Informe especial. Esta es una historia de resistencia, unión y solidaridad de 73 de familias indígenas que reinventaron su comunidad en un nuevo territorio.
 
 
Kitek KiweAl observar el mapa de Cauca sobre los resguardos indígenas del pueblo Nasa, se puede ver uno que está aislado en el centro del departamento, es el resguardo de Kitek Kiwe. Su historia está ligada al éxodo que emprendieron cientos de aterrorizados indígenas de la región de El Naya, como consecuencia de la cruel masacre que cometieron paramilitares del Bloque Calima en la Semana Santa de 2001.

Entre el 10 y el 13 de abril de ese año, más de 200 paramilitares marcharon por diferentes sectores de El Naya, una región limítrofe compuesta por 17 veredas de Buenaventura (Valle del Cauca) y Buenos Aires (Cauca). En su recorrido, los hombres que envió Éver Veloza García, alias 'HH', el jefe de ese grupo de las Auc, asesinaron arbitrariamente a decenas de hombres, a mujeres y niños. También saquearon y destrozaron viviendas, torturaron a los pobladores que se encontraban a su paso. A los sobrevivientes les dieron la orden perentoria de abandonar la región.

Trece años después de la masacre, hay diferentes versiones sobre ésta y no se conoce con exactitud la cantidad de víctimas que dejó esa incursión paramilitar. Tras la desmovilización del Bloque Calima en diciembre de 2004, la Fiscalía 18 de Justicia y Paz asumió la investigación de esa tragedia, y junto con el testimonio de víctimas y desmovilizados, logró reconstruir cómo fueron esos hechos y llevó a los estrados de la justicia transicional a 67 ex paramilitares para que respondan por esos hechos. (Lea: Los orígenes de la masacre de El Naya)

La Fiscalía ha procesado a los perpetradores desmovilizados por 27 asesinatos y alrededor de mil 500 desplazamientos, pero los sobrevivientes de la masacre insisten en que son muchos más los desplazados y que fueron asesinadas alrededor de 100 personas, cuyos cadáveres no aparecen porque fueron arrojados a ríos y precipicios.

Luego de esa cruel historia del conflicto armado colombiano, 73 familias indígenas quienes, tras batallar durante más de tres años, lograron que el Estado les titulara una finca en el municipio de Timbío, en el sur de Popayán, para reconstruir sus vidas de acuerdo con sus tradiciones ancestrales. VerdadAbierta.com fue hasta el resguardo de Kitek Kiwe y habló con varios de sus líderes y pobladores para reconstruir su proceso de resistencia.

Del éxodo a la tierra prometida
Rosa*, una mujer de 66 años, recuerda como si los hechos hubieran ocurrido ayer, que para salir de la vereda La Playa, sitio en el que vivió desde los 12 años, tuvo que pasar por encima de varios cadáveres, yendo de la mano con una hija y tres nietos. A Rogelio* no se le olvida que los paramilitares les dieron un plazo tres horas a los habitantes de la vereda Río Mina para abandonar la región, pero ésta se desocupó en pocos minutos, y que lamentablemente, uno de sus vecinos, fue asesinado porque se devolvió a recoger unos documentos.

Como Rosa y Rogelio, cientos de personas caminaron durante horas por las trochas de la montaña, hasta llegar a Timba. Allí, se refugiaron en la escuela. Rogelio cuenta que cuando llegó a Timba sintió más temor, porque en esa vereda los paramilitares instalaban retenes y les prohibían a los habitantes ingresar mercados superiores a 50 mil pesos. Pero dadas las circunstancias, le tocó quedarse en la escuela del pueblo.

Según sus cálculos, en la escuela estuvieron reunidas alrededor de 400 personas durante varias semanas. "Todos estábamos en un salón, fue muy difícil. Hubo ayuda humanitaria, la Cruz Roja traía ropa y comida, pero las cosas buenas no se repartían todas. El padre y otra señora retenían cosas, y en parte, por eso, nos fuimos a Santander", cuenta.

A los pocos meses sus líderes decidieron que la comunidad abandonara Timba y se trasladara al municipio de Santander de Quilichao en busca de mejores condiciones y para tener comunicación más fluida con las instituciones del Estado. En esa población los desplazados se asentaron en la plaza de toros y en ese sitio vivieron durante tres años en precarias condiciones.

"Al principio eran como cuatro mil personas y al final se quedaron 70 familias en la plaza de toros. La gente se fue yendo conforme pasaba el tiempo. Algunos retornaron pese a que el Gobierno les dijo que no había garantías, pero como ya no había nada para comer, la gente se fue yendo poco a poco. Algunos estuvieron tres o cuatro meses y no aguantaron más, nosotros nos quedamos tres años", cuenta Rogelio. Además, explica que "la Cruz Roja dio ayuda durante seis meses y después la situación se puso dura, pero otros resguardos indígenas y la Acin nos ayudaron para resistir los tres años en Santander con comida, ropa y medicina".

Pese a que al diario vivir se complicaba y las ayudas no alcanzaban para satisfacer las necesidades básicas, el miedo no les permitió retornar a El Naya a varias familias, y ante la falta de alimentos, se vieron obligados a pedir limosna. "Nos tocó dejar la pena y salir a pedir a las calles, luego nos tocó ir a recoger las sobras en la galería. Así estuvimos como un año. Al principio nos ayudaron, pero es que duramos mucho tiempo por fuera", cuenta Rosa con los ojos aguados mientras recoge sus arrugadas manos hacia su vientre.

El resguardo de Tóez, en el municipio de Caloto, fue otro punto de concentración para los desplazados de la masacre. En ese sitio se ubicaron alrededor de 35 familias que estaban en veredas cercanas a la entrada a El Naya. Lisinia Collazos, actual gobernadora de Kitek Kiwe, cuyo esposo fue asesinado en la incursión paramilitar y fue una de las personas que lideró la creación del resguardo, cuenta que el pueblo de Tóez los acogió con calidez y les prestaron unas casas y un terreno para cultivar frijol, yuca y maíz.

Pese a que estaban separadas, las comunidades asentadas en Santander de Quilichao y en Caloto, mantuvieron un vínculo permanente y un mismo sueño: tener un terruño en el que pudieran vivir conforme a su cosmovisión y sus hijos pudieran correr libremente. En marzo de 2002 asistieron a unas capacitaciones en derechos humanos que una ONG dictó en Santander de Quilichao, y en medio de ese proceso, instauraron una tutela en octubre de ese año, y al mes siguiente salió el fallo favorable. "Fue un proceso de lucha, espera y paciencia. Los que estábamos en Caloto viajábamos a las capacitaciones en Santander en bicicleta porque no teníamos los 800 pesos para el pasaje de bus, pero todo ese esfuerzo valió la pena porque nos abrió la puerta a nuestro hogar", explica con gran satisfacción la gobernadora Collazos.

Las semillas de Kitek Kiwe
Durante más de un año los líderes indígenas buscaron una finca ideal para que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) les titulara en el norte de Cauca. Cansados de buscar y ante la posibilidad de que se les acabara la vigencia para la compra de un terreno, estuvieron dispuestos a aceptar una finca de espárragos en Puracé, municipio cercano a Popayán, pese a que nunca habían cultivado esa planta.

Enrique Fernández, uno de los líderes de Santander de Quilichao, fue al Sena a buscar a alguien que los capacitara en cultivos de espárragos, pero en ese sitio encontró a Germán Sarria, quien le ofreció una finca en Timbío, a media hora de la capital de caucana. El 8 de diciembre de 2003 una comitiva de las dos comunidades visitó la finca La Laguna, ubicada en la vereda San Pedrito, y decidieron que ese sería el sitio en donde echarían raíces y reconstruirían sus vidas.

El 20 de diciembre, el Incora acordó compararle a Sarria las 289 hectáreas de La Laguna por 1.070 millones de pesos. El 18 de enero de 2004 el instituto de tierras compró la finca, pero los indígenas tuvieron un impedimento para poder trasladar a las 73 familias que vivirían en ella. La Red de Solidaridad, la institución que antecedió a Acción Social, se opuso a que la comunidad se trasladara a porque no tenía las condiciones necesarias que las familias pudieran vivir dignamente.

Para esa fecha, en la finca sólo existían dos casas y en gran parte de ella no había energía eléctrica, acueducto ni alcantarillado. Los indígenas acordaron con la Red de Solidaridad que sólo trasladarían a 20 familias que se instalarían en las dos viviendas, pero lo que en realidad hicieron fue adecuar La Laguna para la llegada de las 53 familias restantes. Después de vivir por más de tres años en la mendicidad, hacinados en una plaza de toros y relegados por la sociedad, los indígenas no aguantaron las ganas de retornar al campo y no les importó que tuvieran que dormir en cambuches de plástico.

"Las 53 familias llegaron a La Laguna el 9 de abril de 2004. No hubo quien parara a las familias en esas chivas, la Acin aportó la mayor parte de los recursos para el traslado de las familias. El sufrimiento de todos esos años quedó en el pasado cuando vimos a los niños correr felices y libremente por los pastos", recuerda la gobernadora Lisinia, quien agrega que la Red sólo les colaboró con mercados durante el primer mes.

Los indígenas no se conformaron solamente con tener su terruño, sino que al año siguiente se organizaron y montaron su propio cabildo, el cual fue reconocido por el Estado en 2006. Desde que llegaron a La Laguna, la constancia, la unión y la organización indígena les han permitido a esta comunidad ir mejorando Kitek Kiwe.

Después de varios años el Gobierno les construyó algunas casas en la parte baja de la finca, pero siguen sin energía ni acueducto; logaron adecuar una escuela; construyeron casas de madera en los alrededores de la entrada de la finca; y hoy están a punto de logar que el Estado los reconozca formalmente como resguardo indígena. (Vea galería fotográfica)

Ese reconocimiento hace parte del compromiso al que el Gobierno llegó con los pueblos indígenas del país en el pasado mes de octubre, para organizar alrededor de 800 resguardos. Para las familias de Kitek Kiwe este procedimiento es vital porque con él su territorio adquiere un blindaje jurídico y de esta manera no puede ser vendido ni embargado. Edwin Guetio, ex gobernador de esa comunidad, cuenta que sólo les falta un concepto del Incoder y esperan que los trámites concluyan antes de que finalice este año. También, esperan ser incluidos de una vez por todas en los planes de desarrollo municipal y departamental, para que después de diez años, puedan tener electricidad y agua potable en todo el resguardo.

Con El Naya en el horizonte
Aunque los indígenas que no retronaron a El Naya encontraron estabilidad en Kitek Kiwe, no pueden sacar de su corazón la región en donde crecieron y recuerdan las cosas que perdieron tras la masacre del 2001. "Lo que perdimos por esa incursión paramilitar fue la parte cultural, más que la tierra o las propiedades. La parte ancestral se afectó mucho", cuenta Emerson Chilgueso, Coordinador del Programa Económico Ambiental del resguardo.

La medicina tradicional, sus rituales, el contacto con fuentes de agua puras y una tierra muy fértil, son las cosas que en parte se perdieron por causa del desplazamiento. "Yo tenía un conocimiento de varias plantas medicinales en El Naya, pero las de acá no sé para qué sirven y apenas estoy descubriendo algunas. Eso se perdió totalmente, es como matarle el conocimiento a uno. La pérdida total fue el conocimiento ancestral; además espíritus como el duende y el arco lo respetaban a uno allá, pero acá no", agrega con resignación Chilgueso.

Rosa extraña las bondades de esa tierra de El Naya bendecida con fertilidad. "Allá era tirar las semillas y listo, brotaba la comida por montones; acá es muy duro: toca usar abono, arar y otras cocas", recuerda. Rogelio lamenta la falta de sitios sagrados como páramos y nacimientos de agua en donde puedan hacer sus ritos de armonización. A cambio, en Timbío hay dos quebradas de agua que nadie puede usar porque están contaminadas con aguas residuales del municipio.

Sin embargo, pese a que extrañan su antiguo estilo vida, los habitantes de Kitek Kiwe sostienen que no volverán a El Naya por tres razones. La primera es por cuestiones de seguridad. Al día de hoy los grupos armados siguen en la región y la presencia de cultivos ilícitos hace que esa zona esté en constante disputa. La segunda, es que muchas personas fueron amenazadas de muerte por los paramilitares y la guerrilla. Estos últimos amenazaron a varias personas por el contacto que tuvieron con instituciones estatales durante el desplazamiento y llegaron a señalarlas como informantes del Gobierno.

Y por último, la de mayor fuerza, por los niños y los jóvenes que se han criado en Kitek Kiwe. Los líderes no quieren someter a un cambio abrupto a los menores. Retornar a El Naya, aparte de los constantes riesgos por el conflicto armado que continúa, les conllevaría trasladarse a una zona remota con precarias vías de transporte y ausencia de servicios básicos como salud y educación. "Al volver allá, nos la pasaríamos errantes de un lado a otro y nunca nos estableceríamos y organizaríamos un futuro para nuestros hijos. La idea es que, una vez establecidos acá, dar la pelea hasta el final y organizarnos para orientar a nuestros hijos. Esa es la fortaleza para mantener un pueblo", explica Chilgueso.

Pero eso no implica darle la espalda a su pasado y sus tradiciones. Por eso, a los más pequeños les enseñan la historia de la región de origen de sus mayores y cada año conmemoran los hechos trágicos de la Semana Santa de 2001, para que las víctimas no caigan en el silencio del olvido. Una muestra de ello es el mural que fue pintado en una de las casas del resguardo, el cual tiene grabado cómo era la vida en El Naya antes, durante y después de la masacre.

Y ese espíritu de darle prioridad a las nuevas generaciones también se refleja en el nombre del resguardo. Kitek Kiwe, en nasa-yuwe, que es la lengua de ese pueblo indígena, significa tierra floreciente. "Queremos que cada día haya un brote nuevo, nuevas expectativas, nuevas esperanzas, nuevas exigencias de los niños que crecen. La mayoría de la población es joven. Sus anteriores gobernadores fueron jóvenes que llegaron desplazados", explica la gobernadora Lisinia.

Tomado de VerdaAbierta.com

* Nombre cambiado por petición de la fuente para proteger su identidad.



Han cargado con su tragedia en silencio. Fueron violentadas y esclavizadas por hombres del Bloque Calima de las Auc en el norte del Cauca. Ahora, con inmenso esfuerzo, empiezan a superar la humillación y a denunciar lo que pasó.

 
Victimas de abuso sexual norte del caucaLos pueblos del norte del Cauca deslumbran por sus paisajes, pero esa belleza andina ha escondido por años la más silenciada historia de la guerra paramilitar: el abuso sexual de decenas de mujeres campesinas. En uno de esos pueblos*, y durante cuatro años, paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Hébert Veloza, alias 'HH,' impusieron su dominio, no solo asesinatos y desplazando a la gente a la fuerza, sino violentando a muchas mujeres. Ninguna autoridad tiene el número exacto.

En esa localidad, un día de finales de 2000, todos bailaban y festejaban en comunidad la graduación de los estudiantes, cuando a las seis de la tarde un grupo de hombres fornidos, portando armas enormes que nunca habían visto y vistiendo prendas militares les hicieron apagar la música. "Nos gritaron que venían a sacar a la guerrilla, a limpiar la vereda", cuenta Milena Martínez*. A ella, como a los demás le cuesta trabajo recordar esa época terrible, pero haciendo un esfuerzo, cuanta que luego salió huyendo, y sólo hasta hace poco se ha animado a regresar.

Los hombres que llegaron a este caserío portaban brazaletes con la sigla Auc y de acuerdo con las investigaciones realizadas por Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, por lo menos 54 hombres de esa facción armada fueron entrenados en fincas de los hermanos Vicente y Carlos Castaño en la región del Urabá antes de ser enviados al Valle del Cauca.

Esos hombres preparados para la guerra, había arribado a la región, en las montañas del municipio de Tuluá a finales de los años noventa. Primero estuvieron bajo el mando de Antonio Londoño, alias 'Rafa Putumayo'; luego de David Hernández, alias '39'; y, finalmente, de Hébert Veloza, alias 'HH'. Eran apenas una célula del Bloque Calima, cuyos ejércitos llegaron a alcanzar en 2004, los dos mil hombres, esparcidos por el Valle y el Cauca. (Ver El recorrido sangriento del Bloque Calima por el Cauca).

En mayo de 2000 bajaron hasta el norte del Cauca haciéndose llamar Frente Farallones de las Auc y buena parte de ellos fueron los que interrumpieron la fiesta de grados y los que durante los siguientes cuatro años instalaron retenes, impusieron horarios para salir y entrar al pueblo, controlaron el ingreso de los alimentos y se tomaron la escuela para convertirla en una base de entrenamiento militar. Entre 2000 y 2004 los niños dejaron de estudiar porque en lugar de pupitres y cuadernos había material de guerra.

Nadie entendía por qué "esos hombres", a quienes aún hoy la gente no quiere llamarlos paramilitares por miedo, se tomaron el pueblo. "Antes de que llegaran vivíamos como pobres, pero como pobres que teníamos con qué comer. Después, todo fue una pesadilla", cuenta Rosalía Márquez*, quien habla en voz baja "porque acá hasta los árboles escuchan". Los paramilitares arremetieron con el pretexto de combatir a la guerrilla, pero varios habitantes sostienen que lo que en realidad buscaban era quedarse con el dominio del narcotráfico.

"Ellos comentaban que habían llegado primero al Valle con una misión: liberar a las personas secuestradas durante un oficio religioso en la Iglesia La María", cuenta María el Carmen Pérez*, otra habitante de la zona, haciendo referencia al hecho ocurrido el 30 de mayo de 1999 en las afueras de Cali, cuando fueron secuestrados por el Eln por lo menos 289 feligreses que salían de misa. "Después, lo que les interesaba era controlar el negocio de la droga en el Pacífico".

Por confesiones de desmovilizados, la Unidad de Justicia y Paz tiene dos versiones: que los paramilitares del Frente Farallones llegaron financiados con el apoyo del narcotraficante Francisco Javier Zuluga, alias 'Gordolindo', o que contaron con el apoyo económico y logístico de terratenientes y grandes industrias que estaban cansadas del asedio de la guerrilla. Hasta el momento, no se ha establecido con claridad esta circunstancia.

Vivir con el estigma
Los paramilitares abusaron sexualmente de decenas de mujeres del citado pueblo. Cuando recién llegaron a finales del año 2000 comenzaron a sobrepasarse con algunas mujeres que estaban en la fiesta de grados pero nadie les dijo nada al verles los fusiles que cargaban. Con el paso de los días, unos de los hombres se llevaron a las que quisieron para abusar de ellas. A Mariela Suárez, por ejemplo, le dijeron que si no accedía le mataban al esposo y los niños.

Estos abusos ocurrían a cualquier hora y día. Milena Martínez, por ejemplo, estaba trabajando en la huerta, muy temprano en la mañana, cuando un grupos de paramilitares la atacó. Luego de abusar de ella, la dejaron ahí, humillada, con su vida hecha trizas.

En cualquier momento se las llevaban de la casa, del campo o incluso de sitios públicos. Los paramilitares hacían patrullajes y cada vez que se les antojaba entraban a las casas por sus nuevas víctimas. A otras las volvieron sus esclavas. Además de obligarlas a limpiarles la ropa y prepararles comida, les decían que tenían que tener relaciones sexuales con ellos. "Cada quien ve la guerra como la vivió y por supervivencia accedimos", dice María del Carmen Pérez.

Como era una práctica frecuente de los paramilitares, ser mujer era la peor pesadilla para las habitantes de este pueblo. Por eso muchas se desplazaron al poco tiempo de enterarse de lo que sucedía. Todos sabían pero nadie se atrevía a denunciar. Los paramilitares abusaron además de algunas niñas.

Hasta diez años se han demorado las mujeres en contar estas historias dolorosas de humillación. Ahora Milena y las demás se animaron a relatarla, a pesar de todo. Omiten la palabra "paramilitar" porque se les quiebra el alma. Muchas de ellas, casi todas, han llevado la tragedia en silencio porque "este pueblo es sumamente ignorante y machista", dice Mariela Suárez*.

Por rumores, sus vecinos se enteraron que había sido abusada sexualmente por los paramilitares del Bloque Calima y cada vez que quieren ofenderla "no falta el hombre que me grita groserías en la calle o me dice: de qué te las picas si fuiste mujer de un paraco". Más doloroso es cuando otras mujeres, que se salvaron del crimen las señalan o hasta se burlan de ellas.

En el pueblo han corrido rumores que las estigmatizan: inventan que portan el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), dicen que ellas se les insinuaron a los paramilitares, que son culpables de lo que les ocurrió. A muchas de ellas, las abandonaron sus esposos y ahora sus hijos, algunos de ellos adolescentes, creen que sus papás no volvieron por una supuesta infidelidad de la madre.

"Quisiera es morirme. Como botármele a un camión. Porque uno de mis hijos me acusa, me dice que el papá se fue por culpa mía. Yo no sé cómo hacer para que entienda la verdad, lo difícil que ha sido salir adelante", dice Suárez. Los hombres que se enteraron que sus esposas fueron abusadas las dejaron para no sufrir con ellas la vergüenza, formaron otros hogares y no volvieron a responder por sus familias originales.

La situación es también compleja para las mujeres que tras el abuso sexual quedaron embarazadas. Los niños tienen hoy entre 10 y 14 años y durante la última década les han preguntado quiénes son sus papás. Ellas no responden o les inventan alguna historia para no tener que recordar su trágico pasado. "A las mujeres abusadas nos tratan como 'desechables'. No sé de dónde he sacado fuerzas. Esto es una cruz que se lleva por dentro", dice Milena Martínez.

Esto explica por qué todas han guardado silencio por una década. Algunas ni siquiera le han contado a su familia: "Esto es un secreto que me llevo a la tumba. A uno le da miedo no sólo que lo señalen sino que lo abandonen", reitera Martínez. Cuando fueron abusadas la mayoría se desplazó y buscó cómo sobrevivir en Cali como empleadas domésticas.Mariela Suárez, por ejemplo, era una niña de 13 años cuando huyó y terminó barriendo y cocinando en casas ajenas.

Rosalía Márquez considera que por razones de supervivencia unos resistieron y los otros se desplazaron. Mientras en 1999 del municipio salieron expulsadas 35 personas; durante los siguientes dos años lo hicieron casi 8 mil según el antiguo Registro Único de Población Desplazada.

Esta mujer explica que los paramilitares tuvieron tres momentos en la vereda: "Al principio sembraron el terror e impusieron sus reglas; luego, hubo una etapa en que quisieron insertarse en la comunidad; después, comenzaron a quitarle a la gente, a robarla y a someterla". A las mujeres del pueblo las ponían a cocinarles y lavarles la ropa; las consideraban como esclavas.

Las mujeres que fueron abusadas entre 2000 y 2004 retornaron sólo cuando se enteraron que el grupo se desmovilizó; otras iban y venían a la vereda después de más de dos horas de recorrido desde Cali para saber sobre la suerte de los hijos que habían dejado al cuidado de familiares.

Hasta ahora sólo 25 de ellas han decidido contar lo que les sucedió. La primera institución que se acercó fue la Defensoría del Pueblo, que en febrero de 2013 les tomó las primeras declaraciones. Cuando avanzaba el juicio contra alias 'HH', la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía las buscó. Más tarde también lo hizo la Unidad de Víctimas, la entidad creada por la Ley de Víctimas que busca reparar a las personas afectadas por el conflicto.

La reparación
El proceso para que más mujeres denuncien ha sido complejo. Rosalía Márquez cuenta que ha conversado con muchas vecinas que sufrieron su misma tragedia, pero el miedo no las deja. Entre ellas no se han contado sus historias, respetan sus silencios y lo que hacen como grupo es mantenerse informadas sobre cuándo hay nuevas audiencias en Justicia y Paz, talleres de atención psicológica o acompañamiento de la Unidad de Víctimas.

En mayo de 2014, una de ellas participó en una audiencia que se realizó en el Tribunal Superior de Bogotá con retransmisión por videoconferencia a Popayán. Ese día, la víctima, en representación de las mujeres de su pueblo, les pidió a las magistradas verdad, justicia y reparación porque consideran que ni alias 'HH' ni los 41 paramilitares que afrontan un juicio por diversos delitos no han querido reconocer este crimen de lesa humanidad (Ver ¿Qué piden las víctimas de las Auc en Cauca?)

"Fuimos a otra audiencia en Cali y ninguno de ellos aceptó los abusos contra las mujeres. Cuando leyeron públicamente los casos fue muy doloroso. Yo no aguanté y me salí del auditorio", recuerda Mariela Suárez.

Con los testimonios, la Fiscalía insistió en la responsabilidad que tenía el grupo paramilitar. Sólo alias 'HH', quien fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2009 por cargos de narcotráfico, aceptó los abusos sexuales por "línea de mando", lo que en la jerga judicial significa que asume la responsabilidad por haber sido el jefe del Bloque Calima. La Fiscalía 18 de la Unidad de Justicia y Paz que ha investigado estos casos espera que haya un fallo condenatorio en septiembre de 2014.

Y aunque para las mujeres no ha habido verdad porque ninguno de sus victimarios directos quiso reconocer la tragedia, esperan que por lo menos el fallo ordene la elaboración de una publicación o desarrolle un acto simbólico que le cuente la historia de su pueblo y restablezca el buen nombre y dignidad de las mujeres que durante estos años han sido estigmatizadas y humilladas. También esperan que el gobierno les conceda un terruño, pues la mayoría son pobres pues su dolor, sumado al desplazamiento, les arrebató los mejores años productivos.

"Soy mamá y papá a la vez. He trabajado como jornalera arrancando yuca para levantar a mis hijos. Hay noches en que sólo tengo aguadulce para que coman", cuenta Milena Martínez.

María Eugenia Morales, directora de Reparación de la Unidad de Víctimas, le contó a VerdadAbierta.com que trece de estas mujeres están en la base de datos del Registro Único de Víctimas y que han recibido el apoyo de su entidad: "Con acompañamiento psicológico hemos logrado que declaren y las hemos orientado para que sigan la ruta de reparación individual". Algunas ya han recibido las indemnizaciones económicas que contempla la Ley.

Pero a Rosalía Márquez le preocupa que no haya una suficiente orientación y que en pocos meses las mujeres, por ejemplo, compren una moto para ponerla a rentar al 'mototaxismo' en lugar de invertir en un proyecto propio para progresar. La Directora de Reparación explica que la Unidad ofrece talleres de educación financiera y orienta a las víctimas para que desarrollen sus proyectos con el apalancamiento de entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Lo complejo en este tipo de casos es el subregistro que sigue habiendo de la violencia sexual en el conflicto en todo el país. "El mayor número de víctimas está concentrado en doce departamentos, es decir, casi el 50 por ciento del territorio. Las mujeres no hablan de lo que les sucedió y ha sido un proceso que ellas confíen en las instituciones", cuenta la funcionaria. La Unidad ha registrado por lo menos 200 casos de violencia sexual en Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cesar, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca.

Milena, Rosalía, María del Carmen y Mariela aseguran que denunciar sus casos las ha ayudado a superar en parte el dolor. "Esto es algo que nunca se borra, pero yo considero que con el tiempo he vuelto a sonreír. Vivía amargada y a los hombres los miraba con rabia, con odio, me daban miedo. Esto es difícil, pero aquí vamos", dice Mariela.

Pero no todas de ellas han podido dar el paso de Mariela. María del Carmen cuenta que sigue teniendo pesadillas y cada vez que escucha ladrar se esconde debajo de la cama. Su mente asocia ese sonido a la llegada de los paramilitares. Un hijo de Milena dice que guarda rencor y que algún día se vengará; su mamá le ha explicado muchas veces que la violencia no lleva a nada. Una hija de María del Carmen, por ejemplo, se tapa involuntariamente los oídos cada vez que ve en la televisión a un grupo armado. Siente como si le fueran a disparar.

Es por eso que todas le piden al gobierno que no las olviden. Necesitan apoyo. Sobre todo, porque tienen hijos que han cargado con el flagelo de una guerra ajena y porque ellos todavía no comprenden qué pasó en este pueblo donde la verdad ha estado callada por años.

*Los nombres de las mujeres fueron cambiados por haber sido víctimas de violencia sexual. Los datos de la vereda y el municipio se omitieron a petición de las entrevistadas.

Tomado de VerdaAbierta.com


El gobierno adjudicó tierras a las comunidades indígenas, sin consultarlas y sin estudiar su larga y compleja historia de despojo. Eso atizó las peleas entre Ambaló, Guambía y Totoró, y hasta hubo muertos. Conversando estos pueblos han superado sus diferencias, pero el gobierno en vez de contribuir, les sigue poniendo obstáculos.

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Ulchur busca una carpeta en la que ha ido guardando documentos con los que espera que el gobierno le devuelva las tierras a su comunidad de Ambaló. Según los ambalueños, a su comunidad le han sido arrebatadas por lo menos mil 800 hectáreas y el Incoder sigue en deuda con la compra de cinco predios que suman 59 hectáreas y que acordaron en 2012, después de que el instituto de tierras le entregara 139 hectáreas de la antigua hacienda Ambaló a los guambianos. Ver tablas sobre tierras reclamadas por Ambaló

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"Aquí han primado los acercamientos, la capacidad que ha tenido la gente para conversar, porque la institucionalidad siempre nos ha puesto la talanquera"
, dice Jesús Ulchur, coordinador del Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano e integrante del cabildo de Ambaló.
 
Mientras en el pueblo de Ambaló aseguran que los han querido borrar del mapa y que desean recuperar el territorio ancestral que está reconocido en la escritura 229 de 1868 y 1869, y que desempolvaron en los años ochenta del Archivo Central del Cauca; en el cabildo de Guambía señalan que los ambalueños son descendientes de los Misak, el pueblo ancestral de los guambianos y no entienden por qué en los años noventa Ambaló se declaró de la etnia Nasa. A pesar de estas diferencias, los indígenas conviven en el territorio a la espera de que el Incoder cumpla lo que les ha prometido.

El conflicto de Ambaló revela un historial de decisiones contradictorias del gobierno que agravó los pleitos entre pueblos indígenas, y ahora que estos se han organizado y han llegado a acuerdos, el instituto de tierras, Incoder, se ha demorado en cumplirles lo acordado. Esta es la historia.

Los Ambaló desaparecen, pero se recuperan

ambalo2Esta había quedado reducida a nada hace setenta años cuando el terraje terminó de sacar a los indígenas que habitaban los antiguos terrenos de Malvasá, Miraflores, Camajó y Ambaló, en el municipio de Silvia, oriente del Cauca.

El terraje no era más que un tipo de esclavitud. Los hacendados obligaban a los indígenas a trabajarles gratis varios días en el mes, a cambio de dejarlos vivir en el territorio. Sin embargo, los Ambaló no aguantaron el trato y se fueron. En 1944, Ambaló quedó tan despoblado que el gobernador del cabildo le entregó el bastón de mando al entonces gobernador del departamento de Cauca, Adolfo Zambrano, según cuenta Jesús Ulchur, quien comparte con Miguel el apellido pero no el parentesco.

Dispersos por Jambaló y la zona montañosa de Tierradentro, en Inzá, Cajibío, Piendamó y Morales, los ambalueños decidieron volver en 1972 al municipio de Silvia y recuperar su territorio con el apoyo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), la organización campesina auspiciada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo para que impulsara desde abajo su reforma agraria de 1969, que buscaba titularles tierras baldías a las familias más pobres.

Durante diez años los ambalueños buscaron recuperar una a una las fincas que, a su juicio, estaban en el antiguo territorio de Ambaló. "Eso nos trajo dificultades porque se cree que Silvia es únicamente territorio de los guambianos, pero acá históricamente hemos convivido varias etnias", cuenta Jesús Ulchur.

Otra es la versión de los guambianos. El taita Floro Tunubalá, gobernador del cabildo de Guambía y ex gobernador del Cauca (2001-2003), cuenta que todos los indígenas de Silvia son Misak. "Encontramos que los Coconuco pertenecen al tronco de esta etnia. Los Totores se reconocen como Misak. Están los de Ambaló que son ambalueños, pero en la historia de los pueblos vemos que son descendientes Misak. Incluso los mayores, hoy de 70 y 80 años de edad, hablan el nauyik, que es la lengua guambiana", precisa Tunubalá.

En la década del ochenta los indígenas colombianos se reagruparon en cuatro grandes organizaciones: la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), de la que hace parte el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric); las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico); la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (Opiac) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT). La comunidad de Ambaló pertenece al Cric y se considera de la etnia Nasa; mientras que los guambianos pertenecen a Aico y son Misak.

Después de diez años de haber regresado a sus tierras en Silvia, los ambalueños lograron constituirse como cabildo. El 16 de marzo de 1984 el gobernador Bonifacio Pillimué le envió una carta al antiguo Incora con el listado de las fincas que la comunidad consideraba les pertenecían. Ese mismo año los indígenas comenzaron conversaciones con el hacendado Aurelio Mosquera, quien tenía vastas tierras en el departamento. Querían recuperar la finca Santa Clara. Setenta familias de Ambaló decidieron asentarse en el predio.

Tras la petición al Incora, los Ambaló lograron que les entregaran las fincas San Gabriel, La Betulia, Juntas y Rumiurco 1 y 2. Todo parecía ir por buen camino. Sin embargo, pronto chocaron con el cabildo de Guambía porque éste había solicitado al Incora la ampliación de su resguardo sobre tierras que también reclamaba Ambaló. Así que cuando un grupo de guambianos entró a la finca Santa Clara, el 14 de mayo de 1986 se enfrentaron con los Ambaló y hubo un muerto y varios heridos.

Aunque el 21 de mayo siguiente ambalueños y guambianos firmaron un pacto de no agresión, los ánimos se volvieron a caldear el 15 de octubre de 1986 cuando el Incora le entregó a Guambía la finca El Chero, que también era pretendida por Ambaló.

Miguel Ulchur, quien fue gobernador de Guambía en 1987, 1998 y 2007-2008, recuerda que durante los siguientes dos años recuperaron los predios Los Alpes, Alaska, La Sabana, El Chero, Buena Vista, El Rincón, La Chorrorera y Agoyán.

Después de varios choques por las fincas Santa Clara y El Chero, los indígenas decidieron que los conflictos fueran mediados por sus gobernadores y en 1987 firmaron un nuevo acuerdo, esta vez de deslinde, que clarificaba cuáles eran los terrenos de cada comunidad. Por firmar ese acuerdo Juan Chavaco fue destituido como gobernador del cabildo de Guambía.

Las tensiones entre las dos comunidades volvieron y en 1988 nombraron una comisión para que, por tercera vez, llegara a un acuerdo. Pero ese año los problemas crecieron cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi decidió ampliar el territorio de Totoró, otra comunidad indígena, sobre los territorios que también reclamaba Ambaló.

Poco después, en 1989, durante una reunión entre el Incora, Guambía y Ambaló, las partes acordaron que el gobierno iba a destinar recursos para compras de tierras para los guambianos y que Ambaló iba a ser reconocido como resguardo.

Ese acuerdo no trajo tranquilidad, sin embargo, porque el gobierno siguió insistiendo en darles tierras en el mismo lugar al pueblo Totoró. En enero de 1991 el Incora emitió una resolución que reestructuró su resguardo y les entregó los predios La Betulia y Rumiurco, que el mismo instituto de tierras le había adjudicado en 1985 a los ambalueños. A Ambaló finalmente el Incora lo reconoció como resguardo en noviembre de 1991, pero durante los siguientes años el Incora siguió titulando sin consultar a las tres comunidades, atizando sus pleitos por la tierra.

Crecen los conflictos

ambalo3En los años noventa se agravaron los problemas. Según los documentos que recopiló Ambaló, en 1993 Guambía compró los predios La Nariz, El Arado, Cajucal y Peñas Blancas, que suman 224 hectáreas, sin consultarlos. En 1998 el Incora compró para titularle a Guambía las fincas El Tablón y La Peña, que según Ambaló también hacían parte de su territorio. Estos dos predios se convirtieron en el centro del conflicto durante los siguientes años.

El 20 de noviembre de 1999 el Incora reconoció el error y acordó con las comunidades que le devolvería El Tablón a Ambaló mientras a Guambía le compraría otros predios. Un año más tarde las comunidades se volvieron a sentar a dialogar, esta vez, con el pacto de que iban a presentar proyectos conjuntos al gobierno para disolver los conflictos.

Pero la paz solo les duró hasta septiembre de 2001, cuando las dos comunidades volvieron a chocar, esta vez por la finca La Peña. Los indígenas recuerdan ese episodio como el más cruento. Se enfrentaron a machete, se tumbaron los ranchos y se mataron entre sí. Las 52 familias ambalueñas que estaban asentadas allí fueron expulsadas.

En un nuevo intento por evitar más problemas, las dos comunidades se sentaron con el Incora, que le prometió a Ambaló una asignación de 2 mil millones de pesos para comprarles tierras a las familias desplazadas de La Peña. Las partes firmaron un acuerdo. No obstante, los de Ambaló aseguran que éste fue modificado por los de Guambía, sin su consentimiento, pues solicitó para sí los predios El Tablón y la Unión Ciprés.

Por su parte, el cabildo de Guambía logró la ampliación del resguardo con ocho predios más que suman 885 hectáreas y dos años más tarde el cabildo de Totoró, la otra comunidad indígena, entró en un choque con Ambaló por el predio El Tablón. Totoró alegó que éste hacía parte de su territorio ancestral descrito en un título de 1630. "Totoró además hizo posesión de las veredas San Pedro, Tulcán y El Cofre, que habían sido entregados a Ambaló afectando la identidad cultural y territorial", describe un documento que los ambalueños le enviaron al Incora.

En 2005, guambiamos y ambalueños terminaron por enfrentarse por los antiguos valles de Ambaló, un territorio que ambas comunidades consideraban ancestral. Estos territorios inmensos tenían el nombre de Gran Hacienda Ambaló y figuraban a nombre de una familia Caicedo del Valle del Cauca desde los tiempos de la colonia. Ésta familia le vendió en 1959 a José María 'Pepe' Estela, hacendado cañero y criador de toros de lidia en el municipio de Corinto, 500 hectáreas a la que les dio el nombre de Ambaló. Guambianos y ambalueños pretendían esta finca.

Una finca donde criaban toros

abalo3Armando Estela, hijo del fallecido Pepe Estela, le contó a VerdadAbierta.com que hacia 2009 o 2010, mucha gente comenzó a vender sus tierras. "Ya casi no había vecinos", dijo. Su finca era muy conocida por estar sobre la vía Silvia-Totoró, con un gran portón que exhibe todavía en una de sus columnas el escudo de la ganadería Ambaló, prestigiosa en el mundo taurino por criar los toros de lidia para corridas en las plazas de Cali, Palmira y Popayán.

Tras la muerte de Pepe Estela en 2002, la finca Ambaló fue heredada por tres hermanos que le ofrecieron sus parcelas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para que se las titulara a los indígenas. Pero ambalueños y guambianos comenzaron una disputa sobre a quién le pertenecían y hubo varios enfrentamientos que dejaron muertos. Los de Ambaló le propusieron al Incoder que un parcela le fuera entregada a los indígenas del resguardo de Wila, que habían llegado desplazadas a Silvia en 2007 después de la avalancha que produjo la erupción del volcán del Huila en abril de ese año.

Después de varias reuniones en 2012, las comunidades acordaron con el Incoder (el nuevo nombre del viejo Incora) la distribución de la antigua hacienda Ambaló: 139 hectáreas para el Cabildo de Guambía, que corresponde a la hacienda Puerta de Hierro, compuesta por los predios La Pradera, Villa Nueva y Lote 1; 129 hectáreas para el Cabildo de Ambaló con la hacienda Ambaló y sus predios Lote 3, 4 y 6; y otras 52 hectáreas para el Cabildo de Kizgó con la hacienda Chiguacos.

Según Miguel Ulchur, a cambio de las 139 hectáreas que el Incoder le entregó a Guambía, el instituto de tierras se comprometió con los ambalueños a comprarles cinco predios que suman en total 59 hectáreas y que ya habían sido presentadas en oferta por los propietarios. "Pero eso no ha sucedido hasta la fecha; nos han incumplido", dice Ulchur.

El mayor del Cabildo de Ambaló asegura que el Incoder tiene otra deuda con la comunidad desde 2007, año en el que se tramitó la ampliación del resguardo. "Han pasado siete años. En marzo de 2012 funcionarios del Incoder vinieron, hicieron la visita y realizaron el estudio socioeconómico que ya está listo. Les hemos escrito a los funcionarios sobre qué pasó con el proceso y no responden. Ellos tienen todos los documentos y no nos han otorgado la ampliación", reitera Ulchur.

Después de tantos pactos conversados y firmados, los indígenas han ido sanando las diferencias por las antiguas fincas Santa Clara, El Chero, El Tablón, La Peña y hasta Ambaló, donde conviven. Las comunidades concluyeron que el Estado los puso a pelear, pero que el Incoder debe cumplir con los acuerdos y clarificar los terrenos de cada resguardo para evitar en un futuro que continúen los conflictos.

VerdadAbierta.com solicitó información al Incoder sobre los acuerdos de Ambaló a través de la oficina de prensa y una entrevista con la Subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, encargado de resolver las peticiones de tierras de las comunidades étnicas; a cambio, recibió dos cortos informes, el primero tres párrafos sobre el predio El Tablón y el segundo, un recuento histórico sobre los conflictos entre Ambaló y Totoró.

El mayor Miguel Ulchur, de Ambaló, y el taita Floro Tunubalá, de Guambía, coinciden en que el Incoder no tiene una política clara. "Es importante que nos respeten las decisiones que hemos planteado y que verifiquen esas propuestas", dice Ulchur. A su vez Tunubalá asegura que "para ampliar resguardos, el Incoder tiene que conocer cuánta población hay en cada comunidad y cuánta tierra necesita cada familia. Si no, pues simplemente compra extensiones de tierras y uno no sabe si está resolviendo problemas"

Mientras tanto, Ulchur vuelve a guardar la carpeta que cada año ha ido engrosando con los títulos, las actas, los acuerdos y las solicitudes que le ha enviado durante casi 30 años, primero al Incora, y ahora el Incoder. Dice que está cansado, pero que su comunidad no se rendirá.

Tomado de Verdad Abierta.com


Por extorsionar al político Caucano Luis Fernando Velasco, juez ordena retirar al exparamilitar de Santander de Quilichao Armando Lugo, de los beneficios de Justicia y Paz


Armando Lugo, alias 'El Cabezón', desmovilizado del Bloque Calima de las Auc, extorsionó desde la cárcel al excongresista Luis Fernando Velasco. Por tal razón, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá lo excluyó del proceso de justicia transicional.

 
Armando LugoMás que por sus crímenes, Armando Lugo, alias 'El Cabezón', se dio a conocer después de su desmovilización en los estrados judiciales por sus denuncias contra políticos, militares y servidores públicos. Sus declaraciones llevaron a la Unidad de Justicia y Paz a solicitar la apertura de 62 investigaciones en la llamada justicia ordinaria.

Pero a la par de esas declaraciones, aparecieron denuncias de políticos en contra de Lugo que lo señalaban de extorsionarlos desde la cárcel. En diciembre de 2009, el Juzgado Once Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá condenó a 'El Cabezón' a 18 meses de prisión por el delito de extorsión agravada contra el senador Luis Fernando Velasco.

Teniendo en cuenta este fallo, la Fiscalía pidió la exclusión de Lugo del proceso de Justicia y Paz, teniendo en cuenta que las normas de justicia transicional en el país determinaron que una persona que haya sido condenada por delitos cometidos después de su desmovilización no puede acceder a los beneficios de Justicia y Paz, entre ellos a una pena alternativa de ocho años de prisión. (Ver: Las razones para excluir a 'El Cabezón' de Justicia y Paz)

El exparamilitar y su defensor no negaron los hechos, pero argumentaron que la extorsión por la que fue condenado ocurrió antes de su postulación a la Ley de Justicia y Paz. Lugo fue capturado el 7 de septiembre de 2002, pero sólo hasta de diciembre de 2009 fue postulado al proceso de justicia transicional porque al estar en prisión no pudo participar en la desmovilización colectiva del Bloque Calima en 2004.

Al final, los magistrados acogieron el argumento de la Fiscalía y ordenaron su expulsión, lo que significa que el exparamilitar no va a poder acceder a una rebaja de pena y que sus delitos serán juzgados por la justicia ordinaria. Lugo se opuso al fallo y la decisión final la tendrá la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
Versiones amañadas

Las declaraciones de Armando Lugo en Justicia y Paz contra los políticos fueron desmentidas en varias oportunidades por otros desmovilizados del Bloque Calima, incluido Hebert Veloza García, alias 'HH', quien fue el jefe de este grupo paramilitar. Incluso, algunos postulados aseguraron que Lugo les pidió que rindieran falsos testimonios a cambio de plata.

La Fiscalía investigó la situación y llegó a la conclusión de que "Armando Lugo estando detenido y desmovilizado creó una estrategia criminal para sacar provecho económico en contra de políticos y personas de la región del Cauca, contactando para ello a desmovilizados".

Su estrategia salió a la luz en el caso del senador Luis Fernando Velasco. Entre marzo y junio de 2008, Lugo les dijo a investigadores de la Corte Suprema que el congresista había ordenado el homicidio de dos personas en Popayán. Sin embargo, desde el 19 de noviembre de 2007 Velasco denunció ante las autoridades que alias 'El Cabezón' lo había contactado desde la cárcel de Palmira, donde estaba recluido, para pedirle 50 millones de pesos a cambio de no incriminarlo en sus versiones de Justicia y Paz.

Para desenmascarar la trama, el congresista organizó una supuesta reunión para pagar la extorsión el 27 de noviembre del 2007 y dio aviso a la Policía. En diciembre de 2009 el Juzgado Once Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá condenó a 'El Cabezón' a 18 meses de prisión por el delito de extorsión agravada.

La ex congresista Dilian Francisca Toro también denunció a Lugo en julio de 2010 por ese mismo delito, proceso que está siendo investigado por la Fiscalía Séptima de Cali. Según Toro, Lugo le pidió a su abogado 200 millones de pesos a cambio de no testificar en su contra ante Corte Suprema de Justicia. El exparamilitar también habría amenazado al esposo de la ex senadora, Julio Cesar Caicedo, para no involucrarlo en asuntos de narcotráfico.

Según documentó la Fiscalía, como no recibió el dinero, el 30 de julio de 2010 Lugo aseguró que la exsenadora y su esposo financiaron grupos paramilitares y le ordenaron a alias 'HH' que asesinara a un inspector de policía. Esto versión fue desmentida por el exjefe paramilitar en agosto de 2012. (Ver: 'HH' asegura que no se reunió con Dilian Francisca Toro). Además, el desmovilizado Jaime Manuel Mestre Santamaria aseguró que Lugo le había pedido que declarara en contra de Toro y de su esposo para conseguir dinero.

Lugo también fue señalado por mentir contra el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra. Según Lugo, en 2002 Martínez asistió a varias reuniones con 'HH' para tratar temas de narcotráfico, asunto que también fue negado por quien fungió como comandante del Bloque Calima. Esos supuestos hechos de narcotráfico que 'El Cabezón' narró en Justicia y Paz, no hicieron parte de la condena que la Corte Suprema de Justicia dictó en contra del legislador por parapolítica y la Fiscalía lo capturó de nuevo cuando terminaba de pagar la pena en su casa porque un juez le otorgó la casa por cárcel para que pudiera atender a sus hijos tras la muerte de su esposa. (Lea: Juan Carlos Martínez vuelve a la cárcel La Picota)

Lugo no solo extorsionó a congresistas, también involucró a políticos locales. El 17 agosto de 2009, Lugo dijo que el exalcalde del municipio de Florida, en el Valle, Humberto de Jesús López, fue el autor intelectual del homicidio de cuatro personas. A partir de estas versiones el exalcalde fue detenido y se inició una investigación en su contra.

Pero el desmovilizado Alejandro Ortega, quien admitió ser el autor material de los asesinatos, negó que López los hubiera ordenado y agregó que todo eran una mentira de Lugo. Acorralado, Lugo se retractó asegurando que estaba confundido. En febrero 2010 se cerró la investigación y dejaron al exalcalde en libertad.

¿Quién es 'El Cabezón'?
El exparamilitar Armando Lugo nació 1973 en Florencia, Caquetá. Según sus declaraciones, en 1993 tuvo que salir de su ciudad natal por amenazas de la guerrilla de las Farc. Fue así que llegó a Santander de Quilichao, Cauca, donde entró a formar parte de le Defensa Civil Colombiana.

Su primer acercamiento a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fue como informante del Bloque Calima. Lugo aprovechaba las brigadas de salud que se organizaban en las veredas donde delinquía la guerrilla de las Farc para entregarles información a los jefes paramilitares de este bloque.

En agosto del 2000 se vinculó a las Auc. Dentro del Bloque Calima fue coordinador militar, comandante de material logístico y segundo de zona del Frente La Buitrera, que operó en los municipios de El Cerrito, Palmira, Pradera, Florida, (Miranda y Corinto, en el Cauca) y los corregimientos de El Palo, Villa Gorgona, Juanchito y El Carmelo en Candelaria.

Como el exparamilitar conocía la zona de Santander de Quilichao, fue el encargado de señalar a las víctimas de extorsiones en la zona. Además, según dijo en versión libre, por medio de miembros del coronel del Batallón Pichincha consiguió municiones y uniformes que los paramilitares del Calima utilizaron para perpetrar la masacre del Naya en abril de 2001.

Por fuera del proceso de Justicia y Paz, este exparamilitar se enfrentará a penas que irán más allá de los ochos años.

Tomado de VerdaAbierta.com

Por Agencia EFE
Así lo asegura el historiador Jean Arsène Yao, quien presentó su libro "Afrodescendientes en América. De esclavos a ciudadanos".

EBARISTO MARQUEZMuchos de los latinoamericanos con raíces africanas están hoy en peores condiciones que sus antepasados, según el historiador Jean Arsène Yao, quien presentó hoy su libro "Afrodescendientes en América. De esclavos a ciudadanos".

La obra reflexiona sobre la situación actual de marginación y olvido que sufren los afrodescendientes en América Latina: "hacemos un recorrido histórico que va desde la embarcación de los primeros esclavos en sus países de origen, hasta las difíciles condiciones en que viven hoy sus descendientes", manifestó el autor.

Durante la presentación, que tuvo lugar en la sede en Madrid de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) Yao afirmó que durante su investigación conoció las pésimas condiciones de vida que tienen los habitantes de regiones negras como Chocó en el pacifico colombiano, o Esmeraldas en el noroeste ecuatoriano, lo cual en muchos casos ocurre como consecuencia del abandono estatal.

El estudioso también mencionó la falta de reconocimiento que sufren estas personas en muchos casos, pues en países como Argentina no existió un censo étnico hasta 2010, cuando por primera vez se incluyó esta variable en el cuestionario del padrón.

"El libro evidencia las enormes desigualdades económicas y sociales que tienen que sufrir estas personas", dijo durante el acto el secretario general de la OEI, Álvaro Marchesi, quien aseguró que no se trata de una situación exclusiva del continente americano y recordó los recientes casos de racismo contra jugadores de fútbol negros en clubes europeos.

El alto funcionario agregó que el liderazgo afro y la educación son la clave para cambiar esta problemática, pues "ser ciudadano implica tener una serie de derechos que por siglos se les han negado a estos colectivos".

Yao también se refirió a la responsabilidad de los africanos en el tema de la esclavitud, un debate que se está dando hace algunos años en esta región, ya que ahora se sabe que muchas de las tribus locales fueron cómplices del tráfico negrero.

El investigador es originario de Costa de Marfil, donde es docente de Civilización Latinoamericana y tras doctorarse en historia de la Universidad de Alcalá de Henares (España), fue colaborador de la Unesco en países como Cuba, Argentina, Colombia y Ecuador, experiencia que le permitió escribir la obra.

Yao dice que "España ha sido para mí el puente que necesitaba entre África y América" como una forma de manifestar su neutralidad para tratar el pasado de los tres continentes, que también ha abordado en otros libros como "Los afroargentinos" y "El islam en Iberoamérica".



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