Tomado de verdadabierta.com

El Ente Investigador anunció que ha esclarecido la mitad de los casos de asesinato que Naciones Unidas documentó entre 2016 y el pasado mes de julio; también reportó avances significativos en cuanto a amenazas. Organizaciones no gubernamentales celebraron dichos resultados, pero también piden avances para los casos ocurridos en años anteriores y más profundidad en las investigaciones.


lidesres asesinadosUna vez más, como sucedió el año pasado, la Fiscalía General de la Nación anunció resultados “históricos” en el esclarecimiento de los crímenes que han sido perpetrados contra liderazgos comunitarios a la largo y ancho del país. La cifra revelada el año pasado fue de 51,72 por ciento, y la del presente de 49,18 por ciento. 

En una rueda de prensa celebrada ayer, Daniel Mejía, director de Políticas y Estrategias de la Fiscalía, informó que, de los 183 casos registrados por Naciones Unidas, 90 presentan avances en esclarecimiento. Dichos resultados se desglosan de la siguiente manera: 18 casos tienen sentencia condenatoria, 30 están en juicio, 24 cuentan con imputación de cargos y 18 más están en fase de indagación con orden de captura. Además, indicó que 215 personas fueron vinculadas en investigaciones y 162 capturadas.

Esos logros, de acuerdo con Mejía, son el resultado de la implementación del denominado Plan Estratégico 2016-2020, que mediante la Directiva 02, presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puso en marcha un nuevo modelo de investigación para esclarecer esta clase de homicidios. Y destaca que el promedio obtenido a través de ella es histórico, “si se tiene en cuenta que la tasa de esclarecimiento de homicidios a nivel país es de 21,57 por ciento”.

Llama la atención que el anuncio de la Fiscalía ocurrió el mismo día en el que Michel Forst, relator especial de la ONU para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, asistió al conversatorio Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Procesos de Construcción de Paz, en la Universidad Nacional de Bogotá, que se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 20 años de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos.

Cuestionan cifras
Diferentes organizaciones que diariamente documentan las agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, así como contra autoridades étnicas, recibieron con optimismo los resultados anunciados, pues reflejan una nueva actitud del Ente Investigador para hacerle frente a la impunidad, pero al mismo tiempo no dejaron de hacer reparos.

El primero es sobre el periodo de tiempo en el que se están concentrando las investigaciones: de 2016 en adelante. “Tenemos información entregada por un derecho de petición sobre los avances de investigación entre 2009 y 2017, que indica que el 72,5 por ciento de esos casos está en impunidad; es decir, que más de 564 casos están impunes en los últimos ocho años”, cuestiona Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, organización que desde 2002 documenta toda clase de agresiones contra quienes se dieron a la tarea de defender derechos de comunidades.

De paso, cuestiona que, con los resultados anunciados en la rueda de prensa, la Fiscalía está mostrando investigaciones con órdenes de captura como parte del esclarecimiento de los casos, cuando en realidad corresponden a avances en la fase de investigación, pero no en la resolución de los asesinatos: “Es respetuoso, pero la única manera de esclarecer cien por ciento un caso es con la condena. Y entre 2009 y 2017 sólo hay 48 condenas. Y esa condena tiene que servir de trampolín para poder identificar las causas posibles profundas de esa violencia”.

Para Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y miembro de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la parte positiva del anuncio del Ente Investigador “es que hay interés por actuar más rápido que en el pasado con estas investigaciones; y la parte regular es que debe tener en cuenta también la cifra de la Defensoría, que es de 330 asesinatos de líderes sociales, y allí los porcentajes cambian sustancialmente”

Desde 2016, la Defensoría del Pueblo ha documentado de manera detallada los casos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, llegando al puto de emitir una alerta temprana el pasado 1 de marzo -vía decreto presidencial relacionado con el proceso de paz que le dio esa facultad- en aras de protegerlos, luego de documentar 282 casos. 

Por esa razón, Posso e investigadores de otros observatorios cuestionan por qué la Fiscalía no emplea las cifras de la Defensoría del Pueblo, siendo una entidad estatal. Al respecto, el presidente de Indepaz llama la atención de que no se ha aclarado la diferencia de criterios para realizar un sólo consolidado: “La categoría de defensor de derechos humanos la utilizan Naciones Unidas y la Fiscalía como referencia primera, y la Defensoría habla de líderes sociales y defensores. Cada entidad tiene una definición distinta: la Procuraduría maneja la noción de defensores de derechos territoriales. Hay lenguajes muy distintos entre las mismas instituciones estatales y eso dificulta que se tenga una caracterización adecuada del fenómeno”. 

Otro cuestionamiento es sobre la falta concreción de los contextos y los móviles de los asesinatos. “Los avances hay que aplaudirlos. Decir sí, pero vamos un poco más allá: ya que la Fiscalía está tan dispuesta, cuéntenos la razón por la que están matando a esos líderes y no diga que todo está asociado al narcotráfico”, plantea Guevara de Somos Defensores.

Esa organización, que está próxima a publicar su informe sobre el primer semestre de este año, ha encontrado que el mes más violento fue mayo, cuando la campaña a la Presidencia de la República estaba en su recta final, y no enero o febrero, como venía ocurriendo en los últimos años. Ese cambio de tendencia, a juicio de su coordinador, “tiene que darnos un par de pistas para entender que esta violencia no viene de un lugar nuevo sino de donde siempre ha provenido: de los factores estructurantes de nuestro conflicto y de quienes intervienen con ese tema”

También se pone en tela de juicio la falta de identificación y judicialización de los autores intelectuales de los homicidios. “Si el 67 por ciento de esos asesinatos son cometidos por sicarios, significa que alguien los paga. Es necesario que se vaya a los determinantes y sus móviles de fondo. Allí hay un gran vacío”, cuestiona Posso.

Y Guevara replica que “hasta ahora tenemos información en crudo, pero sabemos que la mayoría de esos casos corresponden a personas que se allanaron a cargos, pertenecen a jurisdicción indígena, fueron capturados en flagrancia... Hay una serie de condiciones que permitieron que el proceso judicial avanzara de manera rápida y son autores materiales en su gran mayoría”.

Por último, con el cambio de gobierno nacional que se avecina a partir del próximo 7 de agosto, cuando Iván Duque, del Centro Democrático, tome el testigo de Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, también existe temor de que el ahínco que tienen la Fiscalía y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional se venga al piso y este tema pase a un segundo plano, con lo que aumenten la impunidad y la violencia contra líderes sociales.

Sobre esa situación, Guevara advierte que, hasta el momento, el próximo mandatario de los colombianos no se ha pronunciado de manera contundente sobre cómo afrontará esta crisis humanitaria: “No hay una estrategia clara, no hay una forma de poder dilucidar cómo el nuevo gobierno nacional enfrentará este tema. Sospechamos que para ellos esto es un mal menor y hace parte de un problema de orden público; además aumentó la tasa nacional de homicidios: ya salimos de la curva descendente por el proceso de paz”.




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