web campamentos big tpUn informe de la Defensoría del Pueblo asegura que el panorama de transición está permeado por situaciones que desestabilizan la consolidación de la paz y erosionan la implementación de los acuerdos.

Un preocupante panorama reveló la Defensoría del Pueblo luego de realizar una serie de visitas humanitarias -entre la primera y última semana de agosto - a los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, antes zonas veredales, en las que permanecen los exintegrantes de las Farc.

Fueron tres los objetivos sobre los cuales las visitas de verificación de la Defensoría se centraron en observar: el monitoreo de las condiciones de seguridad y garantía de derechos de las comunidades que acogieron dichos Espacios Territoriales, la verificación de las condiciones de adecuación de los mismos espacios y las actividades encaminadas a favorecer el proceso de incorporación.

Los últimos recorridos se hicieron justo antes de que el pasado 26 de septiembre se iniciara la segunda misión de verificación de Naciones Unidas, y en plena etapa de transición de las Zonas Veredales a esta nueva figura jurídica de los Espacios Territoriales.

Las conclusiones de las visitas fueron consignadas en un informe que, en primer lugar, afirma que en dichos ETCR las comunidades están escépticas “con poca confianza en el Gobierno, en las administraciones locales y en el Estado en general”.

Esto gracias a los pocos o nulos avances en materia económica y social, como la prometida construcción de vías terciarias, centros de salud, educación y la infraestructura para redes de acueducto y alcantarillado, pues se ha registrado la intermitencia de servicios como luz y agua en muchas de estas zonas.

El informe resalta que pese a los acuerdos alcanzados por el Gobierno y las distintas comunidades, la falta de ejecución de dichos planes es lo que representa el mayor desafío; lo que ha producido tensiones en las distintas zonas, a lo que se le suma las muertes y amenazas a líderes sociales, sobretodo en zonas donde se pretende implementar la sustitución de cultivos.

Respecto a la adecuación en los Espacios Territoriales, el documento asegura que en general “se encontraron avances notables”, en lo que respecta a las unidades habitacionales. Sin embargo, la Defensoría asegura en su documento que “persisten retos logísticos ligados a la adaptación para la reincorporación”.

Por ejemplo, para el tema de la educación las aulas son insuficientes al igual que el mobiliario y el material educativo, teniendo en cuenta que también se pretende beneficiar a las comunidades circundantes a estos espacios.

El informe alerta sobre la “situación crítica en los espacios establecidos en las veredas Madrigal, municipio de Policarpa en Nariño (solo un 15% de avance) y La Guajira en Mesetas, Meta (32,5% de avance)". Según el exhaustivo documento, presentan “condiciones precarias” tanto en las áreas comunes como en las unidades habitacionales.

La Defensoría registró que los exintegrantes de las Farc en algunas lugares siguen viviendo en carpas y no se ha adaptado ni adelantado las suficientes tareas para las pretendidas actividades de reincorporación.

Esto es un factor que llama la atención pues erosiona la confianza en el proceso de las comunidades y los exmiembros de las Farc concentrados en estos espacios; lo que ha generado deserción y resurgimiento de conflictividades, asegura también la Defensoría.

En 16 de los 27 ETCR los avances son importantes, según el mismo órgano del Ministerio Público: en Caldono (Cauca), Pondores (Guajira), La Paz (Cesar) Anorí y Remedios (Antioquia) el avance es del 100%.

La Defensoría también recoge lo que han venido denunciando comunidades y líderes regionales: la formación y disputa de nuevas estructuras armadas por el control territorial y la producción y tránsito de productos ilícitos. Esto hace de las poblaciones alrededor de las ETCR y a los exmiembros de las Farc, comunidades vulnerables dada la generalizada sensación de riesgo, pues en 24 de estas zonas se identificó la presencia de estructuras armadas.

Para el órgano estatal, también es preocupante que, pese a que el decreto 899 de 2017 establece tres tipos de beneficios económicos para ayudar a los exmiembros de las Farc en su proceso de reincorporación, no existe el acompañamiento suficiente para el manejo de estos recursos económicos. Muchos de ellos no cuentan con cédula de ciudadanía, nunca han estado en el sistema financiero colombiano ni han participado de la economía de mercado.

Además, los cajeros electrónicos donde pueden retirar el dinero se encuentran en cabeceras municipales, y los exguerrilleros han “manifestado sentir riesgo para su integridad durante su desplazamiento”, recoge el informe. Esto debido a que durante el tiempo de concentración ya han sido nueve los miembros de dicha organización que han sido asesinados.

En lo registrado por la Defensoría también resulta alarmante que el capítulo étnico no haya tenido desarrollo, lo que propicia la vulneración de los derechos de esta minorías. Por este motivo se esperan movilizaciones para este mes por parte de dichas comunidades.

El texto también echa de menos programas en los ETCR teniendo en cuenta el enfoque diferencial, esto es, la presencia de personas LGBTI (aunque muy pocos se declararon parte de esta comunidad), personas en condiciones de discapacidad y con enfermedades de alto costo, adultos mayores, mujeres, niñas y adolescentes en dichos lugares, esta ausencia genera al tiempo un riesgo para esta población.

Las recomendaciones finales, dirigidas a distintos entes de administración gubernamental, hacen un llamado para que se implementen medidas necesarias y efectivas para terminar de consolidar los distintos procesos en los Espacios Territoriales, pues solo así se puede garantizar la sostenibilidad y optimización del proceso de paz.

Tomado de elespectador.com



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