del 2 de febrero la guerrilla debe liberar al político chocoano y ese mismo día serán indultados los subversivos que solicitó la guerrilla, que según se ha podido establecer son dos mandos medios del Frente de Guerra Occidental, facción de la guerrilla que en un principio no aceptó soltar a Sánchez sin tener la libertad de sus militantes.

Para garantizar que se cumpla con lo acordado, las delegaciones integrarán comisiones humanitarias, en compañía de los países garantes y la Iglesia católica, y solicitarán al Comité Internacional de la Cruz Roja que participe en la liberación de Sánchez y los indultados una vez se cumpla con el protocolo pactado.

Durante la lectura del comunicado conjunto, Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, jefe negociador del Eln, aseguró que el acuerdo logrado permitirá el inicio de la agenda de seis puntos ya pactada, “cuyo propósito es superar el conflicto armado y crear condiciones para generar las trasformaciones que dignifiquen a la sociedad y a la nación colombiana”, dijo.

Pareciera que las partes hubieran escuchado el llamado que, desde diversos sectores de la sociedad civil, se les hizo para superar los obstáculos y avanzar con la apertura de la fase pública de la negociación, tal como lo solicitaron intelectuales y académicos a través de una carta pública fechada el pasado 9 de enero.

“Las partes deben ceder en su arrogancia y priorizar, ante todo, la urgencia nacional de la paz. Lo que está en juego no es solo la legitimidad política de las partes sino el futuro del país”, se lee en la misiva.

Espaldarazo nacional

pre mesa eln 2Pese a los tropiezos que se han presentado entre las partes y que han dilatado la instalación formal de la mesa ya casi más de un año luego del primer anuncio, los movimientos sociales, las organizaciones defensoras de derechos humanos, los activistas, académicos e intelectuales siguen manteniendo la esperanza que el diálogo conduzca a silenciar los fusiles y con ello se empiece la construcción de una paz estable y duradera.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, aseguró que el inicio de los diálogos con el Eln es la mejor forma para seguir construyendo paz. “El Eln entró en razón y vamos a ponerle mucha fe para que este proceso de paz sea fructífero y rápido”, se lee en un comunicado publicado en la página de la entidad.

La Mesa Social para la Paz, una de las organizaciones que ha acompañado el proceso de paz, ha venido insistiendo que las organizaciones sociales y el conjunto de la sociedad civil está preparada, con temas y agendas, para asistir a Quito a nutrir el primer punto de la agenda de discusiones: participación de la sociedad en la construcción de paz.

Para lograr su propósito, este colectivo de organizaciones sociales anunció la realización el próximo 4 de febrero de cien encuentros “por la Participación y la Paz” en diversas regiones del país: “Nos proponemos sumar muchas más voces al Pacto para el Gran Diálogo Nacional para la Paz que suscribimos en Bogotá el pasado 3 de noviembre de 2016, y avanzar en la construcción de un consenso sobre los mecanismos de participación y agendas de construcción de paz”.

Este ha sido uno de los puntos a los que la guerrilla mayor le ha apostado desde hace décadas con el lema que de espaldas al pueblo no negociaría. Así lo dejó a entender una vez más ‘Pablo Beltrán’ durante la lectura del comunicado conjunto: “la participación es el corazón de la agenda de conversaciones y por ello esta agenda pertenece a los sectores populares y democráticos de Colombia. Esperamos que desde todas las regiones y sectores de la patria confluyan miles y miles de voces y esfuerzos para hacer cambiar Colombia” afirmó.

Por otro lado, el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas señaló que el 7 de febrero es el inicio de una nueva oportunidad para que el Eln plante que su futuro no está en la lucha armada sino en la política. “espero que podamos ver que se cumplan con lo dicho en materia de libertad de los secuestrados, ese es un compromiso que no es con el gobierno ni con el Presidente, es un compromiso con la sociedad colombiana”, sentenció.

Es esta quizá la ultima vez en que ambas partes se den la oportunidad de cumplir con lo acordado, los ánimos están desgastados y el país no aguantaría ver de nuevo las sillas vacías en el acto de instalación. De no darse el gesto de liberación de Odin Sánchez por parte del Eln, el gobierno no cumplirá con los indultos, como lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos, lo cual cerraría la oportunidad de avanzar a abrir la mesa a su fase pública.

Tomado de verdadabierta.com


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