Con las elecciones legislativas y presidenciales por delante, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) realiza su campaña mirando hacia los sectores más vulnerables del país, a los que les promete superar deudas históricas en materia económica y social. No obstante, el rechazo que la organización cosechó durante 50 años de guerra se ha transformado en expresiones públicas en su contra.

campania farc 1Con la experiencia en el trabajo organizativo que les dejaron cinco décadas de actividad política clandestina, pero con el desconocimiento de las maquinarias electorales, la antigua guerrilla, ya sin armas, continúa su actividad en la política legal colombiana en medio de expresiones de odio colectivo, que contrastan con su visión.

El partido surgido de la desaparición de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tiene candidato a la Presidencia de la República, lista cerrada al Senado y listas cerradas a la Cámara de Representantes en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander para los comicios que se realizarán en marzo y mayo próximos.

Tal como quedó contemplado en el acuerdo de paz que firmaron las Farc y el gobierno nacional, el nuevo partido tiene aseguradas cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara para los periodos 2018-2022 y 2022-2026. En las urnas se determinará si aumentan sus asientos en el legislativo.
Por decisión del partido, llegarán al Senado Iván Luciano Márquez Marín Arango (conocido en la guerra como 'Iván Márquez'), Pablo Catatumbo Torres Victoria ('Pablo Catatumbo'), Julián Gallo Cubillos ('Carlos Antonio Lozada'), Victoria Sandino Simanca Herrera ('Victoria Sandino') y Criselda Lobo Silva ('Sandra Ramírez').

En la Cámara tendrán asiento Reinaldo Cala ('Jairo Quintero'), Seuxis Paucias Hernández ('Jesús Santrich'), Luis Alberto Albán ('Marco León Calarcá'), Jairo González ('Byron Yepes') y Omar de Jesús Restrepo ('Olmedo Ruiz').

La Farc decidió llevar al Congreso a excomandantes y mandos medios que jugaron un papel clave en la guerra, bien sea en tareas militares o políticas, así como en la negociación del acuerdo de paz en La Habana.

La renovación vendrá por cuenta de los candidatos ubicados en los renglones inferiores, buena parte de ellos jóvenes que militaron en las células urbanas del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3) y, en menor proporción, integrantes de organizaciones sociales que se le midieron a presentar su candidatura a nombre de la Farc.

Repudiados en la calle

campania farc 2La decisión de presentar a la Presidencia y al Congreso candidatos que empuñaron las armas sin antes pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz les ha generado reacciones adversas en sus intervenciones en la plaza pública.

La correría del candidato presidencial Rodrigo Londoño, máximo jefe de la colectividad, empezó mal en Armenia, Quindío, el pasado 3 de febrero, cuando un grupo de personas protestaron por su presencia en la región frente al hotel en el que se hospedaba; tras salir de allí, el vehículo en el que se movilizaba con su esquema de seguridad fue apedreado.

Ese mismo día, en Pereira, Risaralda, varios integrantes del partido, entre ellos el candidato al Senado Israel Zúñiga, se vieron obligados a permanecer encerrados en la sede de una cooperativa donde se reunían con organizaciones sociales debido al "bloqueo en las afueras de las instalaciones" por parte de un grupo de personas que también se mostraron inconformes con la actividad política de la Farc. El domingo 4 'Márquez' tuvo que cancelar un evento de campaña en Florencia, Caquetá, debido a las manifestaciones de personas que se presentaron como víctimas de la otrora guerrilla.

La cadena de reacciones adversas continuó el martes pasado, cuando integrantes de la Corporación Rosa Blanca, que alegan haber sido reclutadas de manera forzada y abusadas sexualmente por comandantes de las Farc, realizaron un plantón frente al Consejo Nacional Electoral para presionar un fallo favorable a las solicitudes de revocatoria de las inscripciones de las candidaturas de la Farc presentadas por José Uscátegui, candidato a la Cámara del Centro Democrático e hijo del general (r) Jaime Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, Meta.

Las agresiones se repitieron ayer en un barrio de Cali, del que Londoño tuvo que salir con el apoyo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía por cuenta de los ataques con objetos, insultos y rechiflas que protagonizó un grupo de personas frente al inmueble donde se encontraba el candidato presidencial.

Además de esos hechos, la Farc denunció que el gobierno nacional tardó en girar los dineros que les corresponde por ley para realizar la campaña. Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, declaró el pasado 3 de febrero que "la razón por la cual no habían sido girados los recursos se debió a que se presentaron dificultades para la apertura de una cuenta bancaria. Las Farc vienen de la ilegalidad, aparecen relacionados varios de ellos en la Lista Clinton, y por esa razón no se pudo abrir una cuenta hasta la semana pasada, porque hubo que hacer algunas modificaciones en la representación legal del partido".

Con todo, los candidatos ya se encuentran en correrías políticas en todo el país, reuniéndose con distintos sectores sociales y centrando su actividad proselitista en convocar las bases sociales en las zonas más pobres de áreas rurales y urbanas.

Se trata del primer ejercicio de participación política legal y abierta, sin armas, de los exmilitantes de la que fue la organización insurgente más grande del país, que transcurre en un escenario adverso al que se le suma la lentitud con la que se implementa el Acuerdo Final firmado con el gobierno nacional; las fracturas internas que vive el partido por su falta de flexibilidad y capacidad de renovación; y la reanudación de la confrontación militar con la guerrilla del Eln.

Apuesta nacional

campania farc 4El programa político que impulsan los candidatos de la Farc se llama "De transición, para el cambio y la reconciliación", presentado públicamente el pasado 27 de enero en el barrio Arborizadora Baja, de la localidad Ciudad Bolívar, de Bogotá. Al evento asistieron cerca de 400 personas, la mayoría de ellas militantes del partido.

En ese escenario, Londoño declaró que "nosotros nos ofrecemos como la opción de organización y unidad de las gentes del común", y lanzó las diez bases programáticas de la campaña presidencial, que rigen las propuestas a Senado y Cámara: paz, democracia, reconocimiento del papel protagónico de las gentes del común, seguridad humana, modelo económico, solución a los problemas sociales, medio ambiente, construcción social y participativa de los territorios, cultura y educación, y relaciones internacionales.

Algunas de las propuestas son nuevas, otras son desarrollos del Acuerdo Final de paz y algunas más hacen parte de las 100 propuestas mínimas con las que la guerrilla llegó a la mesa de diálogos en La Habana y cuyo pulso perdió durante las negociaciones.

El grueso de las iniciativas consiste en la implementación de aspectos del acuerdo de paz que son imprescindibles para la agenda política de la Farc, así como en la ejecución de reformas institucionales y de política social, cambios en las relaciones internacionales y ampliación de la participación ciudadana.

En cuanto a la implementación del acuerdo de paz, el partido tiene propuestas en todos los puntos. Sobre el primero de ellos, la Reforma Rural Integral, la idea es hacer énfasis en la materialización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que están en fase de diseño, y en las medidas encaminadas a la garantía del acceso a la tierra y la formalización de la mediana y la pequeña propiedad. Criselda Cobo, candidata al Senado, opina que "no es posible pensar las ciudades sin el desarrollo del campo, por lo que el punto de reforma rural tiene que ser la prioridad en la agenda legislativa".

En el tema de la participación, la promesa es sacar adelante la Reforma Política y Electoral que hundió el Congreso en 2017, conseguir el acuerdo político nacional para sacar las armas de la política y hacer efectivas las medidas de protección y seguridad integral para los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. También se pretende promover políticas públicas sobre democratización de la información.

En el punto sobre solución al problema de las drogas ilícitas, el partido propone desarrollar con mayor énfasis el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y participar en la “definición e implementación de políticas globales para combatir la industria corporativa transnacional de las drogas ilícitas”. Finalmente, en los puntos de víctimas e implementación, se promete el cumplimiento de los “propósitos y funciones” del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la inclusión de un capítulo sobre la implementación del acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

En lo que se refiere a las reformas institucionales, la Farc propone cambios en todas las ramas del poder. En el Legislativo, la idea es tramitar una reforma al Congreso para “ampliar la representación territorial, reducir sus costos de funcionamiento y los salarios para los congresistas y fortalecer la iniciativa parlamentaria”. En el Judicial, la reforma iría encaminada a “superar la ineficiencia y la impunidad, elegir magistrados con mecanismos idóneos, transparentes y democráticos y con veeduría social”. En el Ejecutivo, se pondrían en marcha “medidas extraordinarias para recuperar y reencauzar el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal”.

El otro componente grueso del programa son las transformaciones en la política social y el modelo económico. En lo que tiene que ver con la política, la propuesta principal consiste en poner en marcha un “plan de choque social” durante los primeros 100 días del gobierno, para “erradicar” problemas complejos como la desnutrición infantil, el hambre, la “inasistencia básica en salud”, el analfabetismo, el desempleo y la carencia de infraestructura. A ello se suma una propuesta a la que le están dando especial relevancia los candidatos a Senado y Cámara: la entrega de un “ingreso vital de existencia” para adultos mayores en edad de jubilación, personas con discapacidades físicas y personas dedicadas al cuidado.

En lo que sería el largo plazo, la Farc propone la gratuidad de la educación pública en todos sus niveles, así como la creación de un Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud, el fortalecimiento del régimen de pensiones, el acceso universal a los servicios públicos, la construcción y el mejoramiento de vivienda, y la reducción del trabajo informal. En este punto, también se promete la creación de un Plan Nacional de Educación y Cultura para la Paz, además de una medida que afectaría a los planteles privados: la eliminación de “cualquier pretensión de ánimo de lucro en todos los niveles e instituciones educativas del país”. El programa le otorga un papel preponderante al cuidado y la restauración del medio ambiente y al fortalecimiento del arte y la cultura con enfoque territorial y de reconciliación.

En cuanto al modelo económico, contrario a lo que planteó durante la guerra, la Farc asegura que respetaría las economías privadas, aunque fortalecería la regulación estatal de la economía y mantendría su propuesta de siempre de fomentar la producción industrial y agrícola a través de acceso a créditos, asistencia técnica e innovación tecnológica. En el tema minero energético, la propuesta es “superar la actual dependencia frente a la renta petrolera y minera” y endurecer la regulación del sector “a fin de garantizar la sustentabilidad ambiental”. Al respecto, la candidata Cobo asegura que "necesitamos revisar las condiciones estatales a las multinacionales para evitar que se sigan perdiendo nuestros ríos y páramos, así como fortalecer las consultas previas".

Para poder costear su ambiciosa política social, el partido promete hacerle “ajustes estructurales” a la política tributaria, aumentando los impuestos a las personas naturales que perciban mayores rentas y tengan mayor patrimonio, así como reformar el cobro del IVA para hacer de él un impuesto “equitativo” y de afectación mayor al consumo de bienes suntuarios. El partido también propone obtener más recursos del combate a la evasión, la reestructuración del gasto público y la “erradicación de la corrupción”, que por año deja pérdidas de cerca de 50 billones de pesos, según el contralor general, Edgardo Maya.

Frente a las relaciones internacionales, la Farc le apostaría a la “renegociación” y la “reformulación” de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia y contrataría una “auditoría independiente” de la deuda externa. Aparte de esas arriesgadas propuestas, el partido asegura que respetará los compromisos en materia de endeudamiento externo, inversión extranjera y cambio climático, propiciando la integración regional.

Por último, el programa incluye un fuerte componente de participación ciudadana, que abarca el reconocimiento y el estímulo de las formas de democracia directa y participativa, buena parte de ellas creadas por organizaciones sociales en territorios afectados por la guerra. Asimismo, el partido promete brindar “plenas garantías para la movilización y la protesta social” y vincular a las dirigencias regionales y locales en la “definición de la política económica y social del nivel nacional", así como ampliar la participación ciudadana en el diseño de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Apuestas regionales
En el ámbito regional, las propuestas son amplias y variadas, tal como explicaron en diálogo con este portal varios de los candidatos que tendrán asiento en la Cámara de Representantes por la Farc durante el periodo 2018-2022. Estas son sus propuestas y detalles de su paso por la guerra.

Tomado de verdadabierta.com



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