El gobierno adjudicó tierras a las comunidades indígenas, sin consultarlas y sin estudiar su larga y compleja historia de despojo. Eso atizó las peleas entre Ambaló, Guambía y Totoró, y hasta hubo muertos. Conversando estos pueblos han superado sus diferencias, pero el gobierno en vez de contribuir, les sigue poniendo obstáculos.

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Ulchur busca una carpeta en la que ha ido guardando documentos con los que espera que el gobierno le devuelva las tierras a su comunidad de Ambaló. Según los ambalueños, a su comunidad le han sido arrebatadas por lo menos mil 800 hectáreas y el Incoder sigue en deuda con la compra de cinco predios que suman 59 hectáreas y que acordaron en 2012, después de que el instituto de tierras le entregara 139 hectáreas de la antigua hacienda Ambaló a los guambianos. Ver tablas sobre tierras reclamadas por Ambaló

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"Aquí han primado los acercamientos, la capacidad que ha tenido la gente para conversar, porque la institucionalidad siempre nos ha puesto la talanquera"
, dice Jesús Ulchur, coordinador del Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano e integrante del cabildo de Ambaló.
 
Mientras en el pueblo de Ambaló aseguran que los han querido borrar del mapa y que desean recuperar el territorio ancestral que está reconocido en la escritura 229 de 1868 y 1869, y que desempolvaron en los años ochenta del Archivo Central del Cauca; en el cabildo de Guambía señalan que los ambalueños son descendientes de los Misak, el pueblo ancestral de los guambianos y no entienden por qué en los años noventa Ambaló se declaró de la etnia Nasa. A pesar de estas diferencias, los indígenas conviven en el territorio a la espera de que el Incoder cumpla lo que les ha prometido.

El conflicto de Ambaló revela un historial de decisiones contradictorias del gobierno que agravó los pleitos entre pueblos indígenas, y ahora que estos se han organizado y han llegado a acuerdos, el instituto de tierras, Incoder, se ha demorado en cumplirles lo acordado. Esta es la historia.

Los Ambaló desaparecen, pero se recuperan

ambalo2Esta había quedado reducida a nada hace setenta años cuando el terraje terminó de sacar a los indígenas que habitaban los antiguos terrenos de Malvasá, Miraflores, Camajó y Ambaló, en el municipio de Silvia, oriente del Cauca.

El terraje no era más que un tipo de esclavitud. Los hacendados obligaban a los indígenas a trabajarles gratis varios días en el mes, a cambio de dejarlos vivir en el territorio. Sin embargo, los Ambaló no aguantaron el trato y se fueron. En 1944, Ambaló quedó tan despoblado que el gobernador del cabildo le entregó el bastón de mando al entonces gobernador del departamento de Cauca, Adolfo Zambrano, según cuenta Jesús Ulchur, quien comparte con Miguel el apellido pero no el parentesco.

Dispersos por Jambaló y la zona montañosa de Tierradentro, en Inzá, Cajibío, Piendamó y Morales, los ambalueños decidieron volver en 1972 al municipio de Silvia y recuperar su territorio con el apoyo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), la organización campesina auspiciada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo para que impulsara desde abajo su reforma agraria de 1969, que buscaba titularles tierras baldías a las familias más pobres.

Durante diez años los ambalueños buscaron recuperar una a una las fincas que, a su juicio, estaban en el antiguo territorio de Ambaló. "Eso nos trajo dificultades porque se cree que Silvia es únicamente territorio de los guambianos, pero acá históricamente hemos convivido varias etnias", cuenta Jesús Ulchur.

Otra es la versión de los guambianos. El taita Floro Tunubalá, gobernador del cabildo de Guambía y ex gobernador del Cauca (2001-2003), cuenta que todos los indígenas de Silvia son Misak. "Encontramos que los Coconuco pertenecen al tronco de esta etnia. Los Totores se reconocen como Misak. Están los de Ambaló que son ambalueños, pero en la historia de los pueblos vemos que son descendientes Misak. Incluso los mayores, hoy de 70 y 80 años de edad, hablan el nauyik, que es la lengua guambiana", precisa Tunubalá.

En la década del ochenta los indígenas colombianos se reagruparon en cuatro grandes organizaciones: la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), de la que hace parte el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric); las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico); la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (Opiac) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT). La comunidad de Ambaló pertenece al Cric y se considera de la etnia Nasa; mientras que los guambianos pertenecen a Aico y son Misak.

Después de diez años de haber regresado a sus tierras en Silvia, los ambalueños lograron constituirse como cabildo. El 16 de marzo de 1984 el gobernador Bonifacio Pillimué le envió una carta al antiguo Incora con el listado de las fincas que la comunidad consideraba les pertenecían. Ese mismo año los indígenas comenzaron conversaciones con el hacendado Aurelio Mosquera, quien tenía vastas tierras en el departamento. Querían recuperar la finca Santa Clara. Setenta familias de Ambaló decidieron asentarse en el predio.

Tras la petición al Incora, los Ambaló lograron que les entregaran las fincas San Gabriel, La Betulia, Juntas y Rumiurco 1 y 2. Todo parecía ir por buen camino. Sin embargo, pronto chocaron con el cabildo de Guambía porque éste había solicitado al Incora la ampliación de su resguardo sobre tierras que también reclamaba Ambaló. Así que cuando un grupo de guambianos entró a la finca Santa Clara, el 14 de mayo de 1986 se enfrentaron con los Ambaló y hubo un muerto y varios heridos.

Aunque el 21 de mayo siguiente ambalueños y guambianos firmaron un pacto de no agresión, los ánimos se volvieron a caldear el 15 de octubre de 1986 cuando el Incora le entregó a Guambía la finca El Chero, que también era pretendida por Ambaló.

Miguel Ulchur, quien fue gobernador de Guambía en 1987, 1998 y 2007-2008, recuerda que durante los siguientes dos años recuperaron los predios Los Alpes, Alaska, La Sabana, El Chero, Buena Vista, El Rincón, La Chorrorera y Agoyán.

Después de varios choques por las fincas Santa Clara y El Chero, los indígenas decidieron que los conflictos fueran mediados por sus gobernadores y en 1987 firmaron un nuevo acuerdo, esta vez de deslinde, que clarificaba cuáles eran los terrenos de cada comunidad. Por firmar ese acuerdo Juan Chavaco fue destituido como gobernador del cabildo de Guambía.

Las tensiones entre las dos comunidades volvieron y en 1988 nombraron una comisión para que, por tercera vez, llegara a un acuerdo. Pero ese año los problemas crecieron cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi decidió ampliar el territorio de Totoró, otra comunidad indígena, sobre los territorios que también reclamaba Ambaló.

Poco después, en 1989, durante una reunión entre el Incora, Guambía y Ambaló, las partes acordaron que el gobierno iba a destinar recursos para compras de tierras para los guambianos y que Ambaló iba a ser reconocido como resguardo.

Ese acuerdo no trajo tranquilidad, sin embargo, porque el gobierno siguió insistiendo en darles tierras en el mismo lugar al pueblo Totoró. En enero de 1991 el Incora emitió una resolución que reestructuró su resguardo y les entregó los predios La Betulia y Rumiurco, que el mismo instituto de tierras le había adjudicado en 1985 a los ambalueños. A Ambaló finalmente el Incora lo reconoció como resguardo en noviembre de 1991, pero durante los siguientes años el Incora siguió titulando sin consultar a las tres comunidades, atizando sus pleitos por la tierra.

Crecen los conflictos

ambalo3En los años noventa se agravaron los problemas. Según los documentos que recopiló Ambaló, en 1993 Guambía compró los predios La Nariz, El Arado, Cajucal y Peñas Blancas, que suman 224 hectáreas, sin consultarlos. En 1998 el Incora compró para titularle a Guambía las fincas El Tablón y La Peña, que según Ambaló también hacían parte de su territorio. Estos dos predios se convirtieron en el centro del conflicto durante los siguientes años.

El 20 de noviembre de 1999 el Incora reconoció el error y acordó con las comunidades que le devolvería El Tablón a Ambaló mientras a Guambía le compraría otros predios. Un año más tarde las comunidades se volvieron a sentar a dialogar, esta vez, con el pacto de que iban a presentar proyectos conjuntos al gobierno para disolver los conflictos.

Pero la paz solo les duró hasta septiembre de 2001, cuando las dos comunidades volvieron a chocar, esta vez por la finca La Peña. Los indígenas recuerdan ese episodio como el más cruento. Se enfrentaron a machete, se tumbaron los ranchos y se mataron entre sí. Las 52 familias ambalueñas que estaban asentadas allí fueron expulsadas.

En un nuevo intento por evitar más problemas, las dos comunidades se sentaron con el Incora, que le prometió a Ambaló una asignación de 2 mil millones de pesos para comprarles tierras a las familias desplazadas de La Peña. Las partes firmaron un acuerdo. No obstante, los de Ambaló aseguran que éste fue modificado por los de Guambía, sin su consentimiento, pues solicitó para sí los predios El Tablón y la Unión Ciprés.

Por su parte, el cabildo de Guambía logró la ampliación del resguardo con ocho predios más que suman 885 hectáreas y dos años más tarde el cabildo de Totoró, la otra comunidad indígena, entró en un choque con Ambaló por el predio El Tablón. Totoró alegó que éste hacía parte de su territorio ancestral descrito en un título de 1630. "Totoró además hizo posesión de las veredas San Pedro, Tulcán y El Cofre, que habían sido entregados a Ambaló afectando la identidad cultural y territorial", describe un documento que los ambalueños le enviaron al Incora.

En 2005, guambiamos y ambalueños terminaron por enfrentarse por los antiguos valles de Ambaló, un territorio que ambas comunidades consideraban ancestral. Estos territorios inmensos tenían el nombre de Gran Hacienda Ambaló y figuraban a nombre de una familia Caicedo del Valle del Cauca desde los tiempos de la colonia. Ésta familia le vendió en 1959 a José María 'Pepe' Estela, hacendado cañero y criador de toros de lidia en el municipio de Corinto, 500 hectáreas a la que les dio el nombre de Ambaló. Guambianos y ambalueños pretendían esta finca.

Una finca donde criaban toros

abalo3Armando Estela, hijo del fallecido Pepe Estela, le contó a VerdadAbierta.com que hacia 2009 o 2010, mucha gente comenzó a vender sus tierras. "Ya casi no había vecinos", dijo. Su finca era muy conocida por estar sobre la vía Silvia-Totoró, con un gran portón que exhibe todavía en una de sus columnas el escudo de la ganadería Ambaló, prestigiosa en el mundo taurino por criar los toros de lidia para corridas en las plazas de Cali, Palmira y Popayán.

Tras la muerte de Pepe Estela en 2002, la finca Ambaló fue heredada por tres hermanos que le ofrecieron sus parcelas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para que se las titulara a los indígenas. Pero ambalueños y guambianos comenzaron una disputa sobre a quién le pertenecían y hubo varios enfrentamientos que dejaron muertos. Los de Ambaló le propusieron al Incoder que un parcela le fuera entregada a los indígenas del resguardo de Wila, que habían llegado desplazadas a Silvia en 2007 después de la avalancha que produjo la erupción del volcán del Huila en abril de ese año.

Después de varias reuniones en 2012, las comunidades acordaron con el Incoder (el nuevo nombre del viejo Incora) la distribución de la antigua hacienda Ambaló: 139 hectáreas para el Cabildo de Guambía, que corresponde a la hacienda Puerta de Hierro, compuesta por los predios La Pradera, Villa Nueva y Lote 1; 129 hectáreas para el Cabildo de Ambaló con la hacienda Ambaló y sus predios Lote 3, 4 y 6; y otras 52 hectáreas para el Cabildo de Kizgó con la hacienda Chiguacos.

Según Miguel Ulchur, a cambio de las 139 hectáreas que el Incoder le entregó a Guambía, el instituto de tierras se comprometió con los ambalueños a comprarles cinco predios que suman en total 59 hectáreas y que ya habían sido presentadas en oferta por los propietarios. "Pero eso no ha sucedido hasta la fecha; nos han incumplido", dice Ulchur.

El mayor del Cabildo de Ambaló asegura que el Incoder tiene otra deuda con la comunidad desde 2007, año en el que se tramitó la ampliación del resguardo. "Han pasado siete años. En marzo de 2012 funcionarios del Incoder vinieron, hicieron la visita y realizaron el estudio socioeconómico que ya está listo. Les hemos escrito a los funcionarios sobre qué pasó con el proceso y no responden. Ellos tienen todos los documentos y no nos han otorgado la ampliación", reitera Ulchur.

Después de tantos pactos conversados y firmados, los indígenas han ido sanando las diferencias por las antiguas fincas Santa Clara, El Chero, El Tablón, La Peña y hasta Ambaló, donde conviven. Las comunidades concluyeron que el Estado los puso a pelear, pero que el Incoder debe cumplir con los acuerdos y clarificar los terrenos de cada resguardo para evitar en un futuro que continúen los conflictos.

VerdadAbierta.com solicitó información al Incoder sobre los acuerdos de Ambaló a través de la oficina de prensa y una entrevista con la Subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, encargado de resolver las peticiones de tierras de las comunidades étnicas; a cambio, recibió dos cortos informes, el primero tres párrafos sobre el predio El Tablón y el segundo, un recuento histórico sobre los conflictos entre Ambaló y Totoró.

El mayor Miguel Ulchur, de Ambaló, y el taita Floro Tunubalá, de Guambía, coinciden en que el Incoder no tiene una política clara. "Es importante que nos respeten las decisiones que hemos planteado y que verifiquen esas propuestas", dice Ulchur. A su vez Tunubalá asegura que "para ampliar resguardos, el Incoder tiene que conocer cuánta población hay en cada comunidad y cuánta tierra necesita cada familia. Si no, pues simplemente compra extensiones de tierras y uno no sabe si está resolviendo problemas"

Mientras tanto, Ulchur vuelve a guardar la carpeta que cada año ha ido engrosando con los títulos, las actas, los acuerdos y las solicitudes que le ha enviado durante casi 30 años, primero al Incora, y ahora el Incoder. Dice que está cansado, pero que su comunidad no se rendirá.

Tomado de Verdad Abierta.com


Por Agencia EFE
Así lo asegura el historiador Jean Arsène Yao, quien presentó su libro "Afrodescendientes en América. De esclavos a ciudadanos".

EBARISTO MARQUEZMuchos de los latinoamericanos con raíces africanas están hoy en peores condiciones que sus antepasados, según el historiador Jean Arsène Yao, quien presentó hoy su libro "Afrodescendientes en América. De esclavos a ciudadanos".

La obra reflexiona sobre la situación actual de marginación y olvido que sufren los afrodescendientes en América Latina: "hacemos un recorrido histórico que va desde la embarcación de los primeros esclavos en sus países de origen, hasta las difíciles condiciones en que viven hoy sus descendientes", manifestó el autor.

Durante la presentación, que tuvo lugar en la sede en Madrid de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) Yao afirmó que durante su investigación conoció las pésimas condiciones de vida que tienen los habitantes de regiones negras como Chocó en el pacifico colombiano, o Esmeraldas en el noroeste ecuatoriano, lo cual en muchos casos ocurre como consecuencia del abandono estatal.

El estudioso también mencionó la falta de reconocimiento que sufren estas personas en muchos casos, pues en países como Argentina no existió un censo étnico hasta 2010, cuando por primera vez se incluyó esta variable en el cuestionario del padrón.

"El libro evidencia las enormes desigualdades económicas y sociales que tienen que sufrir estas personas", dijo durante el acto el secretario general de la OEI, Álvaro Marchesi, quien aseguró que no se trata de una situación exclusiva del continente americano y recordó los recientes casos de racismo contra jugadores de fútbol negros en clubes europeos.

El alto funcionario agregó que el liderazgo afro y la educación son la clave para cambiar esta problemática, pues "ser ciudadano implica tener una serie de derechos que por siglos se les han negado a estos colectivos".

Yao también se refirió a la responsabilidad de los africanos en el tema de la esclavitud, un debate que se está dando hace algunos años en esta región, ya que ahora se sabe que muchas de las tribus locales fueron cómplices del tráfico negrero.

El investigador es originario de Costa de Marfil, donde es docente de Civilización Latinoamericana y tras doctorarse en historia de la Universidad de Alcalá de Henares (España), fue colaborador de la Unesco en países como Cuba, Argentina, Colombia y Ecuador, experiencia que le permitió escribir la obra.

Yao dice que "España ha sido para mí el puente que necesitaba entre África y América" como una forma de manifestar su neutralidad para tratar el pasado de los tres continentes, que también ha abordado en otros libros como "Los afroargentinos" y "El islam en Iberoamérica".



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Como están las cosas, Armando Lugo, alias "El Cabezón", podría ser uno de los primeros colombianos en ser juzgados por un Tribunal Internacional.

El quilichagueño Armando Lugo, alias "El Cabezón", y otros 23 paramilitares desmovilizados que fueron formalmente expulsados de los beneficios de Justicia y Paz, se encuentran en la mira de la Corte Penal Internacional por su participación en las masacres de Mapiripán, El Salado, El Chengue, Mampuján y El Naya.

Lugo, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Popayán, fue el encargado de conseguir el material de guerra para adelantar en el Naya la operación paramilitar que acabó con la vida de más de 50 personas. Igualmente, en diferentes versiones de Justicia y Paz, antes de ser expulsado por continuar delinquiendo después de su desmovilización, aceptó su participación en el asesinato de 107 personas.

La Corte Penal Internacional, con sede en la Haya (Países bajos), es un tribunal de justicia cuya misión es juzgar a las personas acusadas de crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Colombia, en el 2002, sancionó y ratificó la ley que incorpora a la legislación colombiana la jurisdicción internacional para investigar y juzgar delitos para los cuales la justicia colombiana no opera.

En los últimos cinco años la Corte Penal Internacional ha adelantado investigaciones en la República Centroafricana, Uganda y El Congo, y a cobijado con orden de arresto proferida por tres jueces al jefe de Estado de Sudán Amir Al Bashir por crímenes de guerra en la región de Darfur.

Otros crímenes, a los cuales la Corte Penal Internacional ha venido recaudando información tienen que ver con el juzgamiento de los militares comprometidos en los falsos positivos, el desplazamiento de 775 campesinos en el 2003 en San Roque-Antioquia, la masacre de Trujillo, además, a presuntos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas que involucran a miembros de la fuerza pública.

Como están las cosas, Armando Lugo, alias "El Cabezón", podría ser uno de los primeros colombianos en ser juzgados por un Tribunal Internacional.
Tierra para trabajar, ayuda psicológica y el esclarecimiento de la verdad fueron algunas de las medidas de reparación que decenas víctimas del Cauca afectadas por el Bloque Calima de las AUC le propusieron a los magistrados de Justicia y Paz.


victima3"No queremos vivir más de los subsidios y las ayudas que les ofrecen a las víctimas, queremos tener nuestro propio proyecto donde podamos trabajar", le dijo Ana* a los magistrados de Justicia y Paz de Bogotá en representación de 25 mujeres que fueron abusadas sexualmente en Buenos Aires, Cauca, por paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La mayoría de estas campesinas son madres cabeza de familia que no tienen tierra propia para cultivar y sostienen a sus familias limpiando casas, lavando ropa o trabajando en las minas, pero que anhelan regresar al campo. "Nosotras vemos en la tierra una gran medida de reparación, para que la indemnización no nos la gastemos sino que sea sostenible en el tiempo", agregó Ana.

Las mujeres de comunidad afro de Buenos Aires fueron víctimas constantes de la violencia de los paramilitares del Bloque Calima, que llegaron a la zona el 30 de junio de 2000. Según ha documentado la Fiscalía, en corregimientos como San Miguel algunos de ellos se instalaron en la casa de estas mujeres, las obligaron a lavar, cocinar y abusaron sexualmente de ellas por largos periodos. (Ver: Sin opción ante la arremetida paramilitar)

Sin embargo, estas campesinas dicen no querer retroceder a los hechos que tanto dolor les causaron y están empeñadas en construir un mejor futuro para sus hijos. La magistrada del Tribunal aseguró que se indagará sobre la oferta que la Unidad de Víctimas para la adjudicación de tierras e invitó a las demás víctimas a que, al igual que estas mujeres, hagan uso de otras medidas de reparación que ofrece el Estado, como el acceso a la educación o vivienda.

No solo las mujeres del Cauca, sino también en el Valle, reiteraron que no han recibido una ayuda psicológica especializada para ellas ni para sus familias. La Fiscalía recordó que hay varios casos de mujeres que tuvieron hijos como consecuencia de esos abusos sexuales y pidió que se le dé prioridad a estos casos.

Este encuentro se dio dentro del juicio que se sigue contra Hébert Veloza, alias 'HH', ex jefe del Bloque Calima y del Bloque Bananero de las AUC. En esta oportunidad el postulado no estuvo presente porque autoridades de Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008, no hicieron la retrasmisión.

El alcalde de Rosas

Otras víctimas claman por la verdad y la justicia como forma de reparación. Este es el caso de los familiares de Tulio Ernesto Valencia Mondragón, exalcalde de Rosas, Cauca, asesinado por paramilitares el 26 de marzo de 2002. Valencia también era para ese entonces miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), una organización campesina del Cauca.

En versiones libres dentro del proceso de Justicia y Paz el ex paramilitar José Fernando Cardona, alias 'El Gato', confesó que él, junto con alias 'Pelirrojo' y alias 'El Loco', le dispararon al ex mandatario cuando asistió a cumplirles una cita en un hotel del municipio de Rosas. Según el postulado, mataron al Valencia porque supuestamente les habían dicho que tenían nexos con el ELN. (Ver: La ley del terror de los paramilitares en Cauca)

A partir de esta confesión, alias 'HH' aceptó el hecho por línea de mando, pero los familiares del mandatario aseguran que los desmovilizados no están contando la verdad sobre quiénes fueron los autores materiales del hecho y las verdaderas razones del asesinato. En la justicia ordinaria hay una investigación por la muerte de Valencia contra Jesús Salazar, quien era el alcalde de Rosas en el momento del homicidio, pero doce años después el proceso no ha avanzado.

Los familiares aseguran que antes de su muerte, Valencia, quien fue alcalde entre los años 1995 y 1997, recibió amenazas de personas que no hacían parte del grupo armado ilegal y aún no se han investigado esos hechos. "Nosotros como familia lo que queremos es la verdad integral y sin eso no nos vamos a sentir reparados y para eso necesitamos que nos digan quien ordenó el asesinato", aseguró un familiar del exalcalde.

Los comerciantes de Cajibío

A la audiencia también se presentaron víctimas que hasta ahora van a entrar al proceso de Justicia y Paz, entre ellos más de 40 comerciantes que fueron víctimas de la incursión que los paramilitares en Cajibío, Cauca. A las 10 de la mañana del 19 de noviembre del 2000, en la vereda el Dinde, los 'paras' reunieron a más de cien personas, les pidieron sus documentos y separaron a los hombres de las mujeres. (Ver: Los primeros crímenes de las Auc en Cajibío)

Los integrantes del Bloque Calima se llevaron a Argelino Largacha Campo, quien fue asesinado al día siguiente en la vereda La Diana. Durante ese tiempo recibió golpes e insultos. Varias personas salieron desplazadas después de los hechos.

Ese día también llegó al Dinde un grupo de comerciantes que iba a la plaza de mercado a vender sus productos, pero los 'paras' los encerraron en una casa del pueblo hasta las seis de la tarde. Cuando salieron, encontraron que les habían robado toda la mercancía.

Los paramilitares continuaron hacia el corregimiento del Carmelo, el Pedregal y, por último, a la vereda la Laguna, donde hicieron lo mismo que en Dinde. Este recorrido de sangre y fuego terminó el 25 de noviembre. Cientos de personas salieron desplazadas y algunas, como los comerciantes, hasta ahora se atreven a denunciar.

¿De dónde salieron los 'paras' del Cauca?

En mayo de 2000, 54 paramilitares del Bloque Calima provenientes de Tuluá se instalaron en varias fincas del corregimiento Timba, de Buenos Aires, e instalaron una base de entrenamiento en la vereda San Miguel. Desde esta zona realizaron varias incursiones a municipios aledaños como Jamundí, Santander de Quilichao, Suárez, Caloto y Puerto Tejada. (Ver: El recorrido sangriento de Bloque Calima por el Cauca)

En julio de 2000, alias 'HH', fue enviado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño como el nuevo jefe del grupo paramilitar. Con los hombres que ya estaban instalados en Timba, se creó el Frente Farallones, que operó en Cauca y Huila.

A Santander de Quilichao entraron con ayuda de Armando Lugo, un funcionario de la Defensa Civil que después entró al grupo paramilitar y fue conocido con el alias de 'Cabezón'. Lugo se encargó de señalar a supuestos colaboradores de la guerrilla en la zona. Santander de Quilichao fue uno de los puntos claves del Frente Farallones, por esos instalaron retenes que controlaran las vías de acceso.

En noviembre de ese año ocurrió la entrada a Cajibío en su recorrido sangriento por los caseríos del Dinde, El Carmelo, Pedregal y La Laguna. Para finales de 2000, esta facción paramilitar se entendió hasta el municipio de Suarez y Puerto Tejada. Según algunas confesiones de los postulados, antes ingresar a estos municipios se pusieron en contacto con miembros de la Fuerza Pública que permitieron su llegada. Este grupo se fue nutriendo por jóvenes que pertenecían a bandas delincuenciales.

A comienzos de 2001, los paramilitares arribaron al centro del Cauca, incluida su capital. Al sur de departamento llegaron en enero de 2001, empezaron por el municipio de Patía y extendiéndose hacia El Bordo, Mercaderes, Florencia y Balboa.

Los paramilitares del Frente Farallones del Bloque Calima hicieron presencia en el departamento de Cauca entre mayo de 2000 y diciembre de 2004, cuando se desmovilizaron bajo los acuerdos del Estado Mayor de las AUC y el gobierno nacional.

Tomado de VerdadAbierta.com


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Buenos Aires 1

Dos Consejos Comunitarios de pobladores afro-descendientes del Cauca se organizaron para evitar la entrada de la minería a cielo abierto y del cultivo de hoja de coca.

"Al nacer, nuestras madres entierran los ombligos en el suelo. Eso significa que siempre vamos a estar unidos a la tierra". Es la manera sencilla cómo un líder de las comunidades negras explica por qué los consejos comunitarios del Río Cauca (reconocido por el Ministerio del Interior en 2004) y de La Alsacia, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, no permiten que la minería entre a sus territorios. Tampoco dejan que se siembre coca, como quiera que ésta también contamina el agua y destruye el bosque.

"Nos les paramos en la raya", cuenta Enrique*, otro líder de la región, quien no quiere que se revele su nombre por seguridad.

En tres horas por carretera se va del territorio del Consejo Comunitario de Río Cauca, que comprende la vereda Santa Clara y el sector de Los Días de Buenos Aires, en donde viven unas 800 personas, al de La Alsacia, compuesto por diez veredas habitadas por unas 700 personas. Los dos pueblos comparten la misma tradición que han conservados por generaciones de producción en granjas sembradas con frutales, árboles maderables y huertas caseras. Con una historia común además -sus antepasados llegaron forzadamente a América hace cinco siglos desde las costas occidentales africanas, donde hoy quedan Angola, Senegal y Guinea- estas comunidades coinciden en el concepto de dignidad: después de tantas humillaciones no van a dejar que foráneos les dañen y los saquen de la tierra a donde se hicieron libres.

No quieren que las bateas, palendras, cinceles, masetas y barras con que siempre han sacado la cantidad de oro que necesitan para vivir, sin poner en riesgo ni el agua ni la tierra, sean reemplazados por explosivos, retroexcavadoras y grandes cantidades de mercurio y cianuro, para minar todo el oro del Cerro Teta en pocos años, contaminando los ríos, sacándolos de su cauce, dejando regueros de escombros y lodo malsano. "Practicamos la minería ancestral, el barequeo", dice Luis*, otro líder comunitario de Buenos Aires. "Cada familia puede sacar su pepita de oro para el diario, pero la intervención es mínima y no contaminamos el agua".


CONTRA LA CODICIA DEL ORO

mineria buenos airesCuenta la leyenda que hace muchos años un hombre iba caminando hacia un cerro y vio en la parte más alta a una mujer desnuda. Por eso las comunidades indígenas lo llamaron el Cerro Catalina, y las afro-descendientes, el Cerro Teta. Fue el oro el que le dio origen al caserío de Buenos Aires en 1536, pues allí fue donde los españoles montaron un enclave esclavista para explotar el precioso metal.

Años después, con la independencia y la abolición de la esclavitud, los negros organizaron comunidades hacia el sur del Cerro Teta y vivieron unos años de tranquilidad, que desde temprano el siglo XX arrebató. En los años treinta llegaron empresas multinacionales a sacar el oro industrialmente y a mal pagarles su trabajo en las minas, 40 años después, también con fiebre de oro llegaron las guerrillas de las Farc (frente VI). En el nuevo siglo las cosas empeoraron, pues lo estrenaron con la irrupción violenta de los  paramilitares del Frente Farallones del Bloque Calima de las Auc en 2000, el cual buscaba quitarles las riquezas a las Farc. (Ver esta  historia en detalle en el informe de la universidad Icesi, Historia Doble del Cauca)

La desmovilización de los paramilitares en 2004 los dejó respirar unos meses, pero al año siguiente, con la bonanza mundial de los precios del oro y unas instituciones ineficaces para controlar, cayeron hordas de aventureros ávidos de riqueza fácil a arrasar con el Cerro Teta. "Los paisas llegaron a la región a extraer el oro", dice Miguel*, quien aclara que no se refiere a la banda criminal dedicada al narcotráfico que se conoce con este mismo nombre, sino a un grupo de antioqueños que arribó al territorio, comenzó a controlar la pólvora y a explotar el cerro.

"La imagen es la siguiente: –dice otro poblador de la zona – hay un señor gordo que se sienta al lado de la mina bajo una sombrilla y con un maletín lleno de plata. La gente hace una fila muy larga a la entrada para tener la oportunidad de entrar y sacar el oro. Cuando extraen las pepitas, se las venden ahí mismo a ese señor". Sacan en promedio unos 60 mil pesos por día, calculan los que saben, el doble de lo que pagan en una finca por jornal. Sacar oro es mejor negocio para la gente, así le den una utilidad grande a quienes controlan la mina.

Esta explotación de oro en La Teta queda a kilómetro y medio de las tierras bajo el gobierno del Consejo Comunitario del Río Cauca. La minería ilegal ha querido expandirse hasta allí, pero el Consejo no lo ha permitido. Se organizaron, hicieron un reglamento e impidieron que cualquiera de las 80 retroexcavadoras que calculan hay distribuidas en los nueve corregimientos y 64 veredas de Buenos Aires, entren a sus predios.

Además de impedir la entrada de la maquinaria, la comunidad determinó que para proteger su territorio ningún foráneo puede tener títulos de sus predios. "Solo después de diez años de vivir dentro del Consejo Comunitario puede comprar tierra, pero ésta no puede quedar a su nombre sino del nativo", explica Lorenzo*, otro líder del Consejo, quien además revela que prohibieron en su tierra la caza indiscriminada, la tala y la contaminación de las fuentes de agua.

Aunque la Ley 70 de 1993 reconoce los títulos colectivos y la conformación de los consejos comunitarios como forma de administración territorial para las comunidades afro-descendientes, al Consejo Comunitario del Río Cauca todavía no le han reconocido un título colectivo, pues están en la cordillera y hasta ahora sólo le han dado estos títulos a quienes están en la costa Pacífica. Esto llevó a que las comunidades, como lo explica otro habitante, hayan buscado alternativas para proteger su territorio.(Ver: Los afros del Cauca quieren su tierra)

No ha sido fácil que los mineros entiendan sus razones, pero el Consejo Comunitario se ha mantenido firme. Por eso ordena a los jóvenes mantener el sistema de finca tradicional y les permite sólo la minería por barequeo. "Yo estoy acá en mi parcela feliz, produciendo café, cacao, cítricos y caña", dice Enrique*, sintiéndose afortunado de la calidad de vida que tiene, aunque gane menos dinero.

Los líderes esperan que, ahora sí, con un Consejo que ya completa una década de haber sido reconocido por el Ministerio del Interior, el gobierno, a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), les entregue el título colectivo como lo tienen los otros pueblos negros del Pacífico. Están convencidos de que es la única forma de blindar jurídicamente su territorio.


"AQUÍ NO ENTRA LA COCA"

Coca buenos airesAl Consejo Comunitario de La Alsacia no le están golpeando las puertas los ambiciosos mineros informales; allí quiénes quieren entrar a su territorio para sembrar coca son los narcotraficantes y sus amigos. Y, con todos los riesgos que ello implica, tratándose de actores violentos, esta comunidad afro-descendiente también los ha resistido. No quieren actividades ilícitas en su tierra, ni que la guerra arrastre a su pueblo.

Desde el momento mismo en que el Consejo Comunitario de La Alsacia fue reconocido por el Ministerio del Interior, las veredas La Alsacia, Agua Blanca, La Peña, Materón, Pisa Pasito, Mary López, El Llanito, El Silencio, Brisas del Silencio y el Guadual se organizaron para evitar que los cocaleros usaran su territorio para fines ilícitos.

A esta zona llegaron personas de Pasto, Putumayo y Nariño buscando cultivar coca porque en esas regiones el gobierno había erradicado manualmente y también con fumigaciones masivas. "Nosotros no estamos dispuestos a que lo ilícito entre aquí", dice Néstor * un líder de La Alsacia. "Nosotros vivimos de los cultivos de café, plátano, lulo, tomate de mesa y de árbol, la caña panelera y los frutales y no queremos meternos en la guerra".

Ha sido una postura costosa, sobre todo en los últimos tiempos, desde que el Ejército lanzó una ofensiva militar para sacar de esa región a las Farc, como sucede ahora en Jambaló (Lea: Jambaló bajo fuego). "Entre el 27 de julio y el 5 de noviembre de 2013, por lo  menos 120 personas de La Alsacia estuvimos confinados por los combates entre guerrilleros y soldados. Al lado de nuestras casas  cayeron 'tatucos' y cilindros, y no aguantamos y nos refugiamos en un albergue para resistir", dice Moisés*, integrante de este Consejo.

Durante esos cuatro meses de batallas, una gran parte de los pobladores del territorio del Consejo Comunitario perdieron sus cultivos de café, plátano y yuca, así como algunos animales. Los habitantes dicen que desde que se comenzó a desarrollar el plan gubernamental de Consolidación y Reconstrucción Territorial en el norte del Cauca, que en teoría busca fortalecer el Estado donde dominaron grupos armados ilegales y cultivos de uso ilícito, en Buenos Aires, en realidad el conflicto se ha agudizado, pues la tropas están estacionadas demasiado cerca al casco urbano y eso les ha traído la guerra a la casa.

"El Ejército se instaló cerca de los poblados y eso es un riesgo muy alto", dice Miguel.

Lo que quisiera el Consejo Comunitario de La Alsacia es que el gobierno conciba la consolidación del Estado no como mera presencia militar, sino con programas que generen desarrollo. Además, están en su derecho, de exigir un tratamiento especial, una reparación colectiva pues fueron desplazados y aterrorizados por el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a cargo de Hébert Veloza alias 'H.H.', quienes se quedaron un mes en La Alsacia, semanas antes de cometer la masacre del Naya, en abril de 2001. "Casi todos salimos de las tierras por temor y retornamos mucho después, pero no salimos en los registros oficiales de víctimas", denuncia Moisés.

La resistencia de estas valientes comunidades afro-descendientes contra la ilegalidad, la violencia y la destrucción de la naturaleza, debería valerles un respaldo más decidido de un Estado. La gente allá siente que si trabajaran más de la mano con ellos, podrían tener un desarrollo sostenible y armónico.

*Nombres cambiados por la seguridad de las víctimas

TOMADO DE:

Pagina Verdad Abierta.com







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