La polémica está encendida. Mientras las víctimas reclaman que sea la justicia ordinaria la que siga juzgando a los militares implicados, entre los jueces hay versiones encontradas sobre cuál es el sistema idóneo para que la investigación siga su curso. Algunos afirman que tras la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los despachos se han quedado sin competencia.

falsos positivos jep 1“¿A quién se le ocurre que una persona que fue sacada de su casa bajo engaños, con promesas de trabajo en otra ciudad y apareció meses después asesinada en otro departamento acusada de ser guerrillero, es un hecho del conflicto armado?”. Esta es una de las decenas de preguntas que a diario se hace María Sanabria, mamá del menor de edad Jaime Estiben, una de las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ de Soacha, Cundinamarca.

Ese interrogante cobra mayor vigencia tras la decisión que tomó ayer el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas de Medellín, de concederle el beneficio de libertad condicional a dos soldados que estaban tras las rejas, mientras la justicia transicional revisa sus casos y emite un fallo definitivo. Uno de ellos, el cabo tercero Elvin Andrés Caro Mesa, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 31 años de cárcel por el asesinato de un joven de la capital antioqueña bajo la modalidad de 'falso positivo'.

Al igual que María, decenas familiares de quienes murieron en acciones irregulares de la Fuerza Pública se preguntan por la ineficiencia de la justicia que tras más de nueve años de ocurridos esos asesinatos en algunos procesos contra uniformados estatales no se haya realizado aún la primera audiencia ante un Juez de la República; y, ahora, cuando se tenía una luz sobre el inicio de las procesos, se les diga que nuevamente van a tener que posponer esa cita judicial.

Víctimas de falsos positivos siguen esperando justicia

La situación es controversial: a finales del mes de marzo el Juzgado Noveno Penal de Bogotá tomó la decisión de no realizar la primera audiencia de imputación de cargos, por tres casos de ‘falsos positivos’ de Soacha, aduciendo que el despacho era incompetente para juzgar los hechos ocurridos y que la reciente creación de la JEP aclara que allí serán investigados todas las conductas directas o indirectas desarrolladas durante el conflicto armado.

Se trata del asesinato, ocurrido en febrero de 2008, de los jóvenes Alexander Martínez, de 21 años de edad; Diego Armando Marín Giraldo, de 21 años; y de Jaime Estiben Valencia Sanabria, de 16 años; quienes fueron llevados a través de engaños desde Soacha hasta una zona rural de Ocaña, Norte de Santander, a más de 600 kilómetros de sus hogares, donde fueron asesinados por tropas del Ejército y reportados como bajas en combate.

“El despacho dispuesto se declara incompetente y para que el honorable Consejo Superior de la Judicatura tenga más herramientas para establecer a qué jurisdicción asignarle la competencia de lazo, pues la Fiscalía entonces deberá suministrar al despacho, una vez finalizada la audiencia, todos los elementos a partir de los cuales se pueda realizar un estudio respecto de lo aquí investigado para efectos de que se corrobore precisamente cuál es la jurisdicción competente para las audiencias”, aseguró la Juez durante la diligencia.

Las reacciones no se hicieron esperar. Tanto a nivel nacional como internacional, movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron los recientes acontecimientos desarrollados durante las audiencias de imputación de cargos.

"Resulta insólito que el juzgado haya pretendido trasladar la competencia a una jurisdicción que no se encuentra en funcionamiento, lo cual en la práctica supone una suspensión por un plazo indeterminado del proceso penal en contra de los presuntos responsables de estos atroces crímenes", se deja leer en un comunicado firmado por 33 organizaciones defensoras de derechos humanos.

Una de las firmantes de ese comunicado es Human Rights Watch, organización norteamericana que, desde mediados del 2016, ha expresado su preocupación por la posible impunidad que podría generarse si centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales pasan a la JEP; además, ha sido enfática en mencionar que debe ser la justicia ordinaria la que continúe el proceso, que es una violación al derecho de justicia que tienen las victimas el seguir buscándole prorrogas a los juicios y a las condenas.

Lo paradójico es que tan sólo una semana después de esa decisión, el Juez Primero Especializado de Cundinamarca condenó a 21 militares a penas entre 37 y 52 años de cárcel, entre ellos al coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Brigada 15 del Ejército en Norte de Santander en el año 2008.

Durante la audiencia condenatoria, el Juez señaló que las víctimas tenían derecho a la justicia y que no era verdad que los despachos no tuvieran la competencia para continuar con las diligencias, por lo cual, el requerimiento de la defensa, de dejarlo en manos de la JEP, quedaba descartado. No obstante, señaló que ya quedaba al libre albedrio si los condenados presentaban o no el caso al naciente sistema de justicia transicional.

Verdadabierta.com conversó con familiares de las victimas, sus abogados y altos mandos militares sobre las implicaciones sociales y jurídicas que trae consigo el hecho de enviar los casos a las JEP y de la posibilidad que los casos ya juzgados pasen a este sistema transicional, creado por el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. El debate está abierto.

Hablan las víctimas

falsos positivos jep 2Desde hace varios años, el constante trabajo de la organización que crearon las madres de Soacha les permitió convertirse en un referente de lucha y resistencia ante la injusticia que pesa sobre la mayoría de los casos. Hoy, reunidas en diversos colectivos y organizaciones, han expuesto ante organismos nacionales e internacionales los sucesos de 2008, logrando tener un respaldo jurídico y un terreno abonado en materia de defensa de derechos humanos.

A juicio de las voceras, las recientes decisiones de los jueces han generado un ambiente de incertidumbre frente a si habrá o no justicia sobre los casos, ante lo cual han insistido en que sea la justicia ordinaria la que siga el curso de las investigaciones, argumentando que los crímenes cometidos contra los jóvenes de Soacha no tienen relación directa o indirecta con el conflicto.

“Lo que tenemos claro es que los casos que han sido declarados como de lesa humanidad no pueden entrar dentro de esta nueva jurisdicción. No es posible que ahora se vaya a catalogar como hecho directo o indirecto del conflicto a asesinatos selectivos que ocurrieron por dinero y ascensos en los rangos militares”, aseguró Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo, otra víctima de Soacha.

Como ya lo había contado este portal, las ejecuciones extrajudiciales no se quedaron en el pasado. Para el año 2015 se registraron al menos ocho casos en los que cuerpos de personas registradas como desaparecidas fueron encontrados como dados de baja en operativos militares.

Jacqueline, junto con otras madres víctimas de ‘falsos positivos’, hace parte del Costurero de la Memoria, espacio desde el cual trabajan desde hace unos años para dignificar la memoria de las victimas y para que no se queden en el olvido y en la impunidad cada uno de los casos.

“Nuestra lucha es seguir insistiendo desde todos los espacios de memoria para que las audiencias se logren, hay que avanzar para que se realicen las audiencias, con la sentencia condenatoria que hubo se abre campo para que otros jueces también tomen la decisión y se haga justicia. Hay que presionar”, agregó esta mujer.

A pesar de que se haya emitido el histórico fallo condenatorio contra los 21 militares, la realidad sobre centenares de casos es distinta. Un ejemplo de ello el de la señora María Sanabria, la audiencia de su hijo fue aplazada por voluntad del juez en tanto no se resuelva qué entidad es la encargada de continuar con la investigación del caso, de igual manera ocurrió con otros.

Sanabria asegura que el Estado les ha fallado a las más de 5.700 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, dilatando las investigaciones, obstruyendo a la justicia y buscando mecanismos par alargar la agonía de los familiares.

“Ese mismo día, cuando el juez trasladó la competencia a otra dependencia, nos enteramos de que las demás audiencias también se suspendieron, es decir que ahora nos van a tener quién sabe cuántos años más esperando a que se nos defina el ente que debe seguir con las investigaciones y el juicio. ¿Si eso no es irrespeto por la verdad y la justicia entonces qué lo es?”, puntualizó.

La realidad jurídica
Pilar Castillo, abogada de la asociación Minga y apoderada de la defensa de dos de los ‘falsos positivos’ de Soacha, señala que los jueces han interpretado la ley como han querido, pues ningún decreto ni los acuerdos de La Habana han suspendido la competencia de los jueces en las audiencias en lo que respecta a las imputaciones y medidas de aseguramiento.

“Las recientes decisiones, de enviar los casos a la JEP, van en contravía de la normatividad vigente. El acuerdo final de La Habana dice que entre tanto no entre en vigencia la Jurisdicción, quien sigue a cargo de las investigaciones es la Fiscalía, es decir la justicia ordinaria, por lo cual las audiencias deberían seguir su transcurso normal”, afirmó la abogada.

Para la jurista el uso oportunista que los abogados de los miembros de la Fuerza Pública le quieren dar a la JEP va a permitir que los responsables de crímenes atroces eludan la justicia y generarán que la esperanzas de alcanzar una paz justa y duradera quede en jaque.

“Las decisiones vulneran gravemente el derecho que tienen las víctimas a acceder a la justicia, más de nueve años esperando que se inicie la primera audiencia. ¿Qué les espera a estos casos? Que pasen más años y no se resuelva nada de lo penal”, agregó la abogada.

De pasar estos casos a la JEP, será la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) la que determine si los hechos tuvieron relación directa o indirecta en el desarrollo del conflicto armado. De ser así, la pena máxima que purgaría un militar condenado sería de 20 años si incurre en alguna mentira y su trato sería diferenciado al de la justicia ordinaria, como quedó establecido en la Ley 1820 de 2016, de Amnistía e indulto.

Para los abogados sería irrisorio que luego de nueve años de investigación, de develarse la verdad de la red de comercio de personas, en la que los militares pagaban un millón de pesos por cada hombre que pudieran asesinar para ser presentado como dado de baja en combate, ahora haya un revés en lo avanzado y se esté en vilo a que se juzguen los hechos por supuestamente ser parte de las acciones desarrolladas durante la confrontación armada.

“Ahora no está en funcionamiento la SRVR, no se puede acudir a ella, la competencia sigue en cabeza de la Fiscalía, que tiene la potestad de dar inicio o no a las audiencias. No podemos esperar más tiempo para darle celeridad a los casos, no se puede opacar la justicia”, concluyó la jurista Castillo.

Lo paradójico es que en el artículo 46 de la Ley, se aclara que la renuncia a la persecución penal no operará cuando se trate de crímenes de lesa humanidad como el genocidio, los crímenes de guerra, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento, entre otros. Si es así, ¿cuál es la necesidad de llevar los casos a esta instancia?

¿Qué dicen los militares?

falsos positivos jep 4En diálogo con VerdadAbierta.com, dos altas fuentes militares aseguraron que, durante los más de 50 años que ha durado el conflicto armado, se les ha juzgado a partir de los derechos humanos y no del Derecho Internacional Humanitario. Lo cual, a su juicio, ha sido perjudicial tanto para el personal como para el desarrollo de las acciones militares.

“Las investigaciones de los jueces se realizan sin reconocer el daño colateral, que está contemplado dentro del Derecho Internacional Humanitario, ello quiere decir que a los militares se nos ha juzgado históricamente sin reconocer esa facultad internacional”, aseguró una de las fuentes.

Con daño colateral, se refieren a los perjuicios causados a la población civil en desarrollo de actividades militares, por ejemplo cuando hubo bombardeos sobre campamentos guerrilleros y en ellos se encontraban civiles. Los cuerpos eran presentados como integrantes de la insurgencia y durante los juicios, según recuerdan, eran juzgados como falsos positivos.

“¿Qué tiene que hacer un civil en un campamento de las Farc, si no es de ese grupo armado? No le hablo de ahora, sino de hace años, cuando el ‘Mono Jojoy’, ‘Alfonso Cano’ y otros jefes guerrilleros llevaban a estudiantes y profesionales, pertenecientes a sus redes de apoyo, a darles cursos e instrucciones. Entonces, las familias desesperadas los reportan como desaparecidos, en las acciones militares son dados de baja y nos dice la justicia que son falsos positivos”, agregó otra fuente.

A ello se suman otros casos ocurridos durante la confrontación militar, como fueron las intervenciones a cascos urbanos donde se refugiaba la guerrilla. Para los militares, los civiles que cayeron en el fuego cruzado durante una retoma a una población no deben ser considerados por los jueces como ‘falsos positivos’, porque a pesar de ser presentados como subversivos, cayeron en combate por un daño colateral, más no por voluntad propia de quien disparaba.

“En las zonas más afectadas por la guerra, la guerrilla siempre usó de escudo a la población civil, cuando teníamos que intervenir se disparaba a una distancia prudente para evitar tener bajas de nuestras tropas, muchos de esas balas no impactaban en el flanco, no por falla nuestra sino por el transcurso del proyectil”, concluyeron.

De esta manera, a juicio de los militares, será la JEP la que determine si los ‘falsos positivos’ tuvieron relación indirecta o directa con el conflicto armado y así determinar su sanción. Para la institución, así se emitan condenas en contra de sus integrantes, los casos a futuro serán presentados ante la justicia transicional.

Mientras se resuelve la controversia jurídica, los colectivos de víctimas de ‘falsos positivos’ seguirán participando de las distintas actividades que han planeado alrededor de la memoria de estos casos, entre ellas rodear con el Costurero de la Memoria a la Fiscalía General el próximo 25 de mayo, donde se exigirá, nuevamente, verdad, justicia y reparación.

Tomado de verdadabierta.com



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